BOLETÍN INFORMATIVO
APRIL 2024 - SEPTEMBER 2024
LA INNOVACIÓN COMUNITARIA TRAE ESPERANZA A SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN HONDURAS
Mujeres y niñas en toda Honduras enfrentan diferentes formas de violencia a diario. Sin embargo, Justicia Efectiva está trabajando para cambiar la situación a través de soluciones innovadoras que utilizan el poder de la comunidad para impulsar el cambio y romper los ciclos de violencia. En el centro de este esfuerzo está “Innova Mujer: Transformando la Justicia”, un desafío de innovación lanzado en marzo como parte de la campaña “Yo Digo No a la Violencia”. Diseñado para fomentar soluciones creativas y locales frente a la violencia basada en género ( VBG ) , la iniciativa involucró a organizaciones más pequeñas que a menudo no son tomadas en cuenta y que están profundamente arraigadas en sus comunidades pero que generalmente no tienen acceso a fuentes de financiamiento o apoyo tradicionales.
“Innova Mujer” estableció un objetivo simple pero transformador: empoderar a las organizaciones comunitarias para que no sólo respondan a la VBG, sino que lo hagan con innovación y visión. Justicia Efectiva trabajó con un total de 36 organizaciones en toda Honduras para desarrollar propuestas creativas que abordar o n la VBG desde perspectivas originales y centradas en las personas. Al confiar en los actores locales para liderar este esfuerzo, Innova Mujer desató una ola de ideas creativas, todas dirigidas a apoyar a las sobrevivientes de la VBG de maneras nuevas y significativas.
Los tres (3) proyectos ganadores destacaron por su creatividad e impacto. Estos proyectos ofrecieron a las sobrevivientes nuevas formas de sanar, como la terapia artística en las
playas de Jutiapa y una serie de podcasts que incluían importantes conversaciones entre sobrevivientes de VBG y operadores de justicia. Estas ideas no solo demostraron el poder de la innovación local, sino que también remodelaron la forma en que las comunidades apoyan a las sobrevivientes de violencia. Implementados entre julio y septiembre de 2024, estos proyectos trajeron sanación y esperanza a mujeres en Tegucigalpa, Tela y Jutiapa. A través de sesiones de terapia artística, un desfile de moda protesta contra el acoso, podcasts y un campamento de empoderamiento, “Innova Mujer” les brindó no sólo apoyo, sino que también les permitió procesar su trauma mientras construían una comunidad.
Una iniciativa destacada fue “Mares de Sanación”, liderada por la Red de Jóvenes de Jutiapa. Este proyecto ofreció sesiones de terapia artística en la playa, donde las sobrevivientes pudieron expresar su dolor y encontrar fortaleza en sus historias. Para los jóvenes líderes detrás de este esfuerzo, “Innova Mujer” brindó la oportunidad de demostrar que las soluciones pueden venir de cualquier lugar, incluso de aquellos que a menudo son considerados demasiado jóvenes para marcar una diferencia.
“De eso se trata la justicia efectiva, de abrir la puerta a jóvenes como nosotros”, dijo Judith Díaz, miembro de la Red de Jóvenes de Jutiapa.
Para sobrevivientes como Vilma Arzú, la experiencia fue transformadora. Después de participar en las sesiones de terapia artística, Vilma encontró sanación a través de la creatividad. “Debemos romper los paradigmas. En estos talleres te das cuenta de que la desinformación nos limita a lo que nos han enseñado tradicionalmente”, compartió. “No queremos quedarnos con los mismos pensamientos. Queremos tener una visión y proyectarnos. Replicar la sanación y las ganas de querer vivir de nuevo”.
“Innova Mujer” refleja la misión de Justicia Efectiva de reimaginar la justicia como una responsabilidad colectiva, empoderando a las organizaciones de base y elevando las voces de las sobrevivientes. Para amplificar este mensaje, Justicia Efectiva también lanzó una canción que llama a todos los sectores de la sociedad a unirse contra la VBG, la cual forma parte de la campaña de Yo Digo No a la Violencia y destaca el poder transformador de la acción conjunta para lograr impacto en toda la sociedad hondureña.
A través de estas iniciativas, los hondureños están diciendo “no” a la violencia y “sí” a un futuro donde la sanación y la justicia sean posibles para todos.
