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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS ECOLÓGICOS, de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y

de INDUSTRIA y MINERÍA

Córdoba, 11 de abril de 2014 –En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de abril de 2014, siendo la hora 10 y 42:

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Sr. Presidente (Heredia).- Buenos días.

Damos comienzo a la reunión, en el día de la fecha, de la Comisión de Asuntos Ecológicos –que tiene por objeto el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo relativo a la política ambiental de la Provincia de Córdoba–, conjuntamente con las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, presidida por la legisladora Matar; de Asuntos Instituciones, Municipales y Comunales, presidida por el legislador Monier, y de Industria, presidida por la legisladora Lizzul.

Se encuentran presentes los representantes de los bloques mayoritarios de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, como el legislador Clavijo, por el bloque de Frente Cívico; las legisladoras Vagni y Del Boca, por el bloque de Unión Cívica Radical; la legisladora Frencia, por el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y el legislador Birri, por el bloque unipersonal Partido Socialista. Seguramente, luego se sumarán más legisladores, como sucedió en las reuniones anteriores.

A fin del tratamiento del proyecto de referencia, hemos cursado invitaciones y propiciado la participación de todos los sectores vinculados, directa o indirectamente, con la problemática ambiental en la Provincia de Córdoba. Vamos a continuar con esta tarea, puesto que nuestra idea es que este proyecto de ley esté sometido a la consideración previa de aquellos sectores que tienen una opinión formada sobre la cuestión ambiental en Córdoba, y seguramente los invitaremos nuevamente a efectos de alcanzar el consenso necesario para la elaboración de un proyecto definitivo, por lo que esta no será la última vez que nos veamos.

Como metodología de trabajo, harán su exposición sobre el tema en análisis todos quienes han sido invitados a tal fin y, luego, los señores legisladores intercambiarán preguntas y harán las aclaraciones respectivas. El uso de la palabra es irrestricto –siempre, por supuesto, sobre el tema objeto de tratamiento–, ya que estamos aquí para escuchar las críticas y aportes que quieran hacer sobre el particular.

Yo soy el ingeniero Dante Heredia, presidente de la Comisión de Ambiente y Asuntos Ecológicos de la Legislatura.

En el día de hoy contamos con la presencia de representantes de distintas instituciones: Matías Marizza, por la Organización Malvinas por la Vida; Agustín Filippi, de FUNDEPS –Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables-; Carlos Guillot y Lucía Castellanos, que representan a vecinos de Chavascate –de la zona Agua de Oro, El Manzano, etcétera-; Silvia Cruz y Mirta Caón, de Barrio San Antonio –vecinos autoconvocados-; Armando Brizuela, vecino de Barrio Inaudi; Mónica Andrada, en representación de los vecinos de Malvinas Argentinas; Lorenzo Salvador Cejas Pincén y Mateo Martínez, en representación de la Organización Nación Mapuche; el doctor Juan Carlos Ferrero y la doctora Marcela Fernández, en representación de la Asociación de Amigos del Río San Antonio; Elías Tulián, de Comunidades Indígenas; Medardo Ávila Vázquez, de Red de Médicos de Pueblos Fumigados, de la Universidad Nacional de Córdoba; Cristina Arnulphi, de Casa Córdoba Asamblea Socioambiental; el doctor Darío Ávila, también de Red de Médicos de Pueblos Fumigados; Juan Nicastro, de la Organización Villa Giardino Despierta; y Noelia Agüero, de Juárez Celman sin Basura.

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Vamos a darles la palabra tratando de unificar el tiempo de exposición sobre las distintas problemáticas a los que vienen por las mismas organizaciones.

Quiero decirles que, además de la iniciativa que hemos tenido, de invitar a distintos sectores, los señores legisladores de las distintas bancadas han sugerido invitaciones particulares, a lo que se debe la presencia de muchos de ustedes aquí.

Vamos a comenzar con el señor Matías Marizza.

Sr. Marizza.- Buen día.

Sr. Presidente (Heredia).- Buen día.

Primero, quiero hacerles una aclaración porque, nobleza obliga, ustedes tienen que saber cómo es la metodología de trabajo. Esto no es una Audiencia Pública sino que es una reunión de trabajo en la cual los señores legisladores, en representación del Cuerpo completo, escuchan lo que el pueblo tiene que decir sobre este proyecto de ley. Por eso, a diferencia de las audiencias públicas, donde –como su carácter lo indica- cualquier ciudadano puede opinar sobre el tema en cuestión, en este caso, como es un trabajo interno de comisiones, opinan aquellos que han sido invitados a pedido de los legisladores.

Les menciono esto porque he recibido muchísimos llamados de personas que quieren participar. Recién me detuvieron en la calle para preguntarme si podían entrar a hablar; les contesté que pueden escuchar, pero si no están en la lista de oradores o han sido previamente invitados es muy difícil que puedan hablar, porque no se trata de una Audiencia Pública sino de una reunión de trabajo; por eso, después de la exposición de ustedes, nosotros les damos la impronta del intercambio de opinión, porque queremos esclarecernos para trabajar sobre un proyecto de ley concreto.

Comenzamos con el señor Matías Marizza.

Sr. Marizza.- Buenos días.

Voy a hacer una primera aclaración, que la doy por entendida, pero no está de más reiterarla. No hablo en nombre mío sino que lo hago en representación de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida. He venido con Gastón, Franco y Celina –que están acá atrás- que también, probablemente querrán decir algo.

Queremos manifestar tres cosas, no tanto sobre cuestiones técnicas de la ley porque creemos que muchas personas se han manifestado ampliamente, y, por lo que hemos leído, lo han hecho en contra del proyecto.

Quisiéramos hablar desde el lugar que nos toca a nosotros, que es desde la participación que tienen determinados vecinos que son los que se preocupan por este tema en particular. Hablar también sobre el contexto en el que aparece este proyecto de ley, para después hablar sobre el lugar en el que nosotros nos vemos dentro de este proyecto.

Mientras escribíamos algo para dejarles, lo primero que se nos vino a la cabeza y estuvimos hablando con compañeros de otras organizaciones, es que esta es una “ley Monsanto”. Es una ley hecha a medida de Monsanto para garantizar la instalación de la empresa y ahí, en principio, es donde nos toca fuertemente porque Monsanto se quiso instalar en nuestra ciudad y no pudo

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entendemos que fue gracias a la lucha que llevamos adelante. Pero cuando uno se detiene a leer la ley, sin ser especialistas en Derecho ni mucho menos -somos vecinos estudiantes, yo soy maestro, Celina es Técnica en Comercio Exterior o sea, no somos especialistas- entendemos que, si bien es una ley que está hecha a medida de Monsanto también está hecha a medida de otras empresas y emprendimientos. El punto común de esos emprendimientos como el inmobiliario, o empresas como Porta, o Cor.Me.Cor es que no son empresas saludables para el medio ambiente, para los recursos naturales, no son beneficiosas para la salud de los pueblos y tenemos la certeza de que tampoco son beneficiosas para la economía de la Provincia.

Lo primero que vemos es que son empresas que mienten un montón.

Hemos podido probar que Monsanto miente todo el tiempo, en nuestro caso.

Monsanto promete 800 puestos de trabajo y en Malvinas dice que, en realidad, son 30; promete cuidar el ambiente y presenta un informe de impacto ambiental que es rechazado por la Provincia y estamos hablando de una empresa que, supuestamente, es modelo en el mundo. Monsanto llega a Malvinas con la promesa de no hacer lo que hace en el resto del mundo y sabemos que esta empresa ha sido expulsada y no puede comercializar en muchos países; que la Unión Europea ha retirado pedidos de permisos para poder comercializar algunos productos. Monsanto llega con esa promesa a Malvinas y, de repente, no cumple, no puede demostrar que no va a contaminar o que ello será controlado.

Tenemos un contexto en el que en el mes de enero la Justicia provincial les dice a la Municipalidad y a la Provincia: “Los permisos que se han otorgado son inconstitucionales”. Hay una sentencia de una Cámara Laboral que le dice al Municipio: “Están haciendo mal las cosas”, además, le suspende los permisos. En el mes de febrero, la Provincia le rechaza a Monsanto el informe de impacto ambiental.

Entonces, la Justicia dice que es inconstitucional, la Provincia rechaza el informe de impacto ambiental, las universidades se manifiestan en contra, de hecho, las universidades estuvieron acá. Por lo tanto, el sentido común dice que Monsanto se tiene que ir de Malvinas y la respuesta de la Provincia es una nueva ley que viene con una promesa de que el conflicto social se va a saldar.

Lo que ha pasado desde enero hasta aquí es que el conflicto se ha dilatado un montón, no se termina de resolver, siempre hay nuevos pasos para cumplir, siempre nuevas cosas para esperar y lo único que eso ha logrado es que el conflicto no sólo que no decaiga sino que se siga profundizando, que siga aumentando el malestar y que se ahonden las diferencias y divisiones en la ciudad y en otros ambientes. Entonces, entendemos que esta ley viene con una promesa de saldar un conflicto y que, lejos de hacerlo, lo está agudizando mucho más, por lo que causa en Malvinas y por todo el rechazo que ha tenido y que ustedes han tenido oportunidad de escuchar aquí. Esto como primer punto para hacer una introducción.

Después, tenemos otras cuestiones de las que queremos hablar y quien se va a referir a ello es Gastón.

Sr. Vecino de Malvinas.- Siguiendo en la línea que venía marcando Matías, en el sentido de que entendemos que dicha ley tampoco no nos garantiza que no esté hecha a medida de Monsanto, si bien una parte de la ley habla de ordenamiento territorial –ya nos vamos a explayar sobre eso– hay que tener en

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cuenta que en las autorizaciones que se otorgaron a la empresa se violó la Ley de Uso del Suelo, la 9841 y la respectiva adhesión de la ordenanza en la cual la Municipalidad de Malvinas Argentinas adhirió a la Ley provincial de Uso del Suelo. En ese sentido, creemos que se busca legalizar las irregularidades que se cometieron en los actos administrativos anteriores en los cuales se otorgaron los permisos a la empresa.

Entrando en el tema de la ley, nosotros venimos, más que nada, a hablara, de la participación ciudadana, que es lo que nos compete como organización y agrupación de vecinos que nos organizamos por este caso en particular. Algo que no está muy claro es la redacción del artículo 9º, en el que observamos que hay una incompatibilidad con la Ley General de Ambiente, ya que dice que va a haber participación ciudadana solo en los casos que corresponda, previa resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental, siendo que la Ley General de Ambiente establece que siempre debe haber participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, la Ley nacional dice que si hay Evaluación de Impacto Ambiental tiene que haber participación ciudadana, y aquí el artículo 9º de esta ley habla solamente de los “casos que corresponda” y no quiero entrar tanto en decretos reglamentarios anteriores que establecían cuáles iban a ser las actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental.

Entonces, básicamente, en el artículo 9º encontramos esa incompatibilidad, por lo que creemos que debe remarcarse que mientras exista Evaluación de Impacto Ambiental debe estar asegurada la participación ciudadana.

Siguiendo en la línea de la participación ciudadana, nos preocupa la transparencia y la implementación de la consulta.

Si bien habla de Consulta Popular, no establece cuándo va a ser Audiencia Pública y/o Consulta Popular, lo deja a criterio discrecional de la autoridad de aplicación, y no es transparente la ley en ese sentido, como hay otras leyes provinciales que sí lo establecen. Entonces, ya que queda a criterio discrecional de la autoridad de aplicación, si es Audiencia Pública o Consulta Popular, no se ofrece a la ciudadanía una herramienta que garantice la obligatoriedad de la Consulta Popular. En ese sentido vemos que hay otras leyes que ofrecen, por ejemplo, la presentación de una nómina de firmantes para revocar el mandato de funcionarios y, en este caso, no se ofrece algo que garantice la obligatoriedad de una Consulta Popular.

Nosotros venimos a hablar como vecinos viéndonos obligados a querer participar y a decidir pero, lamentablemente, no deja otra opción que salir a la movilización popular y a cortar rutas. Nos gustaría mucho que se brinde a la ciudadanía una herramienta donde se garantice la obligatoriedad de la Consulta Popular, y que no quede a criterio discrecional de la autoridad de aplicación porque es lo que ha venido pasando en Malvinas Argentinas y aquí tenemos las consecuencias.

Entendemos que no es para nada transparente cómo se debe implementar la consulta, no habla de con cuántos días de anticipación se va a anunciar la consulta, no dice por qué medios, y lo más importante de todo, que hace a la transparencia de una Consulta Popular –teniendo en cuenta que venimos de una provincia donde en los últimos 10 años hubo dos elecciones sospechadas de fraude–, creemos que debe establecerse en la ley mínimamente quiénes van a ser los electores, porque no lo establece,

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solamente habla de mecanismos de consulta. No es para nada clara comparándola con otras leyes provinciales o, por ejemplo, con la Ley Orgánica Municipal que establece que en los casos de Referéndum o Consulta Popular se realizarán con el padrón del último comicio municipal; en este sentido, la Orgánica Municipal es bastante transparente y no da lugar a una manipulación del padrón o especulaciones por parte de las autoridades.

Por eso, reitero, creemos que en ese caso debe ser utilizado el padrón del último comicio municipal, fundamentalmente para darle transparencia, porque existe un gran grado de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones. Pensamos que no debe quedar sujeto a la reglamentación sino que, para darle transparencia, debe estar remarcado en la ley.

Sr. Marizza.- Entendemos que la participación ciudadana debe estar desde el punto cero; la cuestión ambiental no es un tema menor y el conflicto sobre este tema viene ganándose un lugar en la opinión pública, no sólo en Córdoba sino en todo el país y en Latinoamérica.

Creemos que la participación ciudadana no puede estar supeditada solamente a una autoridad de aplicación que va a decidir si habrá Audiencia Pública o Consulta Popular en algún momento. Entendemos que la participación ciudadana tampoco puede hacerse sobre el final de las decisiones políticas o sobre la política ambiental que tiene la Provincia sino que debe empezar desde antes. Nosotros queremos participar en la creación de una política ambiental de la Provincia, queremos tener nuestra voz y que sea real, no que pase lo mismo que ocurrió con la Ley de Bosques, no queremos que la participación sea una pantomima sino que realmente queremos participar desde el principio. Entendemos que no es sobre el final cuando tenemos que hablar sino desde cuando se sientan las bases de qué Provincia queremos y cómo queremos usar nuestros bienes comunes, sobre todo, porque tenemos la profunda certeza de que la política ambiental que se está llevando hoy adelante en la Provincia no cuida el ambiente, la salud ni a las personas.

Podemos recordar los incendios de hace un par de años; a pesar de que se creó un impuesto para la prevención de incendios en el 2012 se quemaron cien mil hectáreas. Recordemos también la experiencia de los compañeros de Bouwer que lograron sacar un vertedero de su ciudad y en este momento les están poniendo otro.

Entendemos esto en una Provincia con un contexto donde la cuestión ambiental se está criticando desde la ciudadanía que se moviliza, en este año y medio hemos hecho siete marchas de más de cuatro mil personas, algunas a la Casa de Gobierno, otras al Patio Olmos; es un conflicto que está puesto en la agenda pública y no puede quedar ligado solamente a la participación en una comisión, que la entendemos como provechosa pero pensamos que la participación ciudadana de quienes queremos participar y tenemos la intención de poder pensarla tiene que estar asegurada desde antes.

En definitiva, lo que nos trae acá es manifestar nuestro rechazo profundo a esta ley, no creemos que haya que modificarla sino empezarla desde cero, pensarla con las asambleas, con las universidades y con otras organizaciones, como FUNAM o Médicos de Pueblos Fumigados. Entendemos que ésta es una ley a la medida de las empresas, a la medida de Monsanto, y ya hemos demostrado que Monsanto en Malvinas no se tiene que instalar, nos parece

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una falta de respeto que ahora nos quieran consultar si queremos que se instale en nuestra ciudad una empresa que va a contaminar.

Por lo tanto –reitero-, manifestamos nuestro profundo rechazo a esta ley, queremos una nueva ley que se piense desde cero con las asambleas, los vecinos, las universidades y las organizaciones que están en el tema; que la podamos construir entre todos y no que sea una ley hecha a medida de las empresas como es ésta que se está proponiendo hoy.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Heredia).- Vamos a escuchar ahora…

Vecino de Malvinas.- No terminamos, legislador, nos falta un punto que es bastante clave.

Sr. Presidente (Heredia).- De acuerdo.

Vecino de Malvinas.- Tener acceso a la información pública ambiental; el actual proyecto enviado por el Gobernador habla de la Ley 8835, que es la Carta del Ciudadano; hay una Ley Nacional, la 25831, que es específica sobre el acceso a la información pública ambiental, y creemos que en este proyecto se debe regular en base a esa ley nacional que, por supuesto, es una ley que marca los presupuestos mínimos, por lo que sería fundamental que esté en este proyecto porque habla específicamente de información pública ambiental.

En cuanto a la participación ciudadana, como decíamos recién, queda demasiado sujeto a la futura reglamentación. Escuchaba al Gobernador en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que el espíritu de la ley era básicamente garantizar la participación ciudadana, y, en este contexto, queda todo sujeto a la futura reglamentación. La verdad es que es el espíritu de la ley el que queda sujeto a la reglamentación y no nos da garantías para nada.

Algo también que no nos queda claro, y nos gustaría que se nos informe, es en cuanto al ordenamiento territorial. Es muy amplia la parte de la ley que habla del ordenamiento territorial, carece de definiciones en cuanto a la facultad que se le otorga a la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta que hay una Ley de Bosques y otra Ley de Uso del Suelo, que es la 9841.

Principalmente, se si se va a hacer un ordenamiento territorial se debe garantizar el cumplimiento de esas leyes, que hasta ahora, en muchas ocasiones, no se ha venido cumpliendo, por ejemplo, el caso Monsanto, que tanto la Municipalidad de Malvinas como la Secretaría de Ambiente violaron esta ley, pero es fundamental que en el ordenamiento territorial se respete la Ley 9841, de Regulación de Uso del Suelo en el área metropolitana y la Ley de Bosques.

Con esto estaría completa nuestra presentación y le damos la palabra al señor Filippi.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Filippi, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.

Sr. Filippi.-. Buenos días. Vengo también como representante de la Fundación, que, en este momento está trabajando y representando a los vecinos de Alta Gracia en la causa judicial Verdu, Sociedad Anónima contra Municipalidad de

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Alta Gracia. En esa causa se discute la constitucionalidad de la Ordenanza 9375, que expone áreas de resguardo ambiental de 1.500 metros de previsión absoluta para fumigaciones en áreas periurbanas del municipio de Alta Gracia, y 1.000 metros más de legislación para resguardo y restricción de ciertas aplicaciones de plaguicidas.

Por otro lado, hemos elaborado un documento de comentarios, críticas y revisiones a este proyecto de ley, que se está discutiendo en esta Mesa; entendemos, como Fundación, que tenemos que hacer una presentación evidentemente de carácter jurídico y somos varios los abogados que participamos en dicha Fundación.

En ese sentido, voy a ir nombrando -así trato de ser breve-, algunos artículos y disposiciones que el proyecto de ley contiene y que, a nuestro entender, están sujetos a una revisión crítica, modificación o simplemente descartarlos.

Con mi compañero Matías vamos a señalar también el tema de la participación ciudadana, la Evaluación del Impacto Ambiental e información ambiental que creemos deben ser modificados. Este documento está en papel, el que lo quiera lo enviamos vía mail.

Para comenzar, entendemos que el proyecto carece totalmente de normas operativas, es decir, deja todo sujeto a la reglamentación y a lo que la autoridad de aplicación resuelva o determine en su momento. Justamente, desnaturaliza los principios que atañen a la materia ambiental que la Ley General del Ambiente y otras leyes de presupuestos mínimos ambientales disponen de forma operativa y con carácter de deber público en cuanto a las normativas ambientales. Acá habría como una especie de carencia de complementariedad o de maximización que debería tener como ley provincial que viene a complementar los presupuestos mínimos ambientales de la ley nacional.

Así pasamos directamente a mencionar algunos artículos del proyecto.

El artículo 1º establece que los objetivos ambientales se persiguen a partir del logro de una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba. Entendemos justamente lo contrario; los objetivos ambientales se persiguen para el logro de una adecuada convivencia, no a partir del logro. No es que ya tenemos un consenso sobre las cuestiones de problemáticas ambientales en Córdoba, sino que la ley es necesaria a los fines de resolver los conflictos y los problemas ambientales que tenemos en la Provincia. Este puede haber sido un error semántico en la redacción del proyecto o una interpretación que creemos errónea a la hora de enfocar la problemática ambiental.

La falta de operatividad ya fue mencionada, no voy a redundar sobre esto, además, lo mencionó también el compañero Matías claramente en varios de sus artículos: 10 y 11, sobre la Evaluación de Impacto Ambiental; 14 y 15, Evaluación Ambiental Estratégica; 28 y 29, Información y Diagnóstico Ambiental; 31, Participación Ciudadana; 32, Seguridad Ambiental, que delegan en la autoridad de aplicación como ente para regular las cuestiones operativas, todos aspectos que tranquilamente podrían proponerse y dictarse en este proyecto de ley.

En cuanto al Ordenamiento Territorial Ambiental, el artículo 6º menciona que es un instrumento imprescindible para armonizar la convivencia entre las actividades humanas y el entorno. Queremos aclarar que sería importante

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señalar que la necesaria compatibilidad de la armonía ambiental no sólo debe existir entre las actividades humanas con el entorno, sino en las actividades humanas entre sí y las que tengan impacto sobre asentamientos, comunidades o barrios lindantes donde se realizan. Es decir, el Ordenamiento Territorial no es sólo una cuestión que sirva para regular las disposiciones o las relaciones de las actividades humanas con el entorno, sino que justamente los grandes problemas que se generan hoy tienen que ver con cómo se relacionan y surge el conflicto en las relaciones de las actividades humanas entre sí, con el entorno y con las personas que viven cerca de donde se desarrollan estas actividades.

Por otro lado, menciona el Diagnóstico Ambiental y, en verdad, no menciona pasivos ambientales, cuestión que iría por debajo de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, en el sentido de que no hace un diagnóstico, ni recupera ni hace un estudio de antecedentes de cuáles serían los problemas que estarían hoy afectando a la comunidad cordobesa en materia ambiental, y respecto a los pasivos ambientales, no trae nada nuevo, no menciona nada, no complementa, no maximiza, no atribuye responsabilidades, no establece sanciones de carácter no dinerario, como las que pueden estar ya establecidas en la Ley 7343, tampoco establece la legitimación activa o normas de carácter procesal a los efectos de dar participación activa en la lucha por los derechos ambientales y sociales. También está ausente la creación de fondos de compensación o recomposición.

En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo mencionaron los compañeros, se establece en el artículo 9º que en los casos que correspondan, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte, la autoridad de aplicación deberá instrumentar el procedimiento de participación ciudadana. Esto va claramente en contra de lo dispuesto en el artículo 41 y en la Ley 25.675 respecto de la evaluación de impacto ambiental.

Por su parte, el artículo 11 establece que la autoridad de aplicación determinará los requisitos y plazos para la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental. Esto está en franca contradicción con la Ley nacional, por lo que pasa a ser inconstitucional desde todo punto de vista.

El artículo 30 refiere a la participación ciudadana y expresa que todos los ciudadanos tienen derecho a participar y a opinar, lo que resulta totalmente insuficiente respecto del mandato nacional, que establece que toda persona tiene ese derecho. Es decir, ya la legitimación al momento de solicitar participar u opinar no es solamente por el carácter de ciudadano sino el de persona, tal como está legislado en la ley nacional. A su vez, la ley nacional establece que toda persona tiene derecho a ser consultada. Es decir, este proyecto de ley establece que “tiene derecho a opinar”, lo que es distinto a tener derecho a ser consultado, por lo que este punto queda sujeto a evaluación.

Control y fiscalización: remite a la Ley de Policía Ambiental, número 10.115, y, por otro lado, establece como control a las auditorías ambientales, que tienen un carácter bastante ambiguo porque remite a la Ley 7343 y al Decreto Reglamentario 2131. Pero lo que sorprende es que el artículo 22 establece que la Auditoría Ambiental tiene carácter de declaración jurada, deberá ser suscripta por el responsable y un profesional inscripto en el Registro Temático y servirá para certificar el cumplimiento del plan de gestión ambiental y un marco normativo ambiental vigente.

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El Decreto 2131 establecía que debería crearse un registro de profesionales que pudiesen auditar respecto de las evaluaciones de impacto ambiental. Pero el artículo 22 del proyecto establece que estos profesionales podrían certificar –no sé en qué carácter porque depende del profesional que lo haga- y dar validez a los estudios de impacto ambiental que pueda presentar una empresa o un emprendimiento. Claramente, es como una delegación de las facultades de control y de fiscalización por parte del Ministerio y, por ende, por parte del Estado, a manos privadas o a profesionales que tranquilamente pueden estar pagados o contratados por las empresas que quieren realizar el proyecto. De manera que el artículo 22 está muy por debajo de cualquier presupuesto mínimo, es inconstitucional, por lo que solicitamos que sea eliminado.

Respecto a Información Ambiental, acuerdo con lo que mencionaron los compañeros. En el punto de Educación Ambiental, consideramos que no es operativa porque no se establece de qué manera se va a insertar la problemática ambiental en la currícula y en la educación no formal.

Para cerrar, quiero señalar como positivo del proyecto de ley la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento que puede darle discusión y entidad a la toma de decisión y a la información de políticas públicas ambientales. Los planes de gestión ambiental serían una manera de llevar un coordinado control y seguimiento de las actividades que pueda desarrollar una empresa o emprendimiento.

Por otro lado, los incentivos y premios que se establecen a aquellos que cumplan con ciertos parámetros o estándares ambientales, claramente demuestran una deficiencia, al igual que la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, por cuanto en esta última algunas disposiciones serán de carácter obligatorio y otras quedan a decisión del Gobernador, es decir, cuando el Gobernador lo disponga se hará la evaluación.

Respecto de los incentivos, también hay una contradicción enorme porque, por un lado, incentiva el cumplimiento de normas que son obligatorias, cuando se debe reconocer un incentivo cuando hay una superación o se exceden las normas establecidas.

Dejamos el documento en la mesa y como Fundación creemos que el proyecto debe ser revisado íntegramente y la participación debe nacer y ser condimentada con la participación de las distintas organizaciones, agrupaciones involucradas y que conocen de las problemáticas ambientales que se generan en Córdoba.

Nada más. (Aplausos) Sr. Presidente (Heredia).- Va a hacer uso de la palabra el señor Carlos Guillot, en representación de vecinos de Chavascate.

Sr. Guillot.- Chavascate es el nombre de nuestro río, que es el río de Agua de Oro; es el nombre originario y que intentamos rescatar.

Somos vecinos que se nos conoce sobre todo con el nombre de Nueva Candonga, Candonga No Se Toca, y hoy es el principal tema de lucha, aunque no el único. Somos vecinos que desde 2008 venimos peleando por el tema de los loteos indiscriminados y por la especulación inmobiliaria que hay en la zona,

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producto del crecimiento urbano de Córdoba. Nuestra zona está creciendo a un 5 por ciento anual, cuando la Provincia crece el 7 por ciento en 10 años.

Candonga es una cuestión muy particular porque allí está el nacimiento y la captación de agua de nuestro río. Además de suscribir la opinión dada por los vecinos que hablaron con anterioridad, aunque no somos abogados, somos vecinos que hemos tenido que estudiar mucho durante estos años y debimos hacernos asesorar por todos los expertos que hemos tenido que buscar, abogados, geólogos, hidrólogos, biólogos y, en realidad, a esta altura ya sabemos bastante. Básicamente, creo que tenemos una indefensión por parte del Estado.

Respecto del proyecto, nos parecen bien los puntos que se marcan, pero creemos que el principal problema es que no hay peor ley que la que no se aplica. Nosotros venimos desde hace 6 años, y otros vecinos antes que nosotros con la vieja ley, y el problema es que ni siquiera esa ley se aplica.

Entonces, ¿queremos tener una ley perfecta para que no se aplique? Podemos colaborar para una ley perfecta, pero primero de todo queremos que sea una ley que se aplique.

Nosotros podemos hacer un cronograma de todas las veces que se ha infringido la ley. En el año 2010,el secretario Costa promueve en este ámbito la nueva Ley de Bosques -que a la mayoría no nos gustó-, y semanas después aprueba con su firma el loteo en Candonga, aunque reconoce en los expedientes que está en la zona roja de dicha ley. O sea, el mismo funcionario que promueve la ley y es autoridad de aplicación la infringe a las dos semanas.

Esas son las cosas que no entendemos los vecinos que no somos expertos en la materia y que tenemos que ponernos a estudiar.

La primera cuestión es ¿cómo funciona la autoridad de aplicación? En esto coincidimos con el biólogo, doctor Montenegro, cuando dijo que el principal problema es la autoridad de aplicación y que el principal violador de la legislación actual es el Estado, y de eso damos fe.

Las empresas son privadas, los loteos que quieren hacer son privados, pero los que dan la habilitación son la Secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos y Costa que autorizó en Candonga. Eso me hizo recordar .lo que decían acá quienes me antecedieron, que el estudio de impacto ambiental que presenta la empresa sobre el loteo a hacer en Candonga –hecho por la misma empresa- no habla del río, del tema del agua, solamente se refiere al tema del aire, del sonido, de la tierra, de los pájaros, de los árboles, pero no del río que cruza por el loteo y del que nos proveemos de agua tres pueblos, siendo que es la única agua que tomamos.

Es tan frágil esa zona que una vez quisieron hacer andar un molino de agua de la época de los jesuitas y nos dejaron sin agua a los tres pueblos, y eso que el agua pasaba por el molino y volvía al río ¡y quieren autorizar un loteo de 300 lotes! A esas cosas no las entendemos.

Doscientos cincuenta vecinos vinieron a pedir un amparo para que no se hiciera ese loteo -y hablo de doscientos cincuenta vecinos en tres pueblos que, si lo comparáramos con Córdoba, es como si fueran cien mil o doscientas mil personas en una manifestación-, no hablamos desde una minoría sino de una mayoría que vivimos ahí.

Tampoco se les presta atención a las autoridades locales. Hemos hecho un recuento y se han presentado 18 notas desde el Municipio y las cooperativas de agua y por distintas autoridades, o sea, no son cuestiones

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partidarias sino institucionales que han continuado en el tiempo oponiéndose a estos proyectos presentando notas en Ambiente, en Recursos Hídricos y no nos dan pelota, no sólo al vecino de a pie sino a las autoridades, a las instituciones. O sea, creemos que ese es el principal problema, acá hay una falta de respeto no sólo a las Audiencias Públicas, al plebiscito, sino a las instituciones constituidas que dicen “opinamos que no se debe hacer un loteo en esa zona, que nos dejarán sin agua”, y lo mismo lo autorizan.

Entonces, realmente consideramos que no hay peor ley que la que no se aplica; estamos totalmente dispuestos y creemos que esta Ley de Ambiente tiene que salir con consenso o permiso social, pero tenemos que ver todos los mecanismos para que se aplique, y los funcionarios tienen que hacer que se aplique.

Hemos hecho todos estos trámites –pedidos de amparo y notas en Ambiente- y no nos atienden. Hay una sola cuestión en que la ley funcionó rápido -y quiero hacerles un alerta a todos los vecinos ambientalistas que hay-: nos imputaron a nuestros abogados, Juan Schmidt y Constantino, que nos promovían el amparo. No solo que nos imputó la empresa, acto seguido – inmediatamente, como nunca hemos visto en estos seis años- el Fiscal le dio curso y ya los imputó, les quiere pintar los dedos. ¿Cuál es la forma de responder? Quitarnos los abogados ahora; entonces, vemos que acá hay problemas institucionales muy graves, desde quién tiene que aplicar la ley, porque si eso no va de la mano con toda esta discusión, tendrá “patas cortas”.

La compañera Lucía agregará algo de la Universidad.

Sra. Castellano.- Por un lado, reforzar lo que han dicho los compañeros anteriormente con relación a la preocupación que tenemos en torno a cómo se haría la Consulta Popular o las Audiencias Públicas en estas cuestiones que tienen que ver con ambiente y el impacto ambiental, por lo tanto, el impacto a la salud de las personas, cuando no es una novedad esta ley sino que es algo que ya estaba en la Ley Nacional. Este proyecto de ley parece que debilita esa consulta, al dejarla librada a la voluntad y al criterio de una autoridad de aplicación, que no sabemos qué criterio puede llegar a tomar.

Con relación a esto y en torno a toda la problemática que ha planteado mi compañero, nosotros como comunidad de estos tres pueblos, nos sentimos absolutamente indefendidos -no sé si existe la palabra-, una sensación de indefensión, porque en este momento la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Ambiente, y ésta ha actuado violando la ley, no solo la nacional sino la propia ley provincial, por lo que hemos tenido que apelar a otros defensores. Tenemos unas causas legales –que comentó Carlos- y, por otro lado, hemos solicitado el acompañamiento de la Universidad, porque entendemos que es quien tiene el saber técnico y que puede aportar a esto.

A través de estos pedidos de acompañamiento, hemos logrado varias resoluciones de consejos directivos que nos están acompañando en esta lucha, como son la Facultad de Arquitectura, Facultad de Psicología, de Arte, la Escuela de Ciencias de la Información, también estamos buscando el apoyo del Consejo Superior del Rectorado y también nos encontramos trabajando conjuntamente con el ISEA –Instituto Superior de Estudios Ambientales-, con el Laboratorio de Medios de la Universidad y con el Programa “Suma 400”.

Algunos que somos universitarios, que pertenecemos a la asamblea, dijimos de

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buscar ayuda en otros medios porque realmente la autoridad de aplicación, que debería defendernos, no lo hace, sino que actúa ilegalmente.

Entonces, ¿qué fuerza puede tener una ley cuando esta Consulta Popular quedará librada a una voluntad política, cuando la ley que ahora debería estar vigente tampoco se cumple? Esa es una preocupación. (Aplausos).

Sr. Guillot.- Algo que me quedó pendiente: hemos hecho una propuesta en la Legislatura de una reserva hídrica, presentada a los bloques y a través del legislador Birri.

Siempre hemos querido trabajar haciendo propuestas, no que es que queramos negarnos a las cosas, pero sí creemos que todo se puede hacer mucho mejor. Por eso hemos propuesto un proyecto de reserva hídrica, y este año vamos a insistir en que sea tratado.

Sr. Pérez.- Buenos días.

Soy el doctor Guillermo Pérez, soy parte de la Asamblea de Chavascate.

Complementando brevemente lo que mis compañeros han comentado, debo decir que hay un grupo de vecinos de la asamblea -porque las asambleas no son bloques- que estamos comenzando a discutir esta ley. Hay un grupo que, basándonos en la desconfianza en cuanto a las autoridades de aplicación, a los defectos y errores que estamos viendo en esta ley, y sobre todo en el contexto político en el que ha aparecido, -porque me parece que esta ley no estaba prevista, que el Gobierno ha tenido que retroceder frente a la derrota con Monsanto y ha sacado una ley que, como dijo el abogado, y estudiándola finamente, vemos que no tiene mucho sustento.

Por lo tanto, me parece que la posición concreta debería ser –y todas las asambleas tienen que seguir discutiendo para presentar sus propuestas, como la de la reserva hídrica- por el momento rechazar esta ley y esperar otra que sea una verdadera ley que podamos discutir entre todos.

Nada más. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Ahora vamos a dar la palabra a las señoras Silvia Cruz y Mirta Caon, y al señor Armando Brizuela.

Sra. Cruz.- Buen día a todos.

Mi nombre es Silvia Cruz, y vengo acompañada de mis vecinos. Somos vecinos autoconvocados de barrio San Antonio y representamos también a los barrios Inaudi y barrios aledaños, como Tejas, Cañitas, etc.

Nuestra problemática consiste en que tenemos que vivir al lado de una planta de bioetanol, un serio problema, y escuchando a nuestros compañeros y vecinos de otras localidades también llegamos a la conclusión de que las leyes existen.

Tal vez ustedes están siempre organizados y tomando sus tiempos, cumpliendo con sus funciones para elaborar leyes, y a veces uno se pregunta para qué, puesto que la ley nacional existe y la ley provincial también, tal vez se la pueda mejorar. Evidentemente, se va a mejorar en muchos aspectos, y esto ayudará para que sea así.

Pero las grandes empresas no cumplen las leyes y el organismo encargado de hacerlas cumplir tampoco.

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Desde el año 1995 la planta de bio-ethanol, se encuentra en el barrio. Al principio elaboraba alcohol a partir de la caña de azúcar que los ingenios azucareros le enviaban para la elaboración del alcohol. Hasta ese momento uno no se percataba de lo que sucedería después: a partir del año 2012, prácticamente a la par del problema con Monsanto, con el “bum” del maíz transgénico cargado de pesticidas-, Porta aumenta su producción, compra grandes cantidades de terrenos y establece la segunda etapa de la planta, en la que ya no fabrica el alcohol a partir de la caña de azúcar sino a partir del maíz, un maíz cargado de pesticidas y -como todos sabemos- las fumigaciones del maíz se hacen con venenos y agroquímicos.

Ahí comienza a hacer el etanol a partir del maíz.

Nosotros comenzamos a autoconvocarnos cuando la empresa inició la puesta a punto de las válvulas de tres grandes calderas para la fermentación del maíz. En tal sentido, debo agregar que el proceso de elaboración del etanol consiste en el acopiado, la molienda y el secado, pasando luego a un proceso fermentativo para la obtención del alcohol. En ese proceso se utilizan químicos y levaduras para la fermentación, los que general evaporen, que salen despedidos en gran cantidad hacia el exterior. Al respecto, debo agregar que nosotros vivimos pegados a la planta de bioetanol. Mi casa está colindando con el alambrado de la fábrica y estamos a treinta metros de los silos de alcohol.

Vivimos a una cuadra de la Circunvalación y a unos tres kilómetros de la Ciudad Universitaria, Cuando aumentó la producción de alcohol, los vecinos un día nos autoconvocamos porque las válvulas de seguridad de las calderas sufrieron un desperfecto que originó una gran explosión, se sintió como la turbina de un avión ingresando en el patio de una casa. Nos asustamos mucho y nos unimos en las calles, y conversando pudimos ver que coincidíamos en que todos teníamos algún tipo de dolencia, como, por ejemplo, migrañas y asma, y algunos tenían niños con enfermedades que se podían asociar a lo que allí se produce. Hablamos con el dueño de la empresa, quien nos señaló que no teníamos que tener miedo porque lo que se produce en la planta es totalmente inocuo, y que por más que dicho producto está en el aire no nos puede infligir ningún tipo de daño a nadie.

Tuvimos que pedir asesoramiento porque nos vimos desamparados por el Estado.

Después de tres años pidiendo a todo el mundo que nos escuche nos damos cuenta que las leyes están –se pueden mejorar- pero si no hay alguien que sancione a quien no las cumple es igual que nada. Comenzamos a cuestionar esto a la Municipalidad durante todo el año 2012; pedimos que nos dieran audiencias y que se iniciara un expediente. Conseguimos que se reunieran con nosotros, pero siempre nos decían que la planta iba a presentar sus estudios, etcétera. Al día de la fecha todavía no se ha conseguido que lleven adelante ningún estudio de impacto ambiental. Evidentemente, no se cumple la ley que obliga a las empresas en tal sentido. Esta planta de bioetanol tiene un aviso de proyecto, y está funcionando solamente con eso.

No estamos hablando de una planta inocua. El alcohol es altamente inflamable. Estamos todos los días con miedo. Desde entonces los vecinos de San Antonio que padecemos la empresa día a día, también tenemos que soportar la falta del Estado. Hemos ido hasta los estratos oficiales de la Provincia y Municipalidad y, además, hemos llegado a instancias judiciales.

