La Editorial
Efectos Inmediatos DEL El presidente de México ha emitido una iniciativa de reforma a las leyes para regular la subcontratación de servicios y las repercusiones para el país y empleo serán variables
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l pasado 12 de noviembre, el presidente de México anuncia que ha emitido una iniciativa de reforma a las leyes, que por un lado, regulan la subcontratación de servicios de tercerización – mejor conocida como outsourcing – y por el otro, otras que le dan efectos fiscales a dichas actividades, tales como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación; el objetivo es terminar con las actividades de las empresas dedicadas a prestar dichos servicios de outsourcing, que socavan las finanzas públicas desde una disminución real del pago de todos los impuestos que le son relativos, así como también la fractura que provocó que los trabajadores vieran reducidas sus prestaciones y derechos laborales. El segundo objetivo era que se aprobaría en el parlamento el mes de diciembre y su aplicación iniciaría con efectos fast track el 1º de enero de 2021, sin embargo, la iniciativa privada, con representación en las diferentes cámaras del país, solicitaron fueran escuchadas y participasen en parlamento abierto, pues la iniciativa representaría una grave situación económica a las empresas mexicanas; así sucedió, las cámaras y diferentes asociaciones de representación de trabajadores fueron escuchadas y la inicitiva continúo como si nada hubiese cambiado. Ante la preocupación de las cámaras, nuevamente hubo reuniones – en esta ocasión de carácter privado – y el presidente estuvo de acuerdo en que el dictamen se aplazara a febrero de 2021, mientras tanto solicitó que durante este periodo, los trabajadores ya fueran trasladados laboralmente a las empresas contratantes donde se encuentran las fuentes de trabajo reales, es decir, con sus verdaderos empleadores.
Dr. Adrián Gómez Oyanguren. Doctor en Ciencias de lo Fiscal
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Margen
Los puntos relevantes que quedarían a ser analizados y discutidos, fueron los relativos a la participación de los trabajadores en las utilidades, mejor conocida como la PTU, y concretar cuales serían los requisitos para aquellas empresas que presten los servicios especializados, y si éstas serían sujetas a previa autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
