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ESPECIAL.
MARTES 23 ENERO DEL 2018
∙BALTASAR GARZÓN INTERVINO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DE MANERA ILEGAL A INTERNOS DE UNA CÁRCEL ESPAÑOLA
Juez español fue inhabilitado por
El constitucionalista Hugo Estigarribia asegura que para que los audios de llamadas tengan plena validez en un juicio, deben ser obtenidos mediante una orden judicial.
B
a lta sa r Ga rzón, famoso juez español y referente mundial del combate a la corrupción en su país, quien desarticuló roscas mafiosas del narcotráfico y aplicó la justicia universal para investigar crímenes de regímenes dictatoriales, saltó a la fama en 2010 cuando la Sala Penal del Supremo de España lo condenó a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez, con pérdida definitiva de su cargo luego de 31 años de carrera judicial, por “prevaricación” y haber ordenado la intervención de comunicaciones telefónicas, de manera ilegal en la cárcel, de los corruptos y sus abogados. El delito de prevaricación, según los términos jurídicos, es cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Garzón fue con-
Baltasar Garzón.
denado a una fuerte multa en euros y también debió correr con los gastos del juicio, incluidos los de las acusaciones particulares. Esta drástica determinación del Supremo fue como consecuencia de haber ordenado la intervención de comunicaciones, durante la investigación de uno de sus casos. Para tal efecto, el magistrado utilizó artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido (…), violando de esa manera las garantías constitucionales en su
país. Para el Poder Judicial español, Garzón colocó a todo el sistema procesal penal “al nivel de sistemas políticos ya superados” y ha admitido prácticas “propias de regímenes totalitarios” en los que “todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado, prescindiendo de las garantías mínimas para los ciudadanos”. EL CASO GÜRTEL El caso Gürtel es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre del 2007 por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y denunciada por la Fiscalía en febrero del 2009 ante la Audiencia Nacional, que instruyó el juez Baltasar Garzón, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular (PP), que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia. Garzón fue objeto luego de una denuncia penal y fue separado del caso en el 2010 tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, al entender que recurrió a escuchas telefónicas de manera ilegal. Aquella trama derivó más tarde en una investigación
Baltasar Garzón fue inhabilitado como juez en el 2010. de una contabilidad paralela (contabilidad B) del PP, de recepción de donativos ilegales (no declarados a Hacienda) de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del partido. El diccionario más grande del mundo, Wikipedia, explica que el caso tenía que ver principalmente con el empresario Francisco Correa Sánchez -su apellido Correa en alemán dio nombre al casotras la denuncia realizada por el ex concejal José Luis Peñas, entre otros. Peñas, ex concejal del PP en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde el 2001 hasta el 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el 2007. Había contado que recibió más de 260.000 euros de una trama corrupta y
aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market, eran propiedad de Francisco Correa. Ese grupo, más otras personas, “habrían establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios”. Según la publicación, “era el método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios. Era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas”.
Sin embargo, en un giro inesperado, el 25 de febrero del 2010, la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo de España dio trámite a una denuncia e hizo lugar a una querella contra Garzón. El denunciante fue el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León. El motivo de la querella fue la orden de Garzón de grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. Finalmente, las escuchas fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha inter vención v ulneraba “el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”. Además, el Tribunal señaló en su fallo que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley “de forma errónea” y, sin motivación alguna, ante la “mera posibilidad” de que los letrados actuaran de “enlaces” de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. E l Partido Popular (PP) es un partido político conservador español situado en el centro-derecha o la derecha política. Fue fundado en 1989, cuando adoptó su denominación actual, que sustituyó a la de A lianza Popular. Es uno de los partidos mayoritarios de España. En la actualidad el PP es el partido de gobierno en funciones de España, tiene mayoría simple en el Congreso de los Diputados, mayoría absoluta en el Senado y gobierna en cinco comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla. Es, con las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy, la segunda formación que más años ha gobernado el país desde el restablecimiento de la democracia, por detrás del PSOE.