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Con la Municipalidad tuvimos como la triste experiencia de la demora de todo un año para que hicieran la auditoria ambiental -no estamos hablando de estudio de impacto ambiental porque nadie se lo exigió para elaborar el bioetanol, lo cual es gravísimo, pero como no tenía dinero para la auditoria ambiental la tercerizó en manos de la misma empresa, o sea que ellos mismos se “autoauditan”. Si uno las lee, vemos que hay contaminación ambiental; ellos aducen que existe acetaldehído, que es sumamente venenoso para la salud, así como etanol y demás compuestos.

Si bien la ley se refiere al acceso libre a la información, tuvimos que esperar varios meses para acceder a esa auditoría ambiental; gracias a la intervención del concejal Miguel Siciliano, pudimos obtenerla en el Concejo Deliberante. Siempre pedimos, pedimos y hasta rogamos que alguien nos escuche.

Según esa información, hay evidentemente material particulado –que es el que nos enferma–, que consiste en las pelechas de maíz cargado de pesticida, glifosato, etcétera. De allí surge nuestro pedido al doctor Medardo Ávila Vázquez, que tomó cartas en el asunto y dijo: “aquí vamos a hacer un relevamiento sanitario; veamos en qué condiciones de salud está la población”.

Creo que lo ideal es que escuchemos al doctor y, luego, continúo explayándome sobre este proceso de pedidos y súplicas al Estado para que nos escuchen. Asimismo, hablaremos sobre el Gobierno de la Provincia, que también hizo una auditoría ambiental que, hasta el día de hoy, no hemos podido ver.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el doctor Medardo Ávila Vázquez.

Sr. Ávila Vázquez.- En San Antonio hicimos un relevamiento de todos los hogares del barrio y nos encontramos frente a una situación sumamente grave: un 35 por ciento de los vecinos sufre de problemas respiratorios obstructivos, tipo asma; la incidencia de ese problema en toda la ciudad es del 15 por ciento, y allí es superior al doble. Asimismo, los casos de conjuntivitis irritativas –fuera de la temporada de las conjuntivitis víricas o alérgicas– llegan al 45 por ciento, es decir, la padecen casi uno de cada dos vecinos. Las cefaleas son también cuadros permanentes –las padecen uno de cada tres vecinos–; las gastrititis también son constantes, así como las lesiones dérmicas por irritación química.

De tal manera, nos encontramos con un panorama de pequeñas enfermedades, que normalmente pueden afectar a un 3 ó 4 por ciento de la población, mientras que aquí detectamos que afectan entre un 20 y un 40 por ciento de los vecinos, con el dato llamativo que esa gente estaba sana antes de que comenzara a operar allí la planta de bioetanol, por lo que es muy fuerte el vínculo entre la fecha de su instalación y el comienzo de las enfermedades.

Otra situación grave que encontramos –que no habíamos detectado antes del relevamiento–, a partir de lo relatado por muchas familias, son los síntomas de apunamiento, es decir, de falta de oxígeno; la gente no puede dormir de noche, se levanta a la mañana como si no hubiera descansado; a la mitad de la noche se despierta y no puede volver a dormir, que son las típicas manifestaciones que se experimentan en lugares de mucha altura, como en La Paz, Bolivia.

Pensamos que podía haber falta de concentración de oxígeno en el aire del barrio; entonces, lo medimos con los equipos que utilizamos en las terapias

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intensivas para determinar la concentración de oxígeno en los gases que usamos para los respiradores y detectamos que, entre el amanecer y la noche, el anhídrido carbónico que libera la planta se concentra y queda acumulado en las calles del barrio, desplazando al oxígeno, con lo cual la gente de allí está respirando aire con una concentración de oxígeno menor a la del 21 por ciento que hay en todos lados, como en esta misma sala de reunión.

Tanto en San Antonio como en el country que está emplazado cruzando la Circunvalación, medimos entre un 18 y 19 por ciento de oxígeno, cuando con un 17 por ciento ya se presentan signos de asfixia.

Es increíble que esa planta esté en ese lugar; si uno busca en Internet las imágenes de todas las plantas de bioetanol en todo el mundo, ve que están en medio del campo, mientras que ésta está en el medio de la ciudad, utilizando sus recursos, ya que tiene gas natural y usa el agua corriente potabilizada que estaban destinados para los vecinos; también tira sus desechos a las cloacas; o sea, está haciendo una utilización de los recursos que son para los vecinos -y los está enfermando- para la planta, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, solamente por los acuerdos políticos que logró el ex Ministro Porta, padre de los muchachos que encabezan esa planta, que les ha abierto la puerta para que sea autorizada por todas las administraciones. Es algo increíble.

Nada más.

Sra. Cruz.- En realidad, nuestra situación es muy grave -creo que todos deben sentir lo mismo.

Esta alcoholera, esta planta de bioetanol es uno de los ejemplos bien claros de todo lo que van a decir sobre las irregularidades que se cometen aquí. Yo vivo en Córdoba y sé lo que hay en Córdoba; veo muchas irregularidades en la Provincia de Córdoba, y las estamos viviendo en carne propia.

En San Antonio no se pueden abrir las ventanas. Hay que esperar que sople viento sur para que los olores penetrantes, ácidos, fuertes, que hacen doler la cabeza, se vayan para otro lado; generalmente, cuando sopla viento sur lo sufre, por ejemplo, la gente de Las Cañitas, del otro lado de la Circunvalación. Pero, prácticamente las 24 horas del día corre viento norte, entonces, los vecinos tenemos que cerrar las ventanas; no se puede dormir porque estas emanaciones de vapores -en cantidades-, esta eliminación del dióxido de Carbono es constante -aunque, por una cuestión de presión atmosférica, se siente más de noche Vivir en San Antonio es como vivir en otro mundo -lo puede decir cualquier vecino-; los niños tienen broncoespasmos, no pueden respirar; estos días de 100 por ciento de humedad era imposible salir. Tuvimos que comprarnos aire acondicionado porque es peor en verano, porque la producción se incrementó al 100 por ciento y los vapores y olores son insoportables, porque no sólo hacen doler la cabeza sino que está enfermando a la gente.

Sumado a esto, hay un peligro constante. La gente tiene miedo; de noche, nos llamamos entre los vecinos, a las 2 ó 3 de la mañana, para preguntarnos si escuchamos la alarma o el ruido, ¿será la alarma de Porta?, porque todos tenemos miedo que al ser alcohol –que todos nos han dicho que

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es altamente inflamable- pueda explotar; aunque ellos aducen que no va a haber una explosión porque como es inflamable, se incendiaría en todo caso.

Hablando técnicamente, intento seguir esta visión. ¿Qué pasa con los efluentes? Hay una ley sobre efluentes por lo que ellos, en el Estudio de Impacto Ambiental, deben decir qué van a hacer con los efluentes. Porta no tiene ni siquiera lagunas de contención; entonces, nos preguntamos: ¿adónde van los efluentes?

De la auditoría ambiental de la Provincia surge, como resultado –que conoce parcialmente, sólo por un llamado telefónico que me hizo la directora, porque nosotros habíamos denunciado que la planta depuradora de desechos cloacales de la zona sur funcionaba mal, se tapaba, no cumplía con su ciclo puesto-, que se encontraron efluentes de la planta de bioetanol en la planta depuradora, que es lo que nosotros presumíamos: parte de los desechos de sus efluentes van a parar a la planta depuradora, ocasionando el conflicto que hay por los problemas de cloacas de la zona. ¿Qué hace esta planta con los efluentes?, nos seguimos preguntando.

Los tira en la Circunvalación cuando llueve; tenemos un video de cuando ellos los están tirando. Todo esto fue denunciado a la Municipalidad, no es que nosotros lo supimos y nos lo guardamos sino que lo denunciamos. ¿Adónde teníamos que ir a denunciar? A la Municipalidad; pero la Municipalidad no nos escuchó, es un Estado totalmente ausente, señor presidente; usted está sentado allí, preocupado por cómo hacer mejor las leyes y cómo hacer que se cumplan; ¿los legisladores vienen –es su trabajo, está bien- y tienen que estar horas para hacerlas mejor para que una empresa no la cumpla, ni siquiera el mínimo, ni siquiera lo indispensable?

Mi vecina escribió algo con respecto a este tema, sería bueno que lo escucháramos.

Sra. Caon.- Buenos días, mi nombre es Mirta Caon.

Lo que dice Silvia es real, yo estoy a media cuadra de la planta. Muchos nos preguntan: ¿desde cuándo está la planta? Está antes que ustedes. En la filmina han visto que el barrio está creado desde el año ’53 Personalmente y, como muchos de los vecinos, que quería un lugar un poco más tranquilo, más bello, por eso nos ubicamos del otro lado de la Circunvalación. La zona de San Antonio era zona de quintas, yo compraba verduras ahí, al otro lado de la circunvalación que todavía no estaba terminada; era un vergel la zona, había quintas espectaculares.

Vivo ahí, como muchos vecinos, desde el año ’89. En ese mismo año, colindando con mi fondo, comienza la construcción de un galpón muy grande.

Preguntamos al respecto y era gente nueva de barrio Jardín, que venía a poner una fábrica de aires acondicionados, se techó todo y quedó ahí. Volvimos a preguntar y resultó ser que no le daban la autorización para ponerla. ¿Por qué no se le daba la autorización? Porque el barrio, desde los años ’85, ’86 hasta los ’90, ’92 –todavía Porta no estaba- había sido no fabril, porque gente del mismo barrio había pedido a la Municipalidad que, por ser zona habitable, no fuera fabril. Entonces, la Municipalidad le dio la autorización, ¿dónde está esa autorización? Ustedes lo sabrán, yo no.

Después, nos preguntamos: ¿qué pasa acá? Cuando empezamos a ver esta gran fábrica que, en el año ’94, ’95 ocupaba una manzana, nada más,

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ahora abarca 6 manzanas. En ese momento la fabricación era de alcohol, licores, vinagre. Nos molestaba, sí, nos molestaba pero las emanaciones eran más suaves. Cuando venía viento norte –como dice ella-, el barrio se ubica hacia el norte de la fábrica, realmente, nos emborrachábamos con el alcohol.

Pero bueno, lo dejamos pasar. ¿Pero qué pasó con la zona no fabril?, nos preguntamos, y empezamos a averiguar. En esa época era Ministro de Comercio e Industria el señor que compra la fábrica; no sé qué pasó con la ley, eso se los voy a preguntar a ustedes; pero pasó a ser zona mixta y al suceder eso, el señor pudo transformar esa fábrica de una manzana en un monstruo. En el barrio ahora tenemos 12 manzanas del lado de Porta y 6 manzanas hacia el otro lado de San Antonio.

No sé sí ubican dónde está Porta. Está camino San Antonio, pasamos ciudad universitaria, viene Valparaíso, pasamos Circunvalación, se transforma en Camino San Antonio y lo primero que encontramos es fábrica Porta, después, en la primera calle ya empieza el barrio, o sea, la única calle a la derecha y la única a la izquierda son San Antonio; 5 ó 6 cuadras más adelante está barrio Inaudi. Barrio Inaudi estaba, en la época que fui a vivir allí, ya estaba construida la primera parte de ese barrio. Porta viene después. En el barrio San Antonio deben haber quedado 4 ó 5 lotes a disponibilidad de la gente, es decir, estaba prácticamente completo en las 12 manzanas.

–Se proyecta una imagen.

Ahí ustedes verán, en la filmina lo que significa lo que les estoy contando.

Sra. Cruz.- En ese predio que ustedes observan, en realidad, había un hermoso bosque de eucaliptus, eso era parte del pulmón de la ciudad. A todo eso lo desmontaron, es paralelo a San Antonio y son las manzanas que ahí están numeradas; y, hacia atrás, hacia el oeste están los barrios Inaudi Anexo, 2 de Abril –que el Gobernador De la Sota hizo para erradicar villas y hoy son nuestros vecinos–, San Antonio, y para la zona sur, es Inaudi, pero estamos paralelos a la fábrica, mi casa está colindando justo con la Fábrica.

–Se proyecta una imagen.

Allí, donde se visualiza la Avenida Valparaíso, esos son los primeros tanques de alcohol; ahí, al comienzo hacían licores y vinagres, actualmente toda la planta hacia atrás es la parte 2, pero la obtención del alcohol es una sola, es bioetanol. Nosotros pensábamos que, como producen bioetanol –y ellos figuran como destilería y el bioetanol en la ley está considerado como biocombustible– están mal catalogados y no debería ser sólo una destilería porque es biocombustible. Por tanto, siempre nos cuestionamos y decimos: tenemos una planta de combustible al lado de nuestras casas, altamente peligroso e inflamable.

–Se proyecta una imagen.

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Eso es lo que tenemos al lado de nuestras casas, esa es una vista hacia adentro, un hermoso vecino. Los olores no se aguantan, y las vibraciones –que es otro problema– que produce el inmenso martillo, con el que considero muelen el maíz, son constantes, sobre todo de noche –aunque está funcionando las 24 horas–, donde las vibraciones y los ruidos se multiplican al 100 por 100. Yo que vivo al lado padezco todo eso, además del tráfico de camiones que cargan y descargan, y que circulan cargados del alcohol por pleno barrio. Por eso no puedo entender que el Estado nos abandone así.

Por otro lado, a esto se suma la contaminación de los efluentes.

Nosotros hemos filmado los efluentes circulando por las calles del barrio.

Entonces, por qué nosotros, como vecinos, tenemos que salir a cortar calles con lo que ello significa, que hace poco tuvimos un incidente y casi nos pisa un auto, aunque nosotros cortamos media calzada, por supuesto se trataba de un hombre desquiciado que estaba en contra nuestra. Nosotros llevamos la familia al corte, no somos un bloque o un partido, somos familias que estamos defendiendo nuestro derecho a la salud y a la seguridad. Por qué tenemos que estar corriendo ese riesgo en las calles, ya llevamos tres años haciéndolo y considero que no deberíamos correrlo.

-Se proyecta una imagen.

Son nuestros vecinos de Parque San Antonio. No estábamos acostumbrados a cortar calles; no estábamos acostumbrados a salir y exponernos de ese modo; no estábamos acostumbrados a hablar en los medios y ni siquiera acostumbrados a venir a hablar con usted, y acá estamos.

-Se proyecta una imagen.

No quiero hacerlo tan extenso, pero es lo que pedimos. Queremos pedir la erradicación de la planta de bioetanol Porta de barrio San Antonio y de zonas urbanas; pensamos que puede estar, si así se considera, en zonas industriales, pero no en zonas urbanas.

-Se proyecta una imagen.

Todos ellos son niños de San Antonio. Todas las imágenes que va a ver son de gente que vive al lado de la planta, niños que padecen. El bebé que ven a mano izquierda es nieto de Rosa, tuvo que irse del barrio por prescripción médica porque tenía reflujo; como él, en representación de mis vecinos, es un niño que tiene púrpura.

-Se proyecta una imagen.

Esto es lo que respiramos todos los días.

-Se proyecta una imagen.

Esa es mi casa, tengo de vecinos a los tanques de alcohol, donde continuamente cargan.

-Se proyecta una imagen.

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Así se ve de noche, eso queda sobre nuestras casas, y Porta dice que es inocuo; no sé por qué la gente se enferma, entonces.

-Se proyecto una imagen.

Así vivimos todos los días, presidente Dante Heredia; así vivimos todos los días, con una dejadez del Estado que hasta el momento no podemos entender.

Gracias y disculpas. (Aplausos).

Sra. Caon.- Quiero agregar algo más. No sé qué tenemos que hacer, porque de vez en cuando hay explosiones muy fuertes; nos colgamos de los teléfonos pidiéndole a Defensa Civil y a Bomberos que por favor acudan, porque tenemos un compañero del barrio que trabajaba en otra empresa con calderas y cuando fueron las primeras explosiones entró -ahí fue cuando descubrimos que estaban fabricando el bioetanol, o sea, combustible- y nos dijo: “La válvula explotó en 7”; y eso ¿qué es?, le pregunté. “Tomalo de 1 a 10, la válvula explotó en 7 y en 10 es cuando vuela. Están probando las válvulas”.

Hace un año y medio en Ecuador voló una fábrica de bioetanol, pero por un rayo, y en quince kilómetros a la redonda limpió todo. Entonces, les pregunto: ¿vamos a esperar que vuele hasta el centro de la ciudad de Córdoba? Porque todos dicen: “Ustedes están al lado, en otro barrio”, pero estamos hablando que desde el barrio al centro de la ciudad hay cinco kilómetros, entonces, piensen, les puede tocar a cualquiera de ustedes.

Entonces, si voló por un rayo la de Ecuador, ¿qué nos está queriendo decir la naturaleza en este momento, que los rayos están cayendo en todos lados y por cualquier circunstancia, siendo que antes no pasaba? ¿Qué calidad de vida tenemos nosotros en ese barrio? No tenemos ninguna calidad de vida.

Vivimos encerrados permanentemente. Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra al señor Lorenzo Salvador Cejas y el señor Mateo Martínez.

Sr. Cejas.- Estoy hablando que soy bisnieto del Cacique Pincen y soy el jefe de las Comunidades Indígenas del paralelo 55º.

También quiero expresarles que no tengo muy buena vista pero tengo mi compañero al lado, quien va a leer lo que hemos escrito para presentar en esta reunión.

Sr. Martínez.- (Leyendo): Córdoba, 11 de abril de 2014.

Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos Ing. Dante Heredia S. / D. REFERENCIA: RECHAZO A LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE MONSANTO EN CÓRDOBA

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De mi mayor consideración: Mi nombre es Lorenzo Salvador Cejas Pincen, soy bisnieto del cacique Vicente Catinan Pincen y Nahuel Payun. Ellos acordaron un tratado de paz con la República Argentina, el 4 de marzo de 1873, por el cual la República Argentina se comprometía a no invadirnos nunca (se adjunta copia del tratado), Violando ese tratado invadieron a la Nación Mapuche. Nuestro territorio ocupa la mitad de lo que hoy llaman la Provincia de Córdoba, la línea que une las localidades de La Carlota y Río Cuarto.

Como legítimo titular de ese tratado vengo hoy, en primer lugar, a denunciar que esta provincia nunca ha avanzado en el reconocimiento de nuestra preexistencia como Nación, sino que, por el contrario, ha tenido una política sistemática de negación de nuestros derechos y de nuestra cultura, imponiendo el discurso de nuestra extinción. No solo no han logrado extinguirnos, sino que formamos parte de la resistencia a las pretensiones de la empresa Monsanto, de instalar una planta de tratamiento de semillas con elementos químicos que atacan a la salud humana y contaminan nuestras tierras. Estas semillas contaminarán también las aguas superficiales y las napas, provocando el envenenamiento de todas las poblaciones cercanas, inclusive la Ciudad de Córdoba.

Estamos de pie en defensa de nuestras vidas y de nuestras generaciones futuras porque hay niños muertos por contaminación por agrotóxicos en la Ciudad de Malvinas Argentinas.

Consideramos que la aprobación de una ley en la Provincia de Córdoba que favorezca los intereses de la firma Monsanto, puede producir un desastre ecológico del cual serían responsables todas las autoridades que promuevan dicha ley.

Rechazamos todo intento de facilitar la radicación de la empresa.

Sí a la vida, no a los agrotóxicos.

MAPUCHE ÑI MAPUCHE Lorenzo Salvador Cejas Pincen DNI 5.043.634 Ulmen-Buta Lonko Lonko y Buta Toki (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la señora Andrada.

Sra. Andrada.- Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de que nos hayamos congregado acá los amigos con los cuales nos venimos encontrado en muchos espacios de lucha, y confluimos acá porque tenemos un objetivo común: estamos motivados -para que no queden dudas- por nuestra vocación de servicio a la humanidad. Estamos trabajando con las asambleas ciudadanas en forma desinteresada, poniendo al servicio de la humanidad nuestro tiempo, nuestras energías y los recursos materiales.

Dicho esto, me presento: yo soy doctora en Física, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en el ISEA, Instituto Superior de Estudios Ambientales, en este momento estoy acá porque tengo la sensibilidad que me une a la comunidad y la sensibilidad frente al dolor de las víctimas, personas que están padeciendo y no tienen voz, que están totalmente invisibilizadas.

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Desde mi trayectoria por el Paren de Fumigar, conocí a muchas personas que están sufriendo, y a las víctimas de las fumigaciones les conozco el rostro, tanto de los enfermos como de las personas muertas.

Entonces, a pesar de que mi formación puede parecer fría por ser científica, lo que me mueve para estar acá y trabajar en las asambleas ciudadanas es este sentido de humanidad sufriendo, y tengo la esperanza y fe de que podamos revertir estas situaciones. Por eso es que trabajamos incansablemente, para poder revertir lo que está pasando en nuestra sociedad.

Hemos pedido a Mónica Andrada que venga, vecina de barrio Malvinas Argentinas, que trae la voz de muchas personas que hemos conocido en el territorio provincial. Le voy a pedir que nos cuente su historia que es tan similar a la de tantas madres de esta Provincia.

Sra. Mónica.- Hola, soy Mónica, mamá de Tiago. Mi hijo hace casi cinco años falleció por los agrotóxicos. Vivo a 300 metros de campos fumigados, que siguen siendo fumigados. Acá está la prueba de que mi hijo falleció por las fumigaciones, pero de este caso no se habla, ni de otros. Como mi caso, hay un montón. El lunes pasado, un nene fue operado del corazón; todos los nenes nacen enfermos. Tengo a mi hijo de siete años, que tiene microcefalia, mi nena de cuatro años nació con problemas de la piel, pacientes del doctor Medardo.

Hay miles de chicos enfermos pero no se habla, nadie entiende que fumigar mata, que nos está matando.

Yo no estoy de acuerdo con que se radique Monsanto en Malvinas, ¿nos quieren matar a todos?, ¿no entienden que fumigar mata?

Mi hijo no tenía derecho a morir, murió en mis brazos, no le deseo eso a nadie, él tenía que vivir, era un niño. El año que él murió murieron dos chicos más, que también tenían derecho a la vida.

Estoy acá porque no quiero que esté Monsanto, no quiero que fumiguen más, quiero que se respete el derecho a la vida. La vida de mi hijo no me la va a devolver nadie, pero quiero vida para los otros chicos.

Para mí es muy doloroso que nadie nos escuche; que nadie entienda que fumigar mata. A mí me mató a mi hijo; mi hijo tenía 9 meses, 9 meses. Yo estoy mal; no sé qué hacer. Quiero que alguien me escuche y entienda que fumigar mata.

Sra. Andrada.- (fuera de micrófono) Hablá de tu hijo Jonathan.

Sra. Mónica.- Tengo mi hijo Jonathan que hace 6 meses que está en el acampe con esta lucha; hace 6 meses que yo no veo a mi hijo porque está firme en esta lucha.

Nosotros somos muy humildes, muy pobres; ellos nos conocen que somos muy pobres, pero mi hijo está en esa lucha. Tengo a mi hijo de 7 años, no tengo pensión, no tengo nada para mi hijo, pero ellos saben lo que hago y lucho por mis hijos. ¡Por favor, ustedes hagan algo por nosotros! ¡Escúchennos! Él era Tiago. ¿Por qué no se habla de las muertes que hay en Malvinas?, ¿de los cánceres? Nadie dice nada; nadie dice por qué no tiene que estar Monsanto en Malvinas ni en ningún lugar del mundo.

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Tengo las pruebas, tengo todas las pruebas de por qué murió mi hijo.

Quisiera que alguien me responda. ¿Quién nos va a ayudar, quién nos va a amparar, quién nos va a entender que fumigar mata? (Aplausos).

Sra. Andrada.- Gracias Moni.

Como dije anteriormente estamos trabajando en las Asambleas Ciudadanas, uno de los pocos espacios que no se puede corromper porque no recibimos dinero de ninguna organización y trabajamos simplemente con la solidaridad de los ciudadanos.

Las Asambleas Ciudadanas son incorrompibles y, al menos desde mi Asamblea, estoy diciendo que los problemas ambientales de la Provincia de Córdoba no se originan por la falta de instrumentos legales, sino por la falta de vocación política para instrumentar mecanismos de resguardo ambiental.

Las Asambleas Ciudadanas sostenemos que el proyecto de ley que se analiza en este recinto es simplemente un trámite que les permitirá a las corporaciones como Monsanto accionar con mayor impunidad en el territorio provincial, dejando en la indefensión a millones de personas expuestas al riesgo de contaminación que provocan estas industrias.

Las Asambleas Ciudadanas sospechamos que las presiones de las corporaciones sobre los Poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, son a favor de los intereses sectoriales e indiferentes al bien público.

Por lo tanto, las Asambleas Ciudadanas denunciamos que este proyecto de ley es una peligrosa trampa hacia la cual nos empujan oscuros intereses foráneos.

La empresa Monsanto produce semillas transgénicas y agrotóxicos; la aplicación de este paquete tecnológico produce gravísimos daños al ambiente y a las personas; van juntos: las semillas y el agrotóxico-la semilla y el pesticida-Monsanto.

Sepan señores legisladores, sepan los señores de las corporaciones, que la resistencia a la instalación de esta planta no es sólo por el daño que ocasionaría a la población de Malvinas Argentinas sino por ser una empresa que pretende producir 50 mil toneladas de maíz transgénico, envenenadas con un 1 millón 750 mi litros de agrotóxicos, insecticidas y funguicidas cada año para curar las semillas. Esas semillas se van a desparramar porque van a ser vendidas como semillas para cultivos de nuevas plantas transgénicas que, a su vez, tienen que ser rociadas con glifosato, con glufosinato de amonio, y en sí tienen una transgénesis que produce la toxina BT. O sea que no sólo se va a contaminar el ambiente por fumigaciones sino que el maíz en sí expulsa una toxina que es nociva para los insectos y también para los humanos. No se ha demostrado su inocuidad.

Entonces, esta planta lo que va a hacer es desparramar hacia el territorio provincial, hacia el territorio nacional y hacia Latinoamérica muerte y no queremos que Córdoba sea la sede de una fábrica de muerte. Por eso nos oponemos a la instalación de Monsanto; no porque vaya a contaminar a Malvinas Argentinas solamente. (Aplausos).

Ha sido reconocido en jornadas de consulta por los propios productores en este recinto que ha habido y hay lo que ellos llaman eufemísticamente “malas prácticas”, que es el envenenamiento de la tierra, el agua, el aire y de los mismos conciudadanos; por ello, la lucha inicial en barrio Ituzaingó Anexo

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continúa para impedir que empresas sin ninguna conciencia social sigan arruinando la salud y el futuro de las familias cordobesas.

Reclamamos la vigencia del principio de precaución en la provincia de Córdoba. Queremos que los responsables se hagan cargo del daño y que paren de fumigar. Que alguien se haga cargo del daño ambiental. ¿Quién le devuelve la vida a los hijos de Mónica y a las miles de víctimas que tiene este modelo? Estas víctimas no están contempladas en ninguna ley.

Pónganse las pilas señores legisladores y empiecen a ver en forma amplia el ambiente y no solamente a favor de las corporaciones. Acá hay víctimas; ¿quién va a remediar ese dolor?, ¿quién va a frenar el dolor a futuro?

Podríamos contar el daño que va a producir en el ambiente la instalación de esta empresa, permitida por una ley como la que se pretende aprobar, permisiva a los intereses de esas corporaciones. Y atrás de Monsanto vienen muchas otras. Las Asambleas Ciudadanas lo sabemos y hemos hecho hincapié en Monsanto porque es la mayor corporación, pero estamos advertidos de todas las trampas que vienen detrás de esta empresa, de toda la connivencia que hay con otras empresas. Está todo atravesado por la corrupción y las Asambleas Ciudadanas lo sabemos y tenemos documentos porque entre nosotros hay personas muy capaces que, incluso, han entrado a los archivos de los Estados Unidos para ver qué lugares y cómo la empresa Monsanto ha sido prohibida y todos los juicios que se están llevando adelante.

Las Asambleas Ciudadanas tenemos muchísimos conocimientos técnicos y estratégicos, sépanlo porque estamos trabajando con real vocación por el ambiente. Por eso estamos denunciando que hay leyes que le van a permitir a esta empresa y a muchas otras que se vengan a instalar a nuestro territorio.

Esto es una batalla y nosotros estamos siendo invadidos por empresas multinacionales mineras, de agrotóxicos, petroleras, pasteras. Nuestro territorio nacional, y todo el territorio de América Latina con el plan IIRSA, están siendo invadido por estas empresas multinacionales de capitales norteamericanos porque allá en el Norte se les acabaron los recursos estratégicos, se les acabaron las materias primas y tienen que venir a buscar a nuestros territorios.

Sigue el saqueo, sigue la mentira.

Los que estamos instalados en Córdoba tenemos la posibilidad y hemos frenado la planta de Monsanto y es una bisagra. A partir de acá decimos: ¡Monsanto se va de Córdoba y de América Latina! Esto puede ser una bisagra, por eso tenemos que estar todos los ciudadanos compenetrados de que esto es una guerra por la independencia, como la que se libró hace 200 años contra España. Sigue la misma lucha; es la lucha por el territorio, por la defensa de nuestro territorio. En aquella lucha nuestros grandes próceres dejaron sus vidas, pero, ¿qué vida van a dejar los legisladores?, ¿qué vida van a dejar los poderes políticos acá?, ¿qué vida van a dejar los jueces, que están permitiendo tantas atrocidades? Que asuman el rol que les corresponde, que asuman el momento histórico que tienen que vivir. Este es un momento histórico para defender el territorio, para defender a las personas que viven acá. Hagan una conexión con nuestros próceres que dieron la vida para defender el territorio, porque lo están entregando a manos llenas, por monedas, con una traición y van a quedar en la historia como traicioneros, no lo van a sacar gratis.

(Aplausos).

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En definitiva, no hay una ley posible que logre aminorar la resistencia que generan los transgénicos y los agrotóxicos. Por más que se apruebe esta ley les aviso que la resistencia de la ciudadanía no va a ceder, fíjense bien qué es lo que van a aprobar. El descontrol generalizado en el manejo de pesticidas lleva a que quienes no viven en barrios aledaños, ni trabajan con pesticidas tengan también contaminada la sangre.

Por eso, en este momento, acá, se inicia la campaña “mala sangre”.

Lamentablemente, no se puede establecer una conexión vía Internet para que la persona que ha instalado esta campaña en Mar del Plata pueda explicarnos en qué consiste, así que voy a tratar de explicarla yo; es muy sencilla, empezó en España, se les pidió a los señores legisladores que se les permita hacer una análisis de sangre para ver si ellos tenían pesticida en sangre, y sí, si tenían. Entonces ahora se empezó la campaña en Mar del Plata y también se le pidió a los legisladores, que se negaron, pero otras personas de índole público han accedido a esa campaña y ahora son cientos de personas que se están haciendo los análisis de sangre, están todos contaminados, la contaminación está en todos lados.

Durante el juicio en barrio Ituzaingó se descubrió que el 80 por ciento de los niños que viven allí tienen hasta seis agrotóxicos en sangre. Yo no soy médica, pero de tanto escuchar sé –el doctor Medardo Ávila lo podrá decir-, los agrotóxicos irrumpen en el sistema endócrino, o sea se tiene el agrotóxico en sangre, eso es una bomba de tiempo, en cualquier momento se puede enfermar. No los quiero asustar, pero el problema es grave, estamos bastante contaminados.

En este momento, la Asamblea CASA, Córdoba Asamblea Socio Ambiental, inicia la campaña “Mala sangre” en el territorio provincial y lo hace invitando a los señores legisladores a que se hagan un análisis, si bien esto tiene un costo, vamos a tratar que la ciudadanía solvente los gastos de esta campaña, no le vamos a pedir dinero a nadie, ahora si los señores legisladores quieren aportar para sus propios estudios, bienvenido sea, porque son caros.

Acá traigo –y le voy a pedir a aquellas personas que estén dispuestas a hacerse este análisis que es muy simple- un consentimiento informado, tienen que firmarlo y luego llenar una pequeña ficha epidemiológica , porque después queremos comparar los datos de todo el país, nos hacen falta estos datos y aquellas personas que accedan a este estudio las vamos a citar en ayunas para que se hagan la extracción de sangre, la cual va a ser enviada al laboratorio especializado en Mar del Plata que es el encargado de hacer estos estudios. ¿Qué legislador acepta este desafío para ver si tiene agrotóxicos en sangre? Les pedimos que antes de legislar esperen los resultados de estos análisis.

-Varios legisladores reciben la planilla.

Muchas gracias, son muy valientes porque seguramente vamos a descubrir algo que no queremos. Le paso las planillas al presidente.

Muchísimas gracias a todos los que van a colaborar con esta campaña.

Entonces, invitamos a los legisladores que se efectúen este análisis de pesticida en sangre y entonces van a tener una dimensión cabal de lo que significa. Primero, la ineficacia de la autoridad de aplicación, porque se ha desmadrado el tema de los agrotóxicos en el ambiente, o sea que estamos

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todos respirando agroquímicos, porque lo que completa el dato de barrio Ituzaingó es que cuando se hizo el comparativo, porque en todo experimento científico, en todo estudio epidemiológico se estudia una muestra que es la de interés y se hace un estudio sobre una muestra control, que se supone que es la muestra sana, esa muestra sana era los niños del Hospital de Niños, que el 50 por ciento de ellos tenían hasta tres agroquímicos en sangre. Entonces, los niños que supuestamente están sanos realmente están intoxicados.

La sospecha que tengo es que vamos a encontrar que tenemos muchos agrotóxicos en sangre, ¿cómo vamos a vivir con eso? No sé, pero sí sabemos la causa: se ha desmadrado porque no hay autoridad de aplicación. Hay una inexistencia de laboratorios para el análisis de sangre, nos ha costado muchísimo encontrar laboratorios en los que podamos hacer los estudios que estén bien certificados, sistemáticos y económicos, pero lo hemos hecho. Las asambleas somos capaces de hacer todas estas cosas.

Van a comprobar la inexistencia de un sistema epidemiológico de alerta temprana de las intoxicaciones, sean agudas o crónicas.

Mi trabajo de investigación consiste en hacer estudios epidemiológicos y he ido a las poblaciones, he caminado toda la ciudad de Morrison y toda la ciudad de Pozo del Molle con estos estudios, y me cansé, no lo haré más, porque este trabajo le corresponde al Ministerio de Salud, no le corresponde a una simple investigadora, que encima tiene que luchar contra toda la incomprensión que también tengo dentro de la misma Universidad Nacional de Córdoba y la falta de recursos. Lo hemos hecho con vecinos, todos de buena voluntad, pero esto corresponde que lo haga el ministerio.

También observamos que hay una ausencia del sistema de seguimiento, apoyo y resarcimiento a los afectados y remediación de los sitios y aguas contaminadas. Ese es el gran desafío que viene, porque ahora tomaremos conciencia de la contaminación. ¿Y cómo cambiamos la historia? Cuando el glifosato entra en la tierra, dependiendo del suelo, tiene entre tres y cinco días para descomponerse en otro producto, que es el AMPA, y que también es supertóxico; no solamente hablamos del glifosato, cuando cae al suelo el Roundup, una mezcla de agrotóxicos, son 150 veces más tóxicos que el glifosato en sí.

El problema de la contaminación es gravísimo y nadie sabe cómo descontaminar el suelo. Entonces, como docente de Ciencias Químicas estoy formando a mis alumnos pidiéndoles que se empiece a investigar. Tenemos un problema tremendo en Argentina, tenemos 20 millones de hectáreas rociadas con agrotóxicos, ¿cómo revertiremos esto? Pónganse a pensar en las tierras más fértiles del planeta arruinadas por el interés económico de las corporaciones, estamos entregando nuestra tierra, ¿cómo revertiremos este proceso? Pongámonos a pensar eso.

Como conclusión, esto es un desastre ambiental, y cuando se reconozca la acción de Monsanto como generadora de este desastre ambiental, quienes aprueben esta ley serán juzgados por crímenes de lesa humanidad. Pasarán veinte o treinta años, pero como esto se trata de un genocidio o de un ecocidio –palabras perfectamente definidas-, en algún momento nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones –los jóvenes de hoy son maravillosos en la conciencia que tienen del valor de la vida-, nos verán a nosotros y a ustedes y dirán “¿qué hicieron?”, y nos juzgarán por crímenes de lesa humanidad, porque estamos haciendo acciones que tienen una proyección en el tiempo que supera nuestra

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propia vida. ¡Hagámonos responsables de nuestras acciones, pensando en la dimensión que nos toca vivir! Estamos en un momento histórico, en un momento bisagra, no sé si el tiempo se está acabando pero hagamos algo.

Hagamos algo, por favor. Tenemos a la ciudadanía encolumnada atrás de aquello que los legisladores y los gobernantes quieren hacer a favor de la vida.

Mientras tanto, no nos vamos a ir del bloqueo de Monsanto. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias.

Tienen la palabra la doctora Marcela Fernández y el doctor Juan Carlos Ferrero, de ADARSA, Asociación de Amigos del Río San Antonio.

Sra. Fernández.- Muchas gracias. Buenos días a todos.

Antes de ingresar al tema y al análisis más técnico del proyecto de ley de que se trata, debo remarcar la contratara: las realidades que ocurren en virtud de la falta de cumplimiento de las normas.

Hay una norma básica de presupuestos mínimos de orden público, prevista en el artículo 3 de la Ley General del Ambiente, vigente desde el año 2002, la que ha sido, lisa y llanamente, ignorada en esta Provincia a la hora de aplicársela tanto a nivel administrativo como judicial. Hay una gran deuda pendiente por parte de esta Provincia y de la Legislatura, en muchos aspectos, en profundizar porque, por más que en la nota de elevación se alude a problemas ambientales, la realidad es que estamos en emergencia ambiental, y se presenta la ley como complementaria de una ley nacional cuando, en realidad, no complementa nada -no profundiza, aún empeora, contradice, deja espacios en blanco respecto de esa norma nacional. Realmente, si esto va a ser la ley, creo que estamos mejor como estamos.

Como dije, creemos que esta nueva ley se proyecta para blanquear o suplir omisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, los que –como dijecasi todas las veces han mirado para otro lado o, más bien, para el lado del poder económico.

En los aspectos formales, ingresando un poco a lo más técnico, el proyecto tiene la mayoría de sus normas programáticas, es decir, no operativas como la utilización deficiente del lenguaje; escasa técnica legislativa al utilizar los verbos en modo futuro y no en el modo indicativo presente, como debe legislarse; sin avances concretos a la hora de consolidar el derecho a la participación o consulta ciudadana, o sea, mecanismos, modos, tiempos para instrumentar dicha participación; tiene un vocabulario restringido por cuanto hace alusión a la palabra “ciudadanos” cuando en el artículo 41 de la Constitución Nacional se habla de “habitantes”, es más simple el concepto, o “personas”, como menciona la Ley General del Ambiente.

Esto va a contramano de lo que se conoce como el principio de “progresividad”: en el Derecho Ambiental -como en otros derechos, por ejemplo, en el Laboral- no podemos ir para atrás sino que tenemos que avanzar y profundizar el resguardo, no la tutela.

Incurre en una delegación inadmisible de facultades propias del Estado – que acá el doctor ya también lo refirió- como el poder de policía en profesionales o en consultoras privadas que certificarán si un proyecto cumple con el marco normativo vigente. Esto es inconstitucional porque se trata de una facultad irrenunciable del Estado: el control.

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Entre otras falencias, también viola el principio de responsabilidad, prescripto en el artículo 4º de la Ley General del Ambiente, que responsabiliza a quienes contaminan. En este proyecto se premia, porque se va a premiar a quien contamine menos y que cuente, a su vez, con la certificación que le va a hacer la consultora que él mismo contrate como auditado, o sea, toda una trampa para delegar funciones del Estado en particulares; lo que se dice, una privatización del control estatal.

