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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 Usuarios JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Sede: Quispicanchi - URCOS. EDICTO PENAL Juez : Dra. Luz Marina Merma Delgado Secretaria Judicial. : Abog. Sonia Libertad Quispe Jorge. Esp. Judicial de Audio: Abog. Joseph Louis Huamán Sarmiento. Se cita y emplaza al imputado CIRILO APAZA QUISPE, para que se ponga a derecho y se defienda de los cargos formulados en su contra, en el Proceso Penal N° 000532013-0­1014-JR-PE-01-URCOS, por la presunta comisión del delito CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA, en su modalidad de DELITOS DE PELIGRO COMUN, sub. Tipo CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN, en agravio de LA SOCIEDAD REPRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO. PROCESO EN EL QUE SE HA LLEVADO A CABO LA AUDIENCIA PUBLICA DE CONTROL DE ACUSACION, LA MISMA QUE SE HA RESUELTO SUSPENDER para continuarse el día CINCO de NOVIEMBRE del año en curso, a horas 08:10 DE LA MAÑANA en esta misma Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Urcos Urcos, 24 de setiembre del 2013. Firmado: Esp. Judicial de Audio: Abog. Joseph Louis Huamán Sarmiento. 03VZ.02.03.04.X.13 CPJ.

DIARIO JUDICIAL DEL CUSCO EDICTO JUDICIAL En el Exp. No. 2012-040, ante el Juzgado Mixto y Unipersonal de Echarate, Despachado por el Sr. Juez Dr. Carlos Huañac, bajo la actuación del Secretario Judicial Francisco Puma Molina, se ha admitido a trámite proceso contra JUAN ROCA CCAPA, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de ADELMA ROCA CCAPA, se ha dispuesto NOTIFICAR a ambas partes, que asistan al Juzgado dentro del plazo de 5 días ha recabar las copias de la demanda, auto admisorio para ejercer su derecho a la defensa, bajo apercibimiento de declararse rebeldes. Firma Sr. Juez C Huañac.- Secretario F. Puma. LO QUE NOTIFICO A UD., PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LEY. Echarate, 07 de Setiembre del 2012. Firmado: Secretario J. FRANCISCO S. PUMA MOLINA 03VZ.02.03.04.X.13 CPJ.

EDICTO JUDICIAL Ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Espinar, que Despacha la Señor Juez Doctor Edwin Florencio Cruz Domínguez, se tramita el Proceso No. 36 - 2010 - 61 -1009- JR-PE-O1 (Cuaderno de Debate), seguido contra DIONICIO OROSCO POCO, FERNANDO HUARCA LLASA, LELSO HUARCA LLASA, EBER ROGER CCALLO CHAVEZ, ANDRES CCACYA VALENCIA, EPIFANIO OROZCO PUCO y MARCELINO LENGUANI THEA, por la comisión del delito Contra la Libertad, en la modalidad de Violación de la Libertad Personal, sub. tipo Secuestro, en agravio de Sergio Pacco Ojeda; en la que, se ha dispuesto citar y emplazar a los acusados DIONICIO OROZCO POCO, FERNANDO HUARCA LLASA, LELSO HUARCA LLASA, EBER ROGER CCALLO CHAVEZ, ANDRES CCACY A VALENCIA, EPIF ANIO OROZCO PUCO y MARCELINO LENGUANI THEA, para que concurran al local del Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Espinar, sito en la Plaza Tupac Amaru S/N - Espinar. Firma Secretario Judicial.- Edward Daniel Romero Quispe. Espinar, 09 Setiembre del 2013. 03VZ.02.03.04.X.13 CPJ.

EDICTO PENAL SEÑORA: MARY CRUZ ROJAS QUISIYUPANQUI. El señor Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, Dr. Edwin Paz Carpio, ha dispuesto se notifique a la imputada MARY CRUZ ROJAS QUISIYUPANQUI, en el proceso Nro 1048-2013-0-1 001-JR-PE-02, seguido contra la antes indicada, por el delito de Lesiones Leves, en agravio de Laura Ccahuana Quispe, bajo la actuación de la especialista Judicial Abog. Miriam Apaza Kádagand, ha resuelto notificar a la imputada con la siguiente resolución: Resolución Nro.8 Cusco, veintiséis de setiembre Del año dos mil trece. DADO CUENTA: Con el vencimiento del plazo del traslado del requerimiento de acusación directa y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el inciso 4 del articulo 336 del Código Procesal Penal, establece que “El fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación”. SEGUNDO.- Que, el inciso 1 del articulo 351 del mismo cuerpo normativo, establece “Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales vencido el plazo fijado en el articulo anterior, el Juez de la Investigación Preparatoria señalara día y hora para la realización de una audiencia preliminar... “ TERCERO.- Que, la acusación directa como facultad del fiscal (titular de la acción penal

pública) significa obviar una etapa del proceso hasta la etapa intermedia, prescindiendo de la etapa de la investigación preparatoria, con la finalidad de dar mayor eficiencia y celeridad en la administración de justicia. Precisando además que “el fundamento jurídico de dicha facultad se halla en el principio de celeridad. Así como en el de legalidad por el cual el fiscal tendrá la obligación de perseguir los delitos... “ Ia negrita y el subrayado es nuestro). CUARTO.- Que, estando a la naturaleza de la acusación directa que viene a ser un tramite simplificado del proceso penal, que tiene por finalidad dar mayor eficiencia y celeridad en la administración de justicia, no puede estar sujeta íntegramente al tramite establecido para la acusación ordinaria, esto es respecto a la concurrencia obligatoria de la defensa técnica del procesado a la audiencia preliminar de control de acusación; logrando de esta forma se cumplan los principios de economía y celeridad procesales establecidos en el articulo 6 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dada la naturaleza del requerimiento, a tono con ello, debe cobrar vigencia el articulo 85.1 del Código Procesal Penal, trascrito precedentemente, apartándose de cualquier criterio anterior sobre el particular. EN TAL VIRTUD: 1. CITAR para el día NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (hora exacta) la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION en la SEGUNDA SALA de Audiencias de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Cusco, ubicado en el inmueble W 239 de la Avenida El Sol de esta ciudad, Palacio de Justicia sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, con la presencia obligatoria de la defensa técnica de la parte imputada, y el Fiscal a cargo de la investigación, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustificada del representante del Ministerio Publico, de poner en conocimiento del Órgano de Control Interno;- PRECISESE además que la inasistencia injustificada del abogado defensor de la parte imputada a la audiencia programada motivara que el operador judicial aplique lo dispuesto por el inciso 3 del articulo 85 del CPP modificado por Ley N° 30076. 2. COMUNICAR a los sujetos procesales que la carpeta fiscal se encuentra en la Oficina de custodia de este Despacho Judicial. 3. PRECISAR: a) Que, el desarrollo integro de la audiencia será grabado en audio. b) Que las resoluciones dictadas oralmente en la audiencia preliminar, se entenderán notificadas a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan concurrido. NOTIFICAR a las partes en sus respectivos domicilios procesales señalados en autos, incluida a la parte agraviada. media firma del Juez Dr. Edwin Paz Carpio, ante mi Miriam Apaza Kádagand, de que doy fe. Cusco, 26 de setiembre del 2013. Firmado. Especialista J. MIRIAN APAZA CÁDAGAN 03VZ.02.03.04.X.13 CPJ.

EDICTO JUDICIAL Se notifica a los progenitores del menor Edison Ramos Tacca (no habido), que en el Segundo Juzgado Mixto de Wanchaq despachado por el Dr. Andrés Abelino Flores Aguilar se viene tramitando el Proceso N° 414-2013-FP, por infracción contra el Patrimonio, en agravio de Edwin Jara Carpio, habiéndose señalado como nueva fecha para la Audiencia de Esclarecimiento de Hechos el día 14 de Noviembre-2013 a hrs. 09.00 am, lo que se notifica para los fines pertinentes.- Bajo la actuación de la Secretaria de Juzgado Abg. Evangelina Conza Choque.Wanchaq, 26 de Setiembre del 2013. 03VZ.02.03.04.X.13 CPJ.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIAL SEÑOR: CRISTHIAN ANTHONY CHILLITUPA ARCE Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Cusco, a cargo de la señora Juez Gilda Aurora Zea Núñez, y bajo la actuación de la Secretaria Judicial Ketty Conchoy Ochoa, se viene tramitando el proceso Nro. 00715- 2012; habiéndose emitido la resolución Nro. 01 de fecha 13 de julio del 2012 y la resolución Nro. 05 de fecha 16 de setiembre del 2013, en los quese ha resuelto: ADMITIR a trámite en la vía del proceso Sumarísimo la demanda instada por ELlAS CHILLITUPA LAURA sobre EXONERACION DE ALIMENTOS en contra de CRISTHIAN ANTHONY CHILLITUPA ARCE, en consecuencia córrase traslado al demandado por el término de cinco días para su absolución CUMPLASE con NOTIFICAR al demandado CRISTHIAN ANTHONY CHILLITUPA ARCE, mediante EDICTOS conforme a ley, a fin de que conteste la demanda en el término concedido, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal y continuarse con el trámite regular del proceso; publicación que se deberá hacer por tres días consecutivos, en el diario oficial “El Peruano” y en el diario Judicial “Diario del Cusco”. Se efectúa la presente publicación para los fines consiguientes de Ley. Cusco, 19 de setiembre del 2013 3v-2-3-4-x-13 b/v 30029

EDICTO JUDICIAL .- Ante el Primer Juzgado Mixto de Sicuani, a cargo de la señorita Juez titular doctora Liliam Selene Monasterio Alarcón y, bajo la actuación de la Secretaria Judicial Sofía Ríos Quiroz, se viene tramitando el proceso contencioso N° 00186-2012-0-1007-JM-CI-01,


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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

la solicitud presentada por Teófilo Ascue Apaza, sobre Ineficacia de Acto Jurídico, se ha dispuesto la publicación de Edictos, siendo el contenido de la resolución NÚMERO DOS: de fecha veintiséis de octubre del año dos doce, en forma sumillada el siguiente SE RESUELVE: Admitir a trámite en la vía del PROCESO DE CONOCIMIENTO la demanda interpuesta por TEÓFILO ASCUE APAZA sobre las siguientes pretensiones; a) Ineficacia de Escritura Publica de Compra venta de fecha 28 de Junio del 2005, otorgado por María Apaza Román Viuda de Ascue a Favor de Víctor Nicolás Araoz Apaza y Silveria Dueñas Merma de Araoz: respecto del predio denominado “San Buenaventura” de 5,652.00M2 en las faldas del cerro Jururo de esta Ciudad, por la causal de falta de Legitimidad Sustantiva para Disponer los Bienes Inmuebles citados en la demanda por los vendedores: b) Ineficacia de Escritura Publica de Compra venta de fecha 28 de Junio del 2005, otorgado por María Apaza Román Viuda de Ascue a Favor de Víctor Nicolás Araoz Apaza y Silveria Dueñas Merma de Araoz, respecto de la tienda signada numero 145 con un área de 56.30 M2, ubicado hoy entre la Avenida Tupac Amaru y Jirón Talara de esta ciudad, por la causal de falta de Legitimidad Sustantiva para Disponer los Bienes Inmuebles citados en la demanda por los vendedores.- c) Ineficacia de Escritura Publica de Compra venta de fecha 28 de Junio del 2005 otorgado por María Apaza Román Viuda de Ascue a Favor de Emiliano Washington Araoz Dueñas y Pascuala Prudencia Ascue Soncco, respecto de la tienda numero 141 de una extensión de 148.50M2 ubicado entre la Avenida Tupac Amaru y Jirón Talara de esta Ciudad, por la causal de falta de Legitimidad Sustantiva para Disponer los Bienes Inmuebles citados en la demanda por los vendedores; y c) Nulidad Parcial del Testamento por escritura Publica de fecha 30 de Junio del año 2005, otorgado por María Apaza Viuda de Ascue con la Causal de finalidad Ilícita y Objeto Jurídicamente Imposible, con la causal de finalidad ilícita y Objeto Jurídicamente Imposible contra la sucesión del que en vida fue doña MARÍA APAZA ROMÁN VDA. DE ASCUE, representado por sus herederos testamentarios: 1).-A la sucesión del que en vida fue ÓSCAR ASCUE APAZA, heredero del que en vida fue María Apaza Román Vda. De Ascue, representado por su hija Margarita Ascue Castro. 2).-A la sucesión del que en vida fue AURELIO ASCUE APAZA heredero del que en vida fue María Apaza Román Vda. De Ascue, representado por su hija Pascuala Prudencia Ascue Soncco. 3).-AUGUSTO ASCUE APAZA, 4).-VÍCTOR NICOLÁS ARAOZ APAZA y esposa 5).-SILVERIA DUEÑAS MERMA DE ARAOZ: en consecuencia CÓRRASE TRASLADO a los demandados por el plazo de TREINTA DÍAS improrrogables, bajo apercibimiento de declarárseles rebelde. A LOS MEDIOS PROBATORIOS; Téngase por ofrecido los medios probatorios de la recurrente, los que serán merituados en su oportunidad procesal.- A LOS ANEXOS: Agréguese a sus antecedentes los anexos que acompaña.- H.S. Sicuani, 20 de agosto de 2013.- Sofía Ríos Quiroz.- Secretaria Judicial.3V 2-3-4 OCT b/v 30050

EDICTO JUDICIAL Expediente Nro. 2192-2011-0-1001-JR-FT-03, el Tercer Juzgado de Familia del Cusco, Juez Edwin Béjar Rojas en la investigación sobre abandono del menor ADRIANO ESTEFANO PALOMINO RAMOS, de 02 AÑOS de edad aproximadamente se notifica a ERNESTINA ALVAREZ MENDOZA, VICTORIA RAMOS ALVAREZ V JUAN PALOMINO CARASCO Y/O RESPONSABLES V/O FAMILIARES lo siguiente: Resolución Nro. 01 de fecha 06 de Octubre del año 2011, SE RESUELVE APERTURAR INVESTIGACION TUTELAR A FAVOR DEL MENOR ADRIANO ESTEFANO PALOMINO RAMOS DE DOS AÑOS DE EDAD APROXIMADAMENTE SOBRE ABANDONO MORAL Y MATERIAL. Cusco, 07 de Junio del 2013. 3v-2-3-4-x-13 b/v 30039

NOTIFICACION VIA EDICTO JUDICIAL SEÑORITA: ADRIANA GUERRA LOPEZ Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Cusco, a cargo de la señora Juez Gilda Aurora Zea Núñez, y bajo la actuación de la Secretaria Judicial Ketty Conchoy Ochoa, se viene tramitando el proceso Nro. 00440-2013; habiéndose emitido la resolución Nro. 02 de fecha 06 de junio del 2013 y la resolución Nro. 04 de fecha 16 de setiembre del 2013, en los que se ha resuelto: ADMITIR a trámite en la vía del proceso SUMARISIMO la demanda instada por RAFAEL ANTONIO GUERRA MONTOYA sobre EXONERACION DE ALIMENTOS en contra de ADRIANA GUERRALOPEZ, en consecuencia córrasele traslado por el término de CINCO DIAS, para su absolución, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal y continuarse con el trámite regular del proceso; debiendo efectuarse las publicaciones en el “Diario del Cusco” por ser el último domicilio de la demandada y en el diario oficial “El Peruano”, por tres días hábiles consecutivos. Se efectúa la presente publicación para los fines consiguientes de Ley. Cusco, 01 de octubre del 2013 3v-2-3-4-x-13 b/v 30049

EDICTO JUDICIAL SEÑOR (ES) (AS) SUCESION DE PABLO RIVERA PORTILLO Expediente N° 290-2013-0-1001-JR-CI-04. seguido por VICENTE RIVERA PORTILLO con PABLO RIVERA PORTILLO sobre PETICION DE HERENCIA Y OTRO, bajo la actuación del especialista Legal Arturo Cabrera Orue, la Juez Del Cuarto Juzgado Civil Dra. Fanny Lupe Pérez Carlos ha dispuesto la publicación edictal siguiente: Resolución Numero 08 del 22 de Agosto del 2013 AL PRINCIPAL:(…);AL OTROSI:VISTO: (...) y CONSIDERANDO: (“.) SE RESUELVE: Declarar la SUSPENSION del trámite del proceso hasta que se emplace válidamente a la Sucesión de PABLO RIVERA PORTILLO, con la finalidad de que comparezcan los sucesores procesales, bajo apercibimiento de nombrársele Curador Procesal, debiendo publicarse la presente resolución mediante edictos en la forma y modo establecidos por el artículo 167 del Código Procesal Civil (…) .-H.S.- Cusco, 17 del Setiembre del 2013 3v-02-03-04-x-13 b/v 29914

EDICTO JUDICIAL En el Juzgado Mixto de Calca -Cusco, Exp. No. 0118-2013, se ha dispuesto publicar el extracto de la Resolución No. 03 del 03-09- 2013: “...ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA INTERPUESTA POR CRISTINA GUEVARA CCORIMANYA, MARIA GUEVARA CCORIMANYA, MARTHA GUEVARA CCORIMANYA y AUGUSTO GUEYARA CCORIMANYA con CESAR TORRES CCORIMANYA y MARIA OUINCHI DE TORRES SOBRE PRESCRIPCIÓN ADOUISITIVA DE DOMINIO DEL inmueble ubicado en el Jirón Córdova s/n (ahora 557) de la Provincia de Calca con un área de 312.60 metros cuadrados Y un Perímetro de 76.10 metros lineales inscrito en la Partida electrónica N° 02016314 de los Registros Públicos. CON CITACIÓN de los colindantes de dicho

inmueble, quienes deberán ser igualmente notificados con la presente demanda y sus anexos en los domicilios reales indicados en por los actores, para los fines de ley; en la vía del proceso ABREVIADO (...) Estando a lo Previsto Por el articulo 506 del Código Procesal Civil CUMPLASE con publicar el extracto de la presente resolución por el termino de tres días hábiles en el Diario “El Peruano” y en el Diario Judicial “El Cusco”, conforme a ley ya costa de la parte actora.- H. S.” Firma y sello del señor Juez Jenrry Enciso y Secretaria C. Delgado. Calca, 26 de Septiembre de 2013 Carmen Rosa Delgado Sánchez Secretaria. 03VZ.02.03.04.X.13 B/. 24862

EDICTO JUDICIAL SEÑORES : SUCESORES DE LA SUCESION DE PASCUAL COLOMA RIVERO Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Wanchaq, a cargo de la señora Juez TANIA GARCIA QUISPE, y bajo la actuación del Secretario Judicial DANIEL BARRIENTOS CARDEN AS, se viene tramitando el proceso civil Nro.00336-2011 seguido por la CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y A VIACION COMERCIAL S.A. “CORPAC S.A”. sobre DESALOJO POR CONCLUSION DE CONTRATO, contra María Rebeca Arellano de Riveros y la SUCESION del que en vida fue: PASCUAL COLOMA RIVERO,: SE RESUEL VE: Integrar al proceso a la Sucesión de Pascual Coloma Rivero a fin que salgan a juicio a merito del Certificado de Defunción adjuntados en autos de fojas cuatro 572, EMPLACESE a la sucesión procesal de PASCUAL COLOMA RIVERO, mediante edictos judiciales en el Diario Oficial el Peruano y diario Judicial del Cusco, por el termino de ley, bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal, rubrica de la señora Juez doctora Tania Garcia Quispe, Secretario Judicial Daniel Barrientos Cárdenas. Lo que se publica los edictos, a fin de que se apersonen al proceso los sucesores procesales de Pascual Coloma Rivero, para los fines de ley. Wanchaq, 27 de Setiembre del 2013. 3v-03-4-07-x-13 b/v 30055

AVISO DE TRANSFORMACION La empresa “HOSTAL ALAMEDA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” por acuerdo de los sucesores de quien en vida fue don VÍCTOR LOZADA LAURA ha acordado su transformación en una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, lo que se pone en conocimiento público para los fines de ley. == Cusco, 23 de Setiembre del 2013. ALEJANDRINA PALOMINO LASTEROS VDA DE LOZADA. GERENTE. 3v-028-04-10-x-13 b/v 29996

EDICTO JUDICIAL En el Juzgado Mixto de Calca - Cusco, Exp. No. 084-2011, se ha dispuesto publicar el extracto de la Resolución No. 22 del 03-06- 2013: “ ... SE RESUELVE: 1.- Dar por CONVALIDADA la notificación del colindante BELISARIO MAROCHO HUAMAN; 2.COMPLETAR el auto Admisorío de la demanda resolución número uno de fecha diecinueve de agosto del dos mil once, que obra a fojas 21 y siguientes, con el siguiente texto: ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL ARZOBJSP,~DO DEL cusca DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR VIRGINIA VIRTO BUENO, CON LOS PROPIETARIOS INDETERMINADOS SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL Predio Rustico identificado con U.C. N° 73273 ubicado en el sector de Fayan Pampa valle del Vilcanota distrito de Taray provincia de Calca y departamento del Cusco, con un área de 0.1385 Ha. y un perímetro de 149.49 ml y el colindante Antonio Gonzáles Peralta. 3.- CUMPLASE con notificar al colindante Antonio Gonzáles Peralta, con la demanda, anexos y auto admisorio. H.S .... “.- Firma y sello del señor Juez jenrry Enciso y Secretaria C. Delgado. Calca, 01 de octubre de 2013 SUCESION INTESTADA ANTE LA NOTARÍA DEL DR. NÉSTOR AVENDAÑO GARCIA, SITA EN LA CALLE AYACUCHO N° 200 DE ESTA CIUDAD, EL SEÑOR: DYMITRII ALEJANDRO HANCCO ARAPA, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA, DE QUIEN EN VIDA FUE: SANTIAGO HANCCO HUARSAYA, FALLECIDO EN ESTA CIUDAD, EL DIA 10 DE SETIEMBRE DEL 2013. SE COMUNICA A FIN DE QUE LOS QUE TENGAN VOCACIÓN HEREDITARIA, HAGA USO DE SU DERECHO DENTRO DEL TERMINO DE LEY. CUSCO 01 DE OCTUBRE DEL 2013. NESTOR AVENDAÑO GARCIA NOTARIO ABOGADO 1v-04-x-13 b/v 30053

EDICTO JUDICIAL. SEÑORES: DUBERLI EDUARD PEREYRA VILLACORTA. Ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del cusco, despachado por la Dra. Judit Tacuri Chávez , se tramita el Proceso Civil Nro. 00513- 2013- 0-1001- JP-FC-03- seguido por Braulio Pereira Carrillo, sobre Exoneración de alimentos, Que mediante Rs. 06 su fecha, 18 de 09-2013, se dispone: Se notifique la Rs. 01 mediante edictos de fecha, ocho de mayo del 2013 en el que se dispone. SE RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE la demanda interpuesta por Braulio Pereira Carrillo, sobre: Exoneración de alimentos en contra de. Duberli Eduard Pereyra Villacorta, debiendo sustanciarse el trámite de la presente en la vía del proceso SUMARISIMO Estando al Art, 5540 del Código Procesal Civil CÓRRASE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA POR EL PLAZO DE CINCO días, PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARACO REBELDES E CASO DE RENUENCIA. AL OTRO SI DIGO ( ... )”, SE DISPONE, publicar por Edictos tanto en el Diario oficial el Peruano, como en el diario judicial del Cusco, un extracto de la presente resolución, por tres veces. H. S.- Firmado por la Señora Juez. Especialista Legal M. Halanoca P.- Cusco, 30 de Septiembre de 2013. 3v-4-11-17-x-13 b/v 30100

AVISO JUDICIAL Ante el Juzgado de Paz Letrado de San Sebastián se viene tramitando el Proceso Civil Nro. 2013- 234, por Resolución No. 02 del 23 de setiembre del año dos mil trece, la señora juez titular Marianella Cárdenas Villanueva, ha dispuesto la publicación del extracto de la solicitud admitida e interpuesta por VENTURA GAMARRA ESQUIVEL sobre RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO de su hermano ERNESTO QUISPE SASARI; Proceso que se tramita en la vía del Proceso NO CONTENCIOSO. Lo que se publica por una sola vez, para los fines consiguientes de Ley.- Firma completa del señor juez y media firma del Secretario. San Sebastián, 03 de octubre del 2013

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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 1v-04-x-13 b/v 30102

EDICTOS En el Primer Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, que despacha la Juez Dra. Evelyn Johanna Delgado Huamaní, bajo la actuación de la Especialista Legal Abog. Rebeca Roca Ferro, se viene tramitando el proceso Nro. 02049-2013-0-1001-PJ- CI-01. Seguido por Felisa Mateos Jarandilla, sobre Rectificación de partida de Nacimiento de la solicitante, al inscribir se ha omitido el segundo nombre de su progenitor como “Julio Mateos”, siendo lo correcto” Julio FRUCTUOSO Mateus Pelayo”; así mismo se ha consignado el apellido paterno de su progenitor como “Mateos”, siendo 10 correcto “MATEUS”, igualmente se ha omitido el apellido de su progenitora como ‘’Valentina Jarandilla”, debiendo ser 10 correcto “Valentina Jarandilla CANAL”; quedando inalterable en lo demás que contiene.- Lo que se publica para los fines de ley. Wanchaq, 03 octubre del 2013. 1v-04-x-13 b/v 30101

EDICTO JUDICIAL Sr. IVANVALENCIA VERIA. Ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Cusco, despachado por la Sra. Juez. Judit Tacuri Chávez, se tramita el Proceso Civil Nro.01147-2011-0-1001- JP-FC- 03 -3 seguido por Julia Choque Huamán contra Ivan Valencia Veria, sobre Prestación de alimentos, se ha dictado la Resolución Nro. 16-09-2013,en el que se dispone “ ... Por lo que, AL PRINCIPAL: Se APRUEBA LA LIQUIDACION PRACTICADA EN AUTOS EN LA SUMA DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 42/100 NUEVOS SOLES DEL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2012 A JUNIO 2013. AL OTROSI DIGO: Se requiere al demandado Ivan Valencia Veria, para que cumpla con pagar la suma de s / 4802.42 nuevos soles por alimentos devengados en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de ser denunciado por Omisión a la Asistencia Familiar, precisión esta que debe ser notificado mediante edictos al demandado ... ), por el plazo de ley .. H. S.”.Especialista NI. Halanoca P. Cusco, 27 de Septiembre de 2013. 3v-4-7-9-x-13 b/v 30099

EDICTO QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SITUADO EN EL DISTRITO DE MARAGANI, PROVINCIA DE CANCHIS del DEPARTAMENTO DEL CUSCO, DESPACHADO POR EL NOTARIO - ABOGADO, MARCO VENERO TAPIA, SE VIENE TRAMITANDO VIA EL PROCESO NO CONTENCIOSO NOTARIAL LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE: “RAQUEL DIAZ AMAR” FALLECIDA EN FECHA 05 DE ENERO DE 1977 Y QUE SE DECLARE COMO ÚNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS A SUS HIJOS: IRENE, MARTHA, DORIS ARMINDA, VÍCTOR FABIÁN, EVA CLETA, BELARMINO PERCY, AURELIA RAQUEL SOTO DIAZ. SE PUBLICA A EFECTO DE QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON VOCACIÓN HEREDITARIA SE APERSONEN A ESTE PROCESO DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.SICUANI, 02 DE OCTUBRE DEL 2013. MARCO IVAN VENERO TAPIA NOTARIO –ABOGADO 1V-04-X-13 B/V 30098

EDICTO DE QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SITUADO EN EL DISTRITO DE MARAGANI, PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO, DESPACHADO POR EL NOTARIO - ABOGADO, MARCO VENERO TAPIA, SE VIENE TRAMITANDO VIA EL PROCESO NO CONTENCIOSO NOTARIAL, LA SUCESION INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE: “FABIAN SOTO CATALAN” FALLESIDO EN FECHA 20 DE JULIO DE 1985 Y QUE SE DECLARE COMO ÚNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS A SUS HIJOS: IRENE, MARTHA, DORIS ARMINDA, VÍCTOR FABIÁN, EVA CLETA, BELARMINO PERCY, AURELIA RAQUEL SOTO DIAZ. SE PUBLICA A EFECTO DE QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON VOCACIÓN HEREDITARIA SE APERSONEN A ESTE PROCESO DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.- SICUANI, 02 DE OCTUBRE DEL 2013.MARCO IVAN VENERO TAPIA NOTARIO –ABOGADO 1V-04-X-13 B/V 30098

EDICTO Causa N° 02130-2013, seguido por DANIEL ANGEL GALIANO VELARDE, sobre CAMBIO DE NOMBRE, se ha expedido la Resolución Nro. 02.- Cusco, trece de Setiembre del año dos mil trece.-- VISTOS;( ... ) SE RESUELVE: ADMITIR la solicitud interpuesta por DANIEL ANGEL GALIANO VELARDE, sobre CAMBIO DE NOMBRE, por el de ALEJANDRO GALIANO VELARDE;( ... ) Señálese fecha para el verificativo de la Audiencia de Actuación y Declaración Judicial, el día VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A HORAS DOCE DEL DíA, bajo apercibimiento de Ley, en caso de inconcurrencia.- H.S.” Firma sello Sandra Contreras Campana -Juez.- Boris Santos de la Gala -Especialista Legal.- Cusco, 30 Setiembre 2013. 1V-04-X-13 B/V 30097

EDICTO JUDICIAL Señores: Rosa Vásquez Rodríguez Viuda de Huamán. Expediente Nro. 1418- 2013-0-1001-JR-FC-03, seguido por Alejandrina Salas Mansilla contra Rosa Vásquez Rodríguez Viuda de Huamán, sobre nulidad de matrimonio, tramitado ante el Tercer Juzgado de Familia del Cusco, se ha dispuesto la notificación a la demandada con el extracto de la siguiente Resolución. Resolución Nro. 02, Cusco, catorce de Agosto del año dos mil trece: Conceder la apelación con efecto suspensivo contra la resolución numero uno de fecha dos de Agosto del año en curso que declara improcedente la demanda presentada por la actora en pagina 110 Y elévese al Superior Jerárquico con la debida nota de atención. ( ... ). H. S .. Firma del Juez Edwin Béjar Rojas y de la Secretaria Eliana Betsabe Vera Huaranca. Cusco, 30 de Septiembre del 20 13. 3V-4-7-9-X B/V 30096

EDICTO JUDICIAL Expediente N° 2164-2013-0-1001-JR-CI-04. seguido por Livia López Huillca sobre Cambio de Nombre con Citación del Ministerio Publico, bajo la actuación del especialista Legal Arturo Cabrera Orue, la Juez Del Cuarto Juzgado Civil Dra. Fanny Lupe

