Servicio publico

Universidad Yacambu Vicerrectorado Académico Facultad de ciencias jurídicas y políticas

Servicios Públicos.

Alumno: Henry Valderrama CJP-16300009P 27.132.147

Servicios públicos son el conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o exigidos a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico, la igualdad y el bienestar social. Suelen ser servicios esenciales, ya que los costos corren a cargo de los contribuyentes a través del Estado (gasto público). Tienen una presencia especialmente significativa en los países de economía mixta que siguen modelos político-económicos como el Estado social o Estado del bienestar. A menudo suele ser tratado en los organismos internacionales como un elemento fundamental dentro del welfare state.

Genéricamente, un servicio esencial es una actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad, sin malgastar los recursos públicos. Los consumidores y usuarios de servicios públicos están protegidos por la Ley de defensa del consumidor, que los ampara frente a las empresas prestadoras de servicios, como el gas, la luz o el teléfono y establece que cuando el consumidor hace un reclamo por fallas en el servicio, las empresas tienen la obligación de registrar su reclamo por cualquier medio disponible.

Clasificación

de

los

Servicios

Públicos.

En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios públicos: Esenciales y no esenciales; los primeros son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro la existencia misma del Estado: policía, educación, sanidad. Los no esenciales; a pesar de satisfacer necesidades de interés general, su existencia o no prestación no pondrían en peligro la existencia del Estado; se identifican por exclusión de los esenciales.

Permanentes y esporádicos; los primeros son los prestados de manera regular y continua para la satisfacción de necesidades de interés general. Los esporádicos; su funcionamiento o prestación es de carácter eventual o circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva transitoria.

Por el origen del órgano del Poder Público o ente de la administración que los presta; Nacionales, Estadales, Distritales, Municipales y concurrentes si son prestados por cada una de las personas jurídicas territoriales: nacionales por la República u otros órganos del Poder Nacional; los Estadales son los prestados por cada uno de los Estados que integran la Federación venezolana, particularmente los señalados en la Constitución de la República o en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público citados precedentes y, los Municipales en conformidad con la Constitución de la República y Ley Orgánica del Régimen Municipal. Hay servicios públicos de competencia concurrente; son aquellos en cuya prestación concurren distintos órganos de los niveles del Poder Público, bien sean nacionales, distritales, estadales o municipales y los hay que son prestados en forma exclusiva por órganos de la administración o

por los particulares.

Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, se clasifican en servicios administrativos y servicios públicos industriales y comerciales; éstos últimos específicamente referidos a las actividades de comercio, bien sea de servicios para atender necesidades de interés general o los destinados con fines lucrativos y no a satisfacer necesidades colectivas.

Servicios públicos obligatorios y optativos. Los primeros los señalan como tales la Constitución y las leyes; y son indispensables para la vida del Estado. Los optativos, el orden jurídico los deja a la potestad discrecional de la autoridad administrativa competente.

Véase Art. 38 LORM. Por la forma de prestación de servicio: Directos y por concesionarios u otros medios legales. En los primeros, su prestación es asumida directamente por el Estado (nacionales, estadales, municipales, distritales, entes descentralizados). Por concesionarios: no los asume directamente el Estado; prestan a través de concesionarios.

Véase: Art. 41 LORM. Principios

del

Servicio

Público

Generalidad: todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que los rigen; es decir, de acuerdo con su forma, condiciones y limitaciones.

Uniformidad o igualdad: todos los habitantes tienen derecho a prestaciones en igualdad de condiciones, si cumplen con los requisitos determinados por la ley.

Continuidad: el servicio no debe interrumpirse. El artículo 123 constitucional en su apartado A, fracción XVIII exige que en los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión de labores.

En cuanto a los servicios públicos manejados directamente por el Estado. El mismo precepto en el apartado B, fracción X reconoce a los trabajadores el derecho de huelga, en los términos de las leyes reglamentarias. Correlativo a este principio tenemos el principio de adaptación.

Regularidad: el servicio se realiza de acuerdo a las condiciones establecidas por la Ley, es decir, medir, ajustar o computar el servicio por comparación o reducción. El servicio debe manejarse conforme a reglas.

Obligatoriedad: es el deber que tienen las autoridades encargadas de prestar el servicio.

Persistencia: que comprenda nuevas necesidades colectivas. Silva Cimma (Derecho administrativo chileno y comparado. T II, pág 71), considera como carácter del servicio público la permanencia o sea, “que el servicio público debe existir en tanto subsistan las necesidades públicas para cuya satisfacción fue creado”.