Consideramos que, de aprobarse este proyecto, se pierde la oportunidad de mejorar, profundizar y avanzar en la tutela eficaz del ambiente.

Los que litigamos en Córdoba sabemos que los amparos tienen un curso bastante complicado. En la ley nacional existe una norma que tutela el acceso a la Justicia sin restricciones de ninguna índole; por lo tanto, aquí cuadran las restricciones económicas, o sea, “eximir del pago de los gastos –lo que se conoce como principio de gratuidad- y la no imposición de costas a quienes actúan en defensa del ambiente”. En tal sentido, nos ha pasado que alguna Cámara nos cargó costas, cuando quien actúa en defensa del ambiente está ejerciendo un derecho y un deber que está en la Constitución Nacional, y no persigue ningún lucro económico.

ADARSA forma parte de la coordinadora provincial por la soberanía de la tierra y el agua. Al respecto, adherimos a la petición que va a presentar la coordinadora en lo que hace a reconocer la emergencia ambiental y la necesidad de derogar la Ley de Bosques, que se pretende tomar como una base para el ordenamiento territorial cuando, en realidad, dicha ley tampoco cumple con los presupuestos mínimos de la Ley Nacional 26331. Cuando esta norma se debatió, a último minuto se agregaron algunas “palabritas inconvenientes” que tornaron inconstitucional esta norma. Esperemos que en este caso no nos pase lo mismo, y que no nos defrauden cambiando cosas a último momento, pero sí que modifiquen las que están mal. Entre ellas, podemos señalar algunas: en el artículo 3º se señala que como base, sustento y guía para el desarrollo, el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley General de Ambiente es una redundancia, ya que están obligadas a cumplirla porque es de orden público –esto no es necesario que esté presente El artículo 7º -que habla del ordenamiento territorial- remite de manera directa a la Ley 7343, y esta norma no tiene regulado nada al respecto, ya que no contiene disposiciones operativas. Esta remisión, sumada al tiempo verbal utilizado para la convocatoria, no asegura en absoluto la participación ciudadana, perdiéndose así la oportunidad de consagrar esta garantía que contiene la Ley General del Ambiente al no regular los aspectos sustanciales.

El artículo 8º, en lo que hace a la autoridad de aplicación, contiene una redacción confusa y discriminatoria, excluyendo del desarrollo a los ambientes rurales a la hora de elaborar el ordenamiento territorial ambiental. Es ineficaz al contener una visión restrictiva de la realidad social de la problemática ambiental, desconociendo las posibilidades plenas de avanzar en los municipios con sus ordenamientos locales.

El artículo 9º, que regula la evaluación de impacto ambiental, no pasa de ser una expresión de deseo, no garantizando la participación ciudadana tan relegada por omisión de aplicar la Ley General del Ambiente, sujetando al arbitrio del Poder Ejecutivo la reglamentación de este derecho. Este proyecto debiera ser la norma operativa de ese derecho, no sujetarlo de nuevo y volver con el cuentito de la autoridad de aplicación y el reglamento que nunca llega.

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Vale decir, la Ley “madre” 6964, de Reservas Naturales de la Provincia–; la Ley 8941, de la Reserva Valle del Cóndor, y la Ley Hídrica de Los Gigantes no están reglamentadas. Tanto es así, que en San Antonio de Arredondo –que es donde surge esta ONG– se han autorizado, indiscriminadamente, El Gran Dorado, El Dorado –todos de Petrone–, y actualmente en el Concejo le están devolviendo el proyecto al Ejecutivo, tirándose la pelota unos a otros, yendo y viniendo, con acciones judiciales y denuncias penales contra los funcionarios que autorizaron los estudios de impacto ambiental, lo cual obra en la Fiscalía Anticorrupción.

Estamos agotando todos los caminos; una parte de los integrantes de ADARSA está en el Concejo esperando a ver qué pasa; otros estamos aquí, haciéndonos escuchar.

Respecto del artículo 10, la norma tampoco es operativa, ya que delega en el Poder Ejecutivo facultades legislativas, como encuadrar en qué casos y de qué manera se hará la consulta popular y, en definitiva, vuelve a desdibujar el concepto de participación ciudadana porque queda sujeto al criterio del Ejecutivo –a través de la autoridad de aplicación–, contrariando nuevamente la Ley General del Ambiente y dando por tierra las expectativas de los ciudadanos que confiaban en que se enmendaría la omisión de la ley cordobesa.

Se modifican también, de manera implícita, los artículos 50, 51 y 52 de la actual Ley 7343, sin determinar la vigencia y las normas aplicables en el período de transición.

El artículo 11 es bastante incoherente en sus dos párrafos, ya que el primero se refiere a la publicidad de los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental, y el segundo quiénes están facultados para solicitar una Audiencia Pública. En tal sentido, si ésta reviste carácter obligatorio, ¿por qué habría de aparecer como una facultad –expresa “podrá”– de solicitud de los ciudadanos o interesados? Para utilizar una terminología más amplia, debiera decir “toda persona”.

El artículo 16 se refiere a los planes de gestión ambiental, en tanto que los artículos 17 y 18 contienen una terminología confusa, sin las definiciones correspondientes, siendo poco claro respecto de los sujetos pasivos de la norma.

Los artículos 19 y 20, referidos al control y fiscalización de las actividades antrópicas, son también muy llamativos. Los instrumentos de control y fiscalización vigentes no sólo deben utilizarse para el seguimiento sino también –lo cual es más importante– para aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las normas ambientales. O sea, seguimos siendo tibios en esto.

El artículo 21 se refiere a la auditoría ambiental, ya cuestionada, y el artículo 22 también está redactado en un lenguaje vago e impreciso, con utilización de verbos en tiempo futuro; se redefine la auditoría ambiental como “un instrumento de gestión ambiental”, derogando en forma implícita la actual redacción de la Ley 7343.

La mayor crítica que puede hacerse en este tópico es la delegación de las facultades ineludibles del Estado en manos de particulares. En efecto, la norma propuesta prevé que la auditoría ambiental –suscripta por un profesional inscripto en un registro– servirá para certificar el cumplimiento del plan de gestión ambiental y/o marco normativo ambiental vigente. El que certificará que se respetaron las normas ambientales no será un profesional retribuido por el

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propio auditado sino el Estado, a través de sus órganos competentes –en este caso, la Secretaría de Ambiente–, por tratarse de facultades indelegables. Esta es una de las críticas más reiteradas a este proyecto de ley, puesto que implica la privatización de la función estatal de ejercer el poder de policía que, constitucionalmente, es irrenunciable.

El artículo 23, relativo a los estándares y normas ambientales, repite conceptos regulados por la Ley 7343, y en su parte final insiste –por si quedaba alguna duda– en la delegación inadmisible del poder de policía del Estado en manos de estos particulares certificantes, que realizarán el control a través de las auditorías ambientales.

Respecto de la participación ciudadana –se vuelve a utilizar la expresión restringida “ciudadana”, en lugar de “habitante”–, se reitera la delegación en la autoridad de aplicación de facultades para determinar cuándo y cómo se instrumentará. Llamativamente, la misma norma prevé el caso en que un mecanismo que se supone obligatorio –esto es incoherente– no hubiera sido previsto.

Tampoco debiera estar la norma referida al seguro ambiental porque es inconstitucional; esto ya está regulado en el orden Federal, y Córdoba cuenta con el Decreto 1130/2012, que rige precisamente sobre este aspecto.

Las normas relativas a las medidas de autogestión, incentivos y premios ambientales –este es el corolario– violan el principio de responsabilidad violan el principio de responsabilidad que también fija el artículo 4º -como dijimos-, al establecer premios e incentivos para los que contaminan menos y cumplen la normativa ambiental.

Los tibios requisitos exigidos en este artículo 33, para acceder a premios e incentivos, configuran una burla para los ciudadanos, quienes con sus impuestos premiarán a quienes contaminen menos por el sólo hecho de que supuestamente cumplen las normas ambientales, porque así lo certifica un profesional o consultora particular –el auditor reprimido por el propio sujeto auditado.

En definitiva, son muy pocos los artículos que podemos salvar –según nuestra crítica- de este proyecto que, evidentemente, no va a cambiar las cosas sino que las va a empeorar; requiere de una agudeza a la hora de estudiar y definir cuál va a ser, realmente, la operatividad de los derechos -por supuesto, a través de la participación ciudadana, que los emprendimientos o los proyectos cuenten con la licencia social, que es básico, lo que está ocurriendo en los países más avanzados y que habla del progreso del Derecho Ambiental y no de la regresión que implica este proyecto.

Le voy a ceder la palabra al doctor Ferrero.

Sr. Ferrero.- Gracias. Buenos días.

Yo voy a rememorar un poco la historia de Córdoba, en la parte ambiental.

Sé que muchos de ustedes iban al primario en la época de la que voy a empezar a hablar.

Recuerdo que, allá por la década del ’70, el doctor Joaquín López, abogado mendocino especialista en agua, hizo el Código de Agua de la Provincia de Córdoba –Ley 5579-; fíjense qué notable: un abogado especialista.

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No hace mucho, la Provincia de Córdoba reformó el Código de Agua de la Provincia, que es ley de fondo -porque es un Código. ¿Para qué lo reformó?, para sacar el término “inmalienabilidad”. Muchos dirán: “qué tiene, total, es una palabra más o menos”; no, esa palabra significa que sólo el Estado maneja el agua, y la han sacado.

Creo que esta ley que ahora se quiere sancionar sobre el tema del ambiente, es parte de una historia que se viene dando para reformar a la Provincia, y eso es muy grave, porque nos están quitando nuestro origen.

Voy a hablar de la década del ’70. Recuerdo que en esa década se comenzó a hablar del Dique de Cuesta Blanca; comenzaron los estudios, por parte de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, contratada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Se hizo un proyecto; ese proyecto no cuajó y la Provincia de Córdoba lo retomó y lo modificó.

Se iba a hacer un dique de 82 metros de altura para hacer un lago de la sexta ava parte del Lago San Roque, para regular el Río San Antonio. Fíjense qué notable: el pueblo de Punilla sur –digo pueblo porque hay cinco comunas y la ciudad de Villa Carlos Paz- dijo: “no, al río San Antonio no le hacen ningún dique”, y comenzó la lucha. Allí nace ADARSA -Asociación de Amigos del Río San Antonio- y se logró que se aplicara la Ley 7343 –que ahora quieren reformar porque parece que no sirve más.

Esa ley dio lugar a decir que el impacto ambiental daba negativo para esa obra, y se logró que no se hiciese esa obra.

Pero, rememorando la parte histórica, recuerdo que el senador nacional por la Provincia de Córdoba era el señor José Manuel De la Sota, cuyo secretario era el señor Gumersindo Alonso, a quien entrevistamos en este mismo edificio donde estamos ahora; le explicamos por qué nosotros nos oponíamos a la construcción del dique Cuesta Blanca en el Río San Antonio.

En ese momento –que me perdonen- hasta las universidades decían que sí al dique de Cuesta Blanca, y tenemos constancia de eso. Por suerte, hace menos de un año La Voz del Interior publicó algo que dicen las universidades de Córdoba: “Menos mal que no se hizo el dique de Cuesta Blanca, si no, hubiésemos arruinado un recurso hídrico”.

O sea, no nos estamos adueñando de algo que fue una lucha de la gente, porque fuimos solo una partecita de toda esa gente que vino a decirle “no” al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pero cuando se dijo “no”, hablamos con este señor Gumersindo Alonso y le trasmitió –según nos dijo- al señor senador nacional, el señor José Manuel De la Sota, que pretendíamos – esto fue verbal- que se hiciese lo que correspondía hacer en la región; es una cuenca chica y no se la puede agredir, entonces, lo que hay que hacer es, justamente, una reserva para que no tuviésemos más problemas. Se consensuó la idea y se llegó a eso, por eso la doctora mencionó las Leyes 8770 y 8941 que son dos zonas de reserva, una es recreativa natural y la otra es hídrica y las dos dividen a la localidad de San Antonio de Arredondo en dos partes. Son leyes que salieron de esta Casa, salieron de aquí, y por consenso del Gobierno que se iba y del que llegaba, en el año ‘99 Fíjense qué notable. Allí viene un hecho que –tenemos constancia- dice: “que no se debe hacer el dique de Cuesta Blanca pero sí conviene hacer las reservas”, y se logran las dos reservas. Bueno, hete aquí la cosa, que en este momento en esas reservas tenemos 4 barrios privados…

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-Alguien manifiesta fuera de micrófono: “para eso se crearon las reservas”.

Sr. Ferrero.- ¡Claro! Eran las reservas... (Aplausos). Ya lo habíamos preparado afuera a esto. (Risas).

Insisto en una cosa. Hablan mucho de impacto ambiental. Les voy a mostrar un expediente de la Justicia de Córdoba –que está aquí-, con número y todo. Porque acá estamos hablando del Estado, entonces, hasta ahora tenemos dos estados, o dos partes del Estado comprometidas en este expediente; nos falta la tercera parte, que son ustedes.

Aquí hay un amparo por mora, presentado en el año 2009, y nos dieron razón en primera instancia. Pasó a una segunda instancia en el año 2011, y nos da la razón a ADARSA en cuanto a que el amparo por mora corría porque no nos habían contestado sobre el impacto ambiental de esos barrios que están hechos y habitados. Qué rara casualidad, el año pasado, como no lográbamos nada, insistimos por parte del Tribunal Superior de Justicia y también nos dio la razón. ¿Ustedes se preguntarán en qué terminó esto? Y, sigue la mora, porque nunca nos contestaron nada desde la Secretaría de Ambiente ni de Recursos Hídricos.

Entonces, a esto iba, y por eso estoy contigo Cristina: es falta de política, es falta de interés por darle una solución a la Provincia de Córdoba, no son las leyes porque las leyes están. Presentamos estos amparos en base a la ley y, sin embargo, está la Ley 8803 -que la implementaron estos gobiernos-, que es la obligación de dar la información, que tienen 10 días y después pueden tener 10 días más, pero claro, nunca dice que son 7 años. Entonces, pedimos por favor a todos los que están trabajando en la parte Ambiente, ayudémonos porque nos están haciendo daño, no sé si a propósito o no, pero yo soy medio mal pensado, perdónenme.

Por último, quiero decir una cosa que, realmente, hiere porque está aquí, no la inventé yo, está en los periódicos: “el señor Secretario de Estado de Ambiente de la Provincia de Córdoba dice que están vendiendo lotes ilegales”.

Un Secretario de Estado no puede salir a decir eso, lo que tiene que hacer es ir y presentarse a la Justicia. Por eso hicimos el pedido de esto, y el señor Secretario de Estado, Horaldo Sen, se “lavó las manos”, cumplió su período y se disparó, y a nosotros nos dejó ahora con el quinto barrio que nos quieren meter en San Antonio de Arredondo, donde no hay agua y el problema es cada vez más crítico. Si alguien tiene dudas, nosotros nos encargamos de hacerle recorrer la región y hablar con la gente. Vengan a San Antonio de Arredondo, les vamos a mostrar qué es lo que está pasando. Nos va a pasar lo que le está pasando a la gente de las Sierras Chicas y no queremos eso, al contrario, queremos ayudar a la gente de las Sierras Chicas. Vamos todos a ayudar a las Sierras Chicas, pero no nos hagan daño a nosotros.

Creo que no hacen falta leyes nuevas si nosotros cumplimos con las leyes que hay, pero, cumplamos pidiéndose a los funcionarios públicos que vayamos juntos; ¡vengan con nosotros!, no se queden atrás, no se hagan los distraídos, ¡vamos juntos!, hay que defenderlo al ambiente en la Provincia de Córdoba, no podemos entregar lo que estamos entregando.

Fíjense que ADARSA ha hecho hasta, después de 16 años de trabajo, el perfil geomorfológico del Río San Antonio, conjuntamente con el INA y el CIRSA. ¿Saben qué es el perfil geomorfológico? Es saber cómo se

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comportaría el río frente a diferentes eventos climatológicos en base a fotografías satelitales. No lo hicimos nosotros, lo promocionamos, ADARSA se dedicó a promocionar y a hacer estas cosas. Y, ¿saben por qué en ADARSA se ha hecho? Porque la gente de esa región quiere a su región y entonces lucha, pelea y hace lo imposible para seguir avanzando y seguir teniendo la región como la gente, porque esa región no tiene otra alternativa si no es el turismo.

Entonces, mal está que nos arruinen el río o que ahora nos dejen sin agua. Saquen toda el agua para darles a los countries, a los barrios privados.

No estamos en contra de los barrios privados, que los hagan, que los hagan para abajo y después que se arreglen los de abajo; pero en nuestra cuenca no porque nosotros decimos algo muy simple, nos achican la cuenca porque hacen casas y barrios, y nos agregan habitantes; entonces, doble daño.

Señores legisladores: los invitamos a que trabajemos todos juntos –y ADARSA está a disposición de ustedes para lo que necesiten–, pero hagamos las cosas en serio para el bien de la Provincia de Córdoba, no para bien de un individuo ni de un partido político.

Perdón y gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Elías Tulián.

Sr. Tulián.- Buenas tardes a todos.

He traído algo preparado para leerles y, luego, voy a agregar unas palabras.

“Señores miembros de las comisiones legislativas: primeramente es debido agradecer por la posibilidad de participar y expresar nuestra opinión como comunidad indígena sobre un tema tan serio para nosotros, como es el medio ambiente y nuestra relación con el mismo. Ahora necesitamos traer sobre la mesa conceptos que no están incluidos en los textos, tales como: biodiversidad, salvaguarda indígena, patrimonio cultural ancestral, derechos de la Madre Tierra, reivindicación histórica, soberanía alimentaria –esto es por Monsanto-, propiedad intelectual, derecho al patrimonio genético y territorio comunitario indígena. No es simple fundamentalismo sino una necesidad de clarificar qué se quiere o se debe proteger -recalco esto- para las futuras generaciones. Los pueblos originarios entendemos que el territorio es una unidad compleja e indivisible; necesitamos que se entienda como tal y que como tal se proteja.

Nuestra comunidad tiene una historia única y particular; llevamos adelante un juicio contra la Corona Española entre los años 1804 y 1809; ese litigio dio como resultado que el 17 de marzo de 1806 nuestro territorio nos fuera devuelto, pero el Gobierno argentino nos disolvió y expropió el territorio que nos corresponde en el año 1882 cuando en la Provincia se implementó la Ley 854, la famosa Ley de la Campaña al Desierto.

Más allá de que esta ley ha sido desestimada en numerosos pleitos judiciales que las comunidades indígenas, sobre todo de la Patagonia, han llevado adelante en los últimos treinta años, entendemos que la Provincia de Córdoba apela a esta misma ley cada vez que se desconocen nuestros derechos, como pueblo preexistente, a participar de las gestiones de gobierno de nuestro territorio ancestral. Por lo tanto, exigimos que la Provincia adhiera a la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país.

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En relación al proyecto de ley que hoy se discute, decimos que la cuestión del ordenamiento territorial debe entenderse como una construcción social y colectiva, una elaboración participativa que hasta ahora no se ha implementado como es debido en ningún territorio, y es importante entender que ante la preexistencia de las comunidades y los pueblos originarios la cuestión de discutir con toda la sociedad es polémico hasta para nosotros. Pero es sumamente necesario que así sea porque esa es la única manera de lograr un producto democrático, adaptado a la realidad de cada territorio y a la madurez de cada grupo social.

Las Audiencias Públicas y mecanismos de consulta deben ser llevadas a cabo en todos los proyectos a desarrollarse en la Provincia y en todos los casos deberán ser vinculantes para que tengan razón de ser.

En cuanto al control y fiscalización de las actividades antrópicas, exigimos que se debe incluir la reparación de los daños ambientales, porque de nada sirve una ley que no es capaz de proponer sanciones ante su posible violación.

Solicitamos que en relación a los pueblos originarios se incorpore un artículo que dé reconocimiento a la Constitución nacional, al Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por la República Argentina por Ley 24.071 y demás leyes internacionales.

Los artículos directamente relacionados con el tema son los siguientes: Constitución nacional, artículo 75, inciso 17): reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos; asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que las afecten. Las provincias pueden ejercer correspondientemente estas atribuciones.

Artículo 75, inciso 22): adherir a tratados concluidos con las demás naciones y con organismos internacionales tales como: Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por la República Argentina, como ya lo dije, por la Ley 24071.

Artículo 4º 1- Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de los pueblos interesados.

Artículo 6º 1- Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente; b) Establecer los medios a través de las cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos a la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen; c) Establecer las medidas para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin.

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2- Las consultas llevadas a cabo en aplicaciones de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de buena manera, apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7º. 1- Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente; 2- El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3- Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4- Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 13. 1- Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberían respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.

2- La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14 1- Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2.-. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión.

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3.- Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar reivindicaciones de la tierra formulados por el pueblo interesado El artículo 15 establece: 1.- Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2.- En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Esto habla de la explotación minera y del consentimiento libre, pleno e informado. La Secretaría de Minería de la Provincia deberá consultar con las comunidades de los pueblos originarios.

El artículo 18 establece que la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Asimismo, el Convenio de Diversidad Biológica firmado en 1992 ratificado en nuestro país, reconoce en el párrafo 12 la estrecha y tradicional dependencia de muchos comunidades y poblaciones indígenas que tienen sus sistema de vida tradicionales basados en los recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Cabe destacar que la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica constituye para los pueblos originarios la filosofía misma de nuestra existencia.

Tal vez en los territorios indígenas se encuentra la mayor fuente de biodiversidad, la participación en el reparto justo y equitativo debe estar ligada al respeto del conocimiento ancestral y milenario que poseemos los pueblos originarios sobre la propiedad de la biodiversidad para el beneficio de la humanidad. De esta forma, se asegura un trato justo y de respeto mutuo entre las culturas.

Además, las obligaciones plasmadas en dicho convenio establecen que los programas y estrategias empleados para la utilización de dichos recursos no pueden significar un cambio en la relación ancestral con la tierra y los recursos naturales, que desde hace milenios practican los pueblos indígenas.

Dicho convenio manifiesta en su artículo 8 la adopción de un sistema de áreas protegidas –SAP- promoviendo en ellas un desarrollo ambiental adecuado. La efectividad de este mecanismo está directamente relacionado con el sistema de prácticas tradicionales de manejo que poseemos los pueblos indígenas sobre estas áreas, a fin de preservar en su creación los modos de vida, bienestar y supervivencia.

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El previo reconocimiento de la territorialidad indígena sería una condición necesaria e inevitable, puesta de manifiesto en el artículo 8, inciso j): “Con arreglo a su legislación nacional; respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la Diversidad Biológica y promover su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean estos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.” Dicha conservación a través de la protección de los ecosistemas, se denomina “in situ”.

Otra legislación que vale la pena mencionar en cuanto al respaldo a nuestro pedido concreto es la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948, que recomienda a los Estados ejercer la tutela para “preservar, mantener y desarrollar el patrimonio de los indios o de sus tribus y crear instituciones o servicios para su protección y, en particular, para hacer respetar sus tierras, legalizar su posesión y evitar la invasión por extraños.”

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Originarios incluye en su artículo 8º, inciso 1: “Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir asimilación forzada o la destrucción de su cultura.” En su inciso 2) expresa que “los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos.”

La misma declaración, en su artículo 11, expresa: “I) Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. II) Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.”

En su artículo 20 dice esta Declaración: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.”

En su artículo 23, asimismo, expresa: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.” Esto cobra importancia en cuanto a los cambios estructurales, sociales y de uso de la tierra que se están viviendo en San Marcos Sierras en los últimos tiempos y que nada tienen que ver con nuestra cosmovisión.

Esta misma ley agrega en su artículo 25: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han

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poseído u ocupado y utilizado de otra forma de asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.”

En el artículo 26, inciso 3) dice: “Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.

Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.”

He hablado en nombre de la Comunidad “Tulián” a la cual pertenezco y, para finalizar, quiero decir que apoyamos los petitorios que han presentado las organizaciones y decimos: ¡fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de Latinoamérica!

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el doctor Medardo Ávila Vásquez.

Sr. Ávila Vásquez.- Buenas tarde, quisiera saber si no le van a hacer preguntas a nadie de los que habló.

Sr. Clavijo.- Al final vamos a hacer una segunda vuelta para formular algunas preguntas.

Sr. Presidente (Heredia).- Discúlpeme que lo interrumpa. Al principio explicamos que esa iba a ser la metodología; de lo contrario todavía estaría hablando el segundo porque se puede ocasionar un debate. Entonces, hablan todos y los legisladores van a tomar nota de los puntos para poder formularles las preguntas que se consideren pertinentes.

Sr. Ávila Vásquez.- Perfecto, quedó claro.

Soy uno de los coordinadores de la Red Universitaria de la Red Ambiente y Salud, red de médicos organizada alrededor de la Facultad de Medicina de Córdoba y de la Facultad de Medicina de Rosario, que trabaja con médicos y personal de salud de todo el país, sobre todo vinculados a la agresión con agrotóxicos sobre la salud, pero también con temas ambientales.

Nuestra mirada es desde esa perspectiva sanitaria.

Con respecto al proyecto de ley de política ambiental provincial, lo primero que vamos a plantear es que estamos de acuerdo y refrendamos la posición del rector de nuestra Universidad, doctor Francisco Tamarit, en el sentido de que no se visualizan avances reales con respecto a la legislación en vigencia, sobre todo respecto a la ley de presupuestos mínimos, a la Ley General de Ambiente.

Consideramos que se trata de un proyecto que presenta un cúmulo de declaraciones de intenciones y deja en manos de la autoridad de ejecución una serie de cuestiones, y lo hace con un sentido avieso, como ha quedado manifestado por los abogados que se han expresado.

Además, como lo planteaba no solamente nuestro rector sino también representantes de otras Universidades, lo más urgente es que se respete la ley existente, tanto la provincial como la nacional. Nosotros tenemos una larga historia de haber sufrido negación de la ley existente, principalmente por las autoridades de este Gobierno que le enseñaron el “versito” al intendente Arzani de que tenía que aplicar la ley de Córdoba y no la de la Nación, como si Córdoba fuera un país independiente. O sea que, de acuerdo con la Secretaría de Ambiente, durante mucho tiempo estuvieron llevando adelante esta

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posición, inclusivo con la complicidad del mismo Tribunal de Justicia que, encabezado por el empresario sojero García Allocco, le quitó la posibilidad a la población de Malvinas de expresarse en este tema al rechazar el amparo que teníamos vigente el año pasado, o sea, se nos cerraron todos los caminos; es la negación de la ley vigente, no es que falte una ley, hay legislación, pero se desconoce.

Entonces, se avanzaba con el proyecto Monsanto, los amparos eran aceptados por los jueces en primera y segunda instancia y el Tribunal Superior, a instancias de un presidente y de otra vocal -cuyo marido estaba inscripto como empresario sojero, o sea, jueces de alto nivel de la Justicia cordobesa que ganan 80 mil pesos por mes y desarrollan actividades privadas vinculadas a Monsanto porque fumigan, le compran las semillas-, resolvía en contra nuestros amparos, situación de negación de ley que nos llevo a acompañar el proceso de lucha de la población, en el sentido que había que tomar la planta e impedir que se construyera porque no había caminos; los caminos se nos estaban cerrando.

En este momento estamos discutiendo esta ley que ha sido presentada por el señor Gobernador como una ley de convivencia ambiental, es decir, reconoce que hay una serie de conflictos en nuestra Provincia, que van aumentando año a año, y que estos conflictos se resolverían, de alguna manera, a través de instancias de convivencia como las que plantea esta ley.

Nosotros creemos que la situación es diferente. Hay conflictos que devienen de una crisis ambiental que esta ley no reconoce. Este proyecto de ley trata de poner un marco en donde se puedan hacer negocios con el ambiente –continuar haciéndolos- y, de alguna manera, controlar los conflictos para que no le generen tantos problemas políticos al gobierno -tanto municipal como provincial-, y desconoce que tenemos un problema muy grave en el ambiente, situación que todos los cordobeses reconocen. Uno puede preguntarle a cualquier cordobés cómo está el ambiente y va a decir que es un desastre.

Acá hay situaciones de puja de intereses de los emprendimiento como Monsanto, Porta y los inmobiliarios, y los derechos de la gente por su vida, por su salud, por tener agua, por tener un ambiente que no sea contaminante para que no se le enfermen los hijos. No es que hay pujas simples sino que hay luchas concretas entre damnificados y empresarios protegidos por el Gobierno.

No es un problema de ambientalistas que se han puesto de moda y que empiezan a plantear una serie de cuestionamientos a los modelos económicos en vigencia, no es una cuestión ideológica, ni que estemos defendiendo el ambiente como si fuera un paisaje que queremos proteger, o a las ballenas de que no sean exterminadas, es la misma gente, somos las mismas ballenas las que estamos acá porque -no somos ambientalistas- un hijo que murió era una ballenato y nosotros somos las ballenas que estamos luchando por el derecho a la vida; no somos ambientalistas, somos los damnificados, y esta lucha es una lucha ciudadana, de derechos que son vulnerados por un modelo en vigencia que hace uso del ambiente en función de negocios que generan cada vez mayores ingresos.

El proyecto no considera la grave situación que tenemos en Córdoba; hace 15 años que las políticas productivistas han llevado al exterminio de nuestros bosques, a niveles de contaminación con agrotóxicos que son inéditos en el mundo. En el suelo de toda la Provincia podemos detectar agroquímicos y

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también en el agua subterránea, hay estudios hechos por nuestra Universidad que han sido publicados hace poco. El agua del Río Suquía, en todos sus niveles, tiene una contaminación altísima de glifosato, atrazine, endosulfan, y cada vez es mayor, año a año; incluso el agua de lluvia, de lo que llueve en nuestra Provincia, en los primeros 30 mililitros contiene glifosato, atrazine u otro contaminante que queda en el aire, o sea que cuando llueve limpiamos esos contaminantes. No está considerado la destrucción de la biodiversidad que hemos sufrido –a lo que hacía mención el compañero Tulián- a consecuencia de este modelo de agronegocios, y cómo vienen surgiendo y avanzando enfermedades que habían sido olvidadas por todos nosotros, principalmente por los médicos, como el dengue –en este caso, estoy acompañado por el doctor Palacios, epidemiólogo del CONICET, que trabaja en el área de denguey la leishmaniasis, enfermedades que empiezan a aparecer al igual que otras, como consecuencia de los cambios de la biodiversidad y ambientales que genera esta actividad.

La crisis hídrica tampoco está planteada en este proyecto de ley, no está reconocido que tenemos un problema gravísimo en esta Provincia vinculado con el agua.

Hemos tenido un crecimiento de la población en estos últimos setenta años: ha crecido siete veces. Sin embargo, tenemos una infraestructura hídrica creada hace setenta años, después se fue modificando en forma sintomática, tratando de dar respuestas pero hoy no nos da respuesta; hoy estamos haciendo sacar agua al Dique San Roque para llevarla a lugares donde prácticamente nunca podría haber llegado -Río Ceballos y Salsipuedes-, y es agua podrida, porque los cordobeses sabemos del agua que hemos estado tomando hasta que empezó a llover en esta Provincia. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido los ciclos de sequías? Las cuencas hídricas de nuestros miserables y humildes ríos, a los cuales les llamamos “ríos”, son arroyitos. Las cuencas hídricas están abandonadas; en las reservas que existen no se cumple su condición de reserva; la Secretaría de Ambiente no está actuando y las actividades antrópicas son cada vez mayores.

O sea, los problemas son grandes, nosotros vemos en el área de salud cómo aumentan una serie de patologías vinculadas al ambiente, como ser: neumopatías crónicas, obstructivas, tipo asma, que veíamos notablemente en San Antonio -en la zona de Porta- se reproducen en todas las zonas de agrotóxicos; el hipotiroidismo y la diabetes precoz, o sea la diabetes tipo 2 era muy común en mayores de 60 años, y hoy la tenemos en personas de 30-35 años; el hipotiroidismo es una epidemia; los trastornos inmunitarios son muy frecuentes, los síndromes de sensibilización múltiples, el autismo, los trastornos generales de desarrollo de los problemas de aprendizaje de nuestros niños expuestos a las fumigaciones, está generando que cada vez sea mayor la cantidad de aulas para niños con problemas de aprendizaje.

Nosotros hemos ido al colegio cuando éramos jóvenes, y entre nuestros compañeros siempre había dos o tres “burros” que no aprendían, por más que les enseñaran; pero ahora hay diez, quince chicos por aula que no aprenden.

Eso no es natural, esto está pasando por los niveles de contaminación que existen, y está demostrado por estudios científicos publicados, revistas científicas de alta calidad, principalmente por estudios norteamericanos. Por ejemplo, el clorpirifós, que es el principal insecticida que se tira en nuestra Provincia produce que los hijos de las madres expuestas a él tengan

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disminución del coeficiente intelectual y problemas de autismo y de aprendizaje.

En la Provincia de Córdoba, hoy se están rociando 74 millones de litros de agroquímicos por año, son 22 litros de agroquímicos por persona, por cordobés. El año anterior eran 20 y antes 18, y estamos en una cadena en la que cada vez utilizamos más agroquímicos, porque este modelo que nos vendió Monsanto y Felipe Solá tiene limitaciones que hacen que las plantas se vayan adaptando, los insectos también y que cada vez tengan que aplicar más agroquímicos, con lo cual se los compramos a ellos y el negocio sigue prosperando. Pero los niveles de contaminación son gigantes, eso no lo estamos contemplando en la ley.

Si hablamos del problema de la basura, también es un problema muy grave que no está en este proyecto de ley. La basura en Córdoba es considerada un negocio, y la basura es un problema de salud pública. La medicina, no hemos hecho aportes importantes para la sobrevida de la población.

Los aportes principales que posibilitaron que las poblaciones humanas pudieran alcanzar mejores niveles de vida vienen del saneamiento ambiental, vienen del manejo de la basura y del agua, y eso es lo que tenemos que considerar cuando vamos a hacer un proyecto de ley que tiene el título de Ley de Política Ambiental para Córdoba.

La basura hoy se maneja como un negocio. Miles de toneladas de residuos sólidos urbanos son quemadas a cielo abierto o enterradas sin tratamiento, y acá Cor.Me.Cor quiere que aprobemos rápidamente la compra de lugares para seguir con el negocio. No hay políticas para disminuir la producción de basura, cuando tiene que haber políticas activas del Estado en ese sentido, pero ¿cómo las va a haber si el Estado a través de algunas empresas que hay está haciendo negocios con la basura? mientras más basura haya mejor anda el negocio, porque ese negocio se maneja por los kilos de basura que se recogen y que se entierran.

Pero esos kilos de basura que año a año crecen, contaminan nuestro ambiente, y ya tenemos 3.500.000 habitantes en la Provincia, no somos 700.000, y todos los años generamos más y más basura.

Entonces esto es un problema muy grave. En el plano de la basura Córdoba es una de las únicas provincias que no ha sacado una ley que prohíba la incineración de la basura. Tuvimos un intento de una empresa norteamericana, Inviron, de meternos un incinerador de basura en Córdoba, ¿por qué no lo hacía en Santa Fe, en Buenos Aires o en otras provincias?: porque está prohibida por ley la incineración de la basura, dado que la incineración de la basura genera toda una serie de contaminantes tóxicos que inducen a enfermedades graves en la población -lo que está demostrado-, y en esta ley eso no está planteado. En un punto de la ley tendría que estar incorporada la prohibición de la incineración de la basura, para no estar sometidos de nuevo a los lobbys de estas empresas que vienen a hacer este tipo de negocios.

El proyecto parece que quiere hacer creer que en Córdoba estamos en el jardín del Edén, en un lugar paradisíaco, que el ambiente y la naturaleza van a reconstruirse permanentemente, pero estamos destruyendo mucho más rápido que la posibilidad que tiene la naturaleza de reconstruirse, ese es el problema.

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La avaricia, la codicia del capitalismo va a destruir las posibilidades de supervivencia en el ambiente, en la naturaleza y nos daña ya a todos.

Córdoba es una zona semiárida de Argentina, y estamos como si viviéramos en el jardín del Edén. Tenemos problemas con los árboles, los vecinos del Cerro de las Rosas están sublevados porque les quieren cortar los árboles.

Uno va a Buenos Aires, a Rosario, a Santa Fe y ve unos árboles enormes, gigantescos, plantan arbolitos y enseguida son árboles gigantescos porque están en otro clima, en otro ambiente, no están en Córdoba, donde un arbolito plantado por el ex intendente Martí hace 15 ó 20 años está chiquito, sobrevive con gran dificultad, y los árboles que han podido crecer hoy los quieren cortar para poner pavimento encima.

O sea, parece que no nos damos cuenta de dónde estamos viviendo.

Estamos en una zona semiárida, somos muchísimos los pobladores de la Provincia de Córdoba, entonces tenemos que cuidarlo porque es mucho más frágil este ambiente, este entorno natural donde vivimos, que el de otra zona.

En las provincias de Cuyo –San Juan, Mendoza, etc.- crecen árboles por todos lados porque hay acequias por todos lados que riegan los árboles y mantienen climas, ambientes apacibles, naturales, para que las comunidades urbanas vivan; pero en Córdoba no tenemos canales, y los pocos que hay son hoy verdaderas cloacas.

A todo ese problema de crisis ambiental que tenemos en Córdoba le tenemos que sumar el cambio climático, no podemos seguir ignorándolo; pero en este proyecto de ley no hay ni una sola mención al cambio climático, cuando es toda una realidad, lo dice todo el mundo, nadie lo puede negar, no es un invento de asociaciones ambientalistas.

El Panel Internacional para el Cambio Climático de la O.N.U., al que se le dio inclusive el premio Nóbel, está integrado por una científica cordobesa, que es profesora de nuestra facultad, la doctora Sandra Díaz, a la cual les pediría a ustedes que la convoquen. El planteo de este panel es que los gobiernos tienen que desarrollar políticas de mitigación del cambio climático para ver de qué manera se frena el daño que el mismo producirá como, por ejemplo, inundaciones, caídas de rayos, sequías, desmoronamientos, etcétera.

Esta ley se ocupa de ver cómo se genera un clima de negocios y cómo se puede evitar el bloqueo de las asambleas de vecinos. Nosotros proponemos que esta ley sea modificada radicalmente En primer lugar, hay que declarar la emergencia ambiental porque el ambiente de la Provincia de Córdoba no está sano, no solamente está enfermo sino que se encuentra en terapia intensiva. Además, consideramos que debe declararse una moratoria de desmontes por diez años, y parar las topadoras y los emprendimientos inmobiliarios en los pie de montes de las sierras, porque ya no hay más zonas verdes, amarillas y rojas, ya que quedan entre 3 y 5 por ciento de montes y bosques.

Hay que poner énfasis en el tema de las reservas hídricas, revisando las actividades que se desarrollan en las cuencas de los ríos, ya que nuestros cursos de agua son pequeños, y nosotros ya sumamos tres millones y medio de habitantes. El flujo de nuestros ríos no es como el del Paraná, y tampoco tenemos nevadas como las que cuentan las provincias que están limitando con la Cordillera. Nosotros estamos en la zona semiárida y tenemos poca agua que debe ser protegida. Esta ley debería considerar esto.

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Con respecto al tema de los residuos sólidos -y la basura en general-, es fundamental que en esta ley se incluya la prohibición de los vertederos a cielo abierto, ya que si no, los intendentes van a seguir contribuyendo a este desastre, que encima genera incendios. Hay una irresponsabilidad absoluta con el manejo de la basura. Si vamos a creer que una empresa como Cor.Me.Cor va a sacar la basura de mi pueblo, no me voy a preocupar como intendente por tener una política de disminución en la generación de residuos.

Los desechos deben ser gestionados por ley por las propias comunidades.