ROMPIENDO BARRERAS: CÓMO LA JUSTICIA MÓVIL ESTÁ
TRANSFORMANDO COMUNIDADES
En la aldea de Corozal, en La Ceiba, la comunidad garífuna ha sentido durante mucho tiempo que es invisible para el sistema de justicia. Yadira García, una líder comunitaria y voluntaria dedicada durante más de 15 años, conoce bien esta lucha. Su comunidad enfrenta numerosas barreras, como el aislamiento geográfico, la pobreza extrema y un sistema de justicia que parece inalcanzable. “Aunque yo tengo años siendo defensora de los derechos, nunca había tenido ni siquiera la oportunidad de conocerlos [a los operadores de justicia], porque llegar hasta donde ellos están ubicados es sacrificado y costoso. Prácticamente no teníamos acceso a la justicia”, reflexiona Yadira.
Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Justicia Efectiva introdujo un enfoque centrado en las personas a través de la justicia móvil. Las actividades de justicia móvil llevan a los operadores de justicia y otros proveedores de servicios directamente a comunidades desatendidas como Corozal, asegurando que las personas ya no tengan que viajar largas distancias para ejercer sus derechos. Justicia Efectiva trabaja con actores locales para utilizar la justicia móvil como una solución que multiplica las vías de acceso a la justicia y resuelve disputas, eliminando obstáculos y mejorando el recorrido de los usuarios en el sistema judicial.
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Este fue un punto de inflexión para Yadira. “En nuestra comunidad nunca habíamos recibido la visita de operadores de justicia. Haber conversado con ellos, hacer preguntas o recibir información importante de primera mano fue algo impresionante”, reflexionó. “Nadie tiene que seguir expuesto a la violencia ni permitir que sus derechos sean vulnerados; podemos romper ese ciclo”.
En Corozal, un día de justicia móvil organizado por Justicia Efectiva, en colaboración con líderes locales como Yadira, reunió a siete (7) instituciones para ofrecer apoyo legal y psicológico. En un solo día, 46 miembros de la comunidad recibieron asistencia directa, y dos (2) mujeres presentaron denuncias por casos de violencia que, de otro modo, habrían quedado sin reportar.
La historia de Yadira es solo una de muchas. En toda Honduras, actores locales han llevado a cabo 11 actividades de justicia móvil con el apoyo de Justicia Efectiva. Estas actividades han alcanzado a 544 ciudadanos en áreas rurales y desatendidas de ocho (8) municipios en los últimos seis (6) meses.
La iniciativa de justicia móvil es un éxito clave del modelo de Sistema Local de Justicia (SLJ) de Justicia Efectiva, que fomenta soluciones colaborativas y comunitarias para los desafíos locales de justicia. Actualmente
implementado en siete (7) municipios, el modelo SLJ está empoderando a cientos de ciudadanos diversos de varios sectores de la sociedad para tomar acciones concretas que aborden directamente las quejas de la comunidad. En muchos municipios, los actores locales han identificado la justicia móvil como una solución crucial y práctica para atender las necesidades de justicia insatisfechas de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que a menudo son excluidos o están distantes de las instituciones judiciales.
En La Ceiba y otros municipios, este enfoque de justicia centrado en las personas está transformando vidas. Al llevar la justicia a las personas, Justicia Efectiva está ayudando a crear un sistema de justicia más inclusivo, accesible y enfocado en soluciones.
FISCALES HONDUREÑOS
ADOPTAN LA PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA PARA AGILIZAR LA JUSTICIA
Los fiscales en toda Honduras enfrentan una carga de casos abrumadora, lo que afecta la pronta entrega de justicia y debilita la confianza ciudadana en el sistema judicial. En respuesta a este desafío urgente, Justicia Efectiva ha colaborado estrechamente con el Ministerio Público (MP) para diseñar e implementar una solución que ayude a aliviar esta carga: la Guía de Persecución Penal Estratégica (PPE).
Esta innovadora herramienta ayuda a los fiscales a priorizar los recursos, enfocándose en los delitos más graves y resolviendo los delitos menos severos a través de mecanismos legales alternativos, evitando tensiones innecesarias en los tribunales. La Guía de PPE ofrece estrategias claras para la gestión de casos, permitiendo a los fiscales tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.