La gratuidad del servicio: debe ofrecerse al público sin la idea de lucro. Algunos servicios públicos y los de tipo industrial y comercial requieren de un régimen financiero adecuado.

Creación

de

los

Servicios

Públicos.

La creación de los servicios públicos procede por disposiciones de la Constitución de la República o por previsiones de ley. Crear un servicio público significa que el Estado ha decidido suministrar prestaciones directa o indirectamente a la colectividad, bien sea que el Estado asuma la administración, la gerencia o el manejo de una actividad para satisfacer de manera regular y continua cierta categoría de necesidades de interés colectivo teniendo la iniciativa y el control sobre esta prestación a cargo de las particulares. Para Gastón Jéze la creación de un servicio público "consiste en disponer que una determinada necesidad colectiva sea satisfecha con la prestación de un servicio público". Para la creación de los servicios públicos deben tomarse las previsiones legales pertinentes a fin de prever en la Ley de Presupuesto, en leyes especiales y ordenanzas municipales, las partidas necesarias para su organización y funcionamiento ininterrumpidos.

También puede crearse un servicio público mediante un decreto-ley del Presidente de la República en Consejo de Ministros. En tal caso, deben cumplirse con los supuestos exigidos por el Art. 236 CRBV. Num. 8 y el Art. 196 CRBV. Num. 6, en concatenación con el Art. 236 CRBV. Num. 24.

Los tres elementos esenciales de la noción tradicional de servicio público son, según se aprecia, tres: • • •

El fin que el servicio cumple.

La persona que lo atiende.

El régimen

que

lo

regula.

El juego de estos tres elementos lo explican autores como, Oviedo de la siguiente manera: 1º) No hay servicio público que no tenga por fin la satisfacción de una necesidad colectiva; pero este criterio, aislado, sería insuficiente, por cuanto “múltiples son, en cualquier sociedad bien constituida, las necesidades públicas que se satisfacen mediante el procedimiento del servicio privado:” Pueden citarse las panaderías, comercios de expendio de carne, leche, verduras, etc.

2º) También sería insuficiente decir que servicio público es el prestado por la administración, pues esta puede conceder el servicio; y además porque no todas

las actividades de la administración son servicios públicos: “Cuando el Estado explota un monte patrimonial o un teatro, o toma a su cargo y dirección una empresa industrial (la fábrica de porcelana de Sévres del Estado francés), evidentemente no realiza servicio público.”

3º) No es esencial que el servicio sea ofrecido al uso del público, pues en el caso de las fuerzas armadas, de las fortificaciones, etc., hay un servicio que no es utilizado directamente por los particulares; lo esencial sería sólo la satisfacción de la necesidad pública.

4º) El régimen jurídico especial, de derecho público, que tiende a asegurar la continuidad; uniformidad, regularidad y generalidad del servicio, completa con los dos primeros datos la noción tradicional ofrecida.

Afectación al servicio público de bienes de la Administración Una primera situación vendría configurada por ostentar en ella la Administración la titularidad sobre los bienes y, al mismo tiempo, sobre el servicio al que éstos se afectan. Tras ésta, tras la afectación, los bienes quedan sujetos a un régimen protector que sería el propio de la demanialidad, pues se da ésta, con diversas matizaciones, por la conjunción de la titularidad administrativa sobre un bien y afectación del mismo al uso o servicio público .

En cualquier caso, lo que aquí nos interesa destacar es la escasa o nula carga conflictiva que en este supuesto se percibe, y ello se explica en buena parte por la presencia de un solo sujeto: la Administración, titular del servicio al que quedan afectos los bienes y titular también de éstos, antes y después de la afectación. No cabe, por ello, una tensión intersubjetiva, y por ello la escasa conflictividad de este supuesto se vería, todo lo más, reducida al ámbito interno .

Consecuencia de ello de la escasa carga conflictiva que en esta situación se advierte ha sido la flexibilidad con que se admite puede producirse la afectación: junto a otras formas posibles, se reconoce sin especiales reparos la afectación en virtud de un hecho como es la incorporación física al servicio. Como, en definitiva, las consecuencias y éste es el factor que se pondera primordialmente no pueden ser de especial gravedad, no hay por qué ser excesivamente rigurosos en la determinación y control de sus causas.

Con relación a las entidades administrativas de las cuales dependen: en nacionales, estatales, municipales y mixtos.

