VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS ECOLÓGICOS, de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y
de INDUSTRIA y MINERÍA
Córdoba, 15 de abril de 2014
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–En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de abril de 2014, siendo la hora 10 y 33:
Sr. Presidente (Heredia).- Buenos días. Existiendo quórum, vamos a comenzar la reunión de comisión. Como ustedes saben, tenemos en tratamiento el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el que se propone una nueva ley de política ambiental para la Provincia de Córdoba. Dicho proyecto se encuentra para su análisis en tres comisiones: de Ecología y Asuntos Ambientales, que es la comisión madre, además de las Comisiones de Agricultura, presidida por la legisladora Matar; de Asuntos Institucionales, presidida por el legislador Monier y la de Industria. La metodología de trabajo es escuchar las opiniones, las críticas y los aportes que los distintos sectores vinculados a la problemática nos puedan hacer. Es por ello que hoy nos acompañan el señor Enzo Moriconi y Luis Argüello Pitt, de la Cámara de la Madera; el ingeniero Marcos Scully y el arquitecto Juan Martín Buteler, de la Bolsa de Cereales y el señor Alfredo Paseyro y el contador Juan Carlos Martínez, de la Asociación de Semilleros Argentinos. Les agradecemos su presencia, y a quienes han venido desde Buenos Aires para dar su opinión en razón de representar a los semilleros argentinos. La metodología de trabajo es darles la palabra a nuestros invitados para que expongan sobre el proyecto y luego los señores legisladores les pueden hacer preguntas y consultas que consideren necesarias. Damos comienzo a la reunión. Tienen la palabra en primer lugar el señor Alfredo Paseyro y el contador Juan Carlos Martínez. Sr. Paseyro.- Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Brevemente quiero presentar a la institución que represento: la Asociación de Semilleros Argentinos nuclea a todas las empresas nacionales y multinacionales, familiares, de envergadura mediana y grande. Este año estamos cumpliendo 65 años y contamos con 84 miembros. No sólo tenemos empresas sino también instituciones, como son la Estación Experimental Obispo Columbres o la Chacra Experimental Santa Rosa. La actividad semillera es el primer eslabón del sistema productivo agroalimentario y es una actividad que tiene muy alta regulación en todo lo que hacemos, tanto en la fase de investigación, referido a lo que es el germoplasma, como también en todo lo que es la adopción y la incorporación de la biotecnología en la semilla. Es una herramienta fundamental para atender la demanda creciente de alimentos que tiene hoy el mundo. Esta actividad tiene un marco regulatorio con instituciones como el Instituto Nacional de Semillas, la Comisión Asesora de la Dirección de Biotecnología, el SENASA. En lo que hace a biotecnología, dicho marco regulatorio ha sido revisado en el 2012, cuando ya tenía 16 años, y cuenta con un reconocimiento a nivel internacional por la forma en que se trata esta temática y el concepto de sustentabilidad que se utiliza en toda la actividad.
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Yendo al motivo de la invitación, debo decir que celebramos poder discutir el proyecto de política ambiental. Consideramos que en la problemática del medio ambiente la ocupación y preocupación no debe ser monopolio de las organizaciones ambientalistas sino de todo ciudadano. No sólo se debe considerar el medio ambiente rural o industrial, sino básicamente también el urbano y el doméstico, ya que a veces existen cuestiones referidas a lo que hace uno como ciudadano en su casa que son difíciles de abordar y es allí donde también ponemos el eje. Por eso digo que tenemos una visión integradora de lo que es el tema del medio ambiente. Trabajamos dentro de lo que son los sistemas de buenas prácticas y todo esto tiende a obtener el nuevo concepto que es la licencia social para operar. Hasta aquí la actividad industrial, agropecuaria o cualquier actividad productiva se encuadraba dentro de marcos normativos nacionales, provinciales y municipales y con eso ya era suficiente, pero en los tiempos modernos la participación ciudadana ya empieza a ser relevante en lo que se denomina esta licencia social para operar. En el proyecto que ustedes nos enviaron y nos piden brindar opinión, identifiqué siete veces dentro del articulado el concepto de participación ciudadana. Realmente es una novedad y esto, como lo dicen los fundamentos, es complementario a la legislación que ya existe y toma conceptos de la ley nacional. No traje nada por escrito, pero después podemos mandar una posición e información complementaria a la que hacemos. Tengo convicciones favorables y algunas de preocupación, como ya lo han dicho otras instituciones que han participado y que me han precedido; mucho de lo que está dentro del proyecto queda sujeto a la reglamentación y sabemos que una legislación funciona con la ley y con el decreto reglamentario, que muchas veces tiene más fuerza que la propia ley. En el artículo 2º) vemos con beneplácito que hace mención a la parte académica y científica. Hoy el concepto de medio ambiente en lo que es la academia, es una ciencia nueva, no tengo información en cuanto a las universidades, pero son pocas las que tienen especializaciones con trayectoria en el medio ambiente. Con lo cual creemos que se ha avanzado fuertemente integrando a todas las organizaciones. Este punto lo tenemos en el inciso f), en la profundización de la demanda, que hay que buscarla en la educación formal e informal, la formal es muy importante y la no formal creemos que tiene la misma relevancia que la formal. Hoy en realidad sufre por tener una disociación de lo que es el producto primario y el alimento. Hace un tiempo, el Jefe de Gabinete ejemplificó que con el trigo se hacía harina y con la harina se hacía el pan y eso parecía redundante y básico, y yo digo que no lo es. Hace 30 años que trabajo en esto y en mi núcleo familiar es difícil que entiendan la diferencia entre lo que es grano y lo que es semilla; físicamente son iguales, pero si les pongo acá una semilla de trigo, de soja o de maíz y al lado pongo un grano, ustedes no lo van a poder identificar. Creemos que hay mucho por hacer en la docencia formal y la no formal, sobre todo en la participación ciudadana y en crear la conciencia de cómo viene acompañado el desarrollo industrial, el impacto que tiene ese desarrollo en el medio ambiente y cómo nos tenemos que integrar como sociedad y tener
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una armonía que nos permita tener lo que después será una evaluación ambiental estratégica. Aquí, entre los once instrumentos que brinda esta política, la tercera es la evaluación ambiental estratégica. No hay mucha definición allí, entonces empieza la primera pregunta. Este proyecto que habla de evaluación ambiental estratégica, ¿tiene tal estrategia para poder referenciar y decir que va a estar encuadrada la estrategia provincial y alineada con una estrategia ambiental del país? Es un interrogante, no encontramos respuesta y es algo que nos gustaría poder profundizar. En lo que es el ordenamiento territorial -el primer punto de los once instrumentos-, en el último párrafo del artículo 6º, dice: “Promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable”. El desarrollo sustentable es básico en nuestras actividades, casi un concepto rector. En la actividad agropecuaria nosotros decimos que no heredamos la tierra sino que la tenemos en préstamo de nuestros hijos. Es un concepto diferente. Esta promoción en la participación no está especificada cómo va a ser, cómo se va a instrumentar y cómo se va a llevar adelante, esa es otra duda. Lo mismo en el artículo 8º, vuelve a hacer mención al proceso de participación que conduzca a localización de actividades y desarrollos urbanos con varios elementos, pero en el punto h) de los elementos de este ordenamiento, habla del ordenamiento de uso del suelo y territoriales ambientales desarrollados por municipalidades. Son conceptos muy importantes. ¿Cuál es el ordenamiento de uso del suelo? No sé si uno tiene dónde referenciarse para poder después someterse a este punto. El tercero de los principios es la evaluación de impacto ambiental, y habla de la instrumentación de procedimientos de participación ciudadana. Nuevamente, no hay una especificación clara de cómo va a ser esta toma de decisiones, es un punto de preocupación. El artículo 10 vuelve a hablar de la participación ciudadana dos veces, en el primer y segundo párrafo, refiere de actividades que puedan generar efectos negativos. No creo que haya una normativa que autorice una actividad de efectos negativos, habrá actividades que tengan mayor o menor impacto ambiental, pero aquella actividad que tenga efectos negativos, ya sea para el hombre o para el medio ambiente, no creo que termine teniendo una autorización por parte del Estado que, en definitiva, será el que tenga que mediar entre lo que hacemos nosotros en la actividad privada, con la preocupación y la opinión pública, pero el último que tiene que mediar en estas decisiones tiene que ser el Estado. Existe una articulación pública y privada – que participamos ampliamente-, pero creemos que el poder soberano lo tiene el Estado a través de sus leyes –por eso venimos a dar opinión-, y después los poderes ejecutivos, que son los que tienen estos instrumentos. Un comentario respecto de esto, porque pareciera que una ley es preocupación y ocupación del sector privado, y veo que son instrumentos también del sector público y político, básicamente, porque esto transcenderá a este y otros gobiernos, podrá tener tratamiento y votación este año, pero son los instrumentos que después el poder político tiene para ver cómo arma sus estrategias y cuáles son los márgenes que tiene para promover la inversión, la investigación, el desarrollo, en definitiva, el trabajo y el empleo, que es uno de los pilares fundamentales de la política pública. Entonces, cualquier marco
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normativo pone límites, no sólo al que hace la actividad privada, sino que también da instrumentos y pone límites a la parte pública. En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica -que aquí es el tercer punto-, la estrategia será lo que gobernará las decisiones de autorización de cualquier actividad, dentro de un marco estratégico que tendrá la Provincia. No sé si es tercero acá porque quedó así o porque en el orden es tercero; la verdad es que si fuese algo estratégico, a nosotros como empresarios nos gustaría saber esta estrategia para uno poder acoplarse a la estrategia y ver cómo integra su actividad con la estrategia pública. El punto A habla de la política estratégica institucional, pero queda como un enunciado y no hay demasiado detalle en ese punto. Fundamental el punto B: “permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados”; esto – ahora hablo como ciudadano- de la promoción del diálogo, la institución que represento y conduzco ha primado en el diálogo permanentemente, estemos de acuerdo o no, pero sistemáticamente nos acogemos al diálogo, al intercambio de opiniones y posiciones, porque es la única forma, tengamos razón o no; si no hay diálogo difícilmente haya ni consensos ni acuerdos, con lo cual este es un punto muy interesante. En el punto 15 vuelve a hablar de la Audiencia Pública sujeta a esta estrategia ambiental y a la autoridad de aplicación, pero son tres conceptos que quedan enunciados: autoridad de aplicación, estrategia ambiental y Audiencia Pública. Los planes de gestión ambiental, punto A: “propender a la realización de medidas de prevención, corrección y compensación propuestas en el estudio de impacto ambiental”, esto es central porque aquí hay un cambio de criterio, tener el estudio de impacto ambiental en la etapa de evaluación del proyecto, esto es fundamental. En esta etapa de evaluación de proyectos, dentro de la fase estratégica también está la opinión pública. Control y Fiscalización de Actividades Antrópicas: entendemos que todo tiene impacto. Un kiosco es una actividad antrópica con impacto ambiental. ¿Cómo será la auditoría ambiental? Vuelvo a la hipótesis de que esto se convierta en ley. En primer lugar, podemos ver que hay una actividad preexistente con situaciones que se encuadran dentro del marco actual, pero al momento que tengamos el decreto reglametario vamos a tener que hacer un inventario ambiental de las actividades realizadas. Ya que se está hablando de un ordenamiento ambiental, tendríamos que hacernos la pregunta sobre qué vamos a hacer con todas las actividades que hoy se encuentran radicadas, industrias que superan los 50, 60 o 70 años, y en algunos casos que han sido impulsoras de la fundación de pueblos o ciudades. Como ejemplo, mencionaré que me impacta pasar por General Deheza, en donde la ruta atraviesa por el medio de puentes que comunican esa actividad. Quisiera saber cómo va a ser este planeamiento estratégico hacia adelante porque hoy atraer inversiones es un desafío para cualquier país, pero mover lo que ya está instalado tiene un costo que no es menor- nos gustaría ver cómo esto se va a instrumentar. Solamente un artículo habla de estándares ambientales, estándares de emisión o efluentes y estándares tecnológicos. Habría que establecer los criterios de un estándar –que no es sencillo-, y después hay que ver cómo va a ser la auditoría de los estándares que fije el artículo 23.
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En lo que hace a educación ambiental, nos gustaría que se especifique claramente en el decreto reglamentario. A nosotros nos gustaría participar con todo el conocimiento que tiene nuestra industria, que es una de las de mayor innovación y desarrollo tecnológico. Dicho decreto se debe apoyar en las universidades nacionales y provinciales, en el INTA y en el CONICET, o sea, en todos los institutos de investigación que tiene la argentina y que cuentan con reconocimiento internacional. La información y el diagnóstico ambiental también están ligados a lo que decíamos anteriormente; o sea, hay que ver cómo hacemos este diagnóstico, a fin de saber dónde estamos parados. Al respecto, les doy el ejemplo de lo que sucedió el año pasado en la actividad semillera de la Provincia de Buenos Aires, en donde no había un ordenamiento en lo que era la utilización del uso de agua para riego complementario. Había una autoridad del agua en la provincia pero no un sistema de registros ni algo que le permitiese saber el caudal, etcétera. La industria proactivamente se presentó a la autoridad del agua y desarrollamos todo un sistema en donde, primeramente, el desafío era ordenar y brindar la información que esa autoridad no disponía, y después había que saber dónde estábamos parados. Queríamos saber cómo era la calidad del agua, darle la información de cuánta agua usamos y estar dentro de un marco regulatorio que la Provincia de Córdoba ya tiene. Creemos que el mejor, o el de excelencia, es el de la Provincia de Mendoza, en cuanto a lo que el riego requiere o significa. Propongo esto justamente para el diagnóstico: saber cuál es el punto de partida, cuáles son los estándares y cuál es el objetivo. Como novedad, a nivel mundial, hace solamente unos días se emitió el primer Bono de Medio Ambiente. Hasta hoy había Bonos Verdes; las industrias tenían Bonos de Carbono o Bonos Verdes, no existía un Bono de Medio Ambiente que cotizara. Acá están los conceptos de la promoción y los premios, pero quiero estudiar de qué se trata; creo que, siendo una novedad mundial, valdría la pena que ustedes o sus asesores también vean de qué se trata este Bono de Medio Ambiente, porque creo que puede estar acá. La participación ciudadana figura –como dije- en dos artículos, pero dice: “Establecerá los requisitos, oportunidad, plazos y las exigencias de representatividad de la solicitud”. Entendemos que esto es fundamental; ahora, de nuevo queda enunciado y no sabemos cómo será; es todo “establecerá”, es decir, es todo a futuro y va a estar sujeto a un decreto reglamentario, en el que deberíamos tener la misma participación que tenemos ahora en la ley -por lo que va a significar. Con respecto al seguro ambiental, ya está en la ley nacional que es obligatorio. No sé, realmente, qué cubren hoy las primas de seguro ambiental, cuáles son esos reaseguros, ni si uno lo único que está comprando con el seguro ambiental, como está instrumentado hoy, es un certificado de buen uso -y no sé si de conciencia. Entonces, creemos que habría que trabajar un poco más el concepto y saber qué es lo que va a estar asegurando esta prima, y otros conceptos que proponen -instrumentos financieros como cauciones y demás. Para finalizar, voy al tema de autogestión, incentivos y premios ambientales. En cuanto a la autogestión, vuelvo al concepto de la preocupación, como ciudadano, por el tema del medio ambiente. Por cuestiones profesionales me toca ir dos o tres veces por año a China; todos
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nos maravillamos del desarrollo y el progreso chino, de la tasa del 7 u 8 por ciento, ahora, el impacto en el medio ambiente que tiene ese progreso es digno de estudio, y uno de los pilares centrales de la problemática de los actuales gobiernos es ver cómo compatibilizan el desarrollo, la urbanización y el crecimiento chino con el cuidado del medio ambiente. Para concluir, muchas veces entendemos que la letra fría no termina de plasmar el espíritu de una ley, es difícil; la poesía lo puede lograr, pero creemos que para una norma es más complicado. En términos generales adherimos a la ley. Creemos que faltan detalles en cuestiones fundamentales como esta, es decir: ¿cuál va a ser o cómo vamos a llegar, una vez que uno entra en el plan estratégico y tiene un estudio de impacto ambiental –estamos hablando de algo futuro, me preocupa lo preexistente, ya lo dije- que cumpla con lo que establezca la normativa, si la opinión ciudadana referida al medio ambiente es contraria?; tendrá que ser el poder político el que tome la decisión de cómo lleva adelante o cómo autoriza esa inversión. En cuanto a la regionalización de áreas, es interesante en un sentido y preocupante en otro, por la dinámica que tiene la actividad productiva. Doy el último ejemplo y cierro: hoy, la actividad semillera se está instalando en la Provincia de Córdoba, y esto rompe con una historia, porque toda nuestra actividad estaba centrada en la zona núcleo, es decir, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, que incluye Rojas, Pergamino y Venado Tuerto. ¿Por qué Córdoba? Porque la actividad, de la mano de la tecnología, incorpora nuevas fronteras productivas: Chaco, Catamarca y Santiago del Estero; o sea, hoy se produce maíz en lugares donde antes era impensado; entonces, al producir semilla de maíz en Catamarca o Salta, hay que bajarla hasta las ciudades de Salto o Pergamino y, luego, volver a transportarla para que el productor pueda sembrarla en el norte, ya sea en el NEA o en el NOA. De tal manera, a raíz de estas nuevas fronteras productivas, va migrando la actividad semillera, estratégicamente, hacia la producción de variedades subtropicales o tropicales; por eso, actualmente Córdoba es central –en el amplio sentido de la palabra– frente a la oportunidad que se le abre a Argentina de ser productora de semillas, de la mano del fenómeno de producción de Brasil. Esos materiales no se pueden producir en zonas templadas sino subtropicales y tropicales, lo que da lugar a esta migración de la industria semillera hacia el centro y –en un futuro no muy lejano– hacia el norte del país. Muchas gracias. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Martínez, también en representación de la Asociación de Semilleros. Sr. Martínez.- Quiero resaltar algunos aspectos que me parecen centrales. Antes que nada, quiero expresar que adhiero al concepto de este proyecto de ley porque puede facilitar el futuro de las inversiones en Córdoba; no obstante, me preocupa –se dijo recién– cómo se administrará lo preexistente –no es un tema menor–, qué aspectos financieros están previstos sobre este particular y qué se prevé con relación a lo post existente. Los problemas de impacto ambiental se asientan sobre dos pilares básicos: en primer lugar, la tecnología que se aplica, tomando en cuenta la
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dinámica del desarrollo urbano respecto de los enclaves industriales. Es muy común que un proyecto cumpla con todas las normas medioambientales, técnicas, y que luego, con el devenir del tiempo, a raíz de la ausencia de normativas de regulación urbanística, comiencen a aparecer poblaciones de carácter urbano. En segundo término, el otro pilar es la evaluación de cuánto afecta esto a los pobladores vecinales. Esto no es producto de la ley, del enclave ni de todas las disposiciones que se cumplieron, sino de un avance incorrecto de los asentamientos, fruto de la ausencia de planificación urbana. En tal sentido, puedo dar cuenta de casos en los que hemos cumplido totalmente con las normas –no hace cincuenta años sino cuatro–, y resulta que hoy se establecen barrios residenciales privados, “pegados” a un enclave industrial, y el municipio decide extender el ejido para brindarles servicios. De este modo, esa industria –que estaba perfectamente localizada y cumpliendo con todas las normativas– ahora pasa a estar dentro del ejido municipal, con lo cual, dentro de pocos años, habrá un problema vecinal cuando, en realidad, el verdadero problema es la ausencia de una pata que es el control urbanístico o las prevenciones que se tengan que hacer para establecer la barrera que indique que hasta tal punto se tendrán las garantías suficientes para alentar una inversión, si no es un terreno muy complicado. La ley no prevé nada respecto de la dinámica futura, sí prevé o está muy concentrada en los aspectos previos para conseguir una habilitación. Me parece que esa pata falta desarrollarse. En cuanto a lo demás, el licenciado ya fue muy detallado en su exposición. Gracias. Sr. Presidente (Heredia).- Bueno, ya vamos a conversar. Ahora sí, el arquitecto Buteler y el ingeniero Scully de la Bolsa de Cereales. Sr. Buteler.- Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Nosotros representamos a la Bolsa de Cereales, que es una institución que tiene alrededor de 60 años, donde están representados casi todos los sectores que hacen a la producción agropecuaria de la Provincia de Córdoba. Voy a leer porque así habíamos traído preparado el tema y después hablaremos. En primer término, deseamos agradecer esta invitación a expresar nuestra opinión sobre un tema de tanta relevancia y que desde diferentes lugares impacta sobre la sociedad en su conjunto. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, venimos siguiendo con atención el debate generado por el presente proyecto de ley. Los distintos sectores que la integran consideran que la regulación de la problemática ambiental merece un tratamiento serio, profundo, que contemple todas las implicancias que puedan derivarse de legislar sobre un tema tan complejo. En ese sentido, y en general, compartimos las expresiones de la mayoría de las exposiciones que se han dado en esta comisión, acerca de que el presente proyecto de ley es bienvenido en cuanto a la intención que manifiesta, pero que nos preocupa -tal como ya ha sido manifestado en anteriores presentaciones-, que la terminología ambigua y abierta del proyecto relegue la mayor parte de sus disposiciones a una reglamentación posterior.
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Esta circunstancia, en particular, es la que no permite tener una acabada opinión del proyecto, ya que dependerá de la reglamentación si la misma permite o no cumplir con los objetivos que se plantean. Con seguridad, en ciertos casos habrá que posponer intereses sectoriales y priorizar el bien común, pero según cómo se legisle en ese sentido y luego se aplique la ley, dependerá gran parte del futuro ambiental y económico de la Provincia. En relación a la participación ciudadana en Audiencias Públicas, consideramos positiva su implementación. Sin embargo, la ley no aporta demasiadas precisiones, ya que no establece con claridad el alcance y en qué consisten dichas audiencias, en qué casos serán necesarias, bajo qué condiciones, etcétera. Por ejemplo, es muy importante que se regule el cumplimiento de parámetros objetivos a los efectos de poder participar en las Audiencias Públicas, para que las mismas realmente sean instancias que aporten al esclarecimiento de las cuestiones de que se traten y no para que se conviertan en un espacio donde realizar planteamientos que carezcan de fundamentos serios y comprobados. En relación al Ordenamiento Territorial Ambiental, debidamente implementado puede ser una importante herramienta que permita definir cuestiones que en la actualidad generan tensiones en la sociedad. Y, en ese sentido, no queda claro, por ejemplo, cuál será la participación de los municipios con relación al ámbito de ejecución y aplicación de la ley, ya que éstos en el marco de sus Cartas Orgánicas tienen facultades de administración de su territorio; o qué tratamiento se dará a los emprendimientos preexistentes, y a los derechos adquiridos en su consecuencia, en función de las nuevas regulaciones que comiencen a aplicarse con la nueva legislación. En definitiva, entendemos que la ley persigue fines que todos los sectores compartimos, pero su articulado no es suficiente para generar un cuerpo normativo armónico, adecuado, y lo suficientemente completo para generar seguridad jurídica, ya que la mayoría de las cuestiones importantes de la ley quedan sujetas a una futura reglamentación y ello impide un análisis más profundo de la misma. Nos parece muy necesaria la participación de los distintos sectores productivos, sociales, educativos e institucionales a los efectos de expresar sus opiniones sobre este proyecto, pero entendemos que es más necesario aún que los aportes e inquietudes expresados en este recinto sean realmente tenidos en cuenta, incorporándolos en el texto del proyecto de ley a los efectos de dotarlo de mayores precisiones y de claridad para su aplicación, eliminando la falta de seguridad que trae aparejada su actual redacción. Igualmente, la Bolsa de Cereales solicita se la incluya, en particular, al momento de iniciarse la discusión de la reglamentación del proyecto. Esta es un poco la visión de la Bolsa. Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias. Sr. Buteler (primer parte sin micrófono).- Seguramente, después se hará entrega de lo que dice la Bolsa. La preocupación está centrada siempre sobre los mismos aspectos. Claramente, la ley debería contener en sí misma lo que se pretende dar en la reglamentación. Nos parece que la ley tiene que ser precisa y dar el marco
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adecuado para que uno sepa a qué someterse, y no dejarlo a la reglamentación. Normalmente es así, las leyes dan precisión, pero pareciera que en este caso no lo hace. Además, nos parece que, eventualmente, cuando se designe al organismo de control, de aplicación de la ley, éste debería ser un organismo amplio y no estar circunscripto sólo a ambiente, sino también al resto de los sectores involucrados, por casos agricultura, industria, para que verdaderamente la opinión técnica también esté representada. Cuando escucho hablar de educación formal e informal, entiendo por informal que no esté formalizada dentro del ámbito académico. Sin embargo, creo que los principios de esa educación no formal sí tienen que ser académicos, porque parte de la discusión que se ha dado sobre el ambiente, en general no ha tenido la base técnica y científica necesaria, lo que ha conducido a una discusión que, finalmente, no pudo arribar a ningún consenso, porque esa discusión no fue en los mismos términos. Me parece fundamental la fundamentación técnica, y cuando hablo de “técnica” no estoy hablando de la maquinaria que se va a usar sino que la fundamentación técnica y científica de lo que uno afirma sea válida y esté verdaderamente basada en estudios serios, universitarios o de organizaciones internacionales que puedan dar apoyo a estas opiniones. Nada más. Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias. Ahora le daré la palabra a los señores Enzo Moriconi y Luis Argüello Pitt, en representación de la Cámara de la Madera de la Provincia de Córdoba. Sr. Moriconi.- Buenos días. Soy Enzo Moriconi y él es Luis Argüello Pitt. Antes de empezar queremos hacer una introducción de la institución a la que pertenecemos. La Cámara de la Madera de la Provincia de Córdoba es una institución que desde 1944 reúne a todas las personas o sociedades que industrialicen o comercialicen madera o artículos en cuya elaboración o venta lleve implícita parte de ella. En ese sentido, forman parte de la cadena el sector forestal, viveros, contratistas forestales que cortan la madera, fleteros que llevan los rollizos de los campos a los aserraderos, los aserraderos, los carpinteros, las fábricas de muebles, las empresas de diseño, de embalaje, de pallets y de madera para la construcción, corralones entre tantos otros. Nuestro sector representa en total 15.000 empleos directos, y tiene la potencialidad de cuadruplicarse en el corto y en el mediano plazo si se lo considera como un sector estratégico para el desarrollo de Córdoba y si se toman decisiones políticas y de gestión en ese sentido, potenciando aún más la economía regional. Agradecemos a la Comisión de Ambiente por dejarnos expresar nuestra opinión y hacer algunas observaciones sobre el proyecto, que luego las continuará Luis, pero al leerlo observamos que el mismo es un proyecto que habla en términos generales, que como sector no nos menciona directamente, por lo que deja bastantes inquietudes; tenemos los casos del sector agropecuario e industrial, entre tantos otros, quienes ya han sufrido por anteriores proyectos este tipo de situaciones en donde todo queda sujeto a la reglamentación de la ley.
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Por lo tanto, por las situaciones que han debido atravesar estos sectores, y por compartir la posición que han expresado tanto la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias –regional Córdoba–, como la Unión Industrial de Córdoba, es que queremos expresarnos en el mismo sentido y, por ello, no deseamos agregar mucho detalle en lo que respecta al articulado debido a que consideramos que otras instituciones con las que venimos trabajando permanentemente –con las cuales compartimos la visión estratégica y productiva de la Provincia–, ya lo han expresado correctamente. A nuestro criterio, hay una cuestión del sector forestal que creemos que todavía no está expresada en la ley. Por lo tanto, si no se expresa, queremos sumarnos como entidad a trabajar en equipo y consensuar un objetivo sobre las forestaciones en Córdoba. A continuación le cedo la palabra al señor Argüello Pitt. Sr. Argüello Pitt.- Queremos aprovechar esta oportunidad –ya Enzo explicitó que adherimos firmemente a lo expresado por la Comisión de Enlace y la Unión Insdustrial– que nos brindan al sector forestal y expresarles la realidad por la que está atravesando nuestro sector para que cuando tengan que rever o no esta ley, y reglamentarla, tengan en cuenta nuestra situación. El tema forestal, desde el Gobierno de Schiaretti, viene siendo utilizado como un “caballito de batalla” porque, políticamente, el hecho de plantar árboles está bien visto. Todos estos proyectos han surgido de muy buenas ideas pero han sido mal llevados a cabo. El plan de Schiaretti era bueno pero la realidad fue que se plantaron cerca de 150 mil plantas y al año se hizo un relevamiento y sobrevivieron 15 mil. Para que ustedes puedan tener una noción de la magnitud del proyecto del Gobierno, les comento que yo tengo una empresa que presta el servicio de forestación y, en promedio, planto aproximadamente 100 mil plantas por año. Entonces, si comparamos lo que yo planto versus lo que planta por año el Estado, ahí podemos tener una apreciación de la magnitud de todos estos anuncios que quedan en la nada y que, en realidad, todo se muere. Después del Programa Forestando Mi Provincia del ex Gobernador Schiaretti, vino el anuncio, en las legislativas del año pasado, del Gobernador De la Sota sobre un proyecto de forestación del 1 ó 2 por ciento sobre terrenos productivos de campos agrícolas. Cuando escuchamos eso no podíamos creer que no nos hayan participado a nosotros, que somos del sector y que sabemos cómo se planta, con qué especies y demás. En realidad, todo eso quedó en un anuncio. Luego de aquello, a fin de año se relanzó este proyecto del Gobernador De la Sota y, al final, quedó nuevamente en la nada, resultó ser una puja entre Agencia Córdoba Ambiente que le quería dar al proyecto un “tinte” ecológicoconservacionista versus la posición que tenía el Ministerio de Agricultura de la Provincia, que era de tinte productivista. Como siempre, quedamos en medio de las pujas del Gobierno y no se dan cuenta de que los dos Ministerios tienen que trabajar juntos, hacer sinergia, porque la producción y el medio ambiente van de la mano, no pueden estar separados. Con respecto a la ley del uno por ciento que mencioné, fue elaborada por un profesional de la abogacía y estoy al tanto de que este proyecto de ley también fue elaborado por un abogado. No tengo nada contra los abogados, necesitamos de ellos, pero me parece que puede escribirla un abogado junto
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con un técnico de esta área, ya sea un ingeniero agrónomo o un ecólogo. De lo contrario, después tenemos que perder tiempo todos nosotros para venir a tirar abajo todos estos proyectos que tienen muchas falencias. ¿Cuál es nuestra visión como sector? Creemos que es la misma que tienen todos los países del primer mundo acerca de la forestación y que debemos imitar si queremos progresar como sociedad, y es la siguiente: una producción forestal en forma sustentable, y generar un desarrollo que satisfaga las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Anoche, cuando pensaba qué decirles y la forma de hacerlo, pensé en lo que genera la actividad en una región y tomé el ejemplo de Calamuchita. Hace cincuenta años en esa región se forestaron más de cuarenta mil hectáreas, mal o bien se forestó esa cantidad y fue un boom para la forestación en la Provincia, porque le posibilitó a la región que se generara una comunidad alrededor de esa forestación y, además, miles de negocios que traccionan de una manera impresionante y benefician toda la actividad económica de la Provincia. Entonces, está claro que quisiéramos que se generaran diez “Calamuchitas” en toda la Provincia y no solamente con pinos, porque los ambientalistas nos los van a tirar abajo ya que tienen una mala prensa tremenda, en realidad, sin fundamentos porque no hay estudios científicos realizados que la justifiquen. Para explicitar un poco lo que genera nuestra actividad y conozcan más o menos el circuito económico de la forestación, puedo decirles que actualmente hay actividad en viveros, extracción de la madera y su generación de mano de obra, el flete que lleva la madera a los aserraderos, los aserraderos en sí, la industria que provee las máquinas a los aserraderos, los carpinteros, las mueblerías, el turismo que se genera, las fiestas regionales; por ejemplo, en Villa General Belgrano cada tres semanas se genera algún tipo de festejo con la consecuente llegada de turistas a la región. Un tema muy importante de destacar y que hoy no lo ve nadie es la generación de energía a partir de la biomasa; como consecuencia del incendio del año pasado se quemaron más de 12 mil hectáreas de pinos, que representan más de 400 toneladas de madera, que se encuentran tiradas sin ser utilizadas, pero no podemos comunicarnos con las autoridades -llámense Agricultura o Industria- para que nos encaminen así podemos utilizar todo eso. Todos los días escucho que se quitan los subsidios, que importamos el gas desde afuera, que pagamos un costo altísimo por no tener gas, mientras tenemos la solución en las sierras. Eso es lo que viene para el futuro, y en todos los países del primer mundo ya está la generación de la energía a partir de la biomasa. Desde ya quiero invitarlos a todos –y es en serio, no es por decirlo “a la pasada”, así que después voy a pedir una lista- para hacer una visita al campo y puedan observar el vivero de Calamuchita, donde producimos más de un millón y medio de plantas al año; dentro del mismo campo tenemos un complejo de 10 cabañas, cortamos maderas en el mismo lugar y luego llevamos la madera a un aserradero de la propia empresa, que está en Alta Gracia. Queremos que puedan observar todo esto para que vean la real importancia y la potencialidad que tiene la actividad dentro de la economía regional.
