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VIERNES 8 DE MAYO DE 2020
SUNCHALES
Solicitan difundir medidas nacionales sobre contratos de alquiler La iniciativa de Andrea Ochat, busca fomentar acciones en relación al decreto 320/2020 de Nación que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres: "Resulta importante que la información sea clara, concreta y oficial para el beneficio de todas las partes", fundamentó la concejal. SUNCHALES. El Concejo Municipal de Sunchales aprobó este jueves por unanimidad una iniciativa de Andrea Ochat que propone acciones concretas a llevar a cabo por el Ejecutivo municipal en relación al conocimiento de la normativa del Gobierno Nacional. Dicha disposición establece hasta el 30 de septiembre la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas. En este sentido, el proyecto de la edil del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) insta al Departamento Ejecutivo Municipal a informar y recomendar a todas las inmobiliarias de la ciudad para que actúen conforme lo establece el decreto nacional Nº 320/2020 en lo relativo a los contratos de locación. Además, que se co-
munique "mediante campaña masiva y sostenida a vecinos, ya sea que se encuentren en rol de locador particular así como aquellos que sean inquilinos, los alcances del mencionado decreto, e informar sobre sus derechos, obligaciones y posibilidades de acción en virtud del mismo". Por último, que el municipio informe sobre la existencia y modalidad de funcionamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos de los inquilinos. "Mediante la presente minuta", resaltó Ochat, "se busca mantener informada a la población sobre derechos, obligaciones y acciones posibles en virtud del decreto 320/2020 y brindar el acompañamiento y las herramientas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda en el contexto de la emergencia". La edil agregó: "a partir
de las nuevas medidas anunciadas, las inmobiliarias pueden volver a trabajar por lo que resulta importante que la información sea clara, concreta y oficial para el beneficio de todas las partes". Por último, en el documento se solicita a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe que "intervenga frente a la Cámara de Inmobiliarias de la Provincia de Santa Fe instando a las empresas inmobiliarias a actuar acorde al decreto mencionado a fin de garantizar su efectivo cumplimiento".
El decreto 320/2020 En el marco de la emergencia pública establecida por la Ley Nacional 27.541, el pasado 29 de marzo se ha publicado el Decreto 320/20 que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre. El mismo especifica que
"se suspende en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales por falta de pago (6 meses); los plazos de prescripción de estos procesos". Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Además, establece que la vigencia de los de locación de los inmuebles, cuyo vencimiento opere desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre, se prorrogan hasta esta última fecha. Si el locatario opta por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o por prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado, deberá notificarse en forma fehaciente a la parte locadora con antelación por lo menos 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento pactada. Con respecto al congelamiento de los precios de
los alquileres, se dispone que se realice también hasta el 30 de septiembre. Durante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo del corriente año. La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria cuando las partes hayan acordado un precio total del contrato. La diferencia entre el monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar por el congelamiento del precio, deberá ser abonada de 3 a 6 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas. La primera cuota se pagará conjuntamente con el canon locativo correspondiente al mes de octubre. No podrán aplicarse intereses ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta su total cancelación. Otro punto que establece el decreto presidencial tiene que ver con las deudas que se generen desde la fecha de entrada en vigencia del decreto (29 de marzo) y hasta el 30 de septiembre. Si son originadas por la falta de pago, por pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o por pagos parciales, deberá ser abonada en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, al menos en tres cuotas, y como máximo seis cuotas. La parte locadora, dentro de los 20 días, deberá comu-
nicar a la parte locataria, los datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar los pagos por transferencias bancarias o depósitos por cajero automático. Los beneficios del Decreto son aplicables a los siguientes contratos de locación de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; o inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; destinados a actividades culturales o comunitarias; rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPy MES) destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.; alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Por último, el decreto establece que quedan excluidos del congelamiento del precio del alquiler los contratos de locación, cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente.