49
captura el recurso, lo industrializa y lo exporta. Una cadena integrada, que quienes no la cumplen, tienen muy pocas probabilidades de manejar su negocio. Un negocio que Argentina, por ser mayoritariamente exportador (90%) es absolutamente dependiente del precio internacional y, no tiene ninguna posibilidad de controlarlo por su baja participación en el mercado, pese, a tener un amplísimo territorio marítimo y, a que gran parte de sus competidores como China, Rusia, Japón, Corea, España, Taiwán, etc. pescan a gran distancia de sus países de origen, entre ellos, en el Mar Argentino y, en altamar, sobre especies migratorias y asociadas. Pero, no podemos dejar de hacer notar que, pese a que los recursos son propiedad del estado nacional y provincial, no es el gobierno el que administra el recurso en la ZEE y mucho menos fuera de ella, ya que ha concesionado la explotación a los empresarios, sin exigir ni establecer las políticas más básicas que parcialmente se fijan en el Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922). Nadie imagina una concesión, donde el concesionario unilateralmente modifica las cláusulas del contrato. La radicación industrial; el destino de la pesca objetivo; el tipo de flota pesquera y su antigüedad; la ocupación de espacios marítimos estratégicos; la generación del máximo valor agregado; la ocupación del personal; la sustentabilidad del recurso; la responsabilidad social y, la IN-transferibilidad de las cuotas, que debiera ser parte sustancial de la política del Estado. En este último tema, la ausencia del prefijo «IN» es uno de los ejes fundamentales de esa impolítica, de la pérdida de capacidad de administración del Estado y de delegación de funciones; ya que la ley vigente, permite la transferencia de las cuotas de captura y consecuente privatización del recurso, dejando en manos empresarias, la fijación de las políticas. Se agrava el tema, cuando las principales exporta-
doras del país son extranjeras y sus exportaciones se destinan a satisfacer los requerimientos de sus propios países de origen, entre otros, los de exportar con bajo valor agregado. Hasta aquí primó el viejo aforisma de que “el dueño de la pesca es el dueño del pescado”; aforisma que se aplica popularmente, olvidando, que el recurso es de propiedad del Estado. Por otra parte, el gobierno debe asegurarse la mayor distribución sustentable del recurso y la máxima explotación sostenible y, ello no se cumple, cuando 10 empresas -sobre un total de unas 250- concentran la facturación de exportación con 1.066 millones de dólares (el 53% de un total 1.997 millones U$S) por la venta en 2017 de 212.789 toneladas, es decir el 48% del total de toneladas exportadas; también, cuando se afectan buques a la pesca del langostino que se destinaban a la captura de merluza y otras especies, generando pérdidas de empleo y, tampoco, cuando se transfieren permisos o cuotas de captura entre las empresas o entre una provincia a otra, etc. La pesca no solo es una actividad económica, es una herramienta de radicación industrial, poblacional, generación de empleo y ocupación territorial marítima. La fijación de políticas y la administración del recurso es una facultad indelegable del Estado y, dentro de este marco, la empresa concesionaria debe administrar su negocio. Como todo concesionario podrá plantear al concedente sus ideas dentro de esta política general; pero, no es de esperar que se modifiquen unilateralmente los ejes centrales de la política pesquera, si la hubiese. Observamos que hacia la década del 70, los principales exportadores eran nacionales, mientras que, en la actualidad, siete de las diez principales empresas exportadoras son de capital extranjero y, aun, fomentando la inversión extranjera, la política pesquera debe beneficiar al interés nacional al que nos hemos referido, ya que la Argentina, tiene el
recurso pesquero, los puertos, la industria y los operarios calificados y, por lo tanto, debe negociar en mejor forma con quienes tienen el mercado, ávido de este producto. Por ejemplo, cuando el ex Secretario de Comercio Moreno estableció que «quienes importaban debían exportar” (intercambio compensado) no tuvo en cuenta, que no es lo mismo importar tecnología que exportar recursos naturales, porque el recurso es agotable y como bien manifestó el científico francés Antonie Lavoisier «nada se crea, nada se pierde, todo se transforma» y, la conclusión, es que donde había varias empresas nacionales hoy hay una sola extranjera. Nos venden lo que debíamos fabricar y se llevan lo que debimos procesar y vender con valor agregado y empleo. Cuando se eligen los gobiernos, el sector interesado debiera preocuparse sobre qué políticas va a llevar el administrador del Estado y no, como ocurrió hasta ahora, donde los sucesivos subsecretarios de pesca carecen de idoneidad y, los miembros designados en el Consejo Federal Pesquero (CFP) -quienes tienen el rol de fijar la política dentro del Régimen Federal de Pesca- no superan la medianía en la que actúan, demostrando durante 20 años su incapacidad para representar al sector del que provienen, en especial -pero no excluyente- los sureños, donde se desindustrializó, no se ejecutaron políticas para agregar valor y se profundizó un modelo de concentración nacido con el régimen legal vigente. Nada más elocuente que la exportación sin valor agregado y el cierre de plantas industriales de la Patagonia durante los gobiernos de los Kirchner de mano de funcionarios originarios del litoral marítimo patagónico. Una política, a la que le dan continuidad los actuales agentes carentes de creatividad y cedentes del poder administrador. Se ha hablado del supermercado del mundo, pero ello no es proveer materias primas sino exportar valor agre-
Desafío Exportar | Diciembre 2018