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ÉTICA PROFESIONAL Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN Compilación de disertaciones IV Jornada “LA CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA” V Jornada “PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN” Organizadas por el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Una publicación del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Esta publicación ha sido elaborada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), en el marco de su estrategia de divulgación de temáticas de interés para su

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Mayo de 2018

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Consejo Profesional de Ingeniería Civil IV y V Jornadas de Ética Profesional y Lucha Anticorrupción : compilación de disertaciones ; compilado por Gustavo Di Costa. - 1a ed compendiada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Consejo Profesional de Ingeniería Civil, 2018. 120 p. ; 28 x 20 cm. ISBN 978-987-95422-6-2 1. Ética Profesional. I. Di Costa, Gustavo, comp. CDD 174 Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL o de alguna de sus autoridades.

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Ética profesional y lucha anticorrupción

AGRADECIMIENTOS El que llega a sus manos conforma un texto muy importante para nuestro Consejo. Tanto la jornada IV sobre “LA CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA”, como el encuentro V, el cual trató el tema “PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN”, se plasman en el presente libro reflejando lo allí acontecido. La obra constituye, por lo especial de su temática, un trabajo de gran valor para todos. Atento a ello, deseo manifestar mi agradecimiento personal al CPIC y a su Mesa Directiva por la labor llevada a cabo -y especialmente- a los miembros de la Comisión Organizadora por su firme compromiso para con el evento. En paralelo, dejo constancia de mi gratitud a todos quienes, directa o indirectamente, prestaron su tiempo y sapiencia -desinteresadamente- para un satisfactorio resultado de los citados Foros. Como es habitual, sumaron su solvencia nuestro gerente, Ing. Civil Victorio Santiago Díaz; subgerente, Ing. Civil Alberto Sáez y nuestro encargado de comunicaciones, Lic. Leonardo Figlioli. A ellos, muchas gracias. Finalmente, mi reconocimiento a los redactores, diseñadores y demás profesionales participantes, quienes lograron que las presentes reflexiones sean publicadas con la debida calidad.

Ing. Civil Roberto Policichio Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) Mayo de 2018

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ÍNDICE PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Corrupción: Un flagelo universal Ing. Civil Norberto Pazos PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cambiar la historia Ing. Civil Alejandro Del Águila Moroni INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hacia un futuro profesional más transparente Mag. Ing. Civil Mónica Vardé DISERTACIONES DE LA IV JORNADA: “LA CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA” Se trata de custodiar la honradez de la República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Dr. Leandro Despouy Hacia un “Nunca más” de la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ing. Civil Guillermo Fiad Transparencia e integridad en la sociedad argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Mg. Laura Alonso ¿Institucionalidad o anti-institucionalidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Obispo Jorge Casaretto DISERTACIONES DE LA V JORNADA: “PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN” “Control gubernamental” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ing. Facundo Del Gaiso “Presente y futuro de la prevención de la corrupción” Dr. Ing. Civil Carlos Augusto Vallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ing. Claudio Arfeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 “La prevención de la corrupción y el Derecho” Dr. Alejandro Fargosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Dr. Ricardo Monner Sanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 “Prevención de la corrupción desde la Sociedad Civil” Dr. y Periodista Hugo Alconada Mon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Lic. Pablo Secchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Dr. Daniel Funes De Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 “Conclusiones de la V Jornada de Ética y Lucha Anticorrupción” Ing. Civil Emilio Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 CONCLUSIONES A modo de corolario Ing. Civil Roberto Policichio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 NORMAS ISO 37001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 ALIANZA GIACC-CPIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

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Ética profesional y lucha anticorrupción

PRÓLOGO Corrupción: Un flagelo universal El flagelo de la corrupción es universal. No por ello se debe suponer que su reducción o aún, su extinción, resulten imposibles. En nuestro país a los distintos aspectos de la corrupción -el cohecho, la cartelización, el soborno, la extorsión, el fraude y otros ilícitos- se los relaciona con funcionarios públicos, legisladores y miembros de la justicia. Sin dejar de mencionar al sector privado, o incluso, el de las organizaciones no gubernamentales, igualmente contaminados y partícipes del problema. Encarado el tema por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil en el año 2010, éste concretó una reunión internacional para tratarlo, en ocasión del Congreso Mundial de Ingeniería, efectuado en Buenos Aires en el año indicado.

Con este horizonte, propició la reflexión sobre el tema, constituyendo un grupo de trabajo y organizando jornadas que convocaron a pensadores y expertos para ampliar el conocimiento sobre el mismo y tendiendo a la formulación de propuestas y cursos de acción para combatir y erradicar los comportamientos corruptos. Las jornadas de carácter público fueron organizadas en cinco oportunidades a partir del año 2010, concitando un creciente interés entre profesionales, funcionarios y público en general. Las reflexiones sobre la degradante actividad en tratamiento generaron algunas líneas de pensamiento destinadas a orientar el desarrollo y la temática de las referidas jornadas, y en particular, en el caso de la presente publicación, las correspondientes a las dos jornadas -cuarta y quinta-, que el presente texto reproduce.

Dicho evento tuvo lugar en la sede del CPIC y contó con una didáctica exposición del Ing. Emilio Colon, en ese entonces Presidente del World Council of Civil Engineers (WCCE), la proyección del film “Ethicana”, producido por la Asociación Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE), y la esclarecedora intervención del Sr. Neill Stansbury, Director Ejecutivo del Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC), organización no gubernamental de Gran Bretaña, dedicada a asesorar a los gobiernos de todo el mundo sobre formas eficientes de combatir la corrupción, especialmente, a través de legislaciones y normativas.

La obra pública es uno de los espacios donde el ingeniero civil actúa y su desempeño resulta preponderante. Por lo tanto, el comportamiento ético del profesional debería constituir un reaseguro de corrección y honestidad en el desarrollo de las operatorias.

Frente a la amplitud del problema, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil consideró que su ámbito de actuación debería limitarse a la relación entre corrupción y ejercicio profesional.

En segundo lugar, se analizaron diferentes herramientas para prevenir los hechos de corrupción, sumando útiles documentos y estrategias para trabajar la problemática, aprobándose un listado de 11

En las jornadas se reconoció, en primer lugar, que la obra pública es uno de los ámbitos donde la corrupción contamina la actividad y trasciende las consecuencias económicas por el deterioro de la infraestructura y los servicios, crea riesgos y en definitiva, socava esencialmente al plexo social.

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propuestas para orientar las acciones del CPIC, tendientes a prevenir y señalando cursos de acción posibles para lograr los resultados esperados. Como marco de referencia, los Códigos de Ética constituyen un basamento clave para autocontrolar el desempeño profesional. Su actualización periódica asegura que las normas de conducta estén al día con el desarrollo de las ingenierías. Un comentario final en el camino de las propuestas hacia una mayor transparencia, se refiere a los organismos de control.

Sin lugar a dudas, la legislación y los sistemas de control y verificación constituyen uno de los soportes para lograr un país con menor corrupción. Por ello es necesario desde nuestra institución exigir que tanto la normativa como las estructuras de supervisión, cumplan su cometido de manera eficaz, para evitar la escalada de deshonestidades que impactan negativamente sobre los espacios de actuación profesional.

Ing. Civil Norberto Pazos Presidente Honorario del Consejo Profesional de Ingeniería Civil Mayo de 2018

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Ética profesional y lucha anticorrupción

PRESENTACIÓN Cambiar la historia Ciertos aspectos facilitan la proliferación de actos de corrupción dentro del mercado de las obras públicas, como por ejemplo, la ausencia de estrictos controles estatales.

La obra pública parece envilecer particularmente las acciones de ciertos profesionales y autoridades intervinientes. Se asume que “lo que es de todos, no es de nadie”.

Las licencias en la falta de inspecciones se remontan a la historia más antigua. En palabras de Marco Porcio Catón -político, escritor y militar de la Roma imperial-, “Los que roban a un particular pasan la vida entre esposas y grilletes; los que roban al Estado, entre oro y púrpura”…

¿Cómo actuar en esos casos, sin perder de vista, por supuesto, que la obra de carácter privado también soporta actos corruptos?

“La ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos”, escribe Bertolt Brecht, en su obra sobre Julio César. La Roma antigua documenta irregularidades que en mucho recuerdan a algunas actuales. Por ejemplo, el teatro de Nicea, en Bitinia, costó diez millones de sestercios, muchos de los cuales fueron malversados por los ejecutores de la obra. ¿Cuál fue el resultado? La construcción presentaba profundas grietas y subsanarlas suponía importantes gastos. Las autoridades concluyeron que resultaba más económico derribarlo y construirlo nuevamente respecto de repararlo. En la Grecia del año 324 a.C. Demóstenes fue acusado de sustraer sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro destinadas a la construcción de obras “para el bienestar del pueblo”. Resultó condenado y obligado a exiliarse. Allí también Pericles, conocido como “el Incorruptible”, fue acusado de cohecho durante los trabajos de construcción del Partenón. Este sucinto paseo por la historia nos permite apreciar que las actitudes corruptas han acompañado al desarrollo mismo de la humanidad, aspecto que enfatiza la necesidad de plantear un férreo combate.

En ese sentido y afortunadamente, los profesionales no permanecemos carentes de información, dado que muchas organizaciones locales y mundiales trabajan arduamente los citados temas. Uno de ellos es el Global Infrastructure AntiCorruption Centre (GIACC), organización independiente y sin fines de lucro responsable de proveer recursos para la prevención de la corrupción en el sector de la construcción de obras públicas. Sus documentos, todos ellos de libre disponibilidad en su página Web, fueron diseñados para ayudar en la prevención, y además, proveen asesoramiento libre de costo a los profesionales interesados. Durante la V jornada CPIC de Ética y Lucha Anticorrupción se suscribió un importante acuerdo entre nuestro Consejo y el GIACC, el cual se reproduce en el presente texto. Entre sus fundamentos y objetivos el GIACC explicita: “Las organizaciones se enfrentan a un grave riesgo de incurrir en responsabilidad civil y criminal, pérdidas financieras y daños a la reputación debido a la corrupción de su personal y socios comerciales. Para minimizar ese riesgo, las organizaciones deben implementar un programa de administración capaz de prevenir, detectar y enfrentar la corrupción, tanto dentro de su propia organización como en sus

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relaciones con socios comerciales. Un programa anticorrupción no garantizará la inexistencia de actos anti-éticos. Sin embargo, colaboran materialmente en su prevención y detección. Además, en caso de posible enjuiciamiento de la organización o su personal, dicho programa podría proporcionar evidencia importante de que la empresa había tomado medidas razonables para prevenir la corrupción. Ello puede ayudar a evitar o mitigar la responsabilidad penal”. En paralelo, la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO, por sus siglas en idioma inglés) ha publicado una “Declaración de Acción Anticorrupción”, la cual recomienda actuaciones éticas para ingenieros civiles, profesionales afines, instituciones profesionales de la ingeniería, gobiernos, comitentes e inversores. El mismo ha sido publicado en dos idiomas. Los citados documentos suponen una gran utilidad, toda vez que la existencia de un gran número de participantes en los proyectos e intrincados vínculos en las estructuras contractuales, puede representar una oportunidad y tentación para incurrir en faltas éticas. Evidentemente, los costos viciosos se transmiten dentro de la cadena contractual y finalmente, le aporta sobrecostos al sistema, los cuales en el caso de la obra pública son abonados por la sociedad en su conjunto.

Seamos transparentes y abiertos en la discusión, al tiempo de sancionar con justicia y severidad toda vez que se quebranta una norma. Necesitamos implantar procedimientos adecuados y cooperar con otros Estados regionales. En paralelo, es recomendable establecer eficaces controles estatales de contratación, compras, y puntualmente, desarrollar códigos para funcionarios, respetando normas éticas y de conducta, las cuales, se deben incluir entre sus deberes y funciones. Es el Estado quien debe promover, a través de la justicia, mecanismos para que las partes inocentes reciban una compensación ante un hecho de corrupción. En paralelo, corren por su cuenta las acciones para recobrar y repatriar los bienes sustraídos mediante malversaciones. De la pluma de Plauto, el gran comediógrafo de la antigua Roma, sentenciamos: “La corrupción está santificada por la costumbre, liberada de toda Ley”. Es nuestro deber cambiar la historia…

Ing. Civil Alejandro Del Águila Moroni Consejero Titular del Consejo Profesional de Ingeniería Civil Mayo de 2018

Resulta fundamental cumplir con el Estado de Derecho, de forma tal de asegurar modernas leyes relacionadas con la prevención de la corrupción. Leyes penales claras, justas, comprensivas, sencillas para el enjuiciamiento, responsables de efectivizar penalidades proporcionales al delito probado.

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Ética profesional y lucha anticorrupción

INTRODUCCIÓN Hacia un futuro profesional más transparente He tenido el honor y la responsabilidad de formar parte de la comisión organizadora de las ediciones III, IV y V de las Jornadas de Ética Profesional y Lucha Anticorrupción, que el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) -de Jurisdicción Nacionalviene llevando a cabo desde el año 2010. Durante el transcurso de esas intensas experiencias, fuimos descubriendo, debatiendo y aprendiendo el alcance de muchos términos asociados al concepto de “corrupción”, que en el uso de nuestro lenguaje cotidiano, no alcanzan a revelar la medida de su impacto en los actos habituales y en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Hablar de corrupción, implica hablar de qué es y cuáles son sus consecuencias. Quizás en el imaginario colectivo la respuesta a la primera pregunta se encuentre más esclarecida, pero entender lo que produce la corrupción, cuáles son sus secuelas, genera un nuevo interrogante: ¿Qué hacer ante ese fenómeno global, frente al cual ningún país serio se relaja? En respuesta a ello, nuestro Consejo llevo a cabo las IV1 y V2 Jornadas de Ética Profesional y Lucha Anticorrupción. Ambos realizados en el Auditorio Ing. Civil Jorge Sciamarella, ubicado en la planta baja de nuestra Sede, contaron con la presencia de destacados expositores en la temática, como el Dr. Leandro Despouy, el Ing. Civil Guillermo Fiad, la Mg. Laura Alonso, Monseñor Jorge Cassaretto, el Ing. Facundo Del Gaiso, el Ing. Gustavo Pagnani, el Dr. Ing. Carlos Augusto Vallet, el Ing. Claudio Arfeli, la Mg. Ing. Mónica Vardé, el Dr. Alejandro Fargosi, el Dr. Ricardo Monner Sans, el Ing. Alejandro Del Águila Moroni, el Dr. Hugo Alconada Mon, el Dr. Daniel Funes De Rioja, el Lic. Pablo Secchi y el Ing. Emilio Colon.

1 “La corrupción en la obra pública”, 25 de agosto de 2016. 2 “Prevención de hechos de corrupción”, 13 de noviembre de 2017.

En ambas jornadas se abordaron temas medulares los cuales evidenciaron la ineficiencia, desidia o corrupción en la prestación de servicios públicos transporte ferroviario y aéreo, suministro de energía, construcción de obras-, así como en áreas sumamente delicadas de la economía y la seguridad nacional, como el control aduanero y de nuestras fronteras. Espacios todos en los cuales, muchos de nosotros, fuimos involuntarios espectadores de un único camino posible: El de la denuncia y posterior seguimiento de sus aspectos objetivos. El CPIC asume una idea: “No estamos condenados a la corrupción”, ya que no existe un “gen corrupto”. Se trata de un problema que podemos acometer entre todos y resolver mediante políticas de transparencia surgidas de la construcción de consensos entre el sector privado, el público, la sociedad civil y el resto de las fuerzas vivas. Los recursos intelectuales y éticos del CPIC han puesto manos a la obra para colaborar en la revisión y transformación de los fracasos acaecidos en nuestra institucionalidad. La conciencia individual y colectiva serán los únicos senderos válidos para no permitir nunca más “el abuso indebido del poder”.

Mag. Ing. Civil Mónica Vardé Consejera Titular del Consejo Profesional de Ingeniería Civil Mayo de 2018

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IV y V jornadas CPIC sobre ética profesional y lucha anticorrupción

Se trata de custodiar la honradez de la República Disertante: Dr. Leandro Despouy

Representante especial para los Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Cuenta con una extensa actuación en políticas públicas, control gubernamental, reforma del Estado, cooperación y negociación internacional. Como diplomático y jurista experto en derechos humanos, fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, y elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recibió prestigiosas distinciones internacionales en reconocimiento a su compromiso y labor humanitaria. Es autor de numerosas publicaciones sobre control externo en la Administración Pública, ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y derecho constitucional.

Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, me honra poder reflexionar con Ustedes sobre un tema que ha constituido gran parte de las actividades llevadas a cabo en la Auditoria General de la Nación.

Hacerlo sobre un punto tan crucial y decisivo detalla el espíritu de transparencia que promueven, al no hablar de obra pública sino, nada más y nada menos, que sobre la corrupción dentro de la obra pública. Sobre el particular tengo algunas cuestiones para exponer, con ciertas salvedades. La Auditoría no entrega premios, ni los Konex ni el Premio Nobel, generalmente, trata de apreciar la diferencia existente entre el ser y el deber ser. Qué es lo acontecido y lo que debería acontecer. Pero claro, más allá de las observaciones técnicas, obtendremos algunas conclusiones de orden general, y entre esas conclusiones es factible captar la forma en la cual se implementa la obra pública desde la gestión de gobierno. En muchos casos, determinadas acciones debilitan canales -de por sí- poco transparentes, capaces de generar una situación de corrupción, resultantes de las propuestas del propio sector participante, sea privado o de la empresa pública, sino de la matriz misma de cómo se concibe y cimenta la obra pública.

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La Argentina es un país donde no resulta fácil encontrar obra pública sin observar algún tipo de desviación o irregularidad, más allá de los sistemas propios de este tipo de construcciones, en la realidad, se verifica un apartamiento promovido desde la propia gestión del gobierno. Las conclusiones a las cuales arribo no se aplican a todo el sector de los ingenieros que participan, ni a los empresarios desarrolladores de obra pública, ni tampoco a todos los gobiernos; pero en todo caso, puedo decirles que he auditado en los últimos 14 años -con mucho empeño- la administración, y verifiqué la existencia de algunos conceptos impuestos, visibles y comprobables, constatados a lo largo de nuestro trabajo. Puedo afirmar que las primeras irregularidades, desviaciones y apartamientos respecto de la contratación de obra pública lo apreciamos en el propio proceso licitatorio. El país fue empujado a crear normas de privilegio para determinados sectores, empresarios vinculados al poder quienes participaban de cuestiones diferenciales, y generalmente, lograban como resultado de su influencia obras atribuidas de una manera visible y permanente, a ese grupo de empresarios. Como recordarán, allá por el año 2005, el entonces Ministro de Economía Dr. Roberto Lavagna, renunció a su cargo. Había sido el “Ministro de la salvación”, y se fue precisamente, denunciando la cartelización de la obra pública en los trabajos relacionados con los corredores viales. Nosotros auditábamos los contratos de las obras ejecutadas con fondos del Banco Mundial en cuestiones de reparación y complemento de la red vial. Podemos dar fe de sus dichos…

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“ ...

Puedo afirmar que las primeras irregularidades, desviaciones y apartamientos respecto de la contratación de obra pública lo apreciamos en el propio proceso licitatorio.


IV y V jornadas CPIC sobre ética profesional y lucha anticorrupción

Me interesa efectuar salvedades en esta descripción un tanto macabra. Les agradezco que me inviten a formalizar una reflexión madura sobre ello, insisto, explicitando salvedades. También, es justo admitirlo, he encontrado Ministros quienes me invitan a auditar sus trabajos dado que entienden: “Pueden darse en el proceso situaciones muy irregulares y sería importante contar con el dictamen de la Auditoría General de la Nación para prevenir acciones corruptas”. Si examinamos la matriz de la obra pública de los últimos 12 años, lo primero que surge es la irregularidad respecto de la obtención de una licitación, casi siempre, vinculada a una cuestión preferencial. Allí se violan los principios básicos de la concurrencia, la licitación pública y la obra pública, y se recurren a mecanismos no tan sofisticados. Una empresa se presenta, la otra la acompaña, pero el resultado es siempre violatorio de los principios básicos de concurrencia y libres participaciones. Más adelante, graficaré nuestra auditoria sobre la cuenta de inversión de la totalidad de la ejecución presupuestaria del año 2014, y verán allí plasmada la nómina de empresas, una verdadera radiografía de cómo se han beneficiado unos pocos con los recursos de todos. Por otro lado, estudiaremos el mecanismo de una modalidad de ejecución, llamada generalmente, Anticipo Financiero. Se trata de adelantos de dinero desembolsados por parte del Estado en el inicio de una obra. En general, ese Estado no verificaba -a través de sus representantes- el cumplimiento de las condiciones básicas sobre la atribución de dichos anticipos financieros. Otra deformación común en la obra con Anticipo Financiero es que, en algunos casos, sirvieron para constituir empresas las cuales habían recibido la atribución de la licitación sin haber existido previamente. Aunque parezca increíble, documentamos casos de empresas ganadoras de

licitaciones sin poder demostrar una existencia jurídica previa. Examinando en detalle encontramos compañías con una mínima conformación societaria quienes recibieron concesiones de un enorme valor. Ello prueba la existencia de un sistema preferencial, y esto surgió claramente en la auditoría de la Cuenca Matanza-Riachuelo, caso el cual luego llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde auditamos la implementación completa del Programa. Estoy hablando de la obra pública en general. No deseo hacer referencia al corredor vial exclusivamente, puesto que entiendo, muchos programas ejecutados desde el Ministerio de Obras Públicas, e inclusive, con finalidades sociales, como por ejemplo, los planes de Vivienda Social, administraron ingentes recursos los cuales verificaron una ejecución con enormes desviaciones, casos de corrupción que hoy se examinan en la Justicia. Los adelantos para la ejecución de la obra, muchas veces, se realizan sobre la base de redeterminaciones de precios, porque la obra todavía no se ha materializado. Entonces, se inicia un proceso de renegociación, donde aparece una constante: Precio y redeterminación de precio. Se destacan dos fenómenos: Uno, dada la atribución misma de la obra por su modalidad de ejecución, se habilitan los sobreprecios, y dos, ya en la etapa de materialización, mediante la redeterminación de los precios y gracias al mecanismo de ejecución, se busca que el incumplimiento sirva para negociar y redeterminar los precios. Estudiamos una tercera consecuencia: La obra debiera haberse terminado. Al auditar nos

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preguntamos: ¿Se cumplió la meta financiera? Sí, pero el avance resultó nulo o muy limitado. Nos encontramos allí con una situación dónde en lugar de verificar y comprobar los incumplimientos y la aplicación de sanciones, notamos la inobservancia del plazo. Se han extendido los lapsos, redeterminados los precios y la obra no ha sido efectivamente construida. He aquí nuestra primera reflexión: Lo grave no es solamente el daño económico implicado al liberar fondos los cuales ingresan en un circuito de retornos y otras situaciones, sino también, que las obras quedan paralizadas. La red vial de nuestro país ha sido totalmente deformada, prácticamente paralizada durante los últimos veinte años. Por ejemplo, el tramo PilarPergamino, el cual debió concluirse hace 10 años, e irónicamente llegó a cobrar peaje sin haberse terminado la obra, conforma un cuello de botella estratégico para el tránsito del Mercosur, sumando un importante número de accidentes. Las obras no han sido allí concluidas, más allá de contar con un generoso financiamiento. Graficamos claramente las consecuencias, no exclusivamente económicas, creadas por el desvío de los fondos públicos. Se suman accidentes, inseguridad y traumas generados simplemente por la ausencia de la finalización de los trabajos en sectores claves. Este hecho se registra en obras desarrolladas en diversos lugares de nuestro país. Por lo tanto, de una manera muy esquemática, quería representar la experiencia de dónde se computan las mayores deformaciones. Auditamos el período de la administración Duhalde y el período Kirchner. En el primer caso,

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concluimos la existencia de cierto apego a determinadas reglas de la obra pública, por ejemplo, el precio testigo, la compulsa de precios, acciones todas desestimadas allá por el año 2004 o 2005. Un caso testigo fue el del tendido eléctrico de Choele Choel-Puerto Madryn y Puerto Madryn-Pico Truncado. Ahí detectamos que el costo había sido determinado, pero el tramo siguiente, con idénticas características en precios y topografía, había casi duplicado su valor con un 48% más de costo, lo cual fue debidamente reconocido y documentado. Esto nos obligó a llevar a cabo un estudio muy profundo. Desde Presidencia de la Nación mostraban su incredulidad ante nuestro análisis, constatando claramente la inexistencia de cualquier tipo de factor capaz de justificar ese casi 50% de desvío, el cual no era válido imputarlo al precio del petróleo, del acero, ni de ningún otro componente responsable del incremento. Para iniciar el diálogo con Ustedes, he tratado de dilucidar el circuito donde se produce la corrupción. Ese espacio lo encuentro notorio, dado el abandono del precio testigo y la compulsa de precios... En un punto ya determinado desaparecen los rastros de los mecanismos mínimos de resguardo capaces de preestablecer precios máximos. Entonces, la obra pública ingresa en una lógica totalmente comercial vinculada al poder, al monopolio, a la obra direccionada. En las transferencias existe un enorme direccionamiento y facilitación de los recursos para una específica obra pública. A efectos de cuantificar los casos, estimo conveniente hablar de cifras. En el año 2014, sobre una ejecución presupuestaria de 15 mil millones de pesos a cargo de la Dirección de Vialidad Nacional, testaferros del gobierno malversaron 500 millones. En ese entonces, la provincia de Santa Cruz recibió 12.000 pesos por habitante. La provincia de Buenos Aires solo 1.000 pesos por habitante…


IV y V jornadas CPIC sobre ética profesional y lucha anticorrupción

En el año 2014, sobre la base de 1.300 obras que conformaban el presupuesto previsto a nivel nacional, el 76% de las mismas ni siquiera se inició, y del 24% restante muy pocas se terminaron. Ello nos demuestra claramente el terrible daño provocado al país por falta de conclusión de la obra pública. Sin embargo, ejecutando un rastreo, acordamos que el nuevo Gobierno analiza las obras que no comenzaron pero donde sí se ejecutaron los presupuestos. Además, en muchos de esos casos el Estado aun es deudor. ¿Cómo pudimos llegar a una situación de ese tipo? Es sobre la base de estas demostraciones e interrogantes, que quiero formalizar una reflexión con Ustedes, tan involucrados en la problemática. En mi libro “La Argentina Auditada”, se trazan algunos aspectos capaces de ilustrar el trabajo de la Auditoria General de la Nación durante mi paso por allí. Es seguido por otro tomo que aún no hemos terminado, dada la intensidad del trabajo.

“ ...

En las transferencias existe un enorme direccionamiento y facilitación de los recursos para una específica obra pública.

En dicho libro van a encontrar un aspecto no tan ligado a la obra pública, pero de singular importancia: El desmantelamiento de las aduanas, para entender cómo el país ingresó y se transformó -paulatina y vertiginosamente- en uno de los principales exportadores de drogas ilegales. Auditamos todas las aduanas y concluimos lo siguiente: Desde los puertos argentinos se exportaban los principales cargamentos de drogas, las cuales llegaron a Europa y el mundo en el último tiempo. En paralelo, se examina el comportamiento de los diferentes órganos encargados de controlar el consumo de efedrina y otros precursores químicos. Detallé en el libro el tema del transporte, que hace a otro de los aspectos fundamentales del desvío de los

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fondos públicos: Los subsidios. En lo relativo a los subsidios ferroviarios y del transporte automotor, desentrañamos un relato que no solamente explica la forma liberal, arbitraria y discrecional en la cual se manejaron los fondos públicos, sino las consecuencias directas sufridas en relación con dichas arbitrariedades. No solamente se cuantifican y cualifican desvíos y distintos actos de cohecho, sino también, una notoria disminución en la calidad de los servicios, un agravamiento de las malas condiciones de seguridad, siendo responsable el Estado de la creación de ese circuito perverso de corrupción. También está tratado el tema energético. El mismo presenta mucha actualidad. Cuando aprecio los aumentos en los costos de facturación pienso en este libro y en lo que trabajamos en los últimos 12 años. El texto explica, antes de la crisis de facturación, cómo la matriz energética de nuestro país, la cual demandó casi un siglo construir y contaba con un margen de 6 mil millones de dólares, llega a presentar una ecuación inversa en el año 2013. Múltiples informes de la Auditoría General de la Nación marcaron esa infeliz curva decreciente, la cual no podía sino acentuarse al extremo que hoy, discutir el tema de las tarifas reviste suma actualidad, pero esconde el colapso del sistema energético, demandante de un considerable esquema de inversiones. Los sistemas de control de obras, en particular los de construcción de viviendas, no han resultado adecuados. Más aún, se impulsó un esquema de descontrol para que hubiera desvíos de fondos, creando al mismo tiempo, márgenes considerables de corrupción, los cuales en algunos casos, vertían por determinados conductos y en otros, casi era monopólica.

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No solamente se cuantifican y cualifican desvíos y distintos actos de cohecho, sino también, una notoria disminución en la calidad de los servicios, un agravamiento de las malas condiciones de seguridad, siendo responsable el Estado de la creación de ese circuito perverso de corrupción.


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El último programa importante de nuestro país en materia de vivienda social fue Sueños Compartidos, ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y administrado por los hermanos Shoklender. Cuando lo auditamos vimos que los resultados en la construcción de viviendas habían sido muy malos, limitados y deficientes, pero también, se cotejaron importantes desvíos de fondos que comprometían a funcionarios públicos, a varias empresas vinculadas a los Shoklender, y distintos actores quienes negociaban los pagos en forma de cheques. Por ejemplo, en Sueños Compartidos, los 200 millones auditados, de los 1.300 millones componentes del Programa, tenían por beneficiarios a personas, entidades, las denominadas “cuevas”, que nada tenían que ver con la construcción ni la vivienda social. En las obras de tendido eléctrico y gas, generalmente, también hemos encontrando muchísimas deficiencias, tanto en materia de control como de aplicación de multas y sanciones. Nuestro Estado resulta muchas veces apático y permisivo. No obstante darse las condiciones para la aplicación de una multa y desarrollarse una relación capaz de significar un incentivo para invertir o cumplir, generalmente, el órgano de control se ponía del lado de quien incumplía, aun cuando se tratara de cuestiones responsables de afectar directamente a los usuarios. Se trata de una matriz decadente y regresiva la aplicada en la Argentina. Sus consecuencias son dramáticas y por eso vale pensar la forma en la cual debemos encontrar una salida. La obra pública conforma un motor de la reconstrucción, mostrando una posibilidad real de desarrollo capitalista. Se han obstruido todos los resortes del abastecimiento, más allá de lo que significa la obra pública como gestora de producción y de bienes para dinamizar la economía.

Somos conscientes que en este país no habrá dinámica económica ni salida, si no existe desde el sector público una inyección hacia el desarrollo, y el vector debe ser la inversión pública. No es necesario ir a Keynes para darse cuenta que la gran deflación producida en nuestro sistema capitalista proviene de ese vaciamiento generado por la corrupción, donde la obra pública facilita e instrumenta negativos mecanismos. Cumple esa función que ha incumplido, además del impacto económico representado para nuestra economía y el trabajo. Para finalizar, quiero dejar un ejemplo que ilustra el trabajo desarrollado por la Auditoria General de la Nación: El caso del complejo Matanza-Riachuelo y la contaminación ambiental. Ello abarca distintos sectores relacionados con la obra pública, dejando como resultado un buen número de paradojas. Si consideramos las auditorias durante el período de la administración Menem, contabilizaremos renegociaciones durante el primer quinquenio. María Julia Alsogaray ostentaba la responsabilidad de llevar adelante las negociaciones, donde se condonaron y perdonaron la no realización de obras previstas en la concesión, relacionadas nada menos que con los efluentes cloacales. Se suprimían una serie de metas dispuestas para el primer quinquenio, reservándolas para una segunda negociación. Ello demoraba la materialización de obras imprescindibles para la salud de importantes sectores de la población. Cuando decimos que la corrupción mata, también podemos afirmar que la corrupción enferma,

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envilece y desdibuja cualquier horizonte posible de bienestar.

reconozca sus poderes y facultades correspondientes.

Luego auditamos los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo previstos para el saneamiento del Riachuelo, y nos encontramos con un plan de 1.000 millones de dólares puesto a disposición del Estado argentino en el año 1999, el cual nunca se ejecutaba.

Por último, guardo siempre como conclusión algo que marcó mi desempeño dentro de la Auditoria. El presidente Raúl Alfonsín me designó embajador teniendo 34 años, ofreciéndome un cargo para ocuparme del tema de los Derechos Humanos. Además, trabajé con los testigos extranjeros en el Juicio a las Juntas Militares del último gobierno de facto. Me unió con él un lazo para siempre y lo acompañé en todo su Gobierno.

El país abonaba punitorios por no ejecutarlos arribando a la sentencia del caso Mendoza, donde uno de los fundamentos de la misma expresa: ¿Cómo es posible? Si el país contaba con recursos, administraba los dólares suficientes para realizar las obras, y sin embargo, pagó punitorios y nunca la ejecutó. Existe un circuito de factores, porque gran parte de esas obras condonadas en 2005, al cumplirse el primer quinquenio, anticipaban que si no se realizaban esos servideros en Berazategui y otros lugares, se garantizaba que el Riachuelo se transformaría en una cloaca a cielo abierto, con las negativas consecuencias ambientales del caso.

En cierta ocasión me encontraba en Ginebra como embajador, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos. Un buen día atiendo su llamado y me dice: “Leandro tenés que venir, está el tema de la Auditoría, yo logré que se transformara en un órgano constitucional, le corresponde a la oposición, el país está derrumbado y debemos llevar a cabo una contribución. Vos sos la persona que nos puede ayudar por tu desempeño y credibilidad”. A los tres o cuatro días estaba regresando al país. Terminada la jura, Alfonsín me llevó a su despacho, y me dijo una frase que guió todo mi desempeño: “Mirá Leandro, en el fondo, se trata de custodiar la honradez de la República”.

Esto demuestra no solamente los aspectos económicos de la corrupción, sino también, las implicancias directas sobre el desarrollo del país y el impacto sobre la población. La corrupción es uno de los principales factores de violación de los derechos humanos, no porque no hubiera fondos, sino porque los fondos terminaron en distintos bolsillos. Esas conforman privaciones estrictas y específicas de los Derechos Humanos. La muerte de conciudadanos, ya no solamente las condiciones pésimas en las cuales se viaja, sino el derecho a la vida y el trauma social generado por el medio de transporte más accesible, única opción de las personas con menores recursos, tornan a este tema en una cuestión sumamente sensible y de carácter criminal. En la Auditoria General de la Nación deben llevarse a cabo algunas transformaciones. En ese nuevo modelo de AGN, ojala, el Congreso Nacional

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Espero no haberlo defraudado en mis 14 años como funcionario. Muchas gracias.”


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Hacia un “Nunca más” de la corrupción Disertante: Ing. Civil Guillermo Fiad

Ing. Civil, Hidráulico y en Construcciones a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, quien cuenta con posgrados de la Columbia University, IAE (PAD) y ESEADE (Economía y Administración de Empresas). Suma una vasta experiencia en Alta Dirección de Empresas y Desarrollo de Negocios, en particular, aquellos relacionados con los sectores de la energía, infraestructura y agroindustria. Actualmente, es miembro de directorios en compañías agroindustriales y de energía. Fue Presidente del directorio de Duke Energy Generating SA; Presidente del Directorio y Gerente General de Duke Energy Cerros Colorados SA y Gerente General de Duke Energy Southern Cone SRL (Comercializadora de Energía Eléctrica y Gas Natural). Durante el período 2010-2012, se desempeñó como Presidente de la Fundación Energías Renovables para la Patagonia. Además, formó parte en diferentes directorios y asociaciones. También ocupó cargos jerárquicos en las firmas Shell, Metrogas y Bank Boston.

Muchas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería Civil por permitirme formar parte de este Foro. En paralelo, agradecerles a todos Ustedes por la presencia. Es un placer para mí ver tanta gente de la ingeniería civil, vinculada a la obra pública, interesada en temas relativos a la ética y la transparencia.

Soy un ingeniero que ha estudiado, me he capacitado suficientemente, he trabajado mucho, pero comparto con Ustedes una confesión: No me han formado en el marco de la transparencia y la anti-corrupción. Sin embargo, ayer cuando mi equipo me ayudaba a pensar en esta charla, se me ocurrió que el valor agregado desde nuestra actividad es mostrarles un ejemplo de todo lo que mi predecesor en esta charla, ha mencionado. Se trata de distintos casos reales verificados en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado (ADIF). Esta presentación, la cual deseo transmitirles, se basa en esa experiencia de 8 meses, llevada a cabo desde el corazón, desde los sentimientos. Porque realmente, conforma el resultado de un largo proceso vivido por la Argentina de ausencia de buenas prácticas, las cuales dan lugar a la desidia, la improvisación, la corrupción, o a una combinación de todos esos factores, arrojando resultados catastróficos los cuales hoy padecemos.

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Me gustaría contarles un ejemplo personal, el cual lo tenía muy guardado y hoy ha resurgido en mi mente. Cuando me recibí en el año 1990, un empresario me invitó a trabajar en su compañía. El primer trabajo ofertado consistía en estudiar la licitación de una obra vial. Como premio a las tareas desempeñadas, me invitó a una reunión previa a la presentación de las ofertas. Seguramente, Ustedes saben como se conforman esas mesas… Yo tenía 22 o 23 años y esa escena hizo que me alejará y dijera “nunca más” a la obra pública. Nunca más trabajé en obras públicas. Después de 25 años de relativo éxito en la actividad privada, me ofrecieron el año pasado, la oportunidad de ser parte de un cambio, que esperemos, sea para siempre en Argentina. Las últimas administraciones nacionales, repletas de casos de corrupción que la justicia investiga, han marcado la cancha para que mucha gente los acompañe en esas prácticas, logrando casi hipotecar el presente y el futuro de nuestros hijos. Yo no sabía realmente cómo se manejaba una licitación a mis 23 años. No lo supe porque tampoco estuve involucrado en ese tipo de maniobras. Actualmente, la vida me llevó a desempeñar funciones para el Estado argentino. La empresa estatal que administro maneja cientos de millones de pesos por mes en certificaciones de obras públicas y estamos determinados en brindar la batalla, poniendo la transparencia como pilar fundamental de todo lo efectuado. La idea de la charla de hoy es mostrarles qué encontramos en la ADIF, qué hicimos durante nuestros primeros 8 meses de experiencia, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, y especialmente, cuáles son los desafíos.

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“Las últimas administraciones nacionales, repletas de casos de corrupción que la justicia investiga, han marcado la cancha para que mucha gente los acompañe en esas prácticas, logrando casi hipotecar el presente y el futuro de nuestros hijos.”


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Encontramos procesos inexistentes. Un sistema de gestión el cual se pagó tres veces y funciona a medias. En cuanto al control, resultaba igual gastar 100 que 1.000. A nadie parecía preocuparle. No había ningún tipo de control.

Precisamos líderes capaces de llevar adelante procesos transparentes y competitivos, seres quienes nos posibiliten trabajar en un “Nunca más” de la corrupción. Si hoy logro generar alguna chispa de iniciativa para que alguno de Ustedes se ponga a trabajar en ello; ¡misión cumplida! En la ADIF contamos con la responsabilidad de transformar la infraestructura ferroviaria de nuestro país. Ello significa resolver décadas de desinversión, con déficit en todo sentido. Desde profesionales hasta equipamiento para poder desarrollar el ambicioso plan que el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y todo el equipo del Ministerio, tenemos la responsabilidad de llevar adelante. ¿Qué encontramos? Arribamos a una empresa preparada para cualquier cosa menos para hacer obras de infraestructura ferroviaria. Una empresa con todas sus obras inmovilizadas. Con deudas millonarias. Después de renegociar los contratos, estamos en marcha con un nivel de certificaciones de, aproximadamente, 600 millones de pesos por mes, y nos presentamos un desafío para lograr, en el corto plazo, la meta de más de 1.000 millones de pesos de certificaciones mensuales. Encontramos procesos inexistentes. Un sistema de gestión el cual se pagó tres veces y funciona a medias. En cuanto al control, resultaba igual gastar 100 que 1.000. A nadie parecía preocuparle. No había ningún tipo de control. Se sumaban las obras detenidas, pero no obstante, se lanzaban nuevos proyectos sin ningún tipo de financiación para llevarlos a cabo. Para magnificar lo antes dicho: Llegamos a comprar, a través de un contrato con el gobierno chino, rieles y durmientes.

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¡Compramos durmientes a China, se dan cuenta! … Cemento y piedra. Nuestros puertos se colmaron de durmientes, rieles…, al punto de no saber dónde acopiarlos. Estábamos pagando, aproximadamente, 50.000 dólares por mes de estacionamiento en los puertos y no había ningún plan para retirar la mercadería, la cual continuaba ingresando al país. Contratos irregulares… Les sumo un ejemplo. Me acaba de llegar una demanda de unos señores que quieren cobrar una obra ejecutada bajo la promesa de que les otorgarían una licitación privada... ¡Todo esto lo pusieron por escrito! Además de la ejecución de las distintas obras, contamos con una responsabilidad importante: Se trata de la administración y control de la totalidad de los bienes ferroviarios. Verificamos, al arribar a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, una mezcla de desidia, inoperancia y corrupción. Contamos con muchos bienes propios de esta repartición y del Estado alquilados a empresas particulares, las cuales abonan valores irrisorios. ¿Éramos ineficientes, corruptos o carecíamos de capacidad de gestión? El área de recursos humanos solamente se dedicaba a la liquidación de sueldos. No ofrecía ninguna relevancia dentro de la compañía. El personal concurría a trabajar cuando quería o, directamente, no iba a trabajar. No existía ningún tipo de control. Por supuesto, en el último año de la administración Kirchner, se registró un increíble incremento de la plantilla de personal. Por ejemplo, constatamos psicólogos trabajando en el área de compras…

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“Verificamos, al arribar a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, una mezcla de desidia, inoperancia y corrupción.”


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Sumábamos una población quizás excesiva dónde faltaba gente. No contábamos con profesionales capacitados para efectuar obras, motivo fundamental y clave de nuestra razón de ser. En cuanto al tema de los gastos, constatamos un insólito despilfarro. En la actual administración compramos algunos trenes los cuales circulan sobre una infraestructura totalmente colapsada. Mencioné el tema de la falta de control. Seguramente muchos conocen la historia de los durmientes. Debemos reemplazar unos 240.000 durmientes fisurados, fruto de la falta de una estructura razonable la cual presente mecanismos de control apropiados para dimensionar las obras necesarias. ¿Qué hicimos? En primer lugar, nos propusimos un objetivo, una visión, qué queremos ser. A pesar que aun estamos muy lejos, son impresionantes los cambios verificados en solo 8 meses. El área de recursos humanos fue revitalizada, desarrollamos profesionales, los capacitamos y continuamos en ese proceso. Creamos un área de control de proyectos. De ahora en más, cada contratista presentará su plan el cual será debidamente verificado, porque queremos que al contratista le vaya bien, pero también queremos que al Estado le vaya bien. Atento a ello, crearemos los mecanismos de control, donde los proyectos sean auditados para que evolucionen en tiempo, en forma y de acuerdo a los costos prestablecidos. Reforzamos el área de construcciones, junto al sector de ingeniería. Ese proceso nos permitirá llevar a cabo un volumen de obras sustancialmente

superior al que una vez hubiésemos imaginado. El nivel de inversión en infraestructura ferroviaria que se aplicará en Argentina en los próximos años, no se ha registrado jamás en toda su historia. Abastecimiento y logística conforma un área nueva capaz de solucionar el tema de la importación de durmientes y rieles ya mencionado. Pero además, aplicamos un esquema de separación de procesos, a fin de lograr un control cruzado. Por supuesto, la compañía no contaba con un área de calidad, un área razonable de control de seguridad. Mi experiencia al visitar las obras registró una distancia enorme entre la seguridad, el cuidado de los empleados, la asistencia del trabajador demandado por las leyes vigentes respecto de la exigida. También era bajo el nivel de seguridad reclamado a las empresas contratistas. Este es un cambio difícil de implementar porque es de tipo cultural y quizás conforme el precio por la salud de quienes trabajamos, sobre el cual tal vez, no seamos verdaderamente concientes. A partir de nuestra administración, aquellas obras que no cumplan con los requisitos de seguridad serán paralizadas. Como les decía, no contábamos con un sistema de gestión. Hemos creado uno y nos encontramos en su proceso de desarrollo e implementación, al tiempo de revisar todos los sistemas de la compañía, a fin de evitar múltiples acciones capaces de motivar casos de corrupción o faltas a la ética. Los procesos deben ser trazables. Tenemos que poder ir para atrás y ver qué sucedió. Por supuesto, sin dichos procesos es mucho más fácil delinquir.

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Necesitamos compañías que vengan a invertir, que traigan equipamiento, el conocimiento que nos falta, esa inversión que necesitamos, y para ello debemos aportar transparencia. Decirles qué vamos a hacer es parte de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. Debemos eliminar o minimizar los esquemas de contratación directa, relegándolos exclusivamente a aquellos casos específicos que así lo requieran o demanden. El sistema de trenes en el área Metropolitana de Buenos Aires no cuenta con un esquema de seguridad adecuado. En nuestra función, lo primero que priorizamos fue la seguridad, materializada en la contratación de un equipo para el freno automático, el cual va a permitir en 4 años, mediante una inversión nunca realizada en el área Metropolitana de Buenos Aires, que todo el sistema de trenes se detenga ante un error o falla del maquinista. Justificamos y brindamos registro respecto del porqué tomamos cada decisión. Cualquier administración que nos suceda contará con los necesarios informes que explicitan cómo se llevaron a cabo cada una de las acciones. Quizás no lo expresé con suficiente énfasis, pero para el área Metropolitana de Buenos Aires vamos a priorizar la calidad de transporte y la seguridad del pasajero. Trabajamos muy fuerte en larga distancia y ya hemos empezado a renovar un sistema ferroviario desvastado. Estamos en marcha con la renovación del Belgrano carga que va hacia el NOA, con lo cual, esperamos optimizar no solamente el ferrocarril, sino también, ayudar a las economías más lejanas de los puertos, como el caso del citado NOA Argentino.

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Debemos eliminar o minimizar los esquemas de contratación directa, relegándolos exclusivamente a aquellos casos específicos que así lo requieran o demanden.


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Se trata de procesos. Somos personas, necesitamos desarrollarnos, capacitarnos, y creo que el hecho más importante debe ser ver un cambio de tendencia y ponernos arriba de este barco para que nunca más podamos hablar de todos los hechos de desidia, corrupción -o una combinación de ambosque nos han llevado a esta vergonzosa situación. Consideremos que durante los próximos 8 o 10 años, vamos a estar invirtiendo, solamente en pasajeros, aproximadamente, 14.000 millones de dólares para que toda el área Metropolitana de Buenos Aires permanezca interconectada de Norte a Sur, de Sur a Norte, de Este a Oeste, vinculando las tres estaciones de trenes más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Ello va requerir el equipo de freno automático ya mencionado, pero también, la optimización y renovación de todo el sistema de vías, de su electrificación -la cual hoy es aproximadamente del 40% y se estima que de 8 a 10 años sumará el 100%-, un moderno sistema de viaductos facilitará no solamente el movimiento en tren, sino también, agilizar el tránsito vehicular en la ciudad de Buenos Aires, más un importante número de obras imprescindibles de electrificación, señalización e infraestructura de vías, sobre las cuales nos encontramos trabajando con transparencia. En cargas, trabajamos sobre 1.600 kilómetros de renovación de vías. Nunca se llevó a cabo una obra de tal magnitud. Vale considerar la necesidad de equipamiento, conocimiento y capacitación, demandado por todo el sistema. Ello nos está poniendo bajo estrés, pero no tenemos ninguna duda: Lo vamos a llevar adelante. Ya hemos adjudicado los primeros 500 kilómetros. Los segundos 500 kilómetros los dividimos en tres tramos los cuales serán licitados próximamente. La tercera y última etapa de unos 500 kilómetros más

serán licitadas a mediados de 2018. Esperamos contar con la totalidad de la línea finalizada hacia mediados de 2019, de acuerdo al plan previsto. Varios proyectos se encuentran en estudio y madurarán muy pronto, para lo cual también, y eso es muy bueno, contamos con interesados para invertir, para financiar. Cuanto antes podamos llevar adelante esos proyectos de renovación de todo el sistema de carga, mucho más rápido, por diversas razones, va a dinamizarse la economía, generar empleo, no solamente por parte del ferrocarril, sino por el empleo adicional y sostenible creado en las economías más alejadas de los puertos. El Ferrocarril San Martín de cargas a Mendoza, el Mitre hacia Córdoba, constituyen proyectos actualmente analizados. Tenemos muchas expectativas para agilizar y poner en marcha esas propuestas. El proyecto de trazado ferroviario hacia Vaca Muerta conforma un planteo estratégico para el país que dependerá del desarrollo de esos yacimientos demandantes de arena. La misma puede transportarse vía tren desde los puertos hasta las zonas de producción, a efectos de lograr las roturas en la roca responsables de facilitar la extracción del gas natural o el petróleo. Planeamos contar, gracias a inversiones locales y el imprescindible financiamiento externo, con proyectos ferroviarios esenciales, como la puesta a punto del Ferrocarril Urquiza -actualmente desbastado-, responsable de comunicarnos con Paraguay y Brasil; llegar a Tucumán gracias a la renovación del Ferrocarril Mitre y mejorar toda la línea de Buenos Aires con la actualización del Ferrocarril Roca. Todos ellos conforman proyectos de renovación que suman, prácticamente, la totalidad de las vías en operación.

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Sepamos también, que el sistema contó con, aproximadamente, 45.000 kilómetros de vías desarrolladas. Cuando compartía con Ustedes ese “Nunca más de la corrupción” que deseamos implantar, desde la ADIF estamos proyectando iniciativas capaces de impulsar procesos más abiertos, tratamos de comunicarnos mucho más fluidamente con todos los actores del mercado. Buscamos una comunicación lo más amplia posible, para evitar interferencias, interlocutores no válidos y malos entendidos. En un sentido más ligado al fútbol: La competitividad se gana en la cancha. Trabajamos para incentivar a las empresas que hipotéticamente- vendrían a la Argentina, generándoles condiciones aceptables para formalizar negocios de mutuo provecho, mediante la aplicación de reglas claras y transparentes. No resulta ninguna novedad, pero vale recalcarlo: La corrupción mata. La luctuosa “Tragedia de Once” constituye un ejemplo relativo a la desidia aplicada en el mantenimiento del transporte ferroviario. El desvío de los recursos económicos, los cuales fueron captados por testaferros de la anterior administración, hecho suficientemente demostrado por la justicia, con el enjuiciamiento y posterior encarcelamiento de funcionarios públicos, testifica un lamentable y vergonzoso ejemplo. Si se hubieran aplicado los recursos donde se debía hacerlo, muchas familias no lamentarían hoy la muerte de sus seres queridos. Pero la corrupción también contamina. Es posible apreciar zonas donde se acumula chatarra perteneciente al ferrocarril a lo largo del país. Partes que se compraron y pagaron, pero dada su

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La luctuosa “Tragedia de Once” constituye un ejemplo relativo a la desidia aplicada en el mantenimiento del transporte ferroviario. El desvío de los recursos económicos, los cuales fueron captados por testaferros de la anterior administración, hecho suficientemente demostrado por la justicia, con el enjuiciamiento y posterior encarcelamiento de funcionarios públicos, testifica un lamentable y vergonzoso ejemplo.

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decrepitud no pueden ser utilizadas… Nuevamente, no se consideraron las más mínimas normas éticas ni humanas. Estamos disputando un contrato celebrado con China donde compramos vagones, rieles y durmientes. La pregunta que nos formulamos es: ¿Cuál hubiese sido su precio si se aplicaba un proceso transparente y competitivo? El deterioro en materia de corrupción de la Argentina es muy grande. Importante será también el tiempo demandado para derrotar ese flagelo.

“El deterioro en materia de corrupción de la Argentina es muy grande. Importante será también el tiempo demandado para derrotar ese flagelo.”

Pero estamos en marcha. Debemos ponernos todos en marcha. Desde la ADIF les rogamos nos contacten a fin de ayudarnos a combatir la corrupción. Este Consejo entiendo que puede sumar muchas acciones para mejorar las prácticas existentes y colaborar con el Estado en la temática. Para poder enorgullecerse de lo que están haciendo. Enorgullecernos todos del país donde vamos a vivir. Claramente, el reordenamiento de la red ferroviaria requiere de trabajo adicional. Hemos encontrado una mezcla de concesiones estatales y privadas en pasajeros y cargas, sin incentivos para el privado de

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formalizar inversiones, con muchas quejas por parte de los cargadores y de los potenciales cargadores, en cuanto a la intención de los concesionarios en medo de un sistema devastado.

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Estamos trabajando y discutiendo mucho hacia dónde vamos a ir. Tenemos concesiones que se están venciendo en los próximos años sin un esquema definido. Creo mucho en el sistema de acceso abierto, donde el Estado se hace cargo de la infraestructura y existen operadores quienes paguen por el uso eficiente de esa infraestructura, lográndose así el transporte de carga en un ambiente competitivo. Sin dudas, ese mecanismo reducirá los precios y mejorará el servicio. En definitiva, priorizamos acciones que promuevan actos lícitos y transparentes.

En todo ello trabajamos. Créanme, estamos cambiando un neumático con el automóvil en marcha. No nos resultan suficientes las horas de trabajo para resolver años de desidia y corrupción.

Como funcionario público tengo la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción o indicio de corrupción detectado. Por ello es muy importante la existencia de sistemas de gestión y procesos los cuales permitan obtener una trazabilidad sobre los hechos, eficiente en la búsqueda de los distintos casos y denuncias formuladas. En todo ello trabajamos. Créanme, estamos cambiando un neumático con el automóvil en marcha. No nos resultan suficientes las horas de trabajo para resolver años de desidia y corrupción. Pero con fuerza, nos empeñamos en destruir una telaraña que nos mantenía atrapados. La telaraña de una malversación que se llevó la vida de muchos seres humanos. Nunca más… Muchas gracias”.

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Transparencia e integridad en la sociedad argentina Disertante: Mg. Laura Alonso

Fue Diputada de la Nación Argentina por la Ciudad de Buenos Aires desde 2009 hasta diciembre de 2015, donde integró las Comisiones Permanentes de Juicio Político como Vicepresidente Primera y Vocal de los Asuntos Constitucionales, Modernización del Funcionamiento Parlamentario y Libertad de Expresión. Fue Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional. Entre sus iniciativas legislativas más importantes de 2010 y 2011 figuran la Ley de Paridad de Género, la modificación de la Ley de Ética Pública, la Creación de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional Electoral, la Ley de Transparencia, Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública. Es la actual Directora de la Oficina Anticorrupción de la Nación.

Buen día a todos. Soy politóloga, pero si volviera a estudiar elegiría Ingeniería, traicionando a mis padres y a los arquitectos. Las dos personas que más me marcaron en mi forma de trabajar en los últimos 15 años de mi vida son dos Ingenieros.

Entiendo que ese es el tono demandado por nuestro país en este momento. En el hacer, más allá de los errores, radican los pequeños logros y éxitos. Me toca hablarles de una agenda positiva, de la transparencia y la integridad. Transparencia e integridad para el desarrollo de la Argentina. Cuando hablamos de corrupción asumimos una posición sumamente negativa. Muchas personas piensan que la misma conforma un problema estructural del cual no se puede salir y eso no es verdad. El problema de la corrupción, primero, es de carácter global. En todos los países se registran distintos hechos de corrupción. Pero ¿Por qué en algunos países hay menos corrupción que en otros? Esa es la pregunta y el desafío a encarar entre todos. Vengo muy contenta de escuchar a Jorge Di Fiori en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en la reunión del Council of The América en el Hotel Alvear, donde expresó que la cuestión de la

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corrupción nos atañe al sector público y al sector privado, al igual que la transparencia y la integridad. Vale decir, entre todos -articulados- podemos encarar una lucha constante y permanente, porque ningún país se relaja frente a la corrupción. Se trata de un fenómeno global, el cual directamente afecta al desarrollo de los países, porque garantiza una escasa inversión y la más dañina, para el medio ambiente y las instituciones. La corrupción asume un verdadero problema para la seguridad de los países. Cuando son corrompidos sus estamentos se debilitan los controles, las instituciones, y por esos huecos se cuela el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. No me refiero a una cuestión moral ni cultural. Estoy hablando de la seguridad de nuestra propia vida. ¿Por qué la Argentina no es hoy ni Canadá ni Australia, si hace 100 años partimos a correr los 100 metros todos desde el mismo lugar? No es por razones culturales; es por razones institucionales, y tiene que ver con una cantidad de incentivos. Probablemente, estos años fuimos construyendo con mayor o menor éxito-, algunas instituciones, dado que habitamos un país con fuertes carencias al respecto. Argentina fracasó en el desarrollo de su democracia, pero es un país con un sistema tributario, un sistema aduanero… posee esquemas de controles, presenta regulaciones excesivas, una buena cantidad de problemas e instituciones de las malas las cuales merecen reformarse. Al conversar con profesionales quienes llevan a cabo distintos trámites en la Aduana, o solicitan un permiso para construir un emprendimiento

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La corrupción asume un verdadero problema para la seguridad de los países. Cuando son corrompidos sus estamentos se debilitan los controles, las instituciones, y por esos huecos se cuela el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.


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inmobiliario, o gestionan la finalización de una obra, allí comienzan los problemas. Estamos encarando el tema de la agenda positiva, la agenda de la transparencia, la agenda del control, la agenda de lo público… Todo se puede mirar, trazar. Los funcionarios son públicos, vale decir, se sabe dónde nos encontramos gestionando y existe allí un procedimiento adecuado para administrar el trámite o permiso. Trabajamos con el Ministerio del Interior muy acertadamente. Realizamos un proyecto para incrementar la transparencia en el ámbito de la obra pública, un problema muy grave. Pero por primera vez, asumimos el problema, porque así lo expresan referentes del gobierno, los empresarios, los periodistas, los colegios y consejos profesionales…

“Debemos trabajar en la calidad de los proyectos, respetar la capacidad técnica de aquellos quienes desarrollan los mismos para la licitación de las obras, por ejemplo.”

Si un proyecto está mal diseñado, genera costos de todo tipo, pero en ocasiones, el planteo fue intencionalmente mal diseñado para generar corrupción. Debemos trabajar en la calidad de dichos proyectos, respetar la capacidad técnica de aquellos quienes desarrollan los mismos para la licitación de las obras, por ejemplo. ¿Por qué me interesa hablar con Ustedes? Porque nosotros creemos que los Consejos y Colegios Profesionales no conforman un invento del Gobierno de Mauricio Macri, sino que los validan los organismos internacionales, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en idioma inglés), el G20.

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Los Colegios y Consejos Profesionales asumen un rol esencial para promover la ética profesional de sus recursos humanos. Podría exhibirles el mapa de Transparencia Internacional donde la calificación de percepción de corrupción brinda magros resultados para nuestro país. Dichos índices se modifican muy lentamente a lo largo de los años. Por eso, el esfuerzo a realizar para cambiar la reputación de la Argentina resulta gigantesco. Sin embargo, se verifican algunas reformas legales; reestructuraciones administrativas; la publicación de los pliegos on-line; la construcción de un registro de proveedores transparente y público; la apertura de la competencia y el mercado donde cada empresario logre mejores oportunidades, acciones todas tendientes a alcanzar una adecuada reputación del sector público y del sector privado. A nivel país, debemos mostrarnos y asumirnos como una Nación confiable, accediendo a líneas de crédito y seduciendo a los buenos inversionistas extranjeros. Porque en los últimos años vinieron inversionistas, no muchos, aunque algunos arribaron. Pero, ¿Eran los mejores inversionistas? ¿Eran quienes mostraban estándares de integridad, medioambientales y laborales? ¿O eran de los peores? Trabajar en construir institucionalidad implica no solo garantizar competencia, sino atraer una mejor calidad de inversión, vendiendo paralelamente nuestros conocimientos, productos y capacidad al mundo. Se contabilizan unas diez empresas Argentinas produciendo en todo el mundo… ¿Cuántas podríamos sumar hoy exportando capacidad técnica y conocimiento? No las ubicamos porque existe

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“Trabajar en construir institucionalidad implica no solo garantizar competencia, sino atraer una mejor calidad de inversión, vendiendo paralelamente nuestros conocimientos, productos y capacidad al mundo.”


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desconfianza. El mundo desconfía hoy puesto que Argentina arrastra algunos problemas del pasado. Existe un indicador el cual aprecio más que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional: El Índice Global de Innovación. El mismo mide la capacidad de innovación de los distintos países. En las dimensiones de la medición, entre sus variables, cuantifica en la última edición a 147 países. En el área correspondiente al Capital Humano, Argentina se ubica entre los primeros 35 puestos. Ello implica que contamos con un buen nivel de capital humano. Necesitamos más ingenieros, no caben dudas. De hecho, se lleva a cabo actualmente una campaña desde lo alto del poder, de esta forma, podemos garantizarles una importante competencia profesional en los próximos años.

Registramos una aceptable capacidad instalada en las personas. Hay creatividad, voluntad de emprender e innovar, una gran red de emprendedores en nuestro país, aspecto que nos diferencia de Brasil y Chile. Sin embargo, cuando en ese índice de innovación analizamos la posición de nuestro país en cuanto a institucionalidad, nos ubicamos en el puesto 120 sobre 147 países estudiados. Allí radica la tajante diferencia entre Australia, Canadá y Argentina. En Canadá y Australia el capital humano e institucional alcanza el mismo nivel, muy elevado por cierto. Nosotros contamos con instituciones fallidas. Las tenemos, pero si el sistema impositivo, por ejemplo, conforma una carga para la productividad, para la competitividad, para el emprendedor, debemos reformarlo entre todos.

Si para importar o exportar un producto, sorteamos 28 controles, 28 distintas ventanillas, encaremos esa reforma, la cual se está llevando adelante. Si para construir obras de infraestructura disponemos de un sistema engorroso, opaco, poco transparente, el cual excluye y ni siquiera atrae a un competidor a ofertar, reemplacemos ese sistema. En eso también nos encontramos trabajando. ¿Vamos a obtener óptimas soluciones? Con mejores intenciones nos vamos a acercar a las mejores instituciones, las cuales no resulten extractivas, como dicen los especialistas. Instituciones sin obstáculos, sino que faciliten las oportunidades para emprender, desarrollar, invertir y generar empleo. Se trata de un plan con competencia dentro del sector privado, del sector público, el cual nos tiene que convocar como ciudadanos, miembros de la sociedad civil, y también a los sindicatos, conformando una completa mesa de discusión institucional. Nuestra sociedad demanda un sindicalismo con un liderazgo sano, transparente, que rinda cuentas, discuta la agenda del desarrollo, el cual no trate solamente la discusión salarial, que es muy importante claro, pero no excluye otras temáticas. Debemos plantearnos cuál es el aporte del sindicalismo en Argentina para el desarrollo, cuál es el aporte del sector privado, cuál es el aporte de los Consejos y Colegios Profesionales… También, nos debemos como sociedad una discusión respecto del poder judicial, porque el proceso de política pública es muy complejo y demanda un Congreso el cual redacte buenas leyes,

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de un Poder Ejecutivo quien implemente óptimas políticas públicas, capaz de aplicar presupuestos con transparencia, de manera abierta y con competencia. Me pregunto, ¿Si todos los funcionarios, todos los Diputados y Senadores son conocidos, se sabe cómo llegar a ellos, por qué no existe una lista publicada con la cara del Juez, su nombre, correo electrónico donde pueda escribirle o comunicarme? Especialmente, si un determinado Juez no está cumpliendo honestamente su rol… Como todos nosotros, y lo digo con total sinceridad porque esto es una demanda de la sociedad. Es la sociedad quien se cansó de que le roben y saqueen sus oportunidades. Suman muchas familias las cuales no acceden a sus viviendas, porque una banda de ladrones se las robó, porque la plata estuvo y solo se colocaron tres ladrillos. Visité un Barrio de Viviendas Sociales en Esteban Echeverría el cual se completó solo en un 10%. Dentro de sus paredes abandonadas pude ver escritas con aerosol los nombres de las familias que habitarían esas modestas viviendas. Ese es el peor cementerio de oportunidades e ilusiones y la más dramática y triste imagen de la corrupción. Mostrémosle a esas familias que otra forma de hacer política, de verdadera igualdad y respeto por los Derechos Humanos, es posible. Les corresponde a ellos habitar una vivienda digna. A los funcionarios les corresponde garantizarles un crédito accesible para que se las puedan construir con sus propias ganas y capacidades, sin que nadie les elija la cerámica o el techo que pueden tener, porque los pueden elegir ellos.

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Suman muchas familias las cuales no acceden a sus viviendas, porque una banda de ladrones se las robó, porque la plata estuvo y solo se colocaron tres ladrillos.


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“Mostrémosle a esas familias que otra forma de hacer política, de verdadera igualdad y respeto por los Derechos Humanos, es posible. Les corresponde a ellos habitar una vivienda digna.”

Como lo hicieron nuestros abuelos, quienes arribaron a este suelo sin nada, e hicieron su camino. Esa no era la Argentina del año 1700, sino del 1900. Esa Argentina se encuentra allí, muy cerca, es posible… ¿Dónde fracasamos? Fracasamos en nuestra institucionalidad, en nuestros liderazgos. Hoy la sociedad nos está marcando otro camino y va a perdonar los errores cometidos, pero jamás nos perdonará la corrupción. Para mirar con ojos transparentes a nuestros hijos y nietos, debemos atacarla, enfrentarla y derrotarla, aplicando los antídotos positivos de la inversión, la conducta ejemplar y la capacidad de trabajo. Para poder demostrarles como funcionarios públicos que es posible vivir mejor. Porque de eso se trata.

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Soy optimista. Personalmente, desde la Oficina Anticorrupción que administro, creamos por primera vez un Sistema Nacional de Integridad para la Argentina, aplicando controles a los funcionarios públicos, en cuanto a su patrimonio y conductas, sancionándolos de ser necesario. El mismo también alcanza a los legisladores. Ojala, algún día, podamos tratar la división de poderes y los mismos controles puedan aplicarse a los representantes del Poder Judicial. Para finalizar, les dejo una pequeña anécdota. Argentina cuenta con una Ley de Ética Pública desde el año 1999. Gracias a ella, 45.000 funcionarios de distintos niveles presentamos nuestra declaración jurada patrimonial. Este año, cuando se realizó la presentación, pedí que nos entregaran el listado de incumplidores a los 15 días del cierre del vencimiento de la presentación. Aclaro que hacía 3 años no se publicaba dicha lista de incumplidores. Cuando me entregan la nómina noto que el 80% de los obligados no había presentado su declaración jurada, y no estoy hablando de miembros del Gabinete o de los funcionarios de más alto rango, sino de quienes trabajan en los terceros, cuartos o quintos niveles de la administración, como inspectores de aduanas, personal y empleados de puertos, gendarmería, policía, migraciones, en fin, una cuantiosa cantidad de reparticiones con un notable riesgo de corrupción. De este hecho podemos extraer diferentes conclusiones. La más simple: Nadie se estaba

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“Un país que dicta leyes y no las hace cumplir, no obliga a su cumplimiento u obliga mal, resulta inviable.”


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encargando de controlar si los funcionarios cumplían con la presentación. Entonces, publicamos la nómina de incumplidores. Un mes más tarde cotejamos el nuevo listado, donde el 60% no había entregado aun su declaración jurada. Con ese resultado en mano, enviamos una nota a los Ministros, al Jefe de Gabinete y al Presidente informándolos y solicitándoles exijan a sus direcciones de Recursos Humanos que retengan el 20% del salario de los empleados y funcionarios quienes no presentaron su declaración jurada. Aclaro que dicha retención se encuentra contemplada en la Ley de Ética Pública. Sin embargo, no encontré un solo registro de su aplicación en el pasado. Un país que dicta leyes y no las hace cumplir, no obliga a su cumplimiento u obliga mal, resulta inviable.

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Ustedes consideren la importancia que reviste, para luchar efectivamente contra la corrupción, la existencia de controles internos por parte de los organismos pertinentes.

¿Cuál es el siguiente paso luego de contar durante 17 años con una Ley de Ética Pública? Reglamentar, porque no está reglamentado, un pasaje de la Ley la cual expresa que si un funcionario, luego de una cantidad de situaciones, no presentó la declaración jurada, se lo inhabilita para ocupar un cargo público. Estos son los pequeños pasos que estamos dando dentro de una situación compleja, para restituir el control. Ustedes consideren la importancia que reviste, para luchar efectivamente contra la corrupción, la

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existencia de controles internos por parte de los organismos pertinentes. Debemos empezar a trabajar seriamente, recuperar instancias de control, modificar mecanismos anti-éticos, regulaciones excesivas, generar transparencia, confiar en los Consejos y Colegios Profesionales para que nos ayuden a detectar problemas. Nadie mejor que quien opera en un determinado proceso, agencia estatal o interactúa, para detectar un problema. Cuando digo problemas no me refiero al nombre de una persona en particular, sino al proceso. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Buscamos cambiar a las instituciones y los procesos forman una parte sustancial de las mencionadas instituciones. Vale preguntarnos ¿Cuáles son los trámites que sobran? Seguramente, en este instante, Ustedes tienen en la cabeza tres o cuatro ideas. Nosotros necesitamos de su ayuda para identificar aquellos aspectos necesarios de modificar en los procesos. Los cambios son lentos, paulatinos. En ocasiones implican retrocesos. Hay caídas y obstáculos en el camino, pero lo importante es continuar avanzando. Escuchar hablar, cada vez más, de temas relacionados con la integridad dentro del sector público y el privado, que los Consejos y Colegios Profesionales se involucren con la agenda de la ética, la republicana, la de San Martín, es decir, la ética plasmada en la Constitución Nacional reformada en el año 1994, no en la de 1853. Argentina se debe un régimen de ética pública. Analizar esa ética, entender la austeridad, la integridad, la prudencia en el ejercicio de la función

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pública, conforma el único norte posible para crear un futuro para nuestra patria. Son los procesos, las instituciones y la legalidad ante quienes debemos atenernos. El Presidente Macri va a firmar un Decreto capaz de regular los obsequios que recibe un funcionario de la administración pública y un representante del sector privado. En todo el mundo, los funcionarios conocen qué tipos de regalos pueden aceptar y cuáles no. Hasta ahora, dentro de la función pública esas normas no existían. Resultaban inimaginables. En la anterior administración de gobierno, las dádivas recibidas sumaban valores siderales respecto de lo tolerado en países que trabajan con seriedad el soborno. Hemos creado, por primera vez en su historia, una Unidad de Ética y Transparencia dentro de la Dirección de Vialidad. Se trata de un espacio histórico, un icono de cómo vamos a transformar y transformarnos juntos, sector público, privado, sociedad civil, sindicatos, en los temas relacionados con la transparencia y ética. Nos va a llevar tiempo, sí claro, pero todos los días daremos un paso firme, y en unos cuantos años nos vamos a sentir orgullosos de la Dirección de Vialidad, de su capacidad técnica y ética. No vamos a avergonzarnos por el accionar de funcionarios que incurrieron en las tristes faltas que hoy analiza y juzga la justicia. Apostaremos a la integridad y la transparencia, no solo porque es moral, sino porque hace al desarrollo. De esa manera, todos vamos a vivir mejor. Ustedes como profesionales obtendrán más trabajo, porque mucha más gente tendrá deseos de invertir en la Argentina.


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No estamos condenados a la corrupción, no existe un gen corrupto en la Argentina, no creo en esas teorías. La corrupción no es un problema cultural, es un problema que lo podemos atacar ahora y lo podemos resolver. La transparencia, la integridad, el control, la construcción de confianza, ese es el camino y no debemos apartarnos del mismo. ¿Se logra de un día para otro?

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Si pudimos decir “Nunca más” a los regímenes dictatoriales, si sufrimos períodos muy oscuros dentro de la democracia donde se recortaron libertades económicas, civiles, donde se construyó una cleptocracia, una matriz para saquear, si superamos eso, estoy convencida que entre todos construiremos un nuevo “Nunca más”.

No. Pero esa es la ruta, y de dicha senda no podemos alejarnos nunca más. Si pudimos decir “Nunca más” a los regímenes dictatoriales, si sufrimos períodos muy oscuros dentro de la democracia donde se recortaron libertades económicas, civiles, donde se construyó una cleptocracia, una matriz para saquear, si superamos eso, estoy convencida que entre todos construiremos un nuevo “Nunca más”. Quizás no sea un “Nunca más” de los tribunales; sino de las instituciones. Somos todos nosotros quienes tenemos que hacerlo, y estamos abiertos. Yo estoy abierta a ser convocada, a que me escriban, con las reservas de recibir la información y manejarla con el cuidado correspondiente, de hablar con los Colegios y Consejos, con las Cámaras, con quien resulte necesario para que Ustedes nos ayuden a detectar esos nichos, esos espacios preparados para la corrupción. Ayúdennos a detectarlos, a desmantelarlos, a ir abriendo y desmalezando el camino. En palabras del filósofo Santiago Kovadloff: “Tenemos que reconciliar la ética y la política”. Todos los ciudadanos somos políticos. Somos políticos cuando nos preocupamos por los demás y

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por vivir en una comunidad mejor. Todos hacemos política, porque política es praxis y política es diálogo, como decía Hannah Arendt. Es conversar sobre estos temas, abrirse a un debate. Hace 15 años que me dedico a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Les puedo asegurar que fueron muchas las puertas que se cerraban en mi cara en los 12 años de la anterior administración gubernamental, pero son muchísimas más las abiertas en los últimos 3 años. Actualmente, estamos sembrando y empezando a cosechar. Las puertas clausuradas hoy se empezaron a abrir para conversar y enfrentar la corrupción, uno de los tantos problemas de la Argentina, el cual nos ha impedido ser Canadá o Australia. Les solicito a todos un voto de confianza. Es sobre la base de la confianza que se construye. Ustedes utilizan ladrillos, cemento, lozas. Con sus eficientes cálculos y vuestro trabajo se cimenta la confianza sobre la obra materializada. Los invito que confiemos, que trabajemos juntos, que vayamos encontrando espacios, que no tengamos miedo de denunciar hechos dolosos. Nadie los perseguirá. Esa etapa se terminó, hoy habitamos un país en transformación, el cual vuelve a abrirse y quiere traer lo mejor del mundo. Un país con mucho para dar y recibir, en capital humano, en conocimiento, en inversiones. Porque así somos y así nos hicimos, en base al esfuerzo, la educación y la ética. Nosotros somos circunstancias, no ocupamos puestos “para siempre”.

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El “para siempre” es la sociedad, los valores, las prácticas a transformar y construir juntos. Necesitamos crear un amplio consenso. Actualmente, estamos promoviendo la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas en casos de corrupción. Si existe un funcionario que pide y recibe coimas, hay alguien del otro lado ofreciendo y pagando. Entonces, no puede haber responsabilidades solo para los funcionarios o para las personas físicas que están entregando el pago. Las personas jurídicas demuestran una responsabilidad; así ocurre en EEUU, Gran Bretaña, España, Italia, Brasil, Chile, Colombia, pero falta en la Argentina. Propondremos la Ley de Transparencia en la Obra Pública, pero para ello necesitamos construir mucho consenso social. Los jueces deben sentir la demanda de la sociedad en contra de la impunidad, al tiempo que los legisladores experimenten el reclamo de la sociedad por nuevas leyes. Les agradezco infinitamente su amable atención”.


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¿Institucionalidad o anti-institucionalidad? Disertante: Jorge Casaretto

Fue obispo de la diócesis de Rafaela (1976-1983) y segundo obispo de la diócesis de San Isidro, cargo en el cual se desempeñó durante 27 años y del que conserva el “título” en calidad de obispo emérito. En junio de 2012 fue designado Administrador Apostólico de la Diócesis de Merlo-Moreno, cargo que ocupó hasta mayo de 2013. En 2008, Jorge Casaretto fue galardonado con el Premio Konex de Platino otorgado a los “Dirigentes Comunitarios”.

Buenos días a todos. Le doy gracias a Dios por haber estudiado Ingeniería, porque me autodefino como una especie de ingeniero en religión. Cuando se ingresa al Seminario uno desea ser sacerdote y contempla esa dimensión, pero nunca se imagina alcanzar el obispado.

El Obispo actúa como un gran gerente. Cierto día visitaron mi despacho dos empresarios y me dijeron: “Sos uno de los empresarios más importantes de la zona norte”. La Iglesia de San Isidro cuenta con 60 colegios, ello significa 7.000 empleados, más una enorme cantidad de asistentes en Caritas. Allí no basta con la buena voluntad. Actualmente, frente a problemas de chicos con drogadicción, quienes no reconocen el trabajo como medio de vida, con buena voluntad no alcanza, resulta necesario contratar gente especializada, capaz de colaborar con su conocimiento sobre ciertos temas, y todo ello implica recursos. Por eso, el tema de la corrupción no es ajeno a la Iglesia. También allí aparecen tentaciones y el tema del dinero es difícil para un Obispo, porque maneja muchos recursos económicos. Cuando era presidente de Caritas administraba millones de pesos, y venía mucha gente con ánimo

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de formalizar una donación. Entonces, era necesario averiguar de dónde provenía el dinero de esa donación, y evaluar si el interés radicaba en realizar un acto caritativo o en asociarse con Caritas para llevar a cabo un negocio extraño… La ética comienza con Moisés y los Diez Mandamientos. Cuando Dios le entrega a Moisés las tablas, le está diciendo: “Conténtenme con un buen comportamiento, no con sacrificios ni un cordero inmolado”. El mandamiento fundamental es amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a tí mismo. Luego, se suceden los 10 mandamientos, los cuales son normas éticas. Ese comportamiento es responsable de regular al ser religioso, y ello proviene del Judeo Cristianismo. Cuando Jesús sentencia: “Voy a ratificar

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El mandamiento fundamental es amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a tí mismo. Luego, se suceden los 10 mandamientos, los cuales son normas éticas. Ese comportamiento es responsable de regular al ser religioso, y ello proviene del Judeo Cristianismo.


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plenamente los Diez Mandamientos de la Ley de Dios”, confirma el código de ética fundamental, el cual continúa vigente a lo largo de miles de años, conformando la clave del comportamiento ético. Gran parte de la pérdida de religiosidad se relaciona con la ausencia del sentido ético de la vida. Si nos adentramos en la Argentina de los últimos tiempos, vemos que la institución eclesiástica sufrió, en la década del 70, su momento ético más difícil. Hijos de la Iglesia militaban dentro de las fuerzas guerrilleras. Hijos de la Iglesia formaban parte de las Fuerzas Armadas. Ambos bandos cometían crímenes atroces. Se trató de un momento muy doloroso para la Iglesia Católica Argentina.

“Después de más de 20 años de padecer una importante crisis, la Iglesia había recuperado su autoridad moral.”

Gracias a un importante proceso de interiorización, de un gran examen de conciencia, de una notable revisión interior y mucha humildad, la Iglesia Católica salió de ese proceso tratando de evaluar la crisis transitada, aspecto que no desarrollamos cabalmente los argentinos como sociedad. La Iglesia logró arribar a una gran reconciliación interior. Todavía permanece en deuda la reconciliación de los argentinos. En el año 1981 redactamos un primer documento: “Iglesia y Comunidad Nacional”, donde hablábamos -fundamentalmente- del comportamiento ético. Trabajamos durante todo ese tiempo, y más tarde llegó la crisis de 2001. Recuerdo a Camilo Angulo Barturen, un hombre de Naciones Unidas, quien notaba que la crisis se nos venía encima, buscaba una institución de prestigio capaz de convocar al diálogo y encontró a la Iglesia, la única referencia que -de alguna manera-, rendía un buen examen en cuanto a ética y autoridad moral. Después de más de 20 años de padecer una importante crisis, la Iglesia había recuperado su autoridad moral.

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“Diálogo Argentino” elaboró grandes carpetas, importantísimas, acerca de una reforma de la justicia, de la política. En el único aspecto donde no nos pusimos de acuerdo fue en la economía, porque los economistas son muy complicados. Todas esas carpetas las entregamos al Presidente Duhalde de quien tengo un gran recuerdo, ya que fue quien nos sacó de la crisis, pero no logró implementar un cierto contexto ético, el cual debía regir la vida de la Argentina. Allí difiero con Laura Alonso, porque el tema de la corrupción en la Argentina sí es un tema cultural. Existe una concepción de la corrupción incorporada, incluso, en el orden popular. De ahí la Iglesia tomó dos grandes temas relativos a la ética, y creo que si no solucionamos esos dos temas, no vamos a encontrar el camino. El primero es el desafío de la pobreza. Hoy contamos con un 30% de pobreza en la Argentina, cerca de un 10% de exclusión -es decir, de pobreza extrema-. El segundo tema vital es el narcotráfico. Se fue instalando en la vida de nuestro país como gran causante de corrupción. En los barrios, los narcotraficantes son los únicos quienes brindan trabajo a los chicos. Ello va minando de a poco el contexto cultural de nuestros ambientes más pobres. Una de las grandes disyuntivas de la Argentina en este momento, a resolver entre todos, tiene que ver con la institucionalidad o anti-institucionalidad. En el orden de la pobreza han surgido los movimientos sociales, una suerte de expresión de los más pobres, quienes no están representados en la Argentina. Cuando hablo con los sindicalistas les digo: “Los pobres no están representados por ustedes”.

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En su momento los representaron, porque los pobres eran los trabajadores, y hoy en día una persona que está trabajando en blanco no es pobre, y ellos tienen representación. Pero los pobres no cuentan con ninguna cobertura sindical en la Argentina. Entonces, surgen los movimientos sociales, los cuales son muy importantes y vale considerarlos especialmente en lo referido a la reestructuración Argentina. Lamentablemente, casi todos ellos, presentan a algún dirigente quien toma de rehén a muchas personas. Allí se ha enraizado profundamente la corrupción, tanto como en los grandes negociados llevados a cabo en nuestro país. Estamos frente a un desafío cultural fuertísimo, el cual debemos encarar. No se trata de un tema solamente adjudicable a este Gobierno, sino de toda la población. Es una cuestión demasiado arraigada en nuestra visión y sociedad, donde se ha mancomunado corrupción con pobreza y corrupción con narcotráfico. Si deseamos realmente eliminar la corrupción, debemos superar el tema de la pobreza. Uno de los objetivos del Gobierno, evidentemente utópico, ha sido el plan “Pobreza cero”. Gracias a Dios lo ha puesto como objetivo, pero claro está que resulta una quimera. No obstante, debemos trabajarlo intensamente. Una de las personas que para mi gusto tiene los mejores proyectos respecto a la pobreza es Daniel Arroyo, quien suma una notable cantidad de Leyes elaboradas y pensadas respecto de cómo es necesario atacar el flagelo de la pobreza. Porque insisto, el tema de la corrupción permanece fuertemente ligado con la pobreza y el tráfico de drogas ilegales. La droga es el peor de los males que nos ha invadido en los últimos 20 años,


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arraigándose hasta conformar un problema cultural. Las cuestiones culturales resultan ser de compleja resolución, al demostrar lo limitado de ciertas leyes. La Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), ha elaborado un código de ética empresaria. Vale la pena ingresar en su Web y estimar sus alcances.

“La corrupción conforma un proceso de muerte que se ha vuelto habitual en la sociedad y constituye un mal más grande que el pecado, pero que sin embargo, no puede contra la esperanza que nos otorga Jesús. La escandalosa concentración de riqueza global es posible a causa de la complicidad de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes”.

Se trata de un código de ética de cinco puntos, respecto de los cuales, quien lo firma, se tiene que comprometer: “Yo me comprometo personalmente en mi relación con el sector público y privado a…” El mismo sentencia una suerte de glosario de aspectos: “Me comprometo en mi relación con mis empleados y contratistas”, por ejemplo. Se contabilizan más de 350 empresarios cuya rúbrica se suma al citado documento. Su primera sentencia es “No sucumbir ante la coima”. Se trata de un verdadero ejemplo a observar. Busca, como en toda cuestión cultural, divulgar ese compromiso entre todos los profesionales y empresarios. Deseo finalizar mi intervención con unas palabras del Santo Padre Francisco, quien es un representante de la Iglesia católica Argentina y conoce como nadie las tristezas y problemáticas de su terruño. En octubre del año 2014 expresó: “La corrupción conforma un proceso de muerte que se ha vuelto habitual en la sociedad y constituye un mal más grande que el pecado, pero que sin embargo, no puede contra la esperanza que nos otorga Jesús. La escandalosa concentración de riqueza global es posible a causa de la complicidad de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes”. Según su visión, la cual comparto ampliamente, los grandes poderes económicos, con la complicidad de los poderes políticos, alcanzan una concentración

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capaz de generar altos niveles de pobreza en todo el mundo. Francisco señaló: “El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace y busca disminuir cualquier autoridad moral que pueda cuestionarlo, incluso, ataca con insultos a cualquiera que piensa diferente y si puede, lo persigue. El corrupto se cree un vencedor. No conoce la fraternidad, la amistad, sino la complicidad y la enemistad”. “La corrupción -continúa el Santo Padre- encarna un mal más grande que el pecado, más que ser perdonada, la corrupción debe ser curada. Se trata de un mal, una enfermedad, que requiere una sanación muy fuerte”. En ese sentido, denunció: “Este flagelo se ha vuelto natural al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación la cual implica a un agente del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable”. El Papa se refirió a la corrupción dentro del sistema judicial al denunciar las sanciones selectivas: “Es como una red que captura solo a los peces pequeños, mientras deja a los grandes libres en el mar”. Concluyo con esta frase muy importante la cual reza: “Las formas de corrupción que se necesitan perseguir con más severidad son aquellas responsables de graves daños sociales, tanto sean en materia económica como social”. Por eso asociamos especialmente la corrupción con la fábrica de pobreza y vinculamos directamente a la corrupción con la nefasta siembra del narcotráfico en la Argentina. Ello ha caracterizado la denuncia

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de la Iglesia en nuestro país, donde el Papa lo retoma de su magisterio universal: “El Señor no se cansa de llamar a la puerta de los corruptos, la corrupción no podrá contra la esperanza”. En la iglesia la tentación de la corrupción permanece vigente. Caritas presenta un protocolo de pasos a seguir cuando se reciben donaciones, los cuales se deben respetar junto a una sumatoria de requisitos para que la donación sea aceptada. Quizás Ustedes se pregunten: ¿Cómo castiga Dios a los corruptos? Ingresamos allí en un verdadero misterio. Recuerdo que en el catecismo que aprendimos cuando éramos chicos, nos decían que Dios premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Hoy en día no se enseña más así. Se habla permanentemente de la misericordia y el perdón Dios está dispuesto a perdonar a todos. Los premios de Dios no se otorgan en esta vida. Aquí pueden triunfar los corruptos y ello resulta sumamente grave. Si no ponemos sanciones en nuestras leyes, para que eso no ocurra, no le echemos la culpa a Dios, porque el problema es nuestro, parte desde nuestra propia irresponsabilidad. Soy optimista, me uno a la lucha contra la corrupción desde el optimismo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos”.


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Control Gubernamental Disertante: Facundo Del Gaiso

Ingeniero en Construcciones recibido en la UTN en el año 1999, se desempeñó en la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento de Inspección de Obras, hasta el año 2003. Luego llevó a cabo tareas en la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y fue miembro de la Comisión de Adjudicación de Licitaciones de Infraestructura Escolar. En 2005 participó del Gabinete del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, es Auditor General de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de la reforma constitucional del año 1994, el paradigma del control gubernamental en la ciudad de Buenos Aires se basaba en un estricto cumplimiento de las normas, los reglamentos, las distintas leyes vigentes en lo relativo a la gestión de gobierno.

A partir de allí se transforma la visión del paradigma de control, el cual ya no repara exclusivamente en el cumplimiento de las normas, sino que incorpora el concepto de analizar la gestión, su eficiencia, eficacia y economía, en todo lo vinculado al proceso de administración del gobierno. Ya no solo se trata de cumplir con las normas, sino de velar por la razonabilidad de los datos financieros y la eficiencia, eficacia y economía aplicados en los distintos niveles operativos de la gestión de gobierno. Allí se canalizan los conceptos de cumplimiento de las metas para una efectiva aplicación de los recursos, logrando contrastarlos con el producto o servicio que brinda el Estado. En este marco funciona la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, como espejo de lo ocurrido tras la reforma constitucional del año 1994. La misma se encuentra integrada por 7 miembros, quienes son elegidos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dentro de determinados bloques parlamentarios. Actualmente está compuesta por 3 representantes del PRO, 1 por la Coalición Cívica, 2 delegados del FPV y uno del radicalismo.

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Debe entenderse que las estructuras de control también son casas políticas, y ello genera cierta complejidad a la hora de llevar a cabo el análisis de un hecho de corrupción de un determinado gobierno. Si nos adentramos en los enclaves de la corrupción en Argentina, existen cinco puntos fuertes los cuales han sido estudiados durante mucho tiempo: La obra pública, la aduana, la política de subsidios, la policía del narcotráfico y los entes reguladores. El 80% de las denuncias están relacionadas con algunos de los cinco puntos descriptos. En materia de obra pública, participé de las investigaciones iniciadas en el año 2004. Allí detectamos un verdadero “modus operandi”: El sistema de obra pública se sostiene en base al sobreprecio. Dicho sobreprecio conforma el eje en el cual se canaliza la corrupción, y el mismo se fue modificando en función de los factores inflacionarios. Pueden contabilizarse varias obras las cuales no presentan sobreprecios respecto del presupuesto inicial, pero sí se verifica en todas ellas un mecanismo de adicionales que organiza otra de las bases del sistema corrupto. Los adicionales garantizan cierto “Código de Omertá” entre el funcionario corrupto y el empresario de la construcción, quien no tiene otra salida más que ingresar en este sistema y corromperse. Una suerte de todos felices, todos contentos… Parte del circuito de retornos se viabiliza a través del sistema financiero, cuestión asociada con usos y costumbres provenientes de la década del 80. Los anticipos financieros, otra quimera del sistema

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Si nos adentramos en los enclaves de la corrupción en Argentina, existen cinco puntos fuertes los cuales han sido estudiados durante mucho tiempo: La obra pública, la aduana, la política de subsidios, la policía del narcotráfico y los entes reguladores.


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corrupto, ascienden al 10, 15 o 20%. Ahora bien, ¿qué sucedería si, gracias a una economía global estable, mejoráramos las condiciones de contratación de las obras públicas aplicando un anticipo cero como una interesante herramienta anticorrupción? Transparencia Internacional determina para los países corruptos una dispersión anual, en términos de malversación, dentro de la obra pública, del 20%. El ex Ministro de Planificación Federal, Arq. Julio De Vido, detenido a disposición de la justicia, manejó en 12 años 200 mil millones de dólares, es decir, 1.2 billones de pesos. El 20% de ese valor derivado en fraude da como resultado 40 mil millones de dólares, equivalentes a la deuda pública que tomó nuestro país entre los años 2016 y 2017. En la provincia de Santa Cruz, de acuerdo a un reciente informe de Vialidad Nacional, se asignaron 17 mil millones de pesos a empresarios relacionados con la administración Kirchner. De esos 17 mil millones, 9 mil millones fueron certificados sin ejecución. ¿El resultado de esa política?: El 92% de los cordones separadores de hormigón de la provincia de Santa Cruz, no se ejecutaron pero sí se pagaron. La situación es muy clara: Sobreprecios, redeterminaciones y adicionales conforman la base del sistema, generando un persistente silencio entre los sectores empresarios y los funcionarios involucrados. Además, la situación del cobro asegurado se da a partir del anticipo financiero. ¿Con qué herramientas contamos para cambiar la historia? Personalmente, participé de un grupo encargado de la redacción de algunas leyes anticorrupción

aplicables en la obra pública, las cuales incluían el Expediente Digital de Obra. Imaginemos ingresar en la Web de un organismo público y poder contar allí con toda la información del avance de una obra en tiempo real, con su presupuesto oficial, tipo de licitación, adjudicación, redeterminaciones… Hoy esa posibilidad no existe… En la actualidad, cuando en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires llevamos adelante una investigación, cotejamos “ex post”, es decir, auditamos un año transcurrido. Como imaginarán, ello genera muchos problemas, ya que estamos finalizando controles de obras ejecutadas en los años 2013 y 2014… Claramente, el mecanismo dilatorio de resultados conforma otra argucia de un sistema corrupto el cual intenta, por todos los medios, mantener el “status quo”. En particular, buscamos generar un grupo interdisciplinario de veedores compuesto por abogados, ingenieros, arquitectos y contadores, el cual en muchas partes del mundo funciona, para que actúen como un “testigo social”. En nuestro país, esa experiencia se llevó adelante con éxito en algunas licitaciones de la provincia de Buenos Aires. Este grupo, como muchos otros, generaría un sistema de alertas para transparentar las acciones de la obra pública. Se trata de una de las ideas que buscamos impulsar en la Legislatura y en el Congreso Nacional, conjuntamente con las propuestas ya mencionadas del Expediente Digital, la Oficina Nacional de Seguimiento Concomitante de Obras Públicas, entre otras. Necesitamos transparentar los actos de la obra pública. Salir de la oscuridad, porque el sistema corrupto basa su razón de ser en la oscuridad.

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Debemos crear faros capaces de iluminar el camino… Un documento muy importante en este sentido es la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, conformando la misma un explícito pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que no involucra a personas físicas en temas de corrupción, sino también a empresas. En paralelo, nuestra sociedad demanda una Ley de Extinción de Dominio, la cual le brinde al Estado argentino la potestad de recuperar los bienes malversados por particulares y empresas. Ustedes se imaginarán la cantidad de recursos económicos que volverían rápidamente a las arcas del Estado si una ley de ese tenor tuviera una aplicación efectiva.

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entienden como una picardía más de nuestra tradición del Viejo Vizcacha, dado que los recursos malversados no vuelven al pueblo en obras. Nuestra sociedad es muy particular sobre los hechos de corrupción. Los sucesos más relevantes en cuanto a malversaciones en la anterior administración de gobierno se llevaron a cabo en plena bonanza económica, esto es, entre los años 2004 y 2007. Entonces, pasamos del “roban pero hacen” al “que devuelvan lo robado”… claramente, la Ley de Extinción de Dominio va en sintonía con ese furibundo reclamo social. Para finalizar, quisiera contarles que desde la Auditoría, manejamos un par de casos emblemáticos los cuales derivamos a la Justicia. Uno de ellos fue el freno al aumento de la tarifa del subterráneo, el cual se logró mediante un informe de nuestra Auditoría.

Pensemos que hasta el año 2015, la corrupción ocupaba en la consideración pública el 5º puesto. Actualmente se encuentra en el 3º lugar, precedida por la crisis de empleo y la inseguridad.

Ustedes pueden pensar ¿Quién lee los informes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires? Nadie…

Es decir, nuestra sociedad desarrolló una lectura más adulta de los hechos de corrupción, ya no lo

¿Qué diputado lee los informes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires?


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Ninguno... ¿Cuándo los leen? ¡Cuando el tema se torna mediático! Nosotros redactamos el informe, fuimos a la Justicia, nos brindó la razón respecto del error en la aplicación técnica del costo de la tarifa de subterráneos, y a partir de allí, todo el mundo quería conocer más de acerca el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema... Cuando la cuestión se mediatiza y judicializa, todo cambia… Auditamos también la obra del Metrobus Sur. Un supervisor muy concienzudo de la AGCBA, se tomó el trabajo de contar las columnas soporte de toda la traza de la red, la cual circula desde la Avenida Juan de Garay hasta la Avenida Roca, en cercanías del autódromo de la ciudad.

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Cuando la cuestión se mediatiza y judicializa, todo cambia…

Así descubrió que se habían certificado y pagado 118 columnas soportes de más respecto de las efectivamente ejecutadas. Ante nuestra denuncia en la Justicia, la empresa responsable del cobro y no realización de los trabajos presentó una nueva certificación final y devolvió 1,2 millones de pesos que no le correspondía conservar. Señoras y señores, hay mucho por hacer para revertir años de corrupción… Lamentables años de corrupción. Afortunadamente, también existen estas tribunas para poder expresarnos y, entre todos, hallar la luz al final del túnel. Muchas gracias, buenos días”.

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Presente y futuro de la prevención de la corrupción Disertante: Dr. Ing. Civil Carlos Augusto Vallet

Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia en este Foro. Uno de los objetivos propuestos por los integrantes de la Comisión de Ética y Lucha Anti-Corrupción del CPIC, en el año 2015, fue el de alentar las denuncias de actos contrarios a la ética profesional.

Se trataba de una propuesta basada en una fuerte convicción, pero también, teníamos noción del arduo camino por recorrer para brindar efectivas conclusiones sobre el tema. Para ello, llevamos a cabo un relevamiento de los modelos existentes, una especie de “Estado del arte”, a nivel nacional e internacional. Allí surgió la primera pregunta ¿Qué entendemos por corrupción? Relevamos múltiples definiciones, pero encontramos una la cual conforma un verdadero hilo conductor capaz de componer a todas ellas. Un común denominador. Esa definición expresaba: “Un acto de corrupción implica un uso indebido del poder”. Intervienen en él tres actores: Un benefactor (privado) y un beneficiario (Funcionario público). El tercer actor es la sociedad, vale decir, quien paga los platos rotos…

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Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Buenos Aires. Abogado y Magíster en Derecho Comercial (UBA). Con más de 30 años de servicio profesional, es fundador de la empresa IVALL Ingeniería y Construcciones, firma especializada con más de 35 obras públicas finalizadas, donde lleva a cabo funciones como representante técnico. Forma parte de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción del CPIC e integra su Comisión de Incumbencias. Es experto en temas técnico-jurídicos y en seguimientos de licitaciones y contrataciones de obras públicas en construcción civil.


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La corrupción socava a las instituciones democráticas y genera o contribuye a la inestabilidad política. En el imaginario colectivo, la figura siempre presente cuando hablamos de corrupción es la de la coima. Pero en realidad, no es la única forma de corrupción, ya que comprende muchas otras. Una de ellas es la indiferencia. Ahora bien, ¿Cómo se mide la indiferencia?

“Las denuncias son de suma importancia en la batalla contra las acciones antiéticas, permitiendo poner luz, evidenciando hechos que requieren de su correspondiente investigación y posterior sanción, al ser fehacientemente demostrados.”

La respuesta más precisa destaca su impacto en función de los resultados provocados. Sabemos que la corrupción mata, enferma, agrieta… la corrupción produce bolsones de pobreza, afectando al desarrollo, a la seguridad y a la paz. La lucha contra la corrupción no debe hacer foco exclusivamente- en los entes de control, sino que demanda la corresponsabilidad de todos los representantes de la sociedad. Las denuncias son de suma importancia en la batalla contra las acciones anti-éticas, permitiendo poner luz, evidenciando hechos que requieren de su correspondiente investigación y posterior sanción, al ser fehacientemente demostrados. La denuncia, va de la mano de la protección del denunciante. Se trata de dos caras de una misma moneda. No se puede separar a uno del otro. El denunciante debe permanecer protegido. Nuestro trabajo se encuentra sustentado en tres ejes. El primero de ellos es el sistema de denuncias, el segundo, el esquema de protección a los denunciantes, y el tercero, las estrategias de sensibilización y difusión, tanto de los mecanismos de defensa como de la responsabilidad asumida como ciudadanos. ¿Cuál será nuestra futura tarea dentro del CPIC en cuanto a ética y lucha anticorrupción?

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Hasta ahora, estudiamos un estado de la cuestión, y de ello surgió un flujograma base, en el cual se analizan los pasos a seguir para arribar a un procedimiento de denuncia. Luego, planteamos la discusión punto por punto de los conceptos plasmados en el mencionado flujograma, abriendo de esta forma, nuevos interrogantes e inquietudes: Búsqueda de datos, incertidumbres, y con la llegada de la norma ISO 37001, encontramos otra herramienta para lograr un ensamble entre lo desarrollado y los requerimientos de la norma. Verificamos la existencia de una notable correlación entre la ética profesional, que en realidad abarca a todas las profesiones, y cómo influye socialmente en la forma de controlar al flagelo de la corrupción. Nuestra preocupación desde el CPIC es hallar caminos prácticos para contribuir a la no ocurrencia de los hechos de corrupción. Para ello, debemos observar el cabal cumplimiento de las leyes con las cuales ya contamos. A partir de allí, crear los instrumentos legales necesarios para acotar las faltas éticas. En definitiva, se trata de analizar qué podemos hacer cada uno de nosotros, aplicando una fuerte autocrítica, con una mirada en el pasado para aprender de los errores cometidos y superarlos, a nivel profesional y como sociedad. De otra forma, estaremos alimentando el accionar social actual: Aparece una denuncia; se provoca un gran revuelo; transcurre el tiempo y el tema se diluye; la sociedad se muestra indiferente a lo ocurrido -es más, se autoconvence que esa falta grave volverá a suceder en el futuro-; arribándose a la impunidad del sospechado. Fin de la escena… La corrupción no es una figura jurídica, no se trata de un delito en sí mismo, sino que conforma un comportamiento de ciertos agentes corruptores

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“Corrupción”, en la definición de la Real Academia, es pudrir algo, corromper un cuerpo, quitarle su esencia…


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sobre la sociedad, quienes tienden a utilizar para sí lo que es del común, ya sean organizaciones privadas como públicas. Sea un gerente de una empresa o un jefe, todos usan lo común para sí. “Corrupción”, en la definición de la Real Academia, es pudrir algo, corromper un cuerpo, quitarle su esencia… A nuestro entender, la corrupción presenta gravosas consecuencias: Obras abandonadas, sobreprecios, trabajos mal ejecutados… Sus resultados sociales derivan en la miseria. Miseria interna y miseria global. Porque gran parte del mundo está siendo atacado por este flagelo. Regreso a un concepto: Debemos, en primer lugar, cumplir con lo establecido. Respetar las normas básicas. Es nuestro deber observar el Reglamento de las Profesiones de Ingeniero, Agrimensor y Arquitecto; el Decreto 6070 -verdadera ley marco que rige el ejercicio profesional-; los dos fallos, el 237 y 397, de la Corte Suprema de Justicia, referidos a la opinión del máximo tribunal acerca de que los Consejos y Colegios Profesionales conforman organismos privados de Derecho Público, en los cuales el Estado delegó el control de los profesionales a partir de su Código de Ética. He mencionado la Norma ISO 37001. La misma forma parte de un convenio suscripto por nuestro Consejo con el Global Infraestructure Anticorruption Center (GIACC) a fin de sumar nuevos instrumentos para trabajar una problemática responsable de degradar nuestra profesión.

Formalizamos así una alianza con objetivos comunes, basados en promover la implementación de medidas anticorrupción, entrenarnos en dicho campo y promover su aplicación dentro de los organismos gubernamentales estatales y también en los privados. El GIACC asumió el compromiso de proveer al CPIC el libre empleo de los documentos que se encuentran en su Web site, compuesto por material didáctico relativo a temas de corrupción y como prevenirla. La institución inglesa, como parte del acuerdo, ofreció también asesoramiento específico para nuestros matriculados. Esta Comisión de Ética Profesional y Lucha Anticorrupción del CPIC ha avanzado en sus objetivos. Resta mucho por hacer, pero cada vez sumamos más voluntades a esta causa. Sin dudas, el futuro será promisorio. Como conclusión, regreso al tema de la autocrítica. Revisando editoriales en nuestra Revista CPIC rescaté una del número de agosto del año 1995, donde su entonces Presidente, el Ing. Civil Guillermo Peral, trata el tema de la Ley de Educación Superior. Allí expresa que dicha Ley “autoriza a las universidades nacionales a realizar servicios a terceros”. El Ing. Peral plantea en el citado editorial que esa propuesta “en un futuro puede plantear una falta ética”. Si revisamos nuestra historia reciente, se dieron varios casos de contratos donde las universidades actuaron desarrollando tareas específicas para terceros, las cuales no resultaron claras en su planteo, dando lugar a denuncias que permanecen hoy a espera del fallo de la Justicia. En el año 1995, un presidente de este Consejo ya lo advertía… Hagamos oír nuestra voz con más fuerza. Será para el bien de nuestro país. Muchas gracias”.

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Presente y futuro de la prevención de la corrupción Disertante: Ing. Civil Claudio Arfeli

Muy buenos días, gracias a todos por su atención. El primer punto que me gustaría destacar es el título de esta jornada: “Prevención”. Ese es el enfoque a estudiar como ingenieros para aprender de otras profesiones y prepararnos.

Hemos mencionado la Norma ISO 37001, ahora bien ¿cuáles son sus antecedentes? Creo conveniente revisar su génesis a fin de reflexionar juntos. En el mes de octubre del año 2016 fue publicada la norma ISO 37001. En marzo del año 2017, en el Consejo de Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de Países de Lengua Portuguesa y Castellana, el CPIC firmó la “Declaración de Buenos Aires”, donde se establece, entre otros ítems, “la necesidad de actualizar y difundir códigos éticos los cuales guíen el accionar de sus profesionales, incluyendo los de las organizaciones internacionales de referencia, promoviendo cuanto antes, la aplicación de la recientemente aprobada Norma ISO 37001 de gestión para combatir la corrupción”. En el mes de septiembre de 2017, nuestro Consejo Profesional de Ingeniería Civil tomó la decisión de implementar dicha norma. ¿Qué calificación técnica hacemos del problema que representa para nuestra disciplina la corrupción? Es un riesgo, así lo entienden también las normas ISO.

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Especialista en gestión de riesgos en plazos y costos de proyectos. Posee más de 30 años de profesión, 10 como ingeniero estructural y 20 como ejecutivo y consultor en dirección de proyectos. Con más de 25 años de trayectoria como presidente y fundador de Meta Control Argentina SA, empresa especializada en la dirección de proyectos, ha sido expositor durante los últimos 20 años en Congresos, Conferencias, Cursos y Seminarios sobre Project Managment en Argentina y Latinoamérica. Fue Presidente del Capítulo Buenos Aires del Project Managment Institute entre los años 2003 y 2005. Dicta cátedra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la materia “Gestión de Riesgos de Proyectos”.


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Dentro de todos los riesgos que enfrentamos cuando desarrollamos proyectos, uno de ellos, es la corrupción. ¿Cuál es el motor frecuente de esa corrupción? El soborno. ¿Cuál es el freno disponible para los profesionales ingenieros y afines? La gestión profesional. Los riesgos son hechos inciertos para la mayoría de las asociaciones, donde las interpretaciones profesionales muestran un impacto negativo. Digo para la mayoría, porque existen ciertas normativas las cuales interpretan los riesgos como sinónimo de incertidumbre, y dentro de las incertidumbres sobre el futuro, sus consecuencias nos pueden afectar de manera positiva o negativa. Para nuestro caso, vemos el riesgo como un impacto negativo.

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Como macro proceso de gestión del riesgo, concepto compartido por todas las profesiones, transitamos tres aspectos: La identificación de los riesgos, su evaluación, y finalmente, la respuesta brindada.

Como macro proceso de gestión del riesgo, concepto compartido por todas las profesiones, transitamos tres aspectos: La identificación de los riesgos, su evaluación, y finalmente, la respuesta brindada. En cuanto a la identificación, vale la pena mencionar su impacto sobre la percepción. Es decir, nosotros los ingenieros no estamos habituados a hablar de percepción. Sin embargo, cuando nos subimos a un avión o a un automóvil, tenemos distinta percepción del riesgo de muerte y ello nos obliga a enfrentar los riesgos de distinta manera.

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La percepción nos permite planificar anticipadamente. Nos desafía a estudiar el problema antes de su ocurrencia. Si prevenimos los hechos dolosos permaneceremos en mejores condiciones profesionales para brindar respuestas. En definitiva, al calcular correctamente la estabilidad de un edificio también estamos previniendo. Garantizamos una buena vida útil de esa estructura, su respuesta ante los desafíos del entorno… Podemos decir que los cálculos y las normativas vigentes nos permiten desarrollar una “percepción” del objeto en cuanto a su respuesta. En relación con la evaluación, el riesgo implica una probabilidad de impacto. Ello se visualiza en la norma ISO 37001: Si queremos implementar sistemas antisoborno debemos estimar un ranking de cuán severos pueden ser los riesgos de corrupción para tomar medidas acordes. Estamos tratando de pensar de una manera técnica y pragmática, toda vez que las mejores prácticas internacionales se encuentran aplicadas en las normas ISO. Finalmente, la respuesta. Detectamos cuatro estrategias: Evitar, transferir, mitigar y aceptar. Cuando miramos hacia otro lado, y nos desentendemos de las prácticas corruptas, estamos aceptando todos los riesgos… Básicamente, se trata de adoptar un gesto profesional sobre la temática y la norma ISO 37001 brinda importantes herramientas para dirigir nuestra observación. El soborno se materializa en ventajas indebidas. Debemos evitar el accionar de personas, personajes, empresas las cuales ofrezcan y se beneficien con ese tipo de ventajas... ¿Por qué?

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El soborno se materializa en ventajas indebidas. Debemos evitar el accionar de personas, personajes, empresas las cuales ofrezcan y se beneficien con ese tipo de ventajas...


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Porque eso genera inquietudes sociales, morales, políticas, económicas. Destruye el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo, corroe la competencia, erosiona la Justicia, desprecia los derechos humanos. Constituye un fuerte obstáculo para aliviar la pobreza, aumenta el costo de los negocios e introduce incertidumbre… Lo dicho se encuentra escrito en la Norma ISO 37001. Ese sistema de gestión anti-soborno, puede apreciarse como un conjunto de procesos, técnicas y herramientas documentadas en sus operatorias. Se trata de un valor tangible. Estimo, sin embargo, que el hecho de tratarse de un documento tangible no es lo más relevante. Lo trascendental es lo intangible encerrado en la propuesta, plasmada en un gran compromiso de liderazgo para establecer una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento. Nuestro Consejo Profesional de Ingeniería Civil apoya firmemente dichas actitudes. El riesgo de soborno ¿es evitable? No, no es totalmente evitable. El sistema de gestión anti-soborno es un conjunto de medidas razonables y proporcionales para prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Cuando hablamos de riesgos estamos hablando del futuro, de cierto nivel de incertidumbre. En el Hemisferio norte sentencian: “Sobre el futuro solo tenemos la certeza de los impuestos y la muerte”. En el Hemisferio sur, nuestra raíz latina nos hace pensar: “De los cuernos y la muerte no se salva nadie…” En cuanto a la gestión profesional del riesgo, no tendremos una certeza absoluta de evitar en un

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100% los hechos dolosos. Pero sí podemos encaminarnos en el sentido de minimizar y mejorar nuestra desesperante actual situación. Finalmente, la norma ISO 37001, nos guía a efectos de implementar sistemas antisoborno. Ello refleja las buenas prácticas internacionales, aplicables a organizaciones pequeñas, medianas o grandes, al sector público, al privado y sin fines de lucro. Nuestra casa está incluida dentro de las organizaciones que pueden aplicar esta norma y hacia allí vamos. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil, mediante su Comisión de Ética y Lucha Anticorrupción, está encarando ese camino, al iniciar el proceso de implementación de la Norma ISO 37001. De esta manera, cumplimos cabalmente con nuestro compromiso ético, con nuestro rol como ingenieros, gracias al camino transitado por los profesionales quienes nos precedieron con su trabajo en esta Comisión. Debemos seguir transitando y profundizando este camino, previniendo, detectando y enfrentando las situaciones corruptas. Nos queda mucho trabajo por delante, pero no estamos pensando en rendirnos. Por último, y para cerrar, quiero recordarles que el 9 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias”.

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“De esta manera, cumplimos cabalmente con nuestro compromiso ético, con nuestro rol como ingenieros, gracias al camino transitado por los profesionales quienes nos precedieron con su trabajo en esta Comisión.”


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La prevención de la corrupción y el Derecho Disertante: Dr. Alejandro Fargosi

Graduado en abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con diploma de honor. Desde el año 2007 es Presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación. Además, fue Presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, Director del Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y Director de la División Jurídica de IDEA. Asimismo, es miembro del Comité Académico del Postgrado en Gestión de las Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y del Consejo Consultivo Honorario del Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA.

Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir a este ámbito de ingenieros, porque no solo trabajé muchos años con Ustedes, sino que además, cubren la enorme cuota del conocimiento del cual adolecemos los abogados, quienes continuamos navegando en la soberbia de creernos los dueños del saber, y así nos va como país…

Porque muchos de los dramas argentinos padecidos se relacionan con esa especie de monopolio de la sabiduría que nos auto-adjudicamos los abogados, sin ningún tipo de recato. Excede esta reflexión el tema de la convocatoria, pero no quería dejar de expresarla. Se dijo aquí que los entes de control no alcanzan. Claro, tampoco resultan suficientes las leyes o los juzgados, porque el tema de la corrupción, y de su consecuente impunidad, mantiene una directa relación con la sociedad, con sus estructuras organizativas… Se trata de un problema de costumbres individuales y colectivas. Nosotros las perdimos y allí radica el verdadero drama. El dilema ante el cual como generación nos enfrentamos, es si queremos delegarles un mensaje positivo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entiendo que el mayor desafío consiste en aplicar

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efectivos cambios, los cuales generen rápidamente positivos resultados en términos de transparencia. Transformar la triste costumbre del “todo vale”, persistente en nuestra sociedad. Pero también soy conciente que la magia no existe. La realidad implica el siguiente razonamiento: Como el problema presenta una raíz social, las transformaciones demandarán en percibirse. No obtendremos logros significativos en materia de erradicación de la corrupción, si desde distintos puntos, el fenómeno no se ataca debidamente. A este flagelo no se lo embiste desde un único frente, sino desde varios. Solo así lograremos, en lapsos pacientes, cosechar una positiva siembra. Debemos enfrentarnos al hecho corrupto pero siendo realistas. Uno de los puntos básicos de la problemática tratada es que las denuncias recaen en los despachos de los abogados. Creemos erróneamente que allí se resolverá el tema. En verdad, los escritorios legales conforman uno de los vértices de tratamiento de lo anti-ético, pero también está la calle, con sus incontrastables signos de realidad. Ello se verifica en la necesidad de un profesional de callar un acto de corrupción del cual fue testigo, partícipe o víctima, para no quedar fuera del mercado y continuar llevando el sustento a su hogar. Este hecho no suele contemplarse en los estrados judiciales, sin embargo, es parte del embrollo. Permanentemente se suscitan dilemas a evaluar cuyo estudio resulta fundamental. De otra forma, completaremos magníficas bibliografías pero de

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escasa utilidad a los fines prácticos del “día a día”… Al mismo tiempo me pregunto: ¿Cómo se nos “colaron” 118 postes en el Metrobus Sur? Desconocía el dato y me resultó revelador… ¿Estamos locos? Desarrollamos una falta de seriedad monumental. Si bien ese accionar no se sostiene, desgraciadamente, va a seguir existiendo en la medida que la corrupción continúe generando dinero fácil y no se la detenga de manera tajante. La corrupción genera desempleo, al ahuyentar a los inversores y sus preciadas fuentes de trabajo. Los países serios, aquellos que van a fondo con este tema, no son tibios a la hora de juzgar. Por supuesto que aplican la totalidad de los principios de equidad, pero si el hecho es comprobado, si existen pruebas concretas suficientes capaces de corroborar los actos impropios denunciados, las condenas resultan ejemplificadoras, sin importar su actual o pasado rango: Presidentes, Ministros, Senadores… eso no tiene importancia. Lo que vale es la ley. Punto. Argentina -muy lentamente- comienza a transitar esa senda. Contabilizamos algunos ejemplos al respecto, pero faltan muchos más. Coincido con lo expresado por uno de los oradores: Debemos empezar por cumplir con las leyes vigentes. A veces no es cierto que el sistema legal no sea efectivo. Las leyes existen, es la Justicia junto con la sociedad quienes deben velar por su cumplimiento. Todos nosotros conocemos los problemas derivados por la corrupción, ya que nos hemos visto rozados por ella como víctimas, victimarios, testigos…


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Nadie, desarrollando cualquier actividad empresarial, puede afirmar que no se vio amenazado por este flagelo. Reconocemos la problemática y sus efectos nocivos, pero al mismo tiempo, estamos condicionados.

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Argentina -muy lentamente- comienza a transitar esa senda. Contabilizamos algunos ejemplos al respecto, pero faltan muchos más.

Para quebrar esos condicionamientos necesitamos gente con poder y coraje al mando de nuestras instituciones. Como sociedad, nos debemos un sincero “mea culpa” respecto de los pequeños y grandes actos indebidos que a diario cometemos. Solo así podremos exigir el cumplimiento de las leyes y el cuidado de la “cosa pública”. Muchas gracias por su atención.”

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La prevención de la corrupción y el Derecho Disertante: Dr. Ricardo Monner Sans

Amigos, simplemente gracias. Gracias por haberme invitado, gracias por poner como tema a la prevención de un flagelo tan nocivo para nuestro país como lo es la corrupción.

Quiero hacer mención a un primer problema: La limitación del denunciante. Su accionar está sumamente acotado y cuento con distintos y cuantiosos ejemplos al respecto, donde la justicia no hace lugar a los pedidos. Ese es el primer problema. El segundo problema que yo advierto, es de tipo social. Existe un atroz desconocimiento por parte de la población sobre los alcances de la corrupción. Convengamos también que son los medios masivos de comunicación -siempre generalizar es malo, pero en este caso no resulta inexacto- los responsables de ese desconocimiento. ¿Por qué? Porque ante un hecho de corrupción organizan debates donde todos dicen lo suyo, algunos actúan peleas mal ensayadas y fin del cuento.

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Integró la rama Argentina de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Perteneció al Partido Socialista Argentino, luego al Partido Socialista de Vanguardia y finalmente al Partido de la Vanguardia Popular. Cesó en su actividad partidaria en el año 1968. Nunca abandonó su preocupación política entendiendo que el Derecho puede ser un arma útil en el interés público, es decir, como instrumento para la realización democrática. Luchó y lucha contra la corrupción y es Presidente de la Asociación Civil contra la Corrupción.


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Mediatizar, transformar en un show esta problemática resulta peligroso, logrando cristalizar una banalización que vuelve pintoresco su tratamiento. Muy rendidor en puntos de audiencia pero nulo a efectos de ilustrar a la población. Más cercano a un film de la “picaresca italiana” que a la seriedad implicada en un tema sumamente sensible. La corrupción mata. La corrupción se llevó la vida de muchos argentinos. No deberíamos olvidar ese aspecto cuando alegremente manoseamos un drama de esas proporciones.

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La obra pública conforma un nicho flagrante de actos anti-éticos. La pelea es dura, pero los desafío a encarar la batalla. Entiendo que vale la pena llevarla a cabo.

Otro aspecto preocupante es la internacionalización de la corrupción. Solo un relativo número de profesionales se lo ha planteado como un debate profundo. Al respecto, hemos adherido a muchas normas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero Argentina sigue sin definir qué es la corrupción desde el punto de vista administrativo. La obra pública conforma un nicho flagrante de actos anti-éticos. La pelea es dura, pero los desafío a encarar la batalla. Entiendo que vale la pena llevarla a cabo. El mundo se ha desvalorizado, no solamente por ISIS o por los enfrentamientos armados en Oriente Medio. Se ha desvalorizado porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial creíamos que el Estado de Bienestar podría subsistir. Pero lo cierto es que ese Estado de Bienestar se ha esfumado… Entonces, me queda la siguiente pregunta, a las puertas de la automatización y la robotización, a las puertas de la exclusión de la mano de obra concreta, con el crecimiento del narcotráfico en el mundo…

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¿Quién va a llevar a cabo la prevención contra la corrupción? Porque si alguien se toma el trabajo, por ejemplo, de analizar en los últimos 25 años la cantidad de relevos llevados a cabo en las cúpulas de las distintas policías de las diversas provincias, no digamos de la provincia de Buenos Aires porque “pica en punta”, se encontrará con que aquellos quienes ostentan la obligación de ser buenos, suman un sobresueldo especial para ser malos, y ese sobresueldo especial proviene del delito, esencialmente, del narcotráfico. La lucha contra la corrupción debe ir del brazo del combate contra el narcotráfico. ¿Quiénes van a ser los combatientes? Les dejo esta inquietud que ahora es también de Ustedes. Muchas gracias por su atención.”

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“Me queda la siguiente pregunta, a las puertas de la automatización y la robotización, a las puertas de la exclusión de la mano de obra concreta, con el crecimiento del narcotráfico en el mundo…”


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Prevención de la corrupción desde la Sociedad Civil Disertante: Dr. y Periodista Hugo Alconada Mon

Abogado y Periodista, Magíster por la Universidad de Navarra de España, becario de la Universidad de Stanford. En enero de 2002, ingresó al diario La Nación, y entre enero de 2005 y febrero de 2009 fue su corresponsal en los EEUU. Sus notas y reportajes fueron publicados en medios de España, México, Brasil, EEUU, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela y Chile. En la actualidad, se desempeña como Pro Secretario de Redacción del Diario La Nación, abocado a casos de corrupción, lavado de activos y fraude corporativo.

Buen día, un gusto estar aquí, muchísimas gracias al Consejo por la invitación. Quiero brindarles apenas un contexto, en base a vivencias propias, más aquellas aprendidas y con las cuales debimos lidiar en los últimos años.

Hablo en plural porque incluyo a varios colegas con quienes suelo llevar a cabo investigaciones y juntos vamos avanzando, cometiendo errores, corrigiendo para mejorar en las siguientes notas, porque según decía Ringo Bonavena: “La experiencia es un peine que la vida te regala cuando te quedaste calvo”... Primero, deseo ubicarlos en un contexto, porque desarrollamos la tendencia argentina de auflagelarnos durante un par de años diciendo: “Somos los peores”, para tiempo después afirmar: “Somos los campeones del mundo”. Vale destacar que la corrupción se encuentra en el ADN del ser humano. Desde tiempo inmemorial, ya en el Código de Hammurabi se explicita la corrupción como tema. La octava ley de las 225 escritas en piedra afirma que “quien tomara dinero del tesoro sería condenado a muerte”. Aquí en Argentina transitamos muchas etapas en las cuales vivimos episodios muy oscuros. Trataré solo uno. La pelea entre Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento.

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Siendo Roca Presidente, y ya habiendo llevado a cabo su Campaña del Desierto, su hermano, Ataliva, era proveedor del Ejército. Cada vez que Sarmiento lo chicaneaba a Roca usaba el nombre de Ataliva como verbo o sustantivo. Le decía: “Hoy iba por la calle y fui vilmente Atalivado”. O “Hay gente a la cual le apasiona el presupuesto como a las Atalivas la miel”. Desgraciadamente, la corrupción es un acto habitual. Quizás la diferencia en nuestro país y en este tiempo, lo que realmente nos preocupa, son los montos producidos por los ilícitos. El tema es de práctica y escala. Entonces ¿cómo reaccionamos ante la corrupción? ¿Se la combate o se la esconde? En la administración del presidente Raúl Alfonsín se cuentan algunos pocos casos de corrupción, sumamente menores en función de aquellos registrados más tarde. La administración Menem subió la apuesta. Uno de sus casos de corrupción más recordados fue el que implicó a la empresa Siemens. Dicha investigación conforma un caso paradigmático de la impunidad argentina. Siemens reconoció que pagó coimas en Argentina ante EEUU y abonó una multa. Reconoció en Alemania que pagó coimas en Argentina y fue allí condenada. En nuestro país, la empresa está al borde de la absolución, dada la prescripción de la causa. Con lo cual, tenemos una empresa que en dos países distintos dice que en Argentina pagó coimas y en Argentina no lograron probarlo... De hecho es tan así, que cuento con los documentos de un personaje maravilloso llamado Ullrich Bosch -alias Uli-, que como buen alemán, redactó un memo detallando las coimas abonadas…

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Entonces ¿cómo reaccionamos ante la corrupción? ¿Se la combate o se la esconde?


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Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, aun resuenan los ecos de las coimas pagadas en el Senado más un nuevo caso Siemens…

“En el caso IBM-Banco Nación, Alfredo Alberto Aldaco, ex directivo del Banco, asumió su rol de corrupto, se arrepintió, devolvió el dinero y se autoimpuso la pena máxima prevista para él como arresto domiciliario.”

Skanska, la multinacional sueca, admite que pagó coimas en Argentina, despide a sus ejecutivos, sincera con la AFIP abonar los impuestos malversados. Pero es la propia justicia argentina quien dice: “No, no, en realidad no pagaste coimas, te confundiste” y Skanska responde: “Sí, pagué”… La justicia retruca: “No, no pagaste”… esa es la dinámica de una parte de nuestra Justicia. En el caso IBM-Banco Nación, Alfredo Alberto Aldaco, ex directivo del Banco, asumió su rol de corrupto, se arrepintió, devolvió el dinero y se autoimpuso la pena máxima prevista para él como arresto domiciliario. No salió de su domicilio para asistir al casamiento de sus hijos, ni para llorar la muerte de su madre. No se fue de vacaciones, ni al médico… Cumplía de una manera mucho más exhaustiva el arresto domiciliario comparado con aquellos condenados a esa pena por la justicia. Finalizó su arresto domiciliario y le comunicó al Juez: “Cuando Usted me condene yo no voy a apelar, porque estoy arrepentido. Me formé en una buena familia. No necesitaba el dinero”. ¿Saben qué pasó? La justicia no lo condena, porque si lo hace deberá condenar también al resto de los implicados… Más adelante nos encontramos con la administración Kirchner donde la corrupción trepa a límites insospechados para nuestro país. Aclaro que todos mis dichos están suficientemente acreditados ante la Justicia. En ese tiempo negro para la transparencia de los actos de gobierno, donde se registran los más escandalosos planteos reñidos todos con las más

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elementales normas de equidad y ética, la Argentina sufrió un impresionante retroceso en su calidad institucional. El planteo se basaba en los siguientes aspectos: Burguesía Nacional, Capitalismo de amigos, Corrupción exorbitante, más un listado de funcionaron quienes hoy se encuentran recluidos a disposición de la justicia. La política, como comprenderán es mi tema de estudio, está directamente vinculada con la corrupción. Uno de los problemas sintomáticos radica en la recaudación para la campaña electoral de los distintos aspirantes a cargos públicos. Este se constituye en el pecado original. En el año 2015, entre los tres principales candidatos a la presidencia de la nación se recaudaron -extraoficialmente- entre 1500 y 2000 millones de pesos.

Creamos un Consejo de la Magistratura donde los concursos se digitan, las preguntas se entregan, de hecho, se registraron algunos concursos en los cuales quien iba a ser el ganador no solamente sabía las preguntas de antemano, sino que se encargaba de corregir las respuestas de su propio examen y las de los competidores. Ante dicho escenario, varios candidatos a jueces abogaron por el retorno al viejo sistema de nominación del Presidente con acuerdo del Senado. Pero es justo señalar los intentos por mejorar al Consejo de la Magistratura, donde hubo excepciones de gente digna. A esa gente le pido -les pedimos- que no bajen los brazos. Nosotros los vamos a acompañar. El verdadero desafío radica en cambiar los nombres sin repetir los vicios. Debemos modificar los factores de la ecuación. No esperemos que una operación matemática brinde un resultado distinto si los componentes son siempre los mismos.

¿Quiénes aportaron esos 2 mil millones de pesos? ¿A cambio de qué brindaron 2 mil millones de pesos? ¿Están enamorados de sus ideas políticas? Aclaro que algunos empresarios están enamorados de los tres… porque apostaron por todos como si se tratara de una carrera de caballos. Ahora el problema es mirar hacia adelante ¿qué hacer? Se plantean múltiples reformas, en verdad, ninguna resulta sorprendente. No se trata de inventar la rueda. Empecemos por jugar con reglas muy claras, por aplicar parámetros exitosos en otros países con ordenamientos jurídicos similares a los nuestros. Entonces, convocamos al Consejo de la Magistratura “pero lo hacemos a nuestro modo”...

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El desafío de fondo, la batalla final, va a depender de la presión social. Todo cambiará el día que la clase política y empresaria, quienes se benefician del sistema actual, deban cambiar dicho sistema dada la presión de aquellos que no se benefician con el sistema actual. Muchas gracias.”


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Prevención de la corrupción desde la Sociedad Civil Disertante: Lic. Pablo Secchi

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y maestreando en Análisis, Gestión y Derecho Electoral en la Universidad de San Martín. Desarrolla temas de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, y se interesa especialmente por las buenas prácticas en el financiamiento de las campañas electorales, tema sobre el cual ha realizado diversas consultorías. Es Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional.

Buenos días a todos. Hablar después de Hugo es muy difícil, alguien que tiene los conceptos tan claros y se ha abocado a temas específicos, como el financiamiento de la política, un área clave.

En la Argentina, más del 50% de los casos de corrupción se relacionan con el financiamiento político. Lamentablemente, todos los partidos están de acuerdo en no regularlo como se debe. Resulta difícil establecer desde la sociedad civil metodologías para prevenir la corrupción. Sin embargo, entre todos podemos pensar distintas alternativas como país para diferenciarnos de otros de la región. Si analizamos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, veremos países bien ubicados. Argentina, entre 140 países encuestados en todo el mundo, oscila entre el puesto 95 y el 100. Chile y Uruguay están ubicados entre el puesto 20 y el 30. Obviamente, ambos poseen instituciones sólidas y casos de corrupción, pero ninguno alcanza los valores delirantes de nuestro país. Les cuento un caso tragicómico de corrupción en Uruguay conocido como “Los calzoncillos del Vicepresidente”... Sucede que el Vicepresidente de la Nación terminó acusado de comprar ropa interior con fondos públicos.

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¿Se imaginan si en Argentina investigáramos con ese nivel de detalle a un funcionario? Seguramente, nos quedaríamos sin diputados, sin senadores, sin el Poder Ejecutivo completo… Otro caso particular es el denominado “Toblerone”, en Noruega. Una Ministra candidata a ser Primera Ministra va a comprar una golosina Toblerone. Al abonarla se da cuenta que no tiene dinero en efectivo. Esto sucedió por la noche, entonces decide pagar con una tarjeta de crédito del Ministerio. Al otro día concurre al Ministerio a las 9 de la mañana y dice: “Pagué una golosina con fondos del Ministerio, les devuelvo el dinero en efectivo”. A las dos horas debió renunciar. Vean la diferencia de principios existente entre determinados países y el nuestro. Jamás en Argentina llegaremos a un nivel de sutileza tan extremo, no tengo esa esperanza… Pero ¿de qué manera -al menospodemos acercarnos a ese ideal de sistema? Nuestro país necesita un engranaje contra la corrupción. ¿Por qué? Porque existe un engranaje de corrupción del otro lado funcionando muy aceitadamente, empezando por el financiamiento de las campañas electorales y siguiendo con las obras públicas y las contrataciones del Estado. Argentina cree en soluciones mágicas. Suponemos que un buen funcionario, honesto y con nobles intenciones, él solo, será capaz de resolver los problemas de corrupción de nuestro país. Creemos que al contar con una Ley de Acceso a la Información Pública nuestras angustias serán solucionadas y todo el mundo responderá ante los pedidos de informes. La pregunta es ¿qué hacemos?

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Creemos que al contar con una Ley de Acceso a la Información Pública nuestras angustias serán solucionadas y todo el mundo responderá ante los pedidos de informes.


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¿Qué hacemos con la Justicia Federal, la cual 12 años después se despierta, comienza a encarcelar funcionarios con severas acusaciones de malversaciones y avanza con varias causas judiciales? No lo veo mal. Simplemente, entiendo, demoró bastante tiempo en tomar partido en favor de la transparencia.

“Habrá excepciones capaces de confirmar la regla. Pero los malos jueces, con su accionar, no pueden brindarnos garantías sobre los delitos contra la administración pública cometidos en la Argentina.”

¿Estos mismos jueces son quienes nos pueden brindar las soluciones demandadas en materia de corrupción? ¿Serán ellos quienes juzgarán a los funcionarios públicos acusados de faltas éticas? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Vamos a esperar, como en el caso Siemens, que un Juez determine si la causa prescribió o no? ¿Mi gran pregunta es si estos jueces sirven? Mi respuesta es no. Estos jueces no pueden seguir ejerciendo el gran rol que la Argentina ha delegado en ellos. ¿Son todos iguales? Posiblemente, no sean todos iguales. Habrá excepciones capaces de confirmar la regla. Pero los malos jueces, con su accionar, no pueden brindarnos garantías sobre los delitos contra la administración pública cometidos en la Argentina. Entonces, ¿cómo prevenirlos? Posiblemente, creando instituciones capaces de trabajar en conjunto y pensando ¿qué tipo de sistema de integración necesitamos? ¿Lo puede llevar adelante la Oficina Anticorrupción?

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Argentina si una causa de corrupción demora 15 años en resolverse, y muy posiblemente, termine prescribiendo?

¿Tiene la Oficina Anticorrupción un representante independiente a cargo? ¿La Oficina Anticorrupción desempeña un rol adecuado o debería exhibir otro perfil en particular? Para hablar de prevención, al mismo tiempo, debemos hablar de participación ciudadana. Durante los dos primero años de gobierno, las administraciones se muestran muy cercanas a la Sociedad Civil. Se comportan como amigos de los ciudadanos, los toman en cuenta, los consultan… Transcurrido ese lapso, si ratifican el rumbo a partir de las elecciones legislativas, comienzan a separarse un poquito de la Sociedad Civil, vale decir, de lo que el ciudadano desea. Actualmente, la Sociedad Civil reclama algunos temas y la clase política parece no escucharlos debidamente. Me voy a referir a dos de esos temas. Uno es el del voto electrónico. Hace mucho tiempo que la sociedad civil opina que el mejor sistema para votar en la Argentina es la boleta única de papel. Incluso, respaldan esa idea un importante número de expertos en sistemas electorales. Sin embargo, el gobierno desoye firmemente dicha demanda. El otro tema es el relacionado con la elección del Defensor del Pueblo. ¿Por qué no se consulta la opinión de la ciudadanía sobre ese representante? No se generan audiencias públicas, no se instala debidamente el tema… La participación ciudadana es una gran forma de prevenir hechos de corrupción, y elegir a los funcionarios más eficientes constituye un acto clave al respecto. Un tema más: La Ley del arrepentido. ¿Quién se va a arrepentir en la

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Todo este tipo de leyes debe ser pensada estratégicamente, si se quiere luchar realmente contra la corrupción. La gran pregunta, y vuelvo a lo que decía Hugo en relación con el financiamiento político, es ¿Cómo ser transparentes si el acto fundacional de un gobierno resulta ilegal? La actual administración de gobierno reconoció que su campaña electoral la financiaron empresarios a través de cenas y ágapes, lo cual se encuentra taxativamente prohibido en la Ley de Financiamiento. Las empresas no pueden financiar las campañas electorales. En definitiva, están reconociendo la comisión de un delito. De someterse ante la Justicia el caso, terminarán juzgando al responsable financiero del partido político. Les cuento que hace un tiempo atrás, el responsable financiero de la campaña política de un importante partido era una Señora cuyo único ingreso lo conformaba su jubilación… Vale decir, la persona a quien se podía sancionar era una jubilada. Resumiendo, el gran desafío de la Argentina radica en materializar un gran engranaje de lucha contra la corrupción, y principalmente, un consenso en el Congreso, el lugar donde se encuentran representados las mayoría de los partidos políticos, para que ese engranaje sea serio y no simplemente un escudo protector de las autoridades gobernantes. Gracias.”


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Prevención de la corrupción desde la Sociedad Civil Disertante: Dr. Daniel Funes De Rioja

Fundador de Funes De Rioja & Asociados. Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la especialidad Ciencia Política y Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Académico Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Profesor a cargo de la Materia Política Laboral de la Escuela de Dirección de Empresas, Maestría en Dirección de Recursos Humanos (UADE). Presidente del Consejo Consultivo del Centro de Evaluación y Estudios de Economía Social para el Alivio de la Pobreza (CESyP) de la Universidad Torcuato Di Tella. Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Presidente de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA).

Buenos días, un gusto acompañarlos, especialmente en este panel con la experiencia de Hugo Alconada Mon junto a la visión de Pablo Secchi de Poder Ciudadano. Dos miradas jóvenes que esta sociedad debe cuidar y atender.

Habitualmente digo que debemos hacer más y hablar menos, pero en el caso del tema convocante resulta imprescindible hablar, pues necesitamos cambiar la cultura. Distintos aspectos se encuentran muy arraigados en nuestra cultura. Eso se evidencia tanto en Argentina como en el resto del planeta. Pero no voy a evadir la responsabilidad de afirmar que somos parte del problema. Somos argentinos y parte del problema. Pero en realidad, debemos también formar parte de la solución. Especialmente, si anhelamos lograr una libre iniciativa, si queremos propiedad privada y deseamos verdaderamente que la Argentina desarrolle una economía próspera en oportunidades. En cuanto a niveles de corrupción, nuestro país se encuentra dentro de las más decadentes consideraciones. Si no estamos peor vistos es porque existen naciones periféricas quienes se avergüenzan al cubrir posiciones, aun más humillantes respecto de las nuestras, en la listas de acciones anti-éticas.

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Ahora bien: ¿Qué sería necesario hacer para remover esa corrupción? Primero, necesitamos trabajar a favor de un cambio cultural, día por día. Ninguna norma cambia una conducta. Es disuasiva, pero no convence. Si nos cercioramos que en la Argentina reina la impunidad, o que el tiempo lava la totalidad de las culpas, es difícil que los ciudadanos no incurran en las más pequeñas o grandes de las corruptelas. Si en el plano empresario deseamos evitar todo tipo de corrupción y actos reñidos con la ética, debemos comenzar por desburocratizar y limpiar toda la maraña de estadios, los cuales fomentan la coima de la forma más deliberada y descarada. Todos sabemos que en el Estado, hasta el más insignificante trámite, demanda de un “incentivo” para que el legajo, expediente, formulario, cheque o el documento que fuere, no se detenga en medio de un dispositivo burocrático y corrupto diseñado para el beneficio de unos pocos y el tormento de muchos. Sabemos de la existencia de otro sendero posible: El de la informalidad, el de la ilegalidad. Lamentablemente, Argentina ha transitado el sendero de lo ilegítimo un gran número de veces en los últimos años. Es muy triste ver gente de mi generación, de mi edad, quienes se rehúsan a pagar los impuestos correspondientes a la actividad desempeñada, y lo hacen con el mayor de los descaros en nombre de un Estado injusto, el cual no administra correctamente los bienes de todos. Entonces, aduciendo que el Estado argentino no administra eficientemente los recursos, un buen número de ciudadanos no cumple con sus compromisos fiscales. Eso sí, utilizan todos los servicios posible que ese mismo Estado les brinda: Salud, seguridad, educación, justicia…

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Sabemos de la existencia de otro sendero posible: El de la informalidad, el de la ilegalidad. Lamentablemente, Argentina ha transitado el sendero de lo ilegítimo un gran número de veces en los últimos años.


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Pero al mismo tiempo, como esos servicios -dado el desfinanciamiento del Estado- resultan ineficientes, los evasores encuentran una nueva excusa: “No pago los impuestos porque como la salud pública es un desastre debo afrontar el valor mensual de un servicio de salud privado y prepago”. Justificación emitida, conciencia tranquila y a otra cosa… A la mencionada autojustificación vamos a dibujarle un punto de inflexión, porque en algún momento Argentina deberá revisar sus conductas, de otra forma, jamás contará con una economía desarrollada y sustentable. Desde luego, lejos estamos de suponer que en los países desarrollados no se verifican hechos de corrupción y faltas graves a la ética pública. Por caso, el gobierno alemán, después de la expiación pública llevada a cabo con la empresa Siemens, la ubicó al frente de un grupo de trabajo anticorrupción en Alemania. A partir de allí, se generaron no solo programas de responsabilidad social empresaria, sino un abanico de normas legales y mecanismos consecuentes con los principios éticos. Por ende, si verdaderamente Argentina se encuentra en un punto de inflexión, o al menos eso pretendemos como ciudadanos -estimo que el gobierno aprecia más lejano el punto de inflexión en relación con el deseo de la sociedad-, el sector empresario, mayoritariamente integrado por Pymes, también se verá obligado a transformar sus conductas y ser consecuente con el ejercicio ético de sus operaciones. A esa presión cultural, la cual deberá mantenerse puesto que de otra manera no funcionará, se sumarán distintos documentos desde el ámbito legal.

Acabamos de aprobar una Ley de Transparencia Empresaria. Su texto fue profusamente debatido y consensuado. No deseábamos originar una ley ambigua como así lo reflejaba su proyecto original. Pido disculpas si se encuentran en la sala diputados o asesores de diputados quienes hayan trabajado en su redacción, pero el mencionado proyecto original, a decir de expertos penalistas, era de una vaguedad tal que cualquier denuncia o reclamo terminaría fracasando. Parecería ser que su morbosa y tendenciosa redacción escondía el propósito de que las sanciones fueran prácticamente nulas. Hecha la ley… Nos presentamos con ese proyecto original en el Senado, muñidos con nuestras críticas constructivas. Tanto la Comisión como Federico Pinedo fueron muy expeditivos, al igual que los miembros de la Oficina Anticorrupción. Gracias al accionar de todos, hoy contamos con una Ley de Transparencia Empresaria. Sinceramente, no puedo afirmar si es buena o mala en términos técnicos, pero escuchando a los entendidos presumo su carácter de “sumamente aceptable”. Expresamos recientemente que las sanciones deben ser “cumplibles”. Si existe algún tipo de extralimitación o desproporcionalidad entre el delito y la pena, evidentemente, la sanción será cuestionada o cuestionable. Durante años Argentina ha funcionado como un verdadero semillero de “embarradores de cancha”, especialistas en evitar el cumplimiento de cualquier sanción encontrando el vericueto legal para sortear la pena. Cuando un individuo es corrupto, se rodea de un abogado corrupto, de un juez corrupto...

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También debo decir, en honor a la verdad, que muchos de esos personajes hoy aprecian la realidad entre rejas. Es sumamente lamentable, pero la función pública aglutina un verdadero nido de pichones de coimeros. Ese nido hay que erradicarlo desde el día uno. Sobre esas especies no fomentemos protección alguna. Deben extinguirse rápidamente. La corrupción se muestra en los pasillos y ascensores de los organismos públicos con temerario desparpajo, ostentando en actitudes y gestos una rotunda convicción: “Aquí no va a pasar nada”. Eso en Derecho se llama impunidad. Argentina continúa derivándose y transitando el sendero de lo ilegal. En definitiva, “somos latinos”, “somos heteroculturales”. Una mezcla de culturas donde no adoptamos las pautas éticas de ninguna… Nuestro país corregirá el rumbo cuando vista los pantalones largos de una sociedad despojada de corruptelas. La ecuación perfecta para lograrlo sumará presión social, normas claras y sencillas, y finalmente, un esquema de sanciones inmediatas. Entiéndase sanción no como “pena de muerte en la horca”, sino como una penalización efectiva, de cabal cumplimiento y reprimenda pública. Créanme que para una empresa capaz de invertir cuantiosas fortunas en su imagen, el escarnio social puede resultar letal para su vida en el mercado. Por mis tareas suelo visitar Suiza a menudo. Allí veo carteles en los colegios los cuales sentencian: “Velocidad máxima 30 km”. Cierto día iba con una persona a bordo de su automóvil y pasamos a 40 km. Era domingo. La policía nos detiene por

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“Nuestro país corregirá el rumbo cuando vista los pantalones largos de una sociedad despojada de corruptelas. La ecuación perfecta para lograrlo sumará presión social, normas claras y sencillas, y finalmente, un esquema de sanciones inmediatas.”


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exceso de velocidad y el conductor le dice: “Disculpe oficial pero hoy es domingo”. La agente le responde: “¿Quién le dijo a Usted que los domingos no hay actividad en los colegios?”… La admonición fue similar a si nos hubiese llamado la atención nuestra maestra, nuestra madre, nuestra abuela… o las tres al mismo tiempo… La sanción, créanme, fue moral. Lo cuento y me avergüenzo. Bien, ese click tenemos que experimentar en el seno de la sociedad argentina. Especialmente mi generación, porque tal vez los más jóvenes asimilan mejor estas ideas.

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No les puedo garantizar que algún día contemos con Jueces y Fiscales de semejante envergadura. Más bien tengo la sensación que la justicia se balancea entre no hacer nada y sobreactuar su rol.

Con el tema de la autofinanciación de la política guardo mis serios reparos, puesto que si se va a autoproclamar transparente deberá demostrar una actitud consecuente. Obviamente, aquellos empresarios inescrupulosos continuarán circulando por la izquierda… pero asumirán los riesgos de encontrarse con periodistas como Hugo Alconada Mon y otros, quienes, en nombre de la sociedad, le exigirán explicaciones, les solicitarán amablemente una rendición de cuentas. No les puedo garantizar que algún día contemos con Jueces y Fiscales de semejante envergadura. Más bien tengo la sensación que la justicia se balancea entre no hacer nada y sobreactuar su rol. En medio de ambos extremos, prevalece el camino de la lógica. En ese sentido, el rol de los medios de comunicación resulta fundamental, es muy importante. Pero les pedimos -encarecidamente- a ciertos representantes de esos medios actuar con prudencia. Porque si clavan una aguja donde no corresponde, el daño puede ser para siempre.

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Rigor, investigación seria, bajo porcentaje de sensacionalismo, suelen ser bienvenidas actitudes que gratifican el accionar de la prensa libre.

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Las ONG y la Sociedad Civil cubren un rol importante junto al periodismo, como garantes de la transparencia pública. Son, si se quiere, los peritos capaces de asistir a un Juez o a un Funcionario a comprender mejor.

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Las ONG y la Sociedad Civil cubren un rol importante junto al periodismo, como garantes de la transparencia pública. Son, si se quiere, los peritos capaces de asistir a un Juez o a un Funcionario a comprender mejor. Porque un Funcionario, tal vez, asume en un área la cual no conoce demasiado; entonces, puede convocar a expertos en ese tema. Hay un rol a cubrir en este aspecto por la sociedad civil. Estoy hablando de los empresarios, aquellos quienes desde su parte corporativa -en el buen sentido-, pueden ayudar a mejorar. Muchísimas gracias.”


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Conclusiones del V Foro de Ética y Lucha Anticorrupción Disertante: Ing. Civil Emilio Colón

Ex Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles

Buenos días a todos. Me han encomendado la difícil tarea de brindar las conclusiones de este interesante encuentro, el cual contó con la presencia de calificados expositores.

Debo destacar, para comenzar, el grado de madurez verificado tanto en el presente Foro como en todo el accionar del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Vemos como desde el año 2010 distintas acciones en pos de la transparencia han acrecentado su impronta, derivando en acciones concretas relativas a la prevención de sucesos dolosos, en favor de los matriculados y de la sociedad en su conjunto. Hemos escuchado muchas críticas constructivas hacia las distintas administraciones del gobierno nacional, las cuales son ciertas y justas. Pero vale también formular una certera autocrítica: Fuimos nosotros quienes designamos a esas autoridades, quienes los elegimos democráticamente. En las democracias consolidadas se dice que son los electores quienes tienen el poder de transformar la realidad, pero convengamos también, que se trata de un proceso sumamente difícil. Quien tenga alguna duda de ello, puede observar el fenómeno de Donald Trump en los EEUU. Sabían durante la campaña que no era el candidato idóneo,

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aun así fue nominado, fue elegido Presidente y ahora la sociedad norteamericana no sabe cómo manejar ese fenómeno. Muchos de los expositores, en sus alocuciones, dieron cuenta de un tema cultural relacionado con la corrupción. Quizás no sea solamente un tema cultural, sino de valores. Los valores se inculcan en nuestros hogares y derivan en la calle, en la escuela, en el trabajo. Si perdemos la posibilidad de vivir en términos de valores, asumiendo que los mismos se han desdibujado en todo el mundo, se trataría de uno de los aspectos a recuperar. Solo identificando las falencias será posible mejorar y crecer. Sabiendo que todos somos responsables, podemos ver que los pasos que ha dado el CPIC están bien enfocados, porque en el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles elevamos el mensaje que son los Ingenieros los principales actores en llevar a cabo el tema de la prevención de la corrupción. Por ello es muy importante, detectar las causas de esa corrupción y cómo se puede prevenir. La norma ISO 37001 es una gran herramienta. Ustedes se refirieron al caso Siemens, esa fue una de las acciones analizadas en el desarrollo del Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC). De hecho, parte de las acciones colectivas de Siemens, surgieron desde esa entidad. Muchas de ellas se aplicaron en la norma ISO 37001. Vale decir que no se trata exclusivamente de una temática del campo de la abogacía. La corrupción y todas sus consecuencias demandan una mirada integral, transdisciplinar, donde todos los sectores sociales se encuentren representados, ya que en el caso de los actos delictivos emprendidos contra el

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Si perdemos la posibilidad de vivir en términos de valores, asumiendo que los mismos se han desdibujado en todo el mundo, se trataría de uno de los aspectos a recuperar. Solo identificando las falencias será posible mejorar y crecer.


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Estado, es esa misma sociedad, como alguno de los disertantes expresó, “la que paga los platos rotos”. La denuncia es útil, claro está, pero la denuncia sin continuidad del hecho no tiene razón de ser. Otro aspecto es cómo se obtiene la información, es decir, cómo se llega a conocer el hecho corrupto. En ese sentido, vale traer a la reflexión dos casos. El primero de ellos es el de Panamá papers, el segundo es el de Paraíso papers. ¿Cómo surgieron ambos casos, cómo vieron la luz? Mediante acciones no muy éticas por cierto, no obstante gracias a ellas, se conocieron una serie de denunciantes, la prensa cibernética especializada formó parte de la investigación y el caso hoy es conocido por todos. Entendamos que los gobiernos ya no tienen secretos, porque con sus más y sus menos, han ingresado sus acciones y registrado sus actos en un sistema, lo cual vuelve muy vulnerables a los corruptos. Se mencionó, de hecho, que uno de los representantes de la empresa Siemens emitió un

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“Contamos con mucho más conocimiento y presión pública para frenar la continua impunidad.”

memo detallando las coimas pagadas a funcionarios argentinos… Esas infiltraciones cibernéticas permanecen en tela de juicio, aunque para muchos juristas y expertos en temas de ética anti-corrupción: “El fin justifica los medios”. Contamos con mucho más conocimiento y presión pública para frenar la continua impunidad. Ello es muy importante, especialmente, para atacar a uno de los males asociados a la corrupción: La indiferencia. Indiferencia e impunidad van de la mano. Nuestras sociedades deben lograr un mayor compromiso con la transparencia. Si quieren saber algo más acerca del sistema judicial, tema tratado en profundidad aquí por varios de los ponentes, los invito a leer un libro cuyo título es muy simpático: “The Chickenshit Club”. Su autor es el periodista Jesse Eisinger, galardonado con el premio Pulitzer. Su portada destaca: “¿Por qué el Departamento de Justicia no procesa a los ejecutivos?”. De hecho, su título hace referencia a aquellos fiscales demasiado asustados por el fracaso e intimidados por superiores e impedimentos legales para hacer su trabajo. El texto relata como los fiscales del Departamento de Justicia de los EEUU inculpan en temas de corrupción a personas de menor nivel jerárquico, para gestionar con ellos acuerdos que impidan subir “más arriba” en el orden de culpabilidad y responsabilidad sobre los hechos. El resultado que desnuda Jesse Eisinger en su libro es simple: Impunidad garantizada para los CEOs de las firmas corruptas y resolución expedita de los casos.

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Parte del problema del sistema judicial, tiene que ver con la elección de la ruta más fácil por parte de los fiscales. Entones, en lugar de llegar a juicio claro está que ello insume mucho trabajoformalizan acuerdos para resolver el caso con prontitud. Claramente, ese accionar tangencial garantiza impunidad inmediata. Prevenir la corrupción no es una ruta fácil. Es compleja, requiere compromiso, un costo personal y organizacional. Me uno -junto a todos Ustedes- a los esfuerzos del CPIC para trabajar en la línea del ejercicio transparente de la profesión. Sin dudas, los resultados de estas conferencias y jornadas vislumbran una búsqueda de un futuro mejor. Finalmente, deseo felicitar al CPIC por esta iniciativa, la cual es sumamente valiosa e importante. Muchas gracias”.


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CONCLUSIONES A MODO DE COROLARIO Ing. Civil Roberto Policichio “Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero” Voltaire

“Resulta difícil efectuar un cierre tras las exposiciones magistrales presentadas.

Argentina, debido a sus malas administraciones, ha dilapidado valiosos recursos.

En las distintas disertaciones se hizo hincapié en la forma de contratación, como parte del origen de un sistema instalado, una verdadera “matriz de corrupción sistemática” de compleja erradicación, conformando su desarticulación una lucha cotidiana a emprender entre todos.

Queda claro que el Consejo Profesional de Ingeniería Civil se ha involucrado intensamente en la temática de la ética y anti-corrupción profesional.

Es evidente que la mencionada matriz presenta tres aspectos cruciales; uno es el anticipo financiero; el segundo, el excesivo plazo de finalización de los trabajos y el tercero la no existencia de la obra tras formalizarse su pago total.

1. Crear una campaña de difusión destinada al gran público, a efectos de esclarecer el costo de la corrupción.

La corrupción, cuando se trata de un emprendimiento público, representa un costo para toda la sociedad, la cual, además de haber solventado a través del pago de impuestos un proyecto deficiente, incompleto o inexistente, abona un notorio costo social, al verse privada de los resultados prometidos.

Concretamente, ratificamos nuestras propuestas al respecto en base a los siguientes puntos:

2. Exigir la jura del Código de Ética a todos los profesionales universitarios y técnicos matriculados por el CPIC. 3. Generar acuerdos que incorporen a ingenieros, arquitectos, técnicos, empresarios y consultores, para elaborar una Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Obras y Proyectos Financiados con Fondos Públicos.

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4. Alentar las denuncias de actos de corrupción mediante la instalación de urnas en los Consejos y Colegios Profesionales.

14.Brindar ejemplos sobre la ejecución de obras donde se apliquen y prescriban acciones transparentes y éticas.

5. Crear un Comité específico para analizar e implementar formas de protección a los testigos.

Deseo finalizar estas conclusiones citando un párrafo del documento “UNE-ISO 37001, Sistemas de gestión anti-soborno: Requisitos con orientación para su uso”, el cual creo, sintetiza el espíritu de estas jornadas:

6. Propiciar el control social para las obras de impacto comunitario, a fin de favorecer la intervención de las comunas. 7. Exigir la actualización del Código Urbanístico de Edificación y de Habilitaciones con un eje anticorrupción. 8. Demandar la participación de las instituciones profesionales afines a los temas codificados, de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 9. Propiciar la revisión de la normativa que anuló el Sistema de Verificadores Profesionales Independientes y exigir la intervención de los Consejos para lograr la debida transparencia. 10.Analizar con juristas la incorporación a la legislación de medidas preventivas y sanciones para erradicar la corrupción en obras y servicios públicos. 11.Estudiar la constitución de una entidad técnicojurídica que asesore al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Provinciales y Municipales, sobre formas de combatir el flagelo de la corrupción. 12.Promover un documento el cual represente el compromiso sobre conductas éticas, para ser adoptado y suscripto por empresas constructoras y consultoras. 13.Promover la firma de documentos por parte de Profesionales, Asociaciones y Consejos relacionados con la construcción.

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“El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, desestabiliza los derechos humanos y es un impedimento para el alivio de la pobreza. Introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, sobredimensiona el precio de los bienes públicos, disminuye la calidad de los productos y servicios -pudiendo conducir a la pérdida de vidas-, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados. Una organización bien gestionada debe contar con una política la cual se apoye en sistemas de gestión adecuados para cumplir sus obligaciones legales y compromisos con la integridad. Una política antisoborno, y su sistema de gestión de apoyo, ayudan a la organización a evitar o mitigar los costos, riesgos y daños de involucrarse en actos viles, promoviendo la confianza en las transacciones comerciales para mejorar su reputación”. Trabajemos juntos para derrotar las citadas amenazas. Nuestro Consejo mantiene sus puertas abiertas para acompañarlos en esta batalla. Muchas gracias por su presencia e interés”.


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ANEXO I UNE-ISO 37001 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 37001:2016. Las observaciones a este documento han de dirigirse a: Asociación Española de Normalización Génova, 6 28004 MADRID-España Tel.: 915 294 900 info@une.org www.une.org Depósito legal: M 12240:2017

Introducción El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, desestabiliza los derechos humanos y es un impedimento para el alivio de la pobreza. Introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, sobredimensiona el precio de los bienes públicos, disminuye la calidad de los productos y servicios -pudiendo conducir a la pérdida de vidas-, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados. Los gobiernos han hecho progresos en el tratamiento del soborno a través de acuerdos internacionales tales como la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a través de sus leyes nacionales. En la mayoría de las jurisdicciones, constituye un delito el hecho de que las personas participen en sobornos y hay una tendencia

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cada vez mayor para hacer que las organizaciones, así como las personas, sean responsables de los sobornos. Sin embargo, la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno. Esto se puede lograr a través de un sistema de gestión anti-soborno, el cual se pretende proporcionar por medio de este documento y a través del compromiso de liderazgo para el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento. La naturaleza de la cultura de una organización es crítica para el éxito o fracaso de un sistema de gestión anti-soborno. Una organización bien gestionada debe tener una política de cumplimiento que se apoye en sistemas de gestión adecuados que le ayuden a cumplir sus obligaciones legales y sus compromisos con la integridad. Una política anti-soborno es un componente de una política global de cumplimiento. La política anti-soborno y el sistema de gestión de apoyo ayudan a la organización a evitar o mitigar los costos, riesgos y daños de involucrarse en el soborno, a promover la confianza y la seguridad en las transacciones comerciales y a mejorar su reputación. Este documento refleja las buenas prácticas internacionales y puede ser utilizado en todas las jurisdicciones. Es aplicable a las organizaciones pequeñas, medianas y grandes en todos los sectores, incluidos los públicos, privados y sin fines de lucro. Los riesgos de soborno que enfrenta una organización varían en función de factores tales como el tamaño de la misma, los lugares y sectores en los cuales opera y la naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades. Este documento especifica la implementación por parte de la organización de las políticas, procedimientos y controles que sean razonables y proporcionales de acuerdo con los riesgos de soborno a los cuales se enfrenta. La conformidad con este documento no garantiza que el soborno no haya ocurrido o no vaya a ocurrir en relación con la organización, ya que no es posible eliminar por completo el riesgo de soborno. Sin embargo, este documento puede ayudar a la organización a implementar medidas razonables y proporcionales para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.

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Este documento cumple los requisitos de ISO para normas de sistemas de gestión. Los citados incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico y términos comunes con definiciones diseñadas para beneficiar a los usuarios en la implementación de múltiples normas ISO de sistemas de gestión.

Objeto y campo de aplicación Este documento especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión anti-soborno, el cual puede ser independiente o puede integrarse en un sistema de gestión global. Se aborda en relación con las actividades de la organización: • Soborno en los sectores público, privado y sin fines de lucro. • Soborno por parte de la organización. • Soborno por parte de personal de la organización quien actúa en nombre de la organización o para su beneficio. • Soborno por parte de socios de negocios de la organización, quienes actúan en nombre de la organización o para su beneficio. • Soborno a la organización. • Soborno del personal de la organización en relación con las actividades de la misma. • Soborno de los socios de negocios de la organización en relación con las actividades de la misma. • Soborno directo e indirecto (Por ejemplo, un soborno ofrecido o aceptado por o a través de un tercero. Este documento es aplicable solo para el soborno. En él se establecen los requisitos y se proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para ayudar a una organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes anti-soborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades. El texto no aborda específicamente temas de fraude, carteles y otros delitos de anti-monopolio y competencia, el lavado de dinero u otras actividades relacionadas con las prácticas corruptas, a pesar que una organización puede optar por ampliar el alcance del sistema de gestión para incluir dicho tipo de actividades. Los requisitos del presente documento son genéricos y


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se pretende sean aplicables a todas las organizaciones (o partes de una), independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, ya sea en los sectores públicos, privados o sin fines de lucro.

Sistema de gestión anti-soborno La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y revisar continuamente y, cuando sea necesario, mejorar el sistema de gestión anti-soborno, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos del presente documento. El sistema de gestión anti-soborno debe contener medidas diseñadas para identificar y evaluar el riesgo, y prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Será razonable y proporcionado, teniendo en cuenta los factores mencionados.

Evaluación del riesgo de soborno La organización realizará de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno, los cuales deben: • Identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar razonablemente. • Analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno identificados. • Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes en la organización para mitigar los riesgos de soborno evaluados. La organización debe establecer criterios para evaluar su nivel de riesgo de soborno, los cuales considerarán las políticas y objetivos de la organización. La evaluación del riesgo de soborno será revisada: • De forma regular, a fin que los cambios y la nueva información puedan evaluarse adecuadamente, con base en el tiempo y la frecuencia definidos por la organización. • En el caso de un cambio significativo en la estructura o las actividades de la organización. La compañía debe conservar la información documentada, capaz de demostrar que se ha llevado a cabo la evaluación del riesgo de soborno, y utilizado para diseñar o mejorar el sistema de gestión anti-soborno.

Liderazgo y compromiso: Órgano de gobierno Cuando la organización cuente con un órgano de gobierno, dicho órgano demostrará su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión anti-soborno, a través de: • Aprobar la política anti-soborno de la organización. • Asegurar una estrategia de la organización y política anti-soborno alineadas. • Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y funcionamiento del sistema de gestión anti-soborno de la organización. • Requerir que los recursos adecuados y apropiados, necesarios para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión anti-soborno, sean asignados y distribuidos. • Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión anti-soborno de la organización por parte de la alta dirección y su eficacia. Estas actividades deben llevarse a cabo por parte de la alta dirección, si la organización no cuenta con un órgano de gobierno.

Alta dirección Toda alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión anti-soborno: • Asegurándose que el sistema de gestión anti-soborno, incluyendo su política y objetivos, se establezca, implemente, mantenga y revise para bordar adecuadamente los riegos de soborno. • Garantizando la integración de los requisitos del sistema de gestión anti-soborno en los procesos de la organización. • Desplegando recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema anti-soborno. • Comunicando, interna y externamente, lo relacionado con la política anti-soborno. • Informando internamente la importancia de una gestión eficaz anti-soborno y la conformidad con los requisitos del sistema de gestión al respecto.

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• Asegurándose que el sistema de gestión anti-soborno esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos. • Dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia del sistema de gestión anti-soborno. • Promoviendo una cultura anti-soborno apropiada dentro de la organización. • Alentando la mejora continua. • Apoyando a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la prevención y detección de soborno en la medida en la que se aplique a sus áreas de responsabilidad. • Fomentando el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el soborno real. • Asegurándose de que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la política anti-soborno de la organización, o por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa puede dar lugar a la pérdida de negocios para la organización (Excepto cuando el individuo participó en la violación). • Reportando, en intervalos planificados, al órgano de gobierno (si existe) sobre el contenido y funcionamiento del sistema de gestión anti-soborno y de las denuncias de soborno graves y/o sistemáticas.

Política anti-soborno La alta dirección debe establecer, mantener y revisar una política anti-soborno, la cual: • Prohíba el soborno. • Requiera del cumplimiento de las leyes anti-soborno aplicables a la organización. • Sea adecuada para el propósito de la organización. • Proporcione un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos anti-soborno. • Incluya el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión anti-soborno. • Promueva el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias. • Adopte un compromiso de mejora continua.

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• Explique la autoridad e independencia de la función de cumplimiento anti-soborno. • Detalle las consecuencias de no cumplir con políticas anti-soborno. Una óptima política anti-soborno debe: • Encontrarse disponible como información documentada. • Comunicarse en los idiomas apropiados dentro de la organización y a los socios de negocios, quienes representan cierto riesgo de soborno. • Permanecer disponible ante las pertinentes partes interesadas, según corresponda.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La alta dirección será la responsable general por la implementación y cumplimiento del sistema de gestión anti-soborno. Deberá asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro y a través de todos los niveles de la organización. Los directores de cada nivel serán responsables de demandar los requisitos del sistema de gestión anti-soborno, los cuales se apliquen y cumplan en su departamento o función. El órgano de gobierno (si existe), la alta dirección y cualquier otro miembro del personal, serán también responsables de entender, cumplir y aplicar los requisitos del sistema de gestión anti-soborno, en lo concerniente a su rol dentro de la organización.

Función de cumplimiento anti-soborno La alta dirección asignará a la función de cumplimiento anti-soborno la responsabilidad y autoridad para: • Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión anti-soborno por parte de la organización. • Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión anti-soborno y las cuestiones relacionadas con el soborno. • Asegurarse que el sistema de gestión anti-soborno


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es conforme con los requisitos de ese documento. • Informar sobre el desempeño del sistema de gestión anti-soborno al órgano de gobierno (si existe), a la alta dirección y a otras funciones de cumplimiento, según corresponda. La función de cumplimiento anti-soborno será provista de recursos adecuados y asignada a las personas que tengan la competencia, posición, autoridad e independencia apropiadas. La función de cumplimiento anti-soborno tendrá acceso directo y rápido al órgano de gobierno (si existe) y a la alta dirección en el caso de plantear cualquier cuestión o inquietud en relación con el soborno o el sistema de gestión anti-soborno. La alta dirección puede asignar parte o la totalidad de la función de cumplimiento anti-soborno a personas externas a la organización. Si lo hace, la alta dirección asegurará qué personal específico será responsable sobre aquellas partes de la función asignadas externamente.

Delegación de la toma de decisiones Cuando la alta dirección delegue al personal la autoridad para la toma de decisiones en las que existe un riesgo bajo de soborno, la organización debe establecer y mantener un proceso de toma de decisiones, o un conjunto de controles, los cuales requieran que el proceso de toma de decisiones y el nivel de autoridad de las personas sean apropiados y libres de conflictos de intereses reales o potenciales. La alta dirección revisará periódicamente los procesos, como parte de sus responsabilidades para la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión anti-soborno.

Acciones para tratar riesgos y oportunidades Al planificar el sistema de gestión anti-soborno, la organización estimará las siguientes cuestiones: • Asegurar razonablemente que el sistema de gestión anti-soborno puede lograr sus objetivos. • Prevenir o reducir efectos no deseados relacionados con la política y objetivos del sistema anti-soborno. • Realiza un seguimiento sobre la eficacia del sistema

de gestión anti-soborno. • Lograr una mejora continua. Por su parte, la organización debe planificar: • Las acciones para abordar estos riesgos de soborno y las oportunidades de mejora. • La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión anti-soborno. • Evaluar la eficacia de las acciones.

Objetivos anti-soborno y planificación para lograrlos La organización establecerá los objetivos del sistema de gestión anti-soborno para las funciones y niveles pertinentes. Dichos objetivos deben: • • • • • •

Ser coherentes con la política anti-soborno. Ser cuantificables (si es posible). Ser alcanzables. Ser objeto de seguimiento. Comunicarse fehacientemente. Actualizarse, según corresponda.

La organización conservará información documentada sobre los objetivos del sistema de gestión anti-soborno. Cuando se ejecute su planificación, la organización determinará: • • • • • •

Qué se va a hacer. Qué recursos se requerirán. Quién será responsable. Cuándo se alcanzarán los objetivos. Cómo se evaluarán e informarán los resultados. Quién impondrá sanciones o penalidades.

La organización determinará y proporcionará los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión anti-soborno.

Competencia: Generalidades La organización deberá:

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• Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo el cual afecte al desempeño anti-soborno. • Asegurar que esas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. • Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones adoptadas. • Conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

Proceso de contratación En relación con todo su personal, la organización implementará procedimientos tales que: • Las condiciones de contratación requieran que el personal cumpla con la política anti-soborno y el sistema de gestión anti-soborno y brinden a la organización el derecho para disciplinar al personal en caso de incumplimiento. • Dentro de un período razonable desde al comienzo de su empleo, el personal reciba una copia de, o se le proporcionará el acceso a la política anti-soborno y a la formación en relación con dicha política. • La organización dispondrá de procedimientos los cuales le permitan tomar medidas disciplinarias apropiadas contra el personal que viole la política anti-soborno o el sistema de gestión anti-soborno. • El personal no sufra represalias, discriminación o medidas disciplinarias (Por ejemplo, mediante amenazas, aislamiento, degradación, impedimentos para su ascenso, traslado, despido, bullying, victimización u otras formas de acoso) por: o Negarse a participar en, o por rechazar, cualquier actividad respecto de la cual ellos juzgarán razonablemente un riesgo de soborno no mitigado por la organización. o Las inquietudes planteadas o informes realizados de buena fe, o sobre la base de una creencia razonable, de intento real o sospecha de soborno o violaciones de la política anti-soborno o del sistema de gestión anti-soborno (Excepto cuando el individuo participó en la violación).

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En relación con todas las posiciones expuestas a un riesgo de soborno, según lo establecido en la evaluación del riesgo de soborno, y al cumplimiento de la función anti-soborno, la organización aplicará procedimientos capaces de proporcionar que: • La debida diligencia se lleve a cabo sobre las personas antes de ser empleadas, y el personal antes de ser transferido o promovido por la organización, para determinar, en la medida de lo razonable, que es apropiado emplearlos o reubicarlos, estimándose que los mismos van a cumplir con los requisitos de la política anti-soborno y del sistema de gestión antisoborno. • Los bonos de desempeño, metas y otros elementos de incentivos de la remuneración se revisen periódicamente para comprobar la existencia de garantías mínimas desarrolladas para evitar fomentar el soborno. • Dicho personal, además de la alta dirección y el órgano de gobierno (si existe), presente una declaración, a intervalos factibles, proporcionales con el riesgo de soborno identificado, donde confirme su cumplimiento con la política anti-soborno.

Toma de conciencia y formación La organización debe facilitar la toma de conciencia y formación anti-soborno adecuada y apropiada para el personal. Dicha formación debe abordar las siguientes cuestiones, en la medida en que sean adecuadas, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del riesgo de soborno: • La política, los procedimientos y el sistema de gestión anti-soborno de la organización y su deber de cumplir con ellos. • El riesgo de soborno y el daño resultante del soborno para ellos y la organización. • Las circunstancias en las cuales el soborno puede ocurrir en relación con sus funciones, y cómo reconocer esas circunstancias. • Cómo reconocer y responder a las solicitudes u ofertas de soborno. • Cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer indicadores de riesgo de soborno.


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• Su contribución a la eficacia del sistema de gestión anti-soborno, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y de reportar cualquier sospecha de malversación. • Las implicancias y potenciales consecuencias del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión anti-soborno. • Cómo y a quién deben informar de cualquier inquietud. • Datos específicos sobre la formación y recursos disponibles. Se debe facilitar la toma de conciencia anti-soborno y formación al personal con regularidad (en plazos planificados y determinados por la organización), según resulte apropiado a sus funciones, respecto de los riesgos de soborno a los cuales permanezca expuesto, y cualquier cambio en las circunstancias. Los programas de toma de conciencia y formación se deben actualizar periódicamente, según sea necesario para reflejar la nueva información relevante. Teniendo en cuenta los riesgos de soborno identificados, la organización implementará procedimientos capaces de contemplar la toma de conciencia anti-soborno y la formación de los socios de negocios quienes actúan en su nombre o en su beneficio y puedan suponer más de un riesgo de soborno para la organización. Estos procedimientos deben identificar a los socios de negocios para los cuales es necesario la toma de conciencia y formación, su contenido, y los medios mediante los cuales se proporcionará la formación. La organización documentará los detalles respecto de los procedimientos de formación, el contenido de la misma, y cuándo y quién la recibió.

La política anti-soborno se pondrá a disposición de todo el personal de la organización y socios de negocios, comunicando directamente tanto al personal como a los socios de negocios que suponen un riesgo de soborno, y se publicará a través de canales internos y externos de la organización, según sea apropiado.

Información documentada El sistema de gestión anti-soborno de la organización incluirá: • La información requerida por ese documento. • La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión anti-soborno. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión anti-soborno puede variar de una organización a otra, debido a: • El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. • La complejidad de los procesos y sus interacciones. • La competencia del personal. La información documentada puede archivarse por separado como parte del sistema de gestión anti-soborno, o puede separarse como parte de otros sistemas de gestión (Por ejemplo, de cumplimiento, financiero, comercial, de auditoria, etc.).

Creación y actualización Comunicación La organización determinará las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión antisoborno, incluyendo: • ¿Qué comunicar? • ¿Cuándo comunicar? • ¿A quién comunicar? • ¿Cómo comunicar? • ¿Quién comunica? • ¿En qué idioma comunicar?

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de lo siguiente: • La identificación y descripción (Por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia). • El formato (Por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (Por ejemplo, papel, electrónico). • La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

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Control de la información documentada La información documentada requerida por el sistema de gestión anti-soborno -y por este documento- se controlará para asegurarse que: • Se encuentre disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. • Permanezca protegida adecuadamente (Por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, de integridad o uso inadecuado). Para el control de la información documentada, la organización abordará las siguientes actividades, según corresponda: • Distribución, acceso, recuperación y uso. • Almacenamiento, incluida la preservación de la legibilidad. • Control de cambios (Por ejemplo, control de versión). • Conservación y disposición. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión anti-soborno se identificará, según sea apropiado. El acceso puede implicar una decisión en relación con el permiso solamente para consultar la información documentada, o el permiso y la autorización para consultar y modificar la información documentada.

Planificación y control operacional La organización planificará, implementará, revisará y controlará los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión anti-soborno e implementará las acciones determinadas mediante: • El establecimiento de criterios para los procesos. • La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. • Manteniendo información documentada en la medida necesaria, confiando que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

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La organización controlará los cambios planificados y revisará las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. Por otro lado, deberá asegurarse que los procesos contratados externamente se encuentren controlados. El texto esencial de las normas ISO de sistemas de gestión contiene un requisito en relación con la contratación externa, el cual no es utilizado en este documento, ya que proveedores externos fueron incluidos en la definición de socio de negocios.

Debida diligencia La “Debida Diligencia” se lleva a cabo cuando la evaluación del riesgo de soborno de la organización ha considerado un riesgo en relación con: • Determinadas categorías de transacciones, proyectos o actividades. • Las relaciones existentes o planificadas con ciertas categorías de socios de negocios. • Categorías específicas del personal en posiciones claves. La organización ponderará la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y el personal, pertenecientes a estas categorías específicas. Esa evaluación incluirá cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente a efectos de evaluar el riesgo de soborno. La debida diligencia debe actualizarse con una frecuencia definida para que los cambios y la nueva información puedan estimarse debidamente. La organización puede concluir que es innecesario, injustificado o desproporcionado llevar a cabo la debida diligencia en ciertas categorías del personal y socios de negocios.

Controles financieros La organización fijará controles financieros responsables de gestionar el riesgo de soborno.


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Controles no financieros La organización estimará controles no financieros para gestionar el riesgo de soborno en áreas tales como compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos, actividades legales y reglamentarias.

Implementación de los controles anti-soborno por organizaciones controladas y por socios de negocios La organización propondrá procedimientos los cuales demanden que todas las demás organizaciones sobre las que tiene control: • Implementen el sistema de gestión anti-soborno de la organización. • Implementen sus propios controles anti-soborno. En cada caso, solo en la medida de lo razonable y proporcional, en relación a los riesgos de soborno a los cuales se enfrentan las organizaciones controladas, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de soborno realizada de conformidad. En relación con los socios de negocios no controlados por la organización para los que la evaluación del riesgo de soborno o la debida diligencia han identificado un bajo riesgo de soborno, y donde los controles anti-soborno implementados por los socios de negocios ayudarían a mitigar el riesgo de soborno relevante, la organización deberá implementar procedimientos de la siguiente manera: • La organización determinará si el socio de negocios mantiene implementados controles anti-soborno los cuales gestionan el riesgo relevante de soborno. • Donde un socio de negocios no tiene en marcha controles anti-soborno, o no es posible verificar si los tiene implementados: o Donde sea posible, la organización exigirá al socio de negocios la implementación de controles anti-soborno en relación con la transacción, proyecto o actividad correspondiente. o Donde no es posible exigir al socio de negocios implementar controles anti-soborno, ello será un factor a tomar en cuenta al evaluar el riesgo de soborno de la

relación con ese socio de negocios y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos.

Compromisos anti-sobornos Para socios de negocios los cuales representan un riesgo de soborno, la organización debe implementar procedimientos los cuales exijan, en la medida de lo posible, que: • Los socios de negocios se comprometan a prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio del socio de negocios en relación con la transacción, proyecto, actividad o relación correspondiente. • La organización sea capaz de poner fin a la relación con el socio de negocios en el caso de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio del socio de negocios en relación con la transacción, proyecto, actividad o relación correspondiente. • Cuando no sea posible cumplir ninguno de los requisitos anteriores, este será un factor a considerar para evaluar el riesgo de soborno de la relación con ese socio de negocios y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos.

Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares La organización considerará procedimientos diseñados para prevenir la oferta, suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, en los cuales la oferta, el suministro o la aceptación constituyen o podrían constituirse como soborno.

Gestión de los controles anti-soborno inadecuados Cuando la debida diligencia realizada en una transacción, proyecto, actividad o relación específica, con un socio de negocios, establece que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados por los controles anti-soborno existentes, y la organización no puede o no desea implementar controles anti-soborno, mejoras, adicionales o tomar otras medidas adecuadas (tales como cambiar la naturaleza de la transacción, proyecto, acti-

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vidad o relación) para permitir gestionar los riesgos de soborno pertinentes, la organización debe:

Investigar y abordar el soborno La organización implantará procedimientos para:

• En el caso de una transacción, proyecto, actividad o relación existente, adoptar las medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la transacción, proyecto, actividad o relación para terminar, interrumpir, suspender o retirarse tan pronto como sea posible. • En el caso de una nueva propuesta de transacción, proyecto, actividad o relación, posponer o negarse a continuar con ella.

Planteo de inquietudes La organización implementará procedimientos, para: • Fomentar y facilitar que las personas reporten, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno, supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el sistema de gestión antisoborno, a la función de cumplimiento anti-soborno o al personal apropiado (ya sea directamente o a través de una tercera parte apropiada). • Salvo en la medida requerida para el avance de una investigación, solicitar que la organización trate los informes de forma confidencial con el fin de proteger la identidad del informante y otras personas quienes participen o se haga referencia en el informe. • Permitir la denuncia anónima. • Prohibir represalias, y proteger a quienes realicen el reporte de represalias, después de que ellos, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, hayan planteado o reportado el intento de soborno, supuesto o real o violaciones de la política anti-soborno o del sistema de gestión. • Posibilitar que el personal reciba el asesoramiento apropiado sobre qué hacer si se enfrentan a un problema o situación capaz de involucrar un hecho de soborno. La organización debe asegurarse que todo el personal permanezca al tanto del reporte y sean capaces de utilizarlos, tomando conciencia de sus derechos y protecciones de conformidad con los procedimientos.

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• Requerir una evaluación y, cuando sea apropiado, la investigación de cualquier soborno, o el incumplimiento de la política anti-soborno o el sistema de gestión anti-soborno, que haya sido informado, detectado o bajo razonable sospecha. • Demandar medidas apropiadas cuando la investigación revele algún soborno, el incumplimiento de la política anti-soborno o del sistema de gestión. • Facilitar a los investigadores los datos necesarios. • Solicitar la cooperación en la investigación del personal pertinente. • Peticionar que el estado y los resultados de la investigación sean reportados a la función de cumplimiento anti-soborno y a otras funciones de cumplimiento, según corresponda. • Admitir que la investigación se lleve a cabo de forma confidencial y sus resultados sean reservados. La investigación será llevada a cabo en forma confidencial y reportada por personal que no actúa dentro del rol o función escrutada. La organización puede nombrar a un socio de negocios para llevar a cabo la investigación e informar sobre los resultados a los miembros del personal que no forme parte del rol o función que está siendo vigilado.

Evaluación de desempeño En cuanto al seguimiento, medición, análisis y evaluación, la organización estudiará: • ¿Qué se necesita para el seguimiento y medición? • ¿Quién es responsable del seguimiento? • Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos. • ¿Cuándo se llevarán a cabo el seguimiento y la medición? • ¿Cuándo se analizarán y evaluarán los resultados del seguimiento y la medición? • ¿A quién y cómo se debe reportar dicha información?


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La organización conservará la información documentada como evidencia de los métodos y resultados, evaluando al mismo tiempo, el desempeño anti-soborno y la eficacia y eficiencia del sistema de gestión adoptado.

Auditoria interna La organización llevará a cabo auditorias internas en lapsos planificados, a fin de proporcionar información acerca de si el sistema de gestión anti-soborno: • Es conforme con: o Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión anti-soborno. o Los requisitos de este documento. • Se implementa y mantiene eficazmente. Entonces, la organización debe: • Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoria los cuales incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en cuenta la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorias previas. • Definir los criterios de la auditoria y el alcance para cada una de ellas. • Seleccionar los auditores competentes y llevar a cabo auditorias para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso. • Asegurar que los resultados de las auditorias se informan a la dirección pertinente, a los niveles de dirección, a la función de cumplimiento anti-soborno, a la alta dirección y cuando sea apropiado, al órgano de gobierno (si existe). • Conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoria y de los resultados de las mismas. Estas auditorias serán razonables, proporcionadas y basadas en el riesgo. Consistirán en procesos de tipo interno u otros procedimientos los cuales revisen los

controles y sistemas para: • Soborno o sospecha de soborno. • Violación de los requisitos de la política anti-soborno o del sistema de gestión anti-soborno. • Fracaso al no contemplar los socios de negocios los requisitos anti-soborno aplicables de la organización. • Debilidades u oportunidades de mejora en el sistema de gestión anti-soborno. Para asegurar la objetividad e imparcialidad de esos programas de auditoria, la organización asegurará: • Una función independiente o por personal establecido o designado para este proceso. • La función de cumplimiento anti-soborno (a menos que el alcance de la auditoria incluya una evaluación del propio sistema de gestión anti-soborno, o un trabajo similar donde la función de cumplimiento antisoborno resulte responsable). • Una persona apropiada de un departamento o función distintos del auditado. • Una tercera parte apropiada. La organización asegurará que ningún auditor esté realizando la auditoria de su propia área de trabajo.

Revisión por la alta dirección La alta dirección revisará el sistema de gestión anti-soborno de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión por parte de la alta dirección analizará consideraciones sobre: • El estado de las acciones de las revisiones previas. • Los cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al sistema de gestión anti-soborno. • La información sobre el desempeño del sistema antisoborno, incluidas las tendencias relativas a: • • • •

No conformidades y acciones correctivas. Resultados de seguimiento y mediciones. Resultados de las auditorias. Reporte de sobornos.

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• Investigaciones. • La naturaleza y extensión de los riesgos de soborno enfrentados por la organización. • La eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos de soborno. Los resultados de la revisión de la alta dirección estimarán las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora y cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión anti-soborno. Un resumen de los resultados de la revisión será comunicado al órgano de gobierno (si existe). La organización conservará la información documentada como evidencia de las revisiones.

Mejora: No conformidades y acciones correctivas Cuando ocurre una no conformidad, la organización deberá: • Reaccionar inmediatamente ante la no conformidad, y según sea aplicable: • Tomar acciones para controlarla y corregirla. • Hacer frente a las consecuencias. • Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni suceda en otra parte, mediante:

Revisión por el órgano de gobierno El órgano de gobierno (si existe) se encargará de examinar periódicamente el sistema de gestión anti-soborno con base en la información proporcionada por la alta dirección y por la función de cumplimiento antisoborno, más cualquier otra información que el órgano de gobierno puede solicitar u obtener. La organización conservará el resumen de la información documentada como evidencia de los resultados.

Revisión por la función de cumplimiento anti-soborno La función de cumplimiento anti-soborno evaluará de forma continua si el sistema de gestión anti-soborno es: • Adecuado para gestionar eficazmente los riesgos de soborno a los cuales se enfrenta la organización. • Está siendo implementado de manera eficaz. La función de cumplimiento anti-soborno informará a intervalos planificados y sobre una base ad hoc, si es apropiado, al órgano de gobierno (si existe) y a la alta dirección, o a un comité apropiado del órgano de gobierno o de la alta dirección, sobre la adecuación e implementación del sistema de gestión anti-soborno, incluyendo los resultados de las investigaciones y auditorias.

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• La revisión de la no conformidad. • La determinación de las causas de la no conformidad. • La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir. • Implementar cualquier acción necesaria. • Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. • Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión anti-soborno. Las acciones correctivas serán apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. La organización reservará la información documentada, como evidencia de: • La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. • Los resultados de cualquier acción correctiva.

Mejora continua La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión antisoborno.


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Orientación sobre el uso de esta Norma Internacional Generalidades La orientación es solamente ilustrativa. Su finalidad radica en indicar, en algunas áreas específicas, el tipo de acciones que una organización puede tomar en la implementación de su sistema de gestión anti-soborno. Este no pretende ser exhaustivo ni prescriptivo, ni es requerido que una organización implemente las siguientes medidas con el fin de tener un sistema de gestión anti-soborno el cual cumpla con los requisitos de este documento. Los pasos dados por la organización deberían ser razonables y proporcionales, teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de los riesgos de soborno enfrentados. En la bibliografía se incluye una lista de publicaciones sobre buenas prácticas en gestión anti-soborno como guía adicional.

Alcance del sistema de gestión anti-soborno Sistema de gestión anti-soborno independiente o integrado La organización puede optar por implementar este sistema de gestión anti-soborno como un sistema independiente o como parte integrante de un sistema general de gestión de cumplimiento (en cuyo caso, la organización puede consultar la Norma ISO 19600). También puede optar por implementar este sistema de gestión en paralelo a, o como parte de, sus otros sistemas, como los de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad de la información (allí la organización puede referirse a las Normas ISO 9001, ISO 14001, e ISO/IEC 27001), así como ISO 26000 e ISO 31000.

Pagos de facilitación y extorsión “Pagos de facilitación” es el término dado a un pago ilegal o no oficial realizado a cambio de servicios que el pagador está legalmente autorizado para recibir sin realizar dicho pago.

Normalmente, se trata de un pago relativamente menor hecho a un funcionario público o una persona con una función de certificación, con el fin de asegurar o agilizar el curso de un trámite o acción necesaria, tales como la emisión de una visa, permiso de trabajo, despacho de aduanas o la instalación de un teléfono. Los pagos de facilitación son a menudo considerados como de naturaleza diferente a, por ejemplo, un soborno pagado para ganar negocios. Resultan ser ilegales en la mayoría de los países, y son tratados como sobornos a los efectos de este documento y, por lo tanto, deben prohibirse por parte del sistema de gestión de anti-soborno de la organización. Un pago de extorsión es cuando el dinero es extraído por la fuerza por parte del personal mediante amenazas reales o percibidas contra la salud, la seguridad o la libertad y está fuera del alcance del presente documento. La seguridad y la libertad de una persona es de suma importancia y muchos sistemas legales no penalizan que quien tema razonablemente por su propia salud, seguridad o libertad, o la de otra persona, realice un pago. Por lo tanto, la organización desarrollará una política para permitir un pago por parte del personal en circunstancias en las cuales este tenga miedo al peligro inminente por su propia salud, seguridad o libertad o la de otra persona. La organización debería proporcionar a cualquier miembro del personal con solicitudes o demandas de pago, orientación específica sobre cómo evitarlos y tratar con ellos. Dicha orientación podría incluir, por ejemplo: • Acciones específicas adoptadas por cualquier miembro del personal que se enfrente con una demanda de pago, tales como: o En el caso de un pago de facilitación, pedir una prueba de que el pago es legítimo, y un recibo oficial de pago y, si no existe una prueba satisfactoria disponible, negarse a formalizar el pago. o En el caso de un pago extorsivo, realizarlo si su salud, seguridad o libertad, o la de otro, se ve amenazada.

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• Especificar la acción a adoptar por parte del personal que efectuará un pago de facilitación o extorsión: o Llevar a cabo un registro del evento. o Informar del hecho a un director apropiado o a la función de cumplimiento anti-soborno. • Especificar la acción adoptada por la organización cuando el personal haya hecho un pago de facilitación o extorsión: o Se nombra a un director adecuado para investigar el evento (preferentemente, de la función de cumplimiento anti-soborno o un gerente independiente del personal del departamento o función). o Registrar correctamente el pago en cuentas de la organización. o En su caso, o si es requerido por la ley, informar del pago a las autoridades pertinentes.

Razonable y proporcional El soborno normalmente se oculta. Este puede ser difícil de prevenir, detectar y enfrentar. Reconociendo esas dificultades, la intención general de este documento es que el órgano de gobierno (si existe) y la alta dirección de una organización necesitan tener: • Un compromiso genuino para prevenir, detectar y enfrentar al soborno en relación con negocios o actividades de la organización. • Con intención genuina, implementar medidas en la organización diseñadas para prevenir, detectar y enfrentar al soborno. Las medidas no pueden ser tan costosas, complicadas y burocráticas para volverlas inasequibles o detener las actividades de un negocio. Tampoco pueden ser tan simples e ineficaces, provocando que el soborno pueda desarrollarse fácilmente. Las medidas serán las adecuadas al riesgo de soborno, y presentarán una posibilidad razonable de éxito en su objetivo de prevenir, detectar y enfrentarlo. Si bien los tipos de medidas anti-soborno que necesitan implementarse resultan bien reconocidas por las bue-

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nas prácticas internacionales, algunas de las cuales se reflejan como requisitos de este documento, el detalle de las medidas a implementarse difieren ampliamente de acuerdo con las circunstancias pertinentes. Es imposible prescribir exactamente lo que una organización debería hacer en cualquier circunstancia particular. La calificación de la "razonabilidad y proporcionalidad" se ha introducido en este documento, de manera que cada circunstancia pueda juzgarse dados sus propios méritos. Los siguientes ejemplos pueden servir de orientación sobre cómo la calificación "razonable y proporcional" se puede aplicar en relación con las diferentes circunstancias. • Una importante organización multinacional puede tratar con múltiples niveles de gestión y miles de personas. Su sistema de gestión anti-soborno será, por consiguiente, mucho más detallado respecto del de una organización pequeña con poco personal. • Una organización con actividades en un lugar donde exista un alto riesgo de soborno demandará una evaluación del riesgo más exhaustiva y procedimientos de debida diligencia, además de un mayor nivel de control anti-soborno en sus transacciones comerciales, en relación con una organización con actividades en una ubicación de menor riesgo de soborno, o donde el soborno es relativamente raro. • A pesar de que el riesgo de soborno existe en relación con varias transacciones o actividades, la evaluación de su riesgo, los procedimientos de debida diligencia y los controles implementados por una organización involucrada en una transacción de alto valor o actividades que impliquen una amplia gama de socios de negocios, es probable que sean más amplios respecto de los implementados por una organización en relación con un negocio el cual implica la venta de artículos de menor valor a los múltiples clientes o muchas transacciones más pequeñas con un solo grupo. • Una organización con una gama muy amplia de socios de negocios puede concluir, como parte de su evaluación del riesgo de soborno, que ciertas categorías de socios de negocios, tales como clientes al por menor, tienen poca probabilidad de representar más


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que un riesgo bajo de soborno, y tenerlo en cuenta en el diseño e implementación de su sistema de gestión. Por ejemplo, la debida diligencia es poco probable que sea necesaria, o sea un control proporcional y razonable, en relación con los clientes minoristas quienes compran artículos tales como bienes de consumo de la organización. Si bien existe el riesgo de soborno en relación con varias transacciones, una organización debería implementar un nivel más amplio de control de anti-soborno durante una transacción de alto riesgo respecto de una transacción de bajo riesgo de soborno. En este contexto, es importante entender que la identificación y aceptación de un bajo riesgo de soborno no significan que la organización puede aceptar el hecho de su ocurrencia. Es decir, el riesgo de que se produzca un soborno no es lo mismo que la ocurrencia de un soborno. Por lo tanto, una organización puede plantear una "tolerancia cero" para la ocurrencia de un soborno, al tiempo de dedicarse al comercio en situaciones en las cuales pueda preverse un bajo riesgo de soborno, o más que un riesgo bajo de soborno (siempre y cuando, se apliquen las medidas adecuadas de mitigación). La orientación adicional sobre los controles específicos se proporciona a continuación.

Evaluación del riesgo del soborno La intención de la evaluación del riesgo del soborno radica en permitir a la organización formar una base sólida para su sistema de gestión anti-soborno. Dicha evaluación identifica los riesgos de soborno en los que el sistema de gestión se enfocará, vale decir, los riesgos de soborno considerados por la organización como una prioridad para la mitigación de riesgos, la implementación del control y la asignación de personal de cumplimiento, recursos y actividades. Cómo la organización lleva a cabo la evaluación del riesgo de soborno, la metodología empleada, cómo los riesgos de soborno se ponderan y priorizan, y el nivel de riesgo de soborno que se acepta (es decir, "apetito de riesgo") o tolera, permanecen todos a criterio de la organización.