Desde mayo, Justicia Efectiva ha trabajado estrechamente con el Módulo Estratégico de Persecución Penal (MEPP) del MP para perfeccionar y desarrollar la guía. En agosto, el equipo organizó un evento de gran importancia en el que 68 fiscales de todo Honduras se reunieron para aprender los principios de la PPE. Este encuentro marcó un paso crucial para promover la adopción de la guía, con el objetivo de optimizar los esfuerzos de los fiscales y mejorar la priorización de los casos.
En septiembre, el MP lanzó dos programas piloto para poner en práctica la guía. En Comayagua, los fiscales se enfocan en delitos mayores como los homicidios. Mientras tanto, en Tegucigalpa, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer aborda la violencia de género. Ambos pilotos están diseñados para probar cómo la guía mejora el manejo de
casos prioritarios, con el objetivo final de ofrecer una justicia más rápida y eficaz.
“Esta [guía] es una herramienta fundamental que está sentando las bases en la orientación y optimización del proceso de persecución penal mediante la priorización de casos, análisis oportuno y decisiones eficaces”, dijo el Dr. Daniel Ramos Rubio, jefe del MEPP. “Esto contribuye a descongestionar los procesos para los operadores de justicia y agiliza las respuestas para los ciudadanos”.
La Guía de PPE es más que una solución técnica; representa un cambio de paradigma en la forma en que los fiscales manejan sus casos, permitiendo que el sistema de justicia se enfoque en lo que más importa: brindar una justicia oportuna y equitativa para todos.
JUSTICIA PARA TODOS: PROTEGIENDO EL DEBIDO PROCESO PARA LA CIUDADANíA HONDUREÑA
En Honduras, los abrumadores retrasos en el sistema de justicia han afectado el debido proceso, particularmente para las personas de bajos recursos que carecen de una representación legal efectiva. Reconociendo la necesidad urgente de abordar estos retrasos, Justicia Efectiva se ha asociado con la Defensa Pública (DP) para enfrentar este problema, enfocándose en reducir la mora de la DP en los principales tribunales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En el centro de esta iniciativa está un enfoque de justicia centrado en las personas, que asegura que quienes más lo necesitan sientan que el sistema de justicia trabaja para ellos, brindando resultados significativos e individualizados. Las prisiones superpobladas y la encarcelación prolongada impactan desproporcionadamente a los grupos marginados, dejándolos a menudo sin acceso a una representación legal oportuna y efectiva. En respuesta, Justicia Efectiva implementó una metodología innovadora para reducir la mora de casos, identificando rápidamente a las personas elegibles para libertad condicional u otros beneficios carcelarios . Este enfoque proactivo permite a los defensores públicos evaluar el estado de cada caso, ofreciendo apoyo legal personalizado y abriendo nuevos caminos hacia la justicia. A través de este enfoque diferenciado, los defensores públicos pueden adaptar sus respuestas a las necesidades de justicia insatisfechas de cada persona, restaurando un sentido de equidad y confianza en el sistema de justicia.
Entre mayo y septiembre, Justicia Efectiva y la DP aplicaron esta metodología a casos en dos Juzgados de Ejecución en San Pedro Sula y Tegucigalpa. A través de una revisión meticulosa de los expedientes de los casos, el equipo filtró los casos y determinó cuáles personas estaban representadas por defensores públicos o ya no podían costear abogados privados. En los dos tribunales, revisaron 1,214 casos, identificando finalmente 261 casos elegibles para libertad condicional u otro beneficio carcelario .
Para salvaguardar aún más el debido proceso de los miembros más marginados de la sociedad, Justicia Efectiva ha emprendido otras iniciativas impactantes en colaboración con la DP. Un aspecto central de este esfuerzo ha sido la creación de dos nuevas unidades: la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad de Proyectos. Estas unidades están diseñadas para mejorar la capacidad de la DP de proteger los derechos humanos y optimizar la prestación de servicios de defensa pública. La Unidad de Derechos Humanos se dedica a garantizar que las poblaciones de escasos recursos tengan un acceso significativo a la justicia, defendiendo sus derechos en un sistema que a menudo puede ignorar sus necesidades. Mientras tanto, la Unidad de Proyectos se enfoca en mejorar la eficiencia de la defensa pública a través de iniciativas estratégicas, agilizando procesos que beneficiarán a quienes buscan apoyo legal.
