Esp. Industria y Comercio

JUEVES 22.10.2015 @larepublica_co www.facebook.com/larepublica.co

EMPRESAS UNAS 150 INTEGRACIONES SE TRAMITAN AL Aﾃ前 P3

SIC

A UN PASO DE CUMPLIR CON LA

OCDE P6-7

LA COMPETENCIA PROTEGE AL CONSUMIDOR P10

COMERCIO BUSCAN ENDURECER LAS SANCIONES P9

123RF

2 ESPECIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015

La libre competencia económica. ¿Por qué?, ¿Para qué? y ¿Para quién?

La libre competencia económica es uno de esos derechos colectivos o garantía constitucional que pocas personas saben que constituye elemento fundamental de nuestro modelo económico, junto con otros como la propiedad privada, la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, la libertad de escoger profesión u oficio, entre otros.

Para entender el grado de importancia que tiene, resulta útil tomar en cuenta que en ausencia de la libre competencia como garantía, el ejercicio o goce de esas otras prerrogativas constitucionales podría resultar frustrado. En efecto, no basta tener amparada la posibilidad de concurrir a un mercado a fin de ofrecer bienes y servicios (libre iniciativa privada), disponiendo libremente sobre la forma como se organizan los medios de producción (libertad de empresa), a través de bienes cuya propiedad el Estado me garantiza (derecho a la propiedad privada) y en ejercicio de la profesión u oficio de preferencia (libertad de profesión u oficio), si no puedo exigir nada frente a la conducta de quien abusa de su posición de dominio o se carteliza, con el propósito de excluirme.

Desde otra perspectiva, en ausencia del derecho colectivo a la libre competencia, nada po-

PABLO FELIPE ROBLEDO SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

123RF

dría exigir el individuo obligado a pagar un precio por los bienes y servicios, resultado de la manipulación de uno o varios agentes económicos que deciden sustraerlo de las reglas de la oferta y la demanda o que limitan las cantidades disponibles del mismo o estandarizan por lo bajo su calidad para ahorrar costos. En estas condiciones, el abastecimiento de bienes para el consumo o para su transformación irradiaría todo tipo de ineficiencias a la economía que además afectan la competitividad de las empresas.

El constituyente de 1991 entendió que algo hacía falta en el modelo económico para evitar que este tipo cosas ocurrieran y, si en todo ocurrían, planteó como responsabilidad del Estado corregir las distorsiones atribuibles a este tipo de prácticas.

Si bien el régimen de libre competencia económica ya había tenido en la Ley 155 de 1959 las primeras disposiciones de rango legal que lo regularon, es lo cierto que la libre competencia como derecho colectivo y la redundancia en el sentido de que se trata de un “derecho de todos”, solo tuvo lugar por cuenta de los artículo 88 y 333 del texto constitucional.

Y es que cuando la Constitución Política enfatiza en el sentido de que se trata de un derecho de todos, son todos, no solo los competidores participantes de un mercado ni los consumidores, sino todo individuo por

humilde que su rol sea en la economía en cualquier eslabón que se encuentre de una determinada cadena de valor. Se puede leer en un informe de ponencia sobre el régimen económico durante el trámite de la Constitución Política de 1991 la siguiente reflexión, que da buena cuenta del sentido dado a la norma: “(…) cuando la competencia económica no es libre o es desleal o injusta se produce un daño que afecta no sólo a determinados productores de bienes y servicios o a los consumidores respectivos, sino también al conjunto de la colectividad.”

Con todo, ocurre con la libre competencia económica que el entendimiento sobre su alcance es complejo y muchas veces contraintuitivo, por las tensiones que genera con otros valores constitucionales como la solidaridad y como el derecho a la libre asociación, con los cuales convive en el mundo jurídico. En la experiencia de las autoridades responsables de exigir la observancia del derecho a la libre competencia, no son pocas las veces que se encuentran grupos de personas que creen estar en ejercicio de su derecho a la libre asociación o actividad gremial, cuando en realidad están incurriendo en conductas ilegales como la cartelización para la fijación de precios, la obstrucción de los canales de comercialización o asignación de cuotas de producción o suministro, con la errada convicción de estar actuando en solidaridad con los más pequeños integrantes de su sector o protegiendo legítimamente los intereses de la industria.

Quizá ello sea así porque a diferencia de lo que ocurre con

otros derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política, no cualquier ciudadano puede entender de entrada para qué le sirve ser titular del derecho colectivo a la libre competencia económica y mucho menos qué responsabilidades le impone en su comportamiento en el mercado. Por ejemplo, mientras que un individuo puede intuir las ventajas que implica ser titular del derecho colectivo al medio ambiente y sin mayores elucubraciones exigir tener acceso a un aire puro y agua limpia, al tiempo que entiende que no puede contaminarlos, cuando se trata del derecho colectivo a la libre competencia económica lo cierto es que esa misma persona no puede saber a primera vista qué expectativas hacerse y qué cargas le implica.

NO BASTA TENER AMPARADA LA POSIBILIDAD DE CONCURRIR A UN MERCADO A FIN DE OFRECER BIENES Y SERVICIOS (LIBRE INICIATIVA PRIVADA).

Por todo lo dicho, es que resulta trascendental la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio tanto para exigir la observancia del régimen de libre competencia económica como para difundir el conocimiento sobre el mismo, no solo entre empresarios, sino en forma masiva entre toda la comunidad con el fin de que se apropie de las ventajas que representa en el patrimonio jurídico y económico de las personas, así como para que se sensibilice sobre las responsabilidades que impone en el comportamiento en un mercado.

COORDINACIÓN EDITORIAL: ALEJANDRA SOLANO PERIODISTAS: XIMENA GONZÁLEZ, TERESITA CELIS, MAYERLYN K. BAUTISTA, LINA OROZCO MONTESINO, JULIÁN VILLANUEVA, JOHN GUZMÁN PINILLA DISEÑO E INFOGRAFÍA: EQUIPO DE DISEÑO DIARIO LA REPÚBLICA FOTOS: CORTESÍA, LR, 123RF. LR: Conmutador (1) 4227600. Calle 25 D Bis No. 102 A 63. Bogotá D.C. Colombia Oficina Centro 3344768 2814481. Barranquilla (5) 3582562- Cali (2) 6616657- Cartagena (5) 6642680 - Manizales (6) 8720900 - Medellín (4) 3359495 - Pereira (6) 3245128 - Bucaramanga (7) 6322032. Año LVII - Editorial El Globo S.A. / Afiliado a Andiarios / SIP / Colprensa

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INDUSTRIA Y COMERCIO ESPECIAL 3

REPÚBLICA

COMERCIO. LA EVALUACIÓN BUSCA EVITAR RESTRICCIONES A LA LIBRE COMPETENCIA

Al año se tramitan 150 solicitudes de integraciones empresariales PEREIRA_El

pulso de un mercado o actividad del aparato productivo puede medirse por los procesos de integración empresarial que se solicitan por año y que estudia, investiga, aprueba u objeta la autoridad competente, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Los intereses de compra entre compañías y tomas de controles son jugadas recurrentes en mercados vivos y dinámicos como el colombiano, en el cual el empresariado ha tomado fuerza y busca crecer en mercados.

