Minerd dice que no renunciará a su derecho

De Elaborar Libros De Texto

Afirma que la resolución está amparada en la Constitución y en la Ley General de Educación

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) manifestó que no renunciará a su deber y derecho constitucional de establecer las políticas públicas que sean favorables al desarrollo de la educación nacional, enfocándose en la política de edición de los libros de texto a ser utilizados en el sistema educativo público.

“La regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado. La ley podrá establecer que la regulación de estos servicios y de otras actividades económicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines”, manifestó la cartera en un comunicado recibido por este diario.

La editora privada Casa Duarte entabló una demanda contra el Ministerio de Educación ante el Tribunal

Superior Administrativo por la ordenanza 03-2022 que establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje, por parte de la cartera.

No ha violado derecho

Pero el ministerio que dirige Ángel Hernández entiende que sus decisiones están amparadas y protegidas por la ley.

“El MINERD no ha viola- do ningún derecho. Este Ministerio, dentro de sus funciones, ha evaluado y aprobado a autores independientes y a editoras 354 libros de texto, que siguen vigentes por el plazo de cuatro años desde el momento de aprobación por la Dirección de Currículo. Los editores siempre han vendido sus libros en los colegios privados y es obvio que lo pueden seguir haciendo,

La demanda ante el TSA

4La empresa editorial Casa Duarte, representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Boris De León Reyes e Ismael Tavárez Beras, presentó una demanda contra el Minerd ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), alegando que viola preceptos constitucionales y varias disposiciones legales. El recurso considera que la resolución viola el debido proceso administrativo, vulnera la ley General de Educación, la ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguri-