“Ahora es el tiempo, ¡Vos Decidís! Las juventudes de Nicaragua - Una Oportunidad Olvidada”
Primero, hay que garantizar la promoción de una buena educación para todas y todos porque esta ayuda a salir de la pobreza. Según un informe de CEPAL, una persona que tiene al menos de 10 a 13 años de escolarización o tiene completada la educación secundaria tiene un 90% de probabilidad de no vivir una vida en pobreza en América Latina (CEPAL, 2008b: 26). Entonces se puede asumir que un alto nivel de educación lleva a un mejor acceso al mercado de trabajo. Segundo, hay que facilitar el acceso de las y los jóvenes al mercado laboral y mejores condiciones de empleo. De esto depende mucho la inclusión de las personas en la sociedad y los privilegios que este estatus concede: acceso al seguro social, sistema de pensiones, satisfacción de necesidades básicas, etc. Tercero, hay que promover oportunidades para que las juventudes desarrollen una ciudadanía activa. Se debe garantizar el cumplimiento del marco jurídico de participación ciudadana (en especial la Ley No. 475), ley para el desarrollo integral de la juventud nicaragüense (Ley No. 392) y lo contemplado en la Constitución política de Nicaragua. En otras palabras, hay que respetar el marco legal institucional y el Estado de derecho en el país. El sistema educativo es necesario para crear una “identidad cultural y de competencias para el ejercicio de la condición ciudadana” (PNUD, 2009a, p. 90). Además, el mercado laboral “es fuente de integración y reconocimiento social, facilita los contactos y la integración a redes y la participación en acciones colectivas” (PNUD, 2009a, p. 89). Jennifer McCoy (2004) concluye la vinculación de los tres ejes de la siguiente manera: “(…) la desigualdad de ingresos genera y es generada por derechos civiles y sociales débiles, que a su vez obstaculizan los derechos políticos. Los bajos niveles de educación, la pobreza y la falta de acceso al sistema judicial afectan la capacidad de los ciudadanos de participar en la toma de decisiones políticas, más allá de votar, ya sea organizando y haciendo lobby o presentándose para un cargo político. A su vez, el acceso desigual a la participación política refuerza las desigualdades sociales y los desequilibrios de poder.” (ibíd.) En consecuencia, el Estado tiene un papel fundamental en el cumplimiento de los derechos mencionados anteriormente, para garantizar el desarrollo humano y sostenible de la generación de jóvenes en la actualidad. En especial en la promoción de políticas públicas orientadas a reducir la brecha de exclusión y desigualdad que actualmente existe en Nicaragua.
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