A través de estas iniciativas, la DP está dando pasos audaces hacia el fomento de una mayor confianza en un sistema de justicia que sirva a todos los ciudadaos, especialmente a los más maginados.
LA CIUDADANÍA ABRE CAMINO HACIA UN SISTEMA DE JUSTICIA MÁS
INCLUSIVO Y RESPONSIVO
A lo largo de Honduras, ciudadanos comunes están transformando la justicia en sus comunidades a través de iniciativas ambiciosas lideradas por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), una organización beneficiaria de Justicia Efectiva. Bajo esta subvención, este grupo está empoderando a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para supervisar las instituciones de justicia locales, permitiéndoles desempeñar un papel clave en la mejora de los servicios de justicia en sus comunidades, asegurando que respondan a las necesidades de ciudadanos diversos.
Para muchos involucrados, como las voluntarias Xiomara Gaitán y Nury Valle en Danlí, ha sido una experiencia profundamente personal. Nury, quien vive con una discapacidad, experimentó de primera mano cuán inaccesible puede ser el sistema de justicia para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Junto a Xiomara, realizó visitas a instalaciones como el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), el Juzgado de Paz y la Fiscalía de Derechos Humanos en Danlí. Se reunieron con usuarios y evaluaron los desafíos que enfrentan para acceder a la justicia, como la falta de infraestructura accesible y la información inadecuada sobre los servicios, obstáculos clave para un sistema de justicia amigable para los usuarios.
Pero en lugar de solo señalar los problemas, estas voluntarias se convirtieron en parte de la solución. Armadas con sus hallazgos, presentaron recomendaciones basadas en evidencia a las autoridades locales, abogando por cambios simples pero transformadores. Gracias a su labor, Danlí experimentó mejoras reales, como la donación de sillas de ruedas y la instalación de estaciones de agua, pasos concretos hacia un sistema de justicia más inclusivo que atiende las necesidades no satisfechas de los grupos marginados.
Esta supervisión impulsada por los ciudadanos no se limita a Danlí. CIPRODEH ha empoderado a decenas de OSC en cinco (5) municipios (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La Paz y Danlí) para supervisar los servicios de justicia. Estos grupos locales visitaron diversas instituciones, incluyendo la Defensa Pública, la Fiscalía del Medio Ambiente, los Centros Integrados y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, entre otros. Sus hallazgos expusieron problemas críticos, como la falta de información accesible sobre delitos y servicios de justicia, la privacidad inadecuada para interacciones sensibles y el apoyo limitado para personas con discapacidades. Al destacar estas brechas en los servicios de justicia locales, las OSC no solo llaman la atención sobre los desafíos en sus respectivas comunidades, sino que también impulsan reformas concretas, fomentando procesos de toma de decisiones más inclusivos en el sector de la justicia a nivel local que enfatizan la consulta ciudadana.
El trabajo de CIPRODEH no termina ahí. En septiembre, 62 personas de cinco (5) municipios se graduaron de un curso especializado
(diplomado) sobre la documentación de violaciones de derechos humanos, diseñado por CIPRODEH, equipándol e s con herramientas para abogar en nombre de las víctimas y salvaguardar el debido proceso y los derechos humanos en el sistema de justicia. Este riguroso curso de cuatro (4) meses y 108 horas fue implementado en asociación con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FLACSO-UNAH). Los graduados, muchos de los cuales son mujeres y miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual, más (LGBTQI+), representan una nueva ola de defensores ciudadanos comprometidos con la creación de un sistema de justicia más justo y responsable en sus comunidades.
En un país donde muchos se sienten desconectados del sistema de justicia, CIPRODEH está demostrando que los ciudadanos pueden, y deben, ser una fuerza impulsora del cambio para fortalecer el estado de derecho y defender los derechos humanos.
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“Realmente tuvimos una buena aceptación de [los operadores de justicia]. No solamente les hicimos ver sus oportunidades de mejora, sino que también nos involucramos buscando las maneras de contribuir porque al final el beneficio será para todos, no solo para unos pocos”, comentó Nury, reflexionando sobre su experiencia.