Pérez Carlos ha dispuesto la publicación edictal siguiente: Resolución Numero 02 del 27 de Agosto del 2013 Por cumplido mandato(... ) VISTO;(...); y. CONSIDERANDO: ( ... ) SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por LIBERATA LOPEZ HUILLCA con CITACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO, sobre CAMBIO DE NOMBRE CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE SU NOMBRE DE PILA DE LIBERATA POR LIVIA; (...); en aplicación supletoria de lo dispuesto por el artículo 828 del Código Procesal Civil efectúese la publicación del extracto de la demanda por una sola vez en el Diario Oficial el Peruano como en el Diario Judicial del Cusco.- H.S.- Firma completa de la Juez Dra. Fanny Lupe Pérez Carlos, ante mi especialista legal Arturo Cabrera Orue RESOLUCION NRO. 3 del 10 de Setiembre del 2013 VISTOS: El escrito que precede; Y CONSIDERANDO: (...) SE RESUELVE: CORREGIR el error anotado en la resolución que admite a trámite el presente proceso debiendo de entenderse en forma correcta que el nombre de la demandada como “LIVIA LOPEZ HUILLCA” en lugar de Liberata Lopez Huillca, quedando subsistente en todo lo demás.- H.S.- Firma completa de la Juez Dra. Fanny Lupe Pérez Carlos, ante mi especialista legal Arturo Cabrera Orue Cusco, 27 del Setiembre del 2013 1V-04-X-13 B/V 30095

SUCESIÓN INTESTADA Ante mi oficio notarial, sito en la calle Tacna N° 104, de la ciudad de Espinar, se ha presentado doña Justina Cruz Phocco, solicitando la Sucesión Intestada de su Madre doña Teodora Phocoo Viuda de Cruz, quien ha fallecido el 18 de Abril del 2013, siendo su último domicilio en la calle Alfonso Ugarte N° 228, distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento del Cusco, lo que se comunica a fin de que los que tengan vocación hereditaria, hagan uso de su derecho dentro del término de Ley. Espinar, 01 de Octubre del 2013. Uriel Villanueva Sánchez Abogado Notario De Espinar 1-v04-x-13 b/v 30093

EDICTO RECTIFICACION ADMINISTRATIVA En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 25 de julio del 2013, la recurrente CAROL SAIRE FLORES, titular de la Partida de nacimiento Nº 1009467112 y, conforme lo establece la Directiva Nº DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa del apellido paterno de la madre del titular del acta, consignado como PLACIDO FLORES TIITO, debiendo ser lo correcto como PLACIDA FLOREZ TTITO. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley. Cusco, 13 de agosto del 2013. Silvia Karina Salas Leiva Jefe de la Oficina Registral Cusco - RENIEC 1v-4-x-13 b/v 30094

EDICTO RECTIFICACION ADMINISTRATIVA En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 25 de julio del 2013, la recurrente CAROL SAIRE FLORES, apoderada del titular de la Partida de nacimiento Nº, 1009462224 correspondiente a MARCO ANTONIO SAIRE FLOREZ y, conforme lo establece la Directiva nº DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa del apellido paterno de la madre del titular del acta, consignado como PLACIDA FLOREZ TIITO, debiendo ser lo correcto como PLACIDA FLOREZ TTITO. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publicación conforme a ley. Cusco, 13 de agosto del 2013. Silvia Karina Salas Leiva Jefe de la Oficina Registral Cusco - RENIEC 1v-4-x-13 b/v 30094

EDICTO JUDICIAL EI Juez del Juzgado Mixto de Calca, en el Expediente Nro. 214-1997, seguido por KAREN ROCIO HERMOZA PONCE contra EDWIN VERA ROBLES, sobre ALIMENTOS; ha dispuesto: LA NOTIFICACION de EDWIN VERA ROBLES, con la Resolución. Nro. 35: Calca, 20.09.2013.- el Juez que autoriza se Avoca, encargándose de la tramitación a la Especialista Legal que da cuenta- Estando a lo solicitado por la parte actora- DESE POR APROBADO, la Liquidación de Alimentos Nº 0500-2013-POOLPERITOS-RAPE devengados, practicado a fojas 180, ascendente a la suma de S/153,729.93; y requiérase al demandado, a fin de que dentro del término del quinto día de su notificación cumpla con el pago, bajo expreso apercibimiento de; obtenerse las copias para su remisión al representante del Ministerio Público y se formalice denuncia penal, por la comisión del delito de Contra la Familia en su modalidad de Omisión de Asistencia· Familiar Sub tipo Incumplimiento’ de . Obligación Alimentaría; con cuyo fin notifíquese/e en el domicilio real, curador procesal; y vía edictos.- Firma de la Secretaria Judicial Maribel. Nancy Ayala Santos.-· Calca, 2-10.13. 1v-04-x-13 b/v 30089

EDICTO JUDICIAL Ante el Juzgado Mixto de Anta, Despachado por la Magistrada Consuelo Camacho Zambrano, se tramita el Proceso Civil Nro. 2013- 166, SE RESUELVE: ADMITIR la demanda interpuesta por Valentina Huallpa Huamán, sobre cambio de nombre y rectificación, debiendo de tramitarse en la vía del proceso sumarisimo, con CITACIÓN del Representante del Ministerio Público. En aplicación extensiva del Artículo 828 del Código procesal Civil, publíquese el extracto del presente en el Diario Judicial de la Ciudad de Cusco y en el Diario de mayor- H.S.- Firmado por el Señor Juez - la especialista legal Leidy soto castillo. Anta, 03 octubre del 2013 1v-4-x-13 b/v 30092

AVISO JUDICIAL NO CONTENCIOSO Ante el Juzgado de paz Letrado de San Sebastián, despachado por la señora Doctora MARIANELLA CÁRDENAS VILLANUEVA, con actuación de la Secretaria Judicial Doctora Antonina Ponce de León P.; viene tramitándose proceso N° 02162013, solicitada por LEONOR MEJÍA GUEVARA, sobre SUCESIÓN INTESTADA, de quien en vida fuera SANTOS MEJÍA CARBAJAL, fallecido el 02 de enero de 1978. Se publica para conocimiento de los que prueben derecho sucesorio. San Sebastián, 27 de setiembre del 2013.


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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

1v-04-x-13 b/v 30091

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO EDICTO JUDICIAL

En el Proceso N° 416-2013, tramitado ante el Segundo Juzgado Mixto del Distrito Wanchaq de la Provincia del Cusco, se ha resuelto mediante Resolución N° 03 de fecha dieciséis de Agosto del ario dos mil trece: “ ... ADMITIR a trámite en la vía del proceso ABREVIADO, la demanda interpuesta por WILLIAM DIAZ TORRES contra LYNN MONICA PAZ ARNICA sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio de bien mueble del vehículo de Placa de Rodaje: PZ6495, Clase: Camioneta PICKUP, Marca: NISSAN, Año de fabricación. 1989, Modelo: ATLAS 150, Carrocería: Baranda, Color: Blanco, Numero de Motor: TD27-084358, Numero de Serie: AF22-110218; en consecuencia se corre traslado de la demanda a la emplazada a fin de que conteste la demanda dentro del plazo de diez días ... “, Lo que se publica para los fines de ley.- firma del Señor Juez Dr. Andres Abelino Flores Aguilar.- Secretaria Judicial Betsabe-Prudencio Sotelo. 3v-4-11-17-xb/v 30090

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DIRECCION DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL EDICTO MATRIMONIAL PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL: Don: DANIEL PARISACA ESPINOZA Identificado con DNI 42355289 Estado Civil: SOLTERO Natural de: SANTIAGO - CUSCO Nacionalidad: PERUANA Edad: 29 años: Ocupación: ARTESANO Domicilio: A.P.V. LOS HUERTOS B-3 TICATICA CUSCO Doña: NAYDA INES QUISPE APAZA Identificada con DNI 41416273 Estado Civil: SOLTERA Natural de: SANTIAGO - CUSCO Nacionalidad: PERUANA Edad: 31 años: Ocupación: TEC. ENFERMERIA Domicilio: URB. PICCHU LA RINCONADA LT. E-7 CUSCO Fecha de Matrimonio: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Las personas que conozcan causales de impedimento pueden denunciarlos como lo establece el Artículo 253 del Código Civil, ante la Dirección de los Registros de Estado Civil de esta Municipalidad. Cusco, 03 de OCTUBRE del 2013. Bersabel Mamani Villegas Registrador Civil 1v-04-xi-13 b/v 30088

EDICTO RECTIFICACION ADMINISTRATIVA En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 20 de septiembre del 2013, la recurrente JULIA ZORAIDA CAHUANA EGUILUZ, Titular de la partida de nacimiento Nº1009487498, conforme lo establece la Directiva Nº DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa del apellido paterno de la titular del acta de nacimiento, consignado erróneamente como CAHUANA debiendo ser CCAHUANA r por consiguiente en lo sucesivo el nombre correcto de la titular se consignara como JULIA ZORAIDA CCAHUANA EGUILUZ, así mismo solicita rectificar el apellido paterno del padre y declarante consignado erróneamente como JULIO CAHUANA GARCIA, debiendo ser lo correcto JULIO CCAHUANA GARCIA ,Por lo de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley. Cusco, 27 de Septiembre del 2013. Rudy Maridza Puma Apaza Jefe de la Oficina Registral Cusco (e) - RENIEC 1v-4-x-13 b/v 30085

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE CALCA AVISO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA Por expediente N° 7650 de fecha 02 de OCTUBRE del 2013. Doña JESSICA TAPARA AÑO, solicita la rectificación Administrativa de su partida de NACIMIENTO de su madre JULIA AÑO OLIVERA, que por error se omitió el segundo apellido de su progenitora debiendo ser correcto DOLORES PUMAYALLI FARFAN, como obra en la partida de nacimiento de la madre que se adjunta. Lo que se da a conocer a fin de que, quienes resulten perjudicados con la rectificación, puedan formular oposición por escrito, dentro del término de Ley, conforme establece el art.74 del D.S. No. 015-98-PCM. Calca, 02 de OCTUBRE del 2013 Frida Molina Miranda Registradora Civil 1v-04-x-13 b/v 30083

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO EDICTO MATRIMONIAL Hago saber que don ROY BRYAN UMERES CUSIHUAMAN con DNI Nro. 45428580 de 24 años de edad, soltero de Nacionalidad peruano Natural del Distrito de Santiago Provincia y Departamento de Cusco de ocupación Empleado con Domicilio en Urb. Zarzuela Alta 0-7 del Distrito de Santiago -Cusco y la Srta. YOVANA QUISPE AMARU con DNI Nro. 48746245 de 26 años de edad, Soltera, de Nacionalidad Peruana, Natural del Distrito de Huaro Provincia Quispicanchi y Departamento de Cusco de Ocupación Estudiante con domicilio en URb. Zarzuela Alta 0-7 del Distrito de Santiago PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL, en esta Municipalidad el día Sábado 26 Octubre del 2013. Las Personas que conozcan causales de impedimento, podrán denunciarlos conforme lo establece el Art. 253 del Código Civil. Santiago, 03 de Octubre del 2013 Nilda Cupi Zuniga Jefe 1v-04-x-13 b/v 30087

EDICTO MATRIMONIAL Hago saber que don CRISOSTOMO ESCALANTE MUÑOZ con DNI Nro 31032798 de 45 años de edad, soltero de Nacionalidad peruano Natural del Distrito de Mariscal Gamarra Provincia Grau y Departamento de Apurímac de ocupación Empleado en Empresa privada con Domicilio en Pasaje Victoria Palestina Urb. Zarzuela Alta FF-22 del Distrito de Santiago -Cusco y la Srta BERNARDINA RUPAILLA HUAMAN con DNI Nro. 23975023 de 42 años de edad, Soltera, de Nacionalidad Peruana, Natural del Distrito de Vilcabamba Provincia La Convención y Departamento de Cusco de Ocupación Empleada en empresa privada con domicilio en Pasaje Victoria palestina Urb. Zarzuela Alta FF-22 del Distrito de Santiago PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL, en esta Municipalidad el día Sábado 26 Octubre del 2013. Las Personas que conozcan causales de impedimento, podrán denunciarlos conforme lo establece el Art. 253 del Código Civil. Santiago, 01 de Octubre del 2013 Nilda Cupi Zuniga Jefe 1v-04-10b/v 30086

EDICTO JUDICIAL. RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO Expediente N°: 2013 - 258-CI Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Canchis - Sicuani, bajo la dirección de la Señora Jueza. Ora Marklaren Ascue Lavan, Y la actuación de la Secretaria Judicial Abogada Sonia Raquel Jallo Yucra, Doña María Elena Torres Mamani, viene solicitando se rectifique su partida de nacimiento en el extremo HIJO DE DOÑA se ha consignado el apellido materno de su progenitora como CHOQUEMAQUE debiendo ser lo correcto el de CHOQQUE, y quedar de manera completa como IRENE MAMANI CHOQQUE, por lo que, se pone en conocimiento conforme corresponde. Lo que se publica para los fines pertinentes. Sicuani, 01 de octubre del 2013. 1v-04-x-13 b/v 30084

EDICTO JUDICIAL Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, que Despacha la Señora Juez doctora: TANIA GARCIA QUISPE, y bajo la actuación del Secretario Judicial Dr. Daniel Barrientos Cárdenas, se tramita el expediente Nro. 1934-2013, sobre Rectificación de Partida de Nacimiento, solicitado por ADRIAN CARO TTITO, recurre a este órgano jurisdiccional solicitando la rectificación de su progenitora inscrito en forma errónea como “ FELICIANA TTITO” debiendo ser en forma correcto de “FELISIANA TTITO QUISPE” ante la municipalidad distrital de Santiago. Se efectúa la presente publicación para los fines consiguientes de ley. Cusco, 01 de Octubre del 2013. 1v-04-x-13 b/v 30082

EDICTO Expediente Nro. 1042-2013-0-1 018-JM-FC-02, que se tramita ante el Segundo Juzgado Mixto de Santiago- Cusco, a cargo del Juez Titular doctor López Trelles, y bajo la gestión del Secretario Cabana, mediante el presente edicto, se publica extracto del Auto Admisorio que resuelve ADMITIR a trámite en la Vía DEL PROCESO NO CONTENCIOSO, la solicitud de YOBANA CHOQUEMAMANI PALOMINO, en representación legal de sus menores hijos Jhon Gabriel y Luis Rolando Chauca Choquemamani, sobre DISPOSICION y ADMINISTRACION DE DINERO. Publíquese en el diario judicial del Cusco, por una sola Vez, a costa de la demandante, un extracto del auto admisorio de la demanda. H .S. Cusco, Santiago, 02 de octubre de 2013. 1v-04-x-13 b/v 30081

EDICTO JUDICIAL. En la causa No. 149 - 2013, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Pisac, Despachado por el señor Juez Jorge Pareja Quispe, bajo la actuación del Secretario Judicial Abogado Mario Pereira Aldazabal, la persona de PABLO ROJAS CAMACHO, viene solicitando la rectificación de su partida de nacimiento, erróneamente consignado sus datos personales sin apellido materno, debiendo adicionarse el apellido materno de Camacho, siendo lo correcto PABLO ROJAS CAMACHO, así como debe adicionarse sus apellidos maternos de sus progenitores padre y madre consignados como Leopoldo Rojas y Francisca Camacho, debiendo ser lo correcto LEOPOLDO ROJAS BECERRA Y FRANCISCA CAMACHO ROJAS, inscrito ante la Municipalidad Distrital de Pisac. Lo que se publica para los fines de ley. Pisac, 02 de octubre del 2,013. 1v-04-x-13 b/v 30080

EDICTO JUDICIAL Ante el Juzgado Mixto de Calca, que despacha el señor Jenrry Enciso Lovaton, en el Expediente Nº: 00291-2013-0-1005 -JM-FC-01, se ha dispuesto notificar a la demandada CANDIDA ZAPATA MASIAS, con: Resolución Nro. 01, de fecha 2.08.2013; SE RESUELVE: “ADMITIR la demanda interpuesta por FLORENTINO ESPITIA LAIME, que contiene la pretensión de divorcio por causal de abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda de este plazo, contra CANDIDA ZAPATA MASIAS y contra el representante del Ministerio Público, en la vida del proceso de CONOCIMIENTO .- Traslado a la demandada por el plazo de ley, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.- Estando a la declaración jurada EXPIDASE los edictos para el emplazamiento de la demandada.- AL OTROSI DIGO: Estando a la solicitud de auxilio judicial; y conforme a lo previsto por el artículo 179 SE RESUELVE: CONCEDER Auxilio Judicial a favor de FLORENTINO ESPITIA LAIME, debiendo exonerársele de todos los gastos que ocasione el presente proceso H. S. 1v-04-x-13 b/v 30080

EDICTO JUDICIAL En el Segundo Mixto de la Provincia de Chumbivilcas, que despacha el señor Juez Dr. Efraín Víctor Bedregal Mendoza, bajo la actuación de la Especialista Legal Erika Surco Vargas, en el proceso Civil Nro. 239-2013-0-1008-JM-CI-02, se ha dispuesto realizar la publicación en el Diario El Peruano y el diario judicial de Cusco, donde en la parte resolutiva ( ... ) SE RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE en la vía del PROCESO NO CONTEN-

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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 CIOSO, la solicitud sobre Comprobación de Testamento interpuesta por FLORENTINA CCAHUANA SUÁREZ VIUDA DE ROMERO dejado por quien en vida fue Vicente Romero Aguirre con citación de sus herederos legales JULIA ROMERO CCAHUANA, JARICOT ROMERO CCAHUANA, RUTH PADHI ROMERO CCAHUANA, JULIÁN VICENTE ROMERO CCAHUANA y PAULINA ROMERO CCAHUANA y los herederos legales OLIMPIA ROMERO RIOS, ELISEO ROMERO RIOS, URBANO ROMERO RIOS, RUTH FANNY ROMERO RIOS, JUSTO EVER ROMERO RIOS y LOURDES ROMERO RIOS, quienes vienen a ser hijos también de quien en vida fue Vicente Romero Aguirre con Emperatriz Rios Rendon, así como del Ministerio Publico. MEDIOS PROBATORIOS: Téngase por ofrecidos los medios Probatorios indicados, reservándose su admisión y actuación para la estación Procesal Correspondiente. ANEXOS: Agréguese a sus antecedentes los anexos adjuntos para su oportunidad. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 828 del Código Procesal Civil publíquese el extracto de la solicitud en día hábil y por una sola vez en el diario Judicial del Cusco y del diario Oficial El Peruano expidiéndose el edicto por Secretaria. H. S.Santo Tomás, 30 de setiembre del 2013 . 1v-04-x-13 b/v 30079

NOTIFICACION JUDICIAL EDICTO JUDICIAL En el proceso N° 2012-99 sobre adopción por excepción de la menor Anyeli Sadit Quille Pinto seguido por Pedro Pinto Coaquira y otra contra Homar Cristian Quille Jiménez con citación del Ministerio Publico. El juez del Segundo juzgado Mixto de Chumbivilcas dispuso la notificación mediante edicto la resolución numero veintitrés de fecha 18-092013 (Sentencia) en la que falla ( ... ) FALLO: Declarando fundada la demanda de folios treinta y siete y siguientes sobre adopción por excepción interpuesta por Pedro Pinto Coaquira y Agripina Sivana Callante a favor de la menor Anyeli Sadit Quille Pinto, en consecuencia se dispone oficiar al registro de estado civil de la municipalidad Provincial de Arequipa donde se inscribió el nacimiento, para que se extienda nueva partida en sustitución de la original, en cuyo margen se anotara la adopción, debiendo consignarse en la nueva partida de nacimiento como declarantes a los padres adoptantes Pedro Pinto Coaquira y Agripina Sivana Callante, debiendo registrarse la menor como Anyeli Sadit Pinto Sivana, una vez que la presente resolución quede consentida o ejecutoriada, debiendo notificarse mediante edictos la presente sentencia al demandado Homar Cristian Quille Jiménez. TOMESE RAZÓN y HAGASE SABER. Debiendo notificar al demandado rebelde con la Sentencia por edictos. Firma del Señor juez Doctor Víctor Efraín Bedregal Mendoza. Secretaria Abog. Erika Surco Vargas. Lo que notifico a usted conforme a ley. Santo Tomas, 30 de setiembre del 2013. 1v-04-x-13 b/v 30078

EDICTO JUDICIAL En el Proceso Civil N° 2222-2013-0-1018-JP-CI-01, la señora Juez BASILISKA DUEÑAS ZÚÑIGA, dispuso la publicación de la solicitud admitida e interpuesta por PILAR ARIAS MAMANI sobre RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO de su hija que en vida fue BETTY HUAMANVILCA ARIAS, respecto a la omisión del apellido materno de la progenitora y solicitante, siendo lo correcto y debiendo entenderse como PILAR .ARIAS MAMANI, expedida por la Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Lo que se publica por una sola vez para los fines de Ley pertinentes. Santiago, 03 de octubre del 2013. 1v-04-13 b/v 30103

EDICTO JUDICIAL En el Juzgado Mixto de Calca - Cusco, Exp. No. 084-2011, se ha dispuesto publicar el extracto de la Resolución No. 22 del 03-06- 2013: “ ... SE RESUELVE: 1.- Dar por CONVALIDADA la notificación del colindante BELISARIO MAROCHO HUAMAN; 2.COMPLETAR el auto Admisorío de la demanda resolución número uno de fecha diecinueve de agosto del dos mil once, que obra a fojas 21 y siguientes, con el siguiente texto: ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL ARZOBISPADO DEL CUSCO DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR VIRGINIA VIRTO BUENO, CON LOS PROPIETARIOS INDETERMINADOS SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL Predio Rustico identificado con U.C. N° 73273 ubicado en el sector de Fayan Pampa valle del Vilcanota distrito de Taray provincia de Calca y departamento del Cusco, con un área de 0.1385 Ha. y un perímetro de 149.49 mI y el colindante Antonio Gonzáles Peralta. 3.- CUMPLASE con notificar al colindante Antonio Gonzáles Peralta, con la demanda, anexos y auto admisorio. H.S .... “.- Firma y sello del señor Juez jenrry Enciso y Secretaria C. Delgado. Calca, 01 de octubre de 2013 3v-04—14-18-x-13 b/v 30060

EDICTO JUDICIAL SEÑORA: LUZ FERNANDEZ CASTILLO. Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Santiago, a cargo de la Señora Jueza Basiliska Dueñas Zúñiga y, bajo la actuación de la Especialista Legal Abogado Gabriel Suárez Valencia, se viene tramitando el Proceso Civil N° 00920-2013-0-1 018-JP-FC-01, seguido por Wilbert Guzmán Quiñónez contra Luz Fernández Castillo sobre exoneración de alimentos, habiéndose dispuesto la notificación de la demandada por Edictos, conforme lo dispuesto a la resolución número cinco del nueve de setiembre del año dos mil trece; siendo el extracto de la resolución número dos, del diecinueve de agosto del dos mil trece el siguiente: “ ... : SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por WILBERT GUZMAN QUIÑONEZ sobre EXONERACIÓN DE ALIMENTOS contra LUZ FERNANDEZ CASTILLO, en la vía del PROCESO ÚNICO; en tal virtud, notifíquese a la demandada con la demanda, anexos y auto admisorio, quien en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES computados a partir del día siguiente de notificada, deberá absolver o contestar el traslado de la demanda, bajo expreso apercibimiento de ser declarada rebelde en caso no lo efectúe. A LOS MEDIOS PROBATORIOS: Téngase por ofrecido los medios probatorios anotados. ( ... ).- H. S. Rúbrica de la Señora Juez B. Dueñas Z y G. Suárez V. Especialista Legal. Lo que se notifica a la demandada mediante edicto, a fin de que absuelva el traslado de la demanda, bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal, toda vez que no se conoce su domicilio. Santiago, 09 de setiembre del 2013. 3v-04-09-10-13 b/v 30056

EDICTO JUDICIAL .- Ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Espinar, que despacha el señor Juez Dr. Elmer Manuel Ochoa Galloso, bajo la actuación del Secretario Judicial Hugo Guevara

Flores, se dicto sentencia en el Proceso Civil N° 94-2013; seguido por Flor Pucarina Choqueccota Merma; sobre cambio de nombre; habiéndose RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la demanda; y, en consecuencia, SE ORDENO: I. DECLARAR JUDICIALMENTE LA SUPRESIÓN DEL SEGUNDO NOMBRE DE LA DEMANDANTE “PUCARINA”, DEBIENDO SER EN ADELANTE COMO: FLOR CHOQUECCOTA MERMA, nombre con el que deberá ser reconocida en todos sus documentos oficiales. II. Que se realice la anotación respectiva en el Acta de Nacimiento, y posteriormente se inscriba dicho cambio en el RENIEC. III. SEÑALAR DE MANERA EXPRESA QUE EL CAMBIO DE NOMBRE, NO DECLARA, RECONOCE Y/O EXCLUYE LAS OBLIGACIONES QUE CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE RESOLUCIÓN HAYA CONTRAÍDO EL ACTOR; asimismo, tampoco se le excluye de responsabilidad civil, penal, y/o administrativa alguna, de ser el caso, lo que se publica para los fines de ley. Espinar, 01 de octubre de 2013.- Hugo Guevara Flores.- Secretario Judicial.1v-04-x b/v 30105

CONVOCATORIA A ACREEDORES SE CONVOCA A LOS ACREEDORES DE LA EMPRESA “J.R. TRANSPORTES I SERVICIOS E.I.R.L”, CON RUC NRO. 20399775834, CON DOMICILIO EN AV. EDGAR DE LA TORRE Nº 603 DISTRITO SANTA ANA – DEPARTAMENTO DE CUSCO – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, A EFECTO DE QUE PRESENTEN LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SUS CRÉDITOS, DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 88 DEL D.L.21621. LA CONVENCIÓN – CUSCO, 01 DE OCTUBRE DEL 2013. RICARDO SALVATIERRA VALDIVIESO DNI. 09365413 EL LIQUIDADOR 03VZ.04.05.06.X.13 B/. 24875

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI ANTA – CUSCO OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL EDICTO MATRIMONIAL PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL: Don: SAMUEL JOSIAS ÁLVAREZ AYBAR Identificado con DNI Nº 41243970 Estado Civil Soltero Natural de Santiago – Cusco – Cusco Nacionalidad: Peruano Edad: 33 años Ocupación: Contador Domicilio: Com. Katañiray s/n. Doña: RAKELA LOAIZA KUNCHO Identificado con DNI Nº 48113241 Estado Civil Soltera Natural de Cusco – Cusco – Cusco Nacionalidad: Peruana Edad: 23 años Ocupación: Mecánico Domicilio: Com. Katañiray s/n. Fecha de matrimonio 12 de Octubre del 2013, a horas 12:00 de la tarde en la Municipalidad Distrital de Ancahuasi Provincia de Anta del Departamento Cusco. Las persona que conozcan causales de impedimento, podrán denunciarlos de conformidad al Art. 253 del Código Civil, ante esta Jefatura de la División de Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Ancahuasi – Anta – Cusco. Ancahuasi, 25 de Setiembre del 2013. Jilmar Quispe Vergara Registrador Civil 01VZ.04.X.13 B/. 24880

SUCESION INTESTADA Ante mi Despacho Notarial, se presentó el Sra. HERSHEL LOAIZA ANDRADE, Identificado con DNI, N° 23862118; solicitando la Sucesión Intestada de Q.E.V.F. Sra. BERTHA ANDRADE LOAYZA, fallecida el día doce de julio de mil Novecientos setenta y siete, y siendo el último domicilio de la causante el Inmueble ubicado en la Urbanización San Judas Grande A-9, del distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco; lo que hago de conocimiento publico para los fines de Ley. Cusco, 23 de agosto de 2013. CARLOS AUGUSTO SOMOCURCIO ALARCÓN NOTARIO 01VZ.04.X.13 B/. 24874

SUCESION PROCESAL EN EL EXPEDIENTE 01396-2013-0-1001-JR-CI-02 TRAMITADO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL QUE DESPACHA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ELIOT ZAMALLOA CORNEJO, BAJO LA ACTUACION DE LA ESPECIALISTA LEGAL SAIDA CHIUN MANCO, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR A LA SUCESION DE QUIEN EN VIDA FUE ALEJA QUISPE PUMALUNTO A EFECTO DE QUE SE APERSONEN EN EL PROCESO Y ASUMAN LA DEFENSA DE LOS INTERESES QUE SE LES ASISTE A LA REFERA. LO QUE SE CUMPLE CON NOTIFICAR Y BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL.SAIDA CHIUN MANCO- ESPECIALISTA LEGAL CUSCO, 03 DE OCTUBRE DEL 2013 01VZ.04.X.13 B/. 24876

EDICTO JUDICIAL En el proceso Civil Nro. 02325-2013-0-1001-JR-CI-01, ante el Primer Juzgado Civil del Cusco, que Despacha la Doctora Sandra Contreras Campana; bajo la actuación del Especialista Legal Elmer Canal Yépez, se ha dispuesto la publicación edictal siguiente: Resolución N° 02 (...) 2.- Mediante escrito de fojas doce Jimmer Arahualpa Coraza, solicita el cambio de su apellido paterno de Arahualpa por el de Lima (...) A. ADMITASE a trámite la demanda interpuesta por JIMMER ARAHUALPA CORAZA, sobre CAMBIO DE NOMBRE, con citación del MINISTERIO PÚBLICO Y HERMOGENES LIMA HUISA; en consecuencia notifíquese con la demanda, anexos y autoadmisorio a los citados. (...) C.- PUBLÍQUESE el extracto de la demanda y la presente resolución por una sola vez en el diario judicial de esta ciudad y en el Diario Oficial El Peruano; (...). Lo que se publica para los fines de ley.