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Podríamos hacer una “Calamuchita” alrededor de Mar Chiquita, plantando algarrobos, y reutilizar tierras que hoy están abandonadas, porque su capacidad de uso es muy limitada, su aptitud agrícola-ganadera es casi nula, o sea, que podríamos potenciar un montón de regiones que hoy no están siendo recordadas. Tenemos que considerar a la forestación no sólo como una actividad que produce materia prima sino que también posee muchísimos beneficios ambientales. Hoy, la mayoría de las masas boscosas tiene una inmensa cantidad de beneficios ambientales, por lo tanto, necesitamos de ellas. Tenemos que tener en cuenta el tema del cambio climático, porque eso conlleva a los incendios que aparecen todos los años. Hay un libro de 60 hojas, que no lo pudimos traer ahora, de los años ’60, donde se hace un estudio de los efectos de las masas boscosas, de las distintas especies exóticas y nativas, sobre las cuencas hidrográficas, específicamente del Río Primero, ya que en ese momento, la cuenca del Río Primero también involucraba parte de Calamuchita. También les vamos a hacer llegar ese material para que realmente puedan ver los efectos beneficiosos de la forestación en nuestras cuencas hidrográficas. Para que tengan en cuenta –no sé si lo conocen- desde hace más de dos décadas existe una Ley Nacional, 25080, de Promoción Forestal, la cual subsidia alrededor del 80 por ciento de los costos de inversión de una plantación. Quiero remarcar específicamente esto porque hoy la Nación nos está dando la plata para forestar nuestros campos; históricamente siempre la Provincia ha estado enemistada con la Nación y hoy es la Nación la que nos está brindando la plata y no podemos aprovecharlo. En los últimos tres años, el presupuesto asignado para esta ley de promoción ha rondado los 200 a 300 millones de pesos y la Provincia viene enfrentando entre 200 y 300 hectáreas, lo que significa que de ese presupuesto estamos tomando solo un millón y medio, lo que es una pena no poder tomar ese dinero. Causas hay muchas; principalmente que el Gobierno provincial no nos facilita el dinero ya que es el órgano de aplicación de esta Ley y no está haciendo las cosas para favorecer que los productores cordobeses puedan forestar. Relacionado a este proyecto ambiental, lo que necesitamos de ustedes es la creación de un Mapa de Aptitud Forestal, definir los lugares donde se pueden llevar a cabo las plantaciones forestales. Si uno entra hoy a la página web de la provincia de San Luis, con solo hacer un click puede ver, por especie, dónde se puede colocar cada uno. Nosotros, en cambio, si vamos a la Agencia Córdoba Ambiente y pide un Mapa del Ordenamiento Territorial, no lo obtiene. Cuando se quiere iniciar un trámite para acceder a la promoción forestal, a través de un aviso de proyecto presentado a la Agencia Córdoba Ambiente, ya que tiene que estar en sintonía con la Ley de Ordenamiento Territorial, no la tenemos. Estamos en una zona gris donde nadie sabe dónde se puede forestar y dónde no; supuestamente se puede a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para que ustedes se den una idea, 1.500 metros sobre el nivel del mar
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está Villa Alpina y La Cumbrecita, zonas donde no hay posibilidad alguna de forestar. La Legislatura tiene la oportunidad histórica de ordenar territorialmente la Provincia y las instituciones la posibilidad de colaborar en esta acción para llevarla a cabo de la mejor forma posible. Lo segundo que necesitamos es la seguridad jurídica; uno no puede emprender un proyecto a largo plazo como es la forestación y, que al año siguiente, por el tema del ordenamiento territorial, verse imposibilitado de continuar. Para esto necesitamos mucha más gestión, ya que no la hay; no existe ningún área forestal dentro del Ministerio de Agricultura. Existe una falta total de coordinación entre las áreas de Ambiente y de Agricultura, las que deberían trabajar en sintonía total; esto se puede ver en el ejemplo que les acabo de dar sobre la ley del uno por ciento. Tenemos que hacerla para que nos sirva a todos, tanto al ambiente como para la producción de madera con todos los beneficios sociales, ambientales y productivos que conlleva plantar árboles. Necesitamos que nos consulten a nosotros, que somos los que plantamos, para participar de la reglamentación; es un pedido expreso. Pro último, está el tema de los incendios forestales: de nada sirve que nos brinden soluciones a las inquietudes que acabo de formular si no hacemos nada con el tema de los incendios. El cambio climático existe, está instalado; tenemos temperaturas extremas todos los años con una ventana de dos o tres semanas al año en las cuales las condiciones ambiéntales están dadas para que arda toda la Provincia. El año pasado eso sucedió, cuando ya a partir de febrero solicitamos reiteradamente reuniones con De la Sota, con la gente del Plan Provincial del Manejo del Fuego, para consultarles cuál iba a ser el plan estratégico de acción en cuanto a prevención, nunca obtuvimos respuestas. Creo que los fondos están, las partidas también ya que se cuenta con una previsión para esto, hay un presupuesto que este año creo va a rondar los 65 a 70 millones de pesos, aunque el tema es gastarlo bien. En el día de hoy no sabemos en qué se va el dinero, cuando llega lo hace tarde, y no basta con comprar equipamiento de primer nivel si no se lo sabe utilizar. Estamos al tanto de que el Gobernador solicitó a Carlos Heider un proyecto para profesionalizar el plan de manejo; esperemos que eso llegue a buen puerto porque es la única forma para combatir este flagelo. No sé si la sociedad de Córdoba tiene conciencia de lo que significan los incendios en Córdoba. Creo que se piensa que las consecuencias negativas son para los productores o para los dueños de los campos quemados; sin embargo, no solamente están las pérdidas económicas que sufre cada productor sino que cada vez que se incendia un campo se pierden millones y millones de toneladas de suelo en las lluvias posteriores a los incendios, lo que significa que las recargas de las cuencas hídricas no se generen. Hoy estamos contentos porque ha llovido más del doble de la media y este año no vamos a sufrir la escasez de agua, pero el año próximo es muy probable que volvamos a tener ese problema. Debemos tener en cuenta que las sierras son las que nos proveen el agua; entonces, si nosotros no cuidamos la cuenca vamos a tener un problema de provisión de agua a corto plazo.
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Tal vez no hemos referido demasiado al proyecto de ley, pero queremos plantear estos puntos que indirectamente se relacionan y que los tengan en cuenta para cuando la revean o la reglamenten. Muchas gracias. Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias. Voy a comenzar con las preguntas y luego les doy la palabra a los señores legisladores. Las tres exposiciones hicieron referencia de manera directa e indirecta al tema de la participación que, como decían, aparece dentro del texto de la ley pero que, a juicio de ustedes, adolece de precisiones. ¿Qué creen ustedes que la ley debería explicitar en lo referido a la participación ciudadana, tanto para proyectos por venir como para las actividades que se desarrollan actualmente? Sr. Scully.- Nadie puede de ninguna manera desconocer que la participación ciudadana en un proceso democrático es deseable; no hay manera de negarlo. La ciudadanía tiene derecho a expresar lo que piensa respecto a cualquiera de las actividades que se desarrollen. Cuando hablamos de ambiente existe la posibilidad de interpretar que uno pudiera vivir sin determinadas actividades y mantener el ambiente prístino, como fue originalmente, pero ello no existe. Entonces, no se puede tener una visión ingenua de lo que significa la vida del hombre sobre la tierra ya que todas las actividades del hombre tienen impacto ambiental, sean urbanas, agropecuarias o industriales. Hablar de participación ciudadana significa que los ciudadanos pueden, y obviamente, opinan. Esa participación ciudadana es difícil de medir en cuanto a su peso relativo respecto de la opinión generalizada del resto de los que no opinan y, por otro lado, en muchos casos tienen un montón de debilidades técnicas que no son atendidas y el Estado de ninguna manera hace énfasis para clarificar. Soy ingeniero agrónomo y junto con el arquitecto sabemos lo que sucede hoy en la Provincia. Lo que sí puedo afirmar categóricamente es que la mayor parte de lo que se ha firmado en las asambleas ciudadanas, en general, carece de sustento científico y de validez técnica, con lo cual nos preocupa sobre manera que frente a la aplicación de la ley y a la apertura a la opinión pública -que es un término generalizado que realmente no se constituye de la opinión pública, porque es un grupo pequeño que dice representarla- tiene validez a los efectos de limitar, impedir o cuestionar una actividad productiva. Desgraciadamente, pareciera que sin las actividades productivas se puede vivir y esto usted y yo sabemos que no es así; las necesitamos, necesitamos del crecimiento económico de la Provincia y la única forma es que haya inversión productiva, seguridad jurídica y una gran falencia es el ordenamiento territorial. Si no sabemos a dónde, cómo y qué producimos y cuánto tiempo se va a poder hacer, difícilmente uno puede tomar decisiones económicas. Por otro lado, el contador Martínez fue muy claro respecto de los proyectos o de los emprendimientos existentes que, claramente, esta ley -o cualquiera que la suceda- pueden afectar, porque se hicieron con el ordenamiento y las autorizaciones de ese momento, creemos que todo eso sienta precedentes y debería ser tomado en cuenta.
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Sr. Paseyro.- Vuelvo al articulado y al hilo conductor de este proyecto. Cuando me refería a la formación formal y no formal, lo que estaba diciendo es todo en base científica, pero llegar con un lenguaje fácil y sencillo para poder entender esta problemática, sobre todo a aquellos ciudadanos no tienen la oportunidad de la formación formal -el colegio o la universidad-, pero hay que llegar a ellos con la ciencia. Vuelvo a mi preocupación en lo que es el pensamiento estructurado, primero tengo el planeamiento estratégico, a partir de ese planeamiento hago el ordenamiento territorial y después todos los otros nueve puntos para completar los once. Hoy –y tomando lo que dice el colega- estamos en tensión entre lo científico y lo social; lo científico –todo lo que es de base científica- son ciencias duras y lo que es social, son ciencias sociales y hoy hay tensión producto del progresismo, progresismo que a partir del fuego, la revolución industrial, de toda las ciencias, hace que el hombre viva en tensión entre el progreso y lo que había antes. Me encantaría vivir como la familia Ingalls, pero vivo a tres cuadras del obelisco. Lejos estoy de poder volver a esa situación. El desafío que tienen ustedes -los legisladores y los políticos- es armonizar y encontrar el punto de encuentro entre la tensión de lo científico y lo social, entre lo urbano y lo social y poder convivir. Ante la pregunta específica ¿qué debería tener?, lo que debería tener es claridad en lo que es el artículo 31, donde dice: “Establecer requisitos”, ¿qué y cuáles requisitos tiene que tener la participación ciudadana?, no están especificados. ¿En qué oportunidad? En la oportunidad de los plazos; la participación ¿va a ser permanente o hay algún tiempo hasta cuando la considere la autoridad de aplicación y en algún momento dice: “hasta acá estaba abierta”? Como esto tiene un tiempo es muy importante saber cuáles son los plazos porque si no se enfrenta a una actividad supeditada permanentemente a esta opinión ciudadana, es decir, se tiene esa espada de Damocles sin saber cuándo vence el plazo de esa participación. Por último -no es menor y está muy bien puesta-, está la representatividad. Cualquier sistema democrático -hoy un poco más devaluado, más desteñido-, está conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, ONG, pero, en definitiva, viene un sector empresario y nos piden cuál es la representatividad; no es para nada que está el Estatuto, la inspección General de Justicia, todo ese ordenamiento es para saber a quién se representa, quién es, qué identidad tiene. Eso me parece importante para poder articular y saber desde que lugar estamos hablando. A mi me piden que me identifique y tengo toda la mochila de todo lo que ha hecho el sector bien y mal, pero tengo una identidad; entonces la representatividad de esa opinión ciudadana también creemos que es muy importante. Entonces, los puntos están en el artículo 31, hay que identificarlos. Sr. Martínez.- Lo otro que me parece importante es qué va a hacer el Estado respecto a las seudo manifestaciones de participación ciudadanas que no se hacen conforme a lo que está establecido. Ocurre que en la lamentable realidad que nos toca vivir, un grupo reducido de personas piensa de determinada manera y cree que, en ejercicio
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de su participación ciudadana, puede hacer un piquete, cortar o impedir la actividad de otros, no creo que esto sea lo que prevé la ley. La ley debe prever una forma orgánica de conducir esa participación ciudadana, de manera que todos tengan la garantía de expresarse, nadie tiene la libertad de impedir que se desarrollen los derechos de los otros. Nosotros hoy, por ausencia de una normativa –por lo cual esto me parece muy bien-, para encauzar la participación ciudadana, hace que muchos crean que tienen el derecho natural de expresarse de manera violenta, afectando los derechos de otros sin más trámite, y me parece que debería estar perfectamente plasmado en la normativa. Sr. Paseyro.- Lo que creo que no puede suceder, volviendo a la representatividad y organización de un sistema, es que esta participación ciudadana eclipse la responsabilidad que tienen los legisladores, por ese principio constitucional que dice que uno “no delibera sino a través de sus representantes”. Nosotros les delegamos a ustedes la responsabilidad de legislar, por eso vuelvo a los plazos. Habrá plazos y lugares, pero una vez que se agotó el plazo, nosotros delegamos en el legislador, porque si no estamos en una ingobernancia y en una anomia en la cual no se puede vivir. Gracias. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca. Sra. Del Boca.- Buenos días. Muchas gracias por su participación, soy Alejandra Del Boca, del bloque del Frente Cívico, y han pasado por aquí muchas instituciones y personas de la sociedad, ha sido amplio el debate. Para conocer un poco más, usted mencionó el tema de la licencia social para operar, que las buenas prácticas están tendiendo a eso, y creo que de alguna manera el tema de la participación ciudadana sería como una pata para obtener esa licencia. ¿Conoce algunas experiencias en el país u otras más concretas, para saber qué herramientas se usan? Porque no solamente está la Audiencia Pública en el tema de la participación; han venido personas que contaban la experiencia de otro tipo de herramientas, como quizás una encuesta. ¿Usted tiene conocimiento, en cuanto a la licencia social para operar, de alguien que haya cumplido ese paso? Dos nombraron el tema de la autoridad de aplicación, que no debe ser sólo ambiente, ¿como verían o pensarían ustedes el tema de la autoridad de aplicación? Porque alguien, en definitiva, debe ser el responsable de dar el dictamen final; por ejemplo, ¿sería una comisión interministerial? Por último, cuando hablábamos del cambio de la frontera productiva -si bien no hay un ordenamiento territorial escrito por ley, que creo es fundamental que esté a nivel provincial, y no sólo en el área metropolitana de la ciudad de Córdoba, justamente para saber con las cartas que uno juega-; hoy, en definitiva, se está modificando de hecho; no hay una ley, pero de hecho se está modificando. Supongamos que hoy aparece ese mapa, les pregunto si ustedes observan la posibilidad de reconvertir algunas actividades, si hay terrenos ociosos dentro de la Provincia para poder utilizarlos. Los chicos hacían referencia al tema de la forestación, pero con el tema de las semillas, como se va corriendo esa frontera vamos invadiendo; o sea, hay un conflicto de
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intereses entre los que quieren sembrar árboles y los que vienen con la parte productiva. Sr. Paseyro.- Este concepto de licencia social para operar es nuevo, y en Argentina no hay demasiada experiencia. Hay otras actividades en otros países que la tienen un poco más desarrollada, pero, básicamente, el involucrarse por parte de todos los sectores es el primer paso. Nuevamente, tener esta mesa para nosotros es fundamental, donde uno pueda contar qué es lo que hace, cómo lo hace, con la base científica, con el marco regulatorio, con todo lo que establece la normativa nacional, provincial y municipal. Ahora, eso tiene que tener un hilo conductor, no puede ser que después el municipio termine hablando, por ejemplo, de lo que son zonas de aplicación teniendo distancias que no guardan ninguna relación con la provincia o con el municipio que está al lado, porque si no uno termina yendo adonde la legislación es más laxa. Respecto al tema de las fronteras, todos los países tienen sus políticas y sus planes quinquenales, pero la política nacional establece cuáles son los paradigmas y los objetivos como nación, dónde se van a desarrollar más y dentro de qué marco. Si hay un avance en la frontera productiva, el político tiene que asumir los beneficios y los costos del mismo. El beneficio es, por ejemplo, cuando se instala una industria, se corta la cinta y todos festejan, y el costo corresponderá a quién tomó la decisión de que esa industria se instale. O sea, no solamente hay que estar presente en el corte de cinta sino también cuando se hace un cuestionamiento al centro industrial. La experiencia china es el antimodelo mundial. Este país comunista tomó para sí el modelo económico liberal o el Consenso de Washington –muy criticado-, y hoy tiene que resolver un problema de urbanización permanente, con una gran cantidad de trabajadores y ciudadanos rurales que se incorporan a las ciudades sistemáticamente, con el correspondiente avance del cemento. En al actualidad, existe el concepto de “bioeconomía”, que engloba todo, y como éste hay muchos nuevos conceptos con los que hay que comenzar a trabajar, y tal vez tengamos que ir entre todos aprendiendo un poco, razón por lo cual la mesa de diálogo tiene que estar abierta permanentemente abarcando los planos económicos, político y social, y todo eso dentro de un sistema sustentable. Tienen que estar presentes esas tres patas –ninguna tiene preeminencia sobre la otra. Sr. Scully.- Si el Gobierno no logra generar un clima razonable de convivencia social nada de lo que hagamos va a tener sentido. El Estado tiene que jugar un rol muy importante, y nosotros, como ciudadanos, hacer el aporte del caso. En tal sentido, a nadie le ha servido la confrontación desde ningún punto de vista. El encuentro del punto de licencia social para operar es indispensable que sea una parte del acuerdo. La discusión de lo que debe ser el desarrollo armónico de una sociedad tiene que ver con lo social, con lo ambiental y con lo económico. Me parece que esto es el ABC de que ustedes estén sentados hoy ahí y nosotros acá. En respuesta a su pregunta sobre la cuestión territorial le quiero manifestar que si no hay un marco de regulación territorial que permita saber a ciencia cierta adonde cada uno de nosotros va a sentar su desarrollo económico, difícilmente lo vamos a poder hacer; y como sociedad lo necesitamos.
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El mundo pierde, anualmente, varios millones de hectáreas aptas para cultivo por urbanización, desertificación o erosión. Usted se preguntaba adónde deben ir las actividades; las actividades van adonde son aptas para ser realizadas. La Provincia tiene inmensas zonas factibles de ser forestadas. Sería altísimamente deseable, desde el punto de vista ambiental, que lo fueran, porque usted y yo sabemos que la fijación de dióxido de carbono se hace, al menos en la tierra, básicamente a través de las plantas perennes. O sea, pensar en un ordenamiento territorial sería la base fundamental para que cada uno de nosotros supiera qué hacer. Me parece que de ahí debería arrancar un plan estratégico de desarrollo que nos diga a cada uno qué podemos, dónde podemos, cómo podemos y cuál es el marco legal al que nos tenemos que ajustar y, a su vez, cuáles son las garantías que el Estado nos va a dar, porque no se acaba en nuestras obligaciones. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor legislador Birri. Sr. Birri.- Gracias. Voy a hacer dos preguntas, una al caballero y otra a usted. Usted hizo referencia, en su participación, al seguro ambiental que se le exige a toda persona física o jurídica que lleve adelante un emprendimiento que pueda tener alguna actividad riesgosa o generar un nivel de impacto ambiental importante; pero ha sido escéptico respecto a ese seguro, por lo que me gustaría que desarrolle un poco más ese escepticismo que me pareció apreciar. Sr. Paseyro.- Lo del escepticismo está. Vuelvo a la preocupación ciudadana por el medio ambiente. El proyecto habla de actividades o efectos negativos; insisto: como premisa, no debería haber ninguna actividad autorizada que tenga efectos negativos. Como complemento o ampliación de ese escepticismo digo que, si estoy generando un pasivo ambiental, el seguro es parte de la solución pero no la total solución. Creo que el seguro es un instrumento; es como el seguro del auto: “si mato a alguien tendré con qué pagarlo”, pero la verdad es que la vida prima más que tener seguro contra terceros, es más o menos ese el concepto. Sr. Birri.- A ver, los legisladores somos nosotros y nos pagan para eso así que despreocúpese. De todos modos, ¿usted cree que no debiera estar siquiera incluido en el texto del proyecto? Sr. Paseyro.- No, al contrario; debe estar porque está incluido en la ley nacional, que es una ley de orden público, como obligatorio; tiene que estar incluido pero no debe ser –insisto- una garantía de que “puedo hacer las cosas más o menos total tengo el seguro” –hablando coloquialmente. Sr. Clavijo.- Tiene que haber controles. Sr. Paseyro.- Por supuesto. El seguro es el último instrumento.
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Sr. Birri.- Bien. Advertí que el caballero está preocupado por la existencia o la frecuencia de lo que denominó –si mal no recuerdo- “falsa participación ciudadana o pseudomanifestaciones”. Me gustaría que tuviera alguna precisión mayor respecto de cuáles serían esas pseudomanifestaciones, al menos en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Esto, por supuesto, no es en el afán de polemizar, porque hemos venido a escucharlos y lo hemos hecho muy atentamente, y nos resulta interesante el desarrollo de vuestras opiniones, más allá de que en algunas podemos tener más coincidencias que en otras; independientemente de que se salió un poco del cauce del motivo por el cual fueron convocados, como sucedió con el representante de la Cámara de la Madera, cuyo relato sobre las actividades del rubro me resultó muy interesante y, desde ya, acepto la invitación para hacer la visita correspondiente. Sin ánimo de polemizar, ¿no le parece a usted que algunas de las reacciones ciudadanas suelen generarse ante incumplimientos de distintas normas en los que muchas veces determinados emprendimientos suelen incurrir, con ciertas anomias o carencias por parte del Estado para neutralizarlos, lo cual termina afectando la armonía y la paz social? Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones? Y, para el caso en que usted las identifique, ¿cree que en alguna medida pueden ocurrir en virtud de las razones que estoy relatando? Sr. Martínez.- Justamente, expresé que celebro el hecho que se trate de encauzar y reglamentar la forma de manifestarse; de lo contrario, se corre el riesgo de que sucedan hechos que –como hemos podido observar– se han dado en muchos tipos de manifestaciones, no sólo en las vinculadas con el tema en discusión. El hecho de que el ciudadano no encuentre un canal adecuado y normado que le dé garantías a su posibilidad de expresarse, desemboca en reacciones violentas o actitudes que impiden el ejercicio del derecho del otro. Creo que la ausencia de claridad respecto de cuál es la forma de manifestarse adecuadamente ha desembocado en esta suerte de anarquía; no obstante, considero que todos tienen derecho a manifestarse y a expresar su opinión. Con relación a los hechos que hemos vivido en este aspecto, debo decir que no estoy en condiciones de asegurar si hubo o no responsabilidad por parte de los distintos ámbitos de los Estados que están involucrados en la resolución de este conflicto, pero está claro que en muchas oportunidades hubo excesos respecto de la forma de manifestarse, y es precisamente a eso a lo que yo apunté porque no tengo capacidad para opinar sobre si esto deriva o no de un problema de ausencia del Estado. No obstante, estoy convencido de que hay ausencia de normativas que regulan la forma de participación, y es eso a lo que me referí recién. Sr. Scully.- El legislador Birri preguntó qué pensamos respecto del organismo de fiscalización. En tal sentido, creemos que las dependencias técnicas vinculadas con el tema del ambiente tienen que participar para brindarle a la Secretaría de Ambiente los fundamentos técnicos y establecer los límites técnicos para que pueda realizar eficazmente su función de control.
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Creo que tiene que haber –le respondo al legislador Birri– un muy fuerte control por parte del Estado para que las actividades se desarrollen en el marco en el que están previstas y no lo excedan. En tal sentido, adhiero a lo expresado por los representantes de la Asociación de Semilleros: las buenas prácticas son indispensables, como también lo es el control que sobre ellas ejerce el Estado, y cada uno de los sectores tiene que hacer, hacia adentro, una recapitulación y profundización de los instrumentos para mejorar las prácticas que realizan. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el licenciado Guillermo Laguinge. Sr. Laguinge.- Señor presidente, hoy estoy en carácter de asesor de la Cámara de la Madera. Sr. Presidente (Heredia).- Ya veo. Sr. Laguinge.- Respecto a la autoridad de aplicación, legisladora Del Boca, se plantean situaciones: las líneas se pueden superponer sobre un mismo emprendimiento y no hay problema. El problema está dado cuando se plantean incompatibilidades entre la legislación y cuando, a veces, no hay incompatibilidades en la legislación se plantean en la práctica, como ocurre, por ejemplo, con el tema de la forestación. Hay zonas que han tenido un cambio del uso del suelo hace 20 años con plantaciones que hoy han desaparecido porque se talaron o incendiaron, por ejemplo. Para la autoridad de aplicación, o sea, la Secretaría de Ambiente, eso es zona roja en términos de la Ley de Bosques Nativos, cuando la ley nacional es taxativa, la Ley Bonasso es taxativa: sufrió un cambio del uso del suelo, no hay más discusión. Es decir, que a estas cosas no las tengamos resueltas, que la Secretaría de Agricultura fomente las inversiones en forestación en Calamuchita y la Secretaría de Ambiente no otorgue las autorizaciones porque dice que eso, en realidad, no está permitido por Ley de Ordenamiento de Territorio de Bosques Nativos, hay un problema serio en la ejecución de la autoridad de aplicación. Cuando el Secretario de Agricultura fomenta la transferencia de embriones para incrementar los rodeos de crías y la Secretaría de Ambiente me impide hacer un manejo silo-pastoril en el norte de Córdoba, no sé en qué provincia estamos porque hay un manifiesto enfrentamiento conceptual entre la autoridad de aplicación de la ley que rige la problemática ambiental y la que rige la problemática productiva. A eso me refería. Sr. Presidente (Heredia).- Gracias. Antes de darle la palabra a la legisladora Trigo, quisiera hablar de un tema que tiene que ver con eso y hay una respuesta para lo que acaba de decir Laguinge, que es que la ley tiene que ser clara, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo, dónde, etcétera. Pero hay algo que ha cruzado las tres cosas y tiene que ver con un tema que pasamos por alto y quiero aprovechar que están ustedes –que saben mucho de esto. Han mencionado que hay un problema de información en cuanto a la participación ciudadana. Por ejemplo, Argüello Pitt mencionó la mala prensa que tiene la forestación con pinos; ustedes hablaron de la semilla y la mala prensa que
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tiene la utilización de semillas en el biodisel; la mala prensa que tiene el tema de la biotecnología, de los transgénicos, etcétera. Obviamente, la mala prensa lleva a que la gente que está cerca de un emprendimiento o donde se van a producir emprendimientos, etcétera, tenga información derivada de esa mala prensa. Primero, el problema está dado en por qué hay mala prensa, si hay información científica, hay desarrollo, hay ejemplos que pueden determinar si efectivamente la actividad que ustedes desarrollan promueve, mejora el ambiente y la calidad de las personas que viven en las regiones; hay información técnica y científica acerca de que los bosques, no necesariamente, tienen que ser todos de pino. Vos mencionabas las distintas especies que se pueden plantar en las distintas zonas. Ustedes tienen información acerca de qué es lo que se puede usar como combustible o qué no, y hasta dónde se puede avanzar en eso, si realmente es una solución para los problemas energéticos, si resuelve o no el problema de la contaminación, si ayuda o no a resolverla, si se emite la misma cantidad de dióxido de carbono que si quemáramos petróleo. Ustedes, seguramente, tienen mucha información porque el desarrollo de la biotecnología tiene muchísimos años y se ha ido pasando por distintas etapas y también sabrán si el impacto que tiene la utilización de los transgénicos en la salud de las personas, qué impacto tiene determinados tipos de actividades empresariales sobre el medio ambiente que las rodea, sobre los residuos, etcétera. Hemos escuchado acá más de 30 exposiciones de distintos sectores de la sociedad directa e indirectamente vinculados con la temática y, evidentemente, advertí que hay como una información sesgada. Hay muchos que utilizan el conocimiento científico parcialmente, hay otros que directamente no lo usan y entonces tienen una actitud un poco ingenua de lo que es el desarrollo sustentable, de lo que es el desarrollo económico, adónde propendemos con eso. Me parece que sería una buena ocasión para que cada uno de ustedes, representando a los tres sectores, nos pueda esclarecer sobre esto. Estamos hablando del tema “participación”, pero nos estamos refiriendo a un tema que sobrevuela esto. Hoy leía el diario Clarín, y hay toda una página referida al mismo tema. No estamos teniendo la información necesaria. Concretamente, les preguntaría… A ver, la inoculación de las semillas de soja en una planta de semillas, como la que hay en Pergamino, ¿qué tipo de residuos genera?, ¿qué tipo de impacto tiene sobre el ambiente?, ¿qué tipo de tratamientos se hacen sobre esos residuos? y ¿qué queda en el ambiente que pueda ser perjudicial para la salud?, por ejemplo. Sr. Paseyro.- Primero, la mala prensa es para nosotros, y hay mala prensa, es el cuarto poder. (Risas). Creo que la principal falencia que existe, y vuelvo al concepto de trabajar con la base científica, que es, en definitiva, con la que hay que trabajar, pero la autocrítica –por lo menos desde el sector semillero que estamos haciendo en el último tiempo- es haber trabajado mucho en base científica y en comunicación científica y no haber podido comunicar ni llegar a la sociedad con lo que hacemos. Ese es el primer desafío que estamos tratando de revertir, y estamos instrumentando un plan de acción territorial. Ustedes habrán visto que hace 20 días nos recibió el Gobernador y estamos recorriendo los municipios en los que
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tenemos actividades para, primero, contar lo que hacemos y, segundo, para recoger si hay algún cuestionamiento, preocupación o cuestión puntual como ésta. Un político dijo: “Les hablé con el corazón y contestaron con el bolsillo”. (Risas). Más o menos pasa así. El término es, en realidad, “tratamiento de semillas”, donde el principal factor innovador que tiene este proceso dentro de una planta de semillas…. Por ejemplo, es una definición, nosotros hablamos de “planta de semillas”; mi madre, que me quiere mucho, no entiende si la planta de semillas es una industria o es la planta. Entonces utilizamos estas palabras que creemos todos nos entienden, y a veces hay que explicar. El tratamiento profesional de semillas lo que hizo fue sacar la actividad que necesariamente hay que hacer, porque si uno no protege esa semilla, la siembra, se la comen los insectos, los hongos o cualquier actividad biótica, y eso lo hacía el productor con un tambor de albañil, ponía allí las semillas y el producto en dosis que a él más o menos le parecía, sin ningún medio de protección personal. Eso se tiene que hacer; pero hoy se hace en origen con productos que tienen mucha menor concentración de ingredientes activos que los que tenían cuando lo hacía el productor, lo que pasa es que son más específicos y de más altos resultados. En cuanto a los residuos, prácticamente no existen, y para lo poco que queda hay plantas procesadoras de esos residuos. Ahora, esa es respuesta técnica y así como está la invitación a conocer el complejo forestal, hago también públicamente la invitación a conocer el sector semillero. Tenemos que abrir las puertas de las plantas o de las industrias, conocer y mostrar porque – insisto–, llevo más de 35 años en esto y no sé si gozo de buena salud pero los chequeos anuales me dan estándares óptimos. Lo que quiero decir es que todo este cuestionamiento lógico que hay por parte de la sociedad, los principales preocupados e involucrados somos los que trabajamos en eso. No somos suicidas de hacer actividades que ponen o nos ponen en riesgo a nosotros. Creo que está faltando la transferencia de esa información a todos los sectores de la sociedad, al político, al social, y la academia tiene que validar la información que tiene el sector privado. Siempre tiene que haber un tercero que tenga reconocimiento social, que valide lo que uno dice, pero de ambas partes. Por eso decimos: la representatividad y el plano en el que vamos a hablar; si vamos a hablar desde lo emocional, cada uno tendrá una experiencia personal; si vamos a hablar desde lo científico, habrá que aportar información científica. Sr. Martínez.- Respecto al otro aspecto vinculado a la prensa, del que usted hablaba, voy ha hacer un desafío de actitud mental. Nosotros estamos participando, en este momento, de una estupenda sesión de diálogo y de participación ciudadana y empresaria con los legisladores, es realmente una expresión fantástica de civilidad y de democracia, y probablemente esté cubierta por la prensa. Ahora, suponiendo que en la puerta se esté llevando a cabo un “piquete” relacionado con esta reunión, que quiere prevenir sobre algunos intereses o conceptos que tenga la gente, en relación a la prensa se dan dos situaciones: en primer término, la prensa selecciona lo que más vende para darle más pagina y, en segundo término, la actitud sociológica de quien lee. Si mañana salieran estas dos cuestiones en el diario con el mismo espacio, un cuarto de página para esta sesión y un cuarto de página para el “piquete”,
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¿qué piensan ustedes que la gente lee?, ¿qué es lo que a la gente le queda?, ¿en qué hoja se detiene la gente a leer el diario?, ¿en la que explica esta sesión o en la que explica el “piquete”? Y por eso, además, invita a que la prensa tenga una cobertura más activa, más fantástica sobre esa cuestión. No estoy criticando a la prensa porque, en definitiva, es un negocio, pero cuando instrumentamos la ley, sabiendo que esto es así, debimos dar garantías de que, en realidad, se haga justicia, y que se haga justicia es que se respete este ámbito de discusión y que se controlen los que están fuera de una normativa adecuada que resguarde el respecto hacia todos los actores de la sociedad. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Buteler. Sr. Buteler.- Voy a hablar de otro tema, un poco práctico de la ley y –no sé si es el término- esclavo de los organismos que tienen que aplicar la ley. Desde el sector de PyMEs –no hablo de las multinacionales, de las enormes– se legislan estas cosas y uno, humildemente, tiene que hacer un “proyectito”, para lo cual trabaja como loco –que no es el métier de las PyMEs–, consigue créditos y demás, y los señores funcionarios no tienen ningún plazo para terminar sus estudios y dicen: “bueno, todavía no sé porque tengo dudas” y, en conclusión, nunca terminan firmando las aprobaciones, me estoy refiriendo a la ley anterior. Por ello, solicito que esta ley tenga plazo para que los señores funcionarios digan sí o digan no, pero que no se queden con el “y…, todavía, ni”, porque si no, esto va a parar toda la economía. Yo no digo que esté bien ni mal, pero tienen que expedirse; uno quiere hacer una perforación de agua, pide permiso a DIPAS y puede estar 1, 2 ó 3 años hasta que la carpeta salga. Para eso digan “no hay nada”. Creo que este es un tema que la ley debe contemplar como a cualquiera y decir: usted tiene un plazo para expedirse por este tema, 10 ó 15 días o lo que sea. Nada más. Sr. Scully.- Quiero responder a sus preguntas e inquietud sobre la información de la que se puede disponer. Obviamente, sobre cualquier cosa que usted quiera saber hay información científica, sólo tiene que buscarla en las universidades del mundo; seguramente, en algún caso necesitará traducirla y en otros no. Pero hay dos organizaciones dedicadas al ambiente, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, a las que usted puede recurrir y que tienen en sus páginas y en sus publicaciones toda la difusión de lo que consideran permitido, posible, problemático y complicado para el desarrollo de la humanidad. Las dos tienen una fuerte preocupación por la contaminación ambiental; de hecho, no la tienen solo ellas, la tenemos todos. El problema ambiental nos nuclea porque, en definitiva, usted, la gente que cree defender el ambiente y nosotros, aun realizando actividades económicas, queremos defenderlo. Si usted entra a la página de la Organización Mundial de la Salud, no le puedo asegurar que esté en español pero sí en inglés, verá que dice: “los transgénicos que hoy están autorizados comercialmente no ofrecen riesgo para la salud humana”; lo invito a que lo busque, si no, si usted quiere yo se lo acerco, pero –repito- está escrito en la página de la Organización Mundial de la Salud.
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Por otro lado, hay un desconocimiento respecto de lo que significa la actividad agropecuaria y el uso de productos químicos de uso agrícola pensando que están solo vinculados a los transgénicos. No es así, los productos químicos de uso agrícola son previos a los transgénicos; hubo una revolución agronómica a mediados del siglo pasado que usted puede verificar por el crecimiento poblacional –no por otra cosa- y que le va a responder sus inquietudes sobre si fue productiva o no. La expectativa del hombre ha crecido y tiene algo que ver con la medicina, pero muchísimo que ver, básicamente, con la producción de alimentos. Por otra parte, en realidad, las poblaciones de riesgo son las de usuarios de los productos químicos, que son los que los manipulan diariamente, y sobre esto hay estudios -de hecho, la Provincia obliga a los aplicadores a hacérselosy usted va a notar que no hay incremento de ningún tipo de afecciones en los estudios que se realizan, y que no los realizamos nosotros sino los organismos de salud. Por último, en referencia a los biocombustibles, la discusión sobre ellos es política; usted puede estar o no a favor de los biocombustibles, de la energía nuclear o de la explotación del full oil y del gas pero, en realidad, todos necesitamos energía y de alguna manera hay que producirla. Si usted me pregunta: ¿los biocombustibles compiten con los alimentos?, seguramente. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo?, no lo sé. Mientras tanto, la estrategia productiva de algunos países son los biocombustibles; de hecho, lo es en la Argentina y por eso hoy tenemos en Córdoba varias plantas de bioetanol. Sr. Paseyro.- Obviamente, respecto a la Organización Mundial de la Salud no hace falta agregar nada, pero sí voy a agregar sobre lo que tiene que ver con nuestro marco regulatorio, el SENASA, que evalúa tres aspectos: la inocuidad alimentaria, todo lo referido al impacto ambiental y los mercados. Cuando se hace la evaluación y aprobación de un evento biotecnológico el SENASA, dentro del marco regulatorio -le voy a enviar una copia de todo el marco regulatorio que está sintetizado en un pequeño libro que, insisto, fue revisado en el 2012 con la participación de todos los organismos-, hace la evaluación de estos tres aspectos: inocuidad alimentaria, medio ambiente y mercados, porque uno puede estar desarrollando una tecnología que es beneficiosa para el aspecto de producción pero no puede tener aceptación en el país consumidor; entonces, el SENASA, desde la Dirección de Mercado, puede no aprobarla, por eso es muy interesante. La OMC es un marco de referencia mundial, pero nuestro marco regulatorio nacional tiene reconocimiento porque hace más de 20 años que existe. El marco regulatorio estaba antes de la aprobación de la biotecnología en Argentina, hubo legisladores y políticos que tomaron la decisión de trazar una estrategia. Gracias. Sr. Scully.- Respecto de las aplicaciones de productos químicos de uso agrícola, también pueden remitirse a la legislación de la Unión Europea, donde van a encontrar que tiene autorizados productos que en Argentina están prohibidos; también van a encontrar que cualquiera de la zona no tiene nada que ver con lo que hoy se habla en Argentina ya que, en realidad, la protección, en el caso de la Unión Europea, tiene que ver con las zonas de fauna protegida
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y cursos de agua, y tiene poco que ver con las poblaciones, porque las aplicaciones bien realizadas tienen pocos riesgos, y mucho menos si son realizadas con productos de bajo impacto. Sr. Argüello.- Me quedé pensando en lo que usted preguntaba, cuando escuché al señor Martínez con respecto a la prensa. En verdad, cuando escucho el tema de la opinión pública me genera mucho miedo porque hoy es muy fácil manipularla a través de los medios de comunicación. Llevado al plano nuestro, del tema forestal, el año pasado se quemaron 115 mil hectáreas, y se habló de los pinos como si fueran causantes de todo esto. Solamente 12 mil hectáreas de pinos sufrieron el incendio, o sea que, del total de las hectáreas, solamente el 10 por ciento fueron de pinos. Calculo que hay un 40 o un 50 por ciento de la superficie afectada que fue de nativas, pero este dato no lo escuché en ningún medio. ¿Y si fueron las nativas las que propiciaron esto? Calculo que no, pero nadie dijo eso. El otro 40 por ciento fue de pastizal de altura. Ahora, uno escucha la palabra pino y se agarran la cabeza porque se acuerdan de ese hecho. Por eso, cuando escucho el tema de la opinión pública me genera un dolor de cabeza por la desinformación que existe en la sociedad. Calculo que también es responsabilidad nuestra, del sector privado, y del público de no generar la correcta información para que le llegue a la gente. Honestamente, creo que es el Estado, en este caso, el que se está sacando la responsabilidad de tomar las decisiones correctas, por eso genera este proyecto de ley donde incluye a la opinión pública para no asumir el costo político que genera tomar las decisiones correctas. Sr. Martínez.- Los políticos tienen la tendencia a tomar decisiones, y lo relacionan con la sociedad, es decir, cuando uno tiene una realidad científicamente demostrada, pero alguien protesta enérgicamente, el político tiende a darle espacio a esa protesta porque eso es de alto impacto social y afecta su imagen como conductor político. Entonces, ante esta realidad, hay que establecer garantías dentro de las normativas, porque si no estamos tomando malas decisiones, más allá de la cuestión afectiva, carismática y de los votos que me va a generar o no una actitud hacia delante, tenemos que trabajar por lo que realmente corresponde hacer para lograr, de cara al futuro y de las generaciones que vienen, una convivencia adecuada. Entonces, las decisiones demagógicas, puntuales, en un momento dado, que obedecen a ese impacto periodístico, llevan a una decisión mal tomada que afecta el futuro. Tenemos que ser responsables en esto y para lograrlo hay que dejarlo plasmado en la ley. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo. Sra. Trigo.- Hola, mi nombre es Sandra Trigo. Estaba pensando que debería ser presidenta de la Comisión de Agricultura porque quedaría más acorde a mi apellido, aunque no a mi pensamiento. Simplemente quiero decir que durante todas las reuniones de comisión, que han sido muchísimas - e invito a leerlas ya que las versiones taquigráficas son públicas-, los legisladores hemos tenido todas las herramientas y posibilidades para escuchar la mayor cantidad de exposiciones posibles.
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Sólo quiero plantear, a título personal, que creo que ya no sé si se puede hablar de cuarto poder sino de primer poder, esto en un orden de relación que no es culpa de los medios de comunicación, sino que los hechos de la realidad cotidiana van dándoles insumos suficientes a estos medios, con los respectivos intereses económicos que representan, como para generar opinión pública. En este caso, el sector público, o Estado, en cualquiera de sus manifestaciones y puntualmente el Poder Legislativo, tenemos que estar “corriendo” atrás de esta clase de cuestiones. De todas maneras, en esta relación que hay entre el sector público, el empresariado y la sociedad civil hay una brecha bastante importante. Escuché a todos atentamente, pero hago hincapié en los dichos del señor Paseyro en cuanto a la relación que existe entre desarrollo económico, ya que soy especialista en desarrollo humano que engloba varias disciplinas- y sociedad o finalidades sociales; creo que falta incorporar otro concepto muy importante como es la ecología. Dentro de las diferentes reuniones de comisión recuerdo que asistió un especialista del CONICET que nos brindó una encuesta muy interesante para tener presente, en relación a cuál es la percepción que tiene la ciudadanía en general del Estado y de los sectores empresarios también. Esto tiene que ver con lo que tratamos ahora porque una de las conclusiones de esa encuesta revela que se desconfía aun de los propios informes ambientales certificados por instituciones que, supuestamente, están –valga la adjetivación- fuera de cualquier contaminación política; aun cuando ese informe ambiental está brindado por consultores que representan sectores universitarios, la ciudadanía desconfía. No es fácil compatibilizar nuestra tarea, cual es dar seguridad jurídica a través de una legislación correcta, con todos los intereses. Creo que en esto hay un común denominador de parte de todos los sectores, incluyendo el sector público, porque si hay algo que tiene mala prensa hoy somos los que representamos al sector público y, en particular, a las legislaturas, porque el ciudadano no les encuentra razón de ser. Esto nos coloca en una grave situación porque, como bien lo expresaron, ustedes no tienen la posibilidad de hacer piquetes, ya sea por su cultura, su situación o su posición. A título personal quiero decir, con todo respeto -no tuve posibilidad de hacerlo cuando estuvieron presentes los representantes de la Mesa de Enlace-, que los piquetes no siempre se hacen en la calle. También se hacen piquetes tomando medidas económicas o sugiriendo al poder político tomar medidas económicas de ajuste que dejan a gente en la calle. Entonces, tenemos que sincerar esta discusión, y me parece que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad; pero, por otro lado, creo que es indispensable una tarea de responsabilidad pública combinada por parte de los sectores empresarios. Con respecto al último punto, sobre las manifestaciones ciudadanas, quiero hacer referencia al informe que mencioné, elaborado por un investigador del CONICET que estuvo presente en esta sala, quien planteó la falta de credibilidad, por parte de la ciudadanía, de los informes de impacto ambiental. El viernes pasado estuvimos más de 8 horas escuchando a representantes de diferentes asambleas ambientalistas que se encuentran activamente trabajando dentro de la provincia de Córdoba. Los invito a que lean las versiones
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taquigráficas porque, más allá de los planteos “subidos de tono” de los representantes, que nos solicitaron que enviáramos el proyecto al archivo, en realidad, subyace el mismo interés que tienen ustedes. Escuchaba al ingeniero agrónomo planteando que querían desarrollo pero con preservación del ambiente; es un común denominador, pero no significa necesariamente que estas asambleas o estas representaciones ciudadanas estén en contra del desarrollo económico o de inversores privados. Simplemente, hay que tratar de buscar los temas que nos unen, y en aquellos en los cuales no compartimos el mismo criterio, tratar de acordar una solución. Simplemente esto quería plantear. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el legislador Clavijo. Sr. Clavijo.- Buenos días. Soy Santiago Clavijo, legislador por el Frente Cívico. Primero, quería aclarar un concepto para no equivocar los problemas. Hay protestas y las va a haber, porque no están prohibidas, no son ilegales y no constituyen un delito. Pero, el tema es saber por qué se originan. En el caso de Córdoba, si bien no se ha mencionado hoy, el tema de Monsanto está en conocimiento de todos. No me voy a referir a los anuncios del Gobierno provincial desaprobando el estudio de impacto ambiental, ni me voy a referir al fallo de la Justicia de enero último y por el cual se paralizó la producción de la planta. La decisión judicial era porque, en función de la legislación vigente, no se había hecho Consulta Popular, Audiencia Pública o lo que hubiera correspondido, y porque no se había hecho el estudio de impacto ambiental previo. Es decir, quien debería haber hecho eso no lo hizo, quién debería haber exigido eso, no lo exigió, lo que motivó el parate por parte de la Justicia. Antes de eso, motivó toda la protesta, porque hay una ley que dice que se debe hacer tal o cual cosa, no se cumple y salen los permisos y se firman las habilitaciones. Lo menos que hace es desconfiar, porque quien debe hacer cumplir la ley, no lo hace, entonces, el origen está ahí. Entonces, existen leyes que no se cumplen y existen funcionarios que otorgan habilitaciones que no deberían darse, generando todos estos inconvenientes y problemas. Específicamente, respecto del tema de la semilla, internacionalmente existen diversos protocolos de biodiversidad para la producción de semillas y granos en forma segura y saludable. Como pasa en todos los órdenes y rubros, internacionalmente hay empresas que se ajustan a las normas existentes en un país, y hay otras empresas que dan vuelta por el mundo buscando los países en donde no han adoptado ciertas normas. Entonces, si uno tiene reglas, vienen empresas que trabajan con reglas, y si no las tiene, vienen empresas que trabajan sin reglas. Esto no es nuevo y es responsabilidad del Estado si se funciona de una manera o de otra. Un tema que hemos estado tratando mucho es el de los estándares, es decir, a la hora de las evaluaciones, de poner límites o de decir “hasta acá se produce tal cosa”, hay que tener estándares y no el criterio del funcionario del momento que piensa de una manera y luego viene otro y piensa de otra. En la Argentina ¿existen estándares de bioseguridad para la producción de semillas o es algo muy novedoso en el mundo que todavía no llegó acá? Usted manifestaba respecto al tratamiento de la producción de residuos peligrosos, en Córdoba ¿hay algún lugar donde se los trata?
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Sr. Paseyro.- Voy a comenzar respondiéndole a la legisladora Trigo. Creo que hoy el descrédito es institucional, es lo que estamos sufriendo y ahí está la responsabilidad de los actores sociales en recuperar el crédito de las instituciones, de la comunidad organizada. El cuarto poder puede ser un diario, un periódico, una radio, pero las redes sociales ya tienen mucho más poder que este cuarto poder y no las gobierna nadie, lo que es todavía mucho más problemático. Así como hablamos de la licencia social para operar y se incorpora el concepto social, ustedes son especialistas en cuestiones del hombre, del desarrollo humano, de la esencia del hombre y estamos impulsando un nuevo concepto que es el contrato social tecnológico. A aquel contrato social de Hobbes y Rousseau ahora se incorporó la tecnología; así como en la licencia para operar, que era el marco regulatorio de la ley, uno se avenía a eso y parecía que la opinión ciudadana no contaba porque si cumplí con lo que estaba escrito era suficiente, ahí se incorpora el concepto social. Estamos hablando de un contrato social donde incorporamos toda la cuestión tecnológica con cuatro actores: investigación y desarrollo, en su más amplio sentido, desde la academia; las empresas; todos los investigadores y el Estado, como actor fundamental regulador de todo esto porque no se puede quitar su responsabilidad. Usted me plantea el caso de Malvinas, demasiado tengo con intentar defender la actividad que desarrollamos como para salir en defensa de qué hizo la Comisión Evaluadora o el poder político, la verdad me excede. Vuelvo a este segundo actor, el Estado, en esta función indelegable de regulador de la armonía; el usuario, me refiero en nuestro caso al productor, incorporando esas tecnologías y, por último, el consumidor final, todos nosotros donde vamos a tener que ver qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Respecto de doctrinas comparadas o lo que pasa en otros países, a mí me gustaría analizar un poco el criterio de hipocresía en estos países que no tienen incorporada la biotecnología para la producción, pero sí para el consumo: la soja y sus derivados, el maíz y sus derivados, los compran con producción de base biotecnológica, en su país no lo producen, pero si lo comen. Terminemos con la hipocresía, sobre todo esto se da en los países de más desarrollo y donde más posibilidades tienen de obtener subsidios o de comer exquisiteces. No voy a hablar de los 9 mil millones ni cómo hay que alimentarlos, no es el momento, pero si habría que ver este concepto de aquellos que dicen que no adoptan la biotecnología; pero al momento de importar lo hacen y con producción biotecnológica. Pongo ese concepto porque en algún momento se habló de la experiencia europea. Por último, hay estándares en lo que es el germoplasma, la biotecnología y en lo que son las evaluaciones. Ahora, si ponemos la mirada en lo que pasó en Malvinas y se intenta corregir, entiendo que la legislación anterior decía que “podrá solicitar la Audiencia Pública” y ahora está como un imperativo: “deberá”. No soy especialista, lo tengo analizado así, pero entiendo que lo que sucedió es que se cambió el “podría” por el “debería”. De nuevo no voy a asumir la defensa del rol público. Respecto del estudio del impacto ambiental ya está todo dicho, la Justicia dijo: “Esto no satisface, señor empresa presente de nuevo y se someterá a la evaluación de esta Comisión Evaluadora Multidisciplinaria con
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una nueva conformación”. Ahora, este es el rol indelegable del Estado, no le carguen al sector privado o al sector que genera la actividad productiva la responsabilidad de ver o de hacer la interpretación de la norma. Respecto de los estándares, insisto, les voy hacer llegar una copia de lo que es el marco regulatorio y cuáles son los estándares nacionales e internacionales, porque tanto en las semillas como en el grano –éste último es un commodity y la semilla también es casi un concepto de commodity- uno puede tener un desarrollo que lo produce en un país y lo envía a otro país para procesarlo y el final es otro destino, con lo cual, hoy los estándares fitosanitarios son de alta complejidad; todo lo que son análisis de riesgo de plaga, lo que se denomina ARP, es muy complejo, hay mucha información científica, tal vez, de nuevo, la responsabilidad está en que no se trasmitió, no se enseñó, no se explicó y no se compartió para ver si estábamos de acuerdo con lo que estaba escrito que, en realidad, lo escribió una autoridad de regulación, no el sector privado. Con respecto a los residuos, sí tienen tratamiento. Sr. Clavijo.- ¿Se tratan en una planta en particular, en un lugar físico en particular o lo hace cada productor? Sr. Paseyro.- En la misma planta, como cualquier industria. Los otros días me preguntaban cómo es el caso de la industria automotriz y de los residuos de las plantas de pinturas. Escuché hablar de una nube tóxica producto del tratamiento de semillas. Nunca vi ninguna nube supongamos que está- pero no creo que esa nube, en función del volumen de la cantidad de pintura que lleva un auto y del componente que lleva una semilla, tenga punto de comparación; con respecto a todos los residuos – insisto-, los principales preocupados por la seguridad somos nosotros; soy empleado de una empresa, con una jerarquía, pero soy empleado y trabajo ahí y tengo mi familia y necesito tener mi seguridad. Sr. Scully.- Agregar a lo que le preguntó, que cuando hablé de problemas de contaminación y la preocupación de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, básicamente está orientado a los países desarrollados; no son los subdesarrollados los que más contaminan en el caso del agro porque, en realidad, las producciones subsidiadas tanto de Estados Unidos como de la Comunidad permiten que los agricultores de esos países usen cantidades elevadas de productos químicos de uso agrícola y eso ha provocado contaminación, sobre todo de las napas. Con eso también hay un mito asociado a las cantidades. Uno de los argumentos es la cantidad de litros que se usan y, en realidad, este dato no dice nada respecto de la toxicidad. Les puedo nombrar sustancias de las cuales se usan cuatro, cinco o diez gramos por hectárea y díganme si prefieren una de las que se usan tres litros o una que se usan diez gramos. O sea, estamos hablando de lo que no sabemos; en realidad, los índices de toxicidad de los productos han bajado severamente en los últimos años, con lo cual las posibilidades de daño ambiental y de contaminación también han bajado. La realidad es que en el sector agropecuario sí hay problemas de contaminación, básicamente con los envases, y sí hay un programa que se llama “Agro Limpio”, que tiene la obligación de recuperar los envases, que a
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veces no se cumple completamente, porque ahí sí están los residuos y eso es lo que debe manipularse con cuidado, sobre todo porque ese plástico se reusa y no debería ir a cualquier uso. Sra. Trigo (fuera de micrófono).- Después el plástico se recicla. Sr. Scully.- Se recicla, el intento es que se recicle para usos que no tengan riesgos para la salud; si usted lo recicla para un juguete, claramente hay riesgo, pero si usted lo recicla para un poste, está haciendo un buen uso de un material ya usado y evitará contaminar más produciendo nuevo material, porque en general estamos hablando de derivados del petróleo. Un agregado más: Francia y el Reino Unido en este momento están revisando sus políticas respecto de los transgénicos, pero no lo dice el sector económico, lo dicen el primer ministro inglés y el presidente de Francia, porque claramente el no haber entrado en la discusión transgénica les ha hecho perder una oportunidad económica que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, porque el desarrollo más importante de la biotecnología tiene que ver con la medicina humana. Hoy hay tráqueas artificiales, piel artificial, etcétera, y eso es desarrollo biotecnológico; claramente nosotros estamos signados de aquí para adelante para el desarrollo biotecnológico y es la discusión que tendremos que tener: hasta dónde y qué estamos dispuestos a aceptar. Sr. Salas.- Buenos días. Mi nombre es Eduardo Salas, soy secretario del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Tengo una preocupación, que le planteo de entrada al legislador Heredia, que me parece que es el centro del problema, que es esto de la audiencia o la consulta. De las respuestas de ustedes, infiero varias cosas que quiero ponerlas de manifiesto para ver si entendí bien o no. Creo que lo que ustedes quieren es una participación calificada. Se usó mucho el término de sentimentalismo, de falta de argumentos, etcétera; entonces, no sé quién debiera decir quién está calificado o no. Si tomo por ejemplo –lástima que no están acá- los representantes de la Madera, alguien dijo que el pino –no le adjudico al pino el problema del incendio- era buenísimo. Cuando acá se trató la Ley de Bosques, previamente expuso toda la Cátedra de Hidrología de la Universidad Nacional de Córdoba, explicando cómo el pino era nocivo para sostener el problema del curso de los ríos. En tal sentido, quiero señalar que si a alguien le tengo que creer es a la institución antes mencionada y no a quien dice que tiene un folleto del año 1960 –cuyo nombre no sabe-, porque podría acusarlo de ”sentimentalismo”, al querer hacer su negocio. Usted mismo –no sé su nombre- dijo que el problema de los agrotóxicos solamente le importaba a quien lo usaba, lo cual es falso. Sr. Scully.- Yo no dije eso. Sr. Salas.- O, por lo menos, así lo interpreté. Dijo que sólo a los usuarios de los agrotoxicos les importaba, cuando, en realidad, tenemos medidas de agrotóxicos en sangre en poblaciones vecinas. No entiendo cuál es la base
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para decir que alguien está calificado o no. Me gustaría que expliciten si quieren un planteamiento de tipo calificado y quién daría la calificación. Por ejemplo, nuestro bloque presentó un proyecto de ley planteando la prohibición de Monsanto; elegimos parcialmente dos estudios y con eso llegamos a completar cincuenta páginas de fundamentos acerca de los países en los cuales Monsanto había sido prohibida. En realidad usamos los fundamentos que encontramos como puede usar cualquiera que no sea un profesional en la materia. Entonces un pueblo como Malvinas o cualquier otro busca los fundamentos para sostener su posición. Todas las posiciones surgen de un interés subjetivo: no quiero ser contaminada o quiero tener una buena actividad comercial. Me gustaría que en su planteo se especifique si desean una participación calificada y cómo debería ser la calificación. Quiero hacer una observación al contador que está tan preocupado por los piquetes. Ustedes han hecho uso y abuso de los piquetes en las rutas por el tema de la “125”. Si queremos terminar con la hipocresía no se debe condenar a los piquetes de los que supuestamente están en contra de ustedes. Sr. Presidente (Heredia).- Perdón por la interrupción, entiendo que estás haciendo una apreciación seguramente subjetiva, pero no es ese el motivo de esta reunión. No estamos debatiendo con nuestros invitados sino escuchando sus opiniones; después nosotros debatiremos lo que tengamos que debatir. Les quiero pedir disculpas porque no es el motivo de estas reuniones el debatir sino escuchar opiniones. Nuestros invitados van a pensar que los estamos interpelando. Sr. Scully.- Me quiero responsabilizar por la parte de los piquetes que me toca. Fui activo participante de tales protestas en el año 2008, pero he dicho públicamente que ahora lo considero un error. Considero que constituyó un momento muy particular que permitió que a partir de ahí se rompiera cierto acuerdo y que hoy hace que mi amigo, el contador Martínez, se tenga que quejar de algunas cosas. Probablemente esto sea parte del descalabro institucional, más allá del resultado. Estoy de acuerdo con usted pero no con el recientemente fallecido Laclau. Hay una sola forma de participación, y es la institucional. No creo que haya ninguna otra. De esa manera le estoy dando la respuesta de lo que pienso al respecto. Yo no dije que no hubiera riesgo, sino que dije que hay poblaciones de mayor riesgo. Claramente, la población que manipula y aplica cualquier producto químico, sea en una actividad agropecuaria o en una industrial, es la de riesgo. De hecho, los trabajadores del rubro pintura se murieron de silicosis durante muchos años porque no se tenían los cuidados suficientes respecto del ambiente, en aquel momento. Siempre la población de riesgo es la más expuesta y más cercana al uso de los productos químicos. La única referencia que hice es que aun en esas poblaciones no hay salvo algunos casos que se toman como emblemáticos diciendo “este proviene del uso de tal cosa”- problemas graves de toxicidad en los usuarios y, básicamente, en los aplicadores, aun cuando –como se dijo acá- no se toman
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las precauciones que se debiera -porque realmente no se toman, aun cuando usted haga hincapié para que el operario lo haga. Esa es la realidad. Con respecto a la participación calificada, sé que usted puede encontrar una larga lista de argumentos -que quisiera confrontar con usted- para darle o no validez a lo que dice, porque si usted quiere artículos sobre el glifosato puede encontrar, debe haber un millón, porque debe ser, posiblemente, el producto más estudiado a nivel mundial; hay una reciente recopilación del Gobierno alemán en la que no encuentra ninguna razón –ninguna- para tener prevención respecto del uso del glifosato. Al menos yo, como ingeniero agrónomo, creo tener fundamentos suficientes para afirmar lo que digo. Es probable que usted crea tener los suyos. Sr. Salas.- Por eso, en las Audiencias Públicas tienen que participar todos. Sr. Laguinge.- Con que la gente que participe en la Consulta sea de la efectivamente empadronada en una localidad, está calificando; no me parece mal porque son los lugareños los que tienen derecho opinar sobre ciertas cosas. A esto de creer que la calificación es una cuestión aristocrática, hay que bajarle el tinte. Por otra parte, me sorprende porque para el señor puede calificar la opinión –cuando habla de los pinos- y decir: “hay un montón de científicos que opinan sobre los pinos tal cosa”; y si le preguntamos a los lugareños, el 100 por ciento va a favor. Recién hablaban de agrotóxicos; nosotros les decimos fitosanitarios y la gente común les dice agroquímicos; y no es lo mismo hablar de agrotóxicos que hablar de fitosanitarios. Eso trae toda una carga o connotación negativa sobre un producto. Ninguna madre le dice al hijo: “vení y tomate este veneno”, le dice: “vení y tomate el antibiótico”; ¿y el antibiótico qué es?, es un veneno; o le dice: “vamos al hospital que te van a poner la tuberculosis”, le dice: “vamos al hospital que te van a poner la vacuna”. Esto es de sentido común. Lamentablemente, este proyecto surge a raíz del conflicto de Monsanto, y no es bueno, porque esta ley requiere una gran tranquilidad en los ánimos como para no equivocarse en las connotaciones que se le dan a los temas que están en tratamiento. Sr. Presidente (Heredia).- Gracias. Tiene la palabra el contador Martínez. Sr. Martínez.- Lamento que haya habido tan mala interpretación de mi participación, por lo menos la que usted tuvo. En ningún momento hablé de calificación, hablé de una participación ordenada, y todos tenemos derecho a expresarnos como usted lo ha hecho. Hay un punto que es subjetivo, que depende de la visión de cada uno, por lo que hay que apoyarse en todos los elementos de opinión existentes y, en tal sentido, el científico tiene un valor predominante. No descalifico un piquete y, al mismo tiempo, acepto otro; me parece que, como mecanismo de expresión de opinión, no es conveniente ni conduce a una sociedad con proyección de futuro. No avalo el piquete del campo; usted,
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legislador, me atribuye haber participado del piquete y no soy productor agropecuario; nunca me gustó ese estilo de participación y nunca lo convalidé, ni para uno ni para otro. Creo, sí, que estamos ante la oportunidad de generar una normativa por la cual todos –lamento que usted se haya enceguecido con una palabra mía– tengan derecho a participar, en forma ordenada y orgánica. No califiqué a nadie ni hablé de quién podía y quién no. Para su tranquilidad, legislador –tengo derecho a opinar distinto que usted–, quiero decirle que no me gustan los piquetes como forma de participación; prefiero un ámbito ordenado en el que todos tengan la posibilidad de expresarse. Sr. Presidente (Heredia).- Con relación a un aspecto que mencionó recién el licenciado Laguinge, quiero recordar que estuvo aquí presente el doctor Novillo Corvalán –que fue el fiscal que actuó en el caso de barrio Ituzaingó–, que mencionó que para lograr la aplicación del Código Penal debió hacer una interpretación sobre un fallo que se dio en la Provincia de Buenos Aires con motivo de un accidente naval y, en tal sentido, expresó que el petróleo derramado, una vez que tomó contacto con el medioambiente, se convirtió en un residuo peligroso y, por ende, su volcamiento lo tornaba pasible de la aplicación de la ley penal. Lo mismo interpretó respecto del caso de barrio Ituzaingó, que creo tiene que ver con lo que recién se mencionó aquí. Entonces, la pregunta apunta a dilucidar si ese agroquímico –con su aplicación correcta y formando parte del paquete tecnológico– no es, de por sí, perjudicial para la salud. ¿Qué pasa con sus residuos?, ¿qué sucede cuando, una vez pulverizado, entra en contacto con el medioambiente, es transportado por el viento y luego aspirado por las personas, como puede ser un chico que esté jugando en el patio de su casa? En este caso, obviamente, deja de ser un producto beneficioso para el sistema productivo, para pasar a ser perjudicial para la salud humana, que es el aspecto que en primer lugar debemos defender. En ese sentido, me parece que la legislación debiera ser muy específica en relación con los estándares, que en la norma que estamos tratando son tres: los ambientales, los de residuos por volcamiento y los tecnológicos. Hay quienes sostienen que no es necesario incluir estos últimos porque se puede tener un alto estándar tecnológico que, aunque cumpla con las normativas internacionales, sea perjudicial para la salud. Dicho esto, ¿ustedes consideran que la ley debe ser taxativa en esta materia? Si la Ley de Agroquímicos en la Provincia de Córdoba establece 500 metros para pulverizar por vía terrestre y 1500 metros de radio urbano para hacer una pulverización ¿ustedes creen que –conforme a mi conocimiento, y disculpen mi ignorancia– la ley debe definir estándares que no puedan ser determinados ni modificados por vía de la autoridad de aplicación ni por la reglamentación? En caso que deba definir esos estándares, si es conveniente remitirse a estándares internacionales que hoy se están usando, o prefijar estándares propios. Sr. Scully.- Yo soy ingeniero agrónomo. Con respecto al caso de barrio Ituzaingó quiero hacer varias consideraciones.
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Respecto de lo que usted dice y del Fiscal Novillo Corvalán, él trajo la Ley de Residuos Peligrosos y tomó el caso de un derrame de petróleo para asimilarlo a la aplicación de la Ley de Agroquímicos. Si usted me pide opinión, le diría que tienen poco que ver. Si se derrame un camión de nafta o de gasoil no tiene absolutamente nada que ver con que se asperja agroquímicos en un campo. Estamos hablando de 20 ó 30 mil litros de petróleo –no sé cuántos fueron en el caso específico que se trajo a colación-, y otra cosa es la aplicación de un producto cualquiera, si quiere el glifosato, 3 ó 4 litros por hectárea, del cual el ingrediente activo es 48 por ciento, con lo cual estamos hablando, eventualmente, de 2 litros de activo por hectárea asperjados en 2 mil metros cuadrados, y la relación que eso puede tener con la contaminación. Claramente, sí podría haber un problema de contaminación si usted derrama un camión de agroquímicos en algún lugar. Yendo a mi condición de ingeniero agrónomo, sí quiero precisión de la ley porque, de lo contrario, mañana pueden venir y acusarme de contaminar aún cuando yo cumplo con los estándares que me fija la ley. O sea, respondo a lo que la ley fija, uso productos autorizados, en las cantidades autorizadas, con recetas que los habilitan, controlados con máquinas y profesionales habilitados y me podrán acusar igual. Eso me preocupa, por lo tanto, claro que quiero un estándar, y claro que quiero la más absoluta precisión en la ley. Agrego: la Ley de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba excede los presupuestos de la comunidad económica, y también las de las municipalidades, y, en particular, la de Alta Gracia, que hace lo que quiere. En realidad, lo que falta –y creo que todos lo hemos manifestado- es el ordenamiento territorial. Dígannos dónde, cómo, cuándo, de qué manera, con qué productos y estamos dispuestos a aceptarlo. Lo que necesitamos es el marco jurídico que nos autorice y nos dé proyección en el tiempo. Porque lo otro que pretendo es que me diga que “hoy puedo acá”, pero que mañana o pasado no me diga “ahora no puede”. Y una de las cosas que empieza a ocurrir –y usted puede ir a verificar a Alta Graciaes que ese límite que parece fijo no lo es, porque en esa zona buffer no se constituye un buffer, como sí se constituye en otros países como Canadá, Australia y la misma Europa. En realidad, se constituye una zona periurbana que se convierte en urbana y empieza a correr cada vez más la frontera hacia atrás y es el cuento de nunca acabar. O sea, ordenamos territorialmente, delimitamos cuál será el área urbana, aceptamos cuál va a ser o no el área agrícola o, de lo contrario, siempre estaremos con conflictos. Sr. Paseyro.- Por ejemplo, para el transporte fitosanitario es una norma, para el envase vacío es otra. O sea, es de menor riesgo transportar el producto y es de mayor riesgo transportar el envase porque el envase se considera un residuo tóxico. Por ejemplo, para empezar a articular las cosas, el camión que lleva el producto no podría traer de vuelta el envase para la disposición final. Cuanta mayor claridad y especificidad haya, mayor previsibilidad da a todos los actores. Es decir, especificar la forma de aplicación, el lugar, la dosis, la formulación, las distancias, un registro. Hoy únicamente hay registro de los productos. El SENASA -así como el ANMAT en los medicamentos habilita el uso de los mismos- es el que habilita el uso de los productos. Ahora, además de registrar el producto viene la receta de aplicación del profesional, entonces
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tendríamos que tener un registro de todas las marcas que van a estar haciendo la aplicación -estoy hablando en términos generales, no digo que exista o no exista-, y también un registro de los aplicadores –en lo que también se está trabajando-, o sea, tendríamos que saber quién es quién y quién hace cada una de las cosas, porque lejos de nosotros está justificar la mala praxis, y si la hay le tendrá que caer el peso de la ley y no seremos nosotros quienes lo defendamos, tendrán trabajo los abogados. Pero, para que la norma sea clara la base científica sirve y hoy hay un trabajo a nivel mundial, el de Seralini, que es el que anda dando vueltas, el de las famosas ratas. No quiero polemizar, estoy hablando de cantidad, hay una cantidad equis a favor de la biotecnología, etcétera, y hay un trabajo que es paradigma en este cuestionamiento, que es el del científico Seralini. ¿Qué necesitamos?: tener la mayor claridad en lo que uno tiene que cumplir porque el riesgo, además del monto de las inversiones, no es menor. Entonces, quiero saber si voy a estar sujeto a la ley penal o no, si voy a poder hacer una inversión y la voy a poder recuperar, o voy a hacer una inversión dentro de un marco regulatorio y al mes, al año, o el tiempo que sea, porque se descalifica al que autorizó, yo tengo que llevar una empresa demoledora. Creo que no es insensato ni pasional lo que estoy planteando. Son cosas de sentido común. Agradezco la invitación a esta discusión, creo que hemos sido muy bien tratados y, en verdad, no me tengo que hacer cargo ni defender si participé o no de un piquete, si planteé o no una cuestión, porque estamos en Argentina y cada uno se hará cargo de lo que hizo o de lo que dejó de hacer, porque uno es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. Así que nadie tiene que disculparse ante el presidente…. Sr. Salas.- No, soy secretario de bloque. -Los señores Salas y Pasyro hablan al mismo tiempo fuera de micrófono. Sr. Paseyro.- Secretario de bloque, porque dijo algo como “… y el sector”. Así como Argentina en su mochila tiene los defectos y las virtudes, uno transita con todo, es parte de nuestra historia y, en verdad, me siento orgullosa de su historia; buena o mala es mi historia, la Argentina es el país que quiero, y bueno, cada uno se hará cargo que lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias. Discúlpeme, deme un segundo, porque tiene que ver con lo que mencionábamos recién –a lo mejor estoy equivocado. El artículo 58 de la Ley 9164 dice: “Prohíbese la aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del ejido urbano para los productos 1 A, 1 B y 2…”, luego 500 metros de la planta urbana para las clases toxicológicas 3 y 4. En el artículo 59 dice: “… la aplicación terrestre dentro de un radio de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas para las clases toxicológicas que había prohibido la 1A. A esos datos me refería. Sr. Scully.- Está claro. Inclusive, agrego una cosa más: se usa como argumento que en Europa están prohibidas las aplicaciones aéreas de
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agroquímicos. Están prohibidas en la normativa de la Unión Europea, con excepciones –le sugiero que lea las excepciones–, y tiene tantas excepciones que, en realidad, la permite con restricciones. Son dos formas distintas de escribir una cosa, y se usa –está de hecho en el proyecto de Victoria Donda, de prohibición de las aplicaciones aéreas en todo el territorio nacional– como un fundamento del proyecto cuando, como mínimo, está omitiendo parte de la realidad, las aplicaciones están autorizadas en función de la necesidad, del tamaño del predio, etcétera, y si usted quiere puede averiguar, hay aeroaplicadores argentinos que trabajan en Europa. Sr. Presidente (Heredia).- Esas zonas buffer ¿se podrían utilizar?, ¿o se utilizan con semillas comunes, sin transgénicos y sin aplicaciones de agroquímicos?, ¿o deben quedar libres? Sr. Scully.- En el caso de Alta Gracia se están usando semillas no transgénicas, pero está prohibido el 100 por 100 del uso de productos químicos y biológicos de uso agrícola. Está, también, limitado el uso de productos que en todo el mundo se usan en los cultivos orgánicos. Alta Gracia ha hecho la excepción de todas las excepciones y se fue más allá. Es decir, cuando usted quiere legislar con desconocimiento puede hacerlo. Para que usted tenga conocimiento: un girasol que se haga con media tecnología en el país –y estamos hablando de un cultivo que no es transgénico– tiene un rendimiento promedio de 1.500 ó 1.800 kilogramos por hectárea, a nivel nacional. Averigüe cuánto rindieron, este año, los girasoles alrededor de Alta Gracia, aproximadamente 500 kilogramos, uno de ellos en la Escuela Domingo Padre Viera –que es una escuela agro-técnica– que tiene limitado su accionar por ordenanza municipal. Sr. Argüello Pitt.- El año pasado me tocó forestar un campo que tenía esta problemática, el campo está situado al lado de la Comuna Santa Ana, antes de llegar a Alta Gracia. En ese momento –que fue, justamente, posterior al problema de Ituzaingó– el jefe comunal dispuso una franja buffer de 70 metros –no se sabe por qué fue de 70 y no fue de 100 ó 150 metros– y la hicimos de esa medida, y acacia blanca para hacer postes; a lo dos meses me llama el productor y me dice: “che, me acaban de cambiar la franja buffer a 150 metros”. Da la impresión que cada jefe comunal o cada municipio hace de esta ley lo que quiere desde el desconocimiento total. Aparte, alrededor de eso también surgen negocios, le querían cobrar un monto fijo por hectárea, por aplicación, y se lo cobran. Sr. Presidente (Heredia).- Es decir, ya no importa la contaminación, no importa que contamine mientras pague por aplicarlo. Sr. Argüello Pitt.- ¡Claro! Todo eso va confundiendo totalmente a la sociedad que está viviendo en esa comunidad. ¿Qué mensaje se le está dando a la sociedad? Entonces, ahí vemos que no solamente el periodismo es quien desinforma sino que son los organismos públicos quienes también están propiciando esta situación.
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Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni. Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente. Soy Amalia Vagni, legisladora por la Unión Cívica Radical, y quiero contestarle al ingeniero Scully, para que no se saque de contexto, y hacer la aclaración de por qué el municipio de Alta Gracia fijó los 1500 metros. Como usted bien mencionó, la escuela Padre Domingo Viera está enfrente, no es que la traza urbana y el barrio avanzaron sobre un terreno que era del agro; son dos barrios –y usted conoce bien porque es de la zona-, La Perla y Villa Oviedo, de los más viejos de la ciudad de Alta Gracia, o sea que mal podríamos argumentar que la ciudad avanzó sobre el campo y por eso fijó esto. Sr. Scully (fuera de micrófono).- No dije eso. Dije que la escuela había quedado incluida, pero no dije que habían avanzado en los barrios. Sr. Vagni.- Bien. Se fijó precisamente por eso y el Municipio tiene autonomía para hacerlo. Sr. Scully (fuera de micrófono).- ¿Usted fue a Europa alguna vez? Sra. Vagni.- Sí. Sr. Scully (fuera de micrófono).- ¿Sabe hasta dónde llegan las aplicaciones de productos químicos en Europa respecto de las ciudades? Sra. Vagni.- Desconozco, pero a veces tomamos como referente a Europa en algunas cuestiones ambientales y tenemos que aprender que Europa no tiene un solo río donde se pueda meter la uña del pie como nosotros lo hacemos en los ríos de Córdoba. Sr. Scully (fuera de micrófono).- No se podía hace treinta años; ha recuperado varios, entre ellos el Rhin y el Támesis en Inglaterra. Sra. Vagni.- A lo que voy es que el municipio de Alta Gracia tiene la potestad para avanzar y plantear más y no menos de lo que dice la ley provincial. Sr. Scully.- No tengo ninguna duda, lo único que pido son precisiones. El Municipio podrá plantear tres mil, cinco mil, diez mil, lo que quiera, pero queremos alguna precisión, y también alguna precisión respecto del tiempo, porque no puede ser móvil, de manera que el que está del otro lado tenga la previsibilidad para saber dónde, cómo y por cuánto tiempo puede trabajar. Sra. Vagni.- De acuerdo. El otro tema es a modo informativo para la Cámara de la Madera; quiero que sepan que el bloque de la Unión Cívica Radical presentó dos proyectos, uno de ley de forestación contra vientos y el otro es una ley de bosques de arquetipos mínimos; además, esta semana estamos presentando uno sobre la ley que plantearon ustedes respecto de los planes forestales para el manejo del fuego. Nada más, señor presidente, gracias.
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Sr. Presidente (Heredia).- Ingeniero Paseyro, usted mencionó que para la evaluación del proyecto la participación debe estar, justamente, en la etapa de evaluación. ¿Entendí bien? Sr. Paseyro.- Así interpreto lo que dice el proyecto. Sr. Presidente (Heredia).- ¿Está de acuerdo en que tiene que formar parte de la evaluación? Sr. Paseyro.- Desde mi punto de vista, tiene coherencia; lo que estoy planteando son los plazos de consulta, o sea, si va a ser en la etapa de análisis del proyecto, cuando se presenta el estudio de impacto ambiental o al momento de la instalación; es decir, dónde va a estar la decisión de avanzar o no con tal o cual proyecto. Sr. Presidente (Heredia).- Mencionó el tema de las actividades que ya están y que, obviamente, han generado pasivos ambientales y planteó que hay que hacer un inventario de ellos. ¿A qué se refería con esto?, ¿a la necesidad de hacer un censo que determine las actividades que actualmente estén generando algún tipo de impacto sobre el ambiente? Porque -y usted también lo mencionó- no hay ninguna actividad que actúe sobre el ambiente que no genere algún tipo de impacto, por lo tanto, pretender un mundo absolutamente libre de residuos es imposible; toda actividad humana genera un impacto. Especificando el tema, nosotros tenemos dos ópticas: la de los proyectos por hacerse, que deben cumplir una serie de requisitos, donde está incluida la participación ciudadana; y después está todo el grueso, lo más grande, que es lo que existe, las actividades que existen y que, obviamente, generan pasivos ambientales, donde usted sugería que ellos debían hacer un inventario de los mismos, ¿a qué se refería concretamente? Sr. Paseyro.- Mi comentario viene a que llevamos tres horas hablando solamente de este sector, que tiene su relevancia, pero también está el sector de la construcción, el industrial, de energía nuclear, fábrica de armamentos, todo lo que tiene la Provincia de Córdoba. Entonces digo, si todo eso se va a sintetizar en 36 artículos, me parece que es altamente complejo porque así como a nosotros, me imagino que cuando viene otra actividad pedirá el mismo nivel de detalle. Entonces ¿qué detalle va a tener la ley? Ahí viene un poco la preocupación. Con respecto a este inventario, lo pido para disipar las dudas de lo que genera una actividad, por ejemplo, podríamos tomar las comunidades donde estamos nosotros, una cantidad determinada de ciudadanos y hacer una evaluación análisis de sangre, placas o cualquier estudio para lograr hacer un protocolo, y que sea un tercero independiente el que haga esa evaluación para realmente saber, con respecto a esa actividad, qué impacto ambiental está generado, al día de hoy, que ya está instalada. También serviría para fijar estándares al nuevo ordenamiento territorial. No sé cual es el plazo de vida promedio que tienen estas leyes actuales pero supongo que será para los próximos 10 ó 15 años.