CÓMO LOS OPERADORES DE JUSTICIA
ESTÁN ADOPTANDO CAMBIOS SOSTENIBLES A TRAVÉS DEL RETO DE 100 DÍAS
En Comayagua, los operadores de justicia de primera línea están adoptando un enfoque audaz y orientado a resultados para transformar cómo se investigan y procesan los delitos. En julio, Justicia Efectiva lanzó su segunda ronda de Reto de 100 Días, en los que equipos de operadores de justicia trabajan juntos para superar la burocracia y agilizar la resolución de casos de delitos prioritarios.
Este modelo, que fomenta una mentalidad orientada a resultados, ya ha demostrado su potencial en Tegucigalpa, donde un reto similar a principios de este año logró mejoras de hasta el 2,229% en casos de delitos contra la propiedad y violencia de género. Ahora, ese mismo espíritu de cambio ha llegado a Comayagua, donde 32 operadores de justicia están trabajando contrarreloj para lograr mejoras tangi -
bles en varios delitos de alto impacto, como abuso familiar, violencia sexual, homicidio, tráfico de drogas y robo.
Durante los próximos 100 días, estos equipos se enfocarán en agilizar los procesos de denuncia e investigación, acelerar las audiencias judiciales y asegurar que las víctimas reciban reparaciones oportunas. Al promover la Persecución Penal Estratégica, este desafío no solo busca reducir el atraso en los casos, sino también garantizar que los recursos se utilicen de manera más eficaz y sostenible. El impacto podría ser profundo, considerando que los operadores de justicia están apuntando a acelerar la resolución de casos hasta en un 2,900%. A medio término, los operadores de justicia ya habían alcanzado avances importantes, como un incremento del 700% en la resolución de
casos de violencia sexual contra mujeres y un aumento del 1,100% en la resolución de casos de robo, en comparación con la línea base.
Lo que hace único al Reto de 100 Días es su capacidad para ofrecer resultados inmediatos, al mismo tiempo que sienta las bases para mejoras duraderas en el sistema de justicia. Los participantes están empoderados para pensar de manera creativa, encontrando nuevas formas de optimizar las diversas etapas del proceso de justicia, con el potencial de que estas innovaciones se adopten a nivel nacional. Al mismo tiempo, Justicia Efectiva está certificando a cinco (5) operadores de justicia en la metodología del Reto de 100 Días. Estos líderes ahora están entrenando a sus colegas en Comayagua, asegurando que este enfoque innovador sea adoptado y sostenido dentro del sistema de justicia hondureño.
Sandra Bustillo, de la Unidad de Gestión de Calidad en el Poder Judicial, es una de ellas. “Me gusta comprometerme, pero también me gusta cumplir”, dice Sandra. Después de completar con éxito el Reto de 100 Días en Tegucigalpa, ha pasado de ser participante a ser entrenadora, guiando a sus compañeros mientras se esfuerzan por alcanzar sus metas. “Replicar lo que he aprendido, eso es lo que me motivó a certificarme, porque el conocimiento que tengo, lo compartiré en mi institución”.
A medida que el desafío alcanza su punto medio, los equipos siguen comprometidos con sus ambiciosos objetivos. A través de esta iniciativa, los operadores de justicia están construyendo un sistema de justicia más fuerte y receptivo, que es rápido y está centrado en las personas a las que sirve.
¿QUÉ ES LA JUSTICIA CENTRADA EN LAS PERSONAS?
La Justicia Centrada en las Personas (PCJ, por sus siglas en inglés) transforma el sistema de justicia para que sirva mejor a los individuos y las comunidades. Reconoce que enfocarse solo en las instituciones puede pasar por alto los desafíos reales que las personas enfrentan al intentar acceder a la justicia. En lugar de eso, la PCJ busca crear soluciones fáciles de usar, enfocadas en prevenir los problemas antes de que comiencen, ayudando a que más personas accedan a la justicia.
Este enfoque fomenta una amplia colaboración e inclusión, asegurando que todas las voces sean escuchadas en cómo se imparte la justicia. Al trabajar juntos, podemos hacer que la justicia sea más rápida, justa y efectiva para todos. Con la PCJ, el objetivo es construir un sistema de justicia que realmente responda a las necesidades de las personas a las que sirve.