Por año, en la SIC se presentan unas 150 solicitudes de integraciones empresariales, de las cuales alrededor de 100 son notificaciones y las 50 restantes pre-evaluaciones.

Esto significa, explica la coordinadora del Grupo de Integraciones Empresariales de la entidad, Liliana Cruz Pinzón, que las primeras, es decir las 100, son autorizadas automáticamente, lo que significa que no hay que someterlas a una revisión y estudio profundo.

De este tipo, por mes en promedio, se aprueban unas nueve integraciones. “Son transacciones que se realizan entre agentes que tienen menos de 20% del mercado. Si son competidores la suma de todos en participación debe ser inferior a ese porcentaje en cada uno de los mercados involucrados para que

la integración se dé por notificación. Obviamente eso se debe acreditar, mostrar las pruebas; la SIC revisa que los documentos sean ciertos y en menos de 10 días hábiles se da vía libre”, sostiene. Las otras 50, que van por preevaluación, sí entran a estudio y a evaluaciones porque ahí ya se supera el umbral establecido del 20%.

Lo que busca, dice Cruz Pinzón, es evitar concentraciones de poder económico en el mercado que resultan peligrosas para el consumidor porque desequilibran la competencia y dan paso a las distorsiones, entre ellas, una posible posición dominante o un riesgo de coordinación entre las empresas resultantes tras la transacción.

En este grupo se puede dar una aprobación condicionada, que está sujeta al cumplimiento de obligaciones por parte de las compañías involucradas para mitigar los riesgos de restricción a la libre

competencia u otro tipo de distorsión del mercado. “Las empresas se comprometan a cumplir ciertas obligaciones que deben identificar para aplicar remedios que lleven a eliminar el potencial efecto anticompetitivo de la integración”, agregó. En la decisión de condicionamiento, la SIC establece el esquema de seguimiento a esos compromisos. Si se comprueba incumplimiento se aplican sanciones económicas que son las mismas por violaciones al régimen de competencia.

Entre las principales integraciones empresariales aprobadas con condiciones en 2014 y lo que va de 2015, aparecen Isagén-Argos y Éxito-Super Inter. Sin condicionamientos la Superintendencia le dio vía libre a Postobón-CCU en el sector cervecero y negó la solicitada por Terpel y Aviacom, que se encuentra en etapa de recurso de reposición.

“Al año menos de 1% se aprueban con condiciona-

LILIANA CRUZ PINZÓN GRUPO INTEG. EMPRESARIALES SIC

“SE ANALIZA QUE LAS POSIBLES INTEGRACIONES NO GENEREN RESTRICCIONES A LA LIBRE COMPETENCIA”.

3

2

Sector Cervecería Sector Retail

1

Sector Energía eléctrica

Decisión Aprobación condicionada Condicionamiento Desinversión de establecimientos en determinados mercados relevantes

Decisión Aprobación sin condiciones Importancia Incursión de la OAL en el negocio de bebidas alcohólicas

TERESITA CELIS A.

4

Importancia Nueva metodología para determinar condiciones críticas de concentración en isócronas

Sector Combustibles líquidos para vehículos (gasolina) Decisión Aprobación sin condiciones

Observación Se encuentra en etapa de recurso

Condicionamiento Condicionamiento sujeto a reserva

INTEGRACIONES EMPRESARIALES TRAMITADAS 2014-2015 Fuente: SIC / Gráfico: LR/CM

tcelis@larepublica.com.co

EDS Las Vegas

Importancia Aclaración y desarrollo del concepto de control negativo en contratos de suministro de gasolina a estaciones de servicio (EDS) que no son propiedad del distribuidor mayorista

Decisión Aprobación condicionada

Importancia Aclaración y desarrollo del concepto de control competitivo. De allí se desprendieron las decisiones tomadas en las demás solicitudes de pre-evaluación presentadas por los oferentes interesados en participar en la subasta de Isagen: EEB; Gas Natural; EPM

miento y las no aprobadas, es decir, objetadas, son extrañas.

Este año se dieron dos, pero hacía cinco que no había transacciones objetadas en su totalidad”, dijo. La SIC define una integración empresarial como toda transacción que implica adquisición, compra de activos y acciones y transferencia parcial o total del control de una empresa a otra.

En este sentido, la entidad evalúa las integraciones entre competidores, que denomina horizontal y es la más común.

Se da entre los competidores que pertenecen al mismo mercado.

Otra es la vertical, definida como la integración realizada entre empresas ubicadas en diferentes eslabones de la cadena de valor. La tercera es la que se da por conglomerado, que en Colombia no está sujeta a control previo por parte de la SIC. El exsuperintendente de Industria y Comercio Jairo Rubio señala que las integraciones por regla general son buenas para la economía porque generan sinergías. “Y eso es bueno para todo el mundo. Sin embargo, pueden restringir en forma indebida la libre competencia en perjuicio del consumidor y de la misma economía. Por ello, se hace el control previo a la integración, para evitar daños posteriores”, sostuvo.

5 Aviacom Sector Combustibles líquidos para aviación Decisión Objetada (no aprobada) Importancia Reconocimiento de Terpel como dominante en el mercado mayorista de distribución de aviación y aplicación del concepto de mercados conexos Observación Se encuentra en etapa de recurso

4 INDUSTRIA ESPECIAL Y COMERCIO

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JUDICIAL. SIC GANA ESPACIO ENTRE AGENCIAS DE COMPETENCIA DE LATAM

El imponer multas que sean diminutas incentiva los carteles BOGOTÁ_ A pesar de los retos que

surgen diariamente en temas de competencia, propiedad industrial, proyección al consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legales, así como otros asuntos jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sabido manejar estos problemas, tal como lo explica el presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Luis José Canseco.

En entrevista con LR, Canseco destacó que “la SIC de Colombia ha sabido ganarse un espacio entre las agencias de competencia más serias de América Latina”.

Luis José Díez-Canseco, presidente del Tribunal Andino de Justicia.

CORTESÍA

¿En su condición de Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cómo ve el actuar de Colombia en materia de Competencia?

Quiero destacar que Colombia es el pionero del Derecho de la Competencia entre los países miembros de la Comunidad Andina y América Latina.

La Corte Constitucional de Colombia no sólo ha considerado a la libre competencia como un derecho sino también como “principio rector de la economía”, con lo que Colombia se alinea con los países más avanzados en estos aspectos.

La SIC de Colombia ha sabido ganarse un espacio entre las agencias de competencia más serias de América Latina con independencia de la sólida estructura legislativa y jurispruden-

cial que se ha desarrollado a los largo de los años. ¿Cómo va la adopción de normas de libre competencia y de protección al consumidor?

Tanto en el Derecho de la Competencia como en la protección de los intereses de los consumidores, Colombia cuenta con normativa moderna y una institución sólida y sumamente profesionalizada que, sin duda, ha sabido ganarse el respeto de la comunidad internacional. ¿Cuáles son los principales retos para la competencia transfronteriza?

Los esfuerzos de las agencias de competencia para consolidar mercados competitivos pueden ponerse en riesgo si, por ejemplo, empresas situadas en terceros países segmentan mercados, discriminan precios, limitan o controlan la producción o se coluden para instaurar cárteles de fijación de precios.

Del mismo modo, las importantes negociaciones llevadas a cabo por muchos países, entre los que se encuentra Colombia, para abrir sus mercados y permitir que sus productos ingresen en terceros países pueden verse desnaturalizados si es que el desmantelamiento de barreras de entrada públicas se ven sustituidas por barreras de entrada privadas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en materia de libre competencia?

Considerar a las agencias de competencia como una expresión de políticas de Gobierno y mermarles independencia.

Obviamente este no es el caso de Colombia donde la SIC ha demostrado reiteradamente que responde a una política de Estado en línea con garantizar una economía de mercado. De otro lado, ha puesto de evidencia su independencia en la toma de decisiones. ¿Es importante tener un régimen alto de multas en casos de acuerdos anticompetitivos?

Multas diminutas incentivan a seguir incumpliendo la normativa. En efecto, la pagan los consumidores puesto que los sancionados la diluyen cargándola en los precios de los productos que venderán en un futuro. Conozco un caso en el que una empresa había incluso presupuestado la multa sabiendo que serían sancionados. ¿Qué sectores económicos pueden ser los más afectados?

En el caso de los cárteles se afecta a todos los integrantes, aguas arriba o aguas abajo, de la cadena productiva. En todos los caos se afecta a los consumidores y de desnaturaliza el sistema de libre mercado. En efecto, si no existe una firme política de competencia la sociedad deja de creer en el mercado. ¿Cómo se ve a Colombia desde la perspectiva de los países europeos en competencia?

Colombia, junto con Perú, cuenta con un Acuerdo de Preferencias Comerciales (APC) con la Unión Europea. Su normativa y aplicación es consonante con las mejores prácticas internacionales en general y europeas en particular.

Resulta obvio que la implementación del derecho de la competencia en América Latina es relativamente reciente en comparación con otras latitudes. Estados Unidos de América y Canadá tiene más de 125 años.

En la Unión Europea más de 50. ¿Cuáles estrategias son las más eficientes? y ¿cuáles se pueden aplicar?

Para lograr ese mejor nivel de vida, las agencias de competencia deben de accionar con firmeza e independencia, deben profesionalizarse, deben de imponer multas disuasivas y, finalmente, deben poner en marcha programas de abogacía de la competencia para que el Estado.

En mi opinión, todo lo anterior se conjuga en Colombia a través de la SIC. En efecto, se tiene las ideas muy claras y se vienen aplicando estrategias adecuadas en las que deben confiar.

JOHN GUZMÁN PINILLA

jguzman@larepublica.com.co

Las cuatro funciones que tiene la abogacía de competencia BOGOTÁ_

Asesorar al Gobierno Nacional, desarrollar estudios de mercado para identificar fallas, promover y verificar temas de competencia son las funciones de la Abogacía de la Competencia, que en Colombia tiene un alcance nacional regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Según la SIC este concepto es un instrumento de origen legal, que entre sus objetivos principales tiene el “fomento de la cultura de la libre competencia al interior del Estado”, así como “el control del ejercicio de la facultad de intervención del Gobierno en la economía”.

Con la Ley 1340 de 2009, la SIC es la entidad encargada de controlar los proyectos de regulación estatal, que tengan incidencia en la libre competencia de los mercados.

Por esta razón hay entidades públicas que están obligadas a remitir proyectos de regulación ante la Superintendencia, como por ejemplo los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias con o sin personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales y establecimientos públicos de orden nacional. Esto con el fin de conocer los actos administrativos relacionados con el tema de Abogacía de Competencia.

Los proyectos que se deben presentar ante la SIC son los que tienen como fin limitar el número o variedad de competidores en uno o varios mercados, también aquellos proyectos que impongan conductas a empresas o consumidores, y los que tiene como objetivo limitar la capacidad de las empresas para participar en un mercado.

JOHN GUZMÁN PINILLA

jguzman@larepublica.com.co

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015 - www.larepublica.co - LA

REPÚBLICA

INDUSTRIA Y COMERCIO 5

COMERCIO. LA SIC PUEDE LLEGAR A IMPONER SANCIONES HASTA DE 2.000 SMMLV

Publicidad, idónea para la competencia desleal BUCARAMANGA_ Aunque el significado de “competencia desleal”, puede ser genérico, algunos lo definen como aquellos comportamientos ejecutados por un causante y que tiene fines concurrenciales que realizan conductas con un despropósito, desconociendo los principios de la buena fe mercantil.

Estos pueden ser de usos honestos en materia industrial, comercial y que pueden llegar a crear distorsión en el merca-

do afectando la libertad decisión de los consumidores.

“Creo que en economías de mercados como la de nuestro país es normal que los consumidores se vean expuestos ocasionalmente a actitudes hostiles o agresivas entre competidores, precisamente porque su objetivo es el de hacerse a una participación de mercado”, explica Juan Guillermo Ortiz, abogado especialista en Derecho de la Competencia y Libre Comercio.

JUAN GUILLERMO ORTIZ ABOGADO DE LIBRE COMPETENCIA

“EN ECONOMÍAS COMO LA NUESTRA ES NORMAL QUE LOS CONSUMIDORES ESTÉN EXPUESTOS A ACTITUDES HOSTILES”.

LUISA ZAMUDIO ABOGADA DE LA U DE LOS ANDES

“ALGUNOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, SON LA DESVIACIÓN DE CLIENTELA Y ACTOS DE CONFUSIÓN”.

Por su parte, Luisa Zamudio, abogada de la Universidad de los Andes, dice que los actos de competencia desleal son nocivos para el mercado, debi-

do a que cada tipo de acto afecta directamente las relaciones entre empresario y consumidor-producto.

“Algunos de estos actos que se enmarcan dentro de la competencia desleal son: la desviación de clientela, actos de confusión, descrédito, comparación, imitación y explotación de la reputación ajena”, puntualiza Zamudio.

Estas conductas pueden percibirse con mayor regularidad, sobre todo aquellas en las que se afectan los derechos de los consumidores y generalmente la publicidad resulta el medio idóneo para ello, pues es a través de esta, que los competidores y/o anunciantes llegan a la clientela, “los actos desleales de comparación, engaño y eventualmente confusión son los que quizá ocurren con mayor frecuencia en los escenarios de competencia de nuestro país”, agrega Ortiz.

Estas conductas pueden ser sancionadas desde dos puntos de vista: por un lado, en defensa de intereses particulares (con-

flictos entre competidores) los cuales se dirimen en escenarios jurisdiccionales en materia civil, donde las condenas a que puede exponerse un competidor desleal, están supeditadas directamente a los perjuicios que se le demanden.

Por otro lado, en defensa de un interés general la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está facultada para imponer multas hasta por 100.000 o hasta 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes a personas jurídicas, en casos en que se demuestre que en un agente incurrió o pudo haber incurrido en actos de competencia desleal que pudieron afectar de manera significativa un mercado y/o intereses de los consumidores.

Finalmente, y de acuerdo con las opiniones de los expertos, los mecanismos adoptados por el Gobierno para la disminución de este tipo de conductas son los adecuados, por lo que le solicitan a la SIC, que continúe sancionando este tipo de flagelos para que el costo-beneficio de las empresas que cometen estas prácticas no resulte positivo.

MAYERLYN K. BAUTISTA

mbautista@larepublica.com.co

6 INDUSTRIA ESPECIAL Y COMERCIO

LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015

LEGISLACIÓN. UNA DE LAS PRINCIPALES APUESTAS DEL GOBIERNO ES QUE COLOMBIA SEA MIEMBRO DE ESTE ORGANISMO

SIC espera aceptación en comité CALI_ Ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), considerada una de las principales organizaciones internacionales favorecedora del desarrollo económico y la cooperación a nivel mundial, es el anhelo que muchos países tienen y Colombia en ningún momento ha sido la excepción.

Pese a la gran cantidad de requisitos para pertenecer, es claro que se han dado ya muchos pasos para que el país pueda hacer parte de ella y, gracias a la atención a las diferentes recomendaciones para mejorar en los estándares de libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está a la espera de que la Ocde defina el ingreso de la nación cafetera al Comité de Competencia.

“Uno de los grandes beneficios de estar en la Ocde es que de alguna manera las diferentes áreas técnicas de esta organización están revisando permanentemente las políticas públicas colombianas. El tema de que haya una institucionalidad fuerte en un país es importante para efectos de los logros que el país puede tener”, dijo Catherine Pereira Villa, directora del programa de Administración de Ne-

gocios Internacionales de la Universidad de La Sabana.

Después de varias visitas por parte del organismo internacional a la SIC, en las que se realizaron entrevistas a funcionarios de la Superintendencia y el sector privado y teniendo en cuenta que las recomendaciones que dio la organización para mejorar en libre competencia fueron atendidas y se están llevando a cabo, la aceptación está cada vez más cerca.

Por su parte, José Miguel De La Calle, socio y director del Área de Competencia, considera que en caso de ser aceptados, “ser parte integral de ese organismo es un mecanismo que agiliza el proceso de llegar a los niveles de desarrollo del país y lo obliga a implementar mejores prácticas al interior del país en todo lo que tiene que ver con competencia. Eso llevaría al país a tener mejores prácticas en las regulaciones de los ministerios sean más ajustadas a los rigores del derecho de la libre competencia. Lo más importante de estar en la Ocde es el proceso que se necesita para ser reconocido como miembro oficial en un futuro”.

Según la Superintendencia, uno de los principales objetivos

del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos es que el país ingrese a la Ocde, por lo cual le ha encomendado a cada uno de los sectores que atiendan las peticiones y las tomen como prioridad. Así pues, la SIC, de ser aceptada se convertiría en el primer sector que entra a hacer parte de esta organización donde están los países más desarrollados del mundo, con los más altos estándares de calidad.

Ya en alguna ocasión el presidente de la República manifestó que el país ha emitido más de 20 leyes y decretos que tienen que ver directamente con sugerencias que la Ocde hace para ir mejorando, porque son 23 los comités deben pasar la prueba para acceder.

Pereira agregó al respecto: “Colombia ha sido muy proactivo y ha reaccionado muy rápidamente a las sugerencias y recomendaciones de esta organización. Más allá de los debates sobre las sanciones a dife-

rentes empresas es muy importante que haya un consenso sobre que, la labor de una superintendencia es, independientemente a una sanción, vigilar que lo que los consumidores creemos sobre el medio empresarial y sobre lo que nos ofrece y las condiciones de competencia en su actuar sean las adecuadas”.

Así pues, dentro de las recomendaciones que ha establecido la Ocde a la Superintendencia de Industria y Comercio se incluyeron la independencia del superintendente, reformas reglamentarias para que el superintendente tenga un periodo fijo, además a la Ocde les pareció que no era conveniente tener un monto máximo de las multas en salarios mínimos y que estas pasarían a depender de los ingresos de las empresas, se está pasando el proyecto de ley para que esas multas sean sobre ingresos y patrimonio de las compañías. Por otro lado, se es-

tableció que se deben reglamentar mejor los beneficios por colaboración, pues la forma más fácil de detectar carteles o prácticas anticompetitivas, es hacerlo a través de delatores y beneficios protegiendo proteja mejor la información que suministran.

Más allá de estas recomendaciones, la Ley 1340 de 2009, que comenzó a discutirse dos años antes, ha subsanado algunas debilidades pero aún quedan varias por mejorar a través de buenas prácticas. Dicha ley, en lo que se refiere a la protección de la libre competencia aumentó las multas a compañías e individuos en comparación con las establecidas por el Decreto 2153 de 1992. Así pues, atendiendo las recomendaciones de la Ocde y otras entidades, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas a los infractores de las normas a partir de sus ingresos operacionales en el año fiscal anterior a su imposición, sin exceder 20% de dichos ingresos.

Casos como Acemi e Ibope (2011), Grupo Nule y Claro (2013)y Eaab (2014) hansonado por sanciones de la SIC. XIMENA GONZÁLEZ VIDAL

xgonzale@larepublica.com.co

Libre competencia en Colombia

Recomendaciones Ocde SIC puede imponer multas a infractores de competencia tomando como base sus ingresos operacionales en el año fiscal anterior a su imposición, sin exceder

Derecho de competencia Protege los intereses de los consumidores y la libre competencia en los mercados.

Fuente: SIC Gráfico: LR / JP

20%

de dichos ingresos

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INDUSTRIA Y COMERCIO ESPECIAL 7

REPÚBLICA

LEGISLACIÓN. ORIENTACIÓN A LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS

de la Ocde CATHERINE PEREIRA VILLA DIRECTORA NEGOCIOS INT. U. SABANA

“COLOMBIA HA SIDO MUY PROACTIVO Y HA REACCIONADO MUY BIEN A LAS RECOMENDACIONES DE LA OCDE”.

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DIRECTOR DEL ÁREA DE COMPETENCIA

“SER PARTE DEL COMITÉ DE COMPETENCIA DE LA OCDE OBLIGA A IMPLEMENTAR UNAS MEJORES PRÁCTICAS”.

LIBRE COMPETENCIA TOMA RELEVANCIA EN COLOMBIA En los últimos años este derecho ha cobrado en Colombia una gran importancia, por lo que han habido significativas sanciones en casos como los de Acemi e Ibope(2011), Grupo Nule y Claro (2013), Eaab (2014) y la sanción impuesta a los ingenios azucareros.

Por ello, atendiendo las recomendaciones de la Ocde, la SIC puede imponer multas por infringir las normas de competencia tomando como base sus ingresos en el año fiscal anterior a su imposición, sin exceder 20% de dichos ingresos.

Chile avanza y se consolida en la libre competencia CALI_ El castigo de prácticas restrictivas a la competencia es una situación habitual en muchos países, que ocurre precisamente cuando algunos olvidan que la libre competencia es un derecho colectivo, que busca proteger los intereses de los consumidores y además fomenta la libre competencia en los mercados, los cuales son blindados a través de la prohibición de actos que se considera entorpecen la dinámica y mediante la promoción y abogacía por un entorno competitivo a través de diferentes entidades.

En Chile, por ejemplo, la defensa de la libre competencia tiene una marcada orientación hacia la eficiencia total en los mercados, lo cual sella una diferencia con otros sistemas de defensa de competencia en otros países, que hacen expresa mención a la maximización del bienestar de los consumidores.

En una presentación que hizo sobre el Sistema Chileno de Defensa de la Libre Competencia, Felipe Irarrázabal Philippi, fiscal Nacional Económico, expresó que el objeto de este es promover que el ambiente sea el más adecuado para que los beneficios que los agentes económicos reciben del intercambio en una economía de libre mercado sean los máximos posibles, en armonía con el bienestar del consumidor, por cuanto en una economía eficiente los consumidores tienen acceso a una mayor oferta de bienes, de mejor calidad y a un menor costo.

En cuanto a la institucionalidad del sistema de competencia en Chile, desde el año 2004 los organismos de defensa y promoción de la libre competencia en los mercados y, que lo diferencia de otras naciones, están conformados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tdlc.

CORTESÍA

Felipe Irarrázabal Philippi es el Fiscal Nacional Económico de Chile y ejerce en su cargo desde el año 2010.

2 ORGANISMOS DE DEFENSA

HAY EN CHILE PARA LA PROTEGER LA LIBRE COMPETENCIA, FNE Y TDLC

Para hablar del caso de Chile y de cómo van en aspectos de libre competencia hay que distinguir principalmente dos escenarios: el libre comercio y la libre competencia, ya que podría decirse que en ambos temas tienen desarrollos muy interesantes.

“Chile fue el primer país es en América Latina que empezó a hablar de tratados de libre comercio con otros países y, sin duda, le lleva a Colombia por lo menos dos décadas de avance.

En cuanto a libre competencia, ha desarrollado una estructura que contempla la Fiscalía Nacional Económica, que cuenta con un fiscal que se encarga de investigar las denuncias sobre problemas de competencia en los mercados y abusos por parte de los empresarios. Una vez tienen esa investigación, el fiscal da traslado del caso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, una entidad judicial donde se deciden las sanciones o las multas a los infractores.

Tienen una estructura más legal, un proceso de doble instancia y les ha funcionado”, explicó Luis Fernando Ramírez Hernández, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle.

Ha sido de esta manera que se ha ido consolidando. el Sistema Chileno de Defensa de la Libre Competencia.

Por un lado, una economía de libre mercado como el mecanismo de asignación de recursos, donde no existe control de precios, y respecto de la cual el sistema de competencia viene a ejercer el rol de garante de que las condiciones que posibiliten los beneficios para que este modelo económico se satisfaga. Por otro lado, un alto estándar técnico en las decisiones, que se refleja no solo en la separación de funciones entre el Tdcl y la FNE, sino también en la existencia de un tribunal especializado.

XIMENA GONZÁLEZ VIDAL

xgonzalez@larepublica.com.co

JUDICIAL. EMPRESAS MULTADAS EN FRANCIA POR CARTEL DEL YOGUR

Sanción por US$203 millones CALI_

Conductas prohibidas Acuerdo entre dos o más empresas que prevenga, restrinja, o distorsione la competencia Actos unilaterales realizados por empresas Conducta abusiva por parte de agentes económicos que tengan una posición dominante en el mercado

Son muchos los casos en los que algunas empresas han sido sancionadas por violar el derecho a la libre competencia.

En Francia, por ejemplo, empresas como Yoplait, Lactalis y Senagral, las más grandes productoras del yogur y otros productos lácteos en el país, fueron castigadas por un fallo de la Autorite de la Concurrence de Francia (agencia de competencia), que estableció que estas acordaron cómo y cuándo subir los precios del yogur desde el año 2006 hasta el 2012.

La sanción a las 11 empresas por el denominado cártel del yogur ascendió a una suma aproximada a los US$ 203 millo-

nes (alrededor de 192 millones de euros).

Por otro lado, cabe mencionar que Senagral fue la empresa que recibió US$46 millones de multa, debido a que la Agencia de Competencia encontró que en 2011 fue una de las que más se benefició con la fijación de precios.

Sin embargo, Yoplait, por ser la compañía que denunció el cartel, fue exonerada de la multa impuesta a las demás empresas.

La resolución que dictó la agencia de competencia francesa describe la secuencia de acuerdos secretos en cafés y habitaciones de hotel; las comuni-

caciones a través de cartas escritas a mano y por líneas telefónicas, especialmente contratadas durante más de seis años, para fijar los precios del yogur y productos asociados.

Entre los documentos que fueron pieza clave en la investigación que realizó la Autorite de la Concurrence de Francia, también se daba cuenta de los reclamos hechos por los empresarios por el aumento de los costos de los insumos y de la presión de los supermercados para que hicieran ofertas, aspectos que estarían detrás de la decisión para la fijación de precios.

XIMENA GONZÁLEZ VIDAL.

xgonzalez@larepublica.com.co

8 INDUSTRIA ESPECIAL Y COMERCIO

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JUDICIAL. LOS COLABORADORES PODRÁN RECIBIR 100% DE DESCUENTO EN LAS MULTAS

Quiénes conforman un cartel anticompetencia

La delación, un mecanismo para combatir la cartelización

Mucho se ha oído hablar en los últimos días acerca de la sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a Asocaña y 14 empresas más del sector azucarero por cartelización empresarial por obstruir importaciones las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes, fundamentalmente, de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Sin embargo, muchos desconocen en qué consiste este mecanismo que viola la conducta anti-competitiva. Para fácil entendimiento consiste en un contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas, que prevenga, restrinja, o distorsione la competencia o tenga la potencialidad de surtir uno de estos efectos.

Así mismo, cabe señalar que las empresas que participan en un mercado como un cartel se hace con el fin de pactar precios, definir cuotas de producción o repartirse mercados. Así las cosas, se forman carteles con el fin de eliminar la presión ejercida por las empresas de la competencia toda vez que, de no existir el cartel, las empresas se ven forzadas a mantener precios bajos e innovar en sus productos y métodos, y/o a mejorar la calidad de éstos.

De igual forma, el cartel permite mantener precios más altos, precios fijos, menor variedad y menor calidad de bienes y servicios, lo cual repercute en los consumidores.

Por último dentro de prácticas susceptibles de distorsionar la competencia se encuentra ciertos actos unilaterales realizados por empresas y conducta abusiva por parte de agentes económicos.

BOGOTÁ_

En todo el mundo, el régimen de beneficios por colaboración (delación) para la detección, investigación y sanción de carteles empresariales, se ha constituido como la herramienta más efectiva en la lucha de las autoridades contra las infracciones a la libre competencia; Colombia no ha sido la excepción y gracias al Decreto 1523 del 16 de julio de 2015 institucionalizó por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) su programas de delación. Así por esta figura las empresas reconocen su participación en un cartel y aportan pruebas del mismo a cambio de la exoneración de la multa a imponer.

Estos programas de delación se crean como un mecanismo que le ayude a la entidad de competencia reprimir las prácticas anticompetitivas; “ya que por ejemplo en el caso de cartelización de precios es muy complicado desde el punto de vista probatorio reprimirlos ya que en Colombia al igual que en todas las legislaciones del mun-

BOGOTÁ_

PABLO CÁCERES EXPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

“ESTOS SON MECANISMO A LOS QUE ACUDEN LAS ENTIDADES CUANDO TIENEN DIFICULTADES EN LA INVESTIGACIÓN”.

do existe la presunción de inocencia, por lo que, finalmente, le corresponde es al Estado establecer que el precio que fija cada agente económico es fruto de un acuerdo y no de las reglas del mercado”, explica el ex superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio Escobar.

Así las cosas, según las nuevas reglas, quien sea el primero en delatar la existencia de un cartel empresarial ante la SIC y aporte pruebas e información suficiente sobre su funcionamiento obtendrá 100% de la reducción de la multa a imponer (exoneración); mientras que, al segundo delator se le podrá otorgar entre 50% y 30% de reducción, siempre y cuando cumpla con la obligación de dar información que las autoridades no tengan, y que el primer delator no haya suministrado.

En este punto cabe destacar que bajo el régimen anterior, el segundo delator podía obtener una reducción de hasta 70% de la multa a imponer, porcentaje que al resultar alto y cercano al del primer delator, podría estar desincentivando la llegada de un primer delator, que siempre resulta ser el más importante y oportuno.

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exConsejero de Estado, Pablo Cáceres, un problema que existe dentro del sistema penal acusatorio, es que alguien que denuncia que es partícipe de algún de-

lito recibe beneficios; situación que se repite con los mecanismos de delación. “Finalmente, estos son mecanismo que se han inventado y a los que acuden las entidades cuando tienen dificultades en la investigación”, sostiene el exmagistrado.

A pesar de que en el país el mecanismo de la delación existe desde 2009, sólo hasta 2014 se obtuvieron resultados favorables como consecuencia del aumento considerable de las sanciones, que dejaron de ser de hasta 2.000 salarios mínimos, para ser de hasta 100.000 salarios mínimos, es decir, hasta más de $60.000 millones. En este momento la SIC ya está negociando varios acuerdos de colaboración en sectores sensibles para la economía.

No obstante, pese a los avances que se han alcanzado, para nadie deja de ser un secreto que la experiencia ha sido poca en el país, ya que solo se han conocido tres casos bajo esta modalidad (pañales, cuadernos y papel higiénico). El problema para muchos en el manejo de este mecanismo radica en que, la delación se realiza públicamente y no se reserva la identidad de la persona, por lo que en muchos casos los empresarios se arrepienten o retractan de realizar su declaración.

JULIÁN PUENTES VILLANUEVA

jpuentes@larepublica.com.co

Reducciones en multas serían de hasta 100% 123RF

JULIÁN PUENTES VILLANUEVA

jpuentes@larepublica.com.co

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015 - www.larepublica.co - LA

INDUSTRIA Y COMERCIO ESPECIAL 9

REPÚBLICA

LEGISLACIÓN. PROYECTO DE LEY SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA FUE RADICADO EN EL SENADO

La SIC busca endurecer sanciones a carteles con modificaciones a régimen Multimillonaria sanción

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Cartel de lo

$320.000 millones

por cartelización para obstruir importaciones del producto.

Empresas involucradas:

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Por participar presuntamente en un cartel que durante 13 años aumentó los precios de los pañales desechables para bebé, SIC sancionó a cuatro empresas en 2014.

Marcas involucradas:

y 12 ingenios azucareros más

Multas interpuestas a ingenios no superan el 7% de sus ingresos operacionales anuales ni el 7% de su patrimonio.

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directivos

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La SIC formuló, en febrero, pliego de cargos a tres empresas por presunta cartelización en la fijación de precios de cuadernos y para el establecimiento de políticas de comercialización y promoción.

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PRESUNTOS CASOS DE CARTELIZACIÓN

Sector

drástica en el articulado del régimen de protección de la competencia es la que pretende la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que sea aprobada en Colombia.

A través de un proyecto de ley de 24 artículos, radicado en agosto pasado en el Senado de la República, se planea, entre otros aspectos, otorgar multas más severas para aquellas compañías a las que se les compruebe que estén involucradas en cartelización empresarial, así como inhabilidad de hasta cinco años para celebrar contratos con el Estado.

En la exposición de motivos de la reforma a las medidas, la SIC recuerda que “las conductas anticompetitivas (carteles) deterioran el crecimiento productivo, al disminuir la rivalidad empresarial que genera innovación. También, afectan el bolsillo de los consumidores, quienes deben pagar precios altos por los productos y servicios que adquieren”.

Este proyecto de ley fue concretado a partir de un estudio sobre el régimen de competencia colombiano realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), promotora de buenas prácticas y políticas públicas.

De ser aprobado, también se modificarían algunas de las funciones de la Superintendencia.

Para Liza Leonor Pinzón, directora del programa de Administración de Mercadeo y Logística de la Universidad de la Sabana, la política de libre competencia lo que trata de prestar es el bienestar general, a través de la regulación del comportamiento de las empresas y la estructura de la industria.

En este sentido, Pinzón argumenta que, “con políticas más fortalecidas, habrá una mayor

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BARRANQUILLA_ Una modificación

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En 2014, por supuesta cartelización empresarial para fijar los precios del papel higiénico y otros papeles suaves, la SIC formuló pliego de cargos a cinco compañías.

Empresas involucradas:

Empresas involucradas:

Gráfico: LR / AG

Fuente: SIC / Sondeo LR

protección al consumidor y se facilitará mayormente el libre mercado, garantizando además que entren otros competidores y estos no sean barreras para el mismo emprendimiento en el país, que contribuye a vigorizar la dinámica”.

Paola Andrea Zuluaga, abogada especialista en Derecho Comercial, por su parte, resalta que, en los últimos, se han celebrado varios Tratados de Libre Comercio, en los que se han adquirido grandes compromisos en temas de competencia.

“En lo referente, por ejemplo, al TLC con Estados Unidos, la intención es generar una protección impresionante referente a las empresas nacionales”, dice.

“Lo que está buscando es tener mejores herramientas jurídicas para poder entrar a sancionar carteles. A mi parecer, las medidas desean generar mayor repercusión en el mundo internacional sobre las sanciones”, indica la especialista.

Zuluaga resalta la actuación de la SIC en casos sonados en los últimos años relacionados con la presunta cartelización empresarial, entre ellos, en la fijación de los precios de los cuadernos para escritura, el denominado ‘cartel de los pañales’ y, el más reciente, relacionado con la multimillonaria sanción al sector azucarero.

LINA OROZCO MONTESINO

lorozco@larepublica.com.co

LIZA LEONOR PINZÓN DIRECTORA DE PROGRAMA UNISABANA

“ALGUNAS COMPAÑÍAS JUEGAN CON LA DEMANDA, A SABIENDAS DE QUE HAY UNA OFERTA QUE EXIGE EL MERCADO”.

PAOLA ANDREA ZULUAGA ABOGADA ESP. EN DERECHO C/CIAL

“MUCHAS EMPRESAS NO TIENEN EN CUENTA EL PERJUICIO QUE OCASIONAN A LOS CONSUMIDORES CON LOS CARTELES”.

Las multas serían proporcionales al daño ocasionado BARRANQUILLA_El

COLPRENSA

Las compañías azucareras fueron multadas este mes.

$218.000 MILLONES

FUE EL MONTO RECAUDADO POR LA SIC POR SANCIONES EN 2014.

aumento de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 100.000 Smlmv fue uno de los principales aportes que introdujo la Ley 1340 de 2009, vigente en la actualidad, al régimen de protección de la competencia.

Los resultados positivos de dicha ley no dieron espera ya que, mientras que en 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por un monto aproximado a los $7.000 millones, las multas en 2013 y 2014 fueron por $217.000 millones y $218.000 millones, respectivamente.

No obstante, el proyecto de ley presentado en agosto en el Senado propone una nueva modificación a los montos sancionatorios por la comisión de

prácticas restrictivas de la competencia. La intención, en este sentido, es que estos sean proporcionales al daño económico ocasionado.

La SIC, organismo que gracias a dicha ley de 2009 fue designado como Autoridad Única de competencia en Colombia, considera que esta multa máxima, equivalente a alrededor de $65.000 millones, “resulta adecuada y proporcional en muchos casos, pero también muy inferior para carteles empresariales u otras conductas que han tenido una larga duración”.

Para la SIC, ente del Ministerio de Industria y Comercio, existen casos en los infractores del régimen son compañías con altos ingresos operacionales o patrimonios, u otros en los que la

conducta ilegal se vuelve rentable porque beneficios que ha obtenido la empresa resultan ser superiores a 100.000 salarios mínimos.

“Lo que hay que evaluar es si las prácticas anticompetitivas están afectando a una parte considerable de consumidores en el país y el impacto de esa afectación”, indica Liza Leonor Pinzón, directora del programa de Administración de Mercadeo y Logística de la Unisabana.

La abogada especialista en Derecho Comercial, Paola Andrea Zuluaga hace énfasis en lo adecuada que resultaría esta nueva forma de cuantificar el daño para fortalecer el sistema económico nacional.

LINA OROZCO MONTESINO

lorozco@larepublica.com.co

10 INDUSTRIA ESPECIAL Y COMERCIO

LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015

COMERCIO. LA SIC REALIZA DIVERSOS CONTROLES PARA EVITAR ACUERDOS Y CARTELIZACIONES

Competencia, el mejor escudo de protección al consumidor PEREIRA_

Dicho por expertos en el tema, la competencia sana y debida en los mercados es la mejor forma de garantizar y proteger al consumidor de prácticas que atenten contra su bolsillo en detrimento de sus ingresos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene entre sus funciones la protección de la competencia y debe garantizar que ésta exista y que el mercado se mueva bajo las leyes naturales de la libre acción de agentes que intervienen, actúan y compiten con buenas prácticas empresariales que ayudan al desarrollo de la economía.

“Debe ser sana y de respeto entre los competidores y hacia el consumidor final”, señala Harold Silva Guerra, Ph.D director del Centro de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Agrega que debe ser de manera transparente y leal, para ofrecerle a los clientes y consumidores productos y servicios de calidad, con variedad de oferta y a precios justos.

Atacar las actuaciones empresariales que violan la libre competencia, ha señalado en varias oportunidades el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ayuda a hacer economías efiProtección a la cientes y sobre todo protegen competencia al consumidor. es una de las En este sentido, la SIC señatareas que ló que esa libre competencia ejerce la se vulnera cuando se realizan Superindustria. acuerdos anticompetitivos en123RF tre compañías, conocidos como cartelización; cuando hay abuso de posición de dominio y también los actos unilaterales restrictivos.

Los acuerdos entre competidores se configuran

cuando varias empresas, por ejemplo de un mismo sector, se reúnen entre ellas y pactan ‘hacerse pasito’, es decir, no competir y subir precios, lo que para el consumidor resulta imperceptible. Eso es lo que se conoce como cartel. Según la SIC, y de acuerdo con estudios sobre impacto de los mismos, los precios de los productos sometidos a esta conducta aumentan en promedio entre 20% y 30% frente a su valor real. Otra práctica no debida que configura cartelización es repartirse el mercado. En palabras sencillas, segmentarlo y acordar no entrar en el que no le corresponde.

La entidad ha actuado sobre los presuntos carteles del azúcar, que tiene una sanción en primera instancia y está en recurso de reposición; cemento, cuadernos, pañales y papel higiénico, entre otros.

La posición dominante se configura cuando un competidor quiere sacar a los demás del mercado o ejercer acciones de obstrucción para él solo comer de la torta o restringir la competencia.

Una práctica común es bajar precios a nivel de costos.

Esto en principio parece beneficioso para el consumidor, pero es una ‘cortina de humo’ porque al final resulta ser una práctica de exclusión para sacar competidores del mercado.

HAROLD SILVA GUERRA PH.D DIRECTIVO UNINORTE

“LA LIBRE COMPETENCIA DEBE SER SANA Y DE RESPETO ENTRE LAS EMPRESAS Y HACIA EL CONSUMIDOR”.

Una vez lo hacen suben los precios, recuperan lo dejado de percibir y quedan como amos y señores del mercado en detrimento del consumidor. Esto se denomina precios predatorios.

Por abuso de posición de domino, la SIC ha impuesto sanciones a Comcel-Claro por obstruir el canal de comercialización de la portabilidad numérica; a la Organización Florhuila por influencia del precio del arroz y al Distrito de Bogotá ordenándole el cambio del esquema de basuras adoptado en la ciudad.

El exsuperintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, señala que la única manera de disuadir a los empresarios de conformar carteles o hacer pactos no debidos es la multa. Y comporte que estas sean semejantes a las ganancias.