Cada pueblo tiene que contar con su propio vertedero y una política de no tirar la basura a su vecino; por ejemplo, Córdoba no puede tirar la basura en Bouwer. Si es mucha la basura tenemos que ver cómo la reciclamos y recuperamos la parte útil de la misma. Lo que no se puede recuperar se entierra.

Con respecto a las fumigaciones, esta ley tiene que reconocer que tenemos un grave problema de contaminación química. Al respecto, tenemos una Ley Nacional de Agrotóxicos que la hicieron los agrónomos para participar del negocio durante la década del 2000. En tal sentido, vemos que la Unión Europea ha prohibido la fumigación aérea. Nosotros reclamamos que nos hagamos eco de esto acá también. Prohibir las fumigaciones aéreas va a disminuir la contaminación con químicos y no va a impedir que los sojeros continúen haciendo sus negocios; esto puede hacerse de un día para el otro.

Fumigar por vía aérea somete a exposición a poblaciones inocentes porque no hay control; la dispersión de esos venenos llega a varios kilómetros, lo cual está demostrado y llevó a los europeos a prohibirla.

Actualmente, la legislación cordobesa permite, sin restricción alguna, fumigar con glifosato que, como sabemos, es totalmente tóxico; es decir, te fumigan con este químico en la puerta de tu casa. Entonces, en la restricción de 500 metros de distancia –contenida en la ley– tendríamos que incluir a todos los agroquímicos, y esto debiera incluirse en este proyecto porque esta situación de emergencia es real y no había sido valorada.

Los 74 millones de litros de agroquímicos que se arrojan en Córdoba no implican la misma situación que teníamos cuando se trató la Ley de Agrotóxicos, en el año 2004, en que se tiraban solamente 15 millones de litros.

La situación, señor presidente, se ha agravado. Por informe del Instituto de Cáncer de la Provincia –que pertenece al área del Ministerio de Salud–, sabemos se han registrado 68.000 casos de cáncer en toda la Provincia, de los cuales 18.000 corresponden a la ciudad de Córdoba, mientras que el resto es del interior provincial.

En nuestra realidad demográfica, la mitad de la población de la Provincia vive en la ciudad de Córdoba y la otra mitad en el interior, donde hay tres veces más casos de cáncer. ¿Qué hay allí? Fumigaciones con agroquímicos. Cuando analizamos la evolución del cáncer en los últimos tiempos, vemos que después del año 2000 empieza a aumentar la cantidad de vecinos que mueren de esa enfermedad. Sin ir más lejos, en Ituzaingó –que es un barrio de Córdoba– muere de cáncer uno de cada tres vecinos, cuando en el resto de la ciudad muere uno de cada dos habitantes. En Argentina la tasa de mortalidad por cáncer es de un 20 por ciento, pero en los pueblos fumigados es de un 30 a un 31 por ciento; estos son datos de registro que publicamos, que son accesibles, y se podrían encontrar casos mucho más graves si no fuera porque los ministerios ocultan, cada vez más, esta información.

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Hay situaciones muy graves que tornan necesario que ya mismo se tomen medidas para proteger la salud de la población. Hay que cambiar el sistema de agricultura, cosa que no podemos hacer de un día para el otro, pero sí podemos tomar medidas como prohibir las fumigaciones aéreas y alejar las fumigaciones terrestres, que hoy las hacen en la puerta de tu casa, y después veremos cómo vamos instrumentando políticas que estimulen a los productores a usar menos agrotóxicos. En Europa, hay políticas concretas en tal sentido y, si demostrás que usás menos agroquímicos o directamente no usás, te bajan las retenciones, te dan crédito y tu producción tiene más valor porque es menos tóxica.

Respecto de los estudios de impacto ambiental, creemos que tienen que llevarse adelante en todos los casos contemplados por la Ley anterior –7343–, de modo que cualquier práctica productiva que introduzca tecnologías que hagan presumir un determinado riesgo para la salud y el ambiente, también deban llevar adelante este estudio, en el cual el principio precautorio debe ser un criterio fundamental. Ante la duda de que puede haber un cierto riesgo ambiental en determinada población, estos estudios tienen que producir una evaluación que dé un resultado negativo, no como ahora que, ante la duda, porque no se ha demostrado que hay elementos contaminantes, se los aprueba.

Con relación a las Consultas Populares, creemos –debemos ser claros– que están muy mal planteadas en este proyecto; no nos parece bueno el trabajo de la doctora Juliá, y consideramos que todo el proyecto de ley es un muy mal trabajo. Creemos que en el artículo relativo a las Consultas Populares y Audiencias Públicas tendría que especificarse una serie de detalles: “serán obligatorios en todos emprendimientos nuevos que supongan una amenaza a la salud humana o al ambiente, y el mismo criterio se aplicará con emprendimientos ya concretados, a pedido de los vecinos”, como en Porta, donde ya está instalado; ahí, si no resuelve el Gobierno, habrá que hacer un estudio de impacto ambiental o una consulta popular.

“Debe ser convocado por la Secretaría de Ambiente, por decisión propia o ante la presentación de una Iniciativa Popular”: creo que tiene que estar puesto específicamente en la ley que la Iniciativa Popular, “con la firma de un 3 por ciento de los vecinos” -hay otras leyes que lo plantean así.

Cuando hay una Iniciativa Popular no puede ser rechazado. En el caso de Malvinas Argentinas, siguiendo la ley en vigencia, se juntaron las firmas, se presentaron ante escribano, pagamos los escribanos, hicimos todo el trámite y, después, el Concejo Deliberante nos rechazó el proyecto. O sea, no sirve que unos vecinos junten la voluntad de una porción importante de los habitantes de una zona y reclamen un plebiscito y después las autoridades del Concejo Deliberante lo rechacen; tiene que ser obligatorio si existe el pedido de la población.

Otro tema que nos parece muy importante es quién va a concretar la Consulta Popular. Nosotros creemos que debe ser concretada por la Justicia Electoral. Imagínense que Arzani nos organice la elección de Malvinas Argentinas; no, tiene que ser organizada por la Justicia Electoral y tiene que ser fiscalizada, o sea, la Justicia tiene que darle lugar a un comité por el no y a un comité por el sí; tiene que haber un manejo equitativo de los fondos, de la campaña electoral, de la propaganda; imagínense que nosotros vayamos contra Monsanto en Malvinas y Malvinas gastó 5 millones de pesos en pauta

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publicitaria, en noviembre y diciembre, con solicitadas diarias en La Voz del Interior, con notas y publicidad en LV3 y Canal 12, y nosotros ni siquiera tenemos para pagar el “bondi” para ir a Malvinas. O sea, tiene que haber justicia y equidad en estas cosas, y eso tiene que estar en la ley porque, si no, no va a haber posibilidades de que se concrete, si actualmente muchas cosas que están en ley no se cumplen.

Otra cuestión es que los padrones que sean utilizados para hacer la Consulta Popular y los plebiscitos tienen que ser los de la última elección de autoridades. La ley actual dice que tiene que ser por la última elección de autoridad pero que también se puede modificar; y nosotros sabemos que Arzani está inscribiendo gente, dándole domicilio en la Municipalidad de Malvinas a cientos de cordobeses en su partido mensualmente; entonces, no queremos ir a ese padrón, queremos el padrón de la última elección.

Otra cuestión importante es que estas Consultas Populares y Plebiscitos no se hagan junto con las elecciones de autoridades, de diputados, gobernadores o presidentes; y tampoco un mes antes o después, queremos que haya seis meses de separación, por lo menos, porque estamos discutiendo otra cosa que no tiene que ver con los intereses y las facciones políticas y su negocio y disputa.

Otra cuestión que nos parece importante es que las Consultas Populares son parte del Estudio de Impacto Ambiental, porque si son aparte y el Estudio de Impacto Ambiental le da relativamente bien a Monsanto, Monsanto puede tratar de ir contra la Provincia o el Municipio porque la Consulta Popular le dio mal. Es decir, la Consulta Popular es parte de la evaluación del Estudio del Impacto Ambiental, porque éste no es una cuestión meramente técnica; nosotros tenemos mucha experiencia de cómo los técnicos y los médicos creíamos que había sustancias o actitudes que eran buenas y después de 20 años nos dimos cuenta que eran nefastas y se cambiaron; acá lo que importa son los datos científicos y técnicos, pero también las percepciones y las voluntades de las poblaciones. Vivimos en una sociedad democrática donde todos tenemos derecho a opinar y no a que, sin opinar, nos instalen semejante planta al lado de nuestras casas.

Para terminar, con respecto a este tema de Monsanto y Malvinas Argentinas, después que se trate esta ley, salga como salga –no tenemos mucha expectativa, desgraciadamente, en esta Legislatura, después de la Ley de Bosques-, claramente tenemos una disputa, en este momento, con los Estados provincial y municipal de Malvinas, por Monsanto y no vamos a aconsejarles ni sugerirles a los compañeros de Malvinas que vayan a una consulta popular si no están dadas todas las garantías democráticas. Garantías democráticas que son violadas, inclusive, en las elecciones de autoridades porque ya sabemos que hay diputados nacionales que han sido “robados” en la última elección y aún así, todo sigue igual.

En el caso de Malvinas hay que dar todas las garantías para que esto sea así. Sabemos que hay intereses muy fuertes porque la Unión Industrial de Córdoba, claramente, dijo que es inadmisible que se hagan consultas populares, de última podemos hacer Audiencia Pública.

Queremos que en esta ley quede claramente establecido que las Audiencias Públicas son informativas, son solamente para que la gente pueda expresar su distinta manera de ver las posiciones, porque los informes de los empresarios o de los Gobiernos amigos hablarán loas de los distintos

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proyectos y venimos nosotros a decir que lo vemos de otra manera. Esas Audiencias Públicas son para ver las distintas miradas u opiniones que hay alrededor de un tema pero no resuelven la cuestión. Para eso, hay que llamar a la gente y que opine sobre su intencionalidad en esto.

Finalmente, creemos que hay un principio básico de la medicina ambiental que no tenemos que perder de analizar cuando se trata una ley como esta, que es la de la fluidez de la materia. El cuerpo humano cambia los átomos con los cuales estamos construidos; el 98 por ciento de la materia que forma mi cuerpo el año que viene estará totalmente cambiada.

Los humanos tenemos una impresión, que al tener conciencia de nosotros somos como somos, que la piel que tenemos es la misma de siempre.

Cada 5 semanas, esta piel es otra piel, otras células y otros átomos. Los huesos del cuerpo, que parecen rígidos, como si fueran el chasis metálico de un auto, no lo son, sino que son materia viva y en un año tienen una estructura molecular totalmente diferente. El flujo de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno es impresionantemente rápido, solamente los átomos de metales como el hierro, el cobre y el magnesio hacen que el proceso sea más lento. O sea, la vida de nuestro cuerpo funciona con las mismas de toda la vida desde las células más primitivas. Es decir, esa fluidez de átomos, moléculas, de materia y energía que tiene nuestro cuerpo lo tomamos del ambiente y si éste no está sano nuestras poblaciones tampoco lo estarán. Si contaminamos el ambiente más frecuentemente nos encontraremos con estos problemas que enfrentan nuestras poblaciones. Podremos mejorar las condiciones de vida de la población a través del desarrollo, que sus derechos económicos y sociales sean protegidos y está bien que así sea y hemos avanzado mucho en los últimos 10 ó 15 años en ese sentido. Pero los derechos ambientales no son un privilegio para las sociedades ricas sino que hacen a la vida en sí y los países del tercer mundo tenemos graves problemas en cuanto a este concepto.

Tenemos que ser concientes que somos el ambiente, que no es un medio para que hagamos negocio. El ambiente somos nosotros, tomamos la energía, tomamos el agua, tomamos los átomos. Nuestros deshechos van al ambiente y éste tiene que metabolizarlos y ofrecernos nuevos para que podamos seguir vivos. Eso tiene que estar considerado, señor presidente, en este proyecto de ley porque si no solamente veremos el ambiente como un medio para hacer negocio.

Nada más. Muchas gracias (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Fernando Barri, quien representa a las Asambleas de Vecinos de Punilla Sur. Sr. Barri.- No les voy a quitar mucho tiempo porque, por un lado, quienes me precedieron han dicho muchas de las cosas que yo quería expresar y, por otro lado, porque tengo que asistir a un encuentro organizado por el INTA Forestal en la Ciudad de Villa Dolores.

Lo primero que tengo para decirles es que vengo con muy pocas expectativas dado que estuve aproximadamente un año viniendo a la Legislatura, –entre mediados de 2009 y mediados 2010, cuando formaba parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, en representación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue un año de mucho trabajo–, trabajando en la Comisión, en talleres participativos,

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recorrimos la Provincia pagando con nuestros recursos esos talleres, escuchando a las poblaciones y explicándoles lo que eran los criterios de los presupuestos mínimos de la Ley nacional 26.331, y todo ese trabajo, en la fatídica noche del 5 de agosto de 2010, fue desechado –por decirlo en términos amigables– por esta Legislatura. Por lo tanto, siéndoles sincero, tengo muy pocas expectativas que mi opinión y la del resto sean escuchadas.

Sin embargo, voy a decir algunas cosas que me parecen importantes: quiero mencionar, respecto de la ley que se aprobó, la 9814, que luego de esa fatídica sesión denunciamos públicamente que lo que iba a ocurrir era que los desmontes iban a continuar y se iban a acelerar y, efectivamente, es lo que ha ocurrido. A esto no hay forma de negarlo, es un hecho concreto: antes había bosques donde hoy no están, eso se puede mostrar a campo y con imágenes satelitales.

A continuación voy a decir algunas cosas concretas: creo que – coincidiendo con la presentación de Medardo– si no se reconoce en esta ley la situación de emergencia ambiental en la cual está la Provincia de Córdoba, empezamos mal. Y con esto sobran elementos: Córdoba tiene un 30 por ciento de su superficie desertificada, también lo dijimos cuando discutimos la propuesta de Ley de Bosques, sin embargo, no fue escuchado. Hoy tenemos más desertificación porque aquello que se desmontó ya está en proceso de desertificación, eso implica suelos que no pueden ser utilizados para nada y, sobre todo, que se pierden para la producción. De bosques teníamos 600 mil hectáreas cuando empezamos a discutir en el año 2004; luego, los estudios de los colegas de la Universidad mostraron que ya habíamos perdido el 40 por ciento, y desde que se aprobó la Ley 9814 a esta parte ya se han perdido más de 10 mil hectáreas, autorizadas la gran mayoría porque nosotros hicimos un seguimiento, a través de pedidos de informes, y la mayoría fueron autorizadas en base a la Ley 9814, que es una ley que tiene una presentación por inconstitucionalidad y estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un dictamen favorable del Procurador General de la Nación, un informe lapidario del Defensor del Pueblo de la Nación, a partir de una solicitud hecha por la Universidad Nacional de Córdoba, y es la única ley, de todas las leyes provinciales, que no ha sido acreditada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es autoridad de aplicación de la Ley 26.331, dada la innumerable cantidad de falencias e incongruencias con los presupuestos mínimos de la Ley 26.331.

Creo que lo primero que hay que reconocer en esta ley es la emergencia ambiental; luego tiene que haber una serie de artículos subsidiarios que especifiquen por qué la emergencia ambiental. Porque lo que tiene que hacer, en este momento, la Provincia de Córdoba es tomar decisiones concretas que atentan contra intereses económicos particulares muy fuertes, que son la moratoria de desmonte como decía Medardo, y también de nuevos loteos en zonas cerradas; esto implica ponerle un freno al avance de la frontera agropecuaria y la frontera urbana, no porque uno quiera ir en contra del mal llamado desarrollo o mal llamado progreso, sino porque a las consecuencias las estamos viviendo día a día. Córdoba es la provincia que más capital natural ha perdido en los últimos años, y el resto de los capitales, el capital económico y social, se sustentan en ese capital natural; si perdemos ese capital natural, vamos a estar en serios problemas. Un ejemplo claro de esto es la degradación de las sierras, de las cuencas serranas, que para decirlo en forma simple

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vendría a ser nuestro tanque de agua; ese tanque de agua que teníamos hoy lo convertimos en un balde lleno de agujeros que no sirve para nada. No importa si llueve más o menos, porque aunque está la sensación de que ahora tenemos más agua, les puedo asegurar que todos los agosto y setiembre de los años venideros vamos a tener problemas en las sierras con el abastecimiento de agua porque no hay capacidad de retención en las cuencas.

Si no se le pone un freno real y concreto, con un ordenamiento territorial que diga: “hasta esta línea se avanza y de ahí para arriba no se puede avanzar más”, va a ser imposible; si no se hace un manejo integrado de las cuencas no va a haber chance de solucionar ese problema.

Respecto a las Audiencias Públicas, si esta ley no prevé un mecanismo claro de que haya algún tipo de vinculación con la opinión ciudadana creo que va a ser más de lo mismo. Lo digo también a partir de la experiencia, porque la única Audiencia Pública que se hizo en la Provincia de Córdoba referida al aspecto ambiental fue la que convocamos desde la COTBN, hubo más de mil personas en la Ciudad de las Artes, pero ya sabemos lo que pasó: no se nos escuchó y prevaleció la opinión de los sectores ruralistas. Tuve la oportunidad de leer la versión taquigráfica de sus representantes y es patético y tragicómico ver cómo siguen defendiendo la Ley 9814 cuando sabemos, off de récord, que ni siquiera el propio Gobierno la puede sostener, porque sabe que tiene que modificarla y que no tiene margen para seguir desmontando, aunque se siga desmontando.

Con respecto al tema del exceso de la información, como ya dijera el colega Copta en algún momento, hay leyes que son muy claras, el problema es que no se cumplen. Personalmente, estuve que estar un año siguiendo unos pedidos de informe por desmonte y, dado que no se me respondía, tuve que acudir a la Justicia quien, después de determinado tiempo, nos dio la razón.

Darío puede comentar un poco más sobre todo lo que hicimos en ese sentido para lograr que la Justicia obligara a la autoridad de aplicación a responder sobre los desmontes, y nos encontramos con una triste realidad -era la que preveíamos y habíamos denunciado-: que los desmontes habían sido autorizados, y lo patético es que en los pocos casos que no habían sido autorizados la respuesta fue: “no tenemos posibilidad de controlar esos casos”; esa fue la respuesta oficial.

Tenemos un problema muy claro y concreto -invito a los legisladores a ver cómo pueden resolverlo con esta propuesta de ley-: la autoridad de aplicación. Tenemos una Secretaría de Ambiente que es un ente abstracto donde, salvo honrosas excepciones, quienes trabajan ahí no pueden distinguir un algarrobo de un paraíso, por decir algo simple y sencillo. Invito a cualquiera de ustedes a llamar al 0-800 y hacer una denuncia por cualquier tema a ver si tienen alguna respuesta.

Dirijo la reserva de la Universidad Nacional de Córdoba y hace un año y medio que estoy tratando que hagan un decomiso de aves; sabemos que es gente que entra a cazar, los tenemos identificados, sabemos dónde están, pero hace un año y medio que estoy dando vueltas y no tengo ninguna respuesta.

Pero –como dije- los invito a llamar por cualquier tema; la respuesta que intimó la Justicia a que me la dieran la trajo personal de la Secretaría, y pidiendo disculpas porque no tenían ni siquiera para mandar a alguien a llevarla.

Por lo tanto, tendría que haber una especificación que determinara cuánto del Presupuesto provincial va a ir al área de política ambiental. Córdoba

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debería tener doscientos inspectores y cien camionetas recorriendo la Provincia, pero sólo tiene cuatro o cinco inspectores que no tienen movilidad y tiene guardaparques que no tienen ni para la nafta para ir a las áreas naturales.

Entonces, si eso no queda especificado vamos a seguir en problemas, porque podemos tener buenas leyes, pero si no existe la autoridad de aplicación capaz de llevarlas a cabo es lo mismo que nada.

Es tanto el desconocimiento en materia ambiental del pasado y del actual Gobierno que yo, como especialista en la materia, no dejo de sorprenderme. Hablan de programas de reforestación, y la Provincia tiene tres viveros que producen mandarinos y crataegus, ésta es una planta exótica e invasora que genera muchos problemas. ¿De dónde van a sacar todos los plantines de árboles nativos?, como si fuera soplar y hacer botellas, requiere recursos, trabajo, inversión, personal y capacitación. Nada de eso tiene esta provincia; las escuelas piden árboles a la Secretaría de Ambiente para reforestar y les mandan pinos y eucaliptos.

Estamos hablando de una situación muy grave. Hace poco escuché decir al Gobernador que iban a reintroducir los jaguares en Mar Chiquita; no quiero aburrir, pero para que los jaguares en vida silvestre puedan sobrevivir se requiere una población mínima de quinientos jaguares que se mantengan en el tiempo, eso implica –porque son animales territoriales- 50 mil kilómetros cuadrados; no tenemos en la Provincia de Córdoba esa cantidad de bosques porque ya los hemos perdido, entonces, la única forma posible que Córdoba tenga jaguares es en un zoológico. Digo esto porque surgen estos anuncios rimbombantes que hablan de un desconocimiento profundo en la materia, por lo que creo que el personal de Ambiente debería estar capacitado, ya que me ha tocado leer estudios de impacto ambiental que, siendo el profesor de la materia donde se enseña cómo hacer estudios de impacto ambiental no los aprobaría, no llegaría ni al uno, pero son aprobados por la Secretaría de Ambiente. Tendría que haber una comisión independiente, integrada por los organismos que mejor entienden en la materia -pueden ser las universidades, el CONICET, etcétera- que sean los encargados de evaluar los estudios de impacto ambiental, porque hay funcionarios que están en la Secretaría de Ambiente que no saben ni escribir; por ejemplo, hubo un caso donde se mencionaban animales que no están en la Provincia de Córdoba.

Esas son las observaciones más importantes, de índole general, pero creo que era importante mencionarlas porque en la medida que esta ley no ayude a solucionar esta crisis ambiental concreta que tiene la Provincia de Córdoba, vamos a seguir en la misma, y quienes realmente estamos trabajando y tratando de cambiar esta realidad vamos a tener que seguir haciéndolo fuera del Estado, haciendo de contralor con las pocas herramientas que tenemos y tratando de ayudar a la sociedad cordobesa a salir a flote en una crisis que cada vez va a ser mayor.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Darío Ávila.

Sr. Ávila.- Muy buenas tardes.

Antes que nada, como profesional del Derecho no puedo más que manifestar mi alegría y esperanza ya que después de ver, como ciudadano, una fotografía de una Legislatura inaccesible a la participación ciudadana,

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totalmente vallada y donde es imposible poder participar, que las organizaciones sociales estemos hoy reunidas, colaborando y acompañando los reclamos de la sociedad, poder estar hoy como ciudadano cordobés, por primera vez, en un recinto, en una charla de estas características, la verdad tengo que reconocerlo y agradecer la invitación que me han extendido.

Mi nombre es Darío Ávila, soy abogado, también participo de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, también soy asesor legal y representante del Grupo de Madres de barrio Ituzaingó Anexo y soy miembro integrante del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba.

En este sentido, quiero hacer una aclaración con respecto a la posición que voy a reflejar aquí, lo hago en nombre de la Red de Médicos Fumigados, como así también del Grupo de Madres, quienes expresamente me han conferido la autorización para hacerlo. No lo voy a hacer como miembro del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba porque tenemos una normativa y una forma de funcionamiento de carácter asambleario. Nosotros somos un colectivo interdisciplinario, trabajamos justamente con las organizaciones sociales y, dado lo reciente de la invitación, nos ha sido prácticamente imposible reunirnos para debatir y establecer una posición común y en conjunto como Colectivo Paren de Fumigar. En ese sentido, no quiero hacer extensiva mi posición hacia ese colectivo del cual también participo.

A partir de allí, como primera y fundamental premisa, quiero establecer nuestra clara posición en cuanto a rechazar en forma absoluta, total e integral este proyecto que hoy se está planteando en esta Legislatura por cuestiones que entiendo claramente muy sencillas. Por un lado, no solamente porque no comparto los objetivos, los motivos y los fines que inspiran, a mi criterio personal, el tratamiento y la posible aprobación de este proyecto de ley, sino porque entiendo que es una ley absolutamente innecesaria que, desde el origen, nace en forma viciada; es una ley absolutamente inconstitucional.

Si bien no es posible hablar en una situación tan incipiente como es este tratamiento de la ley, varios colegas que me han precedido en el uso de la palabra han establecido posiciones muy fundadas desde el punto de vista del Derecho, señalando artículos reales y concretos que están planteados que, de alguna forma, estarían contrariando lo que se conoce como la Ley de Presupuestos Mínimos o Ley del Ambiente.

En ese sentido, tomando las palabras que recién mencionaba el doctor Fernando Barri, creo que los cordobeses no nos merecemos y no estamos en condiciones de volver a tratar ni mucho menos aprobar una ley que vuelva a fallar en la misma forma en que se ha fallado con la Ley de Bosques Nativos, que hoy esa ley está siendo judicializada y cuestionada desde la Defensoría del Pueblo precisamente porque se ha legislado por debajo de los presupuestos mínimos. Hoy, la sociedad cordobesa no nos podemos dar el lujo y resulta inadmisible aprobar una ley que viene en el mismo sentido, me parece que debemos tomar esa experiencia para evitar cometer los mismos errores.

A partir de allí me parecían interesantes -porque tuve oportunidad de leer algunas versiones taquigráficas y de alguna forma interiorizarme de cómo se venía dando el debate a lo largo de la semana-, precisamente, algunas de las cuestiones y dudas que algunos legisladores manifiestan. Asistió a este recinto el fiscal doctor Marcelo Novillo Corvalán, donde pude advertir algunas dificultades para poder establecer en términos claros y precisos qué debemos entender como presupuestos mínimos y qué como normas complementarias.

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Me pareció importante traer a este recinto algunas reflexiones con el objetivo claro de poder, de alguna forma, reflexionar en forma conjunta qué debemos entender nosotros como presupuestos mínimos y como normas complementarias.

Esto hace esencialmente al eje de la discusión, el fondo del debate pasa por ahí, porque precisamente estamos hablando de la posibilidad de legislar sobre una determinada situación que está relacionada concretamente a la protección del medioambiente.

En este sentido, me parece interesante poder establecer como base primaria lo que a partir de la reforma constitucional del año ’94 los legisladores concretamente establecen en la Constitución nacional: el articulo 41, que se le reconoce como la cláusula ambiental, que determina claramente cuáles son las premisas, las funciones y las atribuciones que corresponden a los poderes públicos del Estado en materia ambiental. En este sentido, el artículo 41 está claramente diferenciado en tres párrafos; el primero establece cuál es el verdadero alcance y sentido que nosotros debemos darle a esta nueva rama, esta nueva disciplina que aparece en el Derecho, que es el Derecho Ambiental.

Sintéticamente, el artículo establece que “es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir un ambiente sano” y esta adjetivación que hace el constituyente cuando habla de un derecho sano nos permite vincularlo a lo que recién expresó el doctor Medardo Ávila Vásquez, es decir, cuando el ambiente no es sano, cuando el ambiente ya está afectado, cuando ya está contaminado ese mismo ambiente termina repercutiendo, en definitiva, sobre la población, sobre la ciudad.

De modo que ambiente, derecho a la salud y derecho a la vida están íntimamente relacionados. El derecho al ambiente va a ser sano en la medida que promueva el bienestar general, promueva la salud, promueva a la vida y no como está ocurriendo ahora, que la está poniendo en riesgo a través de estas actividades altamente contaminantes.

Esta característica permite a los autores más importantes de la doctrina nacional poder calificar el derecho ambiental como derecho humano esencial porque, precisamente, esta vinculación del ambiente con el derecho a la vida lo ha clasificado y algunos autores hablan de un nuevo estatus de derecho humano que es el derecho al ambiente.

Otra de las características o adjetivaciones que hace la Constitución es que “debe ser sustentable” y la sustentabilidad está relacionada a esto; en el caso del monocultivo de soja la necesidad de las rotaciones para evitar lo que señaló el biólogo, con mucho más fundamento, por supuesto; evitar la desertificación de los suelos, que hace también a la sustentabilidad. Y dice “para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las generaciones futuras”. Es decir, la finalidad del derecho al ambiente es lo que estamos haciendo en este momento del debate, que es, precisamente, adoptar medidas de carácter preventivo principalmente atendiendo el interés de los que vienen, de los que están detrás nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos.

Pero no solamente la Constitución consagra este derecho a todos los ciudadanos, sino que, a la vez, nos impone un deber que dice que, además como ciudadano, no solamente tengo el derecho sino que también tengo el deber de preservar el ambiente. Esto está íntimamente relacionado concretamente, con las facultades que tenemos como ciudadanos para

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reclamar, no solamente en el ámbito administrativo sino también en el ámbito judicial, a través de la promoción de las acciones que correspondan cuando advertimos que una determinada actividad puede estar afectando o degradando el medio ambiente. Entonces, podemos acudir a la Justicia y, en virtud de un recurso de amparo específico, como es el amparo ambiental, poder reclamar el cese de esa actividad contaminante.

De manera tal, como primera conclusión, podemos decir que el derecho es un derecho-deber: no solamente tenemos el derecho sino también la obligación de preservar ese derecho.

El segundo párrafo hace referencia a las autoridades, cuando dice que “corresponde a las autoridades proveer a la protección de ese derecho”. Es un mandato claro y explícito a todos los funcionarios públicos. Cuando el legislador adopta fórmulas y un carácter genérico, hablando de “autoridades” sin realizar ningún tipo de distinción, evidentemente está involucrando dentro de este concepto la idea de que están obligados a esa preservación los tres órdenes del Estado: nacional, provincial y municipal. Esta obligación se debe hacer a través de los Poderes públicos constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Todos estos organismos del Estado están obligados por mandato constitucional a preservar el derecho al ambiente.

La Constitución dice que están obligados a proveer la protección de este derecho. ¿Cómo la van a proveer estos funcionarios?, precisamente, el Poder Legislativo sancionando leyes que tengan por objeto preservar este derecho ambiental; los Concejos Deliberantes dictando ordenanzas; el Poder Ejecutivo promulgando esas leyes y el Poder Judicial aplicándolas a los casos concretos.

Ahora bien, el tercer párrafo -sobre el cual me interesa hacer algunas precisiones- es el que se refiere al ejercicio del poder de policía ambiental. Es decir, las facultades que tienen los Poderes Legislativos nacionales, provinciales y municipales, cada uno dentro de la órbita de su competencia territorial y material, para poder dictar leyes protectoras del medio ambiente.

En este sentido, el legislador ha adoptado una fórmula que se llama “ejercicio de facultades concurrentes” y ha establecido límites claros de hasta dónde corresponde a la Nación el ejercicio de estas facultades legislativas, como también las que se han reservado las Provincias para sí, a fin de legislar en materia ambiental.

Sobre ese punto la Constitución establece que corresponde a la Nación dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección del medio ambiente y dice: “quedando reservadas para las Provincias las facultades para dictar normas complementarias de esas normas de presupuestos mínimos.”

Acá se genera la gran discusión.

Con motivo de este mandato, el Congreso nacional hace efectiva esa obligación y sanciona la norma de presupuestos mínimos a través de lo que se conoce como la Ley General del Ambiente, número 25.675. Esta Ley, que tiene algunas características esenciales que me parece importante destacarlas, dice en su artículo 3º: “La presente Ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica de la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidos en ésta.”

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Traduciendo los conceptos que acabo de señalar significa: por un lado, la Ley General del Ambiente, como presupuesto mínimo, tiene plena vigencia en todo el territorio de la Nación, es decir, rige para todo el país. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas o directas que se derivan de este principio general? Primero, que no es necesario que las provincias sancionen leyes para adherir a una ley nacional porque son leyes de aplicación directa y automática. La segunda consecuencia que se deriva de ello es que tanto la aplicación para resolver cuestiones netamente administrativas o judiciales de estas normas de carácter general corresponde a los organismos o a los tribunales locales.

Esas son las dos consecuencias: primero, que no es necesario dictar una ley de adhesión a la ley de presupuestos mínimos, como ha ocurrido con anterioridad con la Ley de Residuos Peligrosos porque esa es una ley de otra naturaleza y a través de ella se invitaba a las provincias a adherir. En este caso no, porque es una ley común.

Luego dice que son de orden público, es decir que estas leyes se deben aplicar sí o sí y no pueden ser objeto de transacción, no pueden ser objeto de renuncia, es decir que no pueden ser renunciados los derechos que contiene la Ley General de Ambiente porque es una ley de presupuestos mínimos. ¿Qué significa esto?, que el mínimo es el piso de derecho común que tenemos todos los ciudadanos por nuestra condición de ser únicamente argentinos. Es decir que esta ley beneficia tanto a los cordobeses, a los de Buenos Aires, a los de Santa Fe, a todo el país.

Por último, dice que esta Ley nacional –que es una característica importante- tiene una finalidad hermenéutica, es decir, se debe acudir principalmente a la Ley General de Ambiente para poder interpretar o aplicar en caso de que exista conflicto de leyes entre la ley de presupuesto mínimo nacional y una ley provincial, priorizando la ley de presupuesto mínimo en la medida en que la ley provincial se oponga a esto.

De manera que la norma es clara. Como señalaron varios de los expositores, la normativa está y las soluciones a posibles conflictos que puedan plantearse en materia de leyes de naturaleza ambiental también están planteadas en la ley.

Esto ha sido claro y no estamos haciendo ningún descubrimiento sino que la Cámara Segunda Laboral, cuando finalmente se pronuncia a favor de los vecinos de Malvinas, no hace más que señalarle al intendente que le declara la inconstitucionalidad de las ordenanzas por las cuales había autorizado a Monsanto a continuar con las obras civiles y declara la inconstitucionalidad de la autorización del secretario de Ambiente, que había permitido comenzar la obra civil sin tener el estudio de Impacto Ambiental, hace referencia a esto y allí no hubo ningún conflicto porque la norma es clara y dice que si bien se puede interpretar, si existe –y eso si es real- un conflicto de leyes -cuando habla, por ejemplo, de las Audiencias Públicas-, nuestra Ley 7343 contempla el instituto de las Audiencias Públicas con el mismo alcance y la misma naturaleza que lo establece la ley nacional; la diferencia que hace es que dice que, en el caso de la Provincia, el ejercicio de esas facultades de convocar o no a la Audiencia Pública es una facultad discrecional que tiene en su caso la autoridad de aplicación, es decir, el secretario de Ambiente -de acuerdo a la Ley 7343decide en forma discrecional bajo qué condiciones o qué emprendimientos, actividades u obras puede convocar a Audiencia Pública; en cambio, la ley nacional dice que no, que debe ser necesariamente obligatoria esta instancia

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de participación ciudadana. De manera que ante un conflicto entre una ley nacional -que dice que son obligatorias las Audiencias- y una ley provincial -que dice que son facultativas-, debe priorizarse -por esto que acabo de señalar recién, según la Ley 25675- la aplicación de la normativa general. En el tema de Monsanto, de haber actuado la Secretaría de Ambiente conforme a la ley, hoy no estaríamos discutiendo este proyecto.

Para tratar de profundizar un poco más la idea de qué debemos entender nosotros por presupuestos mínimos y normas complementarias, me permito leer textualmente la posición que tienen algunos doctrinarios, es decir, especialistas en materia de Derecho Ambiental y que hacen expresa referencia al tema que estamos abordando. El prestigioso autor, doctor Esaín, dice en su publicación: “En 1994 nuestra Constitución modificó la forma de repartir funciones en cuanto a la competencia de legislar en materia ambiental”. Del párrafo tercero del artículo 41 se desprende, claramente, que al Estado Federal le corresponde dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias dictar las necesarias para complementarlas.

Germán Bidart Campos, otros de los prestigiosos autores dice: “Se trata de una categoría especial de competencia concurrente”. Sigue el citado autor y dice: “En principio debe quedar claro que hoy ambos órdenes necesariamente deben intervenir normando la misma materia”; es decir, el orden nacional y el orden local tienen facultades para legislar en materia medioambiental, pero dice que uno lo hará desde una nueva tipología, los presupuestos mínimos de protección ambiental, y el otro -haciendo referencia a las provincias-, mediante otra novel categoría que son las normas complementarias.

Ahora bien ¿cuál es la forma en que se expresa la supremacía establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional? En este sentido, abro paréntesis, el artículo 31 habla de la forma piramidal que tiene nuestro sistema jurídico argentino, en la cúspide se encuentra ubicada la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que han sido incorporados expresamente a través de la reforma del año 1994. Por debajo de esa cúspide existen las otras normativas que son de rango o de jerarquía inferior; así tenemos las leyes nacionales, las leyes provinciales y, en su caso, las ordenanzas municipales.

Este es un orden jerárquico que tiene una finalidad, que todas aquellas normativas que sean de jerarquía inferior -llámese ordenanza o leyes provinciales-, que de alguna forma se opongan a los derechos y a las garantías contenidas en esta cúspide formada por la Constitución y los tratados, son normas inconstitucionales, no pueden oponerse a ellas.

En base a esa jerarquía y a esa pirámide ¿cómo juega esta supremacía que el propio legislador señala respecto a la Ley General del Ambiente y las normativas provinciales, y dice: “En este sentido, las normas de presupuesto mínimo de protección ambiental obligan a las provincias, por ser el piso para el Congreso Federal de carácter indelegable y supremo, el que invalida las normas provinciales cuando lo contraríen”, primera hipótesis.

Segundo, dice: “Las leyes provinciales y municipales deben complementar, y esto implica que deben ser adecuadas a los presupuestos mínimos, bajo apercibimiento de poder ser declaradas inválidas – inconstitucionales, entre paréntesis- por no adecuarse a aquel principio de congruencia”.

El tercer punto -otra de las consecuencias que se derivan de este principio de supremacía constitucional-, dice: “La validez no depende de que el

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complemento sea idéntico a la norma de presupuestos mínimos; la supremacía de los presupuestos mínimos alcanza para anular las normas provinciales que protejan menos que esto”. Hay otra hipótesis, cuando las provincias sancionan leyes en materia legislativa y lo hacen por debajo de los presupuestos mínimos, ahí aparece claramente marcada la inconstitucionalidad. Dice, “De ello se colige, definitivamente, que las normas provinciales pueden no ser idénticas a las nacionales, siempre y cuando den mayor protección al bien jurídico protegido, que es el ambiente”.

Entonces, para evaluar el reparto de funciones, no solamente debemos advertir la presencia del componente “ambiente” sino del contenido dinámico; es decir, la protección. “Sobre la protección tendrá un rol fundamental la noción de complemento”, y aquí empieza a hablar en relación a las facultades de las provincias. Dice: “Complementar es agregar más protección donde no hay normas, siendo mucho más rigurosas o bien estableciendo donde hay normas, algún modo o tipo de protección”, donde el legislador decidió dejar espacio en blanco.

En definitiva, las provincias pueden complementar, maximizando el nivel de protección que las normas de la Nación hayan establecido respecto de las actividades o cosas que generan alteraciones al ambiente.

“Las provincias, en este nuevo sistema competencional, comparten la formación de legislación con la Nación”. Entonces, dice por último: “Así pueden decidir si creen conveniente, a través de sus órganos democráticamente constituidos, complementar esas normas, que significa proteger más de lo que establece la Nación”.

Como conclusión, cuando en definitiva nosotros tenemos como misión legislar en materia de Derecho Ambiental, como provincia únicamente podemos hacerlo en la medida que esta legislación establezca mayores restricciones que la que contiene la Ley General del Ambiente, y esto es lo que han señalado la mayoría de los expositores, como así también lo ha hecho claramente, a lo cual invito en todo caso, si no ha sido incorporado, cuando ha participado en este debate la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros hacemos propios las conclusiones y el análisis particularizado que ha hecho respecto de cada uno de estos artículos, el Instituto de Derecho Ambiental y de Energía de la Universidad –IDEA-, porque en base a la intervención de especialistas sobre la materia, han hecho un exhaustivo y un particularizado análisis de cada uno del proyecto de ley, y allí ellos claramente señalan respecto de cada uno en qué situaciones y en qué determinado instituto se está legislando por debajo de los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente.

