Transparencia fiscal: un derecho ciudadano en la nueva era impositiva

Eliana SCIALABBA

Directora Ejecutiva CEEAXXI.

En Argentina, hablar de impuestos casi siempre fue sinónimo de confusión. La maraña de tributos, tasas, retenciones y regímenes especiales convirtió al sistema tributario en un laberinto que pocos entienden y muchos padecen. Por eso, la puesta en marcha del régimen de transparencia fiscal no es solo una mejora técnica. Es, en esencia, un cambio cultural. Desde el 1 de abril de 2025, todos los comercios del país están obligados a mostrar con claridad en cada ticket y factura cuánto pagamos de IVA y, si corresponde, de otros impuestos indirectos. Lo que antes estaba oculto, ahora debe estar a la vista.

Puede parecer un detalle administrativo. Pero es mucho más que eso. Es un paso —lento, pero firme— para empezar a recomponer la relación entre los ciudadanos y el Estado. Una relación golpeada, desgastada, erosionada por años de opacidad, desconfianza y sensación de injusticia. Porque entender cuánto pagamos de impuestos no es un privilegio técnico. Es un derecho democrático.

Una ley que empieza a hablar nuestro idioma

La norma que pone en marcha este régimen se llama Ley 27.743 y fue sancionada por el Congreso Nacional a fines de 2024. Su nombre completo es “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”. Y aunque suene a título burocrático, lo que propone es bastante revolucionario: que el Estado deje de hablar en clave y empiece a explicarse.

El corazón de la ley es claro: obliga a que cada comprobante de venta detalle cuánto del precio corresponde al producto o servicio en sí, y cuánto son impuestos. Es decir, ya no más precios finales, sino que ahora debe venir desglosado en precio neto más tributos.

entender cuánto pagamos de impuestos no es un privilegio técnico. Es un derecho democrático

Esto aplica especialmente al IVA, que en Argentina es del 21% para la mayoría de los productos. Pero también alcanza a otros tributos indirectos nacionales, como los impuestos internos, que suelen pasar desapercibidos para el consumidor, pero encarecen lo que compramos todos los días.

¿Y qué cambia con esto? Cambia la percepción, ya que cuando el ciudadano ve claramente cuánto del precio que paga se va en impuestos, empieza a comprender mejor el rol que juega como contribuyente. Y con eso, se abre la puerta a una exigencia más legítima y más informada sobre cómo se administran esos recursos.

Lo interesante es que este régimen no sólo tiene una intención informativa. Tiene un fuerte contenido institucional, porque instala una práctica de transparencia activa por parte de los comercios, que pasan a ser agentes de difusión tributaria involuntarios pero fundamentales. Y esto, por primera vez en décadas, pone al consumidor en condiciones de saber cuánto del dinero que entrega en cada compra se destina al Estado, lo cual no es un dato menor en un país con alta presión fiscal y servicios públicos muchas veces deficientes. Si bien por ahora se implementó de manera obligatoria a nivel nacional, la ley también contempla la adhesión voluntaria de provincias y municipios, lo cual abre un capítulo clave en la historia tributaria argentina: la coordinación fiscal. La posibilidad de que los impuestos provinciales y locales —como Ingresos Brutos o tasas municipales— también sean discriminados en los tickets finales representa una revolución en términos de visibilidad fiscal, pero requiere un consenso institucional que todavía está en construcción. Aun así, la decisión política de avanzar con esta ley marca una bisagra. Por primera vez, no se le exige al ciudadano que “confíe ciegamente” en el sistema impositivo, sino que se lo invita a observarlo, a cuestionarlo y a comprenderlo.

La importancia de la transparencia fiscal

Durante años, en Argentina convivimos con un sistema tributario que parecía hecho a propósito para que nadie lo entienda. Impuestos escondidos en los precios, tasas que aparecen sin explicación, diferencias según la provincia o el municipio… y en el medio, el ciudadano tratando de entender cuánto realmente paga y por qué.

La verdad es que la mayoría de las veces no lo sabemos: no sabemos qué parte es por el producto, y qué parte se lo lleva el Estado. Y eso genera algo peor que la confusión: genera desconfianza. Por eso, este régimen viene a romper con esa ló- gica oscura.

Ver en un ticket cuánto se va en IVA o en impuestos internos no es menor. Es información concreta, visible, cotidiana. Y cuando esa información se repite todos los días, empieza a cambiar la forma en que pensamos nuestra relación con el Estado. Porque el Estado deja de ser una entelequia abstracta. Se vuelve algo presente, cercano. Y nos muestra, con crudeza, pero con verdad, que el gasto público no se financia con dinero de otro, sino con lo que cada uno de nosotros aporta en cada compra, en cada factura, en cada decisión diaria.

Y en este contexto argentino, donde muchos sienten que pagan mucho y reciben poco, donde la carga tributaria parece no estar en equilibrio con los servicios que presta el Estado, la transparencia puede ser el primer paso para reconstruir un puente roto. Saber cuánto se paga es el primer escalón. El siguiente es preguntar: ¿y cómo se usa?

Desafíos y oportunidades

Como toda transformación profunda, la implementación del régimen enfrenta resistencias y obstáculos. El primero es tecnológico y logístico: muchos pequeños comercios todavía no cuentan con sistemas de facturación electrónica que les permitan discriminar los impuestos como exige la ley.

El segundo desafío es institucional: la Argentina es un país federal, y eso implica que muchas decisiones tributarias no dependen solo del gobierno nacional. La adhesión de provincias y municipios al régimen de transparencia fiscal es voluntaria, lo que genera un escenario desigual. En algunas provincias la medida puede avanzar rápidamente, en otras puede demorar años o simplemente no implementarse.

Pero donde hay desafíos también hay oportunidades. Esta ley puede ser el puntapié inicial para algo mucho más ambicioso: una verdadera reforma fiscal, pensada desde la simplicidad y centrada en el ciudadano. Si el sistema tributario es más transparente, también puede ser más justo. Y si es más justo, puede generar mayor cumplimiento voluntario, menos evasión, y un vínculo más saludable entre sociedad y Estado.

Hacia una cultura fiscal consciente

Soñamos con una Argentina más justa, más ordenada, más transparente. Pero esa Argentina no se construye solo desde los grandes discursos, sino también desde las pequeñas decisiones cotidianas que nos acercan a un sistema más racional, más claro y más comprensible para todos. La transparencia fiscal es una de esas decisiones.

Claro que no alcanza con que los impuestos se vean. También es necesario que sean razonables, proporcionales y bien administrados. La transparencia, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales del sistema

tributario argentino, pero sí puede ser la base para empezar a solucionarlos. Y quizás lo más importante: puede devolverle al contribuyente algo que parecía extraviado en el camino: la confianza.

Como ciudadana, celebro este avance. Me parece un paso necesario, ya que no se trata solo de ver impuestos en un ticket, sino de reconocer al ciudadano como alguien digno de ser informado, respetado y tomado en serio. Esa es la verdadera revolución cultural que implica este régimen.

Por eso, el desafío que tenemos por delante es sostener esta medida, mejorarla, ampliarla, y lograr que todos los niveles del Estado se comprometan con una nueva forma de relacionarse con los contribuyentes. Una forma basada en la transparencia, la escucha y la rendición de cuentas.