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Sra. Vagni.- La actual Ley de Ambiente tiene 30 años. Sr. Paseyro.- La Ley de Semillas tiene 40 años, la Constitución es del ’94, el sexo se modificó hace muy poco, o sea, hay cosas que parece que están escritas sobre piedras y otras sobre tinta lavable. Me parece que hay cosas que son más trascendentes y se pueden modificar y otras no. Vuelvo, esta ley va a tener una vida equis y en esa vida, la Provincia tendrá que ir reubicando lo preexistente. Entonces, tener la información de lo que generó lo preexistente sirve para el ordenamiento estratégico futuro. No tengo claro cuáles son los estudios, tengo ejemplos de otras actividades que se han hecho y podrían replicarse en cada una de las actividades que representamos. Pero sin haber escuchado al resto de los actores me imagino que debe haber sido tan o más extenso que lo nuestro. Vuelvo a la industria automotriz, con todo lo que tiene: siderurgia, electricidad, pintura, residuos de pintura, técnica, etcétera. Sr. Scully.- Desde que estamos acá no se hizo ninguna mención a la contaminación del aire, que es la principal contaminación ambiental actual y con la mayor carga de enfermedades sobre las personas. Fíjese que cuando hablamos de calificar, claro que hablamos de calificar y no hablo de descalificar sino que verdaderamente se haga un análisis exhaustivo y técnico de lo que se está hablando para que sepamos de qué hablamos. Sr. Presidente (Heredia).- Quiero decirles que hemos focalizado el diálogo en los aspectos de los cuales ustedes tienen sobrados conocimiento y trabajo porque por aquí han pasado prácticamente todos los sectores, y los señores legisladores han sido muy exhaustivos y puntuales en cuanto a las preguntas para esclarecernos. Por aquí pasaron todas las universidades públicas y privadas de la Provincia de Córdoba, la Academia Nacional de Ciencias, las cuatro organizaciones del campo, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, los desarrollistas inmobiliarios, las asambleas ciudadanas, los colegios profesionales, etcétera, donde hemos tratado de propiciar la más amplia participación e intentar “sacarles el jugo”- perdonen la expresión- sobre aquellos de lo que más saben. No es que carguemos en estas circunstancias las tintas sobre esto, todo lo contrario; y además ustedes comprenderán que dada la particularidad de las representaciones que ustedes tienen, es como que vienen a ser “la frutilla de la torta” de todo este debate, ya que se trae a la mesa el tema de los bosques no sólo en cuanto a la forestación sino también de la deforestación, y ni hablar de la urbana, algo muy impactante de la que poco se habla y que tiene un importante efecto en la calidad de vida de la gente, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos de la Provincia de Córdoba. También se trae a debate el tema de las semillas y los granos, con todo lo que hace a la interpretación, el análisis, la formación. Entendí que cuando usted hablaba de calificación se estaba refiriendo a información, y eso es cierto. Es muy difícil que alguien pueda participar de una Audiencia Pública en la que se hable de los transgénicos sin tener información sobre los avances en biotecnología, sus orígenes, etcétera, e incluso información sobre lo ocurrido con anterioridad y que la propia evolución del desarrollo tecnológico y el conocimiento científico han permitido resolver. Por
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ejemplo, muchos hablan del famoso tema del glifosato, pero nadie habla de la cuestión más importante como es el surfactante que permite que el glifosato entre en la planta, secreto de las empresas. Fíjense que el glifosato por sí solo –deben saberlo- no produce nada, pero sí con el aditivo y las demás herramientas que se usan para el cultivo. Muchos de nosotros hemos podido escuchar y hacernos de esta información, por lo que creo que el tema de la participación debe ser absolutamente libre. Para eso cada pueblo de la Provincia de Córdoba, los cordobeses en general, deben decidir cómo quieren vivir, qué quieren tener al lado o en frente de su casa, de qué quieren alimentarse. Es un derecho inalienable, como también lo tiene el que quiere producir y trabajar. Ahora, si un pueblo decide que no quiere determinadas actividades debe saber que no sólo decide sobre el presente sino sobre el futuro de su propia subsistencia, si se quiere. Le podemos decir no a algo, pero nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias que pueda traer para otro tipo de cosas. Cuando la gente vaya a decidir con su participación, debe saber que lo hace sobre un tema específico pero que traerá consecuencias que deberá sopesar a la hora de determinar el futuro. Este análisis lo hago para que quede claro que no es hacer una segregación el hablar de calificación de personas de primero, segundo o tercer nivel. La calificación es solamente a los efectos de dejar claro que hablará sobre tal tema el que sabe de eso o al menos cuenta con información, porque si no vamos a hacer una Audiencia pública para un proyecto, en la que todo el mundo tiene el derecho a participar pero ahora, hay aportes que si no tienen la debida información previa, es muy difícil que sean útiles. Por eso insisto en que estamos tratando de “sacarles el jugo” en base a sus conocimientos. Sr. Scully.- Para su tranquilidad, a partir de este año vamos a tener un glifosato sin Poea, que es el surfactante que a usted lo preocupa. Además, si usted quiere, luego le digo cuántos sectores agropecuarios hay en la masita que usted se come y le agrego que también hay soja transgénica, para que se quede tranquilo. (Risas). Sr. Martínez.- Yo tengo derecho a opinar si al frente de mi casa se va a instalar una fábrica o una industria que puede afectar el medio ambiente. Ahora bien, cuando una fábrica está instalada, antes de ir yo a hacer mi casa debajo de esa fábrica, tengo que prever que esa fábrica está. No puedo permitir que se vayan a instalar allí, como tampoco puedo permitir que, una vez instalada, afecte los intereses de quien previamente estaba desarrollando su actividad. Entonces, creo que se tiene que involucrar la Municipalidad en cómo administra el desarrollo urbano. Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el legislador Clavijo. Sr. Clavijo.- No voy a hacer una pregunta y reitero lo que ya he dicho: cuando empezamos esta ronda de consultas, los legisladores acordamos en que no íbamos a expresar lo que pensábamos porque veníamos a escucharlos a ustedes y no a discutir entre nosotros. Sin embargo, a raíz de que en reiteradas
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oportunidades se ha hecho hincapié en el tema de opiniones a partir de conocimientos, uno no quiere pasar como que no los tiene. Todos tenemos una posición tomada; algunos lo expresan de una manera, otros de otra, otros no la expresarán, pero estos son abordajes multidisciplinarios donde cada uno defiende sus intereses, lo que es correcto. Incluso, los legisladores no venimos a imponer lo que cada uno piensa, sino que tratamos de ver en qué podemos acordar y en qué no. La vida en sociedad es así. Personalmente creo que los límites a la producción y los límites al desarrollo tienen que ser la salud. Esos son los límites y esas cosas son medibles y son estándares que se deberían incorporar a una legislación ambiental. Desconozco si lo vamos a hacer acá o no, pero una legislación ambiental debería tener estándares a nivel de salud. La salud es un ambiente sano, es el acceso a agua segura y no es simplemente si tengo o no fiebre. Aclaro esto porque se han manifestado muchas cosas aquí. También sabemos que el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico van por delante de las legislaciones. Lo vemos en Córdoba porque en muchos fallos la Justicia va por delante de las legislaciones, incluso hay fallos de la Justicia que en algún momento se reflejarán en leyes, de lo contrario, vamos a continuar con el tema de que se termina yendo a la Justicia por temas que no están claros en las leyes. También es cierto que no es nuevo que los países desarrollados producen con industrias limpias y viven de lo que los países subdesarrollados producimos con industrias sucias, en todos los aspectos, con ausencia de controles y con ausencia del Estado. Por ello es que los “alertas” que hay a nivel social no son ideológicos; creo que son una ínfima minoría, que son la militancia de partidos políticos ideologizados. El resto es gente que padece cosas que no sabe cómo explicar, pero que tiene sarpullidos en la piel, que tiene enfermedades en las vías respiratorias y que se pone a ver qué pasa porque cuando no vivía ahí no le pasaba, y ahora sí. Entonces, es la presencia del Estado la que pone límites a esas situaciones y que muchas veces va en contra de intereses de un productor en particular o de un empresario en particular o de una fábrica de automotores. Pero es así, la salud tiene que estar por encima de todo eso. Es cierto que la ausencia de los Municipios permite habilitar zonas residenciales donde no debería generar estas cosas, pero entre la salud y la fábrica, convengamos que está la salud; de lo contrario, estamos complicados. Si creemos que solamente el interés particular, la rentabilidad es lo que pesa en una sociedad, no lo dicen, pero quiero aclarar lo que pienso, el límite de estas cosas debe ser la salud y debe haber parámetros dentro de las leyes ambientales que tengan que ver con la salud porque si no estamos discutiendo en el aire; yo digo cosas que pienso, hay distintas especialidades, cada uno sabe en la suya, pero a veces opinamos de cosas que leyó o escuchó, está la realidad de la gente, hay personas que se ven afectadas en su salud, no solamente el aplicador o la persona que manipula el agroquímico. El Instituto Ricardo Núñez del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba tuvo un año y medio de capacitación a todos los fiscales de la Provincia, los reunía una vez al mes, todos los viernes, con carga horaria, es decir, con obligación de asistencia para estudiar y ponerse al tanto de toda la legislación ambiental y de todas las causas que le estaban llegando a ellos que no tenían
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un reflejo en la ley. En unas de esas jornadas, fue una jornada campo, en un predio que tiene la Universidad Católica –yo pedí autorización para asistir y me la dieron- donde se demostraba este tema de cómo se manipula el agroquímico. Se iba a hacer una prueba con mosquitos en un campo para que se pudiera observar y se suspendió porque esa mañana se levantó viento y la persona encargada dijo: “estamos trabajando con una sustancia tóxica, como hay viento, la prueba no se va a hacer porque esto vuela y va a otros lados”. Ahora, ¿eso es así en todos lados, cuando hay viento eso se suspende?, las autoridades y funcionarios que tienen que estar controlando ¿están ahí? Es un combo de cosas, cuando la gente dice algo, no las dice porque si. Hemos estado con representantes de una planta, Porta, que produce alcohol y empezó a tener problemas cuando empezó a producir bioetanol con maíz porque empezó a acopiar maíz, a manipularlo y la producción de maíz y los gases que salen están provocando problemas en la zona. Fui al expediente municipal y el estudio de impacto ambiental que hace la propia empresa dice que en los sectores colindantes puede provocar determinadas cosas en la gente y es lo que está sucediendo, pero lo dijo la propia empresa, ¿cómo resolvemos eso? ¿La Municipalidad no debería haber permitido la cercanía? o ¿la empresa vino y se instaló a dónde no debería haberlo hecho? El conflicto está, pero entre eso y la salud de la gente tiene que primar esto último. -El señor Scully habla fuera de micrófono. Sr. Clavijo.- Lo leí en aquella época, porque yo trabajo en EPEC . -El señor Scully habla fuera de micrófono. Sr. Clavijo.- Los niveles de cánceres eran mayores ahí. -El señor Scully habla fuera de micrófono. Sr. Clavijo.- Pero si ese fue el motivo por el cual están en juicio los productores. Sr. Scully.- Esa fue la Ley de Residuos Peligrosos. El fiscal tuvo que recurrir a un ardid legal para lograr imputar porque no pudo encontrar las aplicaciones y los casos de afecciones sanitarias. Sr. Clavijo.- Ese es el juicio que viene ahora. Son dos juicios. Sr. Scully.- Hasta ahora, lo que hay en el expediente … Sr. Clavijo.- El juicio que pasó es por la utilización de sustancias prohibidas. Sr. Scully.- Eso está acreditado y es cierto. Sr. Clavijo.- El juicio que viene ahora es por lo que le pasó a la gente, no está terminado, no quiere decir que la gente tenga razón. Sr. Paseyro.- Para sintetizar el concepto: es la ley, el decreto, el fallo y la jurisprudencia, es todo el marco regulatorio. A veces se piensa que con la ley
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y el decreto termina y no es así, habría que involucrar a fiscales y a jueces sobre la problemática y que tengan opinión formada con base científica para tener fallos como el caso de Ituzaingó. Sr. Presidente (Heredia).- Todos los agroquímicos tienen especificaciones técnicas para su aplicación, es como la prescripción de un médico sobre un medicamento, pero no debe ser aplicado en determinadas condiciones. Sr. Asesor.- Soy asesor del bloque radical. Escuché varias veces que hacen referencia a las reglas claras que pretenden los productores, pero nos vamos a enfrentar a un problema que a primera vista no tiene solución, todas las poblaciones crecen y esto implica que el límite de los 500 metros y de los 1500 se van a ir desplazando. La gente que tiene campos en los 500 metros, en función de lo que dice usted, que las reglas que plantea cada municipio le limitan el rinde a esos metros en la producción, entonces, terminan urbanizándolo, ya que me conviene más venderlo que seguir produciendo. Por lo tanto, eso implica un crecimiento de la población y un desplazamiento de los 500 y de los 1.500 metros. Córdoba tiene que definir –lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo- los radios municipales. Hay que hacer un ordenamiento urbano. Yo estoy en la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales y les comento que los radios no llegan, creo que ese es un paso previo para solucionar este que es un conflicto permanente, que no va a tener solución porque el negocio y la salud a veces chocan en una línea prácticamente invisible. Sería muy difícil convencer a los intendentes, pero les es más fácil poner un caño más grueso y más corto y que la gente viva hacia arriba que poner un caño más largo, cables y demás, para irse 10 ó 15 cuadras más lejos del centro. Esto es una discusión que la tiene que generar, me imagino que la Legislatura y los intendentes. Nosotros tenemos un severo problema que parte de nuestra propia Constitución, que es la posibilidad que tiene el municipio de definir, en forma individual, todo lo que suceda dentro de sí mismo, sus propias atribuciones; entonces, siempre vamos a tener el conflicto que en Alta Gracia fue más, que en otro fue menos, esto va a seguir existiendo. Ese es un problema que alguien tiene que proponerle una solución, si ustedes me preguntan no sé cuál es, no creo que nadie esté en este momento en condiciones de decir “esta es la solución para este problema de límite” y de que el límite se vaya acortando cada vez más. La ampliación de ese límite no solamente va a ser problema del productor sino un problema social, cada vez vamos a tener menos campo para sembrar. Entonces, esa es una discusión que no sé en qué momento se va a hacer, pero antes de implementar esta ley tienen que estar previamente definidos todos los radios municipales. Sr. Martínez.- Usted va a la zona de puertos y quiere construir un nuevo puerto tiene que dejar un espacio de 2.000 metros fuera de la población urbana. Si quiere ampliar la población urbana, el que lo haga, tendrá que dejar una barrera antes de hacer un emprendimiento industrial, es decir, no se puede ir hasta el alambrado, donde está la industria instalada, tendrás que dejar una barrera de 200 metros antes de llegar a los emprendimientos industriales. Es
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decir, no podes ir hasta el alambrado de donde está la industria instalada, se tendrá que dejar una barrera de 200 metros, a costo suyo, por eso ese lote vale más, porque si está pegado al pueblo y se hará un barrio interesante y demás, eso tiene un costo que es elevado, por eso deja de producir y hace un loteo. Dentro del costo tienen que prever que tienen que dejar una barrera sin edificar, una barrera verde, con todas las normativas o especificaciones que impidan el impacto de esa industria, que está establecida desde antes. Por otra parte, la industria tiene que adecuarse e ir actualizándose a todas las normativas que hagan a la seguridad ambiental; no estoy diciendo a la industria “quédate tranquila, nunca más metás un mango”. No, tiene la obligación, pero no es lo mismo trasladarse que ir adecuando la industria a las nuevas exigencias medioambientales. Tampoco es razonable permitir que la población urbana avance hasta ese mismo punto porque me estoy comprando un problema hacia el futuro. Sr. Salas.- Una consulta, porque ustedes son especialistas en el tema. Una planta de biocombustible, ¿puede estar en el centro de un barrio o una ciudad con población? Sr. Scully.- Una planta química, ¿puede estar en medio de una población? Sr. Salas.- Lo mismo, puede ser lo mismo; le pregunto de biocombustible porque acá se citó el caso de Porta. Sr. Scully.- BAF, una planta química que tiene veinte mil operarios, cerca de Munich, está en el medio de una ciudad. Eso es una respuesta. La respuesta es qué hace el gobierno para que esa planta no contamine. Hemos dado vueltas a veinticinco mil puntos cuando, en realidad, estamos discutiendo cuál es la potestad del Estado y hasta donde llegar para limitar las actividades y obligar a los actores a que cumplan con las leyes. Sr. Salas.- Me refiero a si no tiene una potencialidad peligrosa por el tipo de producción y todo lo demás, por más controles que se hagan. Sr. Martínez.- En el mes de septiembre tuve la oportunidad de visitar Bayer, en Alemania, está en el medio de la ciudad; es una ciudad dentro de la ciudad, pero cumple con normas de seguridad que controlan toda la actividad, y eso es posible, y la industria tiene que invertir en eso, no es que estemos diciendo “relájense, produzcan como quieran, hagan lo que económicamente más les convenga”. No, tienen obligaciones sociales que resolver, y para eso tienen que invertir en forma sistemática, porque esto avanza y las cosas van cambiando y aparecen nuevas normas de seguridad; para eso son las certificaciones, que si tengo certificación de Normas ISO 14001 tengo normas cumplidas y están bien verificadas. Sr. Paseyro.- Un dato, nada más, y vuelvo a lo que conozco, que es la vida de las semillas y la ley, que tiene cuarenta años. Antes, la semilla se hacía: cosechaba grano, zaranda, más o menos tiene germinación, ahí está la semilla. Hoy poner una variedad comercial a disponibilidad del productor para que tenga mejor rinde potencial; lleva no
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menos de diez años y, depende de quien lo haga, no menos de 100 millones de dólares, poner una variedad comercial de punta. Eso está ligado a esto: todos los estándares cambiaron y hay que ir adecuándose. Digo desde un lugar de culpa que fueron las condiciones habitacionales del sector semillero -hace dos años y medio, casi tres años, que teníamos anestesiadas un poco la vista y las costumbres-, los usos y costumbres los que nos llevaron a convalidar cosas que no estaban bien; las citó el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Salud, y hubo que hacer toda una normativa y adecuarla al Siglo XXI. Sr. Presidente (Heredia).- Muy agradecido por la presencia. Realmente, ha sido constructivo y esclarecedor. Seguramente, los vamos a estar molestando cuando los legisladores tengamos que trabajar en el anteproyecto –por llamarlo de alguna maneradefinitivo. Asimismo, agradezco la presencia a los señores legisladores. Sr. Scully.- Muchísimas gracias por permitirnos participar. -Es la hora 14.36. Dra. Silvana Sabatini Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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