Establecido este parámetro, me parece interesante –no haré un análisis particularizado de los artículos del proyecto de ley porque me parece un despropósito y seguramente seré reiterativo en muchos de los conceptos vertidos, no solamente en esta audiencias, sino en el resto de las audiencias- y me referiré concretamente a dos institutos que están contemplados en este proyecto de ley que, en lo personal, me parece interesante poder establecer algún tipo de reflexión, y que se refiere concretamente a las cuestiones que, hoy por hoy, resultan de mayor sensibilidad para la opinión pública, y es precisamente el instituto que regula la participación ciudadana y el ordenamiento territorial.

En este sentido, en la nota de elevación del proyecto de ley el señor Gobernador expresamente dice: “El aspecto central del proyecto es la

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incorporación en los procesos de generación de políticas generales en materia ambiental, como en los proyectos concretos que se implementen o que se encuentren en curso de ejecución” -allí, en esa hipótesis, caería la situación de Monsanto, ya que contempla no sólo los proyectos a futuro sino también los que están en curso de ejecución- que tengan incidencia en materia ambiental, de la participación de los actores sociales involucrados, ya sea por intermedio de las personas físicas individualmente consideradas o a través de organizaciones sociales”. Eso dice el señor Gobernador en su nota de elevación del proyecto hacia la Legislatura.

Más adelante dice: “En ese marco se prevé la realización de Audiencias Públicas u otros mecanismos de participación social…”, sin establecer demasiadas precisiones respecto a cuáles serían estos mecanismos de participación social. Lo real y concreto es que no hace referencia a la Consulta Popular y deja abierta a una interpretación libre lo que debemos entender cada uno como mecanismos de participación social.

Continúa diciendo: “…la realización de Audiencias Públicas u otros mecanismos de participación social en la toma de decisiones, de acuerdo a los procedimientos que al efecto establezca la autoridad de aplicación, los casos en que dichas rondas de consulta resultan obligatorios y demás aspectos para la implementación de participación ciudadana”.

Es decir, por un lado, el señor Gobernador es claro y explícito cuando eleva este proyecto a la Legislatura en cuanto menciona que uno de los objetivos y aspectos centrales que plantea el proyecto es eso de promover la participación ciudadana; por otro lado, públicamente se manifiesta también en ese sentido y a favor de una Consulta Popular por Monsanto. Habría consulta popular por la radicación de Monsanto, De la Sota dio a entender que si sale la nueva Ley de Ambiente habrá Audiencia Pública y seguramente un plebiscito de Malvinas.

Es aquí donde de alguna forma uno tiene que agudizar sus dudas frente a esta situación, principalmente atendiendo a la coyuntura que estamos atravesando, hoy por hoy, los cordobeses; que esto, a su vez, nos obliga a tratar de ver en el proyecto cuáles son las situaciones que uno entienda pueda de alguna forma afectar el derecho de los ciudadanos en temas de participación.

En ese sentido, no solamente se expresa claramente la posibilidad de la participación ciudadana, sino que también se lo hace públicamente; a la hora de trasladar ese interés y esa real intención de garantizar la participación ciudadana en proyecto real y concreto, no se ve reflejado, precisamente por las mismas cuestiones que uno de los colegas ya lo ha señalado, por lo que es innecesario que vuelva a reiterar y profundizar sobre lo mismo.

También coincido que la participación ciudadana, real y efectiva, no está garantizada en este proyecto porque deja librado a las facultades de la autoridad de aplicación para que, vía reglamentaria, establezca los criterios de participación ciudadana; si quiere conferir una participación real tiene que surgir expresamente del texto de la ley y no dejarlo a una autoridad política que sea quien defina realmente esa forma de participación.

También entiendo que esa ley también es una forma de legislar por debajo. Es un caso concreto sobre el que se está legislando por debajo de los presupuestos mínimos, porque el artículo 20 es claro cuando señala que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consulta o de

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Audiencia Pública”; o sea, ese “deberán” está planteado en término imperativo, siendo obligatorio para las autoridades y para los funcionarios públicos con competencia en materia ambiental institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana cuando se traten de autorizar actividades que, de alguna forma, puedan afectar o degradar el medio ambiente. O sea, la ley nacional, por un lado, lo establece como un mecanismo obligatorio mientras que, por el otro, su par provincial lo deja relegado a la facultad discrecional del funcionario de turno.

La participación ciudadana -no está contemplado claramente en el textomanifiesta un interés político frente a la opinión pública de convocar a una Consulta Popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la posibilidad o no de la instalación de Monsanto.

Condicionar de alguna forma la aprobación de una ley para que se haga una consulta es absolutamente innecesario porque Córdoba cuenta con la Ley 7811, que en su artículo 13 dice que “el Poder Ejecutivo, cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y los ciudadanos con capacidad para votar, podrán someter a Consulta Popular todo asunto de interés general para la Provincia”.

El artículo 8º, al hacer referencia al ordenamiento territorial, señala que “la autoridad de aplicación en la instrumentación del proceso de participación que conduzca a la elaboración del ordenamiento territorial ambiental tendrá en cuenta, para la localización de actividades y desarrollo urbano los siguientes elementos…” y el inciso h) dice que “los ordenamientos de uso del suelo y territoriales ambientales desarrollados por los municipios y comunas en su ámbito de jurisdicción que se encuentren vigentes”. En este sentido, me parece importante poder señalar que esta Legislatura, el 22 de octubre del 2010, sancionó la Ley 9841 que, como bien lo referenció la gente de Malvinas Argentinas, regula los usos del suelo en la Provincia de Córdoba, presentando un mapa que tiene una categorización por zonas y distingue, de acuerdo a los colores que se ven en áreas urbanizables, áreas de urbanización diferida, áreas no urbanizables, áreas de valor estratégico y áreas industriales y de actividades mineras o asimilables. Esa ley es actual; es del año 2010, o sea, está bastante actualizada ya que solamente tiene cuatro años.

Por esa ley se ha hecho una clasificación o zonificación del uso del suelo, que comprende toda el área metropolitana, o sea, no solamente el Gran Córdoba, sino las ciudades que están situadas de la alrededor de la ciudad Capital, y se ha sectorizado y parcelizado en base al mapeo realizado por el IPLAM. Hay áreas que están expresamente destinadas conforme a la actividad que se puede desarrollar –así, están las de carácter agropecuario sin contaminantes, las áreas agropecuarias con contaminantes– y otras específicamente establecidas –que figuran en color rosa–, destinadas a la instalación de establecimientos industriales o de actividades de alto impacto.

Esto existe y está vigente. ¿Cuál es la preocupación que nos genera este proyecto de ley?

Evidentemente, está planteando –a través de la reforma que intenta llevarse adelante, de un nuevo ordenamiento territorial– la necesidad de reformular la ley. En ese sentido –nobleza obliga–, debo señalar que el 7 de octubre de 2013, hicimos una presentación formal –de la que soy abogado patrocinante–, junto con un vecino de Malvinas Argentinas y con la señora Sofía Gatica –que pertenece al grupo de madres, del que soy representante legal–, consistente en

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una denuncia penal tramitada en el expediente 1575856, caratulado como “Actuaciones labradas por Comisaría Malvinas Argentinas – Sumario 67313 – Denuncia formulada por Ferreyra, Diego Nelson y Gatica, Elda Sofía”.

En esta causa, se denuncia penalmente al ex Secretario de Ambiente, Federico Bocco, precisamente por violación de la Ley de Uso del Suelo. En ese expediente, expresamos que el funcionario ha quedado incurso en el delito penal de abuso de autoridad por haber autorizado la instalación de un establecimiento de las características detalladas, en un lugar que –conforme a la Ley de Uso del Suelo– está destinado exclusivamente a uso agropecuario no contaminante. Esta autorización, en realidad, debiera haberse otorgado en otro lugar expresamente establecido, que es la zona industrial.

En el marco de esa denuncia, está próxima a resolverse la situación de imputación. De tal modo, si avanzamos en la elaboración de un proyecto que tenga por objeto cuestionar esa ley, evidentemente nos estamos involucrando en una situación de gravedad institucional –sobre todo los legisladores–, ya que corremos el riesgo de tender un manto de impunidad sobre una situación que está planteada judicialmente.

Además, no tengo dudas de que el verdadero objetivo que se está planteando a través de este proyecto de ley es, precisamente, facilitar y establecer las condiciones propicias para que Monsanto definitivamente se instale. Digo esto porque el proyecto de ley en discusión expresa puntualmente: “se tendrán especialmente en cuenta los ordenamientos de uso del suelo que hubiesen hecho los municipios”.

En este sentido, en el marco de la causa penal que hemos iniciado, se ha planteado una situación de conflicto de leyes porque en Malvinas Argentinas existe un Código Urbanístico, conforme al cual –tal como surge claramente del informe contenido en el expediente, elaborado por el propio Secretario de Catastro y de Planeamiento de la Municipalidad y firmado por el propio Intendente– este emprendimiento cae en la denominada “zona 4, agroindustrial”.

De tal manera, un Código expresa que está autorizado porque es zona agroindustrial, pero la Ley provincial de Uso del Suelo señala que ese lugar no es agroindustrial sino de uso agropecuario sin contaminantes. Y allí se plantea lo que recién les señalaba, que es lo que debe priorizarse en materia de legislación.

La solución a este conflicto está en la propia ley provincial, cuyo artículo 13º expresa: “Invítese a las municipalidades y comunas a adherir a la presente ley que pone en vigencia el Plan Metropolitano”, y, efectivamente, Malvinas Argentinas, a través de la Ordenanza 714 del 22 de marzo de 2011, adhiere a esa ley provincial; es decir que, a partir de marzo de 2011, el Intendente de Malvinas dijo: “yo voy a aplicar en el municipio esta ley provincial”; él adhiere, no hace ninguna reserva, por lo cual, él mismo, por el simple hecho de adherir, está dejando sin efecto el Código Urbanístico.

De manera que si el proyecto prospera y yo voy a dejar sin efecto, definitivamente, la ley provincial, en el sentido que hoy califica esa zona como zona agropecuaria y, en definitiva, voy a priorizar -lo que me está diciendo el inciso h) del proyecto de ley- aquellos ordenamientos territoriales que la comuna hubiese hecho en su lugar, evidentemente, voy a tener que decir que en el caso de Monsanto se va a tener que priorizar como zona agroindustrial y no agropecuaria.

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Para cerrar, reitero: nuestra oposición y nuestro rechazo al proyecto, no solamente por el espíritu y el objetivo que plantea sino porque entiendo que es innecesario porque varios de los institutos que allí se plantean están vigentes a través de normas especiales. También, entendemos que, en definitiva, se está legislando ex profeso para facilitar la instalación de una empresa que está siendo cuestiona públicamente.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias, doctor.

Le damos la palabra a la señora Daniela Arce.

Sra. Arce.- Buenas tardes.

Yo soy Daniela Arce, vecina de Bouwer, y pertenezco a la agrupación Bouwer sin Basura.

En este momento, el auditorio debe estar muy cansado pero apelo a sus últimas energías. Voy a tratar de ser súper breve y no explayarme; solamente quiero aprovechar este momento, que para mí es trascendental y muy importante, para hablar con los señores legisladores, porque el 11 de setiembre se aprobó un proyecto de expropiación y de utilidad pública de un predio donde se va a enterrar la basura nuevamente, que está a escasos 600 metros del anterior.

Fui testigo de esa sesión en que tristemente se aprobó. Lloré desde las gradas con mis compañeros y no tuve posibilidad de descargo, por lo que me gustaría que me escuchen.

Bouwer tuvo un basural que funcionó durante 28 años, contaminó y aún sigue contaminando; está cerrado, el primero de abril de 2010 se le puso un candado simbólico a la puerta pero quedaron 14 millones de toneladas de basura en el patio de mi casa, con lo que eso significa -lixiviados, gases-, todo lo que tiene que ver con lo técnico, en cuanto a la salud, que nos va afectando, y con la percepción social de vivir en un lugar y ser descartable, sentirse como un basurero.

Y no solamente tengo la basura que me está contaminando y enfermando a mis hijos, sino que me tuve que cambiar de casa; pero estoy acá peleando; cambié a mis hijos de colegio y cambié de casa para preservarnos, mientras llevo a cabo esta lucha.

Me han cambiado la condición de vida; me tuve que ir del lugar donde yo vivía; entonces, creo que merezco que me escuchen, al igual que todas las versiones que se han dado acá, porque creo que son la realidad palpable de que las cosas se están haciendo mal en materia ambiental, absolutamente mal.

Yo no puedo pensar en una ley que me ignore, o tener una ley en un mundo paralelo porque estoy en un desastre ambiental. Y si voy a hacer una ley para la foto o para quedar bien desde lo político vamos mal, de plano.

Somos personas que tenemos distintas realidades. Yo aprendo muchísimo, agradezco escucharlos, agradezco las ponencias y poder estar presente y ser parte de esto; no saben lo que me enriquece y la fuerza que me da esto, porque estoy cansadísima de tener que repetir lo mismo y no ser escuchada, y seguir viendo que se avanza y que se usan parte de leyes cuando conviene y se omiten cosas cuando no. La Comisión Técnica Interdisciplinaria, la CTI, evade o aprueba proyectos de impacto ambiental en el caso de Monsanto, y en el caso de Bouwer evade ese estudio, y se avanzó

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con una expropiación. Llegamos a expropiar, a aprobar levantando la mano para decir: “ese terreno es apto para recibir la basura”, cuando ni siquiera se remedió el anterior. La Justicia emplazó a la Municipalidad de Córdoba para que se haga cargo por obligación de la remediación de Bouwer que todavía no está hecha.

No puede ser que tengamos que estar pidiendo por algo que es un derecho natural, o sea, uno tiene que estar pidiendo que se lo respete en la salud que es un derecho insalvable primordial. Tenemos que estar haciéndonos cargo y rogar -y no me cuesta porque voy a defender la salud de mis hijospero no puede ser que tengamos que estar rogando y pidiendo para que no nos enfermen. Me parece algo inaudito tener que estar diciendo “Eu, tanta basura en un mismo lugar contamina”. Me parece que con dos dedos de frente la cuestión se debería resolver.

Siguen tirando la basura en la zona sur, a los pobres los enfermamos, les tiramos la mugre. ¡No puede ser! Y no hay un grado se sensatez en todo esto y la cuestión sigue avanzando. Cor.Me.Cor lo quiere poner a toda costa porque no tiene otro plan: plan a, plan a, plan a. Bouwer el basurero de Córdoba es la única opción que tienen.

La Secretaría de Ambiente tiene técnicos que están “pintados al óleo”, son obsoletos, hay gente que no entiende nada de salud y sigue tomando determinaciones sobre la vida, sobre mi vida, sobre la vida de todo un pueblo, sobre la vida de 2.045 habitantes para ser exacta, y vamos a seguir siendo condenados y a nadie le importa. Así como va a suceder con todos los casos que están sucediendo acá.

Estamos hablando de un debate sobre la ley ambiental; pido encarecidamente a los señores legisladores, que tienen el deber y la obligación moral de defender el derecho de los ciudadanos, que sean -por Dios-, sinceros, claros y que hagan una ley que realmente haga que las cuestiones se cumplan, que los pasos se cumplan, que no se hagan las cosas al revés, que se expropien terrenos cuando ni siquiera sabemos lo que sucedió, qué pasó, no se hizo un estudio epidemiológico, ni de impacto ambiental, nadie fue a Bouwer a ver qué le pasa a la gente. Aun así se hizo un estudio que dice que es una zona óptima, que estamos divinos para seguir recibiendo basura que fue encargado por el ISEA, la Universidad Nacional de Córdoba que se prestó y fue funcional a todos los intereses.

O sea, hay una serie de actores que están complicados y comprometidos, muy gravemente, y las cosas siguen avanzando. Cor.Me.Cor se va a instalar porque tiene la desfachatez de seguir proponiendo a Bouwer como vertedero y basurero de Córdoba.

Sin van a discutir una ley ambiental, que no se haga “entre gallos y media noche”, apurados o por esta cuestión de que “bueno, los escuchamos una sola vez y listo”. Por Dios, nos sinceremos, dejemos estas cuestiones de lado. Sabemos que no vamos a agotar el tratamiento en una sola jornada, además, estamos todos cansados.

Creo que todo lo que se ha volcado acá es absolutamente riquísimo y debe ser tenido en cuenta, por favor les pido. Si necesitamos una ley ambiental, que sea realmente para que se cumpla. Creo que debe haber organismos de contralor, que es lo que no hay porque todo pasa y sigue pasando y avanzando y nadie es condenado por falta de decisiones. Nuestros gobernantes siguen poniendo a dedo, donde les conviene, loteando, poniendo

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basurales, la instalación de Monsanto donde les queda cómodo. No puede seguir sucediendo algo de esta magnitud sin que haya consecuencias.

Consecuencias que están a la vista: somos madres que tenemos que salir a pelear para defender a nuestros hijos; por Dios que no me toque a mí, porque yo voy a pelear hasta lo último para que no les pase nada a mis hijos. Pero ellos nacieron en Bouwer y Dios quiera que no tengan plomo en sangre y todas las enfermedades a futuro, hay malformaciones comprobadas en animales, hay afecciones. Vivir en una cuadra donde chichas de 18 años abortan 2 ó 3 veces naturalmente, pierden los embarazos en gestación, no es algo cómodo de vivir. Y no me pueden explicar estadísticamente la sensación que se tiene de vivir en ese lugar. Yo no necesito venir con suero o con un análisis a decirles: “Estoy enferma”. 14 millones de toneladas de basura en un lugar contaminan, no se puede ignorar eso. Seguimos avanzando y somos el destino de la basura. Somos muy pocos, pero seguiremos peleando, pero somos el destino de la basura. Uno ya no sabe qué pensar, ya no sabe a qué apelar, por eso, en este momento estoy haciendo uso de la palabra. No me voy a extender más porque creo que los detalles técnicos y las cuestiones referidas a los vacíos en la ley, o las contradicciones o las cuestiones más formales ya las han marcado.

Simplemente quería aportar una vivencia, una experiencia y quiero que sepan que las decisiones que ustedes tomen, la profundidad y la seriedad con las que tomen este tema es absolutamente trascendental en la vida de las personas. Que no sea simplemente el título de un diario para quedar bien o ser funcionales al poder político, porque yo fui testigo del levantamiento de la mano de un bloque que quería que la ley saliera ese día.

Entonces, por favor, les pido que seamos realistas, consecuentes con nuestra tarea; yo soy docente y me encargo de hacer bien mi trabajo en el aula, entonces, a ustedes, que son legisladores les pido, encarecidamente, que se encarguen de hacer bien su trabajo y transmitir al resto de los legisladores que el hecho de levantar la mano implica una obligación moral, que a la responsabilidad y el deber lo tienen con nosotros, los ciudadanos, no con el poder político.

Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Ahamendaburu, por CTA. Sr. Ahamendaburu.- Muy buenas tardes a los señores legisladores.

Me da una gran alegría estar junto con los compañeros de las distintas asambleas y colectivos de lucha de la Provincia de Córdoba, con los cuales compartimos algunos espacios como es la Coordinadora Provincial por la Soberanía Popular, por la Tierra, por el Agua y por el Monte Nativo.

Venimos –en lo personal, en representación de la Central de Trabajadores de la Argentina– con el compañero Bazán, Ingeniero Agrónomo, a decir en esta reunión que estamos presentes en esta lucha. La semana pasada estuvimos en un congreso que realizamos en la Ciudad de Mar del Plata, los días 4 y 5 de abril, con la presencia de 1.600 representantes, participantes de todas las latitudes de nuestra Argentina, y una de las resoluciones importantes –que creo que es importante transmitirles en esta reunión– fue la absoluta solidaridad del congreso de nuestra Central con el movimiento de lucha contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, por la no instalación de

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Monsanto en ningún lugar de la Argentina ni de América Latina. Venimos con esa resolución, que no es simplemente una resolución de solidaridad sino de participación activa en todo lo que sean los movimientos de lucha, para evitar que esto se concrete en ningún lugar de nuestro país. Y lo hacemos no solamente desde una solidaridad vista del lado de afuera –me solidarizo con “fulanito” que le pasa tal cosa– sino porque nos sentimos parte de esa cosa que le está pasando a todo nuestro país, a toda nuestra población.

Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un movimiento sindical que lucha, malamente muchas veces, por el tema de salario. Para nosotros, la lucha como central no se agota en la lucha del salario, nosotros luchamos por el salario pero también luchamos por las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y por las propias condiciones de vida y de existencia de los trabajadores en los distintos lugares. Decimos esto porque en muchas oportunidades se intentó enfrentar, y no el enfrentamiento en el plano ideológico sino que fue el enfrentamiento con piedras y palos, contratado por Monsanto, por el Gobierno, por el oficialismo que avala este proyecto y, entonces, era el enfrentamiento de pseudos trabajadores con los “hippies”, con los ambientalistas.

Y nosotros decimos que trabajamos con los trabajadores que están adentro de sus lugares de trabajo, contra la precarización laboral, pero también estamos con las reivindicaciones de los trabajadores organizados territorialmente en defensa de su salud, de su vida, de su familia y de las futuras generaciones, en esto que se habla de la solidaridad intergeneracional.

Estamos luchando por nosotros, pero también por nuestros descendientes, por las futuras generaciones, cuando hablamos de desarrollo de carácter sustentable.

Luchamos contra la explotación del trabajo dentro de los lugares de trabajo, pero también luchamos contra la desposesión de los bienes comunes como son el agua, el monte, la tierra, los recursos energéticos, ictícolas, etcétera, y esa lucha contra la desposesión es la lucha contra la contaminación, porque la desposesión de esos bienes comunes viene de la mano de la contaminación, de la enfermedad y de la muerte.

Como central de trabajadores abordamos esta estrategia de carácter integral, y ese es el motivo principal por el que estamos acá sentados.

Me llama poderosamente la atención aunque, en realidad, me gratifica la encendida defensa por la vida que escucho de cada uno de los compañeros presentes. Realmente emociona y conmueve, pero da confianza en el futuro, se ve la voluntad de luchar por las futuras generaciones, da la sensación de que este pueblo hasta donde ha llegado no vuelve para atrás, de acá en más vamos para adelante y esto contrasta con un Estado inexistente. Más que inexistente, su inexistencia avala lo que parece ser la verdad única del sistema en el que vivimos: la ley única del mercado, el miedo a que se vayan las inversiones, el lucro empresario, como si esa fuera la verdad única alrededor de la cual se tiene que desarrollar nuestra sociedad y donde la vida humana, la vida de cada uno de nosotros, es solamente un insumo más de los procesos de producción; tenemos el mismo valor que una tuerca, que el repuesto de una máquina y somos fácilmente reemplazables porque para eso existe un ejército industrial de reserva donde cada uno de nosotros en sus funciones somos absolutamente reemplazables. Se murió “Fulanito”, se cayó del andamio,

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tenemos a otro trabajador que va a ocupar su lugar, hasta que también le toque el turno de caerse del andamio.

Vivimos ante un Estado que es absolutamente perverso. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo habla de una cifra promedio en los últimos años –en sus anuarios estadísticos- de 800 muertes al año; son 800 muertes de trabajadores al año por lo único que se denuncia, que es por accidente. Pero la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, producto de la precarización y el trabajo en negro, sólo registra la mitad de la población económicamente activa, con lo cual la cifra se nos dispara. Además, sabemos que con los trabajadores en negro los índices de accidentología y enfermedad se multiplican.

Hay un trabajo estadístico de los médicos Peto y Doll, de la década del ’80, donde señalan que el cuatro por ciento de las muertes por tumores malignos son de origen ocupacional. Las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación arrojan una cifra aproximada a 60.000 muertes por cáncer anuales; esto sólo ya daría una cifra de 2400 muertes por cáncer en el país, y no hablamos de otras enfermedades como brucelosis, saturnismo, etcétera, estamos hablando solamente de esas causas. Ahora, esas causas se manifiestan hacia el interior de los lugares de trabajo, porque el que contamina hacia adentro lo hace también hacia fuera y lo sufren los trabajadores también en su territorio, llevamos los contaminantes en nuestras ropas, lavamos nuestras ropas juntas -en el lavarropas- con la de nuestros niños, etcétera.

Entonces, la lucha es de carácter integral y parecería que tenemos carencia de estadistas, porque cuando uno piensa en el estadista, piensa que analiza el bienestar y la grandeza de la Nación y de su pueblo a futuro, pero nosotros vemos esto, que presentó el Ejecutivo provincial, y es un mamarracho.

He leído muy rápidamente las versiones taquigráficas, con las intervenciones de Doffo, Montenegro, Sbarato y Ávila e indudablemente estamos ante un proyecto de ley que iguala, o sea, que la hace innecesaria a la Ley 25675 y a la Ley Provincial 7343 o es peyorativa de lo que estas leyes ya dicen. Entonces, es una ley absolutamente innecesaria. ¿Y por qué surge esta ley que no mira hacia el futuro sino que lo que intenta es poner un parche al presente? Porque esta ley fue llevada como urgencia al Ejecutivo provincial, producto del “conflicto ambiental”, que es distinto al “problema ambiental” ya que al Gobierno provincial no le importa el problema ambiental, eso está claro, lo que sí le importa es el “conflicto”, le importa el bloqueo de Malvinas. Aparte se dieron una serie de coyunturas, como el escándalo con la narcocúpula de la Policía, elecciones el año pasado, los vecinos de Malvinas que no quieren que se instale Monsanto. O sea, fue un cóctel bastante importante y una brasa que quemaba en las manos del Ejecutivo de la Provincia.

Entonces, este proyecto surge de esta necesidad, del “cómo zafo de esta situación y cumplo los compromisos que tengo asumidos con las grandes empresas y los grandes negocios”, aparte veníamos con el aval del gobierno nacional; que decían: "muchachos, vengan acá que esto es un trámite instalarse acá en la Argentina“. Hoy, Monsanto debe estar reclamando: “¿no me dijeron que era un trámite? Miren en el despelote que estamos ahora”.

Yo creo que en este contexto, una ley que ignora la emergencia ambiental de la Provincia, si viviera Jauretche le agregaría un capítulo al

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Manual de zonceras, diciendo: pero si ahora tenemos agua, tenemos para llenar nueve San Roque. Ahora, la cantidad de agua que ha caído en este país, las correntías que hubieron y parte del territorio provincial inundado, forma parte del problema de la crisis, no es la solución, los campos inundados, impermeabilizados, el suelo deja de actuar como esponja y se producen estas correntías brutales, pero de esto no se habla. Entonces inventamos un temita, a ver si la gilada cae, esto decía Bonavena: “yo abro la boca y la gilada cae”, pero la gilada ya no cae. El pueblo argentino no come vidrio y la falta de credibilidad del sistema de representación política en nuestro país hoy está a la orden del día. El 2001 todavía sigue vigente en la cabeza de los argentinos, sí le pedimos a nuestros políticos, a nuestros funcionarios, que se pongan las pilas, que se pongan a gobernar, que realmente sean estadistas, en función de la grandeza de la Nación mirando hacia el futuro.

La opinión nuestra, de la Central, al rechazo al proyecto del Ejecutivo es absoluto, entendemos que se trata de una maniobra gatopardista, digno del conde Lampedusa: “cambiemos algo para que no cambie nada” y podamos seguir con nuestros negocios.

Debo decir que si hoy tenemos que medir de qué lado está la democracia, la legitimidad y la legalidad, está del lado de los compañeros que se movilizan y bloquean la construcción de Monsanto y Malvinas, está del lado de los compañeros de Bouwer, está del lado de los que se oponen al funcionamiento de Porta en San Antonio, ahí está la democracia, la legalidad y la legitimidad. Del otro lado, está la vigilancia de los intereses de los grandes grupos económicos.

Le damos la palabra al compañero Bazán.

Sr. Bazán.- ¡Me dejó calentito el micrófono! (Risas).

Agradezco la invitación para participar en esta agenda de trabajo. Lo primero que quería hacer –es una pena que se haya retirado cuando llegamos nosotros- me hubiese gustado que escuchase la doctora Marta Juliá, seguramente lo va a leer en la versión taquigráfica-, en contar una breve anécdota sobre un comentario que hizo una vez un famoso ecólogo español de apellido Margalef –que probablemente muchos de los aquí presentes hayan leído sus textos- que decía que la vegetación sigue el camino del borracho.

Muchos de los que estaban en la oficina cuando escucharon esto, miraron arriba de la mesa para ver qué había tomado este hombre pero, en realidad, lo que estaba diciendo es que la vegetación a veces avanza y topa con un paredón de piedra, retrocede, no encuentra la humedad suficiente y vuelve a retroceder, hasta que encuentra una quebrada húmeda y avanza.

Creo que la vida es como el andar de un borracho: pega contra un pilar, pega contra una pared hasta que se encuentra con la puerta de su casa, entra y se pone a dormir “la mona”.

La vida es así, implica a veces retroceder para poder avanzar, y ese retroceso es parte del camino. Yo quería que la doctora Juliá escuchara esto y supiera que si tiene que retroceder por este proyecto del Ejecutivo provincial, que no lo tome como una derrota sino como parte del camino. Es parte del aprendizaje social el retroceder.

La siguiente consideración que nosotros, como trabajadores, queríamos hacer, como bien lo dijo el amigo Tulián, es que el ambiente para nosotros es una construcción social. Lo es Río Tercero, con las petroquímicas, las fábricas

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militares y los cultivos que se hicieron en la década del ’60 con toda la erosión que se produjo, que después el Estado tuvo que salir a remediar a través de la creación de consorcios de conservación de suelo, poniendo dinero para remediar el impacto ambiental que produjeron los que se llevaron el beneficio económico de ese sistema productivo, otra vez el Estado haciéndose cargo de pasivos ambientales.

Digo que es una construcción social Villa Alpina, con todos sus actores históricos que se sustentan en un mismo sistema cultural.

El ambiente es una construcción social en que viven los campesinos que integran APENOC, la asociación de pequeños campesinos rurales de Córdoba; es una construcción social el mantener Cerro Colorado con sus riquezas o el bañado del Río Dulce. Todas esas son construcciones sociales.

Si hay una construcción social donde participamos los habitantes de la Provincia, es necesario que también tengamos una participación vinculante en la legislación ambiental, porque forma parte de la construcción social el ambiente. Es muy importante que se tenga en cuenta si no, eso no tendría ninguna validez.

La segunda reflexión que tengo que hacer como trabajador del Estadoestoy afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado, donde hemos constituido un Departamento de Ambiente, que es la primera entidad sindical con un departamento de esas características- es que no sólo estamos peleando por las condiciones laborales de los trabajadores afiliados a nuestro sindicato. Como dijo Eduardo, yo soy ingeniero agrónomo pero también guardaparque egresado de la Dirección de Parques Nacionales en un curso que hice en el año 1980. Soy trabajador del Estado y como ingeniero agrónomo pienso que la profesión ha estado en función de lo social, aunque no he hecho ejercicio liberal de la profesión. Los trabajadores guardaparques no tenemos estatuto, por ejemplo, y todos los trabajadores del Estado que tenemos relación con lo ambiental estamos sujetos a leyes muy poco claras. Consideramos que hemos sido testigos de una degradación ambiental pero también de una degradación legal. Hemos pasado de leyes como la Ley 2111, Ley Forestal del año 1957, que conservaba enormes masas boscosas con distintas categorías, como bosque protector, bosque permanente, bosque de investigación y bosque de explotación, a la Ley 8066, sancionada en 1991, que fue la que permitió el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos. Somos testigos del engendro que salió del proyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que ahora es esta ley que está en Tribunales.

Vemos que hay una degradación legislativa e invito a los legisladores a que no sean parte de esa degradación, que asuman la responsabilidad de volver atrás en este camino, no lo tomen como una derrota sino que sea parte del mismo camino.

Nada más.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la señora Geraldine Bertolo, de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.

Sra. Bertolo.- Buenas tardes. Primero quiero agradecer la convocatoria; soy de Río Cuarto y vengo en nombre de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos que reúne a vecinos y a varias organizaciones sociales y ambientales.

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Antes de leer la declaración de la Asamblea quería expresar algo más doméstico que tiene que ver con la convocatoria. En mi caso vine sola aunque nos hubiera gustado ser muchos más, que hubieran más voces y más participación, pero fue imposible realmente porque nosotros no trabajamos de asambleístas ni de ambientalistas sino que tenemos nuestras obligaciones laborales. Es por ello que estoy presente yo sola y por eso soy una privilegiada.

No voy a agregar mucho más a lo que ya magníficamente dijeron mis compañeros, pero en mi voz voy a representar a las voces de Río Cuarto y de la región.

La Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos considera necesario, siendo un derecho y obligación como ciudadanos que convivimos en el territorio afectado por la ley en cuestión, expedirse en relación a la nueva ley ambiental presentada por el Gobierno de De la Sota a la Legislatura provincial, en el marco de la situación crítica que atraviesa la Provincia en materia socioambiental y que motivó importantes movilizaciones populares.

Como primer punto, consideramos que dicho proyecto de ley contiene graves vacíos y lagunas legales; es ambiguo, y lo es de manera intencional, a los fines de dar continuidad a las políticas neoliberales implementadas desde los ’90, porque no pretende avanzar en el cuidado del ambiente sino desprotegerlo aún más, intentando poner un freno a la movilización y participación de vecinos organizados en defensa del medioambiente, y ampliando el campo de maniobras a las multinacionales del agronegocio y otros emprendimientos económicos que signifiquen un riesgo para la salud y el ambiente, profundizando el proceso de mercantilización de los bienes comunes a merced de un lucro sin obstáculos.

También deja al arbitrio del Ejecutivo provincial la discrecionalidad acerca de cuándo y cómo se permitirá la participación ciudadana “no vinculante” previo a la aprobación de estudios de impacto ambiental, sin especificar métodos, alcances o incidencias.

El conflicto por el caso Monsanto pone en evidencia el propósito de esta discrecionalidad, engañando a la sociedad en un claro acto político que busca enfriar la conflictividad creciente y, simulando la apertura a una participación ciudadana, propone establecer un código cuya reglamentación se reserva para sí.

El derecho al acceso a la información pública ambiental, establecida en la Ley General de Ambiente, 25.675, queda cercenado en el presente proyecto al dejarlo supeditado a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación.

Este proyecto tampoco avanza sobre sanciones, planes de reforestación o de remediación ante el incumplimiento de las leyes ambientales, sino que muy por el contrario, establece premios a empresas que “reduzcan la contaminación”, institucionalizando la misma.

Consideramos también que este proyecto de ley está planteado en consonancia con la fracasada Ley de Bosques, que sólo trajo aparejado más especulación inmobiliaria y desmonte, con la consecuente desaparición de bosques nativos, expansión de la frontera agraria y crisis hídrica.

Por lo tanto, si el ordenamiento territorial se remite a la Ley de Bosques, deberíamos ser más que cautos porque esta ley no garantiza ninguna protección.

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Cuando se menciona la educación ambiental el proyecto no da precisiones, quedando únicamente en forma declamativa, no estableciendo las premisas ni los lineamientos de dicho proyecto educativo.

Tal como está expresado en las auditorías ambientales, la ley establece la delegación de éstas a privados, es decir que transfiere los roles de contralor, función indelegable del Estado, a los sectores de consultoría privada, haciendo más regresiva aún la norma vigente.

Aprobando esta nueva ley el legislativo concede facultades extraordinarias a la autoridad de aplicación de la Provincia, dando marcha atrás con los derechos adquiridos. De esta manera, se está legislando para encorsetar a la participación ciudadana y otorgar más espacios al avance de las actividades económicas susceptibles de dañar, alterar y modificar el ambiente y la salud.

Como corolario, y por todo lo expresado anteriormente, queda claro que la ley se viola a sí misma y es incongruente cuando versa sobre “promover y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley de presupuestos mínimos, Ley General del Ambiente, 25.675, en su artículo 2º, inciso a).

Para terminar, y concluyendo que con este proyecto de ley no hay avance normativo, se contradicen leyes fundamentales y no hay respeto por las leyes ambientales vigentes, nos preguntamos: ¿a quién o quiénes beneficia y/o sirve este proyecto de ley? (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Juan Nicastro de Villa Giardino Despierta.

Sr. Nicastro.- Buenas tardes. Soy Juan Nicastro de Villa Giardino Despierta; me acompañan Titina, Juan y René, y el resto de los compañeros de la Asamblea no han podido venir pero están siguiendo atentamente lo que pasa hoy. Tenemos conciencia de los tiempos largos por eso sabemos que no vinimos solamente por hoy, sino que esto se está grabando y está quedando un registro para que sea comentado por los medios hoy mismo, algunas radios estuvieron sacando en vivo algunos de los tramos que estamos compartiendo, y a partir de mañana otros medios lo van a seguir compartiendo. Más allá de lo cansado que estemos, asumimos la responsabilidad de hacer lo mejor que podamos para que quede registrado para ser compartido.

Quería pedirle que nos pongamos un minuto de pie en respeto y homenaje a todas las personas fallecidas que han sido nombradas.

-Así se hace.

No es casualidad que en las movilizaciones aparezcan cada vez más mujeres, esto tiene que ver con sus hijos, su forma de estar presente es con una sensibilidad nueva que estamos logrando incorporar.

Tomen asiento, hicimos un movimiento juntos.

-Así se hace.

Hay gente que nos sigue diciendo ambientalistas porque tienen la necesidad de etiquetar, de arrinconar, de empequeñecer. Todos nos vamos

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dando cuenta de que estamos hablando de toda la vida y muchas personas que empezaron a formar parte de Asambleas, se sumaron a ella no porque amaran la naturaleza sino porque tenían una necesidad de responder frente a la injusticia a la que estaban viendo o asistiendo, porque la injusticia genera dolor y a los seres humanos no nos gusta el dolor, por eso estamos trabajando.

Algunos, si tenían el amor a la naturaleza incorporado y se sintieron afectados cuando tocaron el territorio y salieron en su defensa.

En este momento en la Argentina se están juntando muchas historias, somos conscientes de que estamos tratando de darle un uso a nuestra memoria histórica acerca de lo que fue para nosotros el Proceso de Reorganización Nacional, y sabemos que estamos tratando de darle un uso histórico a lo que fue la experiencia de Malvinas, porque el 11 de abril de 1982 estábamos en guerra por un territorio que no estaba debajo de nuestros pies, y hoy las Malvinas están debajo de nuestros pies y lo estamos sintiendo distinto.

Cumpliendo con el mandato, traemos el territorio, traemos a Giardino, una muestrita de lo que nos está pasando para que se sume a este rompecabezas.

Sabemos que querían que una o dos personas representaran a todas las asambleas de Córdoba, como si todas tuvieran que ponerse de acuerdo o definir en una sola palabra lo que estaba pasando. Pero ¿vieron lo que pasó hoy?, nos encontramos con diversas realidades que una sola persona no iba a poder exponer y hemos aprendido muchísimo, es un día muy especial, muy nuestro.

-Se proyecta un video.

-El exponente manifiesta que se construyó un hotel cinco estrellas que destruyo la cuenca e hizo un uso desmedido de la misma sin ninguna autorización.

Lo del hotel cinco estrellas es una muestra que se va repitiendo en otros lugares de la Provincia. Lo que se está gastando ahí es agua directamente apta para el consumo, agua pura que no necesita tratamiento para ser consumida, de la más deseable en el mundo en este momento, es gastada a ritmo de 300 mil litros de agua como mínimo; es llenar esta habitación de agua –seis por quince por tres-, 300 mil litros de agua en un día. ¿Eso es vida? Esto está pasando en Villa Giardino.

Es una realidad conectada con la naturaleza. Por ejemplo, investiguen quiénes son los que hacen el hotel: la empresa Novagro, dedicada a lo que tiene que ver con el monocultivo de soja; Mandayo, concejal de Villa Giardino, que quien presentó este proyecto. Es un concejal del Partido Justicialista, que viene trabajando en conjunto con el Partido Radical en Villa Giardino. Del Hotel Altos de San Pedro, un hotel emblemático que antes era una estancia, el Defensor del Pueblo Decara se apropió, estaba colgado de la luz, ¿y quién lo estaba administrando? El Secretario de Gobierno de nuestra Municipalidad.

Esto no es para denunciarlo porque ya está muy denunciado, es para que tomemos conciencia de que causan daños ambientales, sociales, a la vida de las personas, asumamos esa conciencia. Pero no alcanza con la conciencia,

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tenemos que transformar la realidad en verdad, organizar una ley a veces sirve para transformar la realidad.

Este proyecto de ley no viene a transformar la realidad; esto lo hemos discutido con otras asambleas que forman parte de la coordinadora provincial también. Creemos que este proyecto no viene a transformar la realidad y sería necesario hacerlo, porque está complicada. Creemos que necesitamos una Ley de Emergencia Ambiental en la Provincia, que se declare la emergencia y se definan acciones. (Aplausos).

En cuanto a los ambientalistas, cuando la gente se va de vacaciones se va a la naturaleza. Y si la Constitución argentina dice bien claro que el ambiente es clave para el desarrollo del ser humano, que tenemos el deber de preservarlo, etcétera, todos somos ambientalistas. Esta cuestión de etiquetar, de arrinconar, tiene que ver con reprimir.

Entonces, hoy estamos en la Legislatura de Córdoba porque es necesario estar, y otras personas, otros vecinos en otros lugares del país, a veces, no han podido ingresar a una legislatura. En Chubut los sacaron a palos y a pedradas una patota de la U.O.C.R.A., el mismo sindicato que también vino a Malvinas a tratar de desalojar el acampe; en otros casos, como en Mendoza, el pueblo estuvo más fuerte y pudo entrar a la legislatura y pudo defender el suelo mendocino, pero hay conflicto y también una respuesta a ese conflicto que va por el lado de la represión, a veces es la Policía, a veces una patota, y otras veces se utiliza una ley que quiere aplacar en lugar de dejar que brote lo que tiene ganas de brotar.

Lo que tiene ganas de brotar es la defensa de la tierra, la defensa del agua, porque tiene que ver con la salud, con estar sanos, porque estando sanos podemos desarrollarnos mejor y ser humanos. Eso es lo que, al fin y al cabo, está en juego.

Por eso hablamos de pobreza, porque también sabemos que en estos momentos a nivel global, todo lo que tenga que ver con la ecología, pintado de determinada manera, oculta la desigualdad y la pobreza existente en el mundo.

Entonces, hay distintas formas de hablar de lo ecológico. A veces se oculta una realidad.

Somos conscientes de que los pobres están sufriendo más rápidamente las consecuencias de la contaminación, de la desposesión, de la exclusión, eso lo estamos viendo en ejemplos concretísimos, y el caso de Monsanto tratando de meterse en Malvinas Argentinas es vergonzoso, es de “baja estopa” –como se decía hace años.

Pero –esto sí lo quiero remarcar- no nos estamos tomando el tiempo suficiente para hablar de las corporaciones. Ellas son algo que va más allá de las empresas. Ya sabemos lo que es una empresa, sabemos que está obligada a tener ganancias, ésa es su justificación de por qué debe avanzar más allá de cualquier obstáculo –porque tiene que conseguir ganancias para seguir manteniendo a sus obreros, porque si no hay trabajo no tenemos dinero, porque resulta que el dinero es lo central, porque resulta que ya no sabemos alimentarnos si no es con dinero, ya no sabemos tener salud si no es con dinero, ya no sabemos tener amigos si no es con dinero cuando, en realidad, tenemos la potencia de hacerlo sin dinero.

Pero como estamos en este camino sin retorno de la sociedad de consumo, donde las necesidades básicas ya fueron cubiertas, pero hubo que inventar otras nuevas para poder seguir manteniendo a las empresas

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funcionando, entonces la cosa se complicó, y de las empresas se pasó a las corporaciones.

Las corporaciones no tienen sentimientos, no son humanas. Tienen formas de fusionamiento donde el contacto con la realidad no existe. Eso es lo que tratamos de explicarle a la gente que trabaja en Monsanto. En las corporaciones no hay contacto con la realidad, hay una obligación de tener ganancias, y un empleado le responde al jefe que está arriba suyo, ese jefe le responde al otro, y ese otro a otro, y así sucesivamente, pero ninguno tiene contacto con la realidad, y todos colaboran un poco en apretar ese botón que después mata a alguien.

Somos conscientes de que esto no es una lucha de buenos contra malos, de que cuando usamos nuestro auto contaminamos, pero estamos tratando de cambiar la estructura, el sistema de forma tal que tengamos que utilizar el auto cada vez menos o que nos dejen utilizar energías limpias –que ya han sido descubiertas, pero que las leyes no nos permiten usarlas.

Entonces, necesitamos una ley transformadora, una ley que nos ayude a cambiar la estructura, el sistema, una ley que promueva las energías limpias, una ley que promueva el reciclado en origen, necesitamos una ley que promueva la salud comunitaria, que promueva todas aquellas actividades como la construcción natural, como tantas otras que hay, porque el listado es largo. Y por supuesto que la agro-ecología tiene que estar allí centralmente planteada.

Esa es la ley que necesitamos, una ley ambiental que apunte a mejorar, no una ley que nos deje como estamos; estamos sufriendo mucho, no podemos seguir sufriendo así.

Las asambleas no son un invento nuestro. El ser humano se viene reuniendo desde hace miles de años, pero lo hacía de igual a igual, teniendo todos el derecho a opinar, y no que si alguien está en contra venga un policía a golpearlo, o que el prejuicio opere de manera tal que cuando aparece alguien distinto lo dejen afuera. El “distinto” es el que va a complementar, el que va a mejorar lo que uno viene haciendo.

Sé que el bloque legislativo mayoritario, por su funcionamiento de partido político, opera al revés, o sea, todo aquello que sea distinto lo frena, lo bloquea y utiliza su mayoría para no dejar entrar lo distinto, pero la sociedad, a pesar de esas estructuras viejas, está buscando la manera de renacer, y las asambleas lo que hacen es volver a apostar al diálogo. Es un espacio en donde se puede hablar y, además, no se guarda la información que consigue, no se la oculta, no trata de comercializarla, sino que la pone a circular lo más rápido posible, la comparte sin que haya dinero de por medio. Por eso es que las mismas se convirtieron en medios de comunicación. La información la consiguen de un político, de una empresa, de otro vecino, de un ingeniero, de un geólogo o de un indio y se comparte.

En las asambleas el eje es el bien común. Hay desde conservadores hasta anarquistas pero lo que los une es la defensa del bien común, y eso tendría que ser la definición de política: la defensa del bien común.

Sabemos que las empresas y el mercado crecieron tanto que hoy manejan todo, entonces, hagamos una ley en donde el ambiente no quede en manos de las empresas, y que se pueda desandar lo que se hizo mal. Si privatizamos el agua y la tierra, desprivaticémosla; hagamos que el agua sea de todos; que la tierra tenga un acceso más liberado y no solamente para los que tienen dinero.

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Somos parte de un camino largísimo. Específicamente, en nuestra provincia hay evidencias de poblaciones organizadas desde hace más de 10 mil años. Sin idealizar a los indígenas que fuimos y somos, antes había una realidad del cuidado de la tierra, y nosotros que ahora somos los indígenas ¿qué vamos a hacer? Aprendamos de ellos.

Reconocemos también a todos los grupos de vecinos que en distintas localidades vienen luchando por la gestión democrática y sana del agua; los productores, que en cada lugar se organizan para defenderse; los grupos de vecinos, que trabajan en ordenanzas nuevas como, por ejemplo, aquellos que están tratando de que salga alguna ordenanza para que fumiguen un poco más lejos o para que no se gaste el agua del único arroyo que hay; los grupos en Córdoba que reaccionaron frente a la contaminación de Los Gigantes. Es un orgullo que esté Ferrero acá, que tuvo a cargo la defensa de un río; pero, además, la conciencia de que no se remedió ese daño producido por la explotación de uranio en Córdoba; los grupos que están trabajando en organizaciones barriales, promoviendo el cuidado del monte, construcción natural, reciclado de residuos, centros culturales vecinales; son grupos de vecinos autogestionados; la Organización del Movimiento Campesino de Córdoba: también estamos aprendiendo de eso; la movilización de las madres de Ituzaingó, por supuesto, porque nos marcó y nos dio una fuerza tremenda; los grupos que se movilizaron contra la megaminería en el 2005; en Córdoba se formó la Unión de Asambleas Ciudadanas en el año 2006, en Colonia Caroya; los grupos de vecinos que crearon el “Paren de Fumigar”, que nos shockeó porque no sabíamos qué pasaba con las fumigaciones; los grupos que fomentan el reciclado en montones de pueblos; la resistencia a los mega basurales en Bouwer, en Calamuchita y en Pampa de Olaen –el otro día decíamos que logramos que Pampa de Olaen esté limpia.

Pero, ¿dónde hay pobres? En Cruz del Eje; entonces, allá va la basura.

Eso es lo que se está planeando, que toda la basura del Valle de Punilla vaya a Cruz del Eje; ya le mandaron la cárcel y ahora le mandan el basural.

Todo el trabajo de la CoTBN, la Comisión para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, fue horriblemente traicionado; a muchos nos cuesta estar parados hoy acá, después de tanta movilización, de tanto trabajo y de tanta traición que se sufrió en ese momento, porque salió una ley a favor del desmonte, en lugar de frenarlo.

La formación de las Asambleas Unidas de las Sierras, en 2011, porque sumaron el debate sobre la energía, ¿para quién es la energía?, ¿por qué meter una central de EPEC en un espacio de esparcimiento de un barrio?, ¿para quién? Para los barrios cerrados, que son los lugares donde se puede respirar aire puro y sentir el contacto con el pasto, porque todos lo necesitamos pero los que tienen más dinero lo pueden tener más rápido.

Nada más. El listado es largo y hay mucha gente, pero esto tiene la intención de explicar que no nacemos de un repollo, que somos sensibles a la crisis que estamos viviendo, que estamos simplemente participando del momento histórico que nos toca vivir.

Como han dicho varios, no estamos para nada conformes con este proyecto de ley; sabemos que es una maniobra pero, a pesar de eso, participamos, porque no será hoy sino mañana o pasado mañana que vamos a lograr e implementar estas soluciones que están en nuestras manos; ya lo estamos haciendo en distintos grados, en distintos lugares, porque el solo

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agruparse ya nos está preservando de la muerte, ya nos está dando otra forma de enfrentarnos a eso oscuro.

Repito: no es cuestión de buenos y malos, pero sabemos lo complejo que es, tanto que sabemos que el monocultivo de soja, que está matando a Córdoba, también tiene su parte de culpa en la crisis de inseguridad, en la generación de delincuencia, en la generación de desigualdad; sabemos que la soja no solamente está contaminando el suelo y los alimentos que consume la gente, sino que también es parte de la crisis que estamos viviendo.

Hemos traído un texto que les vamos a entregar, incluyendo la declaración de la coordinadora provincial.

En el encuentro de Río Ceballos se volvió a hacer un documento; digo “se volvió a hacer” porque es un documento que se viene haciendo desde hace un montón de años, es el documento que dice que cuidemos el agua, que la tierra es necesaria, que no se puede vivir atrapados por el cemento.

Invitamos, una vez más, a abrirnos a las realidades que nos traen otras personas; si no conocemos esas otras realidades no vamos a poder ser sensibles.

Una vez más, cada vez que podamos, vayamos hacia el agua pura, vayamos al monte, vayamos a verlo, a entenderlo, a sentirnos parte de él; porque si no conocemos el monte nunca lo vamos a valorar, y si no lo valoramos nunca lo vamos a defender. Tenemos que conocer; lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se defiende.

Para terminar, Sandra Gordillo, Martín Ortiz e Isabel Galtéz son personas de Córdoba que han escrito, hace poco, el libro “Fragmentos para una identidad”, en el que, entre tantas cosas, hacen un análisis muy detallado de la historia de Córdoba, del patrimonio cultural –porque cuando hablamos de territorio no hablamos solamente de plantas o animales, es toda nuestra cultura, todo lo que somos.

Ellos han puesto una parte de un poema que dice: “El planeta te dio toda la nieve, aguas mayores y volcanes nuevos, y luego el hombre fue agregando muros y adentro de los muros, sufrimiento. Y es por amor que pego a tus costados, recíbeme como si fuera el viento”; es de Neruda, pero podría ser de cualquiera de nosotros, es de cualquiera de nosotros.

Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Gracias.

Le damos la palabra a la señora Noelia Agüero.

Sra. Agüero.- Buenas tardes a todos.

Deben estar un poco cansados a esta hora pero -como dijo el compañero Nicastro- vale la pena estar acá, vale la pena venir a decir lo que las Asambleas Ciudadanas tenemos para decir, y vale la pena que ustedes, los legisladores, puedan escucharnos.

Yo vengo de parte de la Asamblea Juárez Celman sin Basura, de Estación Juárez Celman, que es la otra pata del proyecto de Cor.Me.Cor. Es la zona donde se quiere instalar la supuesta planta de transferencia; digo esto porque Cor.Me.Cor ha pedido 39 hectáreas, entonces, los vecinos, que ya no confiamos en nada, no confiamos en el Estado y menos en una empresa privada, creemos que hay va a ser el segundo lugar de enterramiento, que no

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solamente Bouwer va a ser una zona de sacrificio sino que también lo va a ser Estación Juárez Celman.

La gravedad de esto reside en que esa planta se va a ubicar sobre la cuenca seca del Río Salsipuedes, que es la que abastece de agua no solamente a Juárez Celman sino también a otras localidades como Colonia Tirolesa y Colonia Caroya.

Entonces, estamos hablando de envenenamiento del agua; quiero ser clara y contundente en esto: es envenenamiento del agua y matar a la población.

No puedo agregar mucho más de lo que se ha dicho acerca de la Ley de Ambiente, porque acordamos absolutamente con todo lo que acá se ha compartido. Pero creo que es mi obligación, como miembro de la asamblea, como habitante de Juárez Celman, como docente y como mamá, traer a colación la declaración que ha hecho la asamblea en estos días, para darla a conocer a todos ustedes. Dice: “En virtud de la convocatoria para la discusión acerca del proyecto de una nueva Ley de Ambiente para la Provincia de Córdoba, nos hacemos presentes y agradecemos hayan atendido a nuestro pedido de participar.

La Asamblea Juárez Celman sin Basura hace expreso su enfático rechazo a este proyecto de ley. Entendemos que el mismo es presentado a partir de una coyuntura actual en el marco político del conflicto social generado a partir del intento de instalación de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.

Este proyecto no contempla las diversas y gravísimas problemáticas ambientales que se presentan en el ámbito de toda la Provincia de Córdoba: los desmontes, los incendios, el desmanejo de las cuencas hídricas, la instalación de emprendimientos altamente contaminantes, entre otros.

Tal como lo plantea el documento elaborado por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular de la Tierra y el Agua, las asambleas populares y grupos de vecinos autoconvocados exigimos que se declare la emergencia ambiental, que se respeten los derechos de las poblaciones y que se legisle a favor de la salud.

Sabemos que hay fundamentos técnicos suficientes como para rechazar esta ley, pero nosotros como vecinos integrantes de una comunidad, queremos hacer eje en la discusión política acerca de estos procesos que, lejos de propiciar la participación, clausuran la voz del ciudadano y coartan derechos garantizados, tanto en la Constitución nacional como la provincial.

Hablar ahora de Consulta Popular y hacer bandera de la misma para impulsar una ley que, a toda vista, es una maniobra política para favorecer a Monsanto, a los emprendimientos desarrollistas y a empresas como Cor.Me.Cor, es una falacia discursiva.

Este Gobierno ha sido incapaz de apelar al diálogo tanto que, violando la legislación vigente, autorizó la construcción de la planta donde se instalaría Monsanto sin atender jamás los reclamos de los ciudadanos. Del mismo modo impulsó la declaración de interés público para su expropiación de los predios de Bouwer y Estación Juárez Celman sin convocar a un espacio de debate en el que pudieran participar los vecinos. Estas medidas son arbitrarias, impositivas y autoritarias.

La nueva ley no prioriza la participación ciudadana como a toda voz se proclama, muy por el contrario esconde un manejo burocrático y discrecional

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cuyo único depositario sería el Ministerio de Agua y Ambiente y Energía, en su caso, quien tendrá la facultad de decidir qué proyectos serán sometidos a Audiencia Pública y Consulta Popular y quiénes podrán participar de dichas instancias. También, sabiendo de antemano que este ente oficial privilegiará decisiones políticas, ya que sus funcionarios no tienen una verdadera formación ambiental y responden al poder de turno y a otros intereses.

Por otro lado, como dice el doctor Montenegro, la vigente Ley 7.343 no impide la Consulta Popular. Los vecinos tenemos derecho, no sólo a ser consultados sino a ser informados y a participar de los proyectos que puedan afectar nuestro medio ambiente y nuestra salud. Sostenemos que para que una Ley de Ambiente sea abarcativa y democrática y priorice el medio social y ambiental debe ajustarse de lleno a la Consulta Popular y Audiencia Pública, y que las mismas sean obligatorias y sus resultados vinculantes.

El problema no es la falta de legislación sino la falta de aplicación y de control. En Córdoba no necesitamos una nueva Ley de Ambiente sino que se respete a rajatabla la vigente, junto a los decretos atinentes y adherir a la Ley Nacional 25.675. Es necesario un debate en serio sobre las cuestiones ambientales, revisar la legislación para mejorarla y generar verdaderos espacios de participación ciudadana donde el pueblo sea respetado como soberano y los funcionarios y gobernantes entiendan su rol de representantes.

El problema con la ley vigente es que no se cumple, no hay control ambiental y, obviamente, hay connivencia con los sectores privados para quienes los negocios y el rédito económico con prioritarios en relación a los daños ambientales y de salud que pudieran provocar.

Este proyecto de ley no contempla aspectos tan relevantes como la previsión de penalidades en cuanto a sanciones y saneamiento ambiental.

Tampoco estima los recursos que serían necesarios para afrontar una ley ambiental planteada desde la educación hasta las intervenciones directas que tienen que ver con la gestión y control ambiental.

En resumidas cuentas, ¿cómo podemos confiar los ciudadanos en un Estado y en un Gobierno que estuvo ausente, ignorando la legislación, que no hizo lo que tendría que haber hecho? En el caso de Bouwer, sin siquiera prever el saneamiento del terreno anterior se permite la designación de localizaciones destinadas a enterramientos sanitarios; en el caso de las Sierras Chicas se avalan emprendimientos desarrollistas sin tener en cuenta la grave crisis hídrica que afecta a sus pobladores.

El proyecto de ley habla de control por parte del Estado, ya sea provincial o municipal. La pregunta es ¿quién y cómo van a controlar?, ¿con qué recursos materiales y humanos?; ¿con qué fondos? En caso de que estos controles recaigan en los gobiernos municipales ¿con qué elementos cuentan?

Si no ha podido un Municipio como el de la ciudad de Córdoba garantizar el control de la contaminación del río Suquía, ¿cómo podrán otros municipios más pequeños controlar las distintas problemáticas que pudieran acarrear empresas como Monsanto o como Cor.Me.Cor? Este proyecto de ley no garantiza el bien común ni la salud de la población. El daño ambiental y en salud es irreversible, y cuando esto suceda nadie se va a hacer cargo.

Queremos dejar aquí, también, planteado nuestro caso: en defensa del medio ambiente y por una mejor calidad de vida para los habitantes de Estación Juárez Celman, nos oponemos y resistimos a la instalación de una

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planta de transferencia de residuos sólidos urbanos en las inmediaciones, ya que afectará directamente a las cuencas hídricas subterráneas que proveen de agua a nuestra población y a otras localidades. Contamos con el aval de estudios técnicos realizados por profesionales de renombre.

Hemos participado, junto a otras organizaciones y asambleas de debates y discusiones acerca del uso del suelo, de los recursos renovables y de las condiciones que afectan la salud de los habitantes. En el marco de la democracia y la participación ciudadana, creemos que estos temas deben ser trabajados, conjuntamente, con quienes serán afectados de una u otra manera y es, precisamente, lo que el proyecto de ley que hoy se debate no contempla.

Estamos profundamente convencidos de que toda alteración en el territorio que comprometa y/o perjudique al medioambiente, y por ende a la salud de la población, debe someterse a la consulta de quienes allí habitan.

Por ello, exigimos un ordenamiento territorial en cada localidad con la participación ciudadana en la discusión y control de su cumplimiento; que se eliminen las zonas grises incluyéndolas en los ejidos urbanos; le decimos no a Cor.Me.Cor, pues sostenemos que no representa una solución a la problemática de los residuos sino que, muy por el contrario, a través de la improvisada elección de predios, con el aval de la Intendente Prunotto y basándose en los estudios del ISEA, solo contribuye al conflicto social y al daño ambiental. Las medidas que adoptará la empresa no son claras ni participativas, y comprometen gravísimamente al medio ambiente –por contaminación en tierra y agua–, a la salud de la población y a la soberanía territorial de la localidad, como así también su desarrollo futuro.

No queremos un proyecto por el cual vamos a cargar con sus consecuencias durante los próximos 30 años; no queremos convertirnos en una zona de sacrificio ambiental; rechazamos el proyecto de Cor.Me.Cor por todo lo aquí expuesto; y del mismo modo, repudiamos totalmente este proyecto de ley que ampara y avala emprendimientos como este que propician un crimen contra el medio ambiente y la salud de los pobladores. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Guerique, por la Asamblea “Todos por San Marcos.”.

Sr. Guerique.- En primer término deseo contarles dos ejemplos que tuvimos que vivir en los últimos años en San Marcos Sierras: uno que viene de largo y que se trata del tema del agua del Río de San Marcos Sierras. El Río de San Marcos es un río que, en la década del ’90, a pesar de la resistencia de los pobladores, fue regulado a través de un dique –el dique El Cajón– que, prácticamente, le decretó la muerte, lo que trae como consecuencia la muerte del valle que lo rodea y la muerte de muchas actividades productivas que hoy se nuclean alrededor de San Marcos Sierras. Si ustedes van a visitar la zona van a ver que hoy, por suerte, porque hace tres o cuatro meses que tenemos abundantes lluvias, el monte ha reverdecido, pero en el medio del mismo van a ver muchos nogales, algarrobos y olivos absolutamente secos, víctimas de la política ambiental que ha tenido este Gobierno y los gobiernos que lo precedieron en los últimos años.

En estos últimos dos o tres años empezamos a movilizarnos, empezamos a tratar de buscar solucionar un problema gravísimo para nuestro valle que estaba cambiando prácticamente la fisonomía de nuestro lugar.

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Presentamos múltiples notas a la Secretaría de Recursos Hídricos, participamos del Comité de Cuenca que se formó en su momento y, hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna solución concreta y real sobre ese tema.

El dique se mantiene tal como fue originado, no logramos que se estableciera un caudal ambiental para que el dique provea la cantidad de agua necesaria, mínima y suficiente, para que el valle continúe vivo; si el dique no da la cantidad de agua necesaria el valle empieza a empequeñecerse, a reducirse.

La historia hídrica de Córdoba es como el caso de las gallinas, las que están arriba comen maíz y las de abajo la caca, y acá pasa lo mismo; Los Cocos y La Cumbre que están arriba tienen agua, Capilla del Monte tiene un poco menos, pero algo tiene, después viene San Marcos que llega un hilito y al último está Cruz del Eje a la que, prácticamente, no le llegaba nada y recién ahora por las lluvias el dique pudo volver a su nivel histórico. Esta es una de las situaciones que necesitamos solucionar y estamos peleando para eso.

Otra cuestión que quiero comentarles es algo que acaeció la semana pasada. Cerca del nacimiento del río Quilpo, en la juntura de los ríos Pinto y San Gregorio, hay una escuelita rural donde una maestra vio una enorme plataforma que traía una máquina de unos siete metros de largo, con unas palas enormes y seguida por camiones. Vio que pasaban por delante y que empezaban a abrir, a quinientos metros de la escuela, un camino que iba hacia adentro. Este es un lugar ubicado a pocos metros del río Pinto en una zona que, por suerte, es una de las más protegidas de las sierras cordobesas. Esta chica, con bastante valentía, se acercó y sacó fotos, y como vio que empezaban a depredar haciendo este camino averiguó de qué se trataba. Y ¿de qué se trataba?, de un emprendimiento minero de cuarzo.

Por suerte, la gimnasia de la movilización y de las asambleas es lo que finalmente pone, a veces, a resguardo el medio ambiente, porque si vamos a esperar del poder político la mina seguiría avanzando y hoy tendríamos que lamentar la depredación y contaminación de toda esa zona de la Provincia de Córdoba. Pero, gracias a la gimnasia que nos da la movilización, llamamos inmediatamente a la Policía Ambiental, a la Dirección de Bosques y a la Secretaría de Minería y les mandamos las fotos.

Pero, ¿qué pasa?, pasa algo parecido a lo que sucedió con lo de los narcopolicías, llega un momento en que la impunidad es tan grande que cualquiera se anima a hacer cualquier cosa. En este caso, esta gente tenía un permiso para que dos familias pudieran sacar cuarzo –lo que se llama minería artesanal- con pico y pala. ¿Qué hicieron?, con el permiso de sacar cuarzo con pico y pala contrataron semejante obra porque saben que el poder político va a mirar para otro lado.

Ahora, ¿por qué lo detuvimos? Fue gracias a esa docente y al ejercicio militante que tenemos en San Marcos para defender el medio ambiente. Lo denunciamos a tiempo, y era tan flagrante la cuestión que la policía ambiental inmediatamente puso la faja de clausura, decomisaron las máquinas, se las llevaron, y en el día de ayer la Empresa Calvo, que era la que había tercerizado este emprendimiento, comunicó que no va a seguir con el emprendimiento minero.

Estos ejemplos, como el de Monsanto, abren el único camino que veo para Córdoba en defensa del medio ambiente, que es la lucha, el corte de ruta, la lucha de todos los trabajadores a favor del medio ambiente, porque ustedes están actuando como bombero loco, ya que vienen con este proyecto de ley a

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tratar de apagar un incendio, pero este proyecto es como nafta. Esto va a provocar más movilización, más lucha porque no nos dejan otra salida, porque el descrédito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es cada vez mayor. Cada vez se cierran más puertas, en el momento del desarme de Monsanto ustedes salen con una ley como para tratar de remediar socialmente el problema, pero la ley es una trampa para que Monsanto vuelva.

Entonces, la única salida que queda es que si quieren defender el medio ambiente van a tener que juntarse con sus vecinos y hacer una asamblea; es la única salida que tienen porque ustedes, como legisladores, lo único que hacen es escuchamos a nosotros y escribir con lápiz lo que nosotros decimos, pero después van al lobby con el poder sojero, con los representantes de la minas y otros, y ahí escriben con birome, ahí sí que las ideas les quedan, pero cuando nosotros hablamos no quedan.

Esta situación de la lucha por el medio ambiente es una situación que a la gente cada vez le preocupa más, no van a poder distraer la situación con este tipo de argumentos, porque la lucha va a seguir. En San Marcos Sierras, que tiene una población con características particulares, logramos movilizar 120 personas a la Ciudad de Córdoba, hasta la Secretaría de Recursos Hídricos, y ahí, en esa pequeña comunidad, se lanzó la propuesta de conformar la coordinadora por la soberanía popular por el agua y la tierra, porque la conciencia avanza, porque se dan cuenta de que los problemas están repartidos en todas las demás comunidades, y se dan cuenta de que la única salida es la lucha, es pelear.

Entonces, creemos que esta ley no resuelve nada, sino que empeora la situación, y la única ley que puede resolver este problema es una que nazca de las propias organizaciones que están luchando por el medio ambiente, que sean parte activa de la redacción de la ley, donde todas las organizaciones intermedias, que se dedicaron durante las últimas décadas al tema, sean protagonistas en la redacción de la ley. Ese día va a haber una ley como la gente, pero una ley entre gallos y medianoche para tratar de solucionar un problema político generado por una lucha victoriosa, simplemente lo que va a hacer es empeorar la situación.

Eso es lo que queríamos decir. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor concejal Omar Grillo, de la Mesa Multisectorial de Capilla del Monte.

Sr. Grillo.- Buenas tardes, hermanos de los pueblos originarios, compañeros de las asambleas, legisladores, presidente. Disculpen que dé vuelta la jerarquía establecida pero, como una cuestión simbólica, sólo la virtud de la rebeldía nos va a ayudar a terminar con esta política de muerte.

Me he enriquecido con todas las exposiciones y ponencias y no puedo más que sentir vergüenza por el Estado que tenemos, me da vergüenza el Estado. Es un Estado que no sólo genera muerte a través de las fumigaciones y contaminación ambiental, sino que también genera muerte cuando es cómplice de una policía corrupta que, mediante la instalación del Código de Faltas, detiene a 250 jóvenes por día y recluta a esos mismos jóvenes desde temprana edad para delinquir, para distribuir droga y que después aparecen “suicidados”, en ciertos casos como los que vimos en Capilla del Monte el año pasado, el joven Jorge Reyna, de 17 años, que fue muerto a palos adentro de

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la misma comisaría. Esto, como decía el compañero, tiene que ver con una impunidad que da vergüenza, porque la policía lo mató adentro de la comisaría, y el mismo juez Bertone, de la ciudad de Cruz del Eje, habló de un suicidio.

Pareciera esto una nueva forma de terrorismo de Estado donde justamente se ataca a los sectores más vulnerables, más marginados, con esta lógica de mercado de este desarrollo que no podemos llamar tal pero tiene que ver con esta inercia de mercado que privilegia el interés económico privado por sobre el interés público y que excluye, cada vez más, a las poblaciones, a los jóvenes y donde no tenemos políticas de Estado que incluyan a estos jóvenes para que tengan otra opción distinta a la de delinquir o vender drogas, que terminan muertos en una zanja o en una comisaría.

No podía dejar de hacer estas consideraciones. Vengo en representación de la Mesa Multisectorial de Capilla del Monte, y como decía el presidente, soy concejal pero primero soy militante social y la Mesa me han elegido para que hoy venga a expresar la voz colectiva.

Hace poco más de un año, en la discusión sobre el establecimiento de un límite del nivel de altura de la construcción al pie del monte en Capilla del Monte, formamos esta mesa horizontal integrada por distintas organizaciones sociales de derechos humanos, radios comunitarias, cooperativas para abordar, investigar, discutir y resolver el tema del pie del monte que, en el caso de Capilla del Monte, representa la zona de infiltración del agua de lluvia que alimenta nuestra cuenca subterránea que, dicho por profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, es limitada y debemos proteger porque de ahí nos abastecemos todos los capillenses. Lamentablemente, el poder político, en este tándem que hace la Unión Cívica Radical con Unión por Córdoba, lo hace muy difícil porque esta gente defiende intereses económicos privados, el desarrollismo por encima del interés público, desde algunos fundamentos bastante vergonzosos.

Simplemente quiero leerles la carta escrita por la mesa multisectorial de Capilla del Monte titulada “Carta con mandato a los legisladores de Córdoba” que dice: “¿Por qué la política ambiental y la conformación de una ley ambiental debe ser netamente participativa con decisiones vinculantes?

Sabemos que el ambiente o medio ambiente no es algo abstracto, está íntimamente relacionado con el territorio físico, mejor dicho, es el territorio físico concreto. Todos estaremos de acuerdo en esto: el ambiente es el territorio físico concreto. O sea, las cosas que nos rodean, naturales o artificiales: la temperatura, la humedad, el aire, los sonidos, los olores, los colores, incluso los sabores, como el sabor del agua. Todo esto percibido junto es lo que llamamos ambiente. Es cosa de todos los días, la vivencia diaria, y es para todos. No hay un ambiente para unos y otro ambiente para otros. Los ríos fluyen de provincia en provincia, de país en país. Las napas se interconectan, los mares se interconectan, los vientos transportan sustancias a miles de kilómetros, como la nube radioactiva del accidente de Chernobyl. Así es el ambiente, es para todos, todos los días, por todos los sentidos. Y un ambiente contaminado produce enfermedad y muerte.

Es por eso que toda ley que se refiera al ambiente debe ser netamente participativa, porque es en el territorio real donde está la información necesaria para entender la dinámica ambiental. Porque se trata de una dinámica, una situación cambiante, en constante movimiento, con ciclos y vaivenes. Y al decir toda ley ambiental nos referimos a todo el proceso, desde la elaboración de la

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ley misma, la redacción de los reglamentos de aplicación, hasta la conformación de la misma autoridad de aplicación debe ser participativa, con decisiones vinculantes. Como asimismo los controles y la auditoría deben ser participativos. Quién mejor que el vecino a tal o cual emprendimiento para gestionar el control ambiental, como lo hacen las madres del barrio Ituzaingó, los vecinos de Bouwer y de Malvinas Argentinas, o tantas otras localidades de la Provincia de Córdoba.

Hay que entender que el proceso ambiental no es un proceso fabril tecnológico, una obra de infraestructura sobre la cual se puede legislar y nada más. Es un proceso vivo, un organismo cambiante multicelular y es por eso que la participación cotidiana, práctica y con decisiones vinculantes de la ciudadanía debe formar parte de toda ley que se digne de llamarse ambiental.

Por lo tanto, para nosotros, esta no es una ley de política ambiental. Si bien el texto de presentación alude a “mecanismos de participación social en la toma de decisiones”, en el artículo 10 deja explícito que “las Audiencias Públicas y mecanismos de consulta” serían con “carácter no vinculante”. ¿Cuál es el sentido de la participación social si no es vinculante? Es un concepto erróneo el de “participación social no vinculante”. Para nosotros, la “participación social es vinculante” y si no, no es participación social y sin participación social no hay ley de política ambiental.

No queremos más que nos convoquen a la parodia –como en la Ley provincial de Bosques transformada en la “ley del desmonte”, que exigimos sea derogada, o en tantos ordenamientos ambientales o audiencias sobre tarifarias u otros temas que vivimos en nuestro pueblo, donde la participación se hace para cumplir con la ley, pero a la hora de las decisiones la “autoridad de aplicación” tiene la última palabra.

Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿podemos dejar los puntos más sensibles que esta ley debería contemplar a la confianza en las promesas de un funcionario de turno? Pareciera una la burla a la ciudadanía cordobesa, que de manera organizada y comprometida participa en el debate de la problemática ambiental sin responder a intereses personales o corporativos, muchas veces con criterios más acabados y disponiendo de soluciones más efectivas, que responden siempre al interés público.

Dado este contexto general que enmarca este proyecto de ley que rechazamos, se hace innecesario utilizar más tiempo en objetar puntualmente los numerosos artículos que reflejan distintos aspectos de esta “política ambiental no participativa”.

Esperamos que nuestra opinión, la voz que traemos de nuestro pueblo, hoy sea escuchada, que sea tenida en cuenta y que sea vinculante. Ahora en ustedes está la decisión de rechazar esta ley, en nosotros las calles, los centros vecinales, las organizaciones sociales y diversos grupos ambientales, de Derechos Humanos, de cooperativas, estudiantes y trabajadores; juntos en el territorio concreto en la participación ambiental. Todos los días, tomando las decisiones para defender la vida. Sepan que dependiendo de la decisión que tomen, señores y señoras, nos tendrán acompañándolos o movilizándonos permanentemente. La profunda movilización y participación ciudadana en los temas socio-ambientales en el año 2013 mostró que cruzamos el límite de lo tolerable. El 2014 puede ser un año de reparación ambiental o de conflictividad social creciente. Es esto lo que estamos discutiendo hoy en nuestras comunidades y seguiremos estando en las calles.

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Señoras y señores legisladores, díganle no a esta ley de política ambiental.

Desde las organizaciones sociales proponemos: nueva Ley de Bosques, a partir de la elaboración de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y en consonancia con la Ley Nacional de Bosques, y declaración de la emergencia ambiental en Córdoba; no a las corporaciones, que vienen por nuestros recursos naturales; no a Monsanto; fuera de Córdoba, fuera de Argentina, fuera de América Latina y del mundo.”

Me gustaría terminar con una frase que una organización expresó en la Audiencia Pública que se hizo para el tratamiento de la Cota 1050 de Capilla del Monte que dice: “Detrás de todo desastre ecológico siempre hay un funcionario corrupto” y creo que hoy, más que un funcionario corrupto también hay un funcionario que es genocida.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Por último, tiene la palabra el señor Patricio Pino, de la Asamblea de Vecinos de Río Ceballos.

Sr. Pino.- Buenas tardes y gracias por el espacio.

Uno de los principales problemas que tenemos en Río Ceballos es el ordenamiento territorial donde, como en todas las Sierras Chicas, se avanzó con el negocio inmobiliario sobre las zonas rojas. Es algo común a todas las Sierras Chicas, por lo que no vale la pena profundizar sobre eso y sobre el desastre ambiental que significa y, sobre todo, la contradicción semántica que significa el crecimiento del desarrollo inmobiliario que no está garantizando el déficit habitacional que existe en la población. Si fuera tan fácil y si eso solucionara el problema habitacional estaríamos a favor, pero dentro de otro marco; sabemos que no soluciona el problema habitacional y está generando un gran negocio y una degradación ambiental sin precedentes.

Adhiero a todo lo que se ha dicho sobre Cor.Me.Cor, más que nada a lo dicho por la gente de Bouwer y de Juárez Celman con quienes tenemos un límite en el mismo espacio y, prácticamente, los mismos problemas. Estamos absolutamente en contra de la instalación de Cor.Me.Cor. Tenemos en común muchísimas cosas, pero los problemas particulares de cada zona hay que contemplarlos y se tienen que regimentar dentro de esta nueva ley.

Como dijo el compañero de la CTA –y lo digo sin hipocresía-, esto es un “mamarracho” de punta a punta, no creo que nadie esté a favor, una manifestación popular dice que esto no sirve y somos nosotros los que tenemos que tener el control científico; por eso reitero –como dijo el compañero- esto es un mamarracho.

La regimentación que tiene con la Ley nacional, que supuestamente se adhiere a ciertas cosas, en temas de conveniencia, no nos está garantizando nada, porque dicha ley permite en todo el territorio de la Nación la monominería, la destrucción de los glaciares, la ampliación de la frontera agropecuaria y el asesinato de campesinos y aborígenes en la sojización, en esta republiqueta sojera que se propone. Desde el 2008 se están peleando y garrapiñando por ver quién se queda con las retenciones de la soja, nadie está dispuesto a largar ese poder.

El Gobierno Nacional trae a Monsanto y a toda esta bola de negocios y mafiosos en los cuales tenemos que estar regimentados; se prenden todos los

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demás gobiernos provinciales y los más “piringunderos” de todos, que son los municipales.

En ese lineamiento político sabemos quiénes se prostituyen al mejor postor, que es Monsanto, y esta ley pasa a ser clientelista de ellos. Dentro de todas las otras problemáticas ambientales que tenemos, pasa a ser el único foco principal; ¿para qué hablar de todo lo demás?

Desde nuestra organización queremos volver a la Ley de Bosques de la COTBN, que se derogue –como dijeron los compañeros- esa ley de desmonte y en base a eso quedaría regimentado otro plan desde donde se pueda evolucionar; así como estamos plantados hoy, no se evoluciona.

Los responsables políticos son reales y -como lo dijeron muchos- son las personas que menos saben cómo llevar adelante esto, pueden tener muchas informaciones técnicas del ISEA, pera acá hay que hablar a calzón quitado; el ISEA se prostituye al mejor postor y son todos “coimeables”. A pesar de que hay gente que vino acá y se sinceró diciendo que trabajan en el ISEA o en la Universidad, como el doctor, donde sabemos que hay gente muy buena y valorable, pero dentro de esas instituciones –como ocurre a nivel mundial- son las que están mandando y son los peones de pico y pala de Monsanto y Bayer, porque son los mismos accionistas; uno, por un lado te enferma y el otro que te quiere curar, también te enferma; es un círculo vicioso que hace que todas las universidades del mundo no tengan una salida para esto, no la ven porque tienen un techo académico infernal, entonces, tenemos las clases populares y tenemos que tener una salida, nunca deberíamos haber perdido el control de la ciencia, de la política y de los medios de producción.

Si bien son funcionarios que eligió el pueblo, hoy por hoy están manifestándose asambleas populares que están diciendo que no. Tres movilizaciones con más de diez mil personas ya le dijeron que no, el corte permanente les está diciendo que no, ¿para qué quieren una Consulta Popular si ya se dijo que no de todas las formas posibles?, encima, las universidades – cuando no les quedó otro camino- dijeron que no, la Tecnológica, la de Río Cuarto, la Católica y la Estatal.

Tenemos que evaluar y dentro de todo este mamarracho debemos encontrar una salida. No entiendo la posición en la que en una lucha política empiezan a creer que es una lucha partidaria. No, no es una lucha partidaria, sabemos que hay gente que responde a partidos políticos, pero la lucha es política no es partidaria. Se habla de lucha política, y en nuestras asambleas existen diversos colores y banderas, y vamos a una lucha política lo mismo, porque es el concepto que tenemos, al cual tenemos que defender a muerte, y sabemos que acá venimos a pelear y dar la cara los que decimos no. ¿Dónde están los que dicen “sí”? No se hacen públicos, son esos seis delincuentes que se juntaron con Arzani y dijeron que ellos son los que manejan el país, o sea se juntaron con él no más. Y nosotros ya hicimos la manifestación popular, no nos hace falta la Consulta Popular tampoco, aunque la queremos, es respetable en todos los campos, pero tenemos que tomar conciencia de que tampoco es fácil porque, como dice uno de los artículos, se está basando también en las necesidades regionales. O sea, se está basando en la necesidad de un pueblo para que por encima pase el impacto ambiental y la Consulta Popular, cuando un pueblo tiene una necesidad a rajatablas de algo se va a jugar por esa necesidad, como Malvinas Argentinas que tiene necesidad de mano de obra.

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Hay unos puntos muy importantes –lo tengo al doctor al lado, quien me tirará las orejas si me equivoco. En cuanto a Monsanto, siempre se habló de las enfermedades, todos sabemos que participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en una guerra química, eso no tiene mucha novedad porque todos lo sabemos. En el ’81, al final de la Guerra Fría, empieza la verdadera guerra química, donde todo el mundo se pensó que nos iban a avisar y no lo hicieron. Monsanto es la pata ejecutora del capitalismo más salvaje que tiene en el fondo todo esto, obviamente, en conjunto con un montón de negocios, la Organización Mundial de la Salud y todo lo que significa el negocio de la enfermedad y de la salud, toda una gran mentira.

En el fondo, lo que tendré que explicar es algo muy largo, estudié toda mi vida; no vengo persiguiendo a Monsanto desde ahora, de hace dos o tres años, lo sigo de toda la vida. Creo que tiene “talones de Aquiles” este monstruo, es un monstruo criminal. Terminó la Guerra Fría, inclusive se juntaron el capitalismo y el comunismo y dijeron: “la guerra tiene que cambiar el modo, vamos a la guerra química”, y empezó ahí, mucho antes, y con un proceso de decir se acabaron las guerras, no podemos estar matando y el plan de exterminio masivo de razas, de pueblos, de clases sociales. Tenían que pasar a otro nivel, a la guerra química.

En ese punto, se inventó una de las cosas más nefastas que hubo en la historia de la humanidad y los crímenes más grandes, y Monsanto está en el diseño de esto, que es el invento del virus del SIDA; el virus del SIDA nunca existió, nunca lo detectaron, y la inmunodeficiencia el único origen que tiene es la intoxicación y la malnutrición -o sea, Monsanto tiene un estrellato en esto. En base a toda la gran farsa de esto, que empezó en el ’81, se los empezó a culpar a los homosexuales por enfermedades sexuales, a los drogadictos intoxicados con droga, los negros intoxicados con agroquímicos y envenenados, las prostitutas también intoxicadas, y un montón de clases sociales a exterminar.

De todas formas, tenemos toda la documentación, no solamente es ese el punto de una guerra química y una guerra psicópata que ya se lleva 80 millones de muertes, de la cual no será fácil a nadie de esta asamblea entender que nunca existió el virus y que sí existe la intoxicación que genera la inmunodeficiencia –como lo expresó el doctor-, genera la disrupción del sistema inmunológico, genera el deterioro inmune. No se llega, quizás, en los términos académicos a darle vuelta concretamente a la teoría para entender que nunca existió el virus, lo está generando la intoxicación. El punto es que todos tenemos el retrovirus que, supuestamente, detectan los test.

Nuestro sistema defensivo solamente está medido por la ciencia a partir de 10.000 copias. O sea que el punto cero de ese top es 10.000, es decir que todos tenemos el anticuerpo para el HIV. O sea que es todo mentira. Los otros test tampoco detectan nada.

Por ejemplo, no hay alergias al polvillo y al polen. Son los alergenos que se están detectando en el transporte que traen los agroquímicos. Toda esa documentación la tenemos.

Cáncer de útero. En esto no hay que ser hipócritas, porque salió –lo dice el doctor Ávila, lo dice Montenegro, Carrasco también- generan cáncer de útero. No alcanzan a darle la vuelta a la teoría completa de por qué tenemos hoy el calendario obligatorio de vacuna de cáncer de útero. Por lo general, es una intoxicación hormonal que la genera una intoxicación química y la

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alimentación que Monsanto esta generando en el mundo, porque no nos queda otra opción que comer la porquería que nos están dando, que no es comida.

Entonces, creo que cuando se está hablando de algo así, tenemos que ver quién es el responsable político.

El Gobierno nacional salió a poner en forma obligatoria en el calendario de vacunación esta porquería, esta vacuna, para encubrir el verdadero origen de cáncer de útero, que es una plaga, es una epidemia, no es el HPV, no tiene origen viral, sí puede ser un cofactor que ayuda, porque la inflamación de un virus en cualquier parte del cuerpo puede generar un factor que ayude a que el sistema inmunológico lo envuelva en un tumor y lo trate de metabolizar. Pero si no se encuentra el origen uno va a seguir intoxicándose y ese tumor va a crecer, no hay forma de salvarse con más intoxicación, con rayos, con químicos, con nada se puede salvar, porque es más intoxicación.

El punto es el siguiente. Nosotros tenemos responsables políticos que tomaron esa decisión, que votaron esta vacuna en el Senado, gente de la Secretaría de Salud votaron esta vacuna que es vergonzosa, prohibida en muchos lugares del mundo para encubrir el origen del cáncer de útero.

También el origen del cáncer de ovarios, de pechos en las mujeres, de próstata, de las glándulas, todo donde hay movimientos hormonales termina allí concentrándose las hormonas que Monsanto nos está dando. El cuerpo no tiene otra solución que llevarlas a un lugar donde hay movimientos hormonales de crecimiento y de reproducción.

La Ley de Infertilidad que salió ahora con bombos y platillos, tenemos algo nefasto, sobre lo cual hasta me he peleado con muchos compañeros porque no entienden el concepto. Lo han dicho el doctor Ávila, Montenegro, Carrasco, todos dicen lo mismo: generan infertilidad. ¿Qué hacen entonces con una Ley de Infertilidad? Nos pusieron un molino de viento para pelear contra las obras sociales para que creamos que ellas son los capitalistas que no quieren reconocerla; el origen de la infertilidad no es genético –igual que el cáncer, no es genético- sino intoxicación.

Lo que pasa es que están tratando de desviar la atención, y con ellos un montón de “engaña pichanga”, con lo cual vamos a caer en un túnel de la muerte del que no vamos a salir más.

La feminización también es un caso muy difícil de comprender. Hay un cambio hormonal drástico por la intoxicación, con lo cual se produce un cambio de destino sexual de la personal y termina siendo homosexual, bisexual. Es una cuestión terrorífica.

Todo esto lo genera Monsanto.

Y sepan, a nivel nacional, provincial y municipal, que nosotros sabemos lo que están haciendo ustedes, y ustedes van a ser responsables y cómplices, cómplices ignorantes porque no sabían de esto, pero ahora lo saben. También sepan que nosotros no vamos a dejar de luchar porque hay muchos muertos que pesan atrás -no son los dos o tres que por ahí se nombran sino que son muchos-, y a esos son a los que venimos a representar.

Cuando un funcionario asume sus funciones jura por Dios y la Patria y que lo enjuicie no sé quién. Bueno, venimos a enjuiciarlos.

No los estoy amenazando sino que les estoy advirtiendo nada más. Ya los estoy enjuiciando y condenando, igual que cuando se condenaron a los criminales de guerra nazis, a los militares de la dictadura militar por crímenes de lesa humanidad.

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Sepan también que no es solamente Monsanto, que no es solamente Bayer ni otras multinacionales; son todos los responsables políticos que han avalado esto a quienes vamos a perseguir para verlos detrás de las rejas; a pesar de la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y la porquería que quiso sacar De la Sota hace dos semanas para perseguir las movilizaciones populares, nosotros los estamos persiguiendo a ustedes.

Ustedes fueron elegidos por el pueblo y deben representar al pueblo.

Nada más. (Aplausos).

Sr. Presidente (Heredia).- Vamos a comenzar con el diálogo a través de las preguntas de los señores legisladores.

Hay quienes proponen el no tratamiento de un proyecto de esta naturaleza y otros que consideran que se pueden hacer aportes para tener un instrumento mejorador y adecuado a este tiempo, y pensando en el futuro. Las leyes que hoy rigen tienen tiempos distintos de sanción, la Ley 7443 data del año 1985 y en la década del 2000 se sancionó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Algunos sostienen que las provincias debieran adecuar la normativa a esta última ley, con las características particulares que tiene cada región o zona. . Por aquí han pasado las universidades públicas y privadas de la Provincia de Córdoba, con sus documentos y exposiciones, la Academia Nacional de Ciencias, las organizaciones empresariales e industriales, la Bolsa de Comercio, los desarrollistas urbanos, la Cámara del Maní, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, el Foro de Intendentes de todos los partidos políticos de Córdoba, las representaciones del campo y las instituciones que representan a los productores agropecuarios de la República Argentina, intentando profundizar la tarea participativa y que los señores legisladores escuchen todas las campanas que pudiera haber sobre este tema. Mi pregunta concreta es si se estima que a través de la labor parlamentaria se puede trabajar sobre un proyecto que puede ser tomado como un borrador, en donde nosotros podríamos tener, con la labor de los señores legisladores y la participación de toda la comunidad, una ley que esté a la altura de las circunstancias, que de cuenta de esta emergencia de la que están hablando acá, y que además se planteen cuestiones de fondo para los próximos tiempos.

Quiero agregar que en estas reuniones también han participado los colegios profesionales, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles y los abogados. ¿Qué acuerdo podemos hacer con la Federación Agraria o con los ingenieros agrónomos, que viven de vender agroquímicos y enfermando a nuestros pacientes? ¿Qué acuerdo vamos a hacer con ellos? Ellos quieren seguir con el negocio.

Fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos con la basura son los bidones de agroquímicos. ¿Cuál es la solución para eso? Que el fabricante se haga cargo del bidón, que no los tiren en cualquier lado, y eso es cambiar la política sobre basura. ¿Lo vamos a acordar con Monsanto, con la Unión Industrial a eso, que son los fabricantes de estos productos que contaminan?

O sea, lo que ustedes nos plantean está respondido con nuestra presencia acá, porque hemos venido todos a hacer nuestros aportes siendo que tenemos mil cosas que hacer y no tenemos financiamiento de nadie, todo

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lo hacemos a pulmón. Hemos venido acá, hemos aguantado largas horas y estamos tratando de que ustedes escuchen nuestras posiciones, pero hay intereses enfrentados que tienen que ver con nuestro derecho a la vida –de nosotros y de nuestros pacientes- y los negocios de la otra gente. ¿Podemos hacer una ley que concite esos intereses enfrentados? En este tema ambiental, con la crítica situación que tiene la Provincia, no se puede, no podemos coincidir con los que están destruyendo el ambiente; por eso tenemos estos problemas de crisis hídrica y de contaminación, crisis en los bosques.

Nuestra predisposición es a aportar para que se pueda construir una ley mejor, y eso está demostrado con nuestra presencia aquí.

Pero, el Estado tiene que responder en garantía de los derechos colectivos -entre ellos el derecho a la vida y los ambientales- que tienen que estar por encima de los derechos privados.

Sr. Mazzalay.- En primer lugar, creo que todos los que estamos aquí tenemos voluntad de aportar a una nueva ley de ambiente, pero creo que debemos comenzar generando una nueva ley y no trabajar sobre el actual proyecto; creo que se deben plantear puntos básicos, por lo menos para empezar a trabajar en la elaboración de un nuevo documento, de un nuevo proyecto de ley.

Que las organizaciones sociales trabajemos sobre el actual proyecto sería legitimar una ley, darles la legitimidad a ustedes de presentar una ley que no nos da garantías de nada. En ese sentido, las organizaciones sociales que hemos venido tenemos la voluntad de aportar, pero trabajando en la elaboración de un nuevo documento, no sobre el actual proyecto de ley.

Nada más.

Sr. Pino.- Creo que ya mencioné el tema de la Ley de Bosques, de la COTBN. Lo que se está pidiendo, en términos generales, es la derogación de la Ley de Desmontes y el tratamiento de la Ley de Bosques de la COTBN. Ya hay muchos pedidos, de parte de la Legislatura, y a nivel de inconstitucionalidad directamente –está designado así.

También, la bancada del Frente de Izquierda presentó “Fuera Monsanto”; se prohíbe a Monsanto en Córdoba. Eso no se ha tratado, se ha cajoneado; se está tratando ahora, improvisando, con todo lo que significa esto.

Entiendo que ustedes tienen que tratar de defender esa postura, pero nosotros tenemos, desde antes de que ustedes improvisen esto, en la Legislatura el proyecto de “Fuera Monsanto”. El tema es que si no se trata lo que hemos entendido como la necesidad más básica, la de volver atrás en serio -como decía Jacinto Bazán recién: tenemos que parar la pelota-, vamos a seguir tropezando, vamos a tener más crisis sociales, y esto no tiene salida así.

Creo que se tiene que tratar eso también, es decir, todas las cuestiones legales que están pasando en las zonas rojas. Hoy por hoy ni siquiera se respetan la Ley de Desmontes, las zonas rojas están siendo invadidas, o sea que estamos hablando de una improvisación otra improvisación acerca de la cual tenemos que tomar conciencia que tenemos que parar. Todos estamos de acuerdo que la COTBN hizo un estudio pormenorizado de esto, el mapa era otro con las zonas rojas, las amarillas y las verdes, y tenemos que respetar que ya está ese estudio. No hace falta una consulta popular, ya está dada la consulta popular, ya está todo, no se puede improvisar sobre eso porque ya

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hemos venido trabajando y, como dice el doctor y muchos otros, no tenemos un peso, tenemos que dejar de trabajar para venir a reclamar el derecho al agua, el derecho al aire puro. Estamos reclamando derechos muy básicos para los cuales ya está todo elaborado. No se puede hablar sobre una ley improvisada sino que tenemos que parar la pelota y retroceder.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.

Sr. Clavijo.- Les quiero contar lo siguiente.

Esta debe ser la reunión número 8 ó 9, sí, es la novena vez que escuchamos la mayoría de las cosas que se han dicho, a pesar que, como bien enumeró el presidente, la cantidad de organizaciones que han venido y, obviamente, de disímiles intereses unas con otras, no voy a decir nada que no se sepa porque hasta salió en el diario. Lo que ha reunido en común esta ley es el rechazo de todos, no hubo una sola organización que diga “estoy de acuerdo con lo que dice la ley”, desde distintos puntos de vista y distintos intereses; a lo que se le suma lo que se ha dicho acá.

Yo también les quiero decir que, al igual que pasó en otras reuniones, se han dicho cosas muy interesantes. Hay dos puntos muy ciertos: que Córdoba tiene una de las mejores legislaciones ambientales en cuanto al tipo y cantidad de leyes, en relación a lo que hay en el país; que lo que hay es un problema de asignación de presupuesto de dinero y recursos para hacerlas efectivas.

También es cierto que hay que mejorar las leyes que tenemos, las dos cosas son ciertas. No sé qué vamos a hacer cuando termine esta ronda de consultas y los legisladores nos juntemos a resumir esto.

También les quiero decir que todos los legisladores que estamos aquí tenemos posiciones asumidas frente a esto. También quiero que sepan que cuando empezamos estas reuniones acordamos no usar estas reuniones para hacerles un discurso a los que vienen sino limitarnos a preguntar las cosas que nos interesan, porque los que tienen que hablar son los que vienen, no nosotros. Quiero decir esto porque, por ahí, nuestro silencio se puede interpretar como que no nos queremos jugar con definiciones ante los demás.

Los que estamos acá tenemos definiciones y todos hemos tenido definiciones públicas en muchos casos. Lo que hacemos en estas reuniones es escuchar a los que vienen y no expresarles nuestros pensamientos, después empezará la discusión.

En esta reunión hubo aportes muy importantes en dos temas que creo, son los que han motivado la presentación de este proyecto: conflicto Monsanto, y que la planta de Monsanto está parada por una decisión judicial que no mandó a parar la planta porque contamina, porque no se expidió sobre el fondo del tema, sino porque no se cumple con la Consulta Popular y con la Audiencia Pública. Para los camaristas que resolvieron esta medida está claro que Consulta Popular y Audiencia Pública no están en discusión si hay que hacerlo o no, sino que hay que discutir en qué momento y cómo se hacen; y en esos dos temas en esta reunión hubo aportes importantes. Incluso, me gustaría que quienes los hicieron profundizaran estos temas porque realmente nos interesan. O sea, consulta popular de qué manera, cómo, quién convoca, cómo va a ser, ¿una votación como hacemos los domingos?, ¿quién la va a garantizar?, ¿de dónde van a salir los recursos?

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Cuando vino el Fiscal Marcelo Novillo, un poco en función de lo que vos decías y para quien no lo conoce es el fiscal que participó en el juicio de barrio Ituzaingó, también se planteó esta discusión y se lo preguntamos porque nos interesa saber porque hay muchos intereses, hasta legales, contrapuestos en estas cosas, y no queremos venir acá a discursear y decir cosas bonitas y que después termine todo en la Justicia porque todo lo que sale es contradictorio, se contradice una ley con otra. Entonces, si acá hay contradicciones entre la ley nacional y la ley provincial, o hay interpretaciones erróneas de los funcionarios, queremos que queden en claro en esta ley, si lo podemos hacer.

Volviendo al tema de la Consulta Popular, lo novedoso que ha metido la legislación ambiental y el derecho ambiental que se está armando en el país, es el reconocimiento del derecho colectivo, que no existía hasta este momento.

Desde ese punto de vista, una Consulta Popular ¿solamente puede ser convocada para que opine una comunidad sobre lo que va a pasar ahí?, ¿o cualquier habitante de Córdoba o cualquier organización tiene derecho a reclamar para opinar sobre lo que se está haciendo en la Provincia en materia ambiental? Son temas que tenemos acá, arriba de la mesa, y nos interesa saber.

Vuelvo a repetir: todos nos queremos reunir con todas las posiciones y opiniones que traigan, no solo de las asambleas sino, en este caso, yo insistí mucho con la Justicia porque es quien hoy está legislando; hay dos o tres fallos en Córdoba que están por delante de las leyes que hay en Córdoba, y nosotros tenemos que traer esos fallos y transformarlos en leyes porque si no, van a seguir yendo a la Justicia esas contradicciones.

Es decir, ¿cómo terminará esto dentro de esta comisión cuando empecemos a discutir, entre los legisladores, para dónde queremos ir con todo esto? Se va a enterar todo el mundo porque todos hacemos política y porque, seguramente, las posiciones que de aquí salgan van a ser públicas.

El trabajo que hoy tenemos como legisladores es que se nos ha presentado un proyecto de ley y tenemos que tratarlo, y la forma en que hemos discutido en la comisión es de esta manera. Después, cómo lo defenderemos, hasta dónde “nos dará el cuero”, si estaremos todos de acuerdo o no, veremos, es una etapa que sigue a esto; pero el momento en el que estamos acá es el de los aportes.

Entiendo lo que ustedes han planteado, pero estas son las instancias; y, si no, nos retiremos todos, no nos metamos. Creo que en todas las instancias tenemos que estar planteando lo que pensamos y disputando las cosas y, desde ese lugar, son importantes sus opiniones.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Ávila.

Sr. Ávila.- Coincido plenamente con lo que manifiesta, el tema está planteado y hay que resolver qué hacemos con él: nos hacemos cargo o nos borramos.

En lo personal considero que la Ley 7343, a pesar de que es del año ’97, –una ley vieja– es una muy buena ley, es más, es una ley de avanzada. La Ley de Presupuestos vino con posterioridad. Lo que hoy está planteando la Ley General del Ambiente ya lo tiene Córdoba. Es decir, puede haber algunas contradicciones, puede haber conflicto, pero la forma que se resuelven los mismos es haciendo la correcta aplicación de las leyes. Las leyes están, están fallando los agentes, los funcionarios que tienen que aplicar, concretamente, la

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ley. En este caso, me estoy refiriendo a la Secretaría de Ambiente, al Poder Judicial cuando falla en la forma que falla, y al Tribunal Superior de Justicia.

Tuvo que venir una Cámara Laboral a hacer docencia con respecto a la Ley General del Ambiente, cuando tenemos todo un máximo Tribunal que, a la hora de resolver un conflicto de carácter netamente ambiental –en base a la existencia de principios propios que establece la Ley General del Ambiente, el amparo propio y específico que establece la Constitución a partir de la incorporación del artículo 43 y todo lo demás–, termina resolviendo un recurso de amparo en base a los principios básicos del amparo, que no tienen nada que ver con el problema ambiental.

Entonces, si no empezamos a analizar las responsabilidades que le caben, principalmente, al Superior Tribunal de Justicia como organismo rector precisamente del Poder Judicial hacia abajo, estamos con problemas. Y el funcionario de Ambiente tenía las herramientas también; entonces, lo que está fallando es la mala utilización de esas herramientas. Porque lo que estamos discutiendo hoy se podría haber discutido antes. Lo que pasa es que las Audiencias Públicas están previstas desde el año ’97, y en ese sentido, desafío en este recinto a que me digan que haya existido una sola convocatoria de Audiencia Pública para tratar una problemática ambiental. Atravesamos el conflicto del Camino del Cuadrado y los vecinos de Traslasierra fueron los primeros en identificar el problema del trazado de este camino diciendo: “Señores, están haciendo una traza, pero hay un estudio geológico que está diciendo que no va a resistir” y, efectivamente, hoy llueve dos milímetros y el camino se tiene que cerrar.

Había una ley provincial que convocaba a Audiencia Pública, que establecía la facultad de realizar estudios de impacto ambiental previos, entonces, les pregunto: ¿dónde estuvieron esas instituciones?, ¿por qué no se utilizó ese mecanismo? Es decir, los mecanismos están, las leyes están, lo que está fallando -por motivos que seguramente se han soslayado acá- es que se está haciendo una utilización absolutamente tergiversada del Derecho, pero las normas están.

De modo tal que si hay una intención clara, real y concreta de avanzar en materia de protección medioambiental, los desafío para que el nuevo proyecto de ley sea superador de la Ley 7343, si no, dejemos la 7343.

Sr. Rodríguez (fuera de micrófono).- Dante, perdoname, pero ya me voy a Mina Clavero.

Lo respeto a Santiago Clavijo, pero hablar de medioambiente cuando en Mina Clavero están sacando todos los árboles y ninguna autoridad provincial hace nada ni va a controlar, y está Julio Bañuelos de intendente, o sea, no es Unión por Córdoba, el control son ustedes.

Me estoy yendo, disculpá, Santiago, me voy en colectivo. Perdoná, Dante, pero digo más, ¿saben cuál es el nombre y apellido? los Charras. En todo el Nido de Águila están cortando todos los árboles, entonces, ¿para qué hablar de Monsanto? ¿Hasta cuándo a la gente pobre la van a seguir humillando? ¿Sabés qué dice la Constitución, Dante? Que el Estado me tiene que cuidar, no yo al Estado. Me tengo que ir en el colectivo, disculpame.

(Aplausos).

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Perdónenme, muchachos, me estoy expresando como ciudadano, ya estoy harto de que nos vengan a atropellar. ¿Hasta cuándo nos van a atropellar?

Gracias.

Sr. Presidente (Heredia).- Chau, mi viejo.

Esta última parte es todo un desafío, porque incluso el propio autor de la ley planteó la necesidad de adecuar y actualizar algunos aspectos de la ley vigente, entonces, hay coincidencia en esto. De alguna manera, es lo que trataba de explicar el legislador Clavijo; es a lo que nos hemos abocado, si no tuviéramos un proyecto no estaríamos trabajando en esto. Quizás sea una oportunidad, aunque sea sin quererlo, para permitirnos trabajar sobre algo que si no hubiera entrado no nos hubiéramos reunido.

Por eso, le doy un valor no al proyecto sino a la iniciativa que fue el disparador de la posibilidad de que hagamos estas modificaciones, esta adecuación.

Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.

Sra. Trigo.- Mi nombre es Sandra Trigo, soy legisladora de Unión por Córdoba y vivo en la ciudad de Córdoba.

Siguiendo las reglas establecidas por la comisión, hicimos -como dijo Santiago- un pacto entre nosotros de no hacer discursos, porque no es el momento. Este es el momento de escucharlos y creo que los que estamos presentes los hemos escuchado con mucha atención y respeto porque es lo que realmente merecen.

Simplemente, quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, no creo que haya sido una pregunta inocente la que les hizo el presidente de la comisión cuando dijo: “¿Desde dónde partimos para que nuestro trabajo sea positivo?”, y como lo que mayoritariamente respondieron fue que como la intencionalidad del Gobernador sería simplemente tratar de disimular la cuestión de Monsanto o la impunidad de Monsanto o como quieran mencionarlo, a través de que podamos trabajar este proyecto de ley, mi postura es un buen punto de partida, porque –como recién lo manifestaba el presidente- si la intención fue esa, desde la Legislatura podemos modificarla y empezar a trabajar para modificar y corregir todas aquellas cuestiones que han sido manifestadas y que son entendibles.

Por último, no es para hacer un catálogo de la crisis de representatividad que tenemos en este país y en esta Provincia pero me preocuparon -no es que me ofenda, ya que milito hace casi 30 años, por lo tanto, no son cuestiones que me van a ofender- ciertas manifestaciones que no las considero agraviantes pero sí me hicieron ruido, del señor de San Marcos Sierras –que ahora no está presente- cuando manifestó que nosotros tomábamos nota con lápiz cuando los escuchábamos a ustedes, representantes genuinos de la ciudadanía -y que bien ganado se tienen este nivel de responsabilidad que tienen- y escribíamos con lapicera cuando las recomendaciones venían del sector empresario.

Rotundamente quiero decir que no es así, me parece que el respeto tiene que ser recíproco. Yo soy mujer, madre, defiendo los derechos de género, defiendo el derecho a la vida y, sinceramente, me parece que estamos todos del mismo lado, sufrimos las mismas consecuencias. Y tengan un poco de confianza, no estamos acá para defender los intereses de una corporación sino

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para defender todo el derecho que ustedes tienen, por ahí tan anónimamente y con un Estado, no digo ausente, pero sí con un Estado muy ineficiente, que no han encontrado el suficiente correlato.

Simplemente eso, y gracias por permitirme, señores legisladores, que lo pueda plantear.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Muchas gracias, creo que todas las posiciones han sido claras, precisas, han volcado argumentos de todo tipo: legales, jurídicos, sociales y científicos para explicar no solamente el rechazo a este anteproyecto de ley sino el rechazo a una orientación político productiva, y esto es lo que me parece más importante. Voy a hacer varias preguntas que, a lo mejor, me las pueden responder con una sola respuesta.

El proyecto, en su mensaje de elevación dice que va a tratar de terminar con la conflictividad social y combinar intereses que, como acá se expresaron, son contrapuestos, pero no hace mención a la enorme crisis ambiental en la cual está inmersa, y que el proyecto –a mi criterio- no aborda ese problema, pero sí aborda el problema de tratar de encorsetar esta conflictividad social.

Creo que esta conflictividad social no se va a resolver con este anteproyecto y no se va a resolver con declaraciones como: “diez piqueteros no van a echar a Monsanto” o “todos los que cortan rutas tienen que ir presos”, porque acá todos los que están sentados tuvieron que salir a cortar rutas para defender la salud y la vida.

En este contexto, y entendiendo que se ha preguntado y le han respondido recientemente al presidente de la comisión que esta legislación es innecesaria, que no es un avance sino que en algunos puntos es un retroceso de la legislación vigente, es que pregunto: ¿qué tipo de legislación necesitaríamos para avanzar? Porque no es cierto que no haya iniciativas parlamentarias, en las asambleas, por parte de los sectores populares. Debo recordarles que, como bien se dijo, hay un proyecto de ley para prohibir la instalación de Monsanto, hace un año y medio, que juntó más de 10.000 firmas, que no ha sido ni siquiera tratado en la comisión, presentado por este bloque. O sea que es medio falaz decir que con este proyecto se lanza la discusión, porque iniciativas parlamentarias hay y muchas.

Por ejemplo, está el proyecto de la reserva hídrica de Chabascate, presentado hace no sé cuántos años y todavía no se ha tratado; está en la Secretaría de Ambiente un proyecto de la reserva hídrica de El Quilpo, desde el 2011, encajonado; está desde el 2006 el proyecto que presentó el bloque de Frente de Izquierda sobre el agua, sobre un probable proyecto de privatización.

Y así podríamos seguir enumerando una cantidad de iniciativas parlamentarias que se han presentado desde diferentes bloques de la oposición y de sectores populares que ni siquiera han sido debatidas y que abordan problemáticas puntuales.

Mi pregunta es la siguiente: en qué sentido tendríamos que avanzar en esta nueva legislación que, evidentemente, no tiene que partir de ésta; sobre qué puntos clave se debería legislar, si es necesaria una legislación de carácter general o si es necesaria una legislación de carácter más preciso y puntual para abordar cada uno de los problemas

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En segunda instancia: ¿es suficiente una consulta popular? Digo esto porque se ha denunciado sistemáticamente la violación de las leyes vigentes, y las autoridades de aplicación, los agentes de control son los que terminan siendo cómplices de la violación de estas leyes en función de determinados intereses económicos. Entonces, ¿lo resolvemos sólo con una consulta popular?, más allá de que la consulta popular –a la que adhiero plenamentetiene que ser precisada hasta el último detalle, como acá se dijo. Ahora, ¿alcanza sólo con una sola consulta popular?

Por último, ¿qué tipo de iniciativas legales o elementos se necesitan para avanzar en una política de tipos de penas y sanciones para lograr las reparaciones necesarias? Esto teniendo en cuenta que este proyecto de ley no lo contempla, por supuesto, y la política a nivel nacional ha estado orientada no solamente a no avanzar en la reparación ambiental sino en “perdonarle la vida” a las grandes multinacionales que vienen destruyendo los recursos naturales y el medioambiente, como el caso de la reparación económica a Repsol, mediante la cual Argentina renunció a iniciar cualquier tipo de juicio por los daños al impacto ambiental negativo que esto produjo en nuestro país con pérdidas incomensurables en términos materiales, ambientales y económicos.

Sr. Ahamendaburu.- Señor presidente: voy a intentar dar respuesta a los interrogantes que plantea la legisladora Frencia en cuanto a hacia qué tipo de legislación necesitamos avanzar. Creo que tenemos que ir pensando desde las asambleas, en un tipo de legislación que sea construida desde las asambleas.

No podemos dejar librada la construcción de legislación a la técnica legislativa y exclusivamente librada al debate parlamentario. Creo que desde las asambleas debemos ir construyendo el tipo de legislación. Considero que la democracia no se puede agotar en el simple hecho de ir a votar cuando se nos convoque. La democracia es la vida cotidiana, no algo que no tiene vigencia o la pierde y se expresa solamente en momentos de emitir un voto.

El segundo interrogante de la legisladora Frencia, con respecto a en qué sentido se debe avanzar, creo que la legislación que nosotros necesitamos en esta etapa debe avanzar en algunas cuestiones absolutamente conceptuales para después ir a los marcos reglamentarios, que pueden ser los estándares.

Lo primero que tenemos que decir es que hay determinados bienes, que son los que llamamos bienes comunes, que no son objeto de negocio ni de lucro, y tenemos que establecer como base de esta legislación ambiental el tema de la soberanía popular sobre los bienes comunes: el agua no se transa, la tierra no se transa, el monte nativo no se transa, los recursos energéticos, etcétera. Con ello recuperaremos el rol verdadero del Estado al servicio del pueblo de la Nación.

A partir de eso, podemos avanzar en las cuestiones reglamentarias, fijar los estándares de emisión, por ejemplo. No hay necesidad de ser científico; si me traen para los estándares de emisión las normas mejicanas, que son copia de la EPA americanas, yo lo firmo, pero no los cumple ninguna empresa, ya no de Córdoba sino del país. Ahora acá nadie sabe cuánto puede tirar a la atmósfera, cuánto puede tirar al río, etcétera.

Después dice si es suficiente una consulta popular. Bueno, esto está contenido en lo que decía previamente, creo que no porque la democracia no se puede agotar en el momento del voto. La consulta puede ser un momento, una instancia, puede ser un momento en el cual se resuelva una cuestión

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puntual. Pero en nuestro país tenemos que recuperar la democracia, por lo que creo que amerita una reforma constitucional para borrar lo que dice que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Digo esto porque considero que ello bastardea a nuestra democracia. Entonces, no es suficiente, es una herramienta, un instrumento, pero necesitamos que esos mecanismos de gestión democrática sean la vida, nuestro metabolismo basal como sociedad democrática que pretendemos ser.

Con respecto al tipo de iniciativas legales, en cuanto a penas y sanciones, creo que hay delitos ambientales que, inclusive, no es necesario inventarlos porque creo que en el Código de Aguas ya plantea que el envenenamiento de aguas y el mal uso de los cursos de agua son un delito penal, pero hay que cumplirlo. Pero, ¿quién hace cumplir eso? ¿Quién hace cumplir que no se puede cortar un arroyo con alambrado, tal como sucede en Alta Gracia? ¿Cuál es la autoridad que se hace cargo de ese problema si es un delito penal?

Entonces, cuando hablamos de credibilidad en las distintas instancias de gobierno, lamento mucho si alguien se siente ofendido, pero si se siente ofendido, que cumpla el papel que tiene que cumplir.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra la señora Cruz, de barrio San Antonio.

Sra. Cruz.- Presidente, creo que corresponde que nosotros le demos nuestra opinión con respecto a lo que ustedes legisladores habían dicho.

Insistimos en que las leyes están; creo que nadie va a oponerse a mejorarlas, mejorarlas desde la realidad de Córdoba, desde la realidad de lo que planteamos todas las Asambleas; desde el problema del agua, de la tierra, desde el problema de nosotros, de San Antonio.

Pero me parece que el meollo de la cuestión es hacer cumplirlas porque el organismo que debe hacerlas cumplir no lo hace. Por eso tenemos a una empresa como Porta que transgrede todas las leyes, pero todas. Entonces, podemos estar discutiendo y sancionando hermosas leyes, resguardando la integridad de todo el mundo, del agua, del suelo, del aire, de las personas, pero si no hay sanciones y mecanismos para sancionar, sin poner “peros” a las empresas o a los que vienen a transgredir las leyes, entonces es igual que nada.

Humildemente desde nuestro barrio, desde lo que estamos viviendo con la alcoholera Porta Hermanos nos parece que si hay una ley que va a mejorar lo que está, si hay una ley que va a venir desde la emergencia, considerando que Córdoba está en emergencia ambiental, bienvenida sea. Y si va a haber mecanismos que sancionen a las empresas como Porta para que no estén enfermándonos y poniéndonos en riesgo las 24 horas del día, entonces nosotros estaremos de acuerdo con ustedes.

Gracias.

Sr. Presidente (Heredia).- Tiene la palabra el señor Mazzalay.

Sr. Mazzalay.- Para contestar un poco a una de las preguntas de la legisladora Frencia en cuanto a la consulta popular, creo que cuando expusimos hablamos

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sobre el tema. Uno de los grandes problemas es que queda a criterio de la autoridad de aplicación y lo usa a conveniencia de la autoridad de ese momento. Así ocurrió en el caso de Malvinas Argentinas; estuvimos dos años reclamando una consulta popular. Luego se rechazó el estudio de impacto ambiental y salió el Ministro Fabián López diciendo que no era necesaria la audiencia pública ni la consulta popular porque se había rechazado por fundamentos técnicos. Así lo establecía la ley porque si no pasaba la parte técnica no era necesaria la audiencia pública.

Unos días después sale el Gobernador diciendo que iba a haber consulta popular en Malvinas Argentinas. No se entiende que el Ministro se expresara en contra de lo que dice el Gobernador y directamente el Gobernador hace ese anuncio, dando a entender que se le iba a aprobar el futuro estudio de impacto ambiental a Monsanto. ¿Por qué se le da la oportunidad si ya tuvieron la posibilidad de corregirlo? Lo corrigieron muchísimas veces y hay hasta cinco correcciones en un mismo punto antes de que saliera la Resolución 3 de este año.

Fundamentalmente, no entiendo cómo el Gobernador deja en claro que se le va a aprobar el estudio de impacto ambiental a la empresa al decir que va a haber consulta popular en Malvinas Argentinas. Eso realmente nos asusta.

En este momento la consulta popular hasta sería ilegal porque tanto la normativa vigente como el proyecto de ley y la ley nacional establecen los mecanismos de consulta luego de que se apruebe la parte técnica del proyecto.

Por otra parte, creemos que la consulta popular no debe quedar librada al criterio de la autoridad de aplicación. Como lo dije antes, se debe otorgar alguna herramienta para que la consulta sea obligatoria. Pensemos que lo que ocurrió en Malvinas Argentinas va a ocurrir en otros lugares porque si la gente no tiene una herramienta que garantice que se escuche su voz no queda otra opción que salir a cortar la ruta. No es algo que esté inventando, lo hemos visto durante dos años, desde que se anunció la instalación de Monsanto.

Quiero que quede bien en claro que la consulta popular en Malvinas Argentinas en este momento hasta sería ilegal por no haber cumplido con la parte técnica.

En cuanto al objetivo de esta reunión, creo que se ha hecho demasiado extensa, y si bien el debate es muy bueno, creo que se deben fijar fechas de reuniones para el tratamiento de cuestiones puntuales de la ley. En consecuencia, solicito que se fijen tres días para que se puedan tratar en cada uno la evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana y ordenamiento territorial. Son tres puntos fundamentales que queremos abordar como ciudadanos; los especialistas podrán hacer otras propuestas desde el punto de vista técnico. Creo que se deben fijar fechas para hacer reuniones que traten temas puntuales y no para el tratamiento de la ley en general.

