ANTISINDICALISMO GUBERNAMENTAL

sindicatura previamente planeada. La declaración de quiebra puede venir en cualquier momento.

Pero lo que es más que evidente es la complicidad oficial con estas maniobras, que uno diría han sido preparadas por el propio gobierno.

Asistimos a una etapa de feroz antisindicalismo que hace sospechar que haya sido planeada desde antes y puesta bajo la custodia de Javier Lozano, que en eso de ser antisindical es el campeón. Da la impresión de que el PAN se ha impuesto esa tarea como algo principal, obviamente en beneficio de sus aliados del sector empresarial.

Los dos proyectos de LFT que han sido presentados por la Secretaría del Trabajo, el primero en tiempos de Carlos Abascal y el segundo producto del trabajo del grupo de Javier Lozano (con la sospechosa ayuda de la Coparmex), han procurado destruir los principales derechos de los trabajadores. En esos proyectos proliferan los contratos a prueba y los temporales, que se respaldan en la tesis de que son instrumentos que favorecen el empleo. Y ahora se tolera el outsourcing, una maniobra indecente que provoca que una oficina de contratación de trabajadores, que cuenta con un contrato colectivo de protección, los alquile a las empresas garantizándoles, inclusive con fianzas, que no tendrán problemas laborales porque no son sus trabajadores. Lo que incluye, de manera principal, la supuesta liberación de la obligación de pagar utilidades y una libertad de despido cuyas consecuencias asume la empresa arrendadora que ya se encargará de evitar esos problemas con la intervención de su sindicato.

El outsourcing nació para efectos mercantiles, cuando las grandes empresas advirtieron que podían encargar la fabricación de piezas a industrias ubicadas en países de salarios bajos –México, por ejemplo–, reservándose solamente el armado final y teniendo la oportunidad de vender más barato.

La idea no era mala, pero en México la hemos convertido en un vicio intolerable con el que los empresarios tratan de evitar responsabilidades laborales que asume el arrendador, por supuesto que esencialmente insolvente. Claro está que se viola el concepto mismo de relación de trabajo que se traduce en que un trabajador preste servicios a una empresa a cambio de un salario. En el outsourcing se supone que los servicios se prestan al arrendador aunque no sea así.

Una de las soluciones sería suprimir las juntas de conciliación y arbitraje y crear jueces de lo social dependientes del Poder Judicial. Así se hizo en España cuando llegó la democracia. Aunque reconozco que no siempre, entre nosotros, el Poder Judicial funciona con independencia. Otra solución será el cambio político. Parece ya indispensable aunque tampoco el PRI garantiza mucho, dados los antecedentes. Y con el PRD aliado al PAN, las esperanzas se desvanecen. A los trabajadores corresponde encontrar la solución.