proyecto para garantizar acceso a las playas

35 diputados someten proyecto de ley para garantizar acceso público a playas

La idea, apoyada por el PRM, PLD, OD y FA, busca crear un fondo que sea destinado a conservar y dar mantenimiento al litoral marítimo

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La pieza garantizaría libre acceso, uso y disfrute de las playas. En la imagen, Bahía de las Águilas.

Yamalie Rosario

Redactora Senior

SANTO DOMINGO. Un total de 35 diputados, de cuatro partidos, el Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), de Opción Democrática y del Frente Amplio, sometieron un proyecto de ley que busca garantizar el libre acceso, uso y disfrute de las playas, costas y riberas existentes en todo el territorio nacional y sus islas adyacentes.

La propuesta plantea que “la franja de terreno denominada como marítima esté comprendida entre la línea de bajamar, escorada o máxima viva equinoccial, hasta 60 metros de ancho a partir de la pleamar zona marítimo-terrestre o espacio comprendido y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. O, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”. Esta franja formaría parte del dominio público, pertenece al Estado y por tanto los terrenos que comprende son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Según el artículo 4, no sería posible legalmente adquirir ni haber adquirido derecho de propiedad alguno sobre la franja marítima. Además, conforme al artículo 17 de la pieza, el Fondo para el Desarrollo Provincial Costero, de Protección y Gestión de Costas y Playas (Fonplayas), que sería creado, será utilizado para proteger, preservar, modernizar y recuperar la franja marítima; así como para la limpieza y mantenimiento de las playas, construcción de infraestructuras de desarrollo y facilidades de uso y acceso a costas y playas. Asimismo, el Fonplayas serviría para garantizar el orden y la seguridad pública, el ornato y embellecimiento, educación, información y orientación ciudadana y toda acción que permita la correcta aplicación de esa ley, si es aprobada.

La iniciativa fue presentada el pasado 8 de noviembre, por los diputados Eugenio Cedeño, quien es su proponente principal; José David Pérez, Jesús Manuel Sánchez, Fior Daliza Peguero, Norberto Ortiz, Francisco Paulino, Adelis Olivares, Mayobanex Martínez, Rosa Hilda Genao y Dorina Rodríguez. También, por Soraya Suárez, Radhamés Camacho, Lupe Núñez Francisco Solimán, Darío Zapata, Ramón Ceballo, Dulce Quiñonez, Pedro Tineo, José Horacio Rodríguez, entre otros.

Crearían un Consejo

El proyecto de ley plantea la conformación del Consejo para la gestión del Fonplayas que estará presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, e integrado por el Ministerio de Turismo, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) y la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial.

Además, contempla que sea conformada una Comisión de Vigilancia y Veeduría Permanente, que sería presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por la Academia de Ciencias, la Fundación Equidad y Justicia Social, Participación Ciudadana, la iglesia Católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica.

Sanciones

En el artículo 20, establece que las violaciones a esa ley serán sancionadas con multas de hasta un millón de pesos, pudiendo cuadruplicarse según la gravedad de la infracción, consecuencias y efectos, así como la reiteración o beneficios obtenidos por el infractor.

En tanto que el párrafo I, de referido artículo, consigna que la intrusión en instalaciones hoteleras o residencias existentes en los límites de la zona de playas y costas y el uso no autorizado de esas instalaciones serán castigados con las penas de tres meses a dos años de prisión.

Con igual pena será castigada la persona física que en violación a esa ley impida, obstaculice o perturbe el libre acceso, uso y disfrute de las playas y costas a otra persona.

Según el párrafo I del artículo 7, no estaría permitido delimitar o cercar las playas, así como colocar barreras u obstáculos que impidan el tránsito por las zonas de servidumbre que permitan el acceso a las mismas. 

Garantías y riquezas

Su proponente principal, Eugenio Cedeño, destacó que la Constitución del año 2010 asumió una propuesta suya sobre el libre acceso a las playas, costas y riberas, por lo que constituye un derecho constitucional accesar, pernotar y disfrutar de éstas. Destacó las sanciones establecidas en la ley para garantizar su cumplimiento y aseguró que la misma, de ser aprobada, generará recursos y riquezas a los ayuntamientos y a los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como para la Policía Turística, que garantizará la vigilancia de las playas.

Consulta pública sobre manejo Cabo Samaná

El plan establecerá los requerimientos para actividades ecoturísticas

Paola Wisky

SD. El Ministerio de Medio Ambiente convocó a la población a participar en el proceso de consulta pública del Programa de Uso Público del Plan de Manejo del Área Protegida: Monumento Natural Cabo Samaná, a fin de que se realicen las observaciones o sugerencias al proyecto que la ciudadanía entienda pertinentes.

Los interesados podrán ver el programa a través de la página web del Ministerio, en la sección Consulta Pública del portal de Transparencia, señala la convocatoria hecha por las autoridades.

El programa tiene como objetivo establecer los requerimientos técnicos y medidas ambientales generales para la práctica de actividades ecoturísticas en el Monumento Natural Cabo Samaná, con la finalidad de prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades mediante el Cabo Samaná.

uso responsable de las áreas protegidas.

Medio Ambiente informó que el plazo para las observaciones al programa inició el viernes 11 del presente mes y estará vigente hasta el cinco de diciembre. Cabo Samaná fue declarado como Monumento Natural en el año 2004. 

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Cumbre climática entra en fase de negociación política

Finaliza primera semana de negociaciones técnicas y se pasa a las políticas para avanzar en planes de la mitigación y adaptación climática

SHARM EL SHEIJ. Este domingo, jornada de descanso en la COP27, puso fin a una primera semana de negociaciones técnicas para dar lugar a las políticas, un diálogo que avanzará en los planes de financiación de la mitigación y adaptación climática.

El encuentro de líderes mundiales en Sharm el Sheij, en Egitpo, arrancó la llamada “cumbre de implementación”, donde el objetivo principal es aumentar los fondos que costean la transición ecológica necesaria para combatir el cambio climático, así como la adaptación que requiere amortiguar los impactos que ya son -y serán- inevitables.

Jefes de Estado y de Gobierno de casi un centenar de países se presentaron en la 27ª cumbre del clima de la ONU para plantear la urgencia de descarbonizar la economía a fin de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales y evitar las peores consecuencias de la crisis climática.

Las conversaciones que han tenido lugar a lo largo de la primera semana darán lugar a un texto donde se plasmarán los principales asuntos que se abordarán en la segunda etapa, en la que los grupos negociadores -que representan los intereses de cada región- precisarán las propuestas y compromisos con los que aspiran a contener el calentamiento y ayudar a los países más vulnerables.

“Infierno climático”

Un informe publicado esta semana respaldó las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando advirtió a los líderes mundiales: “Estamos en una autopista al infierno climático con el pie en el acelerador”, y propuso gravar los beneficios extraordinarios de las empresas de los combustibles fósiles, principales culpables de las emisiones de gases invernadero.

El documento, emitido por Global Carbon Project, estima que las emisiones globales de gases invernadero subirán de nuevo y alcanzarán un nuevo récord en 2022, mientras que según la comunidad científica limitar el calentamiento por debajo del grado y medio implica rebajar las emisiones en un 43 % para 2030 respecto a los niveles de 2019.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, llamó a redoblar esfuerzos contra el cambio climático.

Líderes mundiales

Por Sharm el Sheij pasaron mandatarios de grandes potencias como el presidente estadounidense Joe Biden, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, los presidentes europeos Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Rishi Sunak, entre muchos otros, mientras los jefes de gobierno de China, Rusia, India y Brasil fueron algunos de los grandes ausentes del encuentro de alto nivel.

En esta cumbre, la primera que se celebra en África desde 2016, el concepto de pérdidas y daños ha acaparado buena parte de los discursos, sobre todo los ofrecidos por estados del llamado Sur Global y países insulares como Barbados, Maldivas o Antigua y Barbuda, los mayores afectados por los impactos de la crisis climática.

Los países en vías de desarrollo piden por ello un mecanismo nuevo que con fondos -con aportaciones de los países más enriquecidos- financie las reparaciones tras sufrir fenómenos extremos causados por el calentamiento al que, por otra parte, apenas han contribuido.

Los países desarrollados los mayores responsables del calentamiento-, que según explicaron están de acuerdo en costear esos daños, abogan en su mayoría por hacerlo a través de fondos ya operativos, como el Fondo de Adaptación o el Fondo Verde para el Clima, en lugar de crear uno ad hoc para pérdidas y daños.

Según avanzaron desde la presidencia de la COP27, la segunda semana de la cumbre, con la llegada de los ministros a las salas de negociación se espera avanzar en el diálogo de pérdidas y daños, en adaptación -donde el objetivo marcado es duplicar la financiación- así como en el programa de trabajo centrado en la mitigación.

Mitigación

En lo que respecta a mitigación (reducción de emisiones), el debate se centra en concretar el grado de cumplimiento de los compromisos actuales, que todo indica que quedará pendiente para el año que viene, así como en decidir la duración del programa de revisión de los objetivos que se fijan por periodos de diez años.

En financiación, la discusión gira sobre el compromiso de dotar el Fondo Verde del Clima con US$100,000 millones, objetivo que se espera alcanzar en 2023, una década después de lo previsto, y sobre en cuánto elevar el objetivo a 2025 (se habla de US$130,000 millones).  EFE

Discutir las pérdidas y daños

Hoy arranca la parte “ministerial” o “política” sin que, por el momento, haya ningún documento técnico relacionado con pérdidas y daños sobre el que las delegaciones puedan empezar a negociar los puntos y comas del que será el acuerdo final de la COP27, explicaron fuentes.

“Estos dos grupos de países están cerca de entenderse los unos a los otros, pero han parado el debate hasta que lleguen los políticos para ver qué puentes, qué tipo de proposiciones se pueden hacer para que nos acerque a una solución”, según el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en las negociaciones de la COP27, Jacob Werksman.

El enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, aseguró que su país defiende que las compensaciones por los daños producidos por los desastre climáticos se den en el marco de vehículos de financiación ya existentes y que trabajan intensamente para lograr un acuerdo.

Las aportaciones a fondos auspiciados bajo la ONU son voluntarias y el presupuesto para pérdidas y daños se podría usar para financiar, por ejemplo, la reconstrucción de zonas que puedan verse devastadas por desastres naturales asociados al cambio climático.