En particular, es la organización quien establece los criterios para evaluar el riesgo de soborno (por ejemplo, si un riesgo es "bajo", "medio" o "alto"), sin embargo, al hacerlo, debería tener en cuenta su política y objetivos anti-soborno. A continuación, se proporciona un ejemplo de cómo una organización puede optar por emprender esta evaluación. • Seleccionar los criterios de evaluación del riesgo de soborno. Por ejemplo, la organización puede seleccionar un criterio de 3 niveles ("bajo", "medio", "alto"), criterios más detallados con 5 o 7 niveles o un enfoque más específico. Los criterios consideran a menudo varios factores, incluyendo la naturaleza del riesgo de soborno, la probabilidad de su ocurrencia y la magnitud de sus consecuencias, en caso de producirse. • Evaluar los riesgos de soborno planteados por el tamaño y estructura de la organización. Una pequeña organización basada en un solo lugar con los controles de gestión centralizados en manos de unas pocas personas, será capaz de controlar su riesgo de soborno más fácilmente respecto de una organización muy grande, con una estructura descentralizada que opera en muchos lugares. • Examinar los lugares y sectores en los cuales opera la organización o anticiparse a las acciones y evaluar el nivel de riesgo de soborno que esos lugares y sectores pueden plantear. Un índice de soborno apropiado se puede utilizar para ayudar en esa evaluación. Lugares o sectores con un mayor riesgo de soborno pueden ser considerados, por ejemplo, como de riesgo "medio" o "alto", lo cual puede dar lugar a establecer un nivel más alto para los controles aplicables a las actividades de la organización en esos lugares o sectores. • Examinar la naturaleza, magnitud y complejidad de los tipos de actividades y operaciones de la organización. o Por ejemplo, puede ser más fácil controlar el riesgo de soborno de una organización que lleva a cabo una pequeña operación de fabricación en un lugar, respecto del de una organización involucrada en nume-

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rosos e importantes proyectos de construcción en varios lugares. o Algunas actividades derivan en riesgos específicos de soborno. Por ejemplo, disposiciones de compensación, mediante las cuales el gobierno compra productos o servicios, y requiere que el proveedor reinvierta una proporción del valor del contrato en el país de compra. La organización debería tomar las medidas apropiadas para prevenir que los acuerdos de compensación constituyan soborno. • Examinar los tipos existentes y potenciales de socios de negocios por categorías de la organización, y en principio, evaluar el riesgo de soborno planteado. Por ejemplo: o La organización puede sumar un gran número de clientes quienes compran productos de muy bajo valor, y que en la práctica, suponen un riesgo mínimo para el soborno de la organización. En este caso, se considerará a estos clientes en bajo riesgo de soborno, y puede determinase que los mismos no necesitan ningún tipo de control específico anti-soborno. Por otra parte, la organización puede hacer tratos con los clientes que compran productos de valores muy grandes de la organización, y suponer un riesgo significativo de soborno (por ejemplo, el riesgo de sobornos por parte de la organización exigiendo a cambio pagos, homologaciones, etc.). Este tipo de clientes se pueden considerar, por ejemplo, como de riesgo "medio" o "alto" de soborno, por lo tanto, requieren un mayor nivel de control de la organización. o Las diferentes categorías de proveedores pueden presentar diferentes niveles de riesgo de soborno. Por ejemplo, los proveedores con un gran alcance del trabajo, o que permanezcan en contacto con los clientes de la organización, o los funcionarios públicos pertinentes, puede suponer un riesgo de soborno "medio" o "alto". Algunas categorías de proveedores pueden ser de riesgo "bajo", por ejemplo, aquellos establecidos en lugares de bajo riesgo de soborno que no tienen interfaz con los funcionarios públicos pertinentes a la transacción o clientes de la organización. Algunas categorías de proveedores pueden

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suponer un riesgo "muy bajo" de soborno, por ejemplo, aquellos de bajas cantidades de artículos de escaso valor, servicios de compra en línea para el transporte aéreo u hoteles, etc. La organización podría concluir que los controles específicos anti-soborno no necesitan implementarse en relación con esos proveedores de bajo o muy bajo riesgo de soborno. o Agentes o intermediarios quienes interactúan con los clientes de la organización o funcionarios públicos en representación, muestran más probabilidad de suponer un riesgo "medio" o "alto" de soborno, especialmente, si se les paga una comisión o una tarifa por éxito. • Examinar la naturaleza y frecuencia de las interacciones con los funcionarios públicos nacionales o extranjeros que pueden suponer un riesgo para el soborno. Por ejemplo, las interacciones con los funcionarios públicos responsables de la emisión de permisos y aprobaciones, pueden suponer un riesgo. • Examinar las obligaciones y deberes estatutarios, reglamentarios, contractuales y profesionales aplicables como, por ejemplo, la prohibición o limitación de agasajos de funcionarios públicos o de la utilización de agentes. • Considerar el grado en el cual la organización es capaz de influir o controlar los riesgos evaluados. Los factores de riesgo de soborno arriba mencionados se interrelacionan. Por ejemplo, los proveedores de la misma categoría pueden suponer un riesgo para el soborno diferente en función del lugar en el cual operan. Tras evaluar los riesgos de soborno pertinentes, la organización determinará el tipo y nivel de controles antisoborno aplicados a cada categoría de riesgo, y evaluará si los controles existentes resultan adecuados. De no ser así, los controles serán mejorados de manera apropiada. Por ejemplo, un mayor nivel de control es probable de implementarse con respecto a los lugares de riesgo más altos de soborno y categorías más elevadas de socios de negocios. La organización establecerá cuando es aceptable contar con un nivel de control bajo sobre las actividades o socios de negocios de bajo riesgo de soborno. Algunos de


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los requisitos de esta norma excluyen expresamente la necesidad de aplicar dichos parámetros a las actividades o socios de negocios de bajo riesgo de soborno (aunque la organización podrá optar por aplicárselos si lo desea). Conforma una potestad de la organización modificar la naturaleza de la transacción, proyecto, actividad o relación, de tal manera que el alcance del riesgo de soborno se reduzca a un nivel aceptable de ser gestionado adecuadamente mediante los controles mejorados o adicionales existentes. El ejercicio de evaluación del riesgo de soborno no debería ser extenso o demasiado complejo. Tampoco sus resultados serán, necesariamente, correctos (por ejemplo, una transacción evaluada como de bajo riesgo de soborno puede resultar haber involucrado un soborno). En la medida que sea razonablemente posible, los resultados de la evaluación del riesgo de soborno deberían reflejar los riesgos reales que enfrenta la organización. El ejercicio debe diseñarse como una herramienta para ayudar a evaluar y priorizar el riesgo de soborno, y debe examinarse y revisarse de manera regular con base en los cambios en la organización o en las circunstancias (por ejemplo, nuevos mercados o productos, requisitos legales, la experiencia adquirida, etc.).

Funciones y responsabilidades del órgano de gobierno y la alta dirección Muchas organizaciones tienen algún tipo de órgano de gobierno, tal como un consejo de administración o consejo de control, quien asume responsabilidades de supervisión general con respecto a la organización. Esas responsabilidades incluyen el seguimiento de los temas de gestión anti-soborno. Sin embargo, el órgano de gobierno, generalmente, no ejerce la dirección día a día sobre las actividades llevadas a cabo. Esa es la función de la dirección ejecutiva (por ejemplo, el director ejecutivo, director de operaciones, etc.), la misma a la cual el presente documento se refiere como "alta dirección". Por lo tanto, con respecto al sistema de gestión anti-soborno, el órgano de gobierno debería permanecer bien informado sobre el contenido y funcionamiento del sistema, al tiempo de ejercer una supervisión razonable en relación a su adecuación,

eficacia e implementación. Regularmente recibirá información sobre el desempeño del sistema mediante el proceso de revisión de la gestión (el mismo se distribuirá en el órgano de gobierno, o un comité del órgano, como el comité de auditoria). En ese sentido, la función de cumplimiento anti-soborno debería ser capaz de reportar información sobre el sistema directamente al órgano de gobierno (o a una comisión del mismo). Algunas organizaciones, particularmente las más pequeñas, pueden no contar con un órgano de gobierno independiente, o los roles del órgano de gobierno y de la dirección ejecutiva permanecer combinados en un grupo o aún en un individuo. En tales casos, el grupo o individuo retendrá las responsabilidades asignadas en este documento a la alta dirección y al órgano de gobierno.

Función de cumplimiento anti-soborno El número de personas quienes trabajan en la función de cumplimiento anti-soborno depende de factores tales como el tamaño de la organización, el grado de riesgo enfrentado y la carga de trabajo resultante de la función. En una pequeña organización, es probable que la función de control anti-soborno la desarrolle una persona a quien se le asigne dicha responsabilidad a tiempo parcial y quien combine esa tarea junto con otras. Cuando lo justifiquen el grado de riesgo de soborno y la carga de trabajo resultante, la función de control será ejercida por una persona a la cual se le asigne la responsabilidad a tiempo completo. En grandes organizaciones, la función suele ser atendida por varias personas. Algunas organizaciones pueden asignar responsabilidad a un comité, el cual incorpora una gama de pertinentes conocimientos especializados. Ciertas organizaciones pueden optar por utilizar un tercero para realizar parte o la totalidad de la función de control anti-soborno. Ello resulta aceptable siempre que un supervisor apropiado, ubicado dentro de la organización, tenga la autoridad y responsabilidad general sobre la función de inspección anti-soborno y supervise los servicios prestados por la tercera parte.

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Este documento exige que la función de cumplimiento anti-soborno esté compuesta por personas quienes muestren la competencia, estatus, autoridad e independencia adecuados: • "Competencia" significa que las personas pertinentes presenten una educación, competencia o experiencias apropiadas, la capacidad personal para afrontar las exigencias de la función y para aprender sobre el papel y realizarlo adecuadamente. • “Estatus" significa que otras personas son propensas a escuchar y respetar las opiniones de la persona asignada a la responsabilidad de control. • "Autoridad" significa que a la persona pertinente asignada para la responsabilidad de cumplimiento le sean concedidos poderes suficientes por el órgano de gobierno (si existe) y la alta dirección, así como para poder realizar con eficacia las responsabilidades de control. • "Independencia" significa que la persona pertinente asignada para la responsabilidad de control, tanto como sea posible, no se encuentre involucrada personalmente en las actividades de la organización expuestas al riesgo de soborno. Esto puede lograrse más fácilmente cuando la organización ha designado una persona para manejar el rol a tiempo completo, pero es más difícil para una organización pequeña en la cual se ha designado una persona para combinar el rol de control con otras funciones. Cuando la tarea de inspección anti-soborno es a tiempo parcial, la función no debería llevarse a cabo por parte de un individuo expuesto a soborno al realizar su función primaria. En el caso de una organización muy pequeña, donde puede ser más difícil lograr la independencia, la persona adecuada debería, según su capacidad, separar sus otras responsabilidades de las del control con el fin de actuar con total imparcialidad. Es importante que la función de control anti-soborno logre un acceso directo a la alta dirección y al órgano de gobierno (si existe), con el fin de comunicar la información relevante. La función no debería relacionarse únicamente con otro director de la cadena quien luego informe a la alta dirección, ya que ello incrementa el

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riesgo de que el mensaje dado por la función de control anti-soborno no sea total o claramente recibido por la alta dirección. La función de inspección sobre sobornos debería plantear una relación de comunicación directa con el órgano de gobierno (si existe), sin pasar por la alta dirección. Esto puede producirse con el órgano de gobierno completo (por ejemplo, un consejo de administración o un consejo de control) o con un comité especialmente delegado del órgano de gobierno o la alta dirección (por ejemplo, un comité de auditoria o de ética). La responsabilidad primordial de la función de control anti-soborno es supervisar el diseño e implementación de su sistema de gestión. Esto no debería confundirse con la responsabilidad directa de la actuación anti-soborno de la organización y el cumplimiento de las leyes anti-soborno. Cada uno es responsable de llevar a cabo, de una manera ética y obediente, conforme a los requisitos del sistema de gestión anti-soborno de la organización y las leyes anti-soborno. Es particularmente importante que la dirección tome el liderazgo en el control de las partes de la organización sobre las cuales ostenta responsabilidad.

Recursos Los recursos necesarios dependen de factores como el tamaño de la organización, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos de soborno enfrentados. Los recursos incluyen, por ejemplo: • Recursos humanos: Debería contarse con suficiente personal capaz de brindar un tiempo adecuado a sus responsabilidades anti-soborno, de forma que el sistema de gestión pueda funcionar con eficacia. Ello incluye la asignación de suficientes personas (ya sean internas o externas) al control anti-soborno. • Recursos físicos: Deberían existir los recursos físicos necesarios dentro de la organización, incluyendo la función de inspección anti-soborno, para que el sistema de gestión resulte efectivo. Por ejemplo, espacio de oficina, muebles, hardware y software de computadoras, materiales para formación, teléfonos, papelería, etc.


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• Recursos financieros: Debería contarse con un presupuesto suficiente, incluyendo a la función de control anti-soborno, para que el sistema de gestión se desarrolle adecuadamente.

Procedimientos de contratación Debida diligencia sobre el personal Al realizar la debida diligencia sobre las personas antes de asignarlas, la organización, dependiendo de las funciones propuestas y el correspondiente riesgo de soborno, tomará acciones tales como: • Discutir la política anti-soborno de la organización con los candidatos en la entrevista y formarse una opinión acerca de si parece entender y aceptar la importancia de su cumplimiento. • Tomar medidas razonables para verificar que las calificaciones de los candidatos son precisas. • Tomar medidas razonables para obtener referencias satisfactorias del potencial personal. • Tomar medidas razonables para determinar si los candidatos han participado en sobornos. • Tomar medidas razonables para verificar no ofrecer empleo a candidatos a cambio de haber, en su función anterior, indebidamente, favorecido a la organización. • Verificar que la razón de ofrecer empleo a los candidatos no sea para asegurar un trato favorable incorrecto para la organización. • Tomar medidas razonables para identificar relaciones de los candidatos con funcionarios públicos.

Bonificaciones por desempeño Los acuerdos de compensación, incluyendo bonos e incentivos, pueden alentar al personal, incluso sin querer, para participar en el soborno. Por ejemplo, si un director recibe un bono en la adjudicación de un contrato para la organización, ese director podría ser tentado a pagar un soborno, o hacer caso omiso de que un agente o socio de una alianza empresarial paga un soborno, con el fin de garantizar la adjudicación del contrato. El mismo resultado ocurriría al ejercer demasiada pre-

sión en el desempeño de un director (por ejemplo, si el mismo podría ser despedido al no lograr metas de ventas demasiado ambiciosas). Por lo tanto, la organización prestará la debida atención a estos aspectos de compensación para asegurar, en la medida de lo razonable, que los mismos no actúen como incentivos de soborno. Evaluaciones de personal, promociones, bonos y otras recompensas, podrían utilizarse como incentivos para que el personal ofrezca un desempeño de acuerdo con la política anti-soborno y su sistema de gestión dentro de la organización. El personal será conciente que violar el sistema de gestión anti-soborno con el fin de mejorar su calificación de desempeño en otras áreas (por ejemplo, un logro de metas de ventas) no es aceptable y derivará en una acción correctiva o disciplinaria.

Conflictos de interés La organización debería identificar y evaluar el riesgo de conflictos de interés internos y externos. Para ello, informará claramente a todo el personal de su deber de comunicar cualquier conflicto de intereses, tanto reales como potenciales, tales como conexiones familiares, financieras o de otro tipo, vinculadas -directa o indirectamente- con su línea de trabajo. Esto ayuda a una organización a detectar situaciones donde el personal puede facilitar o fallar a la hora de prevenir o informar sobre el soborno, por ejemplo: • Cuando el gerente de ventas de la organización está relacionado con el gerente de compras de un cliente. • Cuando el gerente de línea de una organización muestra un interés financiero personal en el negocio de un competidor. La organización debería, preferentemente, llevar un registro de cualquier caso de conflicto de intereses -reales o potenciales- y de las acciones tomadas para mitigar dicho conflicto.

Soborno al personal de la organización Las medidas necesarias para prevenir, detectar y abordar el riesgo del personal de la organización que ha so-

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bornando a otros ("soborno saliente") pueden ser diferentes de las medidas utilizadas para prevenir, detectar y abordar el riesgo de soborno al personal de la organización ("soborno entrante"). Por ejemplo, la capacidad de identificar y mitigar el riesgo de soborno entrante puede verse significativamente restringida por la disponibilidad de información que no se encuentra bajo el control de la organización (por ejemplo, datos de transacciones con tarjeta de crédito y cuenta de banco personal del empleado), ley aplicable (por ejemplo, ley de privacidad), u otros factores. Como resultado, el número y tipo de controles disponibles dentro de la organización para mitigar el riesgo de soborno saliente superarán ampliamente al número de acciones implementadas para acotar el riesgo de soborno entrante. Es más probable el soborno al personal de la organización en relación con el que es capaz de tomar o influir en las decisiones en nombre de la organización (por ejemplo, un gerente de compras quien otorga contratos, un supervisor quien aprueba un trabajo realizado, un gerente quien nombra a personal o aprueba salarios o bonos, un empleado quien prepara los documentos para la concesión de licencias, permisos, etc.). Como el soborno es probablemente aceptado por el personal fuera del alcance de los sistemas de control de la organización, la capacidad de la misma para prevenir o detectar esos sobornos resultará limitada. Además de los aspectos mencionados, podría mitigarse el riesgo de soborno entrante aplicándose los siguientes requisitos de este documento: • La política anti-soborno de la organización debería prohibir claramente la solicitud y aceptación de sobornos por parte del personal y de cualquier persona que trabaje en nombre de la organización. • Los materiales de orientación y de formación deberían reforzar la prohibición de solicitar y aceptar sobornos e incluir: o Una guía para informar inquietudes sobre sobornos. o Énfasis en la política de no represalias de la organización. o La política de hospitalidad y regalos de la organización debería limitar la aceptación por parte del per-

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sonal de regalos y hospitalidad. o La publicación en el sitio Web de la organización de su política anti-soborno, más los detalles de cómo denunciar el mismo, colaborarán para establecer expectativas con los socios de negocios, a fin de disminuir la probabilidad de que ofrezcan, o que el personal de la organización solicite o acepte, un soborno. o Controles los cuales requieran, por ejemplo, el uso de proveedores aprobados, licitaciones competitivas, al menos dos firmas en los contratos adjudicados, autorizaciones de trabajo, etc., aspectos encargados de reducir el riesgo de otorgar premios, aprobaciones, pagos o beneficios corruptos. La organización implementará procedimientos de auditoria a efectos de identificar maneras en las cuales el personal puede explotar debilidades del control existentes para su beneficio personal. Ejemplos de procedimientos podrían incluir: • La revisión de archivos de nómina para los registros de personal ficticio y duplicados. • Revisar los registros de gastos de negocio del personal para identificar el gasto inusual. • Comparar información de archivo de nóminas de empleados (por ejemplo, números de cuenta bancaria personal y direcciones) con la cuenta bancaria y datos de la dirección en el archivo maestro de proveedores de la organización, a fin de detectar posibles escenarios de conflicto de intereses.

Personal o trabajadores temporales En algunos casos, el personal o trabajadores temporales pueden ser proporcionados a la organización mediante un proveedor de fuerza laboral u otro socio de negocios. En este caso, la organización analizará si el riesgo de soborno planteado por parte del personal o trabajadores temporales (si existe) se aborda adecuadamente, al tratarlos como propios para fines de formación y control, o si se van a implementar los controles adecuados a través del socio de negocios que proporciona el personal o trabajadores temporales.


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Toma de conciencia y formación El propósito de la formación radica en ayudar a asegurar que el personal pertinente entienda, según corresponda, su función dentro o con la organización: • Los riesgos de soborno que ellos y la organización enfrentan. • La política anti-soborno. • Los aspectos del sistema de gestión anti-soborno correspondientes a su función. • Cualquier acción preventiva y de reporte necesaria en relación a un riesgo o sospecha de soborno. La formalidad y el grado de la formación dependen del tamaño de la organización y los riesgos de soborno asumidos. Puede plantearse como un módulo en línea, o a través de métodos presenciales (por ejemplo, sesiones de aula, talleres, mesas redondas entre el personal pertinente, o a partir de sesiones personalizadas). Se recomienda la formación presencial para el órgano de gobierno y el personal (cualquiera sea su posición o jerarquía dentro de la organización) y los socios de negocios, los cuales participan en las operaciones y procesos con un bajo riesgo de soborno. En caso que la persona asignada pertinentemente a la función de control anti-soborno no cuente con experiencia suficiente en relación a su tarea, la organización proporcionará la formación necesaria para que él o ella puedan llevar a cabo adecuadamente la función de inspección. La formación tendrá lugar como capacitación independiente en materia anti-soborno, o puede formar parte de una instrucción global dentro del programa de inducción de la organización en materia de cumplimiento y ética. El contenido de la formación será adaptado a la función del personal. Aquellos quienes no enfrenten ningún riesgo significativo de soborno en su rol, podrían recibir una formación muy simple acerca de la política de la organización, para que entienda la misma y sepa qué hacer si observa una violación potencial. Todo el personal cuya función implique un alto riesgo de soborno, recibirá una formación más detallada. La formación será reiterada tantas veces como fuera ne-

cesario, para que el personal permanezca al día respecto de las políticas y procedimientos de la organización, los desarrollos en relación con su función y los cambios regulatorios. La aplicación de los requisitos de formación y toma de conciencia a los socios identificados, plantea desafíos particulares, porque los empleados de esos socios de negocios, generalmente, no trabajan directamente para la organización y la misma, por lo general, no tendrá acceso directo a dichos empleados para los propósitos de la formación. Por lo tanto, la capacitación actualmente impartida a los empleados que trabajan para socios de negocios se realiza, normalmente, por parte de los socios o por terceros para tal fin. Es importante que los empleados de socios de negocios que podrían representar para la organización más que un riesgo bajo de soborno, sean conscientes de las cuestiones y reciban una formación destinada a reducir ese riesgo. Se requiere que la organización, como mínimo, identifique los socios de negocios a cuyos empleados debería proporcionarse instrucción anti-soborno, el contenido mínimo de dicha formación, y la manera en la cual se llevará a cabo. La formación puede proporcionarse por el mismo socio, por otras partes designadas o, si así lo decide la organización, por ella misma. La organización puede comunicar estas obligaciones a sus socios de negocios de distintas formas, incluso, como parte de los acuerdos contractuales.

Debida diligencia El objetivo de aplicar la debida diligencia sobre determinadas transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios, o personal de una organización, radica en evaluar el alcance, la escala y la naturaleza de un riesgo bajo de soborno identificado, como parte de la evaluación del riesgo de la organización. También, presenta el objetivo de actuar como un control específico adicional en la prevención y detección del riesgo de soborno, e informar la decisión de la organización sobre la conveniencia de posponer, suspender o revisar dichas transacciones, proyectos o las relaciones con los socios de negocios o el personal.

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Los factores de utilidad para la organización a los fines de evaluar la relación con proyectos, transacciones y actividades, incluyen: • Estructura, naturaleza y complejidad (por ejemplo, ventas directas o indirectas, nivel de descuento, premios por contrato y procedimientos por licitación). • Mecanismos de financiación y pagos. • Alcance del compromiso de la organización y recursos disponibles. • Nivel de control y visibilidad. • Socios de negocios y otras terceras partes involucradas (incluyendo funcionarios públicos). • Competencia y calificaciones de las partes involucradas. • Reputación del cliente. • Ubicación. • Reportajes en el mercado o en la prensa. En relación con la debida diligencia sobre los socios de negocios: • Los factores que pueden ser de utilidad a la organización para evaluar la relación con un socio de negocios, incluyen: o Si el socio de negocios es una entidad legítima, con base en indicadores tales como documentos de registro de la empresa, cuentas anuales presentadas, número de identificación fiscal, cotización en la bolsa de valores. o Si el socio de negocios cuenta con las calificaciones, experiencia y los recursos necesarios para llevar a cabo el negocio para el cual se le ha contratado. o Si el socio de negocios desarrolla un sistema de gestión anti-soborno y el alcance del mismo. o Si el socio de negocios tiene una reputación de soborno, fraude, deshonestidad o faltas graves de conducta similares, o ha sido investigado, declarado culpable, sancionado o inhabilitado por soborno o conducta criminal similar. o Si la identidad de los accionistas (incluyendo los propietarios beneficiarios finales) y de la alta dirección del socio de negocios:

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• Presentan una reputación de soborno, de fraude, de deshonestidad o de faltas de conducta similares. • Han sido investigados, condenados, sancionados o inhabilitados por soborno o conductas criminales similares. • Ofrece algún vínculo directo o indirecto con clientes o clientes de la organización, o con algún funcionario público pertinente, quien pudiera dar lugar al soborno (esto incluiría a personas que no siendo los propios funcionarios públicos, puedan encontrarse -directa o indirectamente- relacionados con los funcionarios públicos, los candidatos a funcionarios públicos, etc.). o La estructura de los acuerdos de transacciones y pagos. o La naturaleza, tipo y alcance de la debida diligencia realizada dependerán de factores tales como: La capacidad de la organización para acumular información suficiente, el costo de la obtención de dicha información, y, en la medida de lo posible, del riesgo de soborno planteado por la relación. o Los procedimientos de debida diligencia implementados por la organización sobre sus socios de negocios, serán consistentes para niveles de riesgo de soborno similares (es más probable que los socios de negocios con un alto riesgo de soborno, quienes actúan en lugares o mercados en los cuales existe un alto riesgo de soborno requieran un nivel significativamente mayor de debida diligencia, respecto de los socios de negocios con bajo riesgo de soborno quienes actúan en lugares o mercados donde existe un riesgo bajo de soborno). o Diferentes tipos de socios de negocios son propensos a requerir diferentes niveles de debida diligencia, por ejemplo: • Desde la perspectiva de la posible responsabilidad legal y financiera de la organización, los socios de negocios suponen un mayor riesgo de soborno cuando actúan en nombre de la organización o en su beneficio, respecto de cuando suministran productos o servicios a la organización. Por ejemplo, un agente involucrado en ayudar a una organización a obtener una adjudicación de contrato podría pagar un soborno a un director del cliente de la organización para ayudar a la misma a obtener el contrato,


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pudiendo dar lugar a que la organización sea responsable de la conducta corrupta del agente. Como consecuencia, la debida diligencia de la organización sobre el agente, probablemente, será lo más completa posible. Por otra parte, un proveedor quien venda equipos o material a la organización y no tenga ninguna implicación con los clientes de la organización o funcionarios públicos relevantes para las actividades de la misma, tendrá menor capacidad para pagar un soborno en nombre de la organización o para su beneficio y, por lo tanto, el nivel de debida diligencia requerido para ese proveedor podría ser más bajo. • El nivel de influencia que la organización ostenta sobre sus socios de negocios afecta su capacidad para obtener la información directamente de aquellos, como parte de su debida diligencia. Puede ser relativamente fácil para una organización que demanda de sus agentes y socios de alianzas empresariales, una amplia información sobre sí mismos como parte de un examen previo, antes que la organización se comprometa a trabajar con ellos. Sin embargo, resultará más difícil para una organización que requiere que el consumidor o el cliente proporcionen información sobre sí mismo o para que rellenen cuestionarios de debida diligencia. Esto podría deberse a que la organización no tendría suficiente influencia sobre el cliente o los consumidores para poder hacerlo (por ejemplo, cuando la organización está involucrada en una licitación para proveer servicios al cliente). • La debida diligencia llevada a cabo por la organización sobre sus socios de negocios puede incluir, por ejemplo: • Enviar al socio de negocios un cuestionario donde se le solicite responder las cuestiones planteadas. • Buscar en la página Web del socio de negocios, sus accionistas y la alta dirección para identificar cualquier información relacionada con el soborno. • Recavar información apropiada empleando recursos de la administración, judiciales e internacionales. • Verificar las listas de inhabilitación de las organizaciones las cuales fueron excluidas o restringidas en su capacidad para contratar con entidades públicas

o gubernamentales. Las mismas permanecen a disposición del público facilitadas por los gobiernos nacionales, locales o instituciones multilaterales, como el Banco Mundial. • Investigar en otras partes apropiadas sobre la reputación ética del socio de negocios. • Nombrar a otras personas u organizaciones con experiencia relevante para ayudar en el proceso de debida diligencia. • Formular preguntas adicionales al socio de negocios, sobre la base de los resultados de la debida diligencia inicial (por ejemplo, para explicar cualquier información adversa). La debida diligencia no es una herramienta perfecta. La ausencia de información negativa no significa -necesariamente- que el socio de negocios no represente un riesgo de soborno. La información negativa no significa necesariamente que el socio de negocios represente un riesgo para el soborno. Sin embargo, los resultados deben evaluarse con cuidado y el juicio racional que realice la organización se basará en los datos disponibles. La intención general es que la organización formule preguntas razonables y proporcionadas sobre el socio de negocios, considerando las actividades que el mismo pondría en práctica y el riesgo de soborno inherente a dichas actividades, a fin de formar un juicio razonable sobre el riesgo al cual la organización se expone si trabaja con el socio de negocios.

Controles financieros Los controles financieros se refieren a los sistemas de gestión y procesos implementados por la organización para administrar sus transacciones correctamente, registrándolas con precisión, de forma completa y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño y de las transacciones de la organización, los controles financieros implementados podrían reducir el riesgo de soborno, incluyendo por ejemplo: • La implementación de una separación de funciones, de tal manera que la misma persona no pueda iniciar y aprobar un pago.

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• La implementación de niveles de ascenso hacia un cargo con autoridad apropiada para la aprobación de los pagos (para que las transacciones más grandes requieran del visto bueno de la dirección al más alto nivel). • La verificación de que el beneficiario de la designación y el trabajo o los servicios llevados a cabo, han sido aprobados por los pertinentes mecanismos de la organización. • La necesidad de que se requieran, al menos, dos firmas para las aprobaciones de los pagos. • El requerimiento de que la documentación se adjunte a las aprobaciones de pago. • La restricción del uso de dinero en efectivo y la implementación de métodos de control de caja eficaces. • El requerimiento de que las categorizaciones de pago y las descripciones en las cuentas sean claras y precisas. • La implementación de una revisión periódica sobre la gestión de las transacciones financieras significativas. • La implementación de auditorias financieras periódicas e independientes en las cuales se modifiquen, de manera regular, la persona o la organización encargada de dicha auditoria.

Controles no financieros Los controles no financieros se refieren a los sistemas de gestión y a los procesos que implementa la organización para ayudar a asegurar que los aspectos comerciales, relativos a las compras, operaciones y otros aspectos no financieros de sus actividades, se gestionan de manera apropiada. Dependiendo del tamaño de la organización y de las transacciones, los controles de compras, los operacionales, comerciales y otros chequeos no financieros, que al implementarse en una organización, podrían reducir el riesgo de soborno, incluirán, por ejemplo, los siguientes: • El uso de contratistas, subcontratistas, proveedores y consultores, los cuales han sido sometidos a un proceso de precalificación bajo el cual se evalúa la

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probabilidad de su participación en un soborno. Este proceso es probable que incluya la debida diligencia. • Evaluar: o La necesidad y legitimidad de que los servicios sean suministrados por parte de un socio de negocios (excluyendo los clientes y los consumidores) de la organización. o Si los servicios se llevan a cabo correctamente. o Si los pagos a realizar al socio de negocios son razonables y proporcionales a los servicios. Esto es particularmente importante para evitar el riesgo de que el socio de negocios utilice parte del pago realizado por la organización para abonar un soborno en nombre de o en beneficio de la organización. Por ejemplo, si un agente ha sido designado por la organización para ayudar a las ventas y se le va a pagar una comisión o un honorario contingente por la adjudicación de un contrato a la organización, la misma necesita estar razonablemente segura de que el pago de la comisión es proporcional al servicio legítimo que realmente llevo a cabo el agente, tomando en cuenta el riesgo asumido por el agente en caso de que no se adjudique el contrato. Si se paga una comisión u honorario contingente desproporcionado, se incrementa el riesgo de que parte de él pueda utilizarse por el agente para inducir a un funcionario público o a un empleado del cliente de la organización a que adjudique el contrato. La organización también puede solicitar que su socio de negocios entregue documentación la cual demuestre que los servicios han sido suministrados. • Siempre que sea posible y razonable, la adjudicación de contratos se dé sólo después de un proceso justo y transparente de licitación competitiva, del cual hayan participado, al menos, tres oferentes. • Que se requieran, al menos, dos personas para evaluar las ofertas y aprobar la adjudicación de un contrato. • La implementación de una separación de funciones, de tal manera que el personal encargado de aprobar la adjudicación de un contrato sea diferente de quien solicita la adjudicación del mismo y sea de un departamento o función distinto del responsable de ges-


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tionar el contrato o aprobar el trabajo realizado en virtud del contrato. El requerimiento de la firma de, al menos, dos personas en los contratos y en los documentos que cambian los términos o que aprueban los trabajos emprendidos o los suministros proporcionados en virtud del contrato. La supervisión por parte del más alto nivel de la dirección de las transacciones que potencialmente presentan un alto riesgo de soborno. Proteger la integridad de las ofertas y otra información sensible a precios, limitando el acceso a las personas apropiadas. Proporcionando herramientas y plantillas adecuadas para ayudar al personal (por ejemplo, una guía práctica sobre qué hacer y qué no hacer, escalas de aprobación, listas de control, formularios, flujos de trabajo). Implementación del sistema de gestión anti-soborno por parte de organizaciones controladas y de socios de negocios.

de la organización a cambio de la adjudicación de un contrato. Si la organización controlada, o socio de negocios, ha implementado inspecciones anti-soborno ante los escenarios descriptos, el consiguiente riesgo de soborno para la organización, normalmente, se reduce. El requisito distingue entre aquellas entidades sobre las cuales la organización tiene el control, y aquellas sobre las que no lo tiene. A los efectos del presente requisito, una organización tiene control sobre otra, si inspecciona -directa o indirectamente- la gestión de la organización. Una organización puede tener control, por ejemplo, sobre una subsidiaria, alianza empresarial o consorcio, a través del voto de mayoría en el consejo directivo, o por medio de una participación mayoritaria. La organización no tiene control sobre otra a los efectos de este requisito, por el simple hecho de disponer una gran cantidad de trabajo a esa otra organización.

Organizaciones controladas Generalidades La razón por la cual se establecen los requisitos es que, tanto las organizaciones controladas como los socios de negocios, pueden suponer un riesgo para la organización. Los tipos de riesgo de soborno que la organización persigue evitar en estos casos son, por ejemplo: • Una filial de la organización que paga un soborno ocasionando la responsabilidad de la misma. • Una alianza empresarial, o socio de una alianza empresarial, quien paga un soborno para ganar el trabajo a favor de una alianza empresarial en la cual participa la organización. • Un gerente de compras de un cliente o clientes exige un soborno a la organización a cambio de la adjudicación de un contrato. • Un agente de la organización quien paga un soborno a un director de una organización cliente, en nombre de la primera. • Un proveedor o subcontratista de la organización quien paga un soborno para el gerente de compras

Es razonable esperar que la organización requiera, a cualquiera otra a la cual controla, que implemente registros anti-soborno razonables y proporcionales. Esto bien podría inspeccionarse aplicando el mismo sistema de gestión anti-soborno de la organización, o por parte de la organización controlada, desarrollando sus propios y específicos controles anti-soborno. Estos sistemas deberían ser razonables y proporcionados, teniendo en cuenta los riesgos de soborno que enfrenta la organización controlada.

Socios de negocios no controlados Con respecto a los socios de negocios no controlados por la organización, la misma puede no necesitar tomar las medidas requeridas para la implementación de controles anti-soborno por parte del socio de negocios cuando: • El socio de negocios no representa ningún riesgo o representa un bajo riesgo de soborno. • El socio de negocios plantea más que un riesgo bajo

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de soborno, pero los controles que podrían implementarse por el socio de negocios no ayudarían a mitigar el riesgo relevante (no tendría ningún sentido el insistir en que el socio de negocios implemente controles que no ayudarían. Sin embargo, en este caso, se esperaría que la organización tenga en cuenta ese factor en su evaluación de riesgos, con el fin de informar sobre la decisión con respecto a cómo y si procede con la relación). Esto refleja la razonabilidad y proporcionalidad del presente documento. Si la evaluación del riesgo de soborno -o la debida diligencia- establece que el socio de negocios no controlado plantea más que un riesgo bajo de soborno, y que los controles implementados ayudarían a mitigar ese riesgo, entonces, la organización debería tomar ciertas medidas adicionales. La organización determinará si el socio de negocios asume en su lugar controles anti-soborno adecuados, capaces de gestionar cualquier riesgo relevante. La organización debería tomar esa determinación tras realizar la debida diligencia. La organización está intentando verificar que estos controles gestionan el riesgo de soborno relevante a la transacción entre la organización y el socio de negocios. No necesita verificar que el socio de negocios posea controles sobre sus otros riesgos. Debe tenerse en cuenta que, tanto el alcance de los controles como las medidas desarrolladas para verificarlos, serán razonables y proporcionales a un relevante riesgo de soborno. Si la organización ha determinado, tanto como sea exigible, que el socio de negocios aplica controles apropiados, entonces, los requisitos se abordan en relación con ese específico socio de negocios. • Si la organización identifica que el socio de negocios no aplica en su lugar procedimientos de control antisoborno adecuados, capaces de administrar los riesgos pertinentes, o no es posible verificar esos controles en su lugar de trabajo, la organización llevará a cabo las siguientes medidas adicionales: o Si es posible hacerlo, la organización requerirá al

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socio de negocios que implemente controles anti-soborno en relación con la transacción, proyecto o actividad correspondiente. o Cuando no sea posible exigir que el socio de negocios implemente controles anti-soborno, la organización tomará este factor en cuenta al evaluar el riesgo de soborno que conllevan los socios de negocios y al gestionar dichos riesgos. Esto no significa que la organización no pueda seguir adelante con la relación o transacción. Sin embargo, la organización debería considerar, como parte de la evaluación del riesgo de soborno, la probabilidad de que el socio de negocios esté involucrado en el cohecho y la organización debería tomar en cuenta la ausencia de tales controles al evaluar el riesgo general de soborno. Si la organización considera que los riesgos que conlleva este socio de negocios son inaceptablemente altos, y el riesgo no puede reducirse por otros medios (por ejemplo, la reestructuración de la transacción). • Si es o no factible que la organización requiera que un socio de negocios no controlado implemente controles. Ello depende de las circunstancias, por ejemplo: • Será factible, normalmente, cuando la organización muestre un grado significativo de influencia sobre el socio de negocios. Por ejemplo, cuando la organización designa a un agente para actuar en su nombre en una transacción, o designe a un subcontratista con un gran alcance del trabajo. En este caso, la organización será capaz de hacer que la implementación de controles anti-soborno resulte una condición de compromiso. • No será posible, normalmente, cuando la organización no cuente con un grado significativo de influencia sobre el socio de negocios. Por ejemplo: • Un cliente para un proyecto. • Un subcontratista o proveedor específico designado por el cliente. • Un importante subcontratista o proveedor, cuando el poder de negociación de los mismos resulta mucho mayor que el de la organización (por ejemplo, cuando la organización compra componentes


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de un proveedor importante en términos estándar de ese proveedor). • No será posible, normalmente, cuando el socio de negocios no cuente con los recursos o la experiencia para poder implementar controles. Los tipos de controles requeridos por la organización dependerán de las circunstancias. Serán razonables y proporcionales al riesgo de soborno, y como mínimo, incluirán las acechanzas más relevantes dentro de su ámbito de aplicación. Dependiendo de la naturaleza del socio de negocios y del riesgo que supone el soborno, la organización puede, por ejemplo, seguir los siguientes pasos. • En el caso de un mayor riesgo de soborno del socio de negocios con un alcance amplio y complejo de trabajo, la organización podría requerir que los mismos cuenten con controles implementados equivalentes a los demandados por el presente documento, relevantes al riesgo de soborno supuesto para la organización. • En el caso de un socio de tamaño medio y con riesgo de soborno medio, la organización puede exigir que implemente algunos requisitos mínimos anti-soborno en relación con la transacción, tales como la formación de sus empleados, un directivo con responsabilidad para el cumplimiento en relación con la transacción, control sobre los pagos clave y una línea de reporte. • En el caso de los socios de pequeñas empresas con un alcance muy específico de trabajo (por ejemplo, un agente o un proveedor minorista), la organización puede requerir formación para los empleados pertinentes, más los correspondientes controles sobre los pagos clave, regalos y hospitalidad. Los controles solo necesitan operar en relación con la transacción entre la organización y el socio de negocios (aunque en la práctica, el socio afrontará controles establecidos en relación con la totalidad de su negocio). Los anteriores son solo ejemplos. La cuestión importante para la organización radica en identificar los principales riesgos de soborno en relación con la

transacción con el fin de requerir, en la medida de lo posible, que el socio de negocios implemente inspecciones adecuadas y proporcionales sobre los principales riesgos de soborno. La organización normalmente impone esos requisitos sobre los socios de negocios no controlados, como una condición previa para trabajar con él y como parte del documento contractual. La organización no está obligada a verificar el pleno cumplimiento de estos requisitos por parte del socio de negocios no controlado. Sin embargo, la organización debería tomar medidas razonables para asegurar que el socio de negocios esté cumpliendo (por ejemplo, mediante la solicitud para proporcionar copias de sus documentos de política relevantes). En los casos de alto riesgo de soborno (por ejemplo, un agente), la organización implementará un procedimiento para seguimiento o reporte de auditoria. Como los controles anti-soborno pueden demandar algún tiempo para desarrollarse por completo, es probable que sea razonable para una organización brindar tiempo a sus socios de negocios, a los efectos de poner en práctica ese tipo de controles. La organización seguirá trabajando con ese socio de negocios en el ínterin, pero la ausencia de tales controles sería un factor en la evaluación de riesgos y la debida diligencia tomada. Por otra parte, la organización ponderará su derecho a dar por finalizado el contrato o acuerdo relevante, toda vez que el socio de negocios no implemente, en forma eficaz, los controles solicitados de manera oportuna.

Compromisos anti-soborno El requisito de obtener compromisos anti-soborno solo se aplica en relación con socios de negocios quienes representen más que un riesgo bajo. El riesgo de soborno en relación con una transacción se considerará bajo, por ejemplo: • Cuando la organización compra un pequeño número de elementos de muy escasa cuantía. • Cuando la organización efectúa la reserva de boletos de avión o habitaciones de hotel en línea directa desde las empresas aéreas y hoteles.

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• Cuando la organización suministra directamente bienes o servicios de bajo valor a un cliente (por ejemplo, comida, entradas para el cine, etc.). En esos casos, no se requiere que la organización obtenga compromisos anti-soborno de dichos proveedores o clientes de bajo riesgo. Cuando un socio de negocios plantee un riesgo de soborno, la organización debería, cuando sea posible, obtener compromisos de su parte. • Será posible, normalmente, exigir estos compromisos cuando la organización muestre una influencia sobre el socio de negocios y, por lo tanto, pueda insistir en esos compromisos. La organización es probable que sea capaz de exigir los requisitos, por ejemplo, cuando haya designado un agente para actuar en su nombre en una transacción, o designe a un subcontratista con un gran alcance del trabajo. • La organización puede no ostentar suficiente influencia como para poder exigir estos compromisos en relación con, por ejemplo, sus vínculos con los principales clientes o consumidores, o cuando la organización compra componentes a un proveedor importante bajo las condiciones estándar del proveedor. En esos casos, la ausencia de tales disposiciones no significa que el proyecto o la relación no deba seguir adelante, pero la ausencia de tal compromiso será estimada como un factor relevante en la evaluación del riesgo de soborno y la diligencia debida tomadas. Los mencionados compromisos se registrarán por escrito. Se tratará de documentos de compromiso independientes o que formen parte de un contrato entre la organización y el socio de negocios.

Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares La organización será consciente que los regalos, la hospitalidad, las donaciones y los beneficios similares pueden ser percibidos por una tercera parte (por ejemplo, un competidor, los medios, un fiscal o un juez), como un soborno, aún cuando el donante o el receptor no tu-

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viesen una mala intención. Por ende, un mecanismo de control útil será evitar, tanto como sea posible, cualquier regalo, hospitalidad, donación u otros beneficios similares, los cuales razonablemente, podrían percibirse por una tercera parte como un soborno. Las prestaciones mencionadas incluirán, por ejemplo: • Regalos, entretenimiento y hospitalidad. • Donaciones políticas o de caridad. • Viajes del representante del cliente u oficiales públicos. • Gastos de promoción. • Patrocinio. • Beneficios para la comunidad. • Formación. • Membresías a clubes. • Favores personales. • Información confidencial y privilegiada. En relación con los regalos y la hospitalidad, los procedimientos implementados por la organización podrían, por ejemplo, diseñarse para: • Controlar el grado y la frecuencia de los regalos y la hospitalidad a través de: o Una prohibición total de todos los regalos y la hospitalidad. o Permitir regalos y atenciones, pero limitándolos en función de factores tales como: • Un valor máximo (el mismo puede variar en función de la ubicación y tipo de regalo u hospitalidad). • La frecuencia (los regalos pequeños y los gestos pequeños de hospitalidad, si se repiten, pueden alcanzar cantidades significativas). • El tiempo (por ejemplo, que no se produzcan durante o inmediatamente después de la negociación de condiciones). • La razonabilidad (teniendo en cuenta la ubicación, el sector y la antigüedad del donante o receptor). • La identidad del destinatario (por ejemplo, las personas en condiciones de adjudicar contratos o aprobar permisos, certificados o pagos).


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• La reciprocidad (ninguna persona de la organización puede recibir un regalo u hospitalidad por un valor superior al autorizado). • El entorno legal y regulatorio (algunos lugares y organizaciones pueden atender prohibiciones o controles propias del sitio). • Requerir la aprobación previa de regalos y hospitalidad cuando los mismos superen un valor o frecuencia definidos por un director apropiado. • Requerir que los regalos y gestos de hospitalidad por encima de un valor o frecuencia definidos se hagan abiertamente, se documenten eficazmente (por ejemplo, en un registro o libro mayor de cuentas), y se supervisen. En relación con las donaciones políticas o de beneficencia, patrocinio, gastos de promoción y beneficios para la comunidad, los procedimientos implementados por la organización podrían, por ejemplo, diseñarse para: • Prohibir los pagos destinados a influir, o que razonablemente podrían percibirse como influencia, para obtener una licitación u otra decisión en favor de la organización. • Llevar a cabo la debida diligencia sobre el partido político, la organización de caridad u otro receptor para determinar si son legítimos y no se les está utilizando como un canal para el soborno (esto podría incluir, por ejemplo, búsquedas en Internet u otras investigaciones pertinentes, para detectar si los gestores del partido político o de la organización de caridad muestran una reputación de soborno o conductas criminales similares, o permanecen conectados con los proyectos o clientes de la organización). • Requerir que un director designado apruebe el pago. • Exigir la divulgación pública del pago. • Asegurarse de que el pago está permitido por la ley y los reglamentos aplicables. • Evitar contribuciones inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de la negociación de un contrato. En relación con viajes del representante del cliente o de

funcionarios públicos, los procedimientos implementados por la organización podrían, por ejemplo, diseñarse para: • Permitir solamente los pagos acordados mediante los procedimientos del cliente u órgano público, o por las leyes y regulaciones aplicables. • Habilitar solamente el viaje necesario para el correcto desarrollo de las funciones del representante del cliente o el funcionario público (por ejemplo, para inspeccionar los procedimientos de calidad de la organización en su fábrica). • Requerir que un director apropiado de la organización apruebe el pago. • Demandar, si es posible, se brinde aviso a un supervisor o empleador de los funcionarios públicos del cumplimiento anti-soborno de los viajes y la hospitalidad a proporcionar. • Restringir los pagos a los viajes, alojamiento y manutención necesarios, directamente asociados con un itinerario de viaje razonable. • Limitar el entretenimiento asociado a un nivel razonable, de acuerdo con la política de la organización en materia de regalos y hospitalidad. • Prohibir el pago de los gastos de los miembros de la familia o amigos. • Anular el pago de los gastos de vacaciones o de recreo.

Auditoria interna El requisito exigido no significa que una organización esté obligada a tener su propia función de auditoria interna independiente. Sí demanda que se designe una función o una persona competente e independiente con la responsabilidad adecuada para llevar a cabo dicha auditoria. Una organización puede utilizar a un tercero para operar la totalidad de su programa de auditoria interna, o contratar a un tercero para implementar ciertas partes de un programa existente. La frecuencia de las auditorias dependerá de las necesidades de la organización. Es probable que algunos proyectos, contratos, procedimientos, controles y sistemas sean seleccionados cada año como mues-

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tra para ser auditados. La selección del universo se fundamentará en el riesgo, de modo que, por ejemplo, un proyecto con alto riesgo de soborno se elegirá para ser auditado con una mayor prioridad respecto de un proyecto con bajo riesgo. Las auditorias, normalmente, necesitan planificarse con antelación para que las partes relevantes dispongan de los documentos y el tiempo necesarios. Sin embargo, en algunos casos, la organización puede considerar útil realizar una auditoría inesperada a cada una de las partes. Si una organización ostenta un órgano de gobierno, el mismo permanece facultado para dirigir la selección y la frecuencia de sus auditorias, según considere necesario, con el fin de ejercer la independencia y ayudar a garantizar que los controles se direccionan a las áreas de riesgo de soborno primario de la organización. El órgano de gobierno también puede exigir el acceso a todos los informes de auditoría y sus resultados, y que los controles encargados de identificar ciertos tipos de cuestiones de riesgo más altos de soborno, sean reportados al órgano de gobierno tras la finalización de las auditorías. La intención de la auditoría es proporcionar una seguridad razonable al órgano de gobierno (si existe) y a la alta dirección, garantizando que el sistema de gestión anti-soborno se ha implementado y funciona con eficacia, para ayudar a prevenir y detectar el soborno, y proporcionar un elemento de disuasión para cualquier personal potencialmente corrupto (ya que todo el personal será consciente de que su proyecto o departamento podría resultar seleccionado para la auditoría).

Información documentada La información documentada puede incluir:

• Recepción de la política anti-soborno por parte del personal. • Provisión de la política de lucha anti-soborno a los socios de negocios quienes plantean un cierto riesgo. • Políticas, procedimientos y controles del sistema de gestión anti-soborno. • Resultados de la evaluación del riesgo de soborno.

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• Proporcionar formación anti-soborno. • Debida diligencia llevada a cabo. • Medidas adoptadas para implementar el sistema de gestión anti-soborno. • Aprobaciones y registros de regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares dados y recibidos. • Las acciones y los resultados de las inquietudes planteadas en relación con: o Cualquier debilidad del sistema de gestión anti-soborno. o Incidentes sobre intentos de soborno, o sobornos supuestos o reales. • Los resultados del seguimiento, investigación y auditoria llevados a cabo por la organización o por terceros.

Investigar y resolver frente al soborno Este documento requiere que la organización implemente los procedimientos adecuados sobre cómo investigar y hacer frente a cualquier cuestión de soborno, o a los incumplimientos de los controles anti-soborno, que se reporten, descubran o sospechen fundadamente. La manera en la cual una organización investigue y trate con una cuestión en particular dependerá de las circunstancias. Cada situación es diferente y la respuesta de la organización debería ser razonable y proporcional a las citadas circunstancias. Un informe sobre una cuestión importante de sospecha de soborno requeriría una acción mucho más urgente, importante y detallada, respecto de una infracción leve de los controles anti-soborno. Las sugerencias que se presentan a continuación constituyen solo una guía y no deberían ser tomadas como prescriptivas. La función de control debería ser preferentemente la destinataria de los informes sobre sobornos -supuestos o reales- o sobre incumplimientos de los controles antisoborno. Si los informes se dirigen, en primera instancia a otra persona, entonces, los procedimientos de la organización exigirán que los mismos se den a conocer a la función de control tan pronto como sea posible.


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En algunos casos, será la propia función de control la que identifique la sospecha o la violación. El procedimiento debería determinar quién tiene la responsabilidad de decidir cómo se investiga y se trata la cuestión. Por ejemplo: • Una pequeña organización implementará un procedimiento en virtud del cual todas las cuestiones, de cualquier magnitud, serán reportadas de inmediato a la alta dirección. • Una organización más importante aplicará un procedimiento según el cual: o Las cuestiones menores se tratarán mediante un resumen periódico. o Las cuestiones mayores se reportarán de inmediato a la alta dirección para que tome decisiones sobre cómo enfrentarlas. Tras la identificación de cualquier cuestión, la alta dirección o la función de control (en su caso), evaluarán los hechos conocidos y su potencial gravedad. Si no disponen de suficientes pruebas para tomar una decisión, iniciarán una investigación. La investigación debería realizarse por parte de una persona que no haya participado en el hecho. Podría ser la función de control, auditoria interna, otro director apropiado o un tercero designado. La persona responsable de investigar contará con la autoridad, los recursos y el acceso a la alta dirección apropiados para permitir que la investigación se lleve a cabo eficazmente. Preferentemente contará con una formación o experiencia previa en la realización de este tipo de investigaciones. El análisis de los hechos establecerá rápidamente lo ocurrido, al tiempo que sumará todas las pruebas necesarias, por ejemplo: • Efectuar investigaciones para determinar los hechos. • Recopilar todos los documentos y pruebas pertinentes. • Obtener testimonios de los testigos. • Siempre que sea posible y razonable, solicitar los informes sobre el hecho por escrito y con firma del autor.

En el desarrollo de la investigación, y de cualquier acción de seguimiento, la organización necesita tener en cuenta factores relevantes. Por ejemplo: • Leyes aplicables (puede ser necesario el asesoramiento jurídico). • La seguridad del personal. • El riesgo de difamación ante declaraciones. • La protección de las personas responsables de los informes y de otras involucradas o de las que se hace referencia en la investigación. • La potencial responsabilidad civil, penal o administrativa, las pérdidas financieras y los daños en la reputación de la organización y los individuos. • Cualquier obligación legal o beneficio para la organización en relación con el hecho de informar a las autoridades. • Mantener la investigación con carácter confidencial hasta tanto se establezcan fehacientemente los hechos. • La necesidad de que la alta dirección requiera la plena cooperación del personal en la investigación. Los resultados de la pesquisa se reportarán a la alta dirección o la función de control, según sea el caso. Si se informa de los resultados a la alta dirección, también deberán ser comunicados a los responsables de la función de control anti-soborno. Una vez completa la investigación, y con información suficiente para poder tomar una decisión, la organización implementará apropiadas acciones de seguimiento. Dependiendo de las circunstancias y de la gravedad de la cuestión, estas podrían incluir una o más de las siguientes opciones: • Terminar, retirarse de o modificar la participación de la organización en un proyecto, transacción o contrato. • Pagar o reclamar un beneficio indebido obtenido. • Tomar acciones disciplinarias sobre el personal responsable (el cual, dependiendo de la gravedad de la cuestión, podría ir desde una advertencia por una falta menor a un despido por falta grave). • Notificación del asunto a las autoridades. • Si se ha producido el soborno, se tomarán medidas

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para evitar o hacer frente a cualesquiera de las posibles infracciones legales (por ejemplo, contabilidad falsa capaz de establecerse cuando un soborno se registra en las cuentas de forma inexacta, un delito fiscal, toda vez que un soborno ha sido indebidamente deducido de la renta, o el lavado de dinero, cuando el producto del delito es tratado). La organización revisará sus procedimientos anti-soborno para examinar si la cuestión surgió debido a alguna deficiencia en su operación y, de ser así, tomará medidas inmediatas y apropiadas para mejorar sus procedimientos.

Seguimiento El seguimiento del sistema de gestión anti-soborno puede incluir, por ejemplo, las siguientes áreas: • Eficacia de la formación. • Eficiencia de los controles, por ejemplo, llevando a cabo pruebas por muestreo sobre los resultados obtenidos. • Optimización de la asignación de responsabilidades para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión anti-soborno. • Capacidad para combatir las fallas en el cumplimiento previamente identificadas. • Casos en los cuales las auditorias internas no se lleven a cabo según lo previsto. El seguimiento del desempeño del cumplimiento puede incluir, por ejemplo, las siguientes áreas: • Incumplimiento y cuasi accidentes (un incidente sin efectos adversos). • Los casos donde no se cumpla con los requisitos anti-soborno. • Los casos en los cuales no se consigan los objetivos. • El estado de la cultura de cumplimiento. La organización puede, periódicamente, realizar autoevaluaciones, ya sea en toda su estructura o en partes de ella, para evaluar la eficacia de su sistema de gestión anti-soborno.

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Planificación e implementación de cambios en el sistema de gestión anti-soborno La idoneidad y eficacia del sistema de gestión anti-soborno serán evaluadas de forma continua y regular a través de diferentes métodos, tales como: Auditorias internas, revisiones por la función de control anti-soborno, y revisión por la dirección. La organización considerará los resultados de tales evaluaciones para determinar si existe la necesidad u oportunidad de cambiar el sistema de gestión anti-soborno. Para ayudar a asegurar la integridad del sistema, manteniendo su eficacia, los cambios en elementos individuales de la gestión tomarán en cuenta la dependencia y el impacto de tales cambios sobre la eficacia del sistema de gestión en su totalidad. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión anti-soborno, los mismos se llevarán a cabo de una manera planificada, teniendo en cuenta: • La finalidad de los cambios y sus posibles consecuencias. • La integridad del sistema de gestión anti-soborno. • La disponibilidad de recursos. • La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. • La frecuencia, el alcance y el cronograma de la implementación de los cambios. Las mejoras del sistema de gestión anti-soborno como resultado de las medidas adoptadas en respuesta a cualquier no conformidad y como expresión de las mejoras continuas deberían llevarse a cabo bajo el mismo enfoque.

Funcionarios públicos El término "funcionario público" se define ampliamente en muchas leyes contra la corrupción. La siguiente lista no es exhaustiva y no todos los ejemplos se pueden aplicar en diversas jurisdicciones. En la evaluación de sus riesgos anti-soborno, una organización considerará especialmente las categorías de funcionarios públicos con los cuales se


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relaciona o puede hacer frente. El término “funcionario público” puede incluir a: • Titulares de cargos públicos a nivel nacional, estatal, provincial o municipal, incluidos los miembros de los cuerpos legislativos, los titulares de cargos ejecutivos y los pertenecientes al poder judicial. • Responsables de los partidos políticos. • Candidatos a cargos públicos. • Los empleados del gobierno, incluido el personal de ministerios, agencias gubernamentales, tribunales administrativos y juntas públicas. • Funcionarios de organizaciones internacionales públicas, tales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, etc. • Los empleados de las empresas públicas, salvo que la compañía opere en condiciones comerciales normales en el mercado de referencia, es decir, de forma que sea sustancialmente equivalente a la de una empresa privada, sin subsidios preferenciales u otros privilegios. En distintas jurisdicciones, los familiares y allegados de los funcionarios públicos también se consideran funcionarios públicos a los efectos de las leyes anticorrupción.

Iniciativas anti-soborno Aunque no es un requisito del presente documento, la organización podría considerar útil participar en iniciativas anti-soborno sectoriales o de otro tipo que promuevan o publiquen buenas prácticas anti-soborno relacionadas con las actividades de la organización, o tener en cuenta sus recomendaciones.

Bibliografía ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ISO 19011, Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos

con orientación para su uso. ISO/IEC 17000, Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales. ISO 19600, Compliance management systems. Guidelines. ISO 22000, Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. ISO 26000, Guía de responsabilidad social. ISO/IEC 27001, Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements. ISO 31000, Risk management. Principles and guidelines. ISO Guide 73, Risk management. Vocabulary. ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities. General vocabulary. BS 10500, Specification for an anti-bribery management system. United Nations Convention against Corruption, New York, 2004. Available at: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/P ublications/Convention/08-50026_E.pdf Organization for Economic Co-operation and Development, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related Documents, Paris, 2010. Organization for Economic Co-operation and Development, Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance, Paris, 2010. Organization for Economic Co-operation and Development, Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 21 November 1997. United Nations Global Compact/Transparency International, Reporting guidance on the 10th principle against corruption, 2009. International Chamber of Commerce, Transparency International, United Nations Global Compact and World Economic Forum, RESIST: Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions, A company tool for employee training, 2010. International Chamber of Commerce, Rules on Combating Corruption, Paris, 2011. Transparency International, Business Principles for

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Countering Bribery and associated tools, Berlin, 2013. Transparency International, Corruption Perceptions Index. Transparency International, Bribe Payers Index. World Bank, Worldwide Governance Indicators. International Corporate Governance Network, ICGN Statement and Guidance on Anti-Corruption Practices, London, 2009. World Economic Forum, Partnering Against Corruption Principles for Countering Bribery, An Initiative of the World Economic Forum in Partnership with Transparency International and the Basel Institute on Governance, Geneva. Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Internal Control: Integrated Framework, May 2013.

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ANEXO II CONVENIO-ALIANZA ANTI-CORRUPCIÓN ENTRE EL CPIC Y GIACC

Entre el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Jurisdicción Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina (CPIC JURISDICCIÓN NACIONAL & CABA) con domicilio legal en calle Adolfo Alsina 424, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1087AAF, Argentina; por una parte y GLOBAL INFRAESTRUCTURE ANTICURRUPTION CENTRE (GIACC), con domicilio legal en 130 Chartridge Lane, Chesham, Bucks, Reino Unido por otra, convienen en el presente acto conformar una alianza anti-corrupción de mutuo beneficio.

Los términos y condiciones de la presente alianza son los siguientes: 1. Objetivos comunes: CPIC JURISDICCIÓN NACIONAL & CABA y GIACC acuerdan trabajar conjuntamente en el área de la actividad de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN de INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS con el siguiente fin: “Promover la implementación de medidas anti-corrupción en ENTIDADES DE GOBIERNO y CORPORACIONES PRIVADAS, de modo que sean integradas cabalmente en su funcionamiento habitual”. 2. Alcances del presente Convenio-Alianza: El presente convenio de mutuo beneficio CPIC JURISDICCIÓN NACIONAL & CABA y GIACC no significará la formación de una nueva persona jurídica. El presente convenio tampoco significará imposición de obligaciones legales más allá de las que surgen de este texto y de su carácter de alianza en pos del objetivo común

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detallado en el punto 1, cuyo objetivo es ser dedicado exclusivamente al beneficio de las comunidad. Ninguna de las partes será responsable de las acciones o publicaciones del otro. 3. Compromiso CPIC JURISDICCIÓN NACIONAL & CABA: CPIC promoverá acciones en los sectores públicos y privados involucrados en la problemática de la infraestructura de la República Argentina, tendientes a: • Exponer públicamente la problemática y conocimiento del flagelo de la corrupción, creando conciencia pública al respecto. • Promover y/o proveer capacitación anticorrupción. • Promover la implementación de medidas anticorrupción en Organizaciones Públicas y Privadas, incorporándolas específicamente en proyectos. 4. Compromiso GIACC: GIACC proveerá sin costo alguno para CPIC: • Autorización al CPIC para realizar link desde Web site CPIC hacia “Free-on line. Resource Centre” de Web site GIACC, de manera que los usuarios de página Web CPIC puedan hacer uso del servicio GIACC en forma libre. • Autorización al CPIC para el uso y adaptación de material didáctico anti-corrupción del GIACC, reconociendo sus derechos originales de autoría. • Asesoramiento al CPIC respecto de la implementación efectiva de medidas anticorrupción en el sector de infraestructura de Obra Pública de la República Argentina. Dicho asesoramiento será provisto por GIACC vía email, Skype o en forma telefónica, desde sus oficinas sitas en el Reino Unido. 5. Otras actividades no contempladas: CPIC y GIACC podrán realizar acuerdos específicos sobre proyectos o actividades no contempladas en el presente documento.

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6. Publicidad mutua entre sitios Web: CPIC y GIACC quedan autorizados a publicar esta alianza en sus respectivos sitios Web y establecer links mutuos entre sus páginas Web. 7. Plazo: El presente convenio de mutua colaboración podrá ser cancelado por cualquiera de las partes, previa notificación con tres meses de anticipación a la parte restante, mediante comunicación a realizarse vía e-mail o de otro modo fehaciente.


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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

PRESIDENTE Ing. Civil Roberto José Policichio VICEPRESIDENTE Ing. en Const. Silvio Antonio Bressan SECRETARIO Ing. Civil Edgardo Fabio Estray PROSECRETARIO Ing. Civil Armando José Gagliano TESORERO Ing. Civil Pedro Francisco Rosa CONSEJEROS TITULARES Ing. Civil Carlos Inocencio Avogadro Ing. Civil Alejandro Del Águila Moroni Ing. Civil Pablo Luis Diéguez Ing. Civil Mónica Isabel Vardé Ing. Civil Horacio Mateo Minetto CONSEJEROS SUPLENTES Ing. Civil Bruno Roberto Agosta Ing. Civil Juan Pablo Alagia Ing. Civil Patricia Lucía Anzil Ing. en Const. Alejandra Raquel Fogel CONSEJERO TÉCNICO TITULAR MMO Diego Adrián Kodner CONSEJERO TÉCNICO SUPLENTE MMO Guillermo Cafferatta GERENTE Ing. Civil Victorio Santiago Díaz

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Ética Profesional y Lucha Anticorrupción  

Esta publicación es un compilado de las disertaciones sucitadas en la V Jornada de Ética Profesional y Lucha desarrollada en noviembre de 20...

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