Ejecutivo “Nosotros no estamos planteando una reforma general del Código Procesal Penal”

Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, informó que trabajan en una serie de proyectos a ser sometidos al Congreso Nacional para contrarrestar la criminalidad en el país.

N.Campos/B.

Rosario

SANTO DOMINGO. Desde el Poder Ejecutivo no se impulsa una reforma al Código Procesal Penal, sino que se trabaja en un proyecto para que en los casos de reincidencia en los delitos se aplique prisión preventiva como medida de coerción.

La precisión la hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al ser consultado tras la polémica que ha provocado la información de una posible reforma a la legislación.

El presidente Luis Abinader, en la reunión de seguimiento de seguridad ciudadana del pasado lunes, anunció que, en los próximos días, el Ejecutivo sometería un proyecto de reforma al Código Procesal Penal dirigido a modernizar una normativa excesivamente garantista.

“Él (Abinader) entiende que la reincidencia en el delito debe ser una causal para que los jueces la tomen en cuenta, como una posible causa para que la medida de coerción sea prisión, es decir, ustedes saben que el Código Procesal Penal tiene siete medidas de coerción, entre ellas grilletes, impedimento de salida, fianza, presentación periódica, prisión domiciliaria y la más grave es la prisión”, destacó.

Explicó que para la imposición de la prisión preventiva debe haber razones justificadas y corresponde al juez apreciar si son altas las posibilidades de implicación en los hechos, así como si el imputado representa peligro de fuga o hay peligro para sí mismo.

Peralta aclaró que el proyecto toca en cierto modo al Código Procesal Penal, en lo concerniente a la medida de coerción, pero que en modo alguno se trata de una reforma general.

Controles de seguridad

Actualmente el Poder Ejecutivo trabaja en una serie de proyectos de ley a ser remitidos al Congreso Nacional para contrarrestar el crimen organizado.

Entre ellos uno para controlar la violación de propiedad (invasión de terrenos), el secuestro y otro para evitar que los funcionarios públicos puedan usar las expropiaciones en beneficio propio.

“La República Dominicana no es un lugar donde su principal problema de criminalidad sea el secuestro, pero no hay que esperar que comiencen a registrarse para que haya una ley”, detalló

Peralta al participar en el Diálogo Libre de DL.

Funcionarios y la licencia

A pesar de que la Ley de Régimen Electoral no obliga a todos los funcionarios que sean candidatos a tomar una licencia de sus funciones, el Gobierno está buscando el mecanismo para obligarlos a hacerlo.

El artículo 45 de la referida norma establece que solamente los funcionarios de organismos autónomos del Estado y de los

“La dirección del DNI que impulsa el proyecto de ley ha ido cediendo en todos los elementos y ha ido consensuando varios elementos”

“La reincidencia en el delito debe ser una causal para que los jueces la tomen en cuenta, como una posible causa para que la coerción sea prisión”

Antoliano Peralta Consultor Jurídico del PE

ayuntamientos cuyas candidaturas sean admitidas por la Junta Central Electoral “quedarán suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones”.

En cumplimiento a esa obligación, Antoliano Peralta informó que próximamente se emitirá una circular en la que “exhortará” a los funcionarios en esta categoría a tomar licencia, pero también lo harán con el resto.

Manifestó que “hay la aspiración del Ministerio de Administración

Pública, y le han pedido la colaboración a la Consultoría, para emitir una circular recordando a todos los funcionarios que caen dentro de lo que establece la ley para que sepan que quedan suspendidos automáticamente; y aquellos que no pertenecen a esos órganos exhortarlos a que pidan la licencia sin disfrute de sueldo. Además de la exhortación, Palacio evalúa la manera de crear una obligación. El Consultor recordó que el Ministerio de Administración Pública puede otorgar licencia por un máximo de 60 días, y que ésta puede ser extendidas por más tiempo con la autorización del presidente. 

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