“Si las multas no son altas se crea un incentivo perverso para que las empresas actúen en contravía de la competencia. Pero me gustaría también ver al Gobierno trabajando en la reparación, es decir, que lo que paguen los infractores vaya a reparar al consumidor que es el afectado por esa práctica no debida”, sostiene.

TERESITA CELIS A.

tcelis@larepublica.com.co

Programas que buscan educar a empresa y consumidor PEREIRA _La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene en marcha una serie de programas, no sólo para defender al consumidor de acciones restrictivas a la libre competencia, sino también para informarlo sobre a qué tiene derecho, qué acciones tomar y dónde tramitar sus quejas.

Un alto porcentaje de las acciones de la SIC, que derivan en seguimientos, investigaciones y sanciones son motivadas por las denuncias de los consumidores.

Uno de los programas es SIC Móvil con el cual la entidad busca dar a conocer de primera mano los servicios y asesorías ofrecidos por la Superintendencia que benefician a la población demandante de bienes y servicios.

A ello se suman la Casa del Consumidor, que ya tienen varias ciudades, y recientemente, la SIC lanzó el Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor (Consufondo) que busca apoyar, mediante financiamiento no reembolsable, iniciativas orientadas a mejorar la situación actual de la protección al consumidor en Colombia, provenientes de ligas y asociaciones de consumidores, universidades y entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones).

También tiene programas para las empresas en capacitaciones en alianza con gremios como la Andi y Cámaras de Comercio. La entidad realiza ejercicios académicos con el objetivo de entregarle al empresariado información sobre las prácticas indebidas que violan la libre competencia.

Algunos empresarios pueden incurrir en ellas sin conocimiento, por desconocer las normas vigentes o sin saber que existen conductas ilegales.

TERESITA CELIS A.

tcelis@larepublica.com.co

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015 - www.larepublica.co - LA

INDUSTRIA Y COMERCIO ESPECIAL 11

REPÚBLICA

INDUSTRIA. LA SIC HA ADELANTADO INVESTIGACIONES A COMCEL Y ÉXITO

Las diferencias en el mercado del monopolio y la posición dominante BOGOTÁ_ Casos que ha manejado

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como el de la integración empresarial entre Almacenes Éxito y Súper Inter, o la sanción a Comcel (Claro) por abuso de posición dominante, son frecuentes en el mercado nacional colombiano, por infringir en monopolios o abusos de posiciones dominantes.

Pero ¿Qué significan estos dos conceptos?

En primer lugar, en un mercado de competencia, “un monopolio se da cuando solo hay un agente en el mercado”, dijo Jairo Rubio Escobar, exsuperintendente de Industria y Comercio. La entidad monopólica se convierte en la única que puede tomar las decisiones del sector en el que se encuentre.

Para que una empresa llegue a considerarse un monopolio, “tiene que ser el productor único de cualquier bien”, aseguró Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.

Ejemplo de esto, dijo el académico, es si en un pueblo hay una empresa que tiene la licencia para administrar el hospital, “ese sería un monopolio de salud”.

En cuanto a la posición dominantes, en la publicación ‘Derecho de la Competencia’, citado por Almonacid S., Juan Jorge y García L., Nelson G., la SIC estipuló que “un agente económico se encuentra en posición dominante, cuando pueda modificar unilateralmente y de manera sustancial, las condiciones en que se presta el servicio o se vende el producto respectivo, sin consideración a los competidores o a los clientes, y lo puede hacer de manera perdurable”.

En una definición más clara, Rubio Escobar señaló que la posición dominante es “cuando di-

ferentes agentes del mercado pueden determinar las condiciones del mismo”.

Un ejemplo de este caso se dio en noviembre 19 de 2013, cuando la SIC confirmó la sanción a Comcel (Claro) por “abuso de posición dominante y otras conductas infractoras de la libre competencia”, porque la empresa de comunicaciones obstruyó el mercado de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) “impidiendo o dificultando la portabilidad y vendiendo más de 1,8 millones de teléfonos con bandas bloqueadas, así como abultando las cifras de portabilidad”.

Otro ejemplo es el de Almacenes Éxito que compró a Súper Inter. En este caso la SIC decidió

JAIRO RUBIO ESCOBAR EXSUPERINTENDENTE

condicionar la integración entre estas compañías, ya que se podría presentar una restricción indebida a la competencia.

Por último, teniendo en cuenta los dos conceptos, “no necesariamente para tener posición dominante, se debe ser monopolio”, agregó Rubio.

Cuando un agente tiene monopolio, hay posición dominante, aunque no necesariamente al contrario. Por ejemplo, en el sector cervecero en Colombia hay varios agentes, sin embargo, la compañía Bavaria tiene posición dominante, porque puede determinar variables como el precio.

“LO QUE UNO QUIERE ES QUE EXISTA COMPETENCIA Y RIVALIDAD, PORQUE HABRÍA EFICIENCIA EN EL MERCADO”.

CARLOS SEPÚLVEDA DECANO DE ECONOMÍA DE U. ROSARIO

“BAVARIA ES EJEMPLO DE POSICIÓN DOMINANTE, PORQUE ES GRAN PRODUCTOR DONDE HAY OTROS MÁS PEQUEÑOS”.

JOHN GUZMÁN PINILLA

jguzman@larepublica.com.co

INDUSTRIA. EL RÉGIMEN BUSCA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Los cambios al Régimen de Competencia BOGOTÁ_ Uno de los mecanismos que pueden evitar las prácticas anticompetitivas en el Estado colombiano es el Régimen de Competencia. Sin embargo, en reiteradas ocasiones el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ha reiterado su interés por modificar este régimen, con el objetivo de evitar carteles empresariales y otro tipo de conductas anticompetitivas.

El objetivo del régimen actual es estipular normas que prohíben conductas con fines de restricción o limitación de la libre competencia por parte de entidades u organismos que participan en el mercado del de-

recho constitucional a la libre competencia, según la Ley 155 de 1959, Decreto 2159 de 1992 y la Ley 1340 de 2009.

De acuerdo con estas funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de los temas de competencia, para realizar investigaciones administrativas, imponer multas y adoptar decisiones administrativas, por cometer acciones como infringir las disposiciones sobre la protección de la competencia.

Por tal razón, en repetidas ocasiones el Superintendente se ha pronunciado en favor de un cambio. El último de ellos fue el Congreso de Derecho Fi-

nanciero en su versión 14, organizado por Asobancaria. Allí Robledo insistió en la necesidad de cambiar el régimen, porque gracias a la modificación se podría acabar con los carteles empresariales.

Según el Superintendente, el proyecto de ley que se espera llevar a cabo, no obligaría a imponer mayores sanciones a las empresas que incurran en delitos o acuerdos para conformar carteles, eso dependerá de la gravedad de la falla cometida.

Además esta modificación espera aumentar la competitividad nacional.

JOHN GUZMÁN PINILLA

jguzman@larepublica.comc.o

La SIC maneja temas de monopolio y posición dominante en el país.

CORTESÍA