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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

Cusco, 3 de octubre del 2013 01VZ.04.X.13 B/. 24877

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO RECTIFICACION ADMINISTRATIVA Ante la Oficina de Registro Civil, con expediente Nº 086-2013, de fecha 02 de Octubre del 2,013, el Sr. AQUILINO GAMARRA QUISPE, ha solicitado Rectificación Administrativa, su partida de Nacimiento del año 1,955, Partida Nº 86, en el libro Matriz en la parte principal del acta, la Omisión del segundo apellido “CHARALLA” del Padre del Titular, y la consignación errónea prenombre de la madre en el sentido “ANTONIA” y la Omisión del segundo apellido “QUISPE” de la madre del titular; siendo lo correcto nombre completo del padre “DAMIAN GAMARRA CHARALLA”, y de la madre “ANTOLINA QUISPE QUISPE”, lo que se hace de conocimiento público, a fin de que las personas que resulten perjudicadas, para la rectificación puedan formular oposición dentro de los 15 días siguientes a la publicación, conforme al Art. 74º Y 75º del D.S. Nº 015-90-PCM, ante esta Municipalidad, dándose cumplimiento al Art. 73º del D.S. Nº 015-90-PCM y Directiva DI-263-GRC/017. Sangarará, 02 de Octubre del 2,013 Víctor Alcca Salas Jefe. 01VZ.04.X.13 B/. 24878

Arias en contra de: José Fernández Sánchez y Juana Vera Rebollar Aranzabal de Fernández y, Silvestre Arias Cuellar sobre: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO del bien inmueble consistente en un lote de, terreno ubicado en la Prolongación Martín Pío Concha número 506, antes Lote número 73 parte integrante del Lote número F-12 de la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, con citación de los colindantes: Domenico Pacheco Huacac, Rómulo Encalada Beingolea y Francisco Perales Escalante.se viene tramitando en el Juzgado Mixto de La Convención, en la forma siguiente: DEMANDA interpuesta por: Ana Farfán Viuda de Arias en contra de: José Fernández Sánchez y Juana Vera Rebollar Aranzabal de Fernández y, Silvestre Arias Cuellar sobre: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, del bien inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en la Prolongación Martín Pío Concha número 506, antes Lote número 73 parte integrante del Lote número F-12 de la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, con citación de los colindantes: Domenico Pacheco Huacac, Rómulo Encalada Beingolea y Francisco, Perales Escalante: ADMÍTASE en la vía del proceso ABREVIADO; y CÓRRASE traslado de la demanda a los demandados y citados, por el término de ley, admítase los medios probatorios que se indica. Fdo. Juez Titular Erasmo Waldir Urruchi Zuñiga, Fdo. Abogada OIga Villanueva Valle. Publíquese por tres días con intervalo, de tres días. Lo que se pública para los fines de ley. Quillabamba, 05 de setiembre del año 2013. 3V-24-30-Y L 04-X-13 B/V 29927

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO

EDICTO

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, UBICADO EN EL JIRÓN BELAÚNDE TERRY N° 176, DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO, COMPARECIO: HERMINIA QUISPE ALVAREZ, AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR LA LEY 27157 SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. 008-2000-MTC SOLICITANDO LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL PREDIO URBANO DENOMINADO: LOTE DE TERRENO N° 9, 10 11, 12 ACTUALMENTE DENOMINADO COMO: CALLE CARLOTA JARA N° 121, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. EL MISMO QUE NO OBRA INSCRITO EN LOS REGISTROS PUBLICOS QUE CUENTA CON UN ÁREA: 1441.82 M2 Y PERIMETRO: 152.17 ML, Y TIENE LOS SIGUIENTES LINDEROS: POR EL FRENTE (ESTE): CON LA CALLE CARLOTA JARA EN LINEA RECTA CON 39.42 M.L. POR EL LADO DERECHO (NORTE): COLINDA CON LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA. JOSEFINA VALENCIA VARGAS EN LINEA RECTA EN 36.88 M.L. POR EL LADO IZQUIERDO (SUR): COLINDA CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR BASILIO APAZA QUISPE EN LINEA RECTA CON 36.54 M.L., POR EL FONDO (OESTE): COLINDA CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PRIMITIVO CUBA AGUILAR Y LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ALEJANDRO VARGAS EN LINEA RECTA (2 TRAMOS), 33.10 M.L. +6.23 M.L. HACIENDO UN TOTAL DE 39.33 M.L. PUBLICACIÓN QUE SE EFECTÚA PARA FINES PERTINENTES Y DE ACUERDO A LEY. URCOS, 17 DE SETIEMBRE DEL 2013. 01VZ.04.X.13 B/. 24873

Causa N° 02089-2013, seguido por TERESA DE JESUS CASTILLO PEREZ, sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE PROPIEDAD VEHICULAR, se ha expedido la Resolución Nro. 02.- Cusco, once Setiembre dos mil trece.- VISTO; ( ... )SE RESUELVE: ADMITIR y tramitar en la vía del proceso ABREVIADO, la demanda interpuesta por TERESA DE JESUS CASTILLO PEREZ, sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DE BIEN MUEBLE (propiedad vehicular), respecto del vehículo marca INTERNATIONAL, año 1966, color rojo policromado, con Placa de Rodaje PZ-2469, contra SUCESION DE NERIO ESCOBAR TAPIA; confiérase traslado a los emplazados con demanda, anexos y auto admisorio, para que en el plazo perentorio de DIEZ DIAS la absuelvan, ( ... ) H. S.” Firma sello Sandra Contreras Campana -Juez.- Boris Santos de la Gala -Especialista Legal.usco, 19 setiembre 2013. 3v-30-04-11-x B/v 29975

AVISO RE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Con fecha veintidós de setiembre de dos mil trece, se celebro la junta general de accionistas de “inversiones otani sociedad anónima cerrada” (ruc nº 20527853592), en la que se acordó por unanimidad reducir el capital de la suma de s/. 1’235,800.00 (un millón doscientos treinta y cinco mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de s/. 627,030.00 (seiscientos veintisiete mil treinta y 00/100 nuevos soles), de manera que la reducción es por la suma de s/. 608, 770.00 (seiscientos ocho mil setecientos setenta con 00/100 nuevos soles), produciéndose la deducción por medio de la amortización de 60.877 (sesenta mil ochocientos setenta y siete) acciones representativas del capital social, cada una de un valor nominal de s/. 10.00 (diez con 00/100 nuevos soles), llevándose a cabo la reducción por la devolución de los aportes anteriormente efectuados por cada uno de los accionistas que retiran su capital y con cargo a los recursos existentes en las cuentas e la sociedad y los bienes, modificándose como consecuencia de ello la clausula segunda del pacto social y el articulo tercero del estatuto, referido al capital social, procediéndose a la publicación del presente aviso en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 217º de la ley general de sociedades. Urubamba, 24 de setiembre de 2013. 03VZ.26.IX; 04.15.X.13 B/. 24825

EDICTO JUDICIAL Ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Espinar, que despacha el señor Juez Dr. Elmer Manuel Ochoa Galloso, bajo la actuación del Secretario Judicial Hugo Guevara Flores; se viene tramitando el Proceso Civil Nº 137-2013; habiéndose resuelto: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por MATEO QUISPE VALDEZ y MARINA PEZO GARCÍA DE QUISPE, sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, del bien inmueble Nº 605 (Partida Registral Nº P59000606, signado como manzana “U” lote 06), ubicado en la calle 9 de diciembre, del distrito y provincia de Espinar, y departamento del Cusco, en contra de FELIPE SANTIAGO VALDEZ BALZA y CRISTINA SOLIS DÍAZ DE VALDEZ; y con citación de la Municipalidad Provincial de Espinar, la Asociación del Centro Comercial de Espinar, representado por su presidente don Ramiro Bustamante Laguna, la familia conformada por Benito Saturnino Jara y Néstor Valdez Jara, Juan de Dios Huamani Ccorimanya, y; Cesar Adolfo Zapata Cárdenas. Tramitándose en la VÍA DEL PROCESO ABREVIADO; lo que se publica para los fines de ley y en la forma prevista en los artículos 167º y 168º del Código Procesal Civil. Espinar, 13 de setiembre de 2013. B/V. 29896 3veces. 23, 27 setiembre y 04 octubre

AVISO DE TRANSFORMACION La empresa “HOSTAL ALAMEDA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” por acuerdo de los sucesores de quien en vida fue don VÍCTOR LOZADA LAURA ha acordado su transformación en una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, lo que se pone en conocimiento público para los fines de ley. Cusco, 23 de Setiembre del 2013. ALEJANDRINA PALOMINO LASTEROS VDA DE LOZADA. GERENTE. Publicar 3 veces: 28 set. 4 y 10 de octubre. b/v 29996

EDICTO JUDICIAL Que, el Proceso Civil N° 00492-2013-0-1010-JM-CI, seguido por: Ana Farfán Viuda de

RECTIFICACION DE AREA.En el Proceso Civil Nro. 1921- 2013-0-1001-JR-CI-2, que se tramita ante el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Cusco, que despacha el señor Juez doctor Eliot Zamalloa Cornejo, bajo la actuación de la Especialista Legal Saida Chiun Manco, doña ANA MARíA FARFAN FLORES, demanda la PRESCRIPCION AQUISITVA DEL BIEN INMUEBLE RUSTICO denominado Ángel Huaycco Urbanización San José II E-12 del distrito de San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, demanda admitida a trámite en la vía del proceso Abreviado, mediante resolución Nro. 03, de fecha veintitrés de setiembre del año en curso.- Lo que se cumple con publicar para fines del artículo 5060 del Código Procesal Civil.- SAIDA CHIUN MANCO, Especialista Legal.Cusco, 27 de Setiembre del 2013.3v-30-4-11-x-13 b/v 29998

AVISO OFICIAL Nº 040-2013-ANA/ALA-LA CONVENCION La Convención, 27 de setiembre del 2013 La Administración Local de Agua la Convención, da a conocer el pedido de Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico del proyecto “Construcción del Sistema de Riego Integral en los sectores de Paraíso, Platanal y América, del distrito de Santa Ana -La convención -Cusco”, con fines de otorgamiento del derecho de uso de agua, presentado por el Comité de Usuarios de Riego Paraíso, Platanal y América, provenientes de la fuente hídrica; Riachuelo Quebrada Honda, cuya captación están previsto en el lugar denominado Quebrada Honda, en Coordenadas UTM WGS-84; N 8580015, E 754017; para ser utilizado con fines Productivo -Agrícola. Toda Persona, natural o jurídica, que se considere afectado podrá presentar la oposición respectiva, hasta el 06 de octubre del 2013. Oficina de la ALA La Convención, Cito en Jirón Sabas Sarazola E-12, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, región de Cusco, debiendo presentar las pruebas instrumentales, técnicas -legales que sustenten su pedido. Mayores detalles respecto al cumplimento de los requisitos y el estudio de aprovechamiento hídrico de la fuente hídrica; Riachuelo Quebrada Honda, pueden ser constatados y verificados en la oficina de la ALA La Convención. 02VZ.30.IX; 04.X.13 B/. 24840

NOTIFICACIÓN JUDICIAL. En el Proceso Civil FA. No. 00003 - 2013, seguido por Justino Díaz Cusiyupanqui, contra de Fiorela Díaz Herrera y Guizhou Díaz Herrera, sobre exoneración de alimentos, se ha dispuesto la notificación al emplazado conforme a ley. RESOLUCIÓN No. 09.- Pisac, dieciocho de setiembre del año dos mil trece. Estando a lo manifestado por la recurrente quién bajo juramento de ley, manifiesta que ha agotado las gestiones destinadas a conocer sobre el domicilio real y actual de las demandadas GUIZHOU DÍAZ HERRERA y FIORELA DÍAZ HERRERA, por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 165 del Código Procesal, cúmplase con la notificación con el extracto de la demanda, mediante edictos de ley. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.- Resolución No.01.- Pisac, once de enero del año dos mil trece. Vista la demanda con los anexos adjunto SE RESUELVE: Admitir a trámite la demanda interpuesta por JUSTINO Díaz CUSIYUPANQUI, contra de GUIZHOU DÍAZ HERRERA Y FIORELA DÍAZ HERRERA, sobre exoneración de alimentos, en la vía del proceso SUMARÍSIMO, confiérase traslado al demandado por el plazo de CINCO DIAS, para que cumpla con absolver el traslado de la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado rebeldes; Por ofrecido los medios probatorios.- Firmado señor Juez Jorge Pareja Quispe.- Ante mí Abogado Mario Pereira Aldazabal Secretario Judicial. Lo que se notifica para los fines de ley. Pisac, 27 de setiembre del 2013 3v-30-2-4-x b/v 29999

7

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

HORA INICIO TERMINO

N° DE EXPEDIENTE

1

08:00

09:00

00171-2011-98

2

09:01

10:30

00712-2012-60

3

11:00

11:59

01422-2012-34

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CUSCO PODER JUDICIAL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL RELACIÓN DE AUDIENCIAS 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AUDIENCIA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL AUDIENCIA DE JUICIO ORAL AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

DELITO Hurto agravado. Falsificación de documentos. Homicidio Simple

4

08:00

10:00

00124-2012-38

APELACION DE SENTENCIAS

5

08:30

09:59

00095-2013-46

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

Robo Agravado

IMPUTADO

Peculado culposo

CALLAÑAUPA MANSILLA VICTORIA

AGUILAR CATARI WALTER HONORATO

11:30

01194-2013-0-

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

Omisión de asistencia familiar

7

15:30

16:30

01342-2012-40

REVOCATORIA DE PENA

Omisión de asistencia familiar Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

BALFORTH COUPE ALISON

Lesiones leves por Violencia Familiar

YUPANQUI TUNQUE ELIEZER ENOJ

11:00

12:00

00432-2013-46

9

08:30

10:00

01366-2012-43

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

ESTADO REPRESENTADO POR LA PROCURADURIA 1RA SALA PENAL DE PUBLICA APELACIONES ANTICORRUPCION DE CUSCO ROJAS DAVALOS JOEL ALEXIS

10:01

11:30

00826-2013-0-

11

11:31

13:00

01166-2012-48

12

14:00

15:30

01032-2013-24

13

15:31

16:25

00503-2013-24

14

07:30

07:59

01678-2012-51

15

10:00

10:30

01137-2013-2-

16

10:35

13:00

01401-2011-22

17

14:00

15:30

01680-2011-27

18

15:31

16:30

01262-2013-0-

19

08:30

10:00

01745-2012-46

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

20

15:00

16:30

00075-2013-37

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

21

08:30

10:00

00250-2013-0-

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

22

10:01

11:30

01034-2013-0-

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

23

11:31

13:00

00456-2013-0-

24

15:31

16:30

01231-2013-84

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION RESOLVER DECLINATORIA DE COMPETENCIA

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION RESOLVER PEDIDO DE CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL

Falsificación de documentos.

BECERRA CCASA VICTOR

Estafa genérica

Usurpación

EDWIN PAZ CARPIO

EDWIN PAZ CARPIO

EDWIN PAZ CARPIO

3RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ROGER JIMENEZ LUNA

3RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ROGER JIMENEZ LUNA

3RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ROGER JIMENEZ LUNA

3RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ROGER JIMENEZ LUNA

3RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ROGER JIMENEZ LUNA

5TA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

MARINA INES SUPANTA CONDOR

6TA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

DAVID LUIS SOTOMAYOR SAAVEDRA

6TA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

DAVID LUIS SOTOMAYOR SAAVEDRA

6TA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

DAVID LUIS SOTOMAYOR SAAVEDRA

CAMINO BARRA LUIYINA SILVIA

NOTARIO OSWALDO BUSTAMANTE ARAGON

EL ESTADO CORONADO RIOS PROCURADURIA PUBLICA 6TA SALA DE MARTIN FRANCISCO DEL MINISTERIO DE AUDIENCIAS PENAL ECONOMIA Y FINANZAS APV PORTADA DEL SOL Ursurpación REPRESENTADO POR 7MA SALA DE AMAUT QUISPE ELSA Agravada SU PRESIDENTE MARIO AUDIENCIAS PENAL CJUNO CHAMPI EL ESTADO ECHEVARRIA REPRESENTADO POR LA 7MA SALA DE Falsedad genérica. VILLANUEVA EVA DIRECCION REGIONAL DE AUDIENCIAS PENAL EDUCACION DE CUSCO

Omisión de asistencia familiar

EDWIN DEL POZO CONDORI EDWIN DEL POZO CONDORI CARLOS FRISANCHO ENRIQUEZ LUIS ALFONSO SARMIENTO NUÑEZ,MARIO HUGO SILVA ASTETE, ROCIO SOLEDAD CACERES PEREZ

URIEL BALLADARES APARICIO, ELIZABETH GROSSMANN CASAS,FANY ANDRADE GALLEGOS

Lavado de Activos

Hurto agravado.

MAGISTRADO

EL ESTADO PERUANO REPRESENTADO POR 2DA SALA PENAL DE LA PROCURADURIA DEL APELACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

LASOCIEDAD REPRESENTADO POR LA AUD. CONTROL Conducción en SALDAÑA TAPULLIMA DRA ALICCIA ATAPAUCAR DE LA estado de ebriedad o TALIA JARA FISCAL ADJUNTA ACUSACION drogadicción. PROVINCIAL DE LA 2DA FISCAL AUD. CONTROL HUARACHA OCHOA HUARACHA OCHOA DE LA Lesiones leves ELVIS RONALD ELMER ACUSACION PARI MOROCCO GONZALES PORTILLO AUDIENCIA Hurto simple. FELIPE MARIA CRISTINA EMPRESA DON JOSE RESOLVER REPRESENTACIONES SRL PEDIDO DE Libramientos de VILCA OJEDA KAREN REPRESENTADO POR SU CONSTITUCION cobro indebido MADELEINE GERENTE ARMANDO DE EN ACTOR CIVIL LA BARRA ACURIO LECTURA DE LUZA FLORES JOSE Robo Agravado BAEZ HUALLPA MIRIAM SENTENCIA CARLOS MENORES DE RESOLVER INICIALES SAY Y WAY PEDIDO DE Omisión de ALLER TOCCAS REPRESENTADOS POR SU CONSTITUCION asistencia familiar VIRGILIO PROGENITORA ELSA YLLA EN ACTOR CIVIL HUALLPAYUNCA AUD. CONTROL ATAYUPANQUI LUYO CHAPARRO REGINA DE LA Hurto agravado. FLORES JORGE ELIZABETH ACUSACION

10

2DA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

MENORES MISHELY GABRIELA ANGELINO ANGELINO ÑAUPA Y ZAIDA CAMILA 2DA SALA DE MONTEROLA ANGELINO ÑAUPA AUDIENCIAS PENAL FERNANDO REPRESENTADOS POR SU PROGENITO MENOR DE INICIALES KSTC Y KJTC TUNQUE VICTORIO 2DA SALA DE REPRESENTADAS POR SU ELVIS AUDIENCIAS PENAL PROGENITORA MAGALY CACERES CORNEJO

10:00

8

LUGAR

RAFAEL VILA ARTURO RED STAR PERU DEL 1RA SALA DE RAUL PERU SA AUDIENCIAS PENAL CONDORI RAMOS BACA MENDOZA ENSUEÑO 1RA SALA DE MELQUIADES BUENAVENTURA AUDIENCIAS PENAL DAZA SALAS LUIS QVF QUISPE CHAMPI 1RA SALA DE EDUARDO JOSE LUIS AUDIENCIAS PENAL

6

APELACION DE AUTOS

AGRAVIADO

DAVID LUIS SOTOMAYOR SAAVEDRA REYNALDO OCHOA MUÑOZ REYNALDO OCHOA MUÑOZ

8VA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

JOSE ANGEL MEDINA LEIVA

8VA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

JOSE ANGEL MEDINA LEIVA

8VA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

JOSE ANGEL MEDINA LEIVA

ATAYUPANQUI 8VA SALA DE GARCIA JARA EDITH LUCIA SALAZAR MARIANO AUDIENCIAS PENAL

JOSE ANGEL MEDINA LEIVA

QUIROZ LOAIZA LUIS MIGUEL

EMPRESA ESCOIN SAC

MENORES DE INICIALES CCC RCC Y ACC CONDORI GONZALES REPRESENTADO POR SU SATURNINO PROGENITORA CIRILA CCORIMANYA HUAYTA HOLGADO BALTA CAROLINA KARLA

PARISACA MAMANI LEVI ENMANUEL


8

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

CPJ.

25

08:30

10:00

PRELIMINAR PARA DEBATIR LOS 01377-2012-17 FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO

26

10:01

11:30

00786-2013-0-

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

Omisión de asistencia familiar

27

11:31

13:00

00656-2013-0-

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

Omisión de asistencia familiar

28

14:00

15:30

01249-2013-0-

AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

Omisión de asistencia familiar

29

08:20

09:59

01397-2012-21

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

30

16:00

17:00

00676-2013-41

Hurto agravado.

31

14:15

14:45

01022-2012-82

32

08:15

11:00

01510-2012-52

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Robo Agravado

33

11:01

13:00

01506-2012-73

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Robo Agravado Violación sexual de Menor ( entre 14 años y menos de 18 años) Violación sexual de menor de edad (menor de 10 años)

34

14:15

15:30

00681-2012-49

35

15:31

16:30

00173-2011-39

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

NOA PERALTA KATERIN MAYRA

9NA SALA DE PERALTA BURGOS GLADIS AUDIENCIAS PENAL

MENOR DE INICIALES IYAC REPRESENTADO POR SU 9NA SALA DE PROGENITORA PENIEL AUDIENCIAS PENAL OCHOA RIVEROS MENOR DE INICIALES SONCCO FARFAN DASC REPRESENTADO 9NA SALA DE HENRY POR SU PROGENITORA AUDIENCIAS PENAL ROSALIA CHAMPI QUISPE PAOLA ABIGAIL ORTEGA BLANCO REPRESENTADA ORTEGA AUCCACUSI 9NA SALA DE POR SU PROGENITORA AUDIENCIAS PENAL JUSTO PASTOR LUZ FRANCIA BLANCO ARAOZ ARAGON CASTRO VICTOR MOISES

Violación de la DANZ ARIAS CARLOS libertad sexual (Tipo HUGO base).

DETERMINAR LA Actos contra el pudor PROLONGACION en menores (edad DE LA PRISION víctima: < 7 años). PREVENTIVA Violación sexual de menor de edad AUDIENCIA DE (mayor de 10 y JUICIO ORAL menor de 14 años de edad)

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

CONDORI QUISPE MARIO

PERSONA DE INICIALES CESAER MENOR DE INICIALES NLKAK

QUENCCORO - 1° SALA DE AUDIENCIAS

ANIBAL ABEL PAREDES MATHEUS

ANIBAL ABEL PAREDES MATHEUS ANIBAL ABEL PAREDES MATHEUS

ANIBAL ABEL PAREDES MATHEUS IGNACIO ORTEGA MATEO,

QUENCCORO - 1° ANIBAL ABEL PAREDES SALA DE AUDIENCIAS MATHEUS

MARINA INES SUPANTA CONDOR- CARLOS QUENCCORO - 2° FRISANCHO ENRIQUEZSALA DE AUDIENCIAS MIGUEL ANGEL CASTELO ANDIA MIGUEL ANGEL CASTELO ANDIA-CARLOS CHALLCO GONZALES QUENCCORO - 3° HUAMAN MOLLO ELENA FRISANCHO ENRIQUEZJHON FREDY SALA DE AUDIENCIAS MARINA INES SUPANTA CONDOR EDWIN DEL POZO CONDORI-MARINA INES BRINGAS MENDOZA QUENCCORO - 3° ALONSO CARO KIN SUPANTA CONDORMANUEL SALA DE AUDIENCIAS MIGUEL ANGEL CASTELO ANDIA IGNACIO ORTEGA CORNEJO TORRES QUENCCORO - 3° MATEO,MIGUEL ANGEL MENOR DE INICIALES MML RAMON SALA DE AUDIENCIAS CASTELO ANDIA-EDWIN DEL POZO CONDORI IGNACIO ORTEGA ARANA CALCINO QUENCCORO - 3° MATEO,EDWIN DEL POZO LAISSNER MENOR MCHCC SALA DE AUDIENCIAS CONDORI-MIGUEL ANGEL JHANMARCO CASTELO ANDIA ZAVALA CACERES UBALDO

EDICTO PENAL Exp. N° 00189 -2013. 1° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede de Echarate. Secretario: CLEOFE HUAMAN ANCCO. Se cita, y emplaza a: HERNANI ROMERO ESCOBEDO, con la resolución número dos de fecha veinte de dos mil trece, por la que se declara frustrada la presente audiencia y se dispone la reprogramación para el día DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE a horas DIEZ DE LA MAÑANA, a realizarse en la Sala de Audiencia del Juzgado de Investigación de Echarate, se dispone la notificación al imputado en su domicilio real y mediante edicto judicial.­ Echarate, 20 de setiembre del 2013. Firmada: DRA. ANGELA JOANNA CORNEJO V. 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. EDICTO PENAL EXPEDIENTE: Nro. : 00214-2012-14-1001-JR-PE-05 SECRETARIA: V. Boza Berdejo. Se cita y emplaza al (los) Acusado(s): IDA VILLA VICENCIO ESPINOZA Y: MALENA VICTORIA ANGULO RULLIER. Para que se ponga(n) a derecho y se defiendan de los cargos formulados en su contra, en el proceso que se le sigue por la comisión del delito Contra la Seguridad Publica-Delitos Contra la Salud Publica; en la modalidad de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, subtipo MICROCOMERCIALIZACION y POSESIÓN ILEGAL DE DROGAS, ilícito penal previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 298 del Código Penal, en agravio de la SOCIEDAD representado por la Procuradora Publica SONIA RAQUEL MEDINA CALVO a cargo de asuntos Judiciales del Ministerio del Interior Relativos a Trafico Ilícito de Drogas. Res .Cusco, veinte de setiembre del año dos mil trece. Previamente el señor Juez que suscribe se AVOCA del conocimiento del presente proceso en atención a lo dispuesto mediante Res. Adm. Nro. 691-2013­-CSJCU-PJ, de fecha 23 de agosto del 2013. DE OFICIO.- De conformidad al estado del proceso SEÑÁLESE fecha y hora para el verificativo de audiencia de Juicio Oral, la misma que se llevara a cabo el día CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A HORAS DIEZ DE. LA MAÑANA EN LA PRIMERA SALA PENAL DE AUDIENCIA, del Modulo Penal, ubicado en el tercer piso del Palacio de Justicia, notifíquese a las partes procesales, subsistiendo los apercibimientos dispuestos en autos. Cusco, 20 de setiembre del 2013. Firmada: Especialista J. VERÓNICA LIDIA BOZA BERDEJO. 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. NOTIFICACION POR EDICTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. Expediente: Nro. 2011-543. Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la demanda interpuesta por la Representante del Ministerio Público contra PERCY HUAMAN RIBERA por actos de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de YORINA OVIEDO YUCRA, se ha dispuesto la notificación de la parte demandada por edictos lo siguiente: Resolución Nro.-08 Quillabamba, veintitrés de Setiembre Del año dos mil trece. -DE OFICIO: No habiendo sido absuelto la demanda, dentro ni fuera del término establecido por ley; pese al tiempo transcurrido, por lo que en efectividad del apercibimiento decretado en la resolución de folios dieciocho y lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal Civil; declárese REBELDE al demandado PERCY HUAMAN RIBERA y conforme al estado del proceso; fíjese fecha y hora para la AUDIENCIA UNICA EL QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE A HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA previa citación de las partes procesales, mediante edictos en el Diario Judicial El Cusco y el Representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de llevarse a efecto la audiencia con la parte que concurra.- H. S. Firma de la Juez Dra. Mariliana Cornejo Sánchez. Arnaldo Bustamante Gamarra. Secretario Judicial. Quillabamba, 23 de Setiembre del 2013. 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ.

MENOR DE INICIALES NBFC

NOTIFICACION POR EDICTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. Expediente: Nro. 2011-337. Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la demanda interpuesta por la Representante del Ministerio Público contra EDER WILSON CORRALES PUMAHUANCA por actos de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de RUTH MERY SONCCO DUEÑAS, se ha dispuesto la notificación de las partes por edictos lo siguiente: DE OFICIO: SE RESUELVE: Resolución Nro. 20.Quillabamba, veintitrés de Setiembre del año dos mil trece.- - - - -Estando a la constancia que antecede; téngase presente y conforme al estado del proceso; fíjese nueva fecha y hora para la AUDIENCIA UNICA PENDIENTE EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA, con citación de las partes procesales mediante edictos en el Diario Judicial del Cusco y el Representante del Ministerio Público, bajo expreso apercibimiento de darse por concluido el proceso y disponer su archivo definitivo en caso de inconcurrencia de las partes.-H. S. Quillabamba, 23 de Setiembre del 2013. Firmado: Secretario J. ARNALDO BUSTAMANTE GAMARRA 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. NOTIFICACION POR EDICTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. Expediente: Nro. 2012-18. Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la demanda interpuesta por la Representante del Ministerio Público contra BERNABE VARGAS CARDENAS por actos de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de TANIA LUQUE HUAMAN, se ha dispuesto la notificación de las partes procesales por edictos lo siguiente: Resolución Nro.-05.-Quillabamba, veintitrés de Setiembre, del dos mil trece.-DE OFICIO: No habiendo sido absuelto la demanda, dentro ni fuera del término establecido por ley; pese al tiempo transcurrido, por lo que en efectividad del apercibimiento decretado en la resolución de folios catorce y lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal Civil; declárese REBELDE al demandado BERNABE VARGAS CARDENAS y conforme al estado del proceso; fíjese fecha y hora para la AUDIENCIA UNICA EL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE A HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA previa citación de las partes procesales, mediante edictos en el Diario Judicial del Cusco y exhorto y el Representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de llevarse a efecto la audiencia con la parte que concurra.- H. S. lo que se publica para los fines de ley. Firma de la Juez Dra. Mariliana Cornejo Sánchez. Arnaldo Bustamante Gamarra. Secretario Judicial. Quillabamba, 23 de Setiembre del 2013. 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. NOTIFICACION POR EDICTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. Expediente: Nro. 2012-168. Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la demanda interpuesta por la Representante del Ministerio Público contra SALUSTIO UGARTE LAURA por actos de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de RUTH MERY MONTES PALOMINO Y el menor Crist Royer Ugarte Montes, se ha dispuesto la notificación de la parte demandada mediante edictos lo siguiente: Resolución Nro.-08.-Quillabamba, veintitrés de Setiembre Del año dos mil trece. - DE OFICIO: No habiendo sido absuelto la demanda, dentro ni fuera del término establecido por ley; pese al tiempo transcurrido, por lo que en efectividad del apercibimiento decretado en la resolución de folios veinticuatro y lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal Civil; declárese REBELDE al demandado SALUSTIO UGARTE LAURA y conforme al estado del proceso; fíjese fecha y hora para la AUDIENCIA UNICA EL DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE A HORAS DOCE Y QUINCE MINUTOS DEL MEDIO DIA previa citación de las partes procesales mediante edictos judiciales en el Diario Judicial El Cusco y el Representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de llevarse a efecto la audiencia con la parte que concurra.- H. S. Lo que se publica para los fines de ley. Firma de la Juez Dra. Mariliana Cornejo Sánchez. Arnaldo Bustamante Gamarra. Secretario Judicial. Quillabamba, 23 de Setiembre del 2013. 03VZ.03.04.07.X.13.

NOTIFICACION POR EDICTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. Expediente: Nro. 2013-487. Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la demanda interpuesta por la Representante del Ministerio Público contra JESUSA CERVANTES SAYRE, EDISON PAREDES CERVANTES y LUZ MARINA PAREDES CERVANTES por actos de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de JUVENAL PAREDES RICALDE, se ha dispuesto la notificación de los demandados por edictos lo siguiente: DE OFICIO: SE RESUELVE: No habiendo sido absuelto la demanda, dentro ni fuera del término establecido por ley; pese al tiempo transcurrido, por lo que. en efectividad del apercibimiento decretado en la resolución de folios dieciséis y lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal Civil; declárese REBELDE a los demandados JESUSA CERVANTES SAYRE, EDISON PAREDES CERVANTES y LUZ MARINA PAREDES CERVANTES y conforme al estado del proceso; fíjese fecha y hora para la AUDIENCIA UNICA EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA previa citación de las partes procesales, a quienes se les notificará en sus domicilios reales señalados en autos y mediante edictos y el Representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de llevarse ,a efecto la audiencia con la parte que concurra.- H. S. Firma de la Juez Dra. Mariliana Cornejo Sánchez. Arnaldo Bustamante Gamarra. Secretario Judicial. Quillabamba, 13 de Agosto del 2013. ­03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. EDICTO PENAL SEÑOR: ADAN LLAMOCTANTA ESCOBAR. El señor Juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, Dr. José Ángel Medina Leyva, ha dispuesto se notifique al imputado ADAN LLAMOCTANTA ESCOBAR, en el Proceso Nro 69-2013-36-1001-JR-PE-OS, seguido contra el antes indicado, por el delito de Trata de Personas y Otros, en agravio de la menor de las iniciales C.I.CH., bajo la actuación de la especialista Judicial Abog. Miriam Apaza Kádagand, ha resuelto notificar al imputado con la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° 03. Cusco, veintiséis de setiembre del año dos mil trece.­ PARTE EXPOSITIVA y CONSIDERATIVA: Queda registrado en audio. PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe. SE RESUELVE: 1.- REPROGRAMAR la presente audiencia, para verificarse el día VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE a horas OCHO DE LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS, a verificarse en esta misma Octava Sala de Audiencias del Modulo Penal. 2. - CUMPLASE CON NOTIFICAR al imputado mediante edictos judiciales conforme se ordenó en resolución Nro. 2; asimismo, NOTIFIQUESE a la representante del Ministerio Público y a las partes inconcurrentes para los fines de Ley, REQUIERASE a las partes procesales su concurrencia a la audiencia reprogramada, para los fines de ley, subsistiendo los apremios y/o apercibimientos dispuestos en autos. Firmada: Especialista J. MIRIAM APAZA KÁDAGAN 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. NOTIFICACION SOBRE ABANDONO DE MENOR SE NOTIFICA: A los padres o responsables del menor: NN DE SEXO MASCULINO (03 meses de edad) con Proceso Nro. 1820-2013-0, quien fue dejado por su progenitora en un puesto de venta de la avenida Antonio Lorena, Santiago de esta ciudad el día 16 de setiembre del año en curso. Para que comparezcan ante el Tercer Juzgado de Familia de la ciudad del Cusco, a fin de rendir su declaración respecto al abandono moral y material de su menor hijo, de lo contrario se Declarará el Estado de Abandono Moral y Material con fines de Adopción. Cusco, 27 de setiembre del 2013 Secretaria: Abog. María Friné Cano Álvarez. Juez: Edwin Romel Béjar Rojas 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. EDICTO JUDICIAL. En el Juzgado Mixto de la Provincia de Quispicanchi, que despacha la Señora Juez doctora Ofelia Paredes Salas, bajo la actuación de la Especialista Legal . doctora Celia Jancco Carazas se tramita el Proceso No.77-2013-CI, en la que se ha dispuesto notificar el extracto de la demanda mediante diarios cuya parte resolutiva es el siguiente: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por GRIMALDO HUAMAN CHECCA en representación de su menor hijo Aladino Huaman Puma, sobre CAMBIO DE NOMBRE DE PILA, de N Aladino” por el de ¡¡~~”, quedando inalterables los demás datos en su partida de nacimiento, tramítese la presente demandj en la vía del PROCESO NO CONTENCIOSO, en consecuencia, publíquese e{ el Diario Oficial “El Peruano” y en el diario de mayor circulación de la ciudad de Cusco, conforme a Ley, para lo cual el accionante deberá concurrir a Secretaria del juzgado a recabar los edictos para su publicación dentro de horario de Despacho.- Al PRIMER OTROSI DIGO.- Téngase por ofrecidos los medios probatorios que se indican para ser actuados en su etapa procesal correspondiente y agréguese a sus antecedentes los anexos que se adjuntan.- Al OTROSI DIGO.- Que, atendiendo a que el auxilio judicial se le concede a las personas naturales que para cubrir o garantizar los gastos del proceso pongan en peligro su subsistencia y la de quienes ellas dependan, pedido éste que debe cumplir las exigencias de ley conforme establece el artículo 1790 del Código Procesal Civil, asimismo que con los documentos adjuntos a la demanda se acredita el estado de necesidad del solicitante por lo que: CONCEDASE AUXILIO JUDICIAL al demandante, conforme a Ley. H.S.03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. 6º JUZGADO DE PAZ LETRADO EXPEDIENTE: 01370-2012-0-0501-JP-CI-03 MATERIA: INDEMNIZACION POR DAÑOS y PERJUICIOS ESPECIALISTA : ALEX OMAR SOLIS CASTRO DEMANDADO: SALCEDO MORALES, MILTON ALBERTO : SANTOS SANCHEZ, CARLOS DARIO DEMANDANTE: PROCURADORA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Resolución Nro. 07 Ayacucho, veinte de setiembre Del dos mil trece.Dado cuenta con el escrito con registro Nro. “7274-2013” que, antecede: Al Principal: A lo expuesto por la parte demandante y con las publicaciones que adjunta, TENGASE presente y agréguese a los autos; Al Primer Otrosí: OFICIESE conforme lo solicita; Al Segundo Otrosí: TENGASE Por variado el domicilio procesal en la dirección indicada por esta parte a efectos de las ulteriores notificaciones emanadas en el presente proceso. Asumiendo competencia el señor juez que suscribe por disposición superior y actuando con el secretario judicial que da cuenta desde el nueve de setiembre de los corrientes. NOTIFIQUESE.03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. 3º JUZGADO DE PAZ LETRADO EXPEDIENTE: 01370-2012-0-0501-JP-CI-03 MATERIA: INDEMNIZACION POR DAÑOS y PERJUICIOS ESPECIALISTA: JUDY CHARITO MORENO HUAMAN DEMANDADO: SALCEDO MORALES, MILTON ALBERTO

9 : SANTOS SANCHEZ, CARLOS DARIO DEMANDANTE: PROCURADORA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, Resolución Nro. 06 Ayacucho, 08 de mayo del año dos mil trece,AUTO QUE AUTORIZA NOTIFICAR MEDIANTE EDICTO I.- ASUNTO: Es materia de proveído el escrito que antecede, mediante el cual la parte demandante solicita se notifique al demandado CARLOS DARIO SANTOS SÁNCHEZ con la demanda y anexos, mediante edictos, bajo cuyo efecto adjunta la declaración jurada de haber agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio actual del demandado.II.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION 3.1.- La notificación por edictos procede cuando se trata de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte debe manifestar bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar, conforme lo estipula el artículo 165, 167°, 168° Y 435° del Código Procesal Civil. 3.2.- Con el escrito que antecede, la parte demandante refiere que el demandado ha agotado todos los medios necesarios para ubicar el nuevo domicilio del demandado, siendo imposible su ubicación, teniendo tan solo el domicilio que consigna en su documento nacional de identificación, domicilio al cual no se le puede notificar por ser incierto conforme se observa la devolución de la cédula, por lo que solicita se le notifique mediante edictos. 3.3.- Estando a lo expresado; y teniendo en cuenta que, la notificación por edicto tiene por finalidad emplazar o citar al demandado con domicilio desconocido, para que comparezca “a estar a derecho” en el proceso; debe ampararse el pedido de la actora, quien ha cumplido con declarar bajo juramento haber agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio del demandado.Por las consideraciones expuestas, la Señora Juez del Tercer Juzgado de Paz letrado, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial: Por las consideraciones expuestas, la Señora Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial: III.- RESUELVE: 4.1.- AUTORIZAR la notificación del demandado CARLOS DARÍO SANTOS SÁNCHEZ, MEDIANTE EDICTOS, a fin de que comparezca al proceso, y haga valer su derecho a la defensa dentro del término de Ley, bajo apercibimiento de nombrársele Curador Procesal. 4.2.- Cúmplase la parte demandante con publicar los edictos en el Diario Oficial ‘El Peruano’, en el Diario Local “La Voz” de Ayacucho y en el “Diario de mayor circulación de la ciudad de Cusco”, por el término de tres días hábiles. 4.3.- Reasumiendo competencia la señora Magistrado que suscribe, después de haber hecho uso físico de sus vacaciones judiciales. 4.4.- Notifíquese. 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ.

EDICTO Ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado del distrito de Ayacucho, que Despacha el señor Juez doctor Juan Conrrado Bendezú Villena; se viene tramitando en el Expediente número 1370 -2012 -CI, sobre proceso de Indemnización por Daños y perjuicios; habiéndose emitido la resolución número seis de fecha ocho de mayo del año dos mil trece, la cual RESUELVE: AUTORIZAR la notificación del demandado CARLOS DARIO SANTOS SANCHEZ, MEDIANTE EDICTOS, a fin de que comparezca al proceso, y haga valer su derecho a la defensa dentro del término de Ley, bajo apercibimiento de nombrársele Curador Procesal. Cúmplase la parte demandante con publicar los edictos en el Diario Oficial EI Peruano’ y en el Diario Local ‘La VOZ ‘ y en el “Diario de mayor circulación de la ciudad de Cusco” por el término de tres días hábiles. – 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. EDICTO Ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado del distrito de Ayacucho, que Despacha el señor Juez doctor Juan Conrrado Bendezú Villena; se viene tramitando en el Expediente número 1370 -2012 -CI, sobre proceso de Indemnización por Daños y perjuicios; habiéndose emitido la resolución número seis de fecha ocho de mayo del año dos mil trece, la cual RESUELVE: AUTORIZAR la notificación del demandado CARLOS DARIO SANTOS SANCHEZ, MEDIANTE EDICTOS, a fin de que comparezca al proceso, y haga valer su derecho a la defensa dentro del término de Ley, bajo apercibimiento de nombrársele Curador Procesal. Cúmplase la parte demandante con publicar los edictos en el Diario Oficial ‘EI Peruano’ y en el Diario Local “La VOZ “ y en el “Diario de mayor circulación de la ciudad de Cusco” por el término de tres días hábiles. 03VZ.03.04.07.X.13. CPJ. JUZGADO MIXTO, LIQUIDADOR Y UNIPERSONAL DE QUISPICANCHIS EDICTO PENAL 1° JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Quispicanchis EXPEDIENTE ; 00105-201 0-36-1 014-JR-PE-01 ESPECIALISTA ; YOHANNA BENY GALLEGOS PAUCAR MIN PÚBLICO : SEGUNDA FISCALlA PROVINCIAL PENAL DE QUISPICANCHI DRA MARIA ZAMATA, IMPUTADO : HUALLPA LOPEZ, ROBERTO DELITO : EXHIBICIONES Y PUBLICACIONES OBSCENAS, : HUALLPA LOPEZ, ROBERTO DELITO : LESIONES LEVES AGRAVIADO : LOPEZ SACA, ROMULO ZACARIAS. Se pone en conocimiento, que en el Juzgado Mixto, Liquidador y Unipersonal de Quispicanchi, el acusado ROBERTO HUALLPA LÓPEZ, es procesado por el delito de CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en su modalidad de LESIONES, sub. Tipo LESIONES LEVES, en agravio de ROMULO ZACARIAS LÓPEZ SACA. Que mediante resolución de fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce ha sido declarado REO AUSENTE habiéndose dispuesto su captura y conducción compulsiva ante el Juzgado Penal Unipersonal de Quispicanchi de la Corte Superior de Justicia del Cusco, ubicado en el inmueble de la Urbanización Tambillo, Casa de la Juventud s/n, Segundo Piso del distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi y departamento del Cusco.­ 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Quispicanchi, Paruro, Paucartambo y Acomayo EDICTO PENAL EXPEDIENTE No. 0025-2010-24-1 014-IR-PE-01 Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Quispicanchi, Paruro, Paucartambo y Acomayo Especialista Judicial: Yohanna B. Gallegos Paucar. Materia : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD. Se pone en conocimiento que el Reo Ausente ISIDRO TUNQUIPA GUTIÉRREZ, es procesado por la comisión del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Quispicanchi, Paruro, Paucartambo y Acomayo en agravio de la menor de iniciales N.S.M. Urcos, 26 de setiembre del 2013. EDICTO PENAL EXPEDIETE No. 00150-2Q1j-73-1014-IR-PE-O1 Juzgado Penal Unipersonal de Quispicanchi Especialista Judicial: Yohanna B. Gallegos Paucar.


10 Materia : Falsedad Ideológica. Se pone en conocimiento que el Reo Ausente ALBERTO ROJO CCANAHUIRE, es procesado por la comisión del delito de Falsedad Ideológica en el Juzgado Mixto, Liquidador y Penal Unipersonal de Quispicanchi en agravio del RENIEC.­ Urcos, 25 de setiembre del 2013. 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ.

JUZGADO MIXTO, LIQUIDADOR y UNIPERSONAL DE QUISPICANCHIS EDICTO PENAL EXPEDIENTE No. 00115-2010-41-1014- R-PE-01 Juzgado Penal Unipersonal de Quispicanchi Especialista Judicial: Yohanna B. Gallegos Paucar. Materia : Hurto Agravado. Se pone en conocimiento que el Reo Ausente ABDÓN CCOLLANA QUISPE, es procesado por la comisión del delito de Hurto Agravado en el Juzgado Mixto, Liquidador y Penal Unipersonal de Quispicanchi en agravio del Estado. Urcos, 24 de setiembre del 2013. 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. JUZGADO MIXTO, LIQUIDADOR y UNIPERSONAL DE QUISPICANCHIS EDICTO PENAL EXPEDIENTE No. 00030-2010-76-1 014-IR-PE-01 Juzgado Penal Unipersonal de Quispicanchi Especialista Judicial: Yohanna B. Gallegos Paucar. Materia : Lesiones Leves. Se pone en conocimiento que la Reo Ausente JENNY SAIRE MOZO, es procesada por la comisión del delito de Lesiones Leves en el Juzgado Mixto, Liquidador y Penal Unipersonal de Quispicanchi en agravio del Estado. Cusco, 24 de setiembre. del 2013. 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. JUZGADO MIXTO, LIQUIDAOOR y UNIPERSONAL DE QUISPICANCHIS EDICTO PENAL EXPEDIENTE No. 0007-2012-67-1 014-IR-PE-01 Juzgado Penal Unipersonal de Quispicanchi Especialista Judicial: Yohanna B. Gallegos Paucar. Materia : Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad. Se pone en conocimiento que el Reo Ausente SERGIO CCAKLA MUÑOZ, es procesado por la comisión del delito de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad en el Juzgado Mixto, Liquidador y Penal Unipersonal de Quispicanchi en agravio del Estado. Urcos, 24 de setiembre del 2013. 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. EDICTO JUDICIAL El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Calca-Cusco, cita y emplaza al imputado: INOCENCIO AUCCAPUMA CABRERA, a la continuación de audiencia para el día DIEZ DE OCTUBRE DE 2013 A HORAS ONCE Y TREINTA A.M. EN LA SALA DE AUDIENCIAS de esta dependencia jurisdiccional en atención a la tramitación del expediente penal N° 00086­2013-0-100S-JR-PE-01, seguido contra INOCENCIO AUCCAPUMA CABRERA, por la presunta comisión del Delitos Contra la Familia en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, en agravio de Flor Sthefanie Auccapuma Rozas, representado por su progenitora Adakarin Rozas Barazorda. Secretaria: Grace Perez Terrazas. 1°JUZ. DE INVES. PREPARATORIA – Sede Calca EXPEDIENTE : 00086-2013-0-1005-JR-PE-01. ESPECIALISTA : GRACE PEREZ TERRAZAS MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDA FISCALÍA PENAL DE CALCA REPRESENTANTE : ROZAS BARAZORDA, ADAKARIM IMPUTADO : AUCCAPUMA CABRERA, YNOCENCIO DELITO : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIÁR AGRVIADO : AUCCAPUMA ROZAS, FLOR STHEFANIE Resolución Nro. 01 Calca, once de julio del año dos mil trece.­ VISTO.- El requerimiento fiscal de Acusación Directa, presentado por el Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Calca, en contra de Ynocencio Auccapuma Cabrera, como presunto autor de la Comisión del Delito contra la Familia, en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, sub. tipo Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de la menor Flor Sthefanie Auccapuma Rozas, representada por su progenitora Adakarim Rozas Barazorda; por considerar que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, conforme lo establece el inciso 4. del artículo 3360 del Código Procesal Penal, y conforme a lo previsto en el artículo 3500 del referido cuerpo normativo; CORRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS UTILES, a efectos de que los demás sujetos procesales puedan por escrito 1). Observar formalmente la acusación, 2). Deducir excepciones y otros medios de defensa, 3). Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4). Pedir el sobreseimiento, 5). Ofrecer prueba para el juicio, 6). Objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 7). Proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 8). Proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados, y 9). Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación; PRECISESE que la carpeta fiscal con todos los elementos de convicción se encuentran en este Despacho Judicial, para los fines que correspondan; NOTIFIQUESE al imputado en su domicilio real, a la parte agraviada en su domicilio procesal señalado por el representante del Ministerio Público, así como al Coordinador de los Defensores de Oficio, en su sede institucional, a efectos de que designe un abogado para que asuma la defensa del imputado, al advertirse que no cuenta con defensa técnica, dejando a salvo el derecho del mismo de sustituirlo por abogado de su libre elección, debiendo el abogado defensor de oficio designado, apersonarse de inmediato en la sustanciación del presente proceso.­ Calca, 30 de setiembre de12013 Firmado. Especialista J. JUDITH CHIPAYO BARRIOS 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. EDICTO PENAL Juzgado Penal Unipersonal de La Convención. Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala Se cita y emplaza al señor RONALD MEZA CARRION, en el Proceso Nro. 00142-2013­38-1010-JR-PE-01., que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la Familia, en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, sub. tipo Incumplimiento de Obligación Alimentaria en agravio del menor de iniciales S.M.R.. Representado por su progenitora Delia Catalina Rozas Tupa, para que asista a la audiencia de juicio oral y se defienda de los cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE, a horas ONCE DE LA MAÑANA (11.00 A.M), en la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba). Quillabamba, 27 de setiembre del 2013 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ.­

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 EDICTO PENAL El Señor Juez del Juzgado Penal Unipersonal de Calca Doctor Roger Almanza Saico, en el Proceso Penal N° 49-2013-34-1 005-JR-PE-01: seguido contra ERNESTO HUILLCAHUAMAN HUILLCAHUAMAN, por el delito Contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documento en general sub. tipo FALSEDAD IDEOLÓGICA, en agravio del Estado Peruano representado por la RENIEC, bajo la actuación de la Especialista Legal Abogada Yesika Medrano. Ochoa, ha resuelto comunicar al acusado ERNESTO HUILLCAHUAMAN HUILLCAHUAMAN el tenor la resolución N° 02 de fecha 23 de setiembre del’ 2013. RESOLUCIÓN N° 02 Calca, veintitrés de setiembre Del año dos mil trece.­ VISTOS Y OÍDOS; el informe del especialista de audio y lo expuesto por representante del Ministerio Público; y, CONSIDERANDO: Queda grabado en el registro de audio. DECISIÓN: Por estos fundamentos, el Juez del Juzgado Penal Unipersonal de Calca, RESUELVE: 1. NO INSTALAR VALlDAMENTE la presente sesión de juicio oral por inasistencia del acusado así como de su abogado defensor. 2. SEÑALAR nueva fecha y hora para juicio oral, para el día 21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, a horas 10:00 DE LA MAÑANA, acto que se verificara en esta misma sala de audiencia, debiendo de NOTIFICARSE al acusado Ernesto Huillcahuaman Huillcahuaman y/o Kléber Yucra Cruz en la Comunidad Campesina de Matinga s/n del distrito de Taray, provincia de Calca; así como en el Pueblo Joven Ollanta Lote M-9 del distrito de Santiago, provincia del Cusco, sin perjurio de efectuarse mediante edictos de ley, bajo apercibimiento de declararse reo contumaz y/o ausente en caso de que no concurra a la audiencia señalada para juicio oral. 3. NOTIFÍQUESE con el extracto del acta de la presente diligencia a la parte Agraviada y al abogado defensor del acusado. H.S. FISCAL: Conforme­ III. CONCLUSIÓN: Siendo las ocho con cincuenta y uno minutos de la mañana, se da por terminada la Audiencia y por cerrada la grabación del audio procediendo a firmarla el señor Juez y el Especialista Judicial de Audio encargado de la redacción del acta, como lo dispone el Artículo 121° del Código Procesal Penal. Firmado. DR. ROGER P. ALMANZA SAICO 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. EDICTO PENAL NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIAL AL ACUSADO JAMES ALONSO UGARTE Ante el 5to Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco que despacha el Dr. José Ángel Medina Leiva, bajo la actuación del Especialista Darwin Trujillo Tejado, se ha presentado el proceso penal que ha sido signado con el N° 1268-­2012-92-1 001-JR-PE-05, seguido contra JAMES ALONSO UGARTE, por la presunta de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones, sub. tipo lesiones graves por violencia familiar, en agravio de Estiven Sinchi Lizaraso, en consecuencia. NOTlFÍQUESE: Al acusado JAMES ALONSO UGARTE, con la Resolución N° 08, de fecha 30/09/13 dictada dentro de la audiencia publica de control de acusación, donde este Despacho ha dispuesto: ------ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Cusco, siendo las diez horas con treinta minutos del día treinta de setiembre del año dos mil trece, en la Octava Sala de Audiencias Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, se procede a verificar la audiencia de Control de Acusación en el expediente N° 01268­2012-92-1001-JR-PE-05, seguido contra James Alonso Ugarte por la presunta comisión del delito contra La Vida El Cuerpo y La Salud, en la modalidad de Lesiones, sub. Tipo Lesiones Graves, en agravio de Estiven Sinchi Lizaraso; audiencia dirigida por el señor Magistrado José Ángel Medina Leiva, Juez del quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, la misma que será grabada en sistema de audio. (Art. 361 inc. 2 CPP y arto 26 RGA). PARTE RESOLUTIVA: SE RESUELVE: 1. REPROGRAMAR la presente audiencia para ser continuada conforme a su estado para el DÍA MIÉRCOLES VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, A HORAS CATORCE CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE EN LA OCTAVA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO. Requiérase la asistencia obligatoria de la defensa pública que asiste al imputado. 2. ­NOTIFÍQUESE al imputado con copia de la presente acta de diligencia en su domicilio real señalado en autos así mismo mediante edictos con arre lo a le debiendo incorporarse los ejemplares notificaciones oportunamente por los especialistas Que tramitan el proceso, requiérase la asistencia obligatoria de la defensa publica que asista al imputado bajo el apercibimiento de darse cuenta a su superior jerárquico en caso de inconcurrencia, subsistiendo los demás apremios y/o apercibimientos dispuestos en autos. III.- CONCLUSIÓN Siendo las diez de mañana con cuarenta minutos se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla el señor Juez y el especialista de Audio encargado de la redacción del acta, como lo dispone el artículo 1210 del Código Procesal Penal.­ Cusco, 02 de octubre del año 2013. Firmado. Especialista J. DARWIN TRUJILLO TEJADA. 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ. EDICTO PENAL - NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIAL AL ACUSADO CESAR CCANA MAMANI- EXP. 719-2013-0 Ante el 6to Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco que despacha el Dr. Luis David Sotomayor Saavedra, bajo la actuación del Especialista Darwin Trujillo Tejado, se ha presentado el proceso penal que ha sido signado con el N° 719-2013-0-1001-JR-PE-06, seguido contra Cesar Ccana Mamani y otro, por la presunta de la comisión del delito de defraudaciones, fraude procesal y abuso de firma en blanco, en agravio de Martín Tomas Ttito Huanca, en consecuencia. NOTIFÍQUESE: Al acusado CESAR CCANA MAMANI, con la ACUSACIÓN FISCAL, LA RESOLUCIÓN N° 01 Y LA RESOLUCIÓN N° 10 CONTENIDA DENTRO DEL ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, donde este Despacho ha dispuesto: REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL MARÍA LUISA AGUIRRE CHÁVEZ, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscal Penal de Wanchaq, ante UD con el debido respeto me presento y digo: El Ministerio Publico, FORMULA REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN PENAL contra Rocío CCANA MAMANI como AUTORA y CÉSAR CCANA MAMANI, como CÓMPLICE PRIMARIO del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa y otras defraudaciones sub. tipo Vender como propio un bien ajeno (Estelionato), en agravio de Martín Tomas Ttito Huancachoque, previsto y sancionado en el articulo 197 del Código Penal. LA PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS La imputada Rocío CCANA MAMANI como AUTORA y CÉSAR CCANA MAMANI como CÓMPLICE PRIMARIO, por el que presto un apoyo determinante para la consumación del delito sin el cual no se hubiera desarrollado el delito que se le imputa, pues realizaron todos os elementos objetivos y subjetivos que configuran el tipo penal del delito’ Contra el patrimonio en la modalidad de Estafa y otras defraudaciones sub. tipo Vender como propio un bien ajeno (Estelionato), en agravio de Martín Tomas Ttito Huancachoque. PENA Y REPARACIÓN CIVIL: Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los Principios de Lesividad y Proporcionalidad, contenidos en los artículos IV y VIII, respectivamente, del Titulo Preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esta acorde no solo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito, entendida esta en mayor o menor grado, contribuyendo para esta determinación además, otros factores de punibilidad como la forma y circunstancias del delito así como las condiciones personales de su autor, conforme el artículo 45 y 46 del Código Penal, que en el caso de autos se expresan en la naturaleza doloso del hecho, ponderación de bienes jurídicos, juicio de culpabilidad o reproche al agente de un injusto jurídico penal que comprende la acción, la tipicidad y antijuricidad, porque ha realizado el hecho con conocimiento expreso de sus consecuencias y conociendo los denunciados que el bien

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 (vehículo de placa de rodaje BZ-1072) ya había sido transferido al agraviado, autos procedieron a venderlo; por lo que este Despacho Fiscal solicita la pena de DOS AÑOS de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución para Rocío Ccana Mamani. de igual forma para el denunciado César Ccana Mamani. Respecto a la Reparación Civil debe considerarse que conforme al artículo 92 del Código Penal, la Reparación Civil, como consecuencia proveniente del hecho punible, busca la reparación del daño ocasionado a la victima; esta reparación comprende la restitución del delito o de su valor y el pago de los daños y perjuicios; la reparación civil, pero que no se determina en gravedad del delito, como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos; así mismo el artículo 93° de la norma acotada establece que la reparación civil comprende: 1) el pago de su valor: y, 2) La indemnización de los daños y Por lo expuesto y conforme a la forma y circunstancias en que se ha perpetrado los delitos antes expuestos, este Despacho Fiscal SOLICITA que a Rocío CCANA MAMANI y CÉSAR CCANA MAMAN!, como Autores del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa y otras defraudaciones sub. tipo Vender como propio un bien ajeno, en agravio de Martín Tomas Ttito Huanchoque, se le impongan DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN Y el pago de MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.1,500.00) por concepto de REPARACIÓN CIVIL, que deberán efectuar en forma solidaria los denunciados a favor de MARTÍN TOMAS TIITO HUANCACHOQUE. RESOLUCIÓN N° 01 QUE CORRE TRASLADO REQUERIMIENTO MIXTO DADO CUENTA: Con el requerimiento de Acusación Directa de la Fiscal encargada del caso, en contra de ROCIO CCANA MAMANI como autora y CESAR CCANA MAMANI como cómplice, por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa y otras defraudaciones, sub. tipo vender como propio un bien ajeno (estelionato), en agravio de Martín Tomas Ttito Huancachoque y de conformidad a lo establecido por los incisos 1, 2, 3 Y 4 del artículo 3490 del Código Procesal Penal, se tiene que el representante del Ministerio Público ha motivado debidamente su requerimiento, así mismo conforme a lo previsto en el artículo 3500 del Código Procesal Penal; CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de que puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8), proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. Asimismo, conforme establece el fundamento trece, segundo párrafo del Acuerdo Plenario N° 06 - 2010 CJ - 116. la victima podrá solicitar su constitución en actor civil antes de que concluya el plazo otorgado por el artículo 350° del C.P.P. PRECÍCESE que la carpeta fiscal se encuentra en custodia de este juzgado, para los fines que correspondan. NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios procesales señalados en autos; A TODOS SUS EXTREMOS. - Téngase en cuenta. --------------------------------------------------------------­ ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. RESOLUCIÓN N° 10. SE RESUELVE: 1.- Dejar sin efecto la resolución que convoca a la presente audiencia y disponer la notificación VIA EDICTO JUDICIAL al imputado CESAR CCANA MAMANI, a fin de que haga valer sus derechos conforme a ley en el plazo establecido y una vez cumplido se programara la audiencia a debatir o Control de Acusación. 2.- Dejar expresamente establecido la plena legitimidad del Abogado defensor Julio Cesar Céspedes Murillo como abogado defensor de CESAR CCANA MAMANI Cusco, 02 de Octubre del 2013. Firmado. Especialista J. DARWIN TRUJILLO TEJADA 03VZ.04.07.09.X.13 CPJ.

Expediente : 01322-2012-0-1001-JR-LA-02 Demandante : Estela Berrios Quiñones. Demandado : Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba y otro. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 14 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo, elevado en grado de apelación. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la resolución número 9, del 10 de octubre de 2012 (folio 103) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Estela Berrios Quiñones, contra la Dirección Regional de Educación Cusco y la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, ambos representados por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 1. El representante de la Dirección Regional de Ecuación de Cusco, mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2012 (folio 116), impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revocatoria en todos sus extremos. 2. El representante de la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2012 (folio 1278), impugna la sentencia, pretendiendo su revocatoria. Con el Dictamen Fiscal Superior Nº 814-2013 (folio 147), sin informe oral de los abogados de las partes, y, en atención a los siguientes, II. FUNDAMENTOS: Antecedentes 1. Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2012 (folio 15), la demandante pretende: i) Nulidad de la Resolución Directoral N° 0052 del 09 de febrero del 2012 emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local Urubamba. Ii) Nulidad de la Resolución Directoral N° 0527 del 28 de marzo del 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco. iii) Pago de la bonificación especial por evaluación y preparación de clases equivalente al 30% de la remuneración total. iv) Pago de devengados; y v) Pago de intereses legales 2. El Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo dicha bonificacion en base la remuneración total, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le pague la misma en base a la remuneración total. 3. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente, y, ii) el monto de la bonifiación se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 4. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 5. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 6. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 7. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de

11 la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 8. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 9. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.1 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.2 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.3 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.4 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.5 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.6 Bajo similar razonamiento en uncaso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonifiaicón por preparación de clases- la misma bonificación que pretende la parte ahora demandante-, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA, bajo la premisa que el error no general derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, que la orientación jurisprudencial de las ,máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendieses su recálculo. 1.7 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 10. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.1 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.2 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa administrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.3 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.4 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.5 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 11. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 12. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 13. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 14. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular- o sea, respecto a la bonificación por preparación de clases-. 15. Lo anterior evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 del presente voto–. 16. Este análisis resulta exigible de los propios argumentos que sustentan la demanda, e incluso de las pretensiones instadas, al haber solicitado el pago de una bonificación en el que no desempeño labor pedagógica efectiva, debiendo determinarse: i) la bonificación por preparación de clases-como docente-, y, ii) la bonificación adicional por desempeño de cargo-como Directora-, es decir, es indispensable que el Juez antes de emitir pronunciamiento analice si la bonificación por preparación de clases que les corresponde a los docentes, también le es extensible a los directores, que en atención a su función perciben otras bonificaciones, y no realizan el supuesto de hecho que


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habilita el pago de la bonificación por preparación de clases. decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas 17. Á su vez, también debe analizar si estamos ante un caso de Director unidocente, en cuyo caso, el supuesto por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido de hecho que habilite el pago de la bonificación por preparación de clases podría configurarse. proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el 18. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá que afecta el debido proceso. estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum dictadas por el Tribunal Constitucional”., o, al menos exponga las razones por las cuales se aparata de los criterios quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso. jurisprudenciales desarrollados en el presente voto. En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento 19. Para considerar que dicho análisis es válido, el juez debe determinar –además de los aspectos ya anotados de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelaen la presente resolución–: i) si la demandante se ha desempeñado como directora unidocente desde la decha de su ción, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asignación, ii) al analizar el pago de los devengados deber verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la deasimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que mandante efectivamente cumplió los requisitos para percibir la bonificacion que reclama, y, iii) en caso lo estime perse propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación tinente actue una prueba de oficio que le permita emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de su pretensión. al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no III. DECISIÓN: pedido por el recurrente. Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un del Estado, se resuelve, conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecDECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 9, del 10 de octubre de 2012 (folio 103) to de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Estela Berrios Quiñones, contra la por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La Dirección Regional de Educación Cusco y la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, ambos representados competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugpor su Director, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” con lo demás que contiene, nación. en su virtud, DISPUSIERON que el Juez antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agraprecisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R y H.S. vios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, s.s. correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir (Voto en Discordia) ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa). mkcp 4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°0371701VZ.04.X.13. 2005-PC/TC, que señala: CPJ. “Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acataExpediente N° 01322-2012-0-1001-JR-LA-02 miento por parte de la autoridad pertinente” VOTO EN DISCORDIA • Análisis. Cusco, 16 de agosto del 2013. 4.4. Ante la demanda presentada por el actor (a folios 15 a 19), le fueron admitidas : i) Nulidad de la Resolución En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de CusDirectoral Nº 0052 de fecha 9 de febrero del 2012, expedido por La Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba co, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente ii) Nulidad de la Resolución Directoral Nº 0527 del 28 de marzo del 2012, expedido por la por Dirección Regional de emitido por el Juez Superior Titular Yuri Pereira Alagón Educación de Cusco Y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluaI. MATERIA DE IMPUGNACIÓN: ción equivalente al 30% de su remuneración total, iv) Pago de los devengados e intereses. La sentencia contenida en la Resolución Nº 9, del 10 de octubre de 2012 que declara: FUNDADA la demanda 4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: presentada por Estela Berrios Quiñones, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, la Dirección a) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonifiRegional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco (a folios cación por preparación de clases y evaluación 103 a 107). b) Que la administración publica viene abonando al demandante la bonificación especial en base al II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 30% de su pensión total 1.1. Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2012, la Dirección Regional de Educación de Cusc) La demandante sostiene que la bonificación antes mencionada que actualmente viene percibiendo, co, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revocada (folio 116 a 117). erróneamente se le viene pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla 1.2. Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2012, la Procuraduría del Gobierno Regional de con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dicha bonificación en base a la remuneración integra total. Educación de Cusco, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revo4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde cada (folio 121 a 123). percibir la bonificación materia de proceso. 1.3. Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2012, la Unidad de Gestión Educativa Local de 4.5. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación Urubamba, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revocada (folio de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, 127 a 131). D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración Con el Dictamen Fiscal Superior (folio 147 a 151). pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. III. ANTECEDENTES: 4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. Cabe señalar que la bonificación por de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más desempeño de cargo (5%) se le paga juntamente a la bonificación especial por preparación de clases (30%), es decir, consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, con la nomenclatura “bonesp” se paga el 35%. marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los 4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tal bonificación, ha determinado su monto que éstos son titulares. en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad 1.10. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumenque lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley tos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación 30%, se identifica que Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si la bonificación materia de pretensión total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del prodebe determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el ceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su a percibir la bonificación especial por preparación de clases y evaluación está totalmente reconocida y lo único que artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración los requisitos para obtener la referida bonificación, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o la demandante a percibir esta bonificaciones como se vé de sus boletas de pago. aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las 1.11. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión es, sin duda, una bonifiactuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un cación. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” 1.12. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por prepaDesde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control ración de clases y evaluación, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conteTribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. nidos en la formalidad que la Constitución indica. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el 1.13. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…). del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses Suprem de los administrados. 4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnatu3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real raliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. sean pretendidas por el demandante. 4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el párrafo: subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso admiEs a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse nistrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en la mencionada bonificación. abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y IV. FUNDAMENTOS evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.1. Del análisis de la pretensión de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se 4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: 10 establece: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impug4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° natoria que haya expuesto el recurrente. 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación 1.2. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnade clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del ción, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos imporDecreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada tantes instituciones como son el principio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para en base a la “remuneración total permanente”. enfocarnos en nuestro tema solo veremos el primero. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artíEl principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada culo 138 de la Constitución, esto es que: y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. D. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.27. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. E. DEL CASO CONCRETO: 4.28. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 0089, del 11 de abril del 2001, fue nombrada en el cargo de Docente Coordinadora, y según el Informe Escalafonario (folio 14) actualmente la demandante se desempeña en el cargo de Directora de la I.E.I. N° 656 de compone- Ollantaytambo, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación especial por preparación de y evaluación clases en base al 30% de la pensión total (Folio 8) la misma que fue denegada mediante Resolución Directoral Nº 0052 de fecha 9 de febrero del 2012, expedido por La Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba ii) Nulidad de la Resolución Directoral Nº 0527 del 28 de marzo del 2012, expedido por la por Dirección Regional de Educación de Cusco (folio 3 a 5). 4.29. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 15 a 19). La contestación a la demanda respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y, se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada. 4.30. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación en base al 30% como se aprecia de sus boletas de pago, pero en base a la remuneración total permanente (a folios 10 a 13). 4.31. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.32. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra, infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.33. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación por preparación de clases y evaluacion significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación especial antes referida en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 4.34. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación especial - está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 1.35. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 1.36. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, debe de confirmarse. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.37. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa dispone que sea cumplida observando el procedimiento previsto en el artículo 41 del D. S. 013-2008-JUS, sin embargo, de conformidad a los artículos 41 y 47 de la norma antes citada la sentencia debe cumplirse observando tan solo los procedimientos allí dispuestos. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en Resolución Nº 9, del 10 de octubre de 2012 que declara: FUNDADA la demanda presentada por Estela Berrios Quiñones, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubbamba, la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco (a folios 103 a 107), con lo demás que contiene. 1.2. PRECISAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.3. RECOMIÉNDESE a la Unidad de Gestión educativa Local de Urubamba, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. XIOMAR ALFARO HERRERA. Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral Corte Superior de Justicia de Cusco XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

13 Expediente : 02002-2012-0-1001-JR-LA-02. Demandante : Victor Huillca Huaman. Demandado : Dirección Regional de Educación Cusco y otros. Materia : Pago de bonificación especial–docente actividad–. Procede : Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Cusco. Juez Superior : Quispe Álvarez. Cusco, 2 de setiembre de 2013.I. ANTECEDENTES: Con la opinión fiscal (págs. 124-131), sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Victor Huillca Huaman, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y la Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchis, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa. II. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO: Sentencia contenida en la resolución Nº 8, de 29 de octubre de 2012 (págs. 90-94), en el extremo que declara fundada en parte la demanda. III. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Mediante escritos presentado el 14 de diciembre de 2012 (págs. 103-105, 109-111 y 115-116), el representante de la Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchis, el Procurador Público Regional y el representante de la Dirección Regional de Educación Cusco, respectivamente, dentro del plazo legal, apelan la sentencia, piden sea revocada. IV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: Consideraciones previas. 20. Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2012 (págs. 18), la parte demandante pretende, entre otros, el pago de la bonificación especial por preparación de clases. 21. La Juez al emitir sentencia advierte que la parte demandante ya está percibiendo la bonificación pretendida en base a la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le pague la misma en base a la remuneración total. 22. Los argumentos relevantes que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado; y, iii) no se ha incurrido en mora por lo que no corresponde el pago de intereses legales. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 23. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 24. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 25. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 26. En principio el Colegiado considera pertinente determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la parte demandante ya viene percibiendo la bonificación cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 27. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 28. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.8 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.9 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que en aquel caso sólo se pretendía el recálculo de la bonificación, sin embargo, pese a ello el Tribunal Constitucional precisó que también debía determinarse el derecho antes de identificar el monto aplicable, lo cual implica revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.10 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.11 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.12 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, este colegiado no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos para otorgar una bonificación y en el otro no, pues asumir un razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.13 Bajo similar razonamiento en el caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación por preparación de clases –la misma bonificación que pretende la parte ahora demandante–, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA, bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la parte demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.14 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 29. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.6 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.7 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa administrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no sólo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.8 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que


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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, 3.1. Previo el análisis de la pretensión de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilemarcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los gales e inconstitucionales, de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función que éstos son titulares. cómplice convalidadora –al menos esta es mi posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley 1.9 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de EnNº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco terría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del prosentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada ceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o 1.10 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento docaquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las trinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la del acto administrativo. satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se 30. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alelimita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” garse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control 31. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclajurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de mada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 32. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una de los administrados. bonificación a la parte demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante 3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. sean pretendidas por el demandante. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el 33. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso admirealizado ningún análisis sobre el particular –respecto a la bonificación por preparación de clases–. nistrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en 34. Lo anterior evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis IV. FUNDAMENTOS –véase fundamento 10.4 del presente voto–. 4.1. Del análisis de la pretensión de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se 35. Este análisis resulta exigible en el presente caso, dado que de los documentos que forman parte del prodebe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: ceso y admitidos como medios probatorios, se tiene que la parte demandante ha recibido la encargatura de Director, Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el conforme se advierte de sus boletas de pago correspondientes a los meses de abril y marzo de 2012 (pág. 15), en sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior su virtud, es indispensable que el Juez antes de emitir pronunciamiento analice si la bonificación por preparación resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugde clases que les corresponde a los docentes, también le es extensible a los directores y sub-directores, que en natoria que haya expuesto el recurrente. atención a su función perciben otras bonificaciones, y no realizan el supuesto de hecho que habilita el pago de la 1.3. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnabonificación por preparación de clases. ción, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos impor36. A su vez, también debe analizar si estamos ante un caso en que el Centro Educativo donde laboró la parte tantes instituciones como son el principio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para demandante como Director es unidocente, en cuyo caso, el supuesto de hecho que habilite el pago de la bonificación enfocarnos en nuestro tema solo veremos el primero. por preparación de clases podría configurarse, o en su defecto determinar si durante su labor como director tuvo aula El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada cargo, lo cual puede dilucidarse con la actuación de una prueba de oficio. y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es 37. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley, análisis que debe hacer el Juez al proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los que afecta el debido proceso. preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del dictadas por el Tribunal Constitucional”, o, al menos exponga las razones por las cuales se aparta de los criterios tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos jurisprudenciales desarrollados en el presente voto. en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede 38. Finalmente, recomendar al Juez de la causa que al renovar el acto procesal viciado, tenga en cuenta que pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum se ha pretendido el pago de la bonificación especial por preparación de clases hasta la fecha; si bien es cierto la quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso. demanda ha sido interpuesta el 6 de junio del año 2012 (pág. 18), no debe perderse de vista la condición de la parte En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento demandante, esto es docente en actividad, por lo que se debe tener en cuenta que su relación laboral se rige por de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelalos dispositivos legales vigentes durante su ejercicio como docente, así a efecto de resolver la pretensión instada ción, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que por la parte demandante se debe realizar el análisis de la incidencia de la Ley de Reforma Magisterial en la petición se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación de la parte demandante. al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no V. DECISIÓN: pedido por el recurrente. Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un del Estado, se resuelve, conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecDECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 8, de 29 de octubre de 2012 (págs. 90to de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos 94) que declara “FUNDADA EN PARTE la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por VÍCTOR HUILLCA por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La HUAMÁN contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO representado por su Director, contra competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugla Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchi representado por su Director y con citación del Procurador nación. Público del Gobierno Regional Cusco (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agraproceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente vios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir s.s. ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo Voto Discordia sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa). QUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA. 4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°03717-lvm-. 2005-PC/TC, que señala: 01VZ.04.X.13. “Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido CPJ. del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acataExpediente N° 2002-2012-0-1001-JR-LA-02 miento por parte de la autoridad pertinente” VOTO EN DISCORDIA • Análisis. Cusco, 4 de setiembre del 2013. 4.4. Ante la demanda presentada por el actor (a folios 18 a 23), le fueron admitidas : i) Nulidad de la Resolución En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de CusDirectoral Nº 119 de fecha 1 de setiembre del 2011, expedido por La Unidad de Gestión Educativa Local de Qusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente picanhs ii) Nulidad de la Resolución Directoral Nº 692, del 27 de diciembre del 2011, expedido por la por Dirección emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez. Regional de Educación de Cusco Y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial por preparación de II. MATERIA DE IMPUGNACIÓN: clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, iv) Pago de los devengados desde el 1 de febrero La sentencia contenida en la Resolución Nº 8, del 29 de octubre de 2012 que declara: FUNDADA la demanda prede 1991. v) Pago de intereses. sentada por Víctor Huillca Huamán, contra la Unidad de Gestión Educativa de Quispicanchis, la Dirección Regional 4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco (a folios 90 a 94). d) Que la administración pública ha reconocido que al demandante le corresponde percibir la bonificaII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: ción por preparación de clases y evaluación 1.4. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2012, la Unidad de Gestión Educativa Local de e) Que la administración pública viene abonando al demandante la bonificación especial en base al Quispicanchis, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revocada 30% de su remuneración total permanente. (folio 103 a 105). f) El demandante sostiene que la bonificación antes mencionada que actualmente viene percibiendo, 1.5. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2012, la Procuraduría del Gobierno Regional erróneamente se le viene pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla de Educación de Cusco, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dicha bonificación en base a la remuneración integra total. revocada (folio 109 a 111). 4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde 1.6. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2012, la Dirección Regional de Educación de percibir la bonificación materia de proceso. Cusco, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revocada (folio 115 4.5. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación a 116). de actos administrativos de la administración pública previsto en el inciso 1 del artículo 4 del TUO de la Ley N° 27584, Con el Dictamen Fiscal Superior (folio 124 a 131). D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración III. ANTECEDENTES: pública previsto en el inciso 4 del artículo 5 de la misma norma.

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. Cabe señalar que la bonificación por desempeño de cargo (5%) se le paga juntamente a la bonificación especial por preparación de clases (30%), es decir, con la nomenclatura “bonesp” se paga el 35%. 4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tal bonificación, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante. 1.14. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación 30%, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si la bonificación materia de proceso debe determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir la bonificación especial por preparación de clases y evaluación está totalmente reconocida y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener la referida bonificación, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir esta bonificaciones como se vé de sus boletas de pago. 1.15. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión es, sin duda, una bonificación. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.16. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar conscientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.17. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…). D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo. 4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el cálculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Artículo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Artículo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. E. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.27. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. E. DEL CASO CONCRETO: 4.28. Está acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 1381 del 17 de abril del 2002, fue nombrada en el cargo de profesor y reasignado mediante Resolución 940 del 31 de diciembre del 2008 en el cargo de profesor del “Señor de Coyllor Rity-Ocongate, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación especial por preparación de y evaluación clases en base al 30% de la pensión total (Folio 55) la misma que fue denegada mediante Resolución Directoral Nº 119 de fecha 1 de setiembre del 2011, expedido por La Unidad de Gestión Educativa Local de Quspicanhs y la Resolución Directoral Nº 692, del 27 de diciembre del 2011o (folio 3 a 6). 4.29. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 18 a 23). La contestación a la demanda respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y, se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada. 4.30. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación en base al 30% como se aprecia de sus boletas de pago, pero en base a la remuneración total permanente (a folios 9 a 13). 4.31. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legítimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.32. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo

15 solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra, infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.33. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por los cuales se otorgó la bonificación por preparación de clases y evaluación significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación especial antes referida en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 4.34. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación especial - está contemplada en el inciso 1 del artículo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 1.37. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 1.38. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino más bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, debe de confirmarse. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.37. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa dispone que sea cumplida dentro del quinto día bajo apercibimiento de procederse conforme a lo establecido observando el procedimiento previsto en el artículo 41 del D. S. 013-2008-JUS, sin embargo, de conformidad a los artículos 41 y 47 de la norma antes citada la sentencia debe cumplirse observando tan solo los procedimientos allí dispuestos. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en Resolución Nº 8, del 29 de octubre de 2012 que declara FUNDADA la demanda presentada por VicTor Huillca Huamán, contra la Unidad de Gestión Educativa de Quispicanchis, la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco (a folios 90 a 94), con lo demás que contiene. 1.4. PRECISAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.5. RECOMIÉNDESE a la Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchis, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. XIOMAR ALFARO HERRERA. Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral Corte Superior de Justicia de Cusco XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 02026-2012-0-1001-JR-LA-03. Demandante : Carmen Muñoz Angulo. Demandado : Dirección Regional de Educación Cusco y otros. Materia : Pago de bonificación especial–docente actividad–. Procede : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Juez Superior : Quispe Álvarez. Cusco, 2 de setiembre de 2013.VI. ANTECEDENTES: Con la opinión fiscal (págs. 102-108), sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Carmen Muñoz Angulo, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa. VII. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO: Sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 20 de noviembre de 2012 (págs. 76-81), en el extremo que declara fundada la demanda. VIII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Mediante escritos presentado el 18 de diciembre de 2012 (págs. 87-89 y 93-94), el Procurador P��blico Regional y el representante de la Dirección Regional de Educación Cusco, respectivamente, dentro del plazo legal, respectivamente, apelan la sentencia, piden sea revocada. IX. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: Consideraciones previas. 39. Mediante escrito presentado el 11 de junio de 2012 (págs. 9-13), la parte demandante pretende, entre otros, el pago de la bonificación especial por preparación de clases. 40. La Juez al emitir sentencia advierte que la parte demandante ya está percibiendo la bonificación pretendida en base a la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le pague la misma en base a la remuneración total. 41. Los argumentos relevantes que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) la resolución apelada carece de razonamiento lógico; ii) posterior a la Ley del Profesorado se dan disposiciones legales que regulan en forma expresa la forma de cálculo de las bonificaciones pretendidas; iii) se ha dado cumplimiento al DS 051-91-PCM; iv) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado; y, v) no se ha incurrido en mora por lo que no corresponde el pago de intereses legales. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 42. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 43. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 44. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 45. En principio el Colegiado considera pertinente determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la parte demandante ya viene


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percibiendo la bonificación cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 46. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 47. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.15 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.16 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que en aquel caso sólo se pretendía el recálculo de la bonificación, sin embargo, pese a ello el Tribunal Constitucional precisó que también debía determinarse el derecho antes de identificar el monto aplicable, lo cual implica revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.17 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.18 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.19 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, este colegiado no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos para otorgar una bonificación y en el otro no, pues asumir un razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.20 Bajo similar razonamiento en el caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación por preparación de clases –la misma bonificación que pretende la parte ahora demandante–, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA, bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la parte demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.21 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 48. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.11 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.12 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa administrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no sólo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.13 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales, de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es mi posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.14 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.15 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 49. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 50. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 51. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la parte demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 52. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular –respecto a la bonificación por preparación de clases–. 53. Lo anterior evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 del presente voto–. 54. Este análisis resulta exigible en el presente caso, dado que de los documentos que forman parte del proceso y admitidos como medios probatorios, se tiene que la parte demandante ha sido nombrada en el cargo de Directora (pág. 6), cargo en elque viene percibiendo sus remuneraciones conforme se advierte de su boleta de pago correspondientes al mes de abril de 2012 (pág. 7), en su virtud, es indispensable que el Juez antes de emitir pronunciamiento analice si la bonificación por preparación de clases que les corresponde a los docentes, también le es extensible a los directores, que en atención a su función perciben otras bonificaciones, y no realizan el supuesto de hecho que habilita el pago de la bonificación por preparación de clases. 55. A su vez, también debe analizar si estamos ante un caso en que el Centro Educativo donde laboró la parte demandante como Director es unidocente, en cuyo caso, el supuesto de hecho que habilite el pago de la bonificación

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 por preparación de clases podría configurarse, o en su defecto determinar si durante su labor como director tuvo aula cargo, lo cual puede dilucidarse con la actuación de una prueba de oficio. 56. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley, análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”, o, al menos exponga las razones por las cuales se aparta de los criterios jurisprudenciales desarrollados en el presente voto. X. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 20 de noviembre de 2012 (págs. 76-81) que declara “FUNDADA la demanda interpuesta por CARMEN MUÑOZ ANGULO contra la DREC CUSCO Y GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO sobre ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso al emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. s.s VOTO EN DISCORDIA QUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA. -lvm-. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente N° 02026-2012-1001-JR-LA-02. VOTO EN DISCORDIA Cusco, 9 de setiembre del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez. I. MATERIA DE APELACIÓN: La sentencia contenida en la Resolución Nº 06, del 20 de noviembre de 2011 (folio 76), en el extremo que declara “FUNDADA la demanda interpuesta por Carmen Muñoz Angulo, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y Gobierno Regional del Cusco sobre acción contenciosa administrativa…” II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 2.1. Mediante escrito presentado el 18 de diciembre del 2012, el Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, respecto a la pretensión de bonificación especial (folio 87). 2.2. Mediante escrito presentado el 18 de diciembre del 2012, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, respecto a la pretensión de la bonificación especial (folio 93). Con lo opinado por el Fiscal Superior a (folio 102). III. ANTECEDENTES: 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. IV. FUNDAMENTOS: 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. 4.2. Ante la demanda presentada el 11 de junio del 2012 (folio 9), le fueron admitidas como pretensiones las siguientes: i) Nulidad de la Resolución Directoral N° 0052-2012-UGEL Urubamba del 09 de febrero del 2012; ii) Nulidad de la Resolución Directoral N° 0663-2012-DREC del 20 de abril del 2012; iii) Pago del 30% de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en base a la remuneración total íntegra; iv) Reconocimiento del pago de créditos devengados desde el 21 de mayo de 1990 a la fecha de su ejecución, con deducción de lo ya percibido en base a la remuneración total permanente, más los intereses legales generados.. 4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: g) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonificación especial por preparación de clases y evaluación. h) Que la administración publica viene abonando a la demandante la bonificación antes mencionada. i) La demandante sostiene que la bonificación antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir tal bonificación. 4.7. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584,

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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. 4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante. 1.10. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso judicial, es determinar respecto a que si la bonificaciones materia de pretensión debe determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir tal bonificación están totalmente reconocida y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener la referida bonificación, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir esta bonificación como se observa de sus boletas de pago. 1.11. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión es, sin duda, una bonificación. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.12. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/ TC. F. 8). 1.13. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem 4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. C. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. C. DEL CASO CONCRETO: 4.27. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 1084, del 30 de julio de 1980 (folio 6), fue nombrada como Directora, la misma que ha requerido a la demanda se le pague la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación, petición que fue desestimada en sede administrativa. 1.28. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 9). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que el demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada. 4.29. También se encuentra acreditado que el demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, tal como se aprecia de sus boletas de pago (folio 07). Por todo lo antes expuesto las Resoluciones que denegaron la petición del demandante en sede administrativa devienen en nulas por lo que la suscrita comparte la posición del Órgano Jurisdiccional de primera instancia. 4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.32. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación especial por

preparacion de clases y evaluación significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal cuestionamiento debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 1.33. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación - está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 1.34. En ese entender, no es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.35. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, sin embargo el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley deben hacerse tan solo en función a los procedimientos dispuestos en los artículos 41 y 47 de la norma antes citada, por lo que debe ser aclarado este punto. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 1.1. CONFIRMAR sentencia contenida en la contenida en la Resolución Nº 06, del 20 de noviembre de 2011 (folio 76), en el extremo que declara “FUNDADA la demanda interpuesta por Carmen Muñoz Angulo, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y Gobierno Regional del Cusco sobre acción contenciosa administrativa…” con lo demás que contiene. 1.6. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.7. RECOMIÉNDESE a la Unidad de Gestión Educativa Local de Anta, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. ALFARO HERRERA Juez Superior. Segunda Sala Laboral. Corte Superior de Justicia de Cusco. XAH/bml 01VZ.04.X.13. CPJ.

Sentencia de Vista. Expediente N° : 02180-2012-1001-JR-LA-03. Demandante : Florencia Luz Marina Araujo de Jordán Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco. Materia : Contencioso Administrativo: Laboral Público. Procede : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Juez Superior Ponente : Sra. Alfaro Herrera. Cusco, 20 de agosto del 2013. I. VISTO: El proceso contencioso administrativo seguido por Florencia Luz Marina Araujo de Jordán, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco., con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco. II. MATERIA DE IMPUGNACIÓN: La sentencia contenida en la Resolución Nº 07, del 24 de enero de 2013 que declara: FUNDADA la demanda presentada por Florencia Luz Marina Araujo de Jordán, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco, en el extremo que declara fundada la demanda y ordena el pago de bonificación especial por preparación de clases y evaluación, devengados e intereses (a folios 103 a 107). III. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 3.1. Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2013, la Dirección Regional de Educación de Cusco, impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revocada (folio 113 a 115). Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2013, la Procuraduría del Gobierno Regional de Educación de Cusco , impugna la sentencia materia de apelación, con la pretensión impugnatoria de que sea revocada (folio 119 a 121). Con el Dictamen Fiscal Superior (folio 131 a 135). IV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: 1.1. Ante la demanda presentada por el actor (a folios 3 a 6), le fueron admitidas: i) Nulidad de la Resolución Directoral Nº 0329-2012-DREC, deL 21 de febrero del 2012, expedido por la Dirección Regional de Educación del Cusco. ii) Nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 889-2012-GR-CUSCO/PR del 4 de junio del 2012, expedido por el Gobierno Regional de Cusco. Y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial y diferencial calculados en base al 30% de su remuneración integra total, iv) Pago de los devengados con retroactividad a febrero de 1991. v) Pago de intereses legales. Aclarando que la apelación versa sobre el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación. 1.2. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: j) Que la administración publica ha reconocido que al demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación. k) Que la administración publica viene abonando a la demandante la bonificación antes mencionadas. l) El demandante sostiene que la bonificación antes mencionada que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le viene pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 1.3. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir la bonificación. 1.4. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. 1.5. El artículo 48 de la Ley Nº 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el des-

1.2.