Sr. Presidente (Heredia).- Como les dije cuando empezó la reunión, los vamos a volver a convocar una vez que cada uno de los bloques realice su trabajo en base a las propuestas y las críticas que se han formulado.

Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- En realidad, no quería que concluyera la reunión sin antes expresar lo gratificado que me siento de que podamos haber hecho esta reunión de trabajo a sala llena.

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La verdad que esta imagen que tiene la Legislatura y los Parlamentos de trabajar vallados, como se dijo acá, casi de espaldas a las demandas populares, suele ser una realidad, pero siempre depende de la voluntad política de que sea a puertas abiertas o no.

Creo que esta reunión ha sido muy productiva y al revés de lo que plantean ustedes, no nos tienen que agradecer, nosotros les tenemos que agradecer a ustedes. Ha sido muy productiva y en lo particular he aprendido mucho de esta reunión, también de algunas otras que hemos tenido.

Yo tengo formación jurídica, no soy un especialista en temáticas ambientales, sí me preocupa particularmente, sí me sensibiliza particularmente y trato de aprender e involucrarme para ser responsable al momento de legislar y de trabajar sobre políticas públicas ambientales.

No me preocupa ser interpelado en lo absoluto, creo que forma parte de nuestras responsabilidades, de nuestra rendición de cuentas, por supuesto, siempre que eso no pase el límite del agravio, que de ninguna manera he sentido que haya ocurrido hoy aquí.

Nosotros en el recinto hablamos porque forma parte de uno de nuestros mettier como legisladores, pero cada uno habla por nuestros actos; nosotros tenemos una historia atrás, una mochila que vamos construyendo con el paso del tiempo.

En mi caso, antes de ser legislador o político he sido militante social –lo sigo siendo-, integro asambleas en mi ciudad, en Río Cuarto –no sé si todavía está la compañera Geraldine-, y en este tema nos sentimos en nuestra lucha y en nuestra militancia; contentos por algunos logros. Nosotros hemos podido decir en nuestra ciudad, en los hechos, no a Monsanto -que quería radicarse en allí-, ya poniendo los pies en polvorosa, como suele decir el dicho; y se tuvo que ir, no por una decisión del Intendente –que, en definitiva, fue una decisión y se la valoramos-, sino que fue producto de luchas de las asambleas, de las organizaciones de la sociedad civil y le quedó absolutamente claro a nuestro intendente que si quería velar por la paz social en Río Cuarto, Monsanto se tenía que ir y a Monsanto se le dijo que no.

También tenemos la satisfacción de que nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto fuera la casa de estudios que presentó judicialmente en la Corte Suprema una acción de declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Bosques, que tanto cuestionamos.

Desde ese lugar y desde ese espacio esta reunión ha sido –y lo essumamente productiva. Tendría para hacerle preguntas a cada uno de los que han intervenido, cada uno de los temas que ustedes han planteado dan para una reunión como esta, para tratar la situación de Porta, de Monsanto, la necesaria derogación de la Ley de Bosques, el nuevo modelo productivo que mata, que enferma, los agroquímicos, las fumigaciones; de todos modos, no me quiero ir sin que podamos terminar, al menos en esta reunión, con algún producto que tenga que ver con el tema en tratamiento.

Hoy la Legislatura recibe a las organizaciones de la sociedad civil para tratar un proyecto de Ley de Ambiente y queda absolutamente claro cuál es el nivel de rechazo que viene cosechando este proyecto de ley, particularmente, en eso no voy a mirar para otro lado: hay un pedido concreto de la declaración de la emergencia ambiental.

La compañera representante de los vecinos de Bouwer decía que ella, como docente, hace bien su trabajo y que nos pide a nosotros que hagamos

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nuestro trabajo; en todo caso después, en la rendición de cuentas, será el pueblo quien dirá si lo hicimos bien o no, pero me gustaría hacer bien mi trabajo con este tema, como en cada uno de los proyectos que se presenta, porque el pueblo nos paga para ser legisladores y para eso tenemos que tratar de generar buenas leyes para los cordobeses, tenemos que controlar los actos de gobierno, tenemos que ser una correa de transmisión entre las demandas populares y el Estado, estas son las cosas que tiene que hacer un legislador.

Seguramente, muchos esperan más que nosotros, pero esa vendría a ser una suerte de presupuestos mínimos en nuestra tarea.

Me voy con esas dos o tres impresiones, pero también con que les puedo asegurar que en todas y cada una de las intervenciones que ha habido a lo largo de cinco o seis semanas que venimos teniendo de reuniones con distintas organizaciones, con ONG, con organismos públicos, con universidades y, en verdad, debo reconocer que casi no hemos escuchado cuestionamientos a la Ley 7343, salvo, claro está, los cuestionamientos que puede tener una ley que tiene treinta años, en los que han ocurrido muchas cosas en la Provincia de Córdoba y en Argentina. La ley es una buena ley, pero en treinta años, entre otras cosas, ha ocurrido que Monsanto se ha querido instalar en la Provincia de Córdoba, ha cambiado el modelo productivo, los desmontes siguen avanzando, hay un agravamiento de la crisis hídrica, ha ocurrido lo de Barrio Ituzaingó, lo de Bouwer, lo de Porta.

Me parece -y no intento hacer una síntesis del pensamiento promedio de esta reunión, pero si lo tuviera que hacer-, a riesgo de equivocarme, que la Ley 7343 –esta buena ley- necesita una actualización. Y en eso, seguramente, estaremos trabajando a partir de que me queda absolutamente claro el rechazo que hay sobre este proyecto. Pero, si pudiéramos hacer abstracción un momento del rechazo que tiene ese proyecto, me queda el absoluto convencimiento -como un abogado formado jurídicamente, pero también como un militante social, responsable y sensible ante las necesidades de trabajar en políticas públicas ambientales- que la Ley 7343 necesita algún nivel de actualización. En eso, seguramente, me verán trabajando, apoyándome muchísimo en ustedes –fácilmente a la mitad los conozco, trabajamos comunicándonos diariamente, por Internet o por teléfono-, pero me llevo esa conclusión.

Así que, señor presidente, discúlpeme, lo engañé, usted me dio la palabra para que hiciera una pregunta pero, en realidad, quería hacer esta participación.

Sr. Presidente (Heredia).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.

Sra. Boca.- Seré breve porque comparto casi todo lo que han dicho los legisladores colegas.

Soy Alejandra Del Boca, del bloque del Frente Cívico. Un poco lo adelantó Santiago Clavijo, y me queda la duda si es acá donde tenemos que avanzar con este tema o una verdadera decisión política de dotar de recursos humanos preparados y de presupuesto en el Departamento Ejecutivo, en el área del ambiente.

Comparto que sí hay que actualizar la ley que ya existe porque se ha ido modernizando todo el tema de la tecnología, los avances. Pero –hago un

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paréntesis respecto a todos los que han venido-, la experiencia me lleva a decir que una ley debe ser abarcativa, sin embargo, siempre hay un sector que queda como enojado con un resultado, para un lado o para el otro. Lo que me pasó con este proyecto es que todos los sectores estuvieron de acuerdo, así que por lo menos en ese punto vamos adelante con algunos argumentos y con otros, pero este proyecto no va, o sea que vamos unificando.

Tengo una pregunta puntual, sobre todo a Ávila, referida al tema de la delegación de facultades. Nación pone los principios, Córdoba debe complementar esa ley, pero me queda una pata, que son los municipios. ¿Por qué digo esto? Porque la Provincia ha delegado a los municipios todo el tema de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? La Municipalidad de Córdoba aprueba Porta –supongamos, daré ejemplos-, la Municipalidad de Río Cuarto aprueba otra cosa… Termino la idea, porque es una duda, no quiere decir que esté en lo correcto, ¿pero qué poder de policía me queda a mí, como Provincia, cuando un municipio va en contra –no sé si me explico- de una ley que está en contra, o sea que no es a favor del ambiente? Por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba tiene su ordenamiento territorial, aprueba sus impactos ambientales, que dejan mucho que desear, al igual que los provinciales.

En este momento, ¿qué puedo hacer, como Provincia, para sancionar a un municipio cuando delega una de sus facultades? -no sé si me explico. Lo mismo debería hacer Nación con las provincias en los casos en que todos han dado algún ejemplo concreto.

Sr. Ávila.- En principio, el municipio está en un pie de igualdad con la Provincia en materia de legislación ambiental –uso del suelo es otra cosa-, lo cual significa lo siguiente: la Ley General del Ambiente, 25.675, es el piso, por debajo de ese piso no puede legislar la Provincia ni el municipio.

Por lo cual, para arrancar la discusión, recomiendo el manejo de la Ley 25.675, que establece principios precautorios, principios de prevención, audiencias públicas obligatorias, derecho a opinar en las audiencias públicas.

Ese es el piso. O sea, eso está fuera de discusión. ¿Qué es lo que pueden hacer las provincias y los municipios? Van a establecer el techo, pero vos lo va a establecer fijando mayores restricciones que las que fija ese piso, siempre en aras de preservar el derecho ambiental. O sea, vos vas a establecer el techo, no tenés límite ni como provincia ni como municipio.

El municipio también tiene facultades limitadas por la competencia territorial y por la competencia material. Con esta última no hay problema porque el municipio también tiene facultades para legislar en materia de medio ambiente, siempre respetando el piso de la Ley General del Ambiente. Es decir que el municipio también puede establecer el techo, pero no puede ir más allá de lo que comprende el ejido municipal.

Como ustedes saben, cada municipio tiene una determinación geográfica establecida por ley provincial, por lo que no puede legislar más allá.

Eso en materia ambiental.

En materia del uso del suelo, es cierto que la ley provincial delega a los municipios, pero lo hace para que dicte normas dentro de su territorio, porque está la autonomía municipal. Es decir que la Provincia no puede interferir en un territorio que ha sido reservado para los municipios.

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Entonces, ¿qué le dice la Provincia: “Sí, te voy a delegar para que vos, dentro de tu territorio, dentro de tu ejido, puedas establecer tus ordenanzas de uso del suelo”, pero no podés hacerlo de cualquier forma, tiene que ser ajustado a la Ley provincial de Uso del Suelo. Es decir que si vos decís que por adhesión hacés propia la ley provincial, entonces, el municipio en este caso de Malvinas se excedió en el uso de sus facultades porque la ley provincial le decía que en ese lugar donde se está por instalar Monsanto es de uso agropecuario, y el municipio de Malvinas le dio otro uso contrario, de uso agroindustrial. Ahí hay un exceso de uso de facultades, y en ese caso el Código Urbanístico es inconstitucional porque se opone a una norma de jerarquía superior, que es la Ley provincial de Uso del Suelo.

Sra. Del Boca.- Mi pregunta es cómo interviene la Provincia, el poder de control provincial, en un error administrativo municipal. Por ejemplo, Porta fue aprobada en la ciudad de Córdoba incumpliendo normativas de la propia ciudad de Córdoba. ¿La Provincia tiene algún poder de control en esos casos?

Sr. Ávila.- No. Dentro de la autonomía municipal el conflicto se resuelve ahí. La Provincia no tiene injerencia. No tiene otra que ir a la Justicia. Hay instancias administrativas para discutir, y si esas instancias son adversas, tenés las instancias judiciales.

Sr. Clavijo.- El tema de la legislación nacional que no está en la provincial como, por ejemplo, el amparo ambiental y el principio precautorio, entre varios principios, ¿sería importante que estuvieran escritos en la legislación provincial?

Sr. Ávila.- No, porque es una normativa nacional, es Constitución Nacional y rige en todo el territorio, y acabo de decir principio precautorio es el piso, o sea que lo tenés que aplicar en la Provincia, tenga o no Ley General del Ambiente.

Sr. Clavijo.- ¿No has tenido problemas en la Justicia planteando estas cosas?

Sr. Ávila.- Absolutamente.

Sr. Tulián.- Quisiera que la Provincia adhiera a la Ley 25160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Esto es lo más importante para después hablar de ambiente. Primeramente, se tienen que delimitar las tierras que les pertenecen a las comunidades de los pueblos originarios de Córdoba, que no sabemos en qué lugar nos encuadramos dentro de la ley. ¿En el fondo del tarro? ¿Seguimos de vuelta siendo invisibilizados? ¿Volvemos atrás 500 años?

Por otro lado, pedimos la adhesión a la Ley Nacional 25743, de Protección de Patrimonio Cultural –la ley provincial es muy floja en este aspecto -además de a la Ley de Restitución de Restos Óseos Humanos, Ley 25517. Muchos lugares de emprendimientos inmobiliarios en la Provincia de Córdoba están pisoteando esos lugares.

Hablamos de una “zona roja”, de máxima protección del bosque nativo, y aprueban una mina de cuarzo. ¿Qué pasa ahí?

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Hablamos de emergencia hídrica, declarada en el año 2000, ¿qué pasa con la reserva hídrica de Orco Quebracho? Esa reserva abarca hasta el dique de Cruz del Eje. Debemos sentarnos y comenzar de cero a redactar una ley todas las organizaciones vecinales, las ONG y las comunidades originarias juntamente con ustedes.

Sra. Olivero.- Actualmente soy asesora del bloque del Frente de Izquierda.

Hasta diciembre del año pasado fui legisladora provincial, y hemos estado trabajando en muchos temas relativos a las distintas problemáticas que se vienen planteando desde hace tiempo, pero muchos quedaron en los cajones.

Escuchándote a vos creo que se corrobora lo de declarar la emergencia ambiental para poder resolver efectivamente esta cuestión de alterar las famosas autonomías municipales.

No soy abogada, pero durante estos años de debate hemos aprendido que el orden público y la declaración de la emergencia es lo que permite transgredir leyes que efectivamente hoy ponen en peligro la vida de las personas y, más aun, cuando la cuestión del Derecho Ambiental es uno de los derechos que últimamente está planteado desde el punto de vista de los Derechos humanos, como el derecho a la salud, educación, etcétera.

Haciendo un poco de memoria, le contaba recién a Cintia que cuando queríamos declarar el Derecho Humano al agua, artículo 1º del proyecto que hicimos con las asambleas populares en Córdoba, lamentablemente –debo decir- va a cumplir 8 ó 9 años y nunca se discutió en esta Cámara. Sí pude discutirlo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, con todas las comunidades del mundo, porque el agua tiene que ser declarada -como lo hizo nuestro país hermano Uruguay, en el artículo 47- un Derecho Humano y, por lo tanto, no privatizable.

En esta Legislatura hay un proyecto, está firmado por todos los bloques políticos, por unanimidad, por el que se plantea ponerle límites, de una vez por todas, al turismo cinegético, es decir, la caza de palomas con balas de plomo que contaminan el agua, el aire y la tierra. Les planteo esto a ustedes, como organizaciones, porque han dado elementos técnicos, y porque sería bueno incorporarlo en el proyecto que se está tratando. Ese proyecto debería ser tenido en cuenta en este proyecto de ley porque la contaminación con plomo – de la que hemos hablado muchísimo- está alrededor de nuestro Cerro Colorado, del pantano.

Hemos trabajado mucho en proyectos que tienen que ver, incluso, con modificaciones a la Ley de Agrotóxicos; también trabajamos en el tema de los contaminantes que están en los transformadores de EPEC; hemos sido parte de la lucha de Barrio Ituzaingó, de las madres que hicieron una huella en esta Legislatura.

Esto de la licencia social hizo mucho ruido –creo que la planteó Juan Nicastro. Recuerdo el “Famatina no se toca”, con Osisko, que, al no tener esa licencia social se tuvo que ir, ¡chau Osisko!

Tomo, porque me parece importante, lo que planteó recién Mazzalay sobre Malvinas: la necesidad de dividirlo en dos o tres ejes, que son los puntos que no puede desconocer un instrumento legal: la participación popular, desde dónde hasta dónde, con qué profundización; lo de la emergencia; la autoridad de aplicación y la reglamentación –le agrego.

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Hoy tenemos en Córdoba leyes que no están reglamentadas, entonces, ¿cómo podemos formar una comisión, desde el punto de vista de la elaboración colectiva y participación, y que no queden espacios grises? Porque esos espacios grises hacen que, después, haya una doble interpretación del Poder Judicial. Ya nos ha pasado.

Esta nueva ley que “no va” -creo que hay un común denominador en esto-, entonces, ¿cómo hacemos para hacer cumplir las que están? Por otro lado, si hay algo que mejorar, que reactualizar, que modernizar, tiene que hacerse tomando en cuenta estas violaciones. ¿Cómo hacemos para echar a Porta cuando hay claramente una legislación que dice que no puede estar ahí? ¿Cómo hacemos si hay una contradicción entre una legislación que plantea la utilización del suelo y que el Municipio la aplica de otro modo?

Les pregunto: ¿no se concentran estas dudas para poder salvarlas en un artículo que plantee la emergencia en la Provincia de Córdoba? Con eso se obligaría a todos los municipios -escuché al concejal de Capilla del Monte-, a cada una de las municipalidades y comunas a transgredir cualquier tipo de norma que haya en el marco de una falsa autonomía, violatoria de los Derechos Humanos, avanzando de la manera que fuera.

Hoy es Monsanto, mañana puede ser la Barrick u Osisko, porque es la apetencia que tienen estos grandes grupos económicos -es como decía Medardo: las ballenas y los que quieren cazar las ballenas.

Entonces, hay una cuestión irreconciliable de intereses a partir de la declaración de la emergencia. Quienes vivimos, desde hace años, en emergencias dictaminadas por congresos, parlamentos o concejos deliberantes, sabemos que esas emergencias transgreden todo tipo de leyes.

Hubo hasta emergencias por las que nos rebajaron el salario a los bancarios al 70 por ciento. Con este ejemplo de que con las emergencias nos ponen la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados, pongamos, de una vez por todas, el debate en la emergencia ambiental, para impedir que los grandes negociadores, junto con algunos otros socios, se puedan instalar en la Provincia de Córdoba. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de condición no negociable de la emergencia?

Sr. Ávila Vázquez.- Nosotros planteamos como primera condición que la Provincia está en una situación ambiental crítica y que hay que declarar la emergencia ambiental.

Hay que tomar medidas en el proyecto de ley o habría que incluir iniciativas muy concretas; por ejemplo, en el tema de los bosques no podemos discutir si vamos a seguir permitiendo que haya algún desmonte, porque siempre aparece algún funcionario que tiene un “precio” para autorizar esos desmontes; si la situación es tan crítica hay que prohibir todos los desmontes.

Si la ley dice que están prohibidos los desmontes y ves una topadora, la Policía tiene que ir y actuar, no deben tener dudas y decir: “voy a ver si el juez está de acuerdo, si está en verde, amarillo o rojo”; no, no puede cortar los árboles y destruir.

Creo que hay cuestiones –que hemos agregado en el documento- que se pueden poner de manera que queden claras.

Insisto en que lo que dice Clavijo, que sea precautorio y otras cosas, no está de más, porque hay muchos intereses dando vuelta. Arzani no desconoce

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el Derecho, él prefería utilizar la reglamentación de Córdoba y negar la de Buenos Aires. Entonces, pongámosla para que no tengamos más discusiones leguleyas alrededor de esas cosas. Me parece que tenemos que avanzar en esas medidas.

Además, tenemos que poner muy claro en la ley cómo van a ser las Audiencias Publicas y las Consultas Populares, y no dejarlas libradas a la reglamentación, como está planteado en este proyecto.

Sr. Mazzalay, Franco.- Quiero hablar sobre lo que dijo Liliana del uso del suelo en Malvinas.

La ley nueva habla de reorganizar el uso de suelo, lo que nos da mucho miedo porque en Malvinas ya hay una ley que dice que Monsanto no puede estar ahí, y es muy clara, demasiado clara. Tenemos miedo de que esta nueva ley se rearme para que Monsanto sí pueda estar ahí, siendo que hay una ley que dice que no, a la que, obviamente, no se le hizo caso. Es decir, la ley que hay es buena pero hay que cumplirla y participar.

Aplaudo el hecho de que estemos reunidos, que podamos dialogar. Lo que no aplaudo es que para llegar a este diálogo en mi barrio hubo 60 heridos y una mujer que terminó en el hospital.

Nada más.

Sr. Nicastro.- Queremos pedir, formalmente, que sean invitadas asambleas como las de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Saldán, Mendiolaza, y muchas más que sean convocadas inmediatamente porque tienen otras realidades para compartir.

Sr. Grillo.- Estuve analizando algunos temas. Se habla de consulta popular, no coincido con el compañero de la CTA en que la consulta es una herramienta pero no podemos consultar si Monsanto nos va a matar o no. Me parece que hay cuestiones que no se pueden consultar. Coincido también en que hay que establecer estándares y manejarse sobre eso y la consulta popular tendrá que ver con otro tipo de cosas y otro tipo de participación que se establecerá.

Con respecto al tema del ordenamiento ambiental territorial, me parece que debería contemplarse el hecho de realizarlo de manera regional porque, por ejemplo, en Capilla del Monte con el tema del pie de monte y de la preservación de la cuenca hídrica y de la zona de amortiguación y de infiltración de agua si legislamos desde nuestra autonomía municipal podemos perjudicar a distintas zonas que están aledañas a nuestra ciudad, por lo tanto, considero que el abordaje del ordenamiento ambiental territorial debería hacerse de manera regional.

Hay una particularidad que contempla la Ley de Ambiente anterior y que está contenida en este proyecto de ley también, que tiene que ver con los loteos preexistentes, donde se da una situación de la existencia de loteos, por ejemplo, en el pie de monte que han sido aprobados hace 40 años pero donde no tienen servicios ni se han abierto calles que hoy representan una porción de ese monte nativo que hay que preservar. Por lo tanto, me parece que es una trampa en la ley dejar el derecho sobre estos loteos que fueron aprobados hace 40 años pero que no han sido ocupados, pero –como digo- hoy representan más un interés público que el interés que puede tener un privado, sobre todo los desarrollistas inmobiliarios, sobre el espacio. Me parece que es

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algo que tendrían que rever en la ley, de hacer un trabajo territorial para establecer estos loteos que –repito por tercera vez- han sido aprobados hace 40 años pero no han sido ocupados, no tienen apertura de calles, no tienen servicios, y hoy tendrían que quedar bajo la instancia de una zona de reserva y tal vez, recibir un canon que el Estado puede entregar a esos propietarios en concepto de resarcimiento, pero no deberían ser ocupados con construcción.

Sr. Clavijo.- ¿No hay nadie viviendo?

Sr. Grillo.- No hay nadie viviendo.

Sr. Presidente (Heredia).- Antes de agradecerles la participación, quería decirles que seguramente nos vamos a volver a ver, hay mucho para trabajar, hay muchas propuestas, usted acaba de mencionar una. Acá se estuvo hablando de ordenamiento territorial municipal, usted habla de ordenamiento territorial regional, y hubo una propuesta muy interesante de hacer el ordenamiento territorial por cuencas. Mencionaron lo que está pasando en las cuencas donde el que está en la cuenca alta ordena sus cosas y el que está abajo que se las arregle. Entonces, no solo hay que legislar con bases técnicas y científicas sino también que no nos podemos salir de lo que la propia Constitución establece como las autonomías municipales. Entonces, ahí puede haber conflictos también en donde, por allí, nosotros legislamos y resulta que después los amparos permiten hacer cualquier cosa porque los municipios resuelven su ordenamiento territorial como quieren. De todas maneras los vamos a volver a convocar porque vamos a estudiar esto. Acá se habló de desarrollo sustentable, también tenemos que tener los equilibrios necesarios para propiciar el desarrollo de nuestra Provincia en el marco de la sustentabilidad, tratando de armonizar tanto las posibilidades de desarrollo económico-social de la Provincia con el empleo y demás, con la preservación de la calidad de vida, con el ambiente, poniendo por encima la vida. Pero también en ese equilibrio, hemos estado conversando con los señores legisladores, es importante hacerlo, acá ha habido propuestas de productores agropecuarios, hay legisladores que son productores agropecuarios y ellos han planteado que hacen prácticas conservacionistas y que, a veces, esas prácticas, que tienen iniciativas personales, no resultan convenientes en el sistema económico en el que están viviendo y, entonces, se ven obligados a tener que recurrir a paquetes tecnológicos, que son estos que se han mencionado numerosas veces.

En fin, hay muchísimo marco conceptual y la idea es tratar de incorporarlo. Por ejemplo, acá se habló muchísimo –no solamente en esta mesa sino en las anteriores– acerca de los proyectos, pero se ha hablado poco, salvo ustedes, de los preexistentes, los que están funcionando. Alguien mencionó que en Villa Concepción del Tío hay cuatro lácteas y que no se puede respirar por el olor. Entonces, si bien ahí hay conflictos de intereses que no solamente se resuelven con una legislación ambiental porque también hay recursos económicos importantes y mucho empleo, también tenemos que pensar qué vamos a hacer con lo que está funcionando. Ustedes tienen al lado de donde está Porta –al lado por llamarlo de alguna manera– en la zona sur, una fábrica de autos en medio de muchos barrios, Vicor, Santa Isabel 1ª, 2ª y 3ª Sección, Parque Futura, donde están las emanaciones, las lagunas de

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retención, el sistema cloacal, el sistema de afluentes y el sistema de polución ambiental.

Es decir, estoy poniendo los problemas sobre la mesa para que vean las complejidades con las que nos vamos a encontrar cuando tengamos que definir en el marco de una ley regular todas estas cosas.

Alguien mencionó acá: qué pasa cuando alguien cumple con todos los requisitos que están establecidos por la Ley nacional, por la Ley provincial y por las ordenanzas municipales, y en el diario del lunes se encuentran con que hubo una consulta popular y ésta dijo que no. Entonces, el pueblo decide cómo quiere vivir, de esto no hay ninguna duda, pero también debe hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones.

Hay muchas cosas que hay que ver. Nosotros, obviamente, tenemos que legislar desde lo general y teniendo en cuenta las particularidades.

Seguramente no vamos a tener la comprensión total de lo que pasa en cada lugar de la Provincia, por eso es que tenemos que legislar en términos generales.

Aquí escuché a un productor agropecuario –el titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos– mencionar un caso en donde se estaban haciendo trabajos de preservación del suelo con tecnología, de curvas de nivel, de cultivos en terrazas, etcétera, y habían hecho una especie de consorcio para eso y un productor no lo quiso hacer, no quiso intervenir e instaló el tema de la propiedad privada, no quiso intervenir y, fíjense, instaló el tema de la propiedad privada: “en mi campo hago lo que yo quiero”; los demás lo hicieron. Resulta que hubo un fenómeno climático que ocasionó que el pueblo tuviera cincuenta centímetros de lodo y, como consecuencia, ese fenómeno climático se llevó puesto todo el campo del señor que no había querido hacer estas prácticas conservacionistas aduciendo el derecho de propiedad.

Hay muchas cosas, muchas cuestiones particulares que hemos escuchado. Estuvieron, por ejemplo, los industriales que nos dijeron: “nosotros cumplimos con las normativas, ahora, si nos van a incluir otras normativas nos tienen que decir cuáles son los costos y qué tiempo tenemos para adecuarnos”.

Entonces, también tenemos que ver que no podemos trazar una línea, es decir, la podemos hacer respecto del compromiso que tenemos a partir de la ley y de lo institucional modificando actitudes. El Vicerrector de la Universidad Católica planteó el “ethos” del cuidado, la necesidad de generar una cultura del cuidado de lo que tenemos, porque eso no está en los planes de estudio, ni siquiera está en las menciones que se hacen en la ley respecto a la educación.

Todo esto lo vamos a seguir conversando. Como les mencioné, un productor dijo: “nosotros hacemos prácticas, soy el primer interesado en no perder lo que tengo; ¿por qué razón haría prácticas que me degraden el suelo?, ¿por qué razón no le legaría absolutamente nada a mi familia como consecuencia de que quemo todo lo que tengo o permito que el agua y el viento se lleven la tierra?, ¿por qué razón lo haría? Y mencionó esto porque hay una tendencia a relacionar los pooles de siembra con el productor agropecuario y no todos tienen un pensamiento de esa naturaleza.

Lo que digo, entonces, es que tenemos un tema que es apasionante, es impresionante el debate que se ha generado a partir de esta iniciativa que han tenido los legisladores de procurar la participación de todo el mundo. Creo que la participación ciudadana debe estar garantizada y debe ser obligatoria; eso va

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a impedir, por lo menos en los nuevos proyectos, que se puedan desarrollar libremente.

Estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen: “le tengo desconfianza al tema de los políticos, están encubriendo alguna maniobra”. Como dije recién: “el lunes con el resultado en la mano no hay Monsanto” si propiciamos y garantizamos la participación popular. Entonces, es cuestión de ponerse a trabajar en ver cómo la garantizamos y cómo la propiciamos; el resultado lo da el pueblo cuando dice: “Quiero vivir de esta manera, no quiero que me pongan un tanque frente a mi casa, no quiero un silo frente a mi casa, no quiero que me destruyan la vista que tengo a las sierras”.

Tenemos que procurar que la gente decida eso de manera libre y soberana, y respetarlo, independientemente de si es vinculante o no. Insisto con el ejemplo que dio alguien que estuvo en estas reuniones, ¿cómo hace un intendente, un gobernador o un presidente de la Nación después de un plebiscito –aunque no sea vinculante- para ir en contra de la decisión del pueblo? ¿Cómo hace un intendente, después que el 80 por ciento de la ciudadanía votó en contra de un proyecto, para llevarlo adelante? Es muy difícil.

Estas son las cosas que queremos debatir, preguntar, y personalmente creo que estamos en condiciones de mejorar, de generar un instrumento normativo que dé respuesta a estas cosas y que, además, tenga en cuenta cómo pueden ser las cosas en el futuro. Cuando nací el mundo tenía 2.800 millones de habitantes; en el 2050, dentro de pocos años, va a haber 9 mil millones; no es lo mismo haberle dado de comer a 2.800 millones que darle a 9 mil millones en el futuro. Probablemente la Argentina no vaya a tener nunca una población que le signifique algo grave, pero sí va a estar fuertemente presionada por los sectores externos al país para procurarse los alimentos y el agua en la Argentina, porque es el segundo acuífero más importante del mundo. Entonces, tenemos que prever esa situación porque van a ser inevitables las enormes presiones que va a haber sobre nuestro país.

Sra. Gómez.- Eso es una falacia, eso es causa del monocultivo de soja.

Sr. Presidente (Heredia).- Estoy de acuerdo con lo que usted dice, por eso es que hay una gran resistencia, y nosotros tenemos que tener legislaciones que impidan que eso ocurra, pero va a haber que resistir en el futuro por presiones de esos sectores, que van a tratar de quedarse con lo que nosotros tenemos.

Sra. Frencia.- Dijimos que no había que hacer discursos políticos y los señores quieren hablar.

Sr. Presidente (Heredia).- Le vamos a dar la palabra a todos. Yo solo estoy diciendo de las cosas que nos vamos a ocupar, no es un discurso, no estoy tratando de convencer a nadie, solamente estoy diciendo cuál es la agenda que vamos a tener para llevar adelante este proyecto, de eso estoy hablando.

Sra. Caón.- Tengo alegría por estar acá en este momento, pero, además, una gran tristeza porque tengo miedo de creerles. Creo que lo dije al comienzo, que siendo Ministro de Economía y Hacienda el señor Porta, nuestro barrio no fabril pasó a barrio mixto y puso su planta. El año pasado se cortó la calle San

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Antonio porque el señor De la Sota vino en dos oportunidades a reunirse con Porta. A partir de ahí, dígame qué confianza les puedo tener a ustedes.

Sra. Gómez.- A veces siento que todo esto que estamos haciendo es como un perro que se muerde la cola; si el mismo De la Sota, que es supuestamente la cabeza más alta de todo esto, es el señor que está detrás de todo el negocio de la soja y del negocio inmobiliario en Córdoba, qué podemos creer. Escucho al señor detrás de la mesa diciendo que un productor agropecuario tiene monocultivo de soja, y no es así. Eso no es un productor agropecuario, porque él siembra la tierra, y hoy en día, los monocultivos de soja no están sembrando la tierra sino que la están matando. Acá hay como una raíz podrida. Qué vamos a hacer, chicas de 20 años que pierden sus embarazos de cinco meses, tienen que abortar fetos muertos porque viven a 50 metros de las fumigaciones de soja y nosotros seguimos hablando; ¿cuántos años más vamos a seguir hablando?

Pueblos de Buenos Aires inundados porque les compraron la tierra a nuestros tíos o abuelos por dos pesos e hicieron un monocultivo de soja y toda la gente terminó con cáncer.

Usted no me puede hablar de la propiedad privada, no puede haber una persona que diga: “mi propiedad privada”. Tiene que primar el bien común de un pueblo, no la propiedad privada, y tiene que haber un derecho a la tierra, como un derecho universal al agua, no puede haber gente hacinada teniendo el territorio que tenemos, no puede haber hambre teniendo el monte que tenemos, la algarroba -quisiera saber si alguien de acá probó la algarroba, cuando todo Córdoba era algarrobo. ¡Qué hicieron! Perdón, yo no estaba invitada a esta charla.

Sra. Fernández.- Me parece bien avanzar, mejorar la legislación, y también tener una visión amplia e interdisciplinaria de lo que es el ambiente y la vinculación de todas las problemáticas. En realidad, la plusvalía de la soja va a los emprendimientos inmobiliarios que avanzaron sobre las zonas rojas, es decir, hay toda una interconexión. Esto que decía del ordenamiento territorial regional es muy importante, porque en el caso puntual –no me presenté, no lo dije- también fui vecina autoconvocada del barrio Sol y Río, de Carlos Paz, donde en San Antonio probaron efectuar la instalación de una estación transformadora en el límite con la zona protegida de Carlos Paz, un centro recreativo, y se dan estas problemáticas y allí estamos, es decir, era un terreno que donó el señor Petrone –GAMA-, la Provincia no podía ir a ver, etcétera, este señor donó el terreno y ahora se quiere ir a instalar con el megaemprendimiento. Lamentablemente, vemos que se consuman este tipo de cosas a lo largo de los años y que tienen una fuerte relación.

Respecto de estas fábricas preexistentes, están los mecanismos en la Constitución: se indemniza y a otra cosa, se las erradica y se van, como sucedió con el crematorio de San Vicente, y a eso ya lo hizo la Provincia, y la Municipalidad en su momento. Son mecanismos que se aplican cuando se tiene que erradicar una actividad, creo que priorizamos la salud, no la plata del inversor o de quien está.

Respecto de la Consulta Popular, este es otro tema que quería cerrar porque debemos partir de una población informada, y en esto el Estado también tiene un rol importante. Yo, como intendente, tengo que convocar a las

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universidades, cuerpos científicos y demás para informar a mi población. No hay que perder de vista que muchas veces –me ha tocado- una marcha convoca sólo a veinte personas y, ¿qué pasó? Son todos empleados municipales, tienen miedo, no vienen.

O sea que es muy complejo el tema de una Audiencia Pública. Es necesario avanzar, hacer una norma operativa, no una expresión de deseo en un proyecto programático, no una norma programática. Entonces, es como tener un consentimiento informado del vecino cuando vaya a la Audiencia Pública, y no tener a los intendentes como agentes de marketing de los emprendedores, de las fábricas, o sea, a esto también tenemos que darlo por terminado.

Hay aspectos para mejorar y hacer operativas estas normas de la Audiencia Pública, de la no delegación de la facultad de control en manos privadas y consultoras, estos son aspectos claves en la reglamentación de las leyes.

Hay que avanzar sobre los aspectos procedimentales a nivel judicial, un poquito a esto lo tiré hoy pero no tenemos jueces preparados, o se hacen los que no conocen el Derecho, yo no sé. Esta semana, al fallo de primera instancia a los guardianes del monte lo dieron vuelta en la Cámara 8ª. Civil y Comercial, y yo quisiera conocer los argumentos, que los he pedido. No tenemos un fuero preparado, habría que aclararlo, ya que son verdades de Perogrullo, pero hay que aclararlas. El principio precautorio es un gran desconocido para la Justicia cordobesa, es decir, no existe, a nuestra subestación la metieron, ni siquiera aplicaron un principio precautorio.

-El legislador Clavijo habla fuera de micrófono.

Sra. Fernández.- Nada, nada, son todos rechazados sistemáticamente. En nuestro caso, hemos hecho las dos cosas: presentar el amparo y la denuncia penal. Pero todo es lento, y hay mucho para hacer.

Sr. Grillo.- Nosotros hemos hecho denuncias penales también contra el Intendente y el secretario de Capilla del Monte, denuncias que impulsaron dentro del Concejo Deliberante un status quo para detener la construcción como medio precautorio y preventivo hasta tanto pudiéramos tener información de las universidades y de la gente que realmente tiene conocimiento y, ante la denuncia de los vecinos, no nos quedó otra que hacer la denuncia penal para que se detuviera y la Justicia no hizo lugar. Nos hemos constituido en querellantes, hemos insistido en la Justicia para que tome cartas en el asunto y no pasó nada, es como que la Justicia no existiera.

Sr. Presidente (Heredia).- La participación ciudadana va a ser realmente la que logre poner en caja esto porque el legislador Clavijo mencionó recién que los jueces terminan legislando porque cuando entienden en la materia terminan resolviendo conflictos que las leyes dejan librados a la interpretación o directamente no existe tal regulación.

Entonces, el instrumento de la participación permitirá que las cosas no las resuelvan los jueces, como tampoco tendremos que esperar el tiempo de la Justicia.

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Tiene la palabra el doctor Filippi.

Sr. Filippi.- Quería tomar dos comentarios del legislador Heredia: el último, cuando dice que en el futuro podemos recibir fuertes presiones del sector externo, pero ello viene sucediendo desde hace 500 años, dependiendo de la referencia que cada uno tenga para ver la historia. En este caso, estamos recibiendo presiones inminentes de Monsanto y de otras empresas o corporaciones. Esto hace que no sea ninguna novedad la cuestión de las presiones externas y, justamente, lo que se está discutiendo aquí es acerca de eso.

Por otro lado, cuando se refirió a que el proyecto de ley que se está debatiendo va a actualizar la normativa ambiental en Córdoba, lo cual ha recibido el rechazo absoluto y unánime. Este proyecto en ninguna condición, ni a nivel técnico ni jurídico, mejora o maximiza lo que ya está escrito en la legislación vigente a nivel nacional o en la propia legislación provincial que ya existe.

Es decir, este proyecto debe ser rechazado y descartado absolutamente para poder discutir en una nueva audiencia –que solicitamos sea convocadapuntos centrales y ver cómo elaborar un nuevo cuerpo normativo que pueda darle recepción a todo lo que aquí se ha dicho, sin perjuicio de escuchar voces de otros sectores.

Otro punto que quiero señalar es que lo que se está discutiendo son derechos individuales, netamente patrimoniales y corporativos frente a derechos colectivos, de carácter extrapatrimonial, donde está implicada la salud de las personas, la sanidad colectiva de una población –en este caso la cordobesa. En consecuencia, debemos hacer una ponderación de intereses o de derechos y, claramente, por una cuestión de raciocinio de cualquier ser humano, tenemos que entender que los derechos colectivos de carácter extrapatrimonial están por encima de los derechos individuales patrimoniales.

Esto es así por una cuestión de convivencia.

Simplemente eso, y solicito que se convoque a una nueva audiencia donde se pueda discutir la formulación de un nuevo proyecto en base a todo lo mencionado, teniendo en cuenta las exposiciones de los doctores Ávila Vásquez y Darío Ávila, entre otros, que han señalado puntos muy interesantes que serían la base para poder empezar a discutir un nuevo proyecto de ley ambiental para Córdoba.

Sr. Presidente (Heredia).- Muchas gracias a todos. Seguramente los vamos a convocar nuevamente. A los señores legisladores, les recuerdo que el próximo martes a la hora 10 tenemos una nueva reunión de comisión.

Queda levantada la reunión.

-Es la hora 18.54.

Dra. Silvana Sabatini Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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