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Miriam Germán pide una nueva ley para las víctimas y apoya Ministerio de Justicia

SD. La procuradora general de la República, Miriam Germán, expresó que el año pasado el Ministerio Público estuvo enfocado en el análisis de dos importantes propuestas legislativas, las cuales, según comentó, tendrán un impacto trascendental en la institución a corto y mediano plazo.

Se trata de la ley del Ministerio de Justicia, tras considerar que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, distinguién- dola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, las cuales son propias del Poder Ejecutivo.

“Como es de conocimiento público, a partir de la Ley 485 del año 64 fueron transferidas a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia, esto ha significado una gran carga institucional que ha afectado la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor”, indicó la magistrada durante su rendición de cuentas del año 2022.

Asimismo, agregó: “No es

Anunciará vacantes de fiscales 4

En torno al fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, Germán sostuvo que es la primera vez en la historia del órgano acusador que se implementa una evaluación técnica y rigurosa con miras a evaluar el desempeño de fiscales ocupando posiciones de titulares, cumpliendo así con lo establecido en la ley. Adelantó que, a finales de este mes, serán dados a conocer los resultados preliminares de las evaluaciones, para luego proceder con la ejecución de un concurso para titularidades que cubra las plazas vacantes que queden disponibles. Se recuerda que el comité evaluador está integrado por las direcciones generales de Carrera, de Persecución y Administrativa, así como por el Contralor del Ministerio Público, y que son evaluadas titularidades de diferentes jurisdicciones.

tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas y moldeado nuestro ejercicio, pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconoce la constitución y la ley orgánica”.

También habló sobre la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.

Proyecto protección

Al referirse a la persecución penal durante su gestión, Germán Brito indicó que la Procuraduría General de la República tiene el interés de motivar una ley para la protección de las víctimas.

“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa, en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”.

0 Procuradora general de la República, Miriam Germán, durante su rendición de cuentas.

En este contexto, apuntó que, durante su administración, se “ha dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos”.

“Se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos”, detalló.

Luego de referirse a esta iniciativa, la funcionaria señaló que, con el fin de mejorar el servicio en las unidades de violencia de género, están siendo remozadas 23 unidades a nivel nacional. 

Retener pacientes o cadáveres

infracción muy grave a la SS

SD. La comisión bicameral que estudia la reforma integral a la ley 87-01 que norma el Sistema Dominicano de Seguridad Social decidió proponer a los plenos bicamerales que se establezcan 52 infracciones que serían perseguidas por una procuraduría especializada, que se crearía, que, entre otras cosas, sancionaría como infracciones muy graves a quienes retengan pacientes o cadáveres por la falta de pago por gastos médicos o por negar la permanencia de los pensionados al Seguro Familiar de Salud.

Las infracciones muy graves serían sancionadas con multas de 50 y 151 salarios mínimos vigentes hasta 300 salarios mínimos vigentes y prisión de 18 meses a cinco años, así como la degradación cívica expresa por un mínimo de 10 a 20 años cuando un funcionario público sea condenado, más la reparación del daño causado.

En tanto que las infracciones graves serían sancionadas con multa de 50 y 51 salarios mínimos vigentes hasta 150 salarios mínimos vigentes y prisión de tres a 18 meses, así como con la degradación cívica expresa, con entre uno a cinco años. También, conllevaría la degradación cívica expresa por el tiempo de 10 años, cuando el condenado sea funcionario.

Mientras, las infracciones leves serían sancionadas con 10 a 50 salarios mínimos del sector público y prisión de un mes a dos meses, más la reparación del daño causado. En el caso de reincidencia se duplicaría la pena y se pronunciaría a la degradación cívica. 