18 empeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 1.6. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la parte demandante. 1.7. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación, se identifica que en el presente caso el tema en cuestión es determinar sí la pretensión del pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, debe determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente. 1.8. La remuneración, entendida como la contraprestación económica por el trabajo realizado por el empleado, está integrada, también, por conceptos que si bien no tienen una relación directa con la prestación del servicio en sí, también constituyen remuneración, como es el caso de las bonificaciones que reconocen aquellas condiciones especiales en las que el trabajo es realizado o en función del ejercicio de una determinada responsabilidad. Es el caso, por ejemplo, de la bonificación por tiempo de servicios al Estado, o la bonificación por prestar el servicio en un determinado lugar y condiciones como son, por ejemplo, zona de selva, zona rural, altura etc. Estas bonificaciones pueden darse de manera permanente, de manera temporal, sujetas a la condición de desarrollar el trabajo en unas determinadas condiciones y mientras éstas se den o, de manera periódica o al cumplirse determinadas condiciones. A diferencia de las bonificaciones, las asignaciones se otorgan al empleado no por razones vinculadas a su trabajo, sino por otras que sin estarlo se otorgan como una suerte de beneficios en el marco de la relación contractual de naturaleza laboral, es el caso por ejemplo de la Asignación Familiar, la Asignación por Luto, la Asignación por Sepelio; como se ve, en estos casos las razones por las que se otorgan no están vinculadas al trabajo realizado. 1.9. Nuestra legislación laboral, pública o privada  , no es muy uniforme cuando le otorga un nombre a un determinado derecho laboral, utilizando muchas veces de manera indistinta los conceptos indicados o nombrándolos de una manera determinada cuando no le corresponde el mismo, tal es el caso, por ejemplo, cuando el D.S. N° 005-90-PCM en el tercer párrafo de su artículo 43 llama a la Asignación Familiar, “bonificación”, cuando en realidad es una asignación. 1.10. En consecuencia, los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.11. Teniendo presente que estamos, en el presente caso, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.12. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (…).” D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo. 4.13. Este Tribunal, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 05191-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente . A) RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.14. El Artículo 48º de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N.° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que deben aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N.° 19-90-ED, en su artículo 210 establece, en armonía con aquella, lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.15. Sin embargo, el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM – invocado por la demandada apelante y citado – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N.° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.16. En consecuencia, nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N.° 24029 y el artículo 210 del D. S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N.° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. 4.17. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N.° 24029, modificada por la Ley N.° 25212 más no por lo normado por el D. S. N.° 051-91PCM en su artículo 10. 1.18. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. 1.19. El Tribunal del Servicio Civil ha precisado, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer que la Dirección Regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” B) DEL CASO CONCRETO: La demandante adquirió la pensión de cesantía definitiva nivelable mediante Re-

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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 solución Directoral Nº 228, del 4 de marzo de 1985, resolución que señala que la demandante cesó en el cargo de Directora del C.E. Parroquial “Nuestra Señora de Fátima” e la ciudad del Cusco, el mismo que ha requerido a la administración demandada el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, petición que fue denegada mediante Resolución Directoral Nº 0329-2012-DREC, deL 21 de febrero del 2012, expedido por la Dirección Regional de Educación del Cusco ii) Nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 889-2012-GR-CUSCO/PR del 4 de junio del 2012, expedido por el Gobierno Regional de Cusco (folio 8 a 10). Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 3 a 6). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión. Esta acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, tal como se advierte de su boleta de pago, bonificación que está asignada con la nomenclatura “bonesp” (folio 12 a 13). C. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES., 4.25. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser confirmada. Se advierte de la sentencia, que el Juez de la causa al ordenar el pago de los devengados lo hace señalando que debe ser desde el 21 de mayo de 1990, en este extremo corresponde aclarar la sentencia recurrida, toda vez la demandante pidió dicho pago desde el 1 de febrero de 1991, debiendo ordenarse dicho pago conforme a lo peticionado por la actora, así también omitió señalar el procedimiento a observar para el cumplimiento de la sentencia, por lo que corresponde precisar este extremo en el sentido de que tal cumplimiento debe hacerse tomando en cuenta lo establecido por el articulo 41y el articulo 47 del D. S. 013-2008-JUS.. Asimismo estando adscritos en el marco de jurisdicción plena, en ese entender debe precisarse que la orden del Juez de origen sobre la emisión de un acto administrativo reconociendo el derecho amparado es innecesario, toda vez que , lo que debe hacer la administración publica demandada es cumplir con el pago dispuesto en la sentencia, por lo que debe aclararse este extremote la sentencia. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, esta Sala Laboral, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve: 1.1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 07, del 24 de enero de 2013 que declara: FUNDADA la demanda presentada por Florencia Luz Marina Araujo de Jordán, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco (a folios 103 a 107).con lo demás que contiene. 1.2. ACLARAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 07, del 24 de enero de 2013, (a folios 103 a 107), respecto al pago de devengados, debiendo cumplir la demandada con pagar a favor de la demandante desde el 1 de febrero de 1991 a la ejecución de la sentencia. 1.3. ACLARAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 10, del 29 de octubre de 2012 (a folios 112 a 116), en el sentido de que lo que la administración demandada cumpla con el pago dispuesto 1.4. PRECÍSESE que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.5. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. T.R. y H.S. S.S. QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA (Voto en discordia) (Voto en discordia) XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

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VOTO EN DISCORDIA Expediente : 02180-2012-0-1001-JR-LA-03 Demandante : Florencia Luz marina Araujo de Jordàn. Demandado : Dirección Educativa Regional de Cusco. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 20 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo seguido por Florencia Luz marina Araujo de Jordán contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, venido en grado de apelación, y la ponencia emitida por la Jueza Superior Titular Xiomar Alfaro Herrera. Con el respeto que merece la opinión de los magistrados que integran este órgano colegiado, y no compartiendo la decisión propuesta, emito el presente voto en discordia con los fundamentos que desarrollo a continuación. II. FUNDAMENTOS: Antecedentes. 57. Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2012 (folio 3), la demandante pretende: i) se ordene el cumplimiento del artículo 48 de la Ley 24029 respecto al pago de la bonificación especial por preparación de clases en base a la remuneración total, y, ii) se ordene el reintegro de devengados desde febrero de 1991, mas intereses de Ley. 58. El Juez al emitir sentencia, limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen las mismas en base a la remuneración total. 59. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM la bonificcaión se debe pagar en base a la remuneración total permanente, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado, y, iii) no esta creditado los requisitos para estimar la pretensión. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 60. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 61. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 62. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 63. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 64. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 65. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.22 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.23 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que en aquel caso sólo se pretendía el recálculo de la bonificación, sin embargo, pese a ello el Tribunal Constitucional precisó que también debía determinarse el derecho antes de identificar el monto aplicable, lo cual implica revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.24 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.25 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 50082011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.26 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, el suscrito no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos para otorgar una bonificación y en el otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.27 Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación por preparación de clases –la misma bonificación que pretende la parte ahora demandante–, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA, bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.28 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 66. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.16 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.17 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa administrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.18 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales, de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es mi posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.19 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.20 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 67. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 68. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para

19 contrastar la validez de dicho título” . 69. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 70. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular –respecto a la bonificación por preparación de clases–. 71. Lo anterior evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 del presente voto–. 72. Este análisis resulta exigible en atención al contenido de los propios documentos que se adjunta a la demanda, en efecto, del contenido de la Resolución Directoral Nº 228, de 4 de marzo de 1985 (folio 7) se advierte que la demandante ha sido nombrada en el cargo de directora, cargo con el que se vienen pagando sus pensiones (folio 12 y 13), en su virtud, es indispensable que el Juez antes de emitir pronunciamiento analice si la bonificación por preparación de clases, que le corresponde a los docentes, también le es extensible a los directores, que en atención a su función perciben otras bonificaciones –como la bonificación adicional por cargo–, y no realizan el supuesto de hecho que habilita el pago de la bonificación por preparación de clases. 73. Para considerar que dicho análisis es válido, el Juez debe determinar –además de los aspectos ya anotados en el presente voto–: i) si la demandante se ha desempeñado como directora unidocente, o adicionalmente a su cargo de directora se desempeñaba como profesora de aula –casos en los cuales podría configurarse el supuesto de hecho que justifique el pago de la bonificación por preparación de clases– , ii) al analizar el pago de los devengados debe verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la demandante efectivamente cumplió los requisitos para percibir la bonificación que reclama, y, iii) en caso lo estime pertinente actue una prueba de oficio que el permita emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la pretensión. 74. Finalmente, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuentra respaldo en la propia Ley, análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”, o, al menos exponga las razones por las cuales se aparta de los criterios jurisprudenciales desarrollados en el presente voto. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y al amparo de lo previsto en el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Mi VOTO EN DISCORDIA es por DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 7, de 24 de enero de 2013 (folio 103), en su virtud, DISPONER que el Juez antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. s.s. QUISPE ALVAREZ PEREIRA ALAGON 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 02388-2012-0-1001-JR-LA-02. Demandante : Maria Elisa Caparo Flores. Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco. Materia : Pago de bonificación especial y diferencial –docente cesante–. Procede : Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Cusco. Juez Superior : Quispe Álvarez. Cusco, 2 de setiembre de 2013.XI. ANTECEDENTES: Con la opinión fiscal (págs. 115-123), sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Maria Elisa Caparo Flores, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa. XII. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO: Sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 12 de noviembre de 2012 (págs. 78-85) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente. XIII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Con escrito presentado el 10 de diciembre de 2012 (págs. 92-94), dentro del plazo legal, el representante de la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia, pide sea revocada. XIV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: Consideraciones previas. 75. Mediante escrito presentado el 1 de 4 julio de 2012 (págs. 23-26), la parte demandante pretende, entre otros, se le otorgue la bonificación diferencial en función de la remuneración total. El Juez al emitir sentencia advierte que la parte demandante ya está percibiendo dicha bonificación en base a la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen la misma en base a la remuneración total. 76. Emitida la sentencia, los argumentos relevantes que sustentan su impugnación, son: i) la sentencia apelada carece de razonamiento lógico; ii) posterior a la Ley del Profesorado se dan disposiciones legales que regulan la forma de pago de las bonificaciones pretendidas; iii) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. 051-91-PCM –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–; y, iv) el monto de las bonificaciones se han pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado; y, v) la bonificación diferencial se otorga mientras se labore en zonas diferenciadas. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 77. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 78. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 79. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración.


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80. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 81. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 82. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 82.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 82.2. Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 82.3. Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 82.4. Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 82.5. Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 82.6. Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 82.7. Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 82.8. Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 83. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 83.1. Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 83.2. Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 83.3. Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por la actora, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 83.4. Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 83.5. Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 84. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 85. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención. En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual sólo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 86. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 87. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferencial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular. 88. Así, en el presente caso el Juez de la causa ha ordenado el pago del 30% de la remuneración total por concepto de bonificación diferencial, sin embargo no ha considerado que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley del Profesorado el lugar donde laboró la parte demandante (Escuela Estatal 50025 de Choquechaca - Cusco) tiene que cumplir con tres conceptos determinados (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) para percibir el 30% solicitado y máximo permitido por ley; para determinar ello es necesario observar las reglas establecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, análisis que el Juez de la causa debe efectuar antes de determinar el concepto remunerativo aplicable –al renovar el acto procesal viciado–, de acuerdo a lo expuesto precedentemente –control de legalidad–; lo cual evidencia que es-

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 tamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. 89. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuentra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando además que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 90. Finalmente, cabe señalar que el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, en su faz preventiva, impone al órgano jurisdiccional el deber de evitar que sus pronunciamientos –autos o sentencias– no generen mayores conflictos que los que pretenden solucionar; en este contexto, no resulta razonable que se pretenda postergar el debate central del proceso –si le corresponde la bonificación, en qué porcentaje, en qué montos y por qué periodos– a la ejecución de sentencia, por el contrario, son estos los temas que deben abordarse al emitir sentencia, de lo contrario, en lugar de sentencia, vamos a tener un acto procesal que en la practica inicie un segundo proceso en la fase ejecutiva del primero, lo que desde todo punto de vista –demandante, demandado, organo jurisdiccional y la sociedad en su conjunto–, no es deseable. XV. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 12 de noviembre de 2012 (págs. 78-85) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por MARÍA ELISA CAPARÓ FLORES contra la Dirección Regional de Educación Cusco representada por su director y el Gobierno Regional Cusco representado por su presidente con citación del Procurador Publico del Gobierno Regional Cusco (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. VOTO EN DISCORDIA QUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente N° 02388-2012-0-1001-JR-LA-02 VOTO EN DISCORDIA Cusco, 5 de setiembre del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez. I. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la Resolución Nº 6, del 12 de noviembre de 2012 en el extremo que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Maria Elisa Caparo Flores, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco representado por su director, con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 78 a 85). II. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS: La Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2013 (folio 92 a 94), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. III. ANTECEDENTES: 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas, de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 1.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, sino también a las pretensiones establecidas en el artículo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. IV. FUNDAMENTOS: 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. • Análisis. 4.2. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 23 a 26), le fueron admitidas el 16 de julio de 2012 (a folios 29 a 30), las pretension principal: i) Nulidad de la Resolucion Ejecutiva Regional N|1171-2012-GR-CUSCO/PR emitida por el gobierno Regional de Cusco ii) Nulidad de la Resolucion directoral N° 616 del 17 de abril del 2012emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco. Y de forma accesoria iii) Pago de la bonificacion especial en base a la pension total. iv) Pago de la bonificacion diferencial en base a la pension total. v) Pago de devengados. v) Pago de los intereses legales. 4.3. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: m) Que la administración pública ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial. n) Que la administración pública viene abonando a la demandante las bonificaciones antes mencionadas. o) El demandante sostiene que las bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibi-

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 endo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 4.4. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir las bonificaciones materia de proceso. 4.5. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. 4.6. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 4.7. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de las bonificaciones materia de proceso, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante. 1.8. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de proceso deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones como se aprecia de sus boletas de pago. 1.9. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.14. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.15. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo. 4.12. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. Nº 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.13. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.14. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.15. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.16. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.17. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.18. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el cálculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Artículo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.19. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA. 4.20. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.21. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.22. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.22.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.22.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.22.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como

21 lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.22.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.22.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley Nº 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.22.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se dé para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.22.7. Por lo que, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.22.8. Además debemos estar conscientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 4.23. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado. C. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.24. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. D. DEL CASO CONCRETO: 4.25. Está acreditado que el demandante mediante Resolución Directoral Nº 441, del 24 de febrero de 1987 (folio 3) obtuvo la condición de cesante, en el cargo de profesora de aula, de la Escuela Estatal 50025 de Choquechaca, de la ciudad del Cusco, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de las bonificaciones materia de proceso. 4.26. Ante el no cumplimiento espontáneo de la obligación requerida, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 23). La contestación a la demanda respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial, se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada. 4.27. También se encuentra acreditado que el demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 8). 4.28. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legítimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrolló en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.29. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra, infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.30. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó las bonificaciones materia de proceso significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció tales bonificaciones en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal cuestionamiento debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 1.31. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir tales bonificaciones como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.33. La única actuación impugnada, respecto a las indicadas bonificaciones es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite a revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino más bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.36. De la revisión de la sentencia se tiene que el Juez de la causa dispone que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse dentro del quinto día de notificación bajo apercibimiento de procederse conforme al articulo 41 del D.S. 013-2008 , sin embargo de conformidad al articulo 41 y 47 de la norma antes citada debe cumplirse la sentencia tan solo a los procedimientos allí dispuestos, por lo que debe precisarse este extremo. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en la Resolución Nº 6, del 12 de noviembre de 2012 en el extremo que declara


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“FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Maria Elisa Caparo Flores, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco representado por su director, con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 78 a 85).con lo demás que contiene. 1.8. PRECISAR que la sentencia debe cumplirse conforma a los procedimientos dispuestos en los artículos 41 y 47 del D.S. 013-2008-JUS. 1.9. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venía aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. XIOMAR ALFARO HERRERA. Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral Corte Superior de Justicia de Cusco XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 02468-2012-0-1001-JR-LA-03 Demandante : Maria Teresa Ardiles de Flores. Demandado : Dirección Regional de Educación y otro. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 14 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo, elevado en grado de apelación. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la resolución número 8, del 8 de abril de 2013 (folio 98) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Maria Teresa Ardiles de Flores, contra la Dirección Regional de Educación Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Dalmecio Abraham Balladares Aparicio, por la Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito presentado el 22 de abril de 2013 (folio 112), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. Con el Dictamen Fiscal Superior Nº 72-2013 (folio 128), y habiendo informado la abogada Olga Marina Boluarte Zegarra por parte de la demandante, y, en atención a los siguientes, II. FUNDAMENTOS: Antecedentes 91. Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2012 (folio 16), la demandante pretende: i) Nulidad de la Resolución Directoral N° 2695-2011-DREC del 27 de diciembre del 2011. ii) Nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 505-2012-GR CUSCO/PR del 20 de abril del 2012. iii) Recálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra. iv) Recálculo de la bonificación diferencial, equivalente al 30% de la remuneración total íntegra; con retroactividad en todos los casos del mes de febrero de 1991. v) Se reconozca y abone los devengados por los periodos vencidos; y vi) Pago de intereses correspondientes sobre el total del crédito devengado resultante 92. El Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo ambas bonificaciones en base la remuneración total, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen las mismas en base a la remuneración total. 93. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestariasd del Estado, iii) el Juez no ha analizado la incidencia Resolución Ministerial Nº 761-91-ED que establece los requisitos de la bonificación por zona diferenciada. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 94. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 95. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 96. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 97. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 98. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 99. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.29 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.30 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.31 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.32 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.33 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.34 Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 1.35 Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.36 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 100. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.21 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.22 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.23 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.24 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.25 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las intituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 101. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 102. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 103. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 104. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular. 105. Es esta la razón por la que el apelante ha observado que el Juez no ha analizado la incidencia de la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED; lo cual evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 de la presente sentencia de vista–. 106. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 107. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución–: i) si la demandante cumple los requisitos para percibir la bonificación en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, ii) al analizar el pago de los devengados debe verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la demandante efectivamente cumplió los mencionados requisitos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar– y, iii) tener presente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 1983, debe realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajadora y luego como cesante. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 8, del 8 de abril de 2013 (folio 98) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Maria Teresa Ardiles de Flores, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, ambos representados por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R.H.S. s.s. (Voto en Discordia) QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA mkcp 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente N° 02468-2012-1001-JR-LA-03. VOTO EN DISCORDIA Cusco, 20 de agosto del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Yuri Pereira Alagón. I. MATERIA DE APELACIÓN: La sentencia contenida en la Resolución Nº 08, del 08 de abril de 2013 (folio 98), que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por María Teresa Ardiles de Flores (conforme a la Resolución N° 10 de folio 119), contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco.

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Mediante escrito presentado el 22 de abril del 2013, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada (folio 112). Con lo opinado por el Fiscal Superior a (folio 128). III. ANTECEDENTES: 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. IV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. ANÁLISIS. 4.2. La demandante pretende (folio 17), lo siguiente: i) Nulidad de la Resolución Directoral N° 2695-2011-DREC del 27 de diciembre del 2011; ii) Nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 505-2012-GR CUSCO/PR del 20 de abril del 2012; iii) Recálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra; iv) Recálculo de la bonificación diferencial, equivalente al 30% de la remuneración total íntegra; con retroactividad en todos los casos del mes de febrero de 1991; v) Se reconozca y abone los devengados por los periodos vencidos; vi) Pago de intereses correspondientes sobre el total del crédito devengado resultante 4.3 Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: p) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, las mismas que se le vienen abonando. q) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 4.4. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. 4.5. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 4.6. La entidad demandada, en la contestación a la demanda, reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, pero ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. 1.7. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si el demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de el demandante a percibir estas bonificaciones conforme se aprecia de sus boletas de pago. 1.8. Los derechos laborales de contenido económico objeto de las pretensiones son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.9. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.16. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem 4.11. Este Tribunal, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.

23 4.12. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.13. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.14. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.15. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.16. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 de pagarse en función de la remuneración total del empleado. 4.17. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.18. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA 4.19. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.20. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.21. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.21.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.21.2. Como ya hemos expresado, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creemos que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.21.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.21.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.21.5. De cara al derecho a la igualdad se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.21.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.21.7. De otro lado, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.21.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 1.22. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la remuneración total del empleado.


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C. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.23. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. D. DEL CASO CONCRETO: 4.24. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 3472, del 11 de noviembre de 1983 (folio 3), cesó como Profesora de Aula, y ha requerido a la administración demandada el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación y el pago de la bonificación diferencial, petición que fue desestimada en vía administrativa. 4.25. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 17). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión. 4.26. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial conforme se aprecia de sus boletas de pago adjuntadas a la demanda (folios 8 a 16). 4.27. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contiene, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.28. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) Excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.29. Ahora bien, no se debe analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgo la bonificación diferencial se estaría cuestionando el procedimiento administrativo por el cual se le reconoce la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho a criterio de la suscrita se debería dilucidar en otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los beneficiarios. 4.30. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 4.31. No es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir total bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.32. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la remuneración total permanente o la remuneración total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral, reconocido por la Administración Pública empleadora, a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o, de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo, en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. 4.33. Finalmente, la parte apelante en su escrito señala que no se ha cumplido con aplicar la normativa vigente, ello atendiendo al hecho de que a partir del 26 de noviembre de 2012, se encuentra en vigencia la Ley de Reforma Magisterial. 1.34. En dicho, contexto cabe señalar que en el presente caso la parte demandante es docente cesante del sector educación –como se tiene expuesto– (folio 3), en tal contexto debemos señalar: 1.34.1. El artículo 1 de la Ley de Reforma Magisterial –Ley Nº 29944–, establece: “La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos.” Similar disposición se regula en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2012-ED –Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial–, lo cual nos permite inferir que los dispositivos legales citados no son de aplicación para los docentes cesantes del sector educación. 1.34.2. Por su parte la Ley del Profesorado en forma expresa regula la inclusión en su régimen a los profesores cesantes –ver artículo 2 de la Ley del Profesorado-, lo que no ocurre con la Ley de Reforma Magisterial, así a juicio de este Colegiado el cambio de régimen de los docente cesantes –esto es de la Ley del Profesorado a la Ley de Reforma–, debe estar expresamente dispuesta en la Ley; en tal virtud el argumento esbozado por la parte apelante debe ser desestimado. V. DECISIÓN: por tales fundamentos, mi VOTO EN DISCORDIA es por: 1.1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 08, del 08 de abril de 2013 (folio 98), que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por María Teresa Ardiles de Flores (conforme a la Resolución N° 10 de folio 119), contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco…”, con lo demás que contiene. 1.10. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.11. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. ALFARO HERRERA Juez Superior. Segunda Sala Laboral. Corte Superior de Justicia de Cusco. XAH/bml 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 02486-2012-0-1001-JR-LA-03 Demandante : Concepción Nicolasa Del Castillo Gamboa. Demandado : Dirección Regional de Educación. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 13 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo, elevado en grado de apelación. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la resolución número 5, del 18 de enero de 2013 (folio 88) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Concepción Nicolasa Del Castillo Gamboa, contra la Dirección Regional de Educación Cusco, representada por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 1. Dalmecio Abraham Balladares Aparicio, por la Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 escrito presentado el 31 de enero de 2013 (folio 101), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. 2. Hernerd Straus Rhoddo Rios, Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2013 (folio 108), interpone recurso de apelación, pretendiendo su revocatoria. Con el Dictamen Fiscal Superior Nº 103-2013 (folio 118), sin informe oral de los abogados de las partes, y, en atención a los siguientes, II. FUNDAMENTOS: Antecedentes 108. Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2012 (folio 23), la demandante pretende: i) se ordene el recálculo de la bonificación por preparación de clases en base a la remuneración total, ii) se le otorgue la bonificación diferencial equivalente al 30% de la remuneración total, y, iii) se ordene el pago de devengados mas intereses de Ley, bajo la impugnacion y/o nulidad de resolcuiones directorales que desetimaron su pretension. 109. El Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo ambas bonificaciones en base la remuneración total, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen las mismas en base a la remuneración total. 110. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestariasd del Estado, iii) el Juez no ha analizado la incidencia Resolución Ministerial Nº 761-91-ED que establece los requisitos de la bonificación por zona diferenciada. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 111. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 112. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 113. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 114. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 115. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 116. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.37 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.38 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.39 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.40 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.41 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.42 Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 1.43 Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.44 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 117. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.26 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.27 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.28 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.29 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de En-

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

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terría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 1.30 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doc3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real trinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, dimensión, es un imperativo para la judicatura más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las intituciones de nulidad y revocación pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que del acto administrativo. sean pretendidas por el demandante. 118. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría aleEntonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el garse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello 119. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclano suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso admimada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución nistrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la IV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 120. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugtenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no natoria que haya expuesto el recurrente. se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal ANÁLISIS. superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina 4.2. La demandante pretende (folios 23), lo siguiente: i) nulidad de la Resolución Directoral N° 0329-2012-DREC que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. del 21de febrero del 2012; ii) nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 892-2012-GR CUSCO /PR del 04 de Respecto al análisis efectuado en el presente caso. junio del 2012; iii) Pago de la bonificación especial y diferencial calculadas en base a la remuneración total integra 121. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, equivalente al 30%, en ambos casos respectivamente; iv) Pago y reconocimiento de crédito devengado de dichas por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación bonificaciones con retroactividad desde febrero de 1991; v) Pago de intereses legales. antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha 4.3 Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: realizado ningún análisis sobre el particular. r) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonifi122. Es esta la razón por la que el apelante ha observado que el Juez no ha analizado la incidencia de la Resocación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, las mismas que se le vienen abonando. lución Ministerial Nº 761-91-ED; lo cual evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, s) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la deresolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente mandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remunersobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 de la presente sentencia de vista–. ación integra total. 123. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar 4.4. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 4.5. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de dictadas por el Tribunal Constitucional”. documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 124. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anota4.6. La entidad demandada, en la contestación a la demanda, reconoce el derecho a la percepción de tales bonificados en la presente resolución–: i) si la demandante cumple los requisitos para percibir la bonificación en atención a ciones, pero ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, ii) al analizar el pago de los devengados debe 1.10. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y arguverificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la demandante efectivamente cumplió los mencionados requisimentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación tos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar– y, iii) tener diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificapresente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 1993, debe ciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajadora y luego como cesante. la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconoIII. DECISIÓN: cidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si el demanPor estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política dante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada del Estado, se resuelve, reconoció el derecho de el demandante a percibir estas bonificaciones conforme se aprecia de sus boletas de pago. DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 5, del 18 de enero de 2013 (folio 88) 1.11. Los derechos laborales de contenido económico objeto de las pretensiones son, sin duda, bonique declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Concepción Nicolasa Del Castillo ficaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del Gamboa, contra la Dirección Regional de Educación Cusco, representada por su Director con citación del Procurador cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado Público del Gobierno Regional Cusco…” con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez antes cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciode emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y nes” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. los devolvieron.- H.S. 1.12. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparas.s. ción de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo (Voto en discordia) QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). mkcp 1.17. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: 01VZ.04.X.13. Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación CPJ. de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Expediente N° 02486-2012-1001-JR-LA-03. (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor VOTO EN DISCORDIA desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su Cusco, 20 de agosto del 2013. remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de CusD.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 co, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto emitido por el Juez Superior Titular Yuri Pereira Alagón. Suprem I. MATERIA DE APELACIÓN: 4.11. Este Tribunal, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza La sentencia contenida en la Resolución Nº 05, del 18 de enero de 2013 (folio 88), que declara FUNDADA la lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Concepción Nicolasa del Castillo Gamboa, contra la Dirección de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha Regional de Educación de Cusco y Gobierno Regional del Cusco. norma infra legal, con la remuneración permanente. II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 2.1 Mediante escrito presentado el 31 de enero del 2013, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la 4.12. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer sentencia con la pretensión de que sea revocada (folio 101). párrafo: 2.2. Mediante escrito presentado el 04 de febrero del 2013, el Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada (folio 108). equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Con lo opinado por el Fiscal Superior a (folio 118). Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse III. ANTECEDENTES: la mencionada bonificación. 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, 4.13. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los 10 establece: que éstos son titulares. “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley 4.14. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del prode clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del ceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su en base a la “remuneración total permanente”. artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artíadministrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración culo 138 de la Constitución, esto es que: que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un 4.15. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, 4.16. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, estabes indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se lecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 de pagarse en función de la remuneración total del empleado. limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” 4.17. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contetotalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el nidos en la formalidad que la Constitución indica. cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia


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el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.18. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deber�� efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA 4.19. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.20. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.21. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.21.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.21.2. Como ya hemos expresado, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creemos que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.21.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.21.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.21.5. De cara al derecho a la igualdad se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.21.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.21.7. De otro lado, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.21.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 1.23. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. CI. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.23. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. D. DEL CASO CONCRETO: 4.24. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 1121, del 29 de abril de 1993 (folio 3), cesó como Profesora de Aula y ha requerido a la administración demandada el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación y el pago de la bonificación diferencial, petición que fue desestimada en sede administrativa. 4.25. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 23). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión. 4.26. También se encuentra acreditado que el demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial conforme se aprecia de sus boletas de pago adjuntadas a la demanda (folios 8 a 10). 4.27. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contiene, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.28. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) Excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.29. Ahora bien, no se debe analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgo la bonifi-

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 cación diferencial se estaría cuestionando el procedimiento administrativo por el cual se le reconoce la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho a criterio de la suscrita se debería dilucidar en otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los beneficiarios. 4.30. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 4.31. No es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir total bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.32. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la remuneración total permanente o la remuneración total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral, reconocido por la Administración Pública empleadora, a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o, de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo, en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. 1.33. Finalmente, la parte apelante en su escrito señala que no se ha cumplido con aplicar la normativa vigente, ello atendiendo al hecho de que a partir del 26 de noviembre de 2012, se encuentra en vigencia la Ley de Reforma Magisterial. 1.34. En dicho, contexto cabe señalar que en el presente caso la parte demandante es docente cesante del sector educación –como se tiene expuesto– (folio 3), en tal contexto debemos señalar: 1.1.1 El artículo 1 de la Ley de Reforma Magisterial –Ley Nº 29944–, establece: “La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos.” Similar disposición se regula en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2012-ED –Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial–, lo cual nos permite inferir que los dispositivos legales citados no son de aplicación para los docentes cesantes del sector educación. 1.1.2 Por su parte la Ley del Profesorado en forma expresa regula la inclusión en su régimen a los profesores cesantes –ver artículo 2 de la Ley del Profesorado-, lo que no ocurre con la Ley de Reforma Magisterial, así a juicio de este Colegiado el cambio de régimen de los docente cesantes –esto es de la Ley del Profesorado a la Ley de Reforma–, debe estar expresamente dispuesta en la Ley; en tal virtud el argumento esbozado por la parte apelante debe ser desestimado. 4.35. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, cumpla con el pago de las bonificaciones materia de proceso, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 del D. S. 013-2008-JUS el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley deben hacerse en función a los procedimientos allí dispuestos, por lo que debe ser aclarado este punto. V. DECISIÓN: por tales fundamentos, mi VOTO EN DISCORDIA es por: 1.2. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 05, del 18 de enero de 2013 (folio 88), que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Concepción Nicolasa del Castillo Gamboa, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y Gobierno Regional del Cusco…”, con lo demás que contiene. 1.12. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.13. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. ALFARO HERRERA Juez Superior. Segunda Sala Laboral. Corte Superior de Justicia de Cusco. XAH/bml 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 02678-2012-0-1001-JR-LA-02 Demandante : Ubaldo Paucar Garcia. Demandado : Dirección Regional de Educación. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Segundo Juzgado de Trabajo de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 14 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo, elevado en grado de apelación. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la resolución número 05, del 19 de setiembre de 2012 (folio 65) en el extremo que declara “FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Ubaldo Paucar Garcia, contra la Dirección Regional de Educación Cusco, representada por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 1. Dalmecio Abraham Balladares Aparicio, por la Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2012 (folio 75), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. 2. Hernerd Straus Rhoddo Rios, Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito del 5 de noviembre de 2012 (folio 81), pretende su revocatoria en el extremo que declara fundada la demanda. Con el Dictamen Fiscal Superior Nº 743-2013 (folio 91), y habiendo informado el abogado Feliciano Latorre Delgado por parte del demandante, y, en atención a los siguientes, II. FUNDAMENTOS: Antecedentes 125. Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2012 (folio 19), el demandante pretende: i) Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 48° de la Ley del Profesorado – Ley 24029 modificado por la Ley 25212 y de lo dispuesto por los Decretos de Urgencia 090-96, 073-97 y 011-99. ii) Pago de la bonificación especial y diferencial en base a la pensión total. iii) Pago de los incrementos del 16% previstos por los Decretos de Urgencia 090-96, 073-97 y 011-99. iv) Pago de los créditos devengados. v) Pago de intereses legales; y vi) Pago de costos del proceso. 126. El Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo ambas bonificaciones en base la remuneración total, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen las mismas en base a la remuneración total. 127. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestariasd del Estado, iii) el Juez no ha analizado la incidencia Resolución Ministerial Nº 761-91-ED que establece los requisitos de la bonificación por zona diferenciada. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 128. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) .

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 129. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 130. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 131. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 132. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 133. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.45 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.46 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.47 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.48 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.49 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.50 Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 1.51 Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.52 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 134. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.31 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.32 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.33 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.34 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.35 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las intituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 135. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 136. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 137. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina

27 que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 138. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular. 139. Es esta la razón por la que el apelante ha observado que el Juez no ha analizado la incidencia de la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED; lo cual evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 de la presente sentencia de vista–. 140. Bajo similar razonamiento el Representante del Ministerio Público también ha solicitado la nulidad de la sentencia apelada, al advertir que no se ha motivado de forma suficiente todos los aspectos indeispensables para poder estimar la pretensión, específicamente, aquel vinculado a si el demandante cumple los requisitos legales para percibir la bonificación cuyo recálculo en cumplimiento de la Ley se ordena, o en todo caso sólo se trata de un derecho emanado de acto administrativo –acto administrativo como título–, que no tendría mayor protección legal. 141. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 142. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución–: i) si el demandante cumple los requisitos para percibir la bonificación en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, ii) al analizar el pago de los devengados debe verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, el demandante efectivamente cumplió los mencionados requisitos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar– y, iii) tener presente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 1996, debe realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajador y luego como cesante. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 5, del 19 de setiembre de 2012 (folio 65) que declara “FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Ubaldo Paucar Garcia, contra la Dirección Regional de Educación Cusco, representada por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- H.S. s.s. (Voto en discordia) QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA mkcp 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente N° 02678-2012-1001-JR-LA-02. VOTO EN DISCORDIA Cusco, 19 de agosto del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Yuri Pereira Alagón. I. MATERIA DE APELACIÓN: La sentencia contenida en la Resolución Nº 05, del 19 de setiembre de 2012 (folio 65), en el extremo que declara FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Ubaldo Paucar García, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco. II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 2.1. Mediante escrito presentado el 31 de octubre del 2012, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, respecto a las pretensiones de bonificación especial y diferencial (folio 75). 2.2. Mediante escrito presentado el 05 de noviembre del 2012, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, respecto a las pretensiones de bonificación especial y diferencial (folio 81). Con lo opinado por el Fiscal Superior a (folio 91). III. ANTECEDENTES: 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. IV. FUNDAMENTOS: 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias,


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se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. 1.4. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnación, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones como son el principio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para enfocarnos en nuestro tema solo veremos el primero. El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que afecta el debido proceso. El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso. En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el recurrente. El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecto de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugnación. Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agravios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa). 4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°037172005-PC/TC, que señala: “Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acatamiento por parte de la autoridad pertinente” ANÁLISIS. 4.4. Con escrito presentado el 20 de julio de 2012 (folio 19), el demandante pretende: i) Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 48° de la Ley del Profesorado – Ley 24029 modificado por la Ley 25212 y de lo dispuesto por los Decretos de Urgencia 090-96, 073-97 y 011-99; ii) Pago de la bonificación especial y diferencial en base a la pensión total; iii) Pago de los incrementos del 16% previstos por los Decretos de Urgencia 090-96, 073-97 y 011-99; iv) Pago de los créditos devengados; v) Pago de intereses legales; vi) Pago de costos del proceso. Aclarando que la apelación versa tan solo sobre el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial. 4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: t) Que la administración publica ha reconocido que al demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, las mismas que se le vienen abonando. u) El demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 4.6. En ese orden de ideas analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el articulo 5 inciso 4 del TUO de la ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS. 4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 4.9. La entidad demandada, en la contestación a la demanda, reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, pero ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. 1.18. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si el demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de el demandante a percibir estas bonificaciones conforme se aprecia de sus boletas de pago. 1.19. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.20. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.21. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem 4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”.

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.19. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 de pagarse en función de la remuneración total del empleado. 4.20. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.21. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA 4.22. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.24.2. Como ya hemos expresado, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creemos que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.24.5. De cara al derecho a la igualdad se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.24.7. De otro lado, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 1.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. CII. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. D. DEL CASO CONCRETO: 4.27. Esta acreditado que el demandante mediante Resolución Directoral Nº 0632, del 8 de mayo de 1996 (folio 5), cesó como profesor de aula, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial (folio 3). 4.28. Ante el no cumplimiento espontáneo de la obligación requerida, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 19). La contestación a la demanda respecto a la bonificación especial por preparación de clases

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 y evaluación y la bonificación diferencial, se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión. 4.29. También se encuentra acreditado que el demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial. 4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) Excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, ,los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.32. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgo la bonificación diferencial se estaría cuestionando el procedimiento administrativo por el cual se le reconoce la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho a criterio de la suscrita se debería dilucidar en otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los beneficiarios. 4.33. En el presente caso, la actuación impugnable respecto de la bonificación diferencial, está contemplada en el inciso 6 del artículo 4 del D.S.013-2008-JUS, y la contemplada en el inciso 2 del mismo artículo, es decir, consiste en la omisión de pagar la indicada bonificación en función a la pensión total integra del servidor. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 4.34. No es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 1.35. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la remuneración total permanente o la remuneración total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral, reconocido por la Administración Pública empleadora, a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o, de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo, en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula, máxime si se toma en cuenta que la Casación N°1074-2010-AREQUIPA considerada en el citado voto, deviene de un proceso en cual se discute el reconocimiento de la bonificación diferencial, más no, el recalculo del mismo como sí se dilucida en el presente caso. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, dentro del quinto día de notificada la sentencia cumpla con el pago de las bonificaciones materia de proceso, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 del D. S. 013-2008-JUS el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley deben hacerse en función a los procedimientos allí dispuestos, por lo que debe ser aclarado este punto. V. DECISIÓN: por tales fundamentos, mi VOTO EN DISCORDIA es por: 1.3. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 05, del 19 de setiembre de 2012 (folio 65), en el extremo que declara “FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Ubaldo Paucar García, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco…”, con lo demás que contiene. 1.14. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.15. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. ALFARO HERRERA Juez Superior. Segunda Sala Laboral. Corte Superior de Justicia de Cusco. XAH/bml 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 03212-2012-0-1001-JR-LA-03 Demandante : Juana Mary Concha Cazorla. Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco y otro. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 14 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo, elevado en grado de apelación. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la resolución número 05, del 11 de abril de 2013 (folio 111) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juana Mary Concha Cazorla, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, representada por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 1. Dalmecio Abraham Balladares Aparicio, por la Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito presentado el 22 de abril de 2013 (folio 125), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. Con el Dictamen Fiscal Superior Nº 71-2013 (folio 136), sin informe oral de los abogados de las partes, y, en atención a los siguientes, II. FUNDAMENTOS: Antecedentes 1. Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2012 (folio 36), la demandante pretende: i) NULIDAD de la Resolución Directoral N° 0518-2012-DREC del 28 de marzo del 2012. ii) NULIDAD de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1029-2012-GR CUSCO /PR del 12 de junio del 2012. iii) Pago de la bonificación especial y bonificación diferencial calculadas en base a la remuneración total integra equivalente al 30%. iv) Reintegro de las sumas indebidamente recortadas en términos actuariales, desde el 1ero de febrero de 1991, debiendo incluir en el recálculo de las bonificaciones especiales del incremento el 16% de los DS.UU 090-96; 073-97 y 011-99, hasta su ejecución; y v) Pago de intereses legales. 2. El Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo ambas bonificaciones en base la remuneración total, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen las mismas en base a la remuneración total. 3. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestariasd del Estado; y iii) Cuando se trata de los gastos variables y ocasionales vinculados a lo dispuesto por el artñiculo 8º y 9º del D.S. Nº 051-91-PCM, la determinación de las bonifiaciones, beneficios, que eprciben los funcionarios, directivos y servidores son calculadaos en función a la remuneración total permanente, por lo tanto en el presente caso es

29 de aplicación el principio de especialidad y que las normas presupuestarias priman sobre las normas específicas. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 143. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 144. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 145. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 146. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 147. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 148. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.53 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 1.54 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.55 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.56 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.57 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.58 Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 1.59 Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.60 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 149. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.36 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.37 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.38 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.39 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.40 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las intituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 150. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 151. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados,


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Cusco, viernes 4 de octubre de 2013

es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el   vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impug152. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una natoria que haya expuesto el recurrente. bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no 1.5. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnatenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no ción, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos imporse halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal tantes instituciones como son el principio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina enfocarnos en nuestro tema solo veremos el primero. que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada Respecto al análisis efectuado en el presente caso. y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es 153. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el realizado ningún análisis sobre el particular. principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino 154. Es esta la razón por la que el apelante ha observado que el Juez no ha analizado la incidencia de la Resoque afecta el debido proceso. lución Ministerial Nº 761-91-ED; lo cual evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 de la presente sentencia de vista–. pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum 155. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso. que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelarenovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal ción, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación dictadas por el Tribunal Constitucional”. al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no 156. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotapedido por el recurrente. dos en la presente resolución–: i) si la demandante cumple los requisitos para percibir la bonificación en atención El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, ii) al analizar el pago de los devengados conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecdebe verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la demandante efectivamente cumplió los mencionados to de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos requisitos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar– y, por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La iii) tener presente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 1998 competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impug(folio 88), debe realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajadora y luego nación. como cesante. Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agraIII. DECISIÓN: vios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir del Estado, se resuelve, ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 5, del 11 de abril de 2013 (folio 111) que sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa). declara “FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juana Mary Concha Cazorla, 4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°03717contra la Dirección Regional de Educación Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, representada por su Director 2005-PC/TC, que señala: con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” con lo demás que contiene, en su virtud, DIS“Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido PUSIERON que el Juez antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acataen la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R.H.S. miento por parte de la autoridad pertinente” s.s. • Análisis. (Voto en discordia) 4.4. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 36), le fueron admitidas como pretensiones principales: i) Nulidad de QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA la Resolucion Directoral N°518-2012, del 28 de marzo del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de mkcp Cusco, ii) Nuilidad de la Resolucion Ejecutiva Regional N°1029-2012-GR-CUSCO/PR, del 12 de junio del 2012, emi01VZ.04.X.13. tida por el Gobierno Regional de Cusco.; y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial por preparacion CPJ. de clases y evaluacion y diferencial calculadas en base al 30% de la pension total integra. iv) Reintegro de las sumas Expediente N° 03212-2012-0-1001-JR-LA-03 indebidamente recortadas en terminos actuariales desde el 1 de febrero de 1991 debiendo incluir en el recalculo de VOTO EN DISCORDIA las bonificaciones el incremento del 16% de los D.D.U.U. 090-96, 073-97 y 011-99 hasta la ejecucion de la sentencia. Cusco, 19 de agosto del 2013. v) Pago de los intereses legales. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cus4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: co, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente v) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonifiemitido por el Juez Superior Titular Yuri Pereira Alagón. cación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial. I. MATERIA DE APELACIÓN: w) Que la administración publica viene abonando al demandante las bonificaciones antes mencionaEs la sentencia contenida en la Resolución Nº 5, del 11 de abril de 2012, que declara “FUNDADA la demanda contendas. ciosa administrativa interpuesta por Juana Mary Concha Cazorla, contra la Dirección Regional de Cusco, Gobierno x) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene Regional de Cusco, con citación al Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco (a folio 111). percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la deII. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS: mandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remunerLa Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito del 22 de abril de 2013 impugna la sentencia materia ación integra total. de apelación, pretendiendo su revocatoria (a folio 89). 4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde Con el Dictamen Fiscal Superior (a folio 136). percibir las dos bonificaciones. III. ANTECEDENTES: 4.7. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, 4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de que éstos son titulares. documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad 4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, ha determinado que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco demandante. total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del pro1.18. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y arguceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas mentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las boniartículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución ficaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la de la demandante a percibir estas bonificaciones como se vé de sus boletas de pago. satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, 1.19. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaes indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se ciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conte1.20. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparanidos en la formalidad que la Constitución indica. ción de clases y evaluación y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que 1.21. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. de los administrados. (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto sean pretendidas por el demandante. Suprem Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el 4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnatusubjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que la demandante pretenda raliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso admidicha norma infra legal, con la remuneración permanente. nistrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, 4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. párrafo: IV. FUNDAMENTOS “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, equivalente al 30% de su remuneración total.(…).”

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA 4.22. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.24.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones, éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.24.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.24.7. Por lo que no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 4.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado. D. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos

31 estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. D. DEL CASO CONCRETO: 4.27. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 599, del 13 de marzo de 1998 cesó en el cargo de profesor en el I.S.P. Santa Rosa de la ciudad del Cusco, a partir del 1 de marzo de 1998, reconociéndosele una pensión de cesantía nivelable mediante Resolución Directoral 5638-99/ONP-DC-20530, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial, petición que fue denegada mediante Resolucion Directoral N°518-2012, del 28 de marzo del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, y Resolucion Ejecutiva Regional N°1029-2012-GR-CUSCO/ PR, del 12 de junio del 2012, emitida por el Gobierno Regional de Cusco (folio 3 a 6). 4.28. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 36). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones materia de proceso se vienen haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada. 4.29. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 35). 4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logicidad y congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 1.32. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó las bonificaciones materia de proceso significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció tales bonificaciones en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 1.33. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto a la bonificación por preparación de clases y la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle a la demandante las bonificaciones materia de proceso en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 4.34. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tales bonificaciones como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.35. La única actuación impugnada, respecto a las indicadas bonificaciones es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa omitió señalar el procedimiento a seguir para efectivizar el cumplimiento de la sentencia, por lo que corresponde aclarar este extremo de la sentencia refiriendo que para el cumplimiento de la sentencia se debe observar lo establecido en el articulo 41 y 47 del D. S. 013-2008-JUS. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 1.16. CONFIRMAR sentencia contenida en Resolución Nº 5, del 11 de abril de 2012, que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juana Mary Concha Cazorla, contra la Dirección Regional de Cusco, Gobierno Regional de Cusco, con citación al Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco (a folio 111)., con lo demás que contiene. 1.17. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.18. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. XIOMAR ALFARO HERRERA. Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral Corte Superior de Justicia de Cusco XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

ponencia Expediente : 03954-2012-0-1001-JR-LA-02. Demandante : Eusebio Olarte Villafuerte. Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco. Materia : Pago de bonificación especial y diferencial –docente cesante–. Procede : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Juez Superior : Quispe Álvarez. Cusco, 2 de setiembre de 2013.XVI. ANTECEDENTES: Sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Eusebio Olarte Villafuerte, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa. XVII. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO: Sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 10 de abril de 2013 (págs. 59-70) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente. XVIII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Con escrito presentado el 3 de mayo de 2013 (págs. 78-81), dentro del plazo legal, el representante de la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia, piden sea revocada. XIX. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: Consideraciones previas. 157. Mediante escrito presentado el 3 de julio de 2012 (págs. 23-26), la parte demandante pretende, entre otros, se le otorgue la bonificación diferencial en función de la remuneración total. 158. Emitida la sentencia, los argumentos relevantes que sustentan su impugnación, son: i) la sentencia apelada carece de razonamiento lógico; ii) posterior a la Ley del Profesorado se dan disposiciones legales que regulan la forma de pago de las bonificaciones pretendidas; iii) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. 051-91-PCM –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–; iv) el monto de las bonificaciones se han pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado, y, v) debe tenerse en cuenta la Ley de Reforma Magisterial.


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Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 159. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 160. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 161. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 162. Resulta pertinente en principio determinar cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la parte demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 163. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 164. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 164.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado). 164.2. Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 164.3. Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 164.4. Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 164.5. Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 164.6. Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 164.7. Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 164.8. Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 165. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 165.1. Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 165.2. Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 165.3. Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por la actora, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 165.4. Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 165.5. Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 166. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 167. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención. En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual sólo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 168. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 169. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferencial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular. 170. Así, en el presente caso el Juez de la causa ha ordenado el pago del 30% de la remuneración total por concepto de bonificación diferencial, sin embargo no ha considerado que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley del Profesorado el lugar donde laboró la parte demandante (Cusco) tiene que cumplir con tres conceptos determinados (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) para percibir el 30% ahora solicitado y máximo permitido por ley; para determinar ello es necesario observar las reglas establecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, análisis que el Juez de la causa debe efectuar antes de determinar el concepto remunerativo aplicable, de acuerdo a lo expuesto precedentemente –control de legalidad–; lo cual evidencia que estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. 171. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuentra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando además que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 172. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución–: i) si el lugar donde laboraró la demande antes de su cese cumple los requisitos para percibir el 30% de la bonificación diferencial en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED; ii) al analizar el pago de los devengados debe verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la parte demandante efectivamente cumplió los mencionados requisitos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar–; y, iii) tener presente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 1992, debe realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajador –lugares donde laboró- y luego como cesante. 173. De otro lado, cabe señalar que la parte demadada en su escrito de contestación a la demanda ha señalado: “De acuerdo a la documentación que ha sido adherida a la demanda se desprende que el actor laboró como profesor de aula del CEV “Ciencias”-Nocturana-CUsco, no encontrándose dentro de la jurisdicción ni los supuestos considerado por norma para ser beneficado con la Bonificación deferencial planterada por la parte demandante ni mucho menos señala los fundamentos por los cuales debe ser beneficiado con el 30% -de- la referida bonificación.” (el énfasis es agregado) (pág. 27); lo cual nos permite inferir que se está poniendo en debate la correspondencia o no del beneficio reclamado, máxime si se debe tener en cuenta la naturaleza y forma de cálculo de la bonificación diferencial establecida en el artículo 48 de la Ley del Profesorado en cuanto a los porcentajes –ver fundamento 14 supra–, así de la revisión de la sentencia apelada se tiene que se ha dejado incontesta dicha alegación configurándose un defecto de motivación denominada aparente, la que vulnera el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso, lo cual también justifica anular la resolución apelada. 174. Asimismo, resulta pertinente acotar que el Juez de la causa ha ordenado el pago de los beneficios reclamados por la parte demandante hasta la implementación de la RIM, implementado por la Ley de Reforma Magisterial, sin embargo de la revisión de la sentencia se tiene que no ha validado fáctica ni jurídicamente dicha conclusión, dado que no ha tomado en cuenta la condición de la parte demandante y lo dispuesto en el artículo 1 de la citada Ley, configurándose un defecto de motivación denominado falta de justificación externa, que también justifica anular la sentencia apelada. 175. Finalmente, cabe señalar que el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, en su faz preventiva, impone al órgano jurisdiccional el deber de evitar que sus pronunciamientos –autos o sentencias– no generen mayores conflictos que los que pretenden solucionar; en este contexto, no resulta razonable que se pretenda postergar el debate central del proceso –si le corresponde la bonificación, en qué porcentaje, en qué montos y por qué periodos– a la ejecución de sentencia, por el contrario, son estos los temas que deben abordarse al emitir sentencia, de lo contrario, en lugar de sentencia, vamos a tener un acto procesal que en la practica inicie un segundo proceso en la fase ejecutiva del primero, lo que desde todo punto de vista –demandante, demandado, organo jurisdiccional y la sociedad en su conjunto–, no es deseable; y recomendar al Juez de la causa que al momento de renovar el acto procesal viciado observe la corrección del nombre de la parte demandante, conforme a su documento nacional de identidad. XX. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 10 de abril de 2013 (págs. 59-70) que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por EUSEBIO OARTE VILLAFUERTE, contra la Dirección Regional de Educación del Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. s.s. VOTO EN DISCORDIA QUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA. -lvm-. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente N° 03954-2012-0-1001-JR-LA-02 VOTO EN DISCORDIA Cusco, 04 de setiembre del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez. I. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la Resolución Nº 6, del 10 de abril de 2013 en el extremo que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Eusebio Olarte Villafuerte, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco representado por su director, con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 59 a 70). II. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS: La Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2013 (folio 78 a 81), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. III. ANTECEDENTES: 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas, de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública  , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 1.4. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, sino también a las pretensiones establecidas en el artículo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. IV. FUNDAMENTOS: 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. • Análisis. 4.2. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 10 a 16), le fueron admitidas el 26 de setiembre de 2012 (a folios 17 a 18), las pretension principal: i) Cumplimiento del articulo 48 de la Ley 24029 modificada por ley 25212 y articulos 210 y 211 de su reglamento D.S. 019-90-ED. ii) Pago de la bonificion especial por preparacion de clases yevaluacion equivalente al 30% de la pension total. iii) Pago de la bonificacion diferencial, todo ello calculado sobre la base del 30 % de su pension total integra. Y de forma accesoria iv) Reintegro de devengados mas los intereses legales. 4.3. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: y) Que la administración pública ha reconocido que al demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial. z) Que la administración pública viene abonando a la demandante las bonificaciones antes mencionadas. aa) El demandante sostiene que las bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 4.4. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir las bonificaciones materia de proceso. 4.5. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el inciso 4 del artículo 5 del TUO de la ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS. 4.6. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 4.7. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante. 1.10. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, la bonificación por desempeño de cargo y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de proceso deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones como se vé de sus boletas de pago. 1.11. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.22. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, la bonificación por desempeño de cargo y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.23. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo. 4.12. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. Nº 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.13. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.14. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.15. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”.

33 Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.16. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.17. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.18. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el cálculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Artículo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.19. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA 4.20. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.21. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.22. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.22.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.22.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.22.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.22.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.22.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley Nº 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.22.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se dé para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.22.7. Por lo que, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.22.8. Además debemos estar conscientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 4.23. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado. D. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.24. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. D. DEL CASO CONCRETO: 4.25. Está acreditado que el demandante mediante Resolución Directoral Nº 779, del 13 de julio de 1992 (folio 3) obtuvo la condición de cesante, en el cargo de profesor, en la C.E.V. “Ciencias”, de la ciudad del Cusco, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de las bonificaciones materia de proceso (folio 7 a 9). 4.26. Ante el no cumplimiento espontáneo de la obligación requerida, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 10 a 18). La contestación a la demanda respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial, se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme


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a la norma citada. 4.27. También se encuentra acreditado que el demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 4 a 6). 4.28. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legítimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrolló en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.29. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra, infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.30. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó las bonificaciones materia de proceso significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció tales bonificaciones en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal cuestionamiento debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 1.32. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el inciso 4 del artículo 5 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS. 1.33. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir tales bonificaciones como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.33. La única actuación impugnada, respecto a las indicadas bonificaciones es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite a revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino más bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 4.34. En dicho, contexto cabe señalar que en el presente caso la parte demandante es docente cesante del sector educación , en tal contexto debemos señalar: El artículo 1 de la Ley de Reforma Magisterial –Ley Nº 29944–, establece: “La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos.” Similar disposición se regula en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2012-ED –Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial–, lo cual nos permite inferir que los dispositivos legales citados no son de aplicación para los docentes cesantes del sector educación. 1.35. Por su parte la Ley del Profesorado en forma expresa regula la inclusión en su régimen a los profesores cesantes –ver artículo 2 de la Ley del Profesorado-, lo que no ocurre con la Ley de Reforma Magisterial, así a juicio de este Colegiado el cambio de régimen de los docente cesantes –esto es de la Ley del Profesorado a la Ley de Reforma–, debe estar expresamente dispuesta en la Ley; en tal virtud el argumento esbozado por la parte apelante debe ser desestimado. 4.36. De la revisión de la sentencia se tiene que el Juez de la causa al momento de consignar el nombre del demandante en el fallo de la sentencia consigna de forma errada OARTE debiendo ser lo correcto “Eusebio OLARTE Villafuerte” por lo que debe corregirse este error material en el fallo de la sentencia, asimismo dispone que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse dentro del quinto día de notificación bajo apercibimiento de procederse conforme al articulo 41 del D.S. 013-2008 , sin embargo de conformidad al articulo 41 y 47 de la norma antes citada debe cumplirse la sentencia tan solo a los procedimientos allí dispuestos, por lo que debe precisarse este extremo. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en la Resolución Nº 6, del 10 de abril de 2013 en el extremo que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Eusebio Olarte Villafuerte, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco representado por su director, con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 59 a 70 con lo demás que contiene. 1.19. CORRÍJASE el nombre del demandante, de Eusebio Oarte Villafuerte a EUSEBIO OLARTE VILLAFUERTE. 1.20. PRECISAR que la sentencia debe cumplirse conforma a los procedimientos dispuestos en los artículos 41 y 47 del D.S. 013-2008-JUS. 1.21. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venía aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. XIOMAR ALFARO HERRERA. Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral Corte Superior de Justicia de Cusco XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 05302-2012-0-1001-JR-LA-03. Demandante : Nely Milida Turpo Bustinza. Demandado : Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención. Materia : Pago de bonificación especial, adicional y diferencial –docente actividad–. Procede : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco. Juez Superior : Quispe Álvarez. Cusco, 3 de setiembre de 2013.XXI. ANTECEDENTES: Sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Nely Milida Turpo Bustinza, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa. XXII. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO: Sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 10 de mayo de 2013 (págs. 59-67), únicamente en el extremo que declara fundada en parte la demanda. XXIII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Mediante escrito presentado el 29 de mayo de 2013 (págs. 73-75), el representante de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención, dentro del plazo legal, apela la sentencia, pide sea revocada. XXIV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: Consideraciones previas. 176. Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2012 (págs. 19-27), la parte demandante pretende, entre otros, el pago de la bonificación especial por preparación de clases. 177. La Juez al emitir sentencia advierte que la parte demandante ya está percibiendo la bonificación pretendida en base a la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le pague la misma en base a la remuneración total. 178. Los argumentos relevantes que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) la sentencia ampara pretensiones que no se encuentran ajustadas a nuestras normas legales; ii) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el DS 051-91-PCM; y, iii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 presupuestarias del Estado. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 179. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 180. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 181. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 182. En principio el Colegiado considera pertinente determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la parte demandante ya viene percibiendo la bonificación cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 183. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 184. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.61 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido”  (el énfasis es agregado). 1.62 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que en aquel caso sólo se pretendía el recálculo de la bonificación, sin embargo, pese a ello el Tribunal Constitucional precisó que también debía determinarse el derecho antes de identificar el monto aplicable, lo cual implica revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.63 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.64 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.65 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, este colegiado no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos para otorgar una bonificación y en el otro no, pues asumir un razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.66 Bajo similar razonamiento en el caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación por preparación de clases –la misma bonificación que pretende la parte ahora demandante–, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA, bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la parte demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.67 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 185. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.41 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.42 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa administrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no sólo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.43 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales, de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es mi posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.44 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.45 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 186. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 187. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” .

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 188. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la parte demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 189. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular –respecto a la bonificación por preparación de clases–. 190. Lo anterior evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 del presente voto–. 191. Este análisis resulta exigible en el presente caso, dado que de los documentos que se adjuntan a la demanda que han sido admitidos como medios probatorios, se tiene que la parte demandante ha sido nombrada en el cargo de Directora del C.E.I Nº 685, Palma Real – Echarati (pág. 7-8), asimismo se ha desempeñado en dicho cargo antes de su nombramiento, tal como se advierte de las resoluciones administrativas que obran en el expediente en las páginas 13 a 15, en su virtud, es indispensable que el Juez antes de emitir pronunciamiento analice si la bonificación por preparación de clases que les corresponde a los docentes, también le es extensible a los directores y sub-directores, que en atención a su función perciben otras bonificaciones, y no realizan el supuesto de hecho que habilita el pago de la bonificación por preparación de clases. 192. A su vez, también debe analizar si estamos ante un caso en que el Centro Educativo donde laboró la parte demandante es unidocente, en cuyo caso, el supuesto de hecho que habilite el pago de la bonificación por preparación de clases podría configurarse, o en su defecto determinar si durante su labor como directora tuvo aula a cargo, lo cual puede dilucidarse con la actuación de una prueba de oficio. 193. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley, análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”, o, al menos exponga las razones por las cuales se aparta de los criterios jurisprudenciales desarrollados en el presente voto. XXV. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 6, de 10 de mayo de 2013 (págs. 59-67) que declara “FUNDADA en parte la demanda interpuesta por NELY MILIDA TURPO BUSTINZA contra la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE la CONVENCIÓN con citación del PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, sobre ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. s.s. VOTO EN DISCORDIA QUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA. -lvm-. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente N° 5302-2012-0-1001-JR-LA-03 VOTO EN DISCORDIA Cusco, 9 de setiembre del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez. I. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la Resolución Nº 6 del 10 de mayo de 2013 que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Nely Milida Turpo Bustinza, contra la Unidad de Gestión educativa Local de La Convención, la Dirección Regional de Educación de Cusco representado por su director, con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 59 a 67). II. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS: La Unidad de Gestión educativa Local de La Convención mediante escritos presentados el 29 mayo de 2013 (folio 73 a 75), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. III. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO 3.1. El artículo 48 de la Ley Nº 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 1.2. Con escrito presentado el 20 de diciembre de 2012 (folio 19 a 27) la demandante pretende: i) Cumplimiento del Art. 48 de la Ley 24029, modificado por la Ley Nº 25512, Art. 210 y 211 del Reglamento de la Ley del Profesorado aprobado por D.S. 19-90-ED., la misma que otorga la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación sobre la base del 30%, de su remuneración total. Cumplimiento de la Bonificación Adicional por el desempeño del cargo y por preparación de documentos equivalente al 5% de su remuneración total. Cumplimiento de la Bonificación Diferencial de su remuneración total, equivalente al 30%, de su remuneración total o integra. 1.3. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: ab) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, bonificación por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión y la bonificación diferencial, las mismas que se le vienen abonando. ac) La demandante sostiene que las bonificaciones materia de proceso antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 1.4. En ese orden de ideas analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el articulo 5 inciso 4 del TUO de la ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS. 1.5. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 1.6. La entidad demandada, en la contestación a la demanda, reconoce el derecho a la percepción de la bonificación diferencial, pero ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. 1.7. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir tales bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo, ello tomando en cuenta la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener la referida bonificación, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir esta bonificación conforme se aprecia de sus boletas de pago. 1.8. La remuneración, entendida como la contraprestación económica por el trabajo realizado por el empleado, está integrada, también, por conceptos que si bien no tienen una relación directa con la prestación del servicio en sí, también constituyen remuneración, como es el caso de las bonificaciones que reconocen aquellas condiciones especiales en las que el trabajo es realizado o en función del ejercicio de una determinada responsabilidad. Es el caso, por ejemplo, de la bonificación por tiempo de servicios al Estado, o la bonificación por prestar el servicio en un determinado lugar y condiciones como son, por ejemplo, zona de selva, zona rural, altura etc. Estas bonificaciones pueden darse de manera permanente, de manera temporal, sujetas a la condición de desarrollar el trabajo en unas determinadas condiciones y mientras éstas se den o, de manera periódica o al cumplirse determinadas condiciones. A diferencia de las bonificaciones, las asignaciones se otorgan al empleado no por razones vinculadas a su trabajo, sino por otras que sin estarlo se otorgan como una suerte de beneficios en el marco de la relación contractual de naturaleza laboral, es el caso por ejemplo de la Asignación Familiar, la Asignación por Luto, la Asignación por Sepelio; como se ve, en estos casos las razones por las que se otorgan no están vinculadas al trabajo realizado.

35 1.9. Nuestra legislación laboral, pública o privada  , no es muy uniforme cuando le otorga un nombre a un determinado derecho laboral, utilizando muchas veces de manera indistinta los conceptos indicados o nombrándolos de una manera determinada cuando no le corresponde el mismo, tal es el caso, por ejemplo, cuando el D.S. N° 005-90-PCM en el tercer párrafo de su artículo 43 llama a la Asignación Familiar, “bonificación”, cuando en realidad es una asignación. 1.10. En consecuencia, los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.11. Teniendo presente que estamos, en el presente caso, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.12. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”..” D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo. Ley N° 29944. 3.13. La Suscrita, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente . A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 3.14. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 3.15. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 3.16. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 3.17. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se debe aplicar lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 3.18. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 3.19.. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 3.20. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 de pagarse en función de la remuneración total del empleado según fuera el caso tomando en cuenta la norma vigente. B. RESPECTO DE LA BONIFICACION ADICIONAL 3.21. Esta bonificación tiene el mismo tratamiento legal que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, razón por la que remitiéndonos a la fundamentación respecto de ésta, la suscrita establezco que la determinación de su monto debe hacerse también en función de la remuneración total. C. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL, POR ZONA DIFERENCIADA DE TRABAJO. 3.22. En este escenario, se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 3.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 3.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 3.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 3.24.2. Como ya hemos expresado, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creemos que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 3.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 3.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar.


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3.24.5. De cara al derecho a la igualdad se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 3.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 3.24.7. De otro lado, no creemos que exista una justificación objetiva y razonable para determinar el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 3.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 3.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. D. DEL CASO CONCRETO: 3.26. Esta acreditado que la demandante (docente activa) mediante Resolución Directoral Nº 0089, del 11 de abril de 2001 fue nombrada en el cargo de Directora del C.E. Nº 685 de Palma Real – Echarati, actualmente Proferesora de la I.E.I. N°685 de Palma Real- Echarati- La Convención, y ha requerido a la administración demandada el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, por desempeño de cargo y el pago de la bonificación diferencial (a folios 3 a 6). 3.27. Ante el no cumplimiento espontáneo de la obligación requerida, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 19 a 27). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones materia de proceso se vienen haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión. 3.28. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, la bonificación por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión y bonificación diferencial conforme se aprecia de sus boletas de pago adjuntadas a la demanda (folio 16 a 17). • Respecto a la Ley de Reforma Magisterial. 1.29. Del contenido de la sentencia se aprecia que el Juez de la causa ha hecho mención a la Ley de Reforma Magisterial que deroga la Ley del Profesorado, su reglamento y la Ley 25212, al respecto este colegiado considera necesario precisar, que los efectos de la sentencia de primera instancia, así como de la presente resolución se dan en virtud de lo dispuesto en la Ley del Profesorado y su Reglamento, y en tanto los dispositivos que reconocen los derechos reclamados se mantengan vigentes, así como los conceptos remunerativos establecidos en los mismos. a) En relación a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación: La Ley de la Reforma Magisterial, implementa la Remuneración Íntegra Mensual -RIM-, que conforme establece el artículo 56 (…) comprende las horas de docencia en aula, preparación de clases y evaluación, actividades extracurriculares complementarias, trabajo con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la institución educativa (…) (el énfasis es agregado). Ello nos permite inferir que la bonificación establecida en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley del Profesorado ha quedado incorporada a la Remuneración Íntegra Mensual a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, por lo que se puede concluir que el primer párrafo del artículo 48 de la Ley del Profesorado estuvo vigente hasta el 26 de noviembre de 2012, fecha en que entró en vigencia la Ley de Reforma Magisterial. b) En relación a las Bonificaciones Adicional y Diferencial: Estas bonificaciones continúan vigentes, ello en mérito a lo previsto por el segundo párrafo de la Décimo Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final, que dispone: “Las asignaciones, bonificaciones y subsidios adicionales por cargo, tipo de institución educativa y ubicación, que vienen siendo percibidos por los profesores, continuarán siendo percibidos por los mismos montos y bajo las mismas condiciones en que fueron otorgados, hasta la implementación del segundo tramo previsto en la décima disposición transitoria y final de la presente Ley”. En ese entender la bonificación adicional y la bonificación diferencial continúa vigente hasta la implementación del segundo tramo, que conforme a lo dispuesto en el literal b) de la décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final se dará a partir del 1 de enero del 2014; por lo que esta bonificación debe ser reconocidas hasta el 31 de diciembre del 2013. 1.30. Todo lo mencionado, teniendo en cuenta que la demandante tiene la condición de docente en actividad, esto es que su relación laboral así como los beneficios que percibe como parte de su remuneración –derecho que se genera mes a mes– se rigen por los dispositivos vigentes. 1.31. En tal virtud, los fundamentos expuestos precedentemente deben ser tomados en cuenta al momento de ejecutar la sentencia. IV. DECISIÓN: Por estos fundamentos, esta Sala Laboral, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve: CONFIRMAR sentencia contenida en la Resolución Nº 6 del 10 de mayo de 2013 que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Nely Milida Turpo Bustinza, contra la Unidad de Gestión educativa Local de La Convención, la Dirección Regional de Educación de Cusco representado por su director, con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 59 a 67). Y lo devolvieron. . T.R. y H.S. S.S. XIOMAR ALFARO HERRERA. Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral Corte Superior de Justicia de Cusco XAH/arcr. 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 00908-2012-0-1001-JR-LA-02 Demandante : Zoila Jara Valenzuela. Demandado : Dirección Regional de Educación y otro. Materia : Contencioso Administrativo. Proviene : Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Cusco. Ponencia : Pereira Alagón. Cusco, 14 de agosto de 2013. I. AUTOS Y VISTO: El presente proceso contencioso administrativo, elevado en grado de apelación. MATERIA DE APELACIÓN: Es la sentencia contenida en la resolución número 8, del 15 de octubre de 2012 (folio 106) en el extremo que declara “FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Zoila Jara Valenzuela, contra la Dirección Regional de Educación Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, ambos representados por su Director con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 1. Hernerd Straus Rhoddo Rios, Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito de

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 fecha 25 de octubre de 2012 (folio 120), impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revocatoria en todos sus extremos. 2. Dalmecio Abraham Balladares Aparicio, por la Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito presentado el 25 de octubre de 2012 (folio 129), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria. Con el Dictamen Fiscal Superior Nº 736-2013 (folio 138), sin informe oral de los abogados de las partes, y, en atención a los siguientes, II. FUNDAMENTOS: Antecedentes 1. Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2012 (folio 18), la demandante pretende: i) Nulidad total de la Resolución Directoral N° 2461-2010 del 27 de octubre del 201, expedida por la Dirección Regional de Educación del Cusco que declara improcedente el pago de la bonificación especial y diferencial. ii) Nulidad total de la Resolución Ejecutiva Regional N° 2920-2010-GR CUSCO/PR del 30 de diciembre del 2010, que declara infundado el recurso administrativo de apelación. iii) PAGO de la bonificación especial y bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra (a partir del 21 de mayo de 1990). iv) PAGO de los incrementos dispuestos por los Decretos de Urgencia 080-94; 90-96, 073-97 y 011-99 en un 16%, más los intereses legales. v) PAGO de la bonificación personal en el 2% de la remuneración total por cada año de servicios, correspondiente al 60% del básico equivalente a S/ 50.00, que debe ser efectuado desde el mes de enero del 2001; en aplicación del artículo 52, párrafo tercero de la Ley del Profesorado 24029 modificado por Ley 25212 y concordante con el artículo 208 inciso a) del Reglamento Decreto Supremo 019-90-ED, considerando la nueva remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia 105-2001, reglamentado por el decreto Supremo 196-2001. vi) Pago adicional de vacaciones dispuesto por el artículo 218 del Reglamento de la Ley del Profesorado Decreto Supremo 019-90-Ed, que debe efectuarse a partir del año 2001; y vii) Pago de beneficios sociales e intereses legales sobre los montos no percibidos. 2. El Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo ambas bonificaciones en base la remuneración total, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen las mismas en base a la remuneración total. 194. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–, ii) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones. 195. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 196. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 197. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 198. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 199. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 200. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.68 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido”  (el énfasis es agregado). 1.69 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.70 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.71 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.72 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.73 Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto. 1.74 Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.75 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 201. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.46 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.47 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–.

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1.48 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso conse aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, tencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los al personal de la administración pública , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos 1.49 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de lecomún de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). galidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos 1.50 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento docen la formalidad que la Constitución indica. trinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las intituciones de nulidad y revocación del o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero acto administrativo. del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que 202. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría aleademás se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control garse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. de los administrados 203. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación recla3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución mensión, es un imperativo para la judicatura más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretenampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la siones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la pretendidas por el demandante. subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello emerger para contrastar la validez de dicho título” . no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso admi204. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una nistrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal IV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Respecto al análisis efectuado en el presente caso. Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el 205. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugantes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha natoria que haya expuesto el recurrente. realizado ningún análisis sobre el particular. ANÁLISIS. 206. Es esta la razón por la que el apelante ha observado que el Juez no ha analizado la incidencia de la Reso4.2. La demandante pretende (folio 18) lo siguiente: i) nulidad total de la Resolución Directoral N° 2461-2010 del 27 de lución Ministerial Nº 761-91-ED; lo cual evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, octubre del 201, expedida por la Dirección Regional de Educación del Cusco que declara improcedente el pago de la que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la bonificación especial y diferencial; ii) nulidad total de la Resolución Ejecutiva Regional N° 2920-2010-GR CUSCO/PR resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre del 30 de diciembre del 2010, que declara infundado el recurso administrativo de apelación; iii) pago de la bonificación el tema de análisis –véase fundamento 10.4 de la presente sentencia de vista–. especial y bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra (a partir del 21 de mayo de 1990); 207. Bajo similar razonamiento el Representante del Ministerio Público también ha solicitado la nulidad de la iv) pago de los incrementos dispuestos por los Decretos de Urgencia 080-94; 90-96, 073-97 y 011-99 en un 16%, más sentencia apelada, al advertir que no se ha motivado de forma suficiente todos los aspectos indeispensables para los intereses legales; v) pago de la bonificación personal en el 2% de la remuneración total por cada año de servicios, poder estimar la pretensión, específicamente, aquel vinculado a si el demandante cumple los requisitos legales para correspondiente al 60% del básico equivalente a S/ 50.00, que debe ser efectuado desde el mes de enero del 2001; percibir la bonificación cuyo recálculo en cumplimiento de la Ley se ordena, o en todo caso sólo se trata de un derecho en aplicación del artículo 52, párrafo tercero de la Ley del Profesorado 24029 modificado por Ley 25212 y concordante emanado de acto administrativo –acto administrativo como título–, que no tendría mayor protección legal. con el artículo 208 inciso a) del Reglamento Decreto Supremo 019-90-ED, considerando la nueva remuneración 208. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar básica establecida por el Decreto de Urgencia 105-2001, reglamentado por el decreto Supremo 196-2001; vi) pago que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá adicional de vacaciones dispuesto por el artículo 218 del Reglamento de la Ley del Profesorado Decreto Supremo estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al 019-90-ED, que debe efectuarse a partir del año 2001; vii) pago de beneficios sociales e intereses legales sobre los renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal montos no percibidos. Aclarando que la apelación versa tan solo respecto de la bonificación especial y diferencial. Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 4.3 Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones ad) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonifidictadas por el Tribunal Constitucional”. cación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, las mismas que se le vienen abonando. 209. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados ae) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percien la presente resolución–: i) si la demandante cumple los requisitos para percibir la bonificación en atención a las biendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, ii) al analizar el pago de los devengados debe cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, la demandante efectivamente cumplió los mencionados requisitotal. tos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar– y, iii) tener 4.4. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación presente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 1996, debe de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajadora y luego como cesante. D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración III. DECISIÓN: pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma. Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política 4.5. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por del Estado, se resuelve, preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número 8, del 15 de octubre de 2012 (folio documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 106) que declara “FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Zoila Jara Valenzuela, 4.6. La entidad demandada, en la contestación a la demanda, reconoce el derecho a la percepción de tales bonificacontra la Dirección Regional de Educación de Cusco y el Gobierno Regional de Cusco, ambois representados por ciones, pero ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. su Director, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco…” con lo demás que contiene, en su 1.13. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos virtud, DISPUSIERON que el Juez antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferenanotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R.H.S. cial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones s.s. materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la re(Voto en discordia) muneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas QUISPE ÁLVAREZ PEREIRA ALAGÓN ALFARO HERRERA y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si el demanmkcp dante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada 01VZ.04.X.13. reconoció el derecho de el demandante a percibir estas bonificaciones conforme se aprecia de sus boletas de pago. CPJ. 1.14. Los derechos laborales de contenido económico objeto de las pretensiones son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo Expediente N° 00908-2012-1001-JR-LA-02. y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o VOTO EN DISCORDIA responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues Cusco, 20 de agosto del 2013. están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 1.15. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparaXiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente ción de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar emitido por el Juez Superior Titular Yuri Pereira Alagón. concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro I. MATERIA DE APELACIÓN: de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” La sentencia contenida en la Resolución Nº 08, del 15 de octubre de 2012 (folio 106), en el extremo que declara (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Zoila Jara Valenzuela, contra la Dirección Regional 1.24. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco. Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 2.1 Mediante escrito presentado el 25 de octubre del 2012, el Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, (…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, respecto a las pretensiones de bonificación especial y desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remudiferencial (folio 120). neración permanente por cada uno de los conceptos señalados 2.2 Mediante escrito presentado el 25 de octubre del 2012, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 sentencia con la pretensión de que sea revocada, respecto a las pretensiones de bonificación especial y diferencial modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto (folio 129). Suprem Con lo opinado por el Fiscal Superior a (folio 138). 4.11. Este Tribunal, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza III. ANTECEDENTES: lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad infra legal, con la remuneración permanente. y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en 4.12. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos párrafo: son titulares. “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equiva3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad lente al 30% de su remuneración total.(…).” que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total la mencionada bonificación.


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El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.13. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.14. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.15. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.16. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 de pagarse en función de la remuneración total del empleado. 4.17. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.18. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA 4.19. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”. 4.20. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente. 4.21. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser superada con la labor de su interpretación. En tal sentido: 4.21.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada. 4.21.2. Como ya hemos expresado, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creemos que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente? 4.21.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal. 4.21.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar. 4.21.5. De cara al derecho a la igualdad se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud , de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad . 4.21.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su determinación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado. 4.21.7. De otro lado, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para determinar el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales. 4.21.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y zona de emergencia. 1.24. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. CIII. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES. 4.23. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada.

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 D. DEL CASO CONCRETO: 4.24. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 0637, del 08 de mayo de 1996 (folio 3), cesó como Profesora de Aula, y ha requerido a la administración demandada el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación y el pago de la bonificación diferencial, petición que fue desestimada en sede administrativa. 4.25. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 18). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión. 4.26. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial conforme se aprecia de sus boletas de pago adjuntadas a la demanda (folios 11 a 16). 4.27. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contiene, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.28. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) Excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.29. Ahora bien, no se debe analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgo la bonificación diferencial se estaría cuestionando el procedimiento administrativo por el cual se le reconoce la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho a criterio de la suscrita se debería dilucidar en otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los beneficiarios. 4.30. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 4.31. No es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir total bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.32. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la remuneración total permanente o la remuneración total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral, reconocido por la Administración Pública empleadora, a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o, de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo, en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. V. DECISIÓN: por tales fundamentos, mi VOTO EN DISCORDIA es por: 1.4. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 08, del 15 de octubre de 2012 (folio 106), en el extremo que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Zoila Jara Valenzuela, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco…”, con lo demás que contiene. 1.22. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.23. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. ALFARO HERRERA Juez Superior. Segunda Sala Laboral. Corte Superior de Justicia de Cusco. XAH/bml 01VZ.04.X.13. CPJ.

Expediente : 01290-2012-0-1001-JR-LA-03. Demandante : Rosa Emperatriz Roma Voteri Velazco de Covarrubias. Demandado : Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba. Materia : Pago de bonificación especial–docente cesante–. Procede : Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Cusco. Juez Superior : Quispe Álvarez. Cusco, 2 de setiembre de 2013.XXVI. ANTECEDENTES: Sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Rosa Emperatriz roma Voteri Velazco de Covarrubias, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa. XXVII. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO: Sentencia contenida en la resolución Nº 8, de 15 de enero de 2013 (págs. 72-81), en el extremo que declara fundada en parte la demanda y en el extremo que declara improcedente e infundada la misma. XXVIII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: Mediante escritos presentado el 28 de enero de 2013 (págs. 88-90 y 95-97), el Procurador Público Regional y el representante de la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, respectivamente, dentro del plazo legal, apelan la sentencia, piden sea revocada. Por escrito presentado el 29 de enero de 2013 (pág. 100-102), la parte demandante apela la sentencia en el extremo que declara improcedente e infundada en parte su demanda, solicitando sea revocada. XXIX. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: Consideraciones previas. 210. Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2012 (págs. 18-22), la parte demandante pretende, entre otros, el pago de la bonificación especial por preparación de clases. 211. El Juez al emitir sentencia advierte que la parte demandante ya está percibiendo la bonificación pretendida en base a la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le pague la misma en base a la remuneración total. 212. Los argumentos relevantes que sustentan la impugnación de sentencia, son: 212.1. De la parte demandada: i) la resolución apelada carece de razonamiento lógico; ii) posterior a la Ley del Profesorado se dan disposiciones legales que regulan en forma expresa la forma de cálculo de las bonificaciones pretendidas; iii) se ha dado cumplimiento al DS 051-91-PCM; iv) el monto de las bonificaciones se ha pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado; y, v) no se ha incurrido en mora por lo que no corresponde el pago de intereses legales. 212.2. De la parte demandante: i) el pago de las bonificaciones reclamadas deben ser en forma continua y no sólo hasta la implementación de la Ley de Reforma Magisterial; ii) La Ley de Reforma Magisterial es de aplicación para docentes activos; y, iii) la demandante tiene la calidad de docente cesante del régimen pensionario 20530. Análisis. Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones.

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 213. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…) . 214. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado. 215. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes– Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración. 216. En principio el Colegiado considera pertinente determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la parte demandante ya viene percibiendo la bonificación cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones. 217. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifiestamente en sentido contrario. 218. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que: 1.76 El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido”  (el énfasis es agregado). 1.77 Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que en aquel caso sólo se pretendía el recálculo de la bonificación, sin embargo, pese a ello el Tribunal Constitucional precisó que también debía determinarse el derecho antes de identificar el monto aplicable, lo cual implica revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación. 1.78 Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración. 1.79 Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–. 1.80 Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal administrativo y no a profesores, este colegiado no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos para otorgar una bonificación y en el otro no, pues asumir un razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. 1.81 Bajo similar razonamiento en el caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación por preparación de clases –la misma bonificación que pretende la parte ahora demandante–, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA, bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la parte demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo. 1.82 Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás. 219. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que: 1.51 Mientras en los albores de la justicia contenciosa adminitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA . 1.52 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa administrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión” , razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no sólo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–. 1.53 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales, de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es mi posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama. 1.54 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congruencia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado). 1.55 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo. 220. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición. 221. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención, En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual solo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título” . 222. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discrecionalmente haya decidido darle una bonificación a la parte demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que

39 no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento. Respecto al análisis efectuado en el presente caso. 223. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir una bonificación antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular –respecto a la bonificación por preparación de clases–. 224. Lo anterior evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 del presente voto–. 225. Este análisis resulta exigible en el presente caso, dado que de los documentos que forman parte del proceso y admitidos como medios probatorios, se tiene que la parte demandante ha cesado en el cargo de Directora (pág. 3) con V nivel magisterial y una jornada laboral de 40 horas, cargo y nivel con el que viene percibiendo sus remuneraciones conforme se advierte de la copia de sus boletas de pago (pág. 4-10), en su virtud, es indispensable que el Juez antes de emitir pronunciamiento analice si la bonificación por preparación de clases que les corresponde a los docentes, también le es extensible a los directores, que en atención a su función perciben otras bonificaciones, y no realizan el supuesto de hecho que habilita el pago de la bonificación por preparación de clases. 226. A su vez, también debe analizar si estamos ante un caso en que el Centro Educativo donde laboró la parte demandante como Directora es unidocente, en cuyo caso, el supuesto de hecho que habilite el pago de la bonificación por preparación de clases podría configurarse, o en su defecto determinar si durante su labor como directora tuvo aula cargo, lo cual puede dilucidarse con la actuación de una prueba de oficio. 227. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley, análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”, o, al menos exponga las razones por las cuales se aparta de los criterios jurisprudenciales desarrollados en el presente voto. XXX. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve, DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 8, de 15 de enero de 2013 (págs. 72-81) que declara “FUNDADA EN PARTE la demanda contenciosa administrativa interpuesta por ROSA EMPERATRIZ ROMA VOTER VELAZCO DE COVARRUBIAS, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba representada por su Director, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional Cusco (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S. s.s. VOTO EN DISCORDIA QUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA. Expediente N° 01290-2012-1001-JR-LA-03. 01VZ.04.X.13. CPJ.

VOTO EN DISCORDIA Cusco, 9 de setiembre del 2013. En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez. I. MATERIA DE APELACIÓN: La sentencia contenida en la Resolución Nº 08, del 15 de enero de 2013 (folio 72), en el extremo que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por Rosa Emperatriz Roma Voter Velazco de Covarrubias, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y Gobierno Regional del Cusco sobre acción contenciosa administrativa; e IMPROCEDENTE la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento en su pensión de cesantía el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% en función a la remuneración total íntegra dispuesta por el Art. 48° de la Ley 24029 concordante con el Art. 210° del D.S. N° 019-90-ED. II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 2.1. Mediante escrito presentado el 28 de enero del 2013, el Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, en el extremo que se declara fundada en parte la bonificación especial y adicional (folio 88). 2.2. Mediante escrito presentado el 28 de enero del 2013, la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba, en el extremo que se declara fundada en parte la bonificación especial y adicional (folio 95). 2.3. Mediante escrito presentado el 29 de enero del 2013, el abogado de la demandante, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada, en el extremo que se declara improcedente la bonificación especial en la pensión de cesantía (folio 100). III. ANTECEDENTES: 3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más consolidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares. 3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones administrativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública , en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales” Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitución implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos contenidos en la formalidad que la Constitución indica. Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso administrativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo primero del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados 3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante. Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano jurisdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en


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abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido. IV. FUNDAMENTOS: 4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruencia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado: Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. 4.2. Ante la demanda presentada el 20 de abril del 2012 (folio 18), le fueron admitidas como pretensiones las siguientes: i) Reconocimiento en su pensión de cesantía el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% en función a la remuneración total íntegra dispuesta por el Art. 48° de la Ley 24029 concordante con el Art. 210° del D.S. N° 019-90-ED, mas una bonificación adicional del 5% por el desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión; ii) Pago de los devengados correspondiente al periodo de julio de 1990 ala fecha e intereses legales. 4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escenario: af) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación adicional. ag) Que la administración publica viene abonando a la demandante la bonificación antes mencionada. ah) La demandante sostiene que la bonificación antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total. 4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir tal bonificación. 4.7. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la administración pública previsto en el articulo 5 inciso 4 del TUO de la ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS. 4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo. 1.25. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante. 1.26. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso judicial, es determinar respecto a que si la bonificaciones materia de pretensión debe determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir tal bonificación están totalmente reconocida y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener la referida bonificación, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir esta bonificación como se observa de sus boletas de pago. 1.27. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión es, sin duda, una bonificación. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o responsabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado. 1.28. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8). 1.29. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes: Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem 4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente. A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN. 4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación. El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece: “Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demandados apelantes – en su artículo 10 establece: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modificado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”. 4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al establecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el art��culo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”. Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” 4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo establecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10. 4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente : “14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro). 4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judiciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte resolutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)” 4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado. B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ADICIONAL POR EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y POR LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN. 4.22. Esta bonificación tiene el mismo tratamiento legal que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, razón por la que remitiéndonos a la fundamentación respecto de ésta, en los fundamentos 4.15 al 4.21, este Tribunal determina que la determinación de su monto debe hacerse también en función de la remuneración total. E. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES.

Cusco, viernes 4 de octubre de 2013 4.23. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegramente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada. C. DEL CASO CONCRETO: 4.24. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 0113, del 18 de abril de 1991 (folio 3), cesó como Directora, la misma que ha requerido a la demanda se le pague la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación, así como la bonificación adicional (16). 4.25. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 18). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que el demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada. 4.26. También se encuentra acreditado que el demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, así como la bonificación adicional, tal como se aprecia de sus boletas de pago (folio 4 a 15). Por todo lo antes expuesto las Resoluciones que denegaron la petición del demandante en sede administrativa devienen en nulas por lo que la suscrita comparte la posición del Órgano Jurisdiccional de primera instancia. 4.27. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de congruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada. 4.28. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronunciamiento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada. 4.29. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal cuestionamiento debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados. 1.30. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación - está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación especial por preparacion de clases y evaluación en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda. 1.31. En ese entender, no es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante a percibir tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito. 4.32. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra. Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del empleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del demandante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado. 1.32. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, sin embargo el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley deben hacerse tan solo en función a los procedimientos dispuestos en los artículos 41 y 47 de la norma antes citada, por lo que debe ser aclarado este punto. 1.33. Finalmente, el abogado de la parte demandante en su escrito de apelación señala que no se ha cumplido con aplicar adecuadamente la normativa vigente, ello atendiendo al hecho de que a partir del 26 de noviembre de 2012, se encuentra en vigencia la Ley de Reforma Magisterial y que esta es solo aplicable a los profesores activos. 1.34. En dicho, contexto cabe señalar que en el presente caso la parte demandante es docente cesante del sector educación –como se tiene expuesto– (folio 3), en tal contexto debemos señalar: 1.34.1. El artículo 1 de la Ley de Reforma Magisterial –Ley Nº 29944–, establece: “La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos.” Similar disposición se regula en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2012-ED –Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial–, lo cual nos permite inferir que los dispositivos legales citados no son de aplicación para los docentes cesantes del sector educación. 1.34.2. Por su parte la Ley del Profesorado en forma expresa regula la inclusión en su régimen a los profesores cesantes –ver artículo 2 de la Ley del Profesorado-, lo que no ocurre con la Ley de Reforma Magisterial, así a juicio de este Colegiado el cambio de régimen de los docente cesantes –esto es de la Ley del Profesorado a la Ley de Reforma–, debe estar expresamente dispuesta en la Ley; en tal virtud el argumento esbozado por el abogado de la parte demandante debe ser estimado. Es así que se deberá revocar la sentencia en el extremo que declara improcedente la bonificación por preparación de clases en la pensión de cesantía de la demandante. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es: 1.2. CONFIRMAR sentencia contenida en la contenida en la Resolución Nº 08, del 15 de enero de 2013 (folio 72), en el extremo que declara: “FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por Rosa Emperatriz Roma Voter Velazco de Covarrubias, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco y Gobierno Regional del Cusco sobre acción contenciosa administrativa…, con lo demás que contiene. 1.3. REVOCAR la sentencia contenida en la contenida en la Resolución Nº 08, del 15 de enero de 2013 (folio 72), en el extremo que declara IMPROCEDENTE la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento en su pensión de cesantía el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% en función a la remuneración total íntegra dispuesta por el Art. 48° de la Ley 24029 concordante con el Art. 210° del D.S. N° 019-90-ED y, REFORMÁNDOLA en este extremo se declara FUNDADA la demanda interpuesta respecto de la pretensión de reconocimiento en su pensión de cesantía el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% en función a la remuneración total íntegra. 1.24. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS. 1.25. RECOMIÉNDESE a la Unidad de Gestión Educativa Local de Anta, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S. S.S. ALFARO HERRERA Juez Superior. Segunda Sala Laboral. Corte Superior de Justicia de Cusco. XAH/bml 01VZ.04.X.13. CPJ.

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