Los servicios públicos nacionales

Son aquellos atribuidos a las competencias del poder nacional, tales como el control de las actividades bancarias, la inspección y vigilancia de las empresas de seguro, el registro de la propiedad industrial, el registro público o de la propiedad inmobiliaria, los ferrocarriles, la navegación aérea, el correo, el telégrafo y los teléfonos conforme al artículo 137 de la constitución dictada el 23 de enero de 1.961, el Congreso-hoy Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de los votos de cada cámara, dicto la Ley orgánica de Descentralización de Transferencia de Competencia del Poder Público el 28 de diciembre de 1.989, en la cual se transfiere a los estados los servicios de conservación de carreteras, puentes, autopistas, en su territorio, y de administración y puertos y aeropuertos públicos de uso comercial.

Los Servicios públicos municipales, son aquellos que dependen de las autoridades municipales, tales como: el urbanismo, el transporte colectivo urbano, alumbrado, acueductos, mercados, mataderos, aseo urbano, y los demás que guarden relación con la vida local.

Los servicios públicos mixtos o concurrentes son los que a un tiempo pueden ser atendidos por las autoridades nacionales, de los estados y municipales, como los de sanidad, educación y asistencia social. b.- Desde el punto de vista de la naturaleza los servicios, se dividen en dos grandes categorías: servicios públicos administrativos e industriales o comerciales.

Los servicios públicos administrativos son aquellos extraños a la actividad comercial, tales como los de sanidad y asistencia social, educación, protección y defensa del ambiente, registro público, defensa de los parques nacionales, conservación del patrimonio histórico y cultural de la nación.

Los servicios públicos industriales y comerciales En cambio, son aquellos cuya actividad habitual o principal consiste en la realización de actos de comercio.

Según que la organización y el funcionamiento de los servicios públicos fueren inherente a la existencia misma del estado o dependientes del arbitrio del legislador, se han distinguido los servicios públicos esenciales de los servicios públicos facultativos.

Conforme a una antigua clasificación: Los servicios públicos esenciales comprenden, la policía, entidad en un sentido amplio, como el conjunto de servicios organizados en vista de asegurar el mantenimiento del orden y de la tranquilidad y de tomar las medidas necesarias para la preservación de la seguridad pública; las fuerzas armadas nacionales, encargadas de asegurar la defensa del territorio.

Los servicios facultativos: el régimen de los transportes, las minas y los bosques, el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, los servicios de previsión social y de asistencia pública, la educación, y en general todas aquellas actividades del estado dirigidas al fomento de la economía y de la cultura. Esta clasificación

corresponde a la posición del liberalismo económico, respecto a los fines del estado.

Desde el punto de vista de su dependencia respecto a las entidades estatales se han dividido en propios e impropios. Los propios son los que presentan al estado directamente o por medio de un concesionario. Los impropios, aun cuando tenga por objetos satisfacer necesidades de interés general, no los presta el estado, ni los concede, sino tan solo los reglamenta.

Desde el punto de vista de la posibilidad de apreciar el beneficio recibido por los individuos, como resultado del funcionamiento de los servicios públicos, estos se han clasificado en servicios mensurables e inconmensurables. Los mensurables son los que comprenden prestaciones directas e inmediatamente suministradas a los individuos, que pueden medir por ellos, el beneficio recibido, tales como, los servicios de correo, telégrafos, ferrocarriles, autobuses, vacunación, educación, registro público. Los inconmensurables, en cambio, no consisten en presente acciones directamente suministradas a cada individuo, sino que, en estos casos la acción administrativa se ejerce de modo indivisible sobre la comunidad: tales son los servicios de la defensa, de protección de ambiente y las condiciones de salubridad, y de conservación del patrimonio histórico y cultural de la nación.

Mediante contrato público (selección). . Por formas no contractuales (todos operadores aptos, eligen usuarios). ) Gestión directa (por la Administración con medios propios): a) Gestión por la propia Administración pública (Entidad Local). b) Organismo autónomo (local).

Servicios públicos virtuales Son los servicios asumidos por la empresa privada que, a causa de la importancia o trascendental relación con el interés público, están vigorosamente intervenidos o controlados por las Administraciones Públicas. Son actividades reglamentadas o actividades disciplinadas, como también se las denomina. De ahí que se consideran como servicios que la Administración mantiene bajo control mediato. Entre otros servicios de esta clase cabe citar el de taxis, la farmacia, la enseñanza privada, la basura y las centrales lecheras.

Llamamos potestad sancionadora de la Administración a la capacidad que tienen las Administraciones Públicas para vigilar y corregir las conductas de los ciudadanos. Recordemos que, conforme al artículo 103 de la Constitución, la Administración “sirve con objetividad los intereses generales”. Esta función de garante del interés común le confiere algunas facultades extraordinarias o potestades.

