Tesis anny belinda ochoa

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En este sentido, junto con el amparo es de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por la propia Convención Americana, y sirve además para preservar la legalidad en una sociedad democrática. (Corte I.D.H., 1987)

También podemos hacer un poco de mención en el derecho que tienen los niños y adolescentes privados de libertad, principalmente el que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, y es desarrollado con mayor amplitud por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores; el que brevemente dice que cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el más breve plazo posible.

En el mismo sentido, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Principio y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, por lo cual, tanto en el caso de niños y adolescentes, como en el de adultos, prácticas tales como la detención prolongada en condiciones de incomunicación o la detención secreta de personas son por sí mismas violatorias del derecho al control judicial de la detención o aprehensión de una persona, y por lo tanto violatoria de otros derechos fundamentales.

Por otra parte, el derecho internacional dispone de dos tipos fundamentales de recursos a los que las personas privadas de libertad deben tener acceso para salvaguardar sus derechos fundamentales. Por un lado, la acción de hábeas corpus, establecida en la Convención Americana, que ya mencionamos, la cual constituye la garantía fundamental para tutelar el derecho de toda persona a no ser objeto de detención ilegal o arbitraria, y que además debe ofrecer la posibilidad de que la autoridad judicial constate la integridad personal del detenido; y por otro, un recurso judicial expedito, idóneo y eficaz que garantice aquellos derechos que de manera sobreviniente puedan resultar vulnerados por las condiciones mismas de la privación de libertad.


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