Director de la Opret asegura huelga no ha afectado el Metro

Santos Pérez explica la política de despidos por ausencia laboral

SD. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Antonio Santos Pérez, informó ayer que los empleados que se mantienen en huelga son desvinculados automáticamente después de tres días sin trabajar, por lo que se desvinculan por sí mismos.

“A medida que llegan a los tres días de ausencia, se desvinculan, pero lo hacen por su propia cuenta, ya que debemos trabajar y brindar un servicio a la ciudadanía”, dijo Santos.

Explicó que, en una revisión periódica, decidieron cancelar a 17 personas. “En operaciones, hay 800 empleados y revisamos periódicamente quiénes han faltado. En esta ocasión, se recomendó la desvinculación de 17 personas por múltiples motivos de incumplimiento, incluyendo irrespetos y situaciones desbordantes, lo cual es normal”, afirmó.

El funcionario asegura que el número de conductores en huelga es mínimo en comparación con la cantidad total, por lo que no han tenido mayores problemas para la operatividad del sistema de transporte. Según él, hay alrededor de 300 empleados que pueden conducir y solo 30 se han unido a la huelga.

También defendió la suficiencia de los entrenamientos de los nuevos conductores, quienes fueron adiestrados para suplir las ausencias. “Es muy delicado, pero los nuevos conductores aprendieron a ser operadores con el mismo currículo hace varios meses”, remarcó.

En cuanto a las demandas de los empleados del Metro, el director de la Opret afirmó que fueron satisfechas en enero de este año, por lo que le sorprendió el anuncio de la huelga. “Se les aumentó el sueldo y se cumplió con las demandas que la ley permite. Para mí, fue una sorpresa que hicieran este llamado que califico como tremendista”, acotó. Además, señaló que la entidad no adeuda prestaciones laborales a nadie. 

SD. Los miembros de la Cámara de Cuentas (CC) Janel Andrés Ramírez Sánchez y Mario Arturo Fernández Burgos solicitaron al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que por su jurisdicción privilegiada sean entrevistados como testigos del caso Operación Antipulpo desde su lugar de trabajo.

En instancias sometidas a las juezas del mencionado tribunal, Ramírez Sánchez y Fernández Burgos argumentan que el artículo 195 de Código Procesal Penal así contempla esta facilidad para los funcionarios con jurisdicción privilegiada, que incluye a los miembros del organismo de control exter- no de los recursos públicos, aunque esa parte de la normativa no los mencione.

Ambos fueron citados como testigos para la próxima audiencia del juicio de fondo a los imputados de Operación Antipulpo, pautada para el 25 de julio de este año. En la primera que se intentó conocer se postergó y una de las causas para que se aplazara fue que el principal acusado, Alexis Medina Sánchez, se presentó sin abogado. 

Aumenta la demanda de pruebas Covid-19 en Salud Pública

SD. La demanda por pruebas antigénicas y PCR para pacientes sospechosos de haberse infectado con el virus SarsCOV-2 van en notable aumento. Una prueba de ello es que ayer, en la carpa destinada a esos fines en el estacionamiento del Ministerio de Salud Pública solo quedaban tres sillas disponibles al momento de la visita. En las últimas tres semanas, los pacientes positivos a COVID-19 van en incremento, pasando de 111 casos activos en el boletín 1108 a 555 en la última actualización de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), el boletín 1111, donde se procesaron 3,531 muestras.

Termina el juicio preliminar del caso Operación Coral

SD. La jueza de Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, concluyó ayer el juicio preliminar o de las pruebas del caso Operación Coral, cuyo fallo se reservó para darlo a conocer el lunes 10 de julio a las 10:00 a.m., en el expediente se acusa a 48 personas físicas, la mayoría militares y policías, y jurídicas, de desfalcar con más de 4,500 millones al Estado en la pasada gestión gubernamental. 