Entre las potestades de la Administración para salvaguardar los intereses generales

se encuentra la potestad sancionadora. Esta consiste, básicamente, en la facultad de sancionar las conductas ilegales de los administrados.

Analicemos, por tanto, cómo se articula la potestad sancionadora de la Administración.

Qué es la potestad sancionadora de la Administración?

La potestad sancionadora permite a las Administraciones Públicas valorar las conductas de los interesados y castigar aquellas que resulten ilegales. En esta primera etapa debemos diferenciar los conceptos de: Infracción administrativa. La infracción es la conducta que ha vulnerado la legalidad.

Como tal, puede ser una conducta activa (por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol) o pasiva (por ejemplo, desobedecer la orden de un agente de policía). Las conductas pasivas también se conocen como omisiones.

Sanción administrativa. La sanción es el castigo que lleva asociada la infracción.

Puede consistir en la privación de bienes o derechos, así como en la imposición de multas.

Es fundamental diferenciar las sanciones administrativas de los medios de ejecución forzosa, así como de los delitos. Más adelante entraremos en estas cuestiones.

Las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del administrado. Han sido definidas como cualquier mal infringido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a resultas de un procedimiento administrativo.

Existen diversos elementos que determinan las características de la sanción administrativa: Proceden de una autoridad administrativa.

Producen un efecto aflictivo, ablatorio.

Prosiguen a la realización de un acto ilícito.

Cumplen una finalidad represora.

Su imposición exige la observancia de un procedimiento administrativo.1 Los principios en que se base la potestad sancionadora de la Administración han sido tomados del Derecho penal, siguiendo los criterio de la jurisprudencia largamente consolidada, en virtud de la cual se considera que tales principios son plenamente aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, en cuanto son comunes a toda actividad punitiva del Estado, cualquiera que sea el órgano que la ejerza: Principio de legalidad, según el cual se exige una atribución expresa por la Ley de

la esta potestad.

Irretroactividad, según el cual a los hechos hay que aplicar las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de ocurrir los mismos.

Proporcionalidad, prohibición de sanciones administrativas que impliquen privación de libertad y la Administración guardará adecuación entre la gravedad del hecho infracto y la sanción, considerando en especial los criterios de intencionalidad o reiteración, naturaleza de los perjuicios y reincidencia.

Prescripción: las leyes deberán fijar los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas.

Principio de tipicidad.

Principio de personalidad.

Principio de culpabilidad.

Principio de supremacía del orden penal.

Principio non bis in idem. Unos mismos hechos no pueden ser sancionados a la vez por sanción administrativa y penal. Para poder hablar de concurrencia de sanciones debe existir identidad de sujetos, hechos y fundamento.

Presunción de inocencia.

Los estudios del Control Fiscal han venido cobrando una gran importancia simultáneamente con el avance de la administración financiera. Abarca un campo tan amplio el control de la actividad estatal en general, y en particular el control fiscal, esta presente en el ordenamiento de los estados.

La disciplina fiscal recorre el mundo. La sostenibilidad de las finanzas públicas, cada vez hay más consenso sobre ello en todos los países, es elemento esencial para el desarrollo económico y social. Pero en situaciones como la venezolana parece más fácil decirlo que hacerlo. Reducir un agudo desequilibrio fiscal, como el que persiste hasta ahora en Venezuela, no solo requiere decisión política, sino instrumentos eficaces. No solo requiere titulares de prensa sobre recortes, sino reglas de juego que garanticen una senda segura de eliminación de las perturbaciones. En el resto del mundo es cada vez más frecuente el diseño y puesta en marcha de reglas fiscales claras para imponer límites al déficit, al gasto y a la deuda pública y que, además, tengan bien definidas las instancias de decisión responsables y transparentes.

Desde el punto de vista orgánico y funcional, el control fiscal, no se confunde con los actos y operaciones de naturaleza fiscal –como el manejo de fondos o bienes del Estado, su conservación, inversión y control interno-, sujetos a su escrutinio. Los actos de control fiscal independientemente de que refrenden o glosen una cuenta, partida o movimiento fiscal, tiene una entidad propia y carecen de subrogados dentro o fuera de la administración pública.”

La presente Ley tiene por objeto regular las funciones de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, y la

participación de los ciudadanos, en el ejercicio de la función contralora. La Contraloría General de la República, en los términos de la Constitución y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano, con autonomía funcional, administrativa y organizativa, al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización, de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control.

La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control.

4 Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los contribuyentes y responsables, previstos en el Código Orgánico Tributario, así como sobre los demás particulares, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley.