De la Urbe 103

PERIODISMO UNIVERSITARIO PARA LA CIUDAD Universidad de Antioquia - Facultad de Comunicaciones y Filología

GRI AÑO 22

# 103

Medellín, septiembre de 2022

LAS PAREDES

N A T

www.delaurbe.udea.edu.co

2 Informe

Colegios no seguros, niñas no calladas Yesenia Palacio yesenia.palacio@udea.edu.co

A

l mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio.

“La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban.

“El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín.

La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto.

Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal.

Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio.

Secreto a voces El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas.

Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor.

Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas.

Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín.

De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación.

En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas.

Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores.

A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos.

Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la que nos ponía, que le llamó ‘perrito tomando leche’. Se trata de ponernos en cuatro como si fuéramos a tomar agua de la piscina, mientras él

daba vueltas”. En el mismo comunicado las estudiantes aclaraban que, contrario a lo que la rectora había afirmado en los medios, Jaramillo no había sido retirado de todos los grupos sino de tres.

“Nada habla peor de una institución que encubrir acosadores. Lo malo no es que haya profesores acosadores, porque es algo que puede pasar; lo malo es que los colegios no tengan rutas, acompañamiento y no hagan nada para proteger a sus estudiantes”, opina Herrera.

Eufóricas e históricas Días antes del 8 de marzo, en el Cefa aparecieron carteles con frases contra el acoso sexual. En grupos de WhatsApp las estudiantes de los grados superiores se organizaron para manifestarles a los directivos su inconformidad por la lentitud con el caso del profesor Carlos Jaramillo y, en general, para reclamar que las dejaran estudiar sin ser acosadas.

Ese 8 de marzo, las estudiantes de la jornada diurna elaboraron pancartas y las pegaron por todo el colegio. Al mediodía se pararon en el patio central que da la vista a la mayoría de los salones y departamentos de profesores para cantar la “Canción sin miedo”, de la mexicana Vivir Quintana, un himno feminista y de sororidad. Una de las estudiantes se infiltró en la sala de los parlantes para que sonara la canción por los bafles de toda la institución. De a poco, el resto de estudiantes salieron de sus aulas a ver lo que pasaba; unas se unieron a la concentración y otras sostuvieron carteles desde los balcones.

“Si tocan a una, respondemos todas”, cantaron al unísono. Las jóvenes grabaron ese momento y lo subieron a sus redes sociales. La viralidad de esas imágenes fue tal que la propia Quintana les envió un mensaje de apoyo: “Estoy muy orgullosa de ustedes (…). Muchas gracias por resistir, y que lamentable que desde tan chiquitas estén en esta lucha”.

Al acabar la jornada escolar, muchas estudiantes cogieron sus carteles y se unieron a la marcha del Día de la Mujer que transcurría en el centro. Algunas decidieron taparse la cara por miedo a que tomaran represalias contra ellas por marchar con el uniforme.

Esa tarde, el Esmad dispersó a las manifestantes cuando pasaban por la avenida Oriental, a la altura de la iglesia San José. La marcha volvió a unirse en el Teatro Pablo Tobón Uribe y, desde allí, un grupo de mujeres caminaron hasta el Cefa para levantar un plantón pacífico a las afueras de la institución. Participaron estudiantes, acudientes, egresadas y otras manifestantes, pero de nuevo el Esmad hizo presencia a pesar de que la mayoría de las asistentes eran jóvenes y niñas. A mediados de mayo, una estudiante del Cefa le dijo a De la Urbe que ese momento fue importante en su colegio: “Los directivos lo pueden ver como algo malo, pero nosotras sabemos que dejamos algo bueno a las nuevas generaciones y es que sepan que no tienen que quedarse calladas”.

Luego de ese día, otros colegios organizaron sus propios plantones y denuncias públicas. El 14 de marzo, el usuario @bedoya_salazar denunció en Twitter un caso de acoso sexual de un estudiante de noveno grado a una compañera en la Institución Educativa Alejandro Vélez, de Envigado. Según la publicación, los profesores e incluso la psicóloga del colegio minimizaron los hechos y le dijeron a la víctima que era ella quien debía “poner límites”. El 16 de marzo, las estudiantes de esta institución, principalmente del grado 11, sacaron carteles con mensajes como “No queremos sentarnos al lado de abusadores”, interrumpieron un partido de fútbol interclase, soportaron que sus compañeros les arrojaran basura, que las chiflaran e insultaran, y tomaron un micrófono para comentar lo que sucedía con su compañera. Luego, recorrieron el colegio gritando “No estás sola”.

“Sentíamos que si no la apoyábamos no iban a prestarle atención”, dice Laura*, estudiante de grado 11 de ese colegio, quien pidió mantener su nombre en reserva para evitar posibles sanciones disciplinarias. “Yo no veo la hora de graduarme, pero ellas son las que quedan. Me entristece que este tipo de situaciones queden impunes”.

Al día siguiente, también hubo manifestaciones en las instituciones educativas La Paz, El Salado y Darío de Bedout, en apoyo a las denuncias de sus compañeras de la Alejandro Vélez. El 22 de marzo, las estudiantes de varios colegios marcharon también por las calles de Envigado. Otras denuncias y manifestaciones similares se extendieron a otros colegios. En el Inem José Félix de Restrepo, las estudiantes realizaron una marcha luego de los señalamientos en redes sociales contra el capellán de la institución; en el colegio Ferrini Bilingüe, un padre de familia denunció a un docente por acoso; en la Institución Educativa Felipe de Restrepo, de Itagüí, las estudiantes organizaron un plantón contra la violencia sexual; y en la Institución Educativa Rural Salinas, en Caldas, varios padres denunciaron a un docente que, según dijeron, abusaba, violentaba y amenazaba a sus estudiantes.

Estas denuncias tuvieron cubrimiento en medios nacionales y locales. Parecía que estaba gestándose una especie de #MeToo escolar. A finales de marzo, ya sin tanto ruido, la Secretaría de Educación activó el Botón Fucsia,

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Fotografía: @alterinaph.

una plataforma para presentar de manera anónima casos de abuso o acoso sexual en los colegios. El 29 de julio, en respuesta a un derecho de petición presentado por De la Urbe, la Secretaría compartió algunas cifras sobre las asistencias que los profesionales del programa Entorno Escolar Protector han hecho este año a casos de violencia sexual en instituciones públicas. El Cefa fue el colegio con más atenciones: 32. Desde el 28 de marzo, sin embargo, no hay noticias al respecto.

Gritos en silencio El 9 de marzo, la rectora del Cefa, Aura Cecilia Medina Correa, le dio una entrevista a Blu Radio en la que afirmó que “no existe evidencia de abuso ni de tocamiento a estudiantes”. Habló, en cambio, “de comentarios reprochables” de parte del profesor denunciado. Luego de esas afirmaciones, las estudiantes convocaron a otro plantón y respondieron con un comunicado en el que rechazaban las declaraciones de la rectora y presentaban algunos testimonios. En las protestas, algunas de las manifestantes grafitearon las paredes del colegio y dañaron una puerta. Por esa razón, la institución estuvo cerrada una semana y las directivas argumentaron que usarían ese tiempo para ofrecer capacitación al personal.

A mediados de julio, algunas estudiantes le dijeron a De la Urbe que al volver a clase el ambiente en la institución empezó a ser tenso. Algunos docentes las culpabilizaban de los daños de la infraestructura y de afectar la imagen del colegio. Una de las estudiantes comentó que después de lo sucedido en marzo le da miedo usar el uniforme en la calle porque una vez en el transporte público recibió un comentario en el que la señalaban de “vándala”. Otra estudiante contó que no faltaron los profesores que hicieron comentarios irónicos en clase como que la conmemoración del 20 de julio no iba a ser posible porque el presupuesto de la institución solo alcanzaba para arreglar los daños de las marchas. También hubo compañeras a las que las responsabilizaron del mal humor de los docentes.

El profesor Carlos Jaramillo renunció el 10 de marzo y su caso pasó a Secretaría de Educación. Pero hubo más nombres de profesores denunciados en el Cefa: Jorge Cardeño, profesor de Cálculo, también apareció en los carteles del 8 de marzo. El propio Cardeño pidió firmas a sus estudiantes para rechazar las acusaciones y algunos padres de familia enviaron cartas apoyando al docente. El 13 de julio, cuatro meses después, fue apartado de las clases mientras avanza su proceso.

“Fue muy positivo saber que pude ayudar en algo, pero yo no veo avances de nada”, dice Valeria Moncada, con frustración, luego de haber acompañado por meses el caso.

Los padres de las jóvenes scout le pidieron no volver a tocar el tema de nuevo con las menores. Entretanto, ella empezó a sufrir episodios de ansiedad desatados por las complejas historias que recibía y los comentarios de redes sociales que la acusaban de dañar el nombre de la institución. “Llegué a un punto en el que otra persona tenía que leer los mensajes por mí, yo le dictaba qué responder. Esto para me filtraran los comentarios negativos que me dejaban”.

Laura, la estudiante que lideraba las protestas en la Alejandro Vélez, cuenta que recibió burlas de algunos de sus compañeros y sintió su seguridad tan amenazada que los primeros días después del plantón les pedía a sus amigas que la acompañaran hasta su casa. Las directivas de la institución enviaron al estudiante denunciado y a la víctima a estudiar en la casa por un tiempo y posteriormente los cambiaron de salones. El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Juan Gabriel Vélez, secretario de Educación de Envigado, en estos meses ambos estudiantes tuvieron acompañamiento psicológico y académico para garantizarles el derecho a la educación. “No se le puede vulnerar la escolarización a ninguno”. Finalmente, dos estudiantes de la institución que conocen a la víctima le contaron a De la Urbe que al volver a clase hubo comentarios y burlas alrededor y la estudiante decidió cambiarse a un colegio privado. “El acompañamiento fue desde el momento de la denuncia hasta su salida de la institución”,

reconoce el secretario.

Para Herrera, de Bolívar en Falda, el acoso sexual afecta sobre todo el derecho a la educación de niñas y jóvenes. “La violencia basada en género en entornos escolares y estudiantiles es una barrera para que nosotras podamos desarrollarnos profesional y académicamente en un espacio seguro. Eso es también vulnerar otro derecho, nuestro derecho a la educación”.

Entre junio y julio, De la Urbe estuvo varias veces en las afueras del Cefa. Nos acercamos a las estudiantes para conocer qué había pasado con las denuncias, algunas evadieron el tema, otras dijeron que sus padres les habían prohibido hablar del asunto. Una de ellas agregó que se sentía traicionada por los medios de comunicación, por no darles más espacios. Desde julio, De la Urbe intentó conversar con la rectora Aura Cecilia Medina, pero no fue posible concretar un espacio en su agenda. Medina insistió en que no es la encargada de dar más detalles de las denuncias. En su correo declaró que “la institución ha estado en mucha calma y respondiendo las exigencias académicas características de la dinámica institucional, se ha venido dando respuesta a los pedidos de las diversas partes interesadas en torno a procesos de formación como por ejemplo la introyección de los protocolos para atender los diversos casos de violencias sexuales (acoso, abuso y acceso), capacitación de equidad de género y diversidad sexual, delitos informáticos”.

Tres meses después de la primera denuncia en redes, Valeria Moncada reflexiona sobre el ruido, el movimiento mediático y las marchas de esos días: “A mí el feminismo me enseñó que cuando hay algo mal hay que alzar la voz y hacer algo”. El silencio y la impunidad, de todas maneras, le pesan.

Al preguntarle si cree que las autoridades hicieron lo suficiente para acompañar a las estudiantes concluye: “Podríamos movilizar toda la ciudad, mover nuestras rutas para apoyarlas, pero al entrar al salón de clases están ellas solas”.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

4 Editorial

Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Ximena Forero Arango Coordinación Radio: Alejandro González Ochoa Coordinación Televisión: Heiner Castañeda Bustamante Coordinación Digital: Walter Arias Hidalgo Docente de apoyo lenguaje sonoro: David Berrío Granada Auxiliares Caterine Jaramillo González, Sara Mesa Pérez y Yesenia Palacio Tamayo Diseño y Diagramación: Edwin Agudelo Asistencia Editorial Eliana Castro Gaviria Corrección de Estilo Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité editorial Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones y Filología: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento Formación Académica: Juan David Rodas Patiño Coordinador académico 1012 Lab: Ernesto Correa Herrera Coordinador Pregrado en Periodismo: Diana Ramírez Hoyos Comité de Carrera Periodismo: Diana Ramírez Hoyos, Ximena Forero Arango, Juan David Londoño Isaza, César Alzate Vargas, Maritza Trujillo Rodríguez, Julio César Caicedo Cano, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Jaime Andrés Peralta Agudelo.

Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 12, oficina 122 Tel: (57-4) 219 5912 delaurbe@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia

Capítulo Antioquia

GRI

LAS PAREDES

TAN

ISSN 16572556 Número 103 Septiembre de 2022

Ilustración de portada: Paulina Mesa Loaiza Fotografías de portada: Alejandro Valencia Carmona

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

Manifiesto por una universidad segura Este editorial no es nuevo, pero contiene una voz más potente, un coro más disímil, un discurso que ha aprendido a nombrar. Por eso hoy nos manifestamos y nos preguntamos: ¿dónde está esa Universidad segura de la que nos hablan como un entorno crítico y reflexivo?

E

ste editorial no es nuevo. Hace cuatro años, el 13 de septiembre de 2018, un grupo de mujeres de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas interrumpieron una ceremonia de grados para señalar a un estudiante por haber abusado de una compañera y protestaron en contra del silencio administrativo de la Universidad de Antioquia. En esos meses, algunas estudiantes pegaron carteles en los baños con los nombres y las fotografías de sus agresores. A finales de ese año, Bienestar Universitario publicó una ruta de atención a casos de violencia de género.

Este editorial no es nuevo, pero la discusión es cada vez más urgente. El 5 de agosto de 2022, un grupo de mujeres de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas empapeló las paredes de la Universidad con denuncias sobre diferentes violencias basadas en género (VBG) que viven como estudiantes: acosos, comentarios misóginos, agresiones sexuales y discriminación por identidad de género y orientación sexual. No solo expusieron nombres y cargos, también presentaron un pliego de peticiones en el que exigen que se abran las investigaciones que llegan a la Unidad de Asuntos Disciplinarios y que haya reformas en los planes de estudio con perspectiva de género. Desde entonces, varias mujeres y disidencias sexuales de otras facultades hemos expresado nuestra rabia, dolor e inconformidad. Hemos pintado carteles, rayado paredes, nos hemos unido a las manifestaciones y nos hemos acompañado en las asambleas para exigir respeto y seguridad en la Universidad.

Este editorial no es nuevo, pero contiene una voz más potente, un coro más disímil, un discurso que ha aprendido a nombrar. Por eso hoy nos manifestamos y nos preguntamos: ¿dónde está esa Universidad segura de la que nos hablan como un entorno crítico y reflexivo? ¿Dónde está esa Universidad segura en la que somos vistas como pares académicos y no como oportunidades sexuales? ¿Dónde está esa Universidad segura en la que nos refugiamos de los comentarios y las persecuciones de la calle? Nosotras hemos habitado por años una universidad que dista mucho de la que soñamos alguna vez.

Sí, en esta Universidad segura tenemos que pensar todos los días si nos podemos poner falda, vestido, short o algún tipo de escote para habitarla sin sentirnos incómodas.

Sí, en esta Universidad segura recibimos miradas lascivas desde que cruzamos la portería, atravesamos los pasillos y llegamos a los salones de clase.

Sí, en esta Universidad segura sentimos temor de que nos tomen una foto desprevenidas, sin nuestro consentimiento, y nos expongan en redes sociales.

Sí, en esta Universidad segura aplazamos los cuestionamientos a la violencia machista y el debate por las violencias basadas en género.

Sí, en esta Universidad segura algunos profesores nos invitan a la oficina o a la casa para mirar cómo nos pueden mejorar la nota: “¡Y ojo! Que esto quede entre nosotros”.

Sí, en esta Universidad segura los profesores se burlan de sus colegas y estudiantes: “Es que este pregrado no es para mujeres”, “No lo vas a entender, eres mujer”.

Sí, en esta Universidad segura hay tipos que nos persiguen y nos esperan en cada espacio que habitamos del campus.

Sí, en esta Universidad segura las mujeres recibimos llamadas de números desconocidos o nos hablan por WhatsApp y nos dicen que alguien de la Universidad les pasó nuestro contacto.

Sí, en esta Universidad segura los grupos clandestinos gritan por la libertad, pero ¿ya se habrán liberado de su macho interior?

Sí, en esta Universidad segura nuestras denuncias se pierden en las rutas de atención y los profesores con dos, tres, cinco denuncias siguen dando clases.

Sí, en esta Universidad segura borran nuestros murales y retiran nuestros carteles de denuncia y defensa de nuestros derechos.

Compa, no es bobada tuya, te entendemos. Entendemos lo que es decidir cambiar de ruta porque hay un grupo de hombres y no queremos lidiar con tantas miradas. O cuando le decimos a una amiga que nos vayamos por otro lado, porque por ahí está el tipo que saluda insistente y no comprende que no estamos interesadas en él.

Profe, te entendemos. Entendemos la sensación de que no te tomen en serio, que tus colegas interrumpan tus intervenciones y cuestionen tus logros y tu cargo profesional.

Compañerx, te entendemos. No tienes que estar dando explicaciones sobre tu decisión de identificarte con lo que te hace sentir a gusto. Somos personas y eso basta para merecer respeto.

Amigas, compas, las entendemos. Las entendemos cuando deciden usar las paredes como megáfonos para gritar los nombres y las historias de acoso y abuso porque no han sido escuchadas, porque las han dejado solas y con la responsabilidad de activar una ruta que las revictimiza.

Y no, no somos exageradas ni histéricas. Somos personas cansadas y con rabia de lidiar con palabras, miradas, acosos, violencias y abusos.

No, no exageramos porque un “NO” es evidente y se expresa mucho más que con palabras, nuestro cuerpo también habla y con eso debería ser suficiente.

Por eso nos expresamos.

Nos expresamos para poder estudiar en paz.

Nos expresamos para que ninguna estudiante tema denunciar a esa “vaca sagrada”.

Nos expresamos para exigir líneas seguras de atención, no pañitos de agua tibia; no más revictimización ni encubrimiento, porque debería ser más importante nuestra dignidad que mantener el nombre en limpio de un acosador o de una institución.

Nos expresamos para que ningún estudiante reciba comentarios transfóbicos en su salón de clase.

Nos expresamos para que los comentarios misóginos y denigrantes dejen de ser chistes.

Nos expresamos para que no nos hagan sentir incómodas con halagos innecesarios.

Nos expresamos por todas aquellas que dejaron sus carreras porque no fueron escuchadas.

Nos expresamos por las que continúan, a pesar de sus ataques de ansiedad y miedo.

Nos expresamos por las estudiantes que trasnochan estudiando para no perder el examen, para que no tengan que escuchar a su docente decir “Yo sé cómo le puedo ayudar”.

Nos expresamos por las que tienen que ver día a día a su acosador por los pasillos.

Nos expresamos por cada denuncia que se ha quedado en un correo sin revisar.

Nos expresamos por esas profesoras que son acosadas por sus pares e incluso por sus estudiantes, pero que no han podido denunciarlos.

Nos expresamos porque queremos habitar una Universidad de Antioquia segura, de verdad, en la que rechacemos colectivamente cualquier tipo de violencia.

Este editorial no es nuevo, pero nos expresamos porque calladas NUNCA más.

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Opinión

Revaluar las formas de lucha, una conversación que sigue pendiente William José Cáceres william.caceres@udea.edu.co

La violencia como método de lucha sepulta el debate, la deliberación política, la esencia misma de la universidad.

Replica incluso la idea terrible de que el otro es un enemigo al que hay que callar.

La Universidad de Antioquia

en deuda Sara Yaneth Fernández Moreno Profesora titular, activista y académica de la UdeA sara.fernandez@udea.edu.co

Todas las formas de violencia son cien por ciento evitables, las VBG con mayor razón lo son, su existencia entre nosotros no tiene hoy justificación alguna y eso lo debemos tener muy presente.

“

La universidad pública tiene que cambiar el modo guerra por el modo paz, dar ejemplo, porque si no es la comunidad universitaria la que instala el debate democrático a quién más se lo vamos a pedir”, repitió un par de veces Lucía González durante la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el 28 de julio de 2022, en el Teatro Camilo Torres. La insistencia de la comisionada tenía que ver con uno de los datos más escalofriantes que escuchamos ese día: en Colombia, 600 estudiantes universitarios fueron asesinados entre 1968 y 2018, esto es, un estudiante muerto cada mes durante 50 años. La cuarta parte de esos estudiantes asesinados, según el comisionado Saúl Franco, pertenecía a la Universidad de Antioquia, es decir, 150 estudiantes perdidos en la guerra. Hubo algunas arengas, pero sobre todo preguntas: ¿Qué pasa con las formas de lucha que hemos elegido en las universidades? ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando nuestras propias muertes? ¿Cuándo vamos a dejar de repetirnos en la tragedia y el drama de un círculo de muertes que no acaba?

Hablar de las formas de lucha implica hablar de heridas aún abiertas, algunas que están por cumplir 100 años. Me refiero a la rabia que convocó a cientos de estudiantes a marchar en contra del gobierno de Miguel Abadía Méndez el 7 de junio de 1929, un año después de la masacre de las Bananeras, y que culminó con la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho, en Bogotá.

Desde entonces, el movimiento estudiantil colombiano lleva un registro de innumerables persecuciones, torturas, amenazas y muertes por parte de todos los actores armados del conflicto: agentes del Estado, paramilitares, guerrillas y otros grupos que han optado por acciones violentas o represoras según sus intereses. Eso sin contar con las muertes en accidentes por la manipulación de explosivos.

Sí, los estudiantes estamos heridos y la incisión más profunda en tantos años de guerra es el insignificante valor que le hemos dado a la vida.

La violencia como método de lucha sepulta el debate, la deliberación política, la esencia misma de la universidad.

Replica incluso la idea terrible de que el otro es un enemigo al que hay que callar. Es hora de que entendamos como comunidad universitaria que cuestionar las acciones violentas en el campus no implica que abandonemos la crítica, la indignación, las exigencias de justicia ni mucho menos dejar de expresar nuestras inconformidades ni renunciar a las luchas por la dignidad y el respeto a la vida.

Al contrario, implica reconocer el momento histórico en que nos encontramos como sociedad y construir un

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as violencias basadas en género (VBG) son y han sido desde hace muchos años una lamentable realidad en todas las esferas sociales, más aún en las institucionales. Ha sido así no solo desde cuando empezamos a investigarlas formal y concretamente en las universidades colombianas hace más de veintidós años: muchas generaciones de estudiantes han contado como parte de sus anécdotas universitarias la cantidad de estrategias desplegadas para protegerse de verdaderos predadores sexuales, como los llama la literatura norteamericana que ha investigado el tema desde la década de los 70.

Los patrones no varían mucho en los perfiles de quienes acosan, que resultan ser molestamente reiterados: varones en edad mediana, con algún nivel de jerarquía por el cargo, el vínculo, el estatus o el privilegio que tienen con la institución, convencidos de la normalidad y naturalidad de su comportamiento por los usos y las costumbres de los pasillos universitarios y por el “eso siempre ha pasado”. Tampoco en las respuestas institucionales que por años fueron las mismas: silenciamiento, encubrimiento, eliminación de archivos y actas comprometedoras, negociación por fuera de los canales académicoadministrativos; aparte de la contundente, rotunda y aplastante negación.

Pero sucede que sí, que las circunstancias, la valentía y el coraje que ha inspirado a las personas afectadas, mayoritariamente mujeres jóvenes, estudiantes, también trabajadoras y profesoras con alta movilidad y precarización laboral, y sujetos feminizados en cualquiera de esas categorías, ya hace inocultable e imposible negar que los acosos laborales y sexuales, la educación sexista, la violencia epistémica, la discriminación, el prejuicio, la alta sexualización de los contenidos de clases, las bromas, los gestos y los comentarios son parte del día a día de las aulas.

Que, lastimosamente, por cotidianas, esas violencias se desestiman en sus efectos y en sus marcas en la vida de quienes transitan por las universidades con la idea de formarse profesional, técnica, ética, cultural y políticamente. Cinco años de estancia promedio para una persona en una universidad es un punto de inflexión, de proyección e impulso. O puede ser también de temor, dolor y traumas que dejan huella para su vida.

No olvidemos que hay personas esperando respuesta a las quejas que presentaron o a las denuncias que interpusieron ante autoridades competentes. Otras que han

camino en paz, un reto que nos llama a ser cuidadosos con nuestros recursos académicos e intelectuales y a ser conscientes del uso responsable de nuestro privilegio: el de ser universitarios.

Aunque en el pasado muchos grupos optaron por la violencia para llevar a cabo sus proyectos políticos, recientemente han tenido que reconocer que la fuerza destructora de la violencia terminó destruyendo hasta las ambiciones más nobles de sus luchas. “Mantener la guerra es una decisión política. Y la paz también”, dijo la comisionada Marta Ruiz en el Camilo Torres. Desde los 90, el país ha asistido a la firma de dos acuerdos de paz y acaba de elegir a Gustavo Petro, exguerrillero, como presidente.

Muchos excombatientes han permanecido en la lucha desde otros lugares y han descubierto que es en el mismo valor de la vida donde nace el impulso por la justicia y la dignidad.

Muestra de ello son las lideresas y los líderes sociales que a diario trabajan por los derechos de sus comunidades.

La comunidad universitaria que ha iluminado tantos otros debates en el país debería estar en la capacidad de cuestionarse a sí misma. En esta conversación también hay que exigirle coherencia a la administración, para que no salga a reconocer en público unas acciones mientras en silencio borra otras. Como sucedió con el mural del sirirí, al lado del Camilo Torres, en el que aparecían los nombres de 43 estudiantes y profesores de la UdeA víctimas. Ese mural fue eliminado y no importa si se trata de negligencia o censura directa, la administración no puede cerrar la puerta del diálogo.

Nos faltan conversaciones, propuestas de resolución pacífica de conflictos, pensarnos en el camino de la paz porque el conflicto armado sigue replicando sus dinámicas en la Universidad hasta el día de hoy. El actor más macabro permanece en el campus universitario, tiene poder, comercializa productos que están manchados con sangre y está extorsionando. Algunos lo saben, pero muchos compran su porro o su pola sin preguntarse nada.

Necesitamos iniciar esas conversaciones y reconocer que la violencia no ha sido ni será el camino hacia el cambio, que con las armas no hay un debate libre, no hay verdad y no hay justicia. Ya lo dijo la comisionada González: “Si la universidad pública no convierte su espacio en una apuesta decidida por la paz no vamos a ser capaces de tener un país distinto”. Al fin y al cabo, entre tantos retos que nos pone la vida, los seres humanos deberíamos estar siempre dispuestos al diálogo, para esto estamos vivos.

sido revictimizadas con contrademandas y persecuciones que han llegado incluso a las personas que les han acompañado en el proceso. Hay una deuda pendiente con todas ellas. Todas las formas de violencia son cien por ciento evitables, las VBG con mayor razón lo son, su existencia entre nosotros no tiene hoy justificación alguna y eso lo debemos tener muy presente.

Ocuparse de este tema no es menor, es una deuda que tenemos con las que lastimosamente no están, las que suspendieron semestre con la ilusión de no tener que tomar una clase con el único que sabe del tema, pero que es el mismo que no la deja dormir; las que pusieron en conocimiento de su situación a las unidades académicas que nunca registraron los hechos o se ocuparon de ellos formalmente; las que fueron inducidas a desistir y a quienes desde el comienzo se les advirtió que no pasaría nada.

Ninguna persona que se sienta parte de la Universidad de Antioquia podrá volver a decir hoy que las VBG no son relevantes ni ameritan nuestra atención. Egresadas como Nataly, Juderus, Enedy y Marjorie, víctimas de violencia feminicida, la más extrema de todas las violencias en contra de las mujeres, son la última ratio de la emergencia universitaria decretada por la Mesa Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias y por la Asamblea General de Profesores y Profesoras de la Universidad de Antioquia.

Nada, absolutamente nada, justifica la existencia y persistencia de las VBG en el campus, ya no. Todas y cada una de las vidas universitarias afectadas de múltiples maneras por esta problemática importan y por eso vamos a trabajar mancomunadamente en ello.

Por Nataly, Juderus, Enedy y Marjorie; las violencias basadas en género no caben en el campus universitario.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

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Los silencios y las deudas de la Generadora Alejandría El 28 de abril, empezó la construcción de una nueva turbina en la PCH Generadora Alejandría.

Sin embargo, la empresa aún no ha cumplido algunos de los compromisos “de palabra” que asumió con la comunidad hace ya más de 10 años, antes de que iniciara el proyecto. Esta es la segunda entrega del seguimiento que hace De la Urbe a los impactos de las pequeñas centrales hidroeléctricas en el Oriente antioqueño.

Simón Zapata Alzate simon.zapataa@udea.edu.co Yesica Natalia Gómez Giraldo yesica.gomezg@udea.edu.co

“

Aquí nos hicieron una carretera”, “Nos arreglaron la vía”, “Hicieron esa carretera porque antes el camino era más pa’ arriba, por un monte”, “De las cosas buenas que trajo la generadora fue que nos hicieron carretera, nosotros no teníamos”.

Los habitantes de las veredas Los Naranjos, del municipio de Santo Domingo, El Remolino, de Alejandría, y Fátima, de Concepción, están de acuerdo en una cosa: lo mejor que trajo la Generadora Alejandría, pequeña central hidroeléctrica (PCH) ubicada en el río Nare, en medio de estas tres veredas, fue la construcción de la carretera de Los Naranjos.

Lo primero que se ve al llegar a Los Naranjos es el contraste entre el mal estado de la carretera principal que comunica a los municipios de Santo Domingo y Alejandría, con la vía pavimentada que va desde allí hasta la entrada de la generadora.

Estas tres veredas hacen parte de un corredor geográfico que conecta al Oriente con el Nordeste, una zona que, en los 90, estuvo en disputa por el ELN y los paramilitares y que en la última década se ha vuelto estratégica para los proyectos de generación de energía. La PCH Generadora Alejandría empezó su construcción en 2013 y, pese al consenso que hay sobre los beneficios de la carretera que arregló la empresa, hoy los pobladores se preguntan qué pasó con otros compromisos de palabra que asumió esta y aseguran que de haber contado con mejor información, habrían exigido mayores compensaciones por los efectos sociales y ambientales. ¿Inversión social?

La PCH Generadora Alejandría es una iniciativa público-privada del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia.

Las obras de su primera etapa costaron cerca de 120 mil millones de pesos y la licencia ambiental fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional Cornare.

Esa autoridad ambiental autorizó en 2011 la construcción de una PCH a filo de agua, con capacidad para generar 15 megavatios, que funcionaría con dos turbinas.

La PCH fue inaugurada en agosto de 2016, pero en 2021 la empresa recibió el visto bueno para la construcción de una tercera turbina.

Las licencias ambientales no son documentos tallados en piedra, algunas veces reciben modificaciones con el paso de los años. Uno de los requisitos para el licenciamiento es el estudio de impacto ambiental en el que cualquier empresa interesada en ejecutar este tipo de proyectos debe evaluar tres componentes: las afectaciones ambientales, económicas y sociales. Además, debe presentar medidas de manejo de impacto para la prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos.

En 2014, una nota del diario Portafolio afirmaba que “del costo total del proyecto, estimado [en ese momento] en 95 mil millones de pesos, la PCH Generadora Alejandría destinaría un total de 600 millones de pesos para la inversión social, con los que las comunidades de su zona de influencia recibirían beneficios en educación, deporte, cultura y restauración de su patrimonio histórico”. En otras palabras, ese proyecto destinaría poco más del 0,6 % de su costo a la inversión para las comunidades cercanas.

“La Generadora ha pintado la escuela, nos apoyan con regalos en navidad para los niños. Cada año organizan una salida pedagógica. Y construyeron un tanque para que nos llegara el agua y los baños y pudiéramos volver a clases después de la pandemia”, dice Osman Palacio, profesor del Centro Educativo Rural de Los Naranjos, sobre los recursos que ha invertido la empresa en estas veredas, que paradójicamente no tienen acueductos.

La PCH Generadora Alejandría utiliza en sus procesos las aguas del río Nare.

Fotografía: Yesica Natalia Gómez Giraldo.

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Sin embargo, Sergio Calderón, líder juvenil de Alejandría e integrante del colectivo Utopía Alejandría, dice que “las empresas con intereses extractivistas ponen en marcha unos discursos de persuasión y generan un acondicionamiento y un aprestamiento del terreno, para que las comunidades no se opongan y no resistan”. Para defender su postura, Calderón agrega que “el proceso de socialización y de concertación de la PCH se dio a espaldas de la comunidad. Cuando se iba a empezar a ejecutar ya tenía las licencias y las condiciones normativas y legales para implementarse y desarrollarse”. Por otro lado, Olga Alzate, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Los Naranjos comenta: “Nosotros al principio decíamos que muy bueno, porque esos proyectos traen mucho progreso por acá, que por la gente y todo, pero no pensamos en las consecuencias”.

La socialización del proyecto se hizo por separado con los habitantes de las tres veredas. Aunque llegaron a acuerdos puntuales sobre la inversión en cada territorio, de esas reuniones no quedó ningún acta o documento que soportara esos compromisos. Es en parte, por esa razón, que Sergio Calderón afirma que la persuasión está “alimentada de promesas que no se cumplen nunca y que son muy difíciles de concretar en el territorio”.

Entre los compromisos que según los habitantes de las veredas asumió la Generadora Alejandría estaba llevar internet a las casas de la vereda Fátima. Ese acuerdo se cumplió. En Los Naranjos, la empresa se comprometió a financiar proyectos productivos con animales como peces, pollos y ganado. “Era una especie de semillita para que en un futuro uno pueda sustentarse de eso”, dice Jairo Mejía, habitante de esa vereda. Sin embargo, algunas personas cuestionan que las familias beneficiadas tenían que cumplir con dos condiciones: que sus integrantes hubieran trabajado en la construcción de la primera fase y llevaran más de un año viviendo en la vereda.

Entre tanto, en la vereda El Remolino, el compromiso fue la construcción de una vía hasta la escuela donde en la actualidad no hay clases porque son muy pocos los niños en edad escolar, pero que es usada como centro comunitario y espacio para las reuniones de la Junta de Acción Comunal.

Casi seis años después, la vía no se ha construido y, según María Zapata, habitante de esa vereda, la empresa respondió que no pudo hacer la obra porque Cornare no le otorgó el permiso. No obstante, esa misma autoridad ambiental le aseguró a De la Urbe que nunca recibió una solicitud para la construcción de esa carretera.

Amalita Cardona, ingeniera ambiental de Cornare, afirma que las empresas en sus licencias asumen compromisos explícitos a los cuales las autoridades ambientales pueden hacer seguimiento. “Sin embargo, hay otros compromisos voluntarios que asumen con la comunidad dentro del proceso de socialización. La empresa en ocasiones habla de unos cambios muy grandes, y esa es una generación de expectativas en la que nosotros somos muy enfáticos al recomendarles ser muy prudentes al hablar con las comunidades”.

era tan pequeño, él bajaba con más fuerza. Más adelante nos podemos quedar sin agua. Un cuñado mío que vive arriba en la montaña dice que el agua se le secó”, comenta César López, habitante de El Remolino.

Dentro del componente ambiental de la licencia, las empresas deben hacer una caracterización de las especies animales y vegetales que confluyen en la zona de impacto para garantizar su preservación. Sin embargo, esos efectos adversos que muchos campesinos le atribuyen a la Generadora Alejandría no están documentados porque no existe un mecanismo de seguimiento que involucre a la comunidad. Al respecto, Cornare responde que está en constante comunicación con los proyectos: “Ellos deben enviarnos informes anuales, trimestrales y hasta mensuales para asegurar el cumplimiento de lo exigido en la licencia”, le dijo a De la Urbe Oladier Ramírez, secretario general de Cornare.

Ante ese panorama, Gladys resume con una afirmación lo que sienten los pobladores cuya palabra y experiencia es insuficiente para exigir que los proyectos no afecten su territorio: “Una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que uno ve”.

“Empezar de cero” En el componente socioeconómico de la licencia, aunque no precisa un número, la empresa aseguró que generaría empleos para mano de obra no calificada y priorizaría a los habitantes de estas veredas. Por ejemplo, en El Remolino, Edilberto Metaute y su esposa Estela Valencia hicieron alimentos y alquilaron su finca para albergar a los trabajadores que vinieran de afuera. Y en Los Naranjos, Jairo Mejía y su esposa Olga Alzate también se encargaron de la alimentación.

Otras personas trabajaron en la fase de construcción.

Ovidio López, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Remolino, hizo parte de la obra durante más de dos años. “El trabajo fue bueno y el sueldo era bastante”, dice López. “El problema fue que tuve que dejar la finca quieta o pagarle a alguien para que la cuidara, entonces cuando el trabajo se terminó, me tocó volver a empezar de cero con los cultivos”.

Colectivos como Movete, Utopía Alejandría y la Corporación Jurídica Libertad (CJL) aseguran que este tipo de proyectos afectan de diferentes maneras el tejido social, y en el Oriente antioqueño han originado un proceso de descampesinización. Lo más común es que las personas dejen por períodos prolongados sus actividades agrícolas y

campesinas para trabajar por salarios atractivos, sobre todo durante la fase de construcción. Pero en muchas ocasiones, cuando las obras terminan y retornan a los trabajos de sus fincas, se encuentran con el deterioro de sus actividades tradicionales y, a veces, con la necesidad de abandonar sus territorios o buscar otras alternativas para su sustento.

En el Oriente hay actualmente 17 PCH funcionando, de acuerdo con la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación. Es decir, que pasaron exitosamente el proceso de estudios, licenciamiento ambiental y construcción. La CJL ha acompañado política, jurídica y socialmente a varias comunidades que se han organizado y han llevado a cabo un litigio estratégico, con acciones de nulidad contra los actos administrativos que otorgan las licencias. De esa forma han frenado proyectos como Porvenir 2 y Cocorná 3.

Sobre casos como el de la PCH Generadora Alejandría, Vanesa Vasco, abogada e investigadora de la CJL, dice que “hay exigencias que se pueden seguir realizando así ya esté construida y esté en funcionamiento. La comunidad tiene que organizarse y articularse, para que la empresa pueda verlos como actores políticos e interlocutores válidos a quienes responderle”.

De la Urbe contactó a Rodrigo Arenas, gerente de la PCH Generadora Alejandría, y en una primera conversación informal aseguró que la empresa ha hecho inversiones obligatorias y voluntarias en la zona. “Hemos puesto pozos sépticos, cemento para rieles, donamos tubos para su acueducto y hemos apoyado proyectos agropecuarios, entre otras cosas”.

Pero luego, al solicitar una entrevista para hablar en detalle sobre las inquietudes de las comunidades y solicitar los acuerdos previos a las obras, la empresa remitió a Nicolás Pérez, quien actúa como enlace entre la Generadora Alejandría y la comunidad. Pérez se negó a ampliar la postura de la empresa y respondió que la información solicitada “es de muy difícil consecución dentro de todos los archivos de la empresa, ya que es información de muchos años y no se encuentra compendiada”. *** A las 6:30 de la mañana algunas personas de las tres veredas salen a esperar uno de los pocos buses que va hacia Santo Domingo. El paradero está ubicado justo en el cruce de la carretera que pavimentó la empresa con la vía principal que conecta a ese municipio con Alejandría.

Normalmente, son tres recorridos de ida y vuelta, pero debido al mal estado de la vía actualmente solo pasan dos, uno en la mañana y otro al mediodía.

Por esta vía también pasan volquetas con materiales y camionetas que llevan a los ingenieros y obreros que trabajaban en el montaje de la nueva turbina. La mayoría de trabajadores viene de otras partes del país. Con el avance de esa construcción, está previsto que más vehículos pesados hagan ese recorrido y que aumente el deterioro de la carretera principal.

Sergio Calderón recuerda que durante la primera fase de construcción de la PCH el casco urbano de Alejandría pasó de ser “apacible y tranquilo, a ser rumbero y fiestero.

El consumo de alcohol y de drogas aumentó y la explotación sexual se disparó”. Y asegura que ese fenómeno se está repitiendo por la construcción de la nueva turbina.

A eso se suma el avance de proyectos similares en la zona. Uno de ellos es la PCH Nare, ubicada en una zona a la que se llega por una vía terciaria que parte de Alejandría.

Ese proyecto, propiedad de Isagén, tiene licencia ambiental desde 2018 y en la región crece la expectativa por el inicio de unas obras que, aunque no tienen una fecha exacta, le sumaría a la tensión que existe en la zona por el uso de sus ríos para generar energía.

“De velo de novia a velo de quinceañera” Él área donde se ubica la PCH, entre los municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo está atravesada por el río Nare y diferentes quebradas. El hito geográfico más importante para los habitantes de la zona es el Velo de Novia, una imponente cascada que fue nombrada así debido a la similitud que tiene la caída de agua con un velo.

Gladys Vanegas, habitante de Los Naranjos, dice que en la comunidad hay preocupación porque la caída del agua ha disminuido: “Primero la cascada era inmensa, uno se paraba por el bordo y la brisa lo alcanzaba, ya ahorita no. Y el río se ve mucho más seco. Primero era un velo de novia, ahora parece un velo de quinceañera”.

A la comunidad también le preocupa el agua para el consumo de las casas y los animales y para los cultivos, agua que viene de nacimientos de la montaña. “Ese chorrito no

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8 Crónica

Arauquita se está quedando s o l o M

amá estaba por empezar su clase. Era febrero de 2022. Miró la lista de sus niños de prescolar y cuando subió la mirada, no encontró a uno de ellos. Así empezó todo, con un niño que un día faltó a clase y no volvió más. En adelante cada vez más pupitres empezaron a quedarse vacíos.

En 2010, llegué a Arauquita, municipio ubicado a cuatro horas de Arauca, la capital del departamento del mismo nombre. Lo hice junto a mi madre y mi tío, de quienes por seguridad debo reservarme sus nombres. Ambos son docentes y recién habían ganado el concurso para ser profesores del magisterio. Viajamos para probar suerte en aquel pueblo de un poco más de 40 mil habitantes, donde mi mamá apenas tenía a un viejo amigo de la universidad.

“Esa tierra está llena de guerrilla”, nos decían amigos y familiares días antes de mudarnos. En realidad, casi nadie sabía dónde quedaba Arauquita. Escasamente nos llegaban las noticias sobre el conflicto en Arauca. Mamá, al principio, lo vio como un lugar de paso: “Luego voy a concursar para irnos a Cúcuta”, me decía. Y a mí me emocionaba la idea de vivir en una ciudad. Eso, sin embargo, también cambió con el tiempo.

Cuando llegamos, el paisaje de la guerra era diferente al que nos habían vendido. Claro que había guerrillas: Arauca es un departamento con una fuerte influencia del ELN, en particular del Frente Oriental; también estaban las Farc, incluso después de su desmovilización, desde 2016, el antiguo Frente Décimo (conocido como Martín Villa) permanece en la zona. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, la suma de todas las confrontaciones en

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Santiago Vega Durán santiago.vega@udea.edu.co

Arauquita ha dejado más de 27 mil desplazados y cerca de 2800 personas asesinadas.

Pero nosotros no encontramos el panorama de guerra que nos imaginábamos. “Los paramilitares nunca han podido entrar porque no hay aeropuerto por donde los puedan meter”, me dijo una vez un profe de bachillerato.

Muchas personas consideraban que la presencia guerrillera en el pueblo era una especie de “protección” para la población civil. Sin embargo, nos dimos cuenta de que era una amenaza permanente y una forma de “limpieza social”: expulsaban o asesinaban a los ladrones y consumidores de drogas, extorsionaban a los comerciantes y eran quienes tenían el control de la seguridad.

La calma que vivimos al llegar fue simplemente suerte.

Y fue momentánea o, mejor, selectiva. En 2010, las Farc y el ELN habían firmado un acuerdo entre ellos que daba fin a la guerra que empezaron en 2004 por el control de esa zona. La supuesta paz consistía en dirigir los ataques de ambas guerrillas contra la fuerza pública. Ese mismo año escuchamos por primera vez la expresión “paro armado”, y vimos varias veces la misma imagen: un viejo camión rojo daba vueltas por el pueblo con una bocina que recitaba un discurso y nos ordenaba no salir de casa, pero no ocurría nada más.

Un año después de nuestra llegada, un día de enero de 2011, salí con mi madre por un algodón de azúcar a la feria del pueblo. Caminábamos hacia el vendedor cuando un hombre sacó una pistola y le disparó tres veces a un policía que hacía guardia. Una multitud de personas corrió asustada buscando refugio. Mi madre me tomó tan fuerte del brazo que el dolor me duró un par de semanas. Corrimos como locos huyendo de un asesino que no nos perseguía. Yo, que no entendía nada acerca de la guerra, estaba triste porque no podía comprar mi algodón de azúcar. Esa fue la primera vez que supe lo que significaba vivir en mitad del conflicto.

El miedo como regla La mañana del 2 de enero de 2022, circuló un panfleto por el pueblo. Era una declaración de guerra contra el ELN y la firmaba el Frente Martín Villa de las disidencias de las Farc. Estos últimos acusaban a los primeros de aliarse con el Ejército, aunque en el fondo lo que existe, según la explicación que hay en Arauquita, es una disputa por controlar una región clave para el narcotráfico en un departamento fronterizo.

Horas después de la circulación del panfleto, en redes sociales aparecieron fotografías con decenas de cuerpos ensangrentados. Recuerdo las palabras de mi madre ese día: “¡Miércoles!, como que se va a poner fea la cosa”. Muy pronto el Frente Martín Villa anunció un toque de queda; después de las seis de la tarde nadie debía estar en la calle, pero desde las tres el municipio ya era un pueblo fantasma.

Así fue la vida durante los primeros meses del año y los muertos empezaron a aparecer en el casco urbano. Eso que

9 parecía cosa solo de las veredas y de lo que uno se enteraba de vez en cuando estaba cada vez más cerca y ahora muchas de las víctimas eran conocidos, vecinos, amigos de los amigos.

De acuerdo con la información recopilada por la Personería de Arauquita, en varias zonas rurales del pueblo, los campesinos aseguran que las disidencias de las Farc quieren apoderarse del terreno para sembrar coca, pero el ELN no lo permite y eso es lo que ha generado una confrontación que ha forzado el desplazamiento de muchas familias.

Solo en el primer semestre de 2022, hasta el 30 de junio, 36 personas fueron asesinadas en Arauquita, todas con arma de fuego. Los registros de la Personería Municipal también indican que por lo menos 137 personas salieron desplazadas del municipio en esos primeros seis meses del año. La cifra, sin embargo, puede ser mucho mayor, pues incluye solo a quienes se registran en las dependencias oficiales.

En la mayoría de los casos, el destino de esas personas desplazadas es Bogotá. Según una fuente de la administración local, cuyo nombre De la Urbe se reserva por seguridad, las personas que salen con miedo se van a las grandes ciudades porque en Arauca no existen garantías de seguridad ni hay capacidad para acompañar a los desplazados.

Cuando empecé a quedarme solo A finales de enero mataron a Frank Segovia, el hermano de un conocido que trabajaba como mecánico en un taller. Lo acusaron de trabajar para el bando contrario, aunque en realidad su único pecado era no preguntarles a sus clientes qué banderas defendían.

El pueblo ya se veía más vacío. Algunos se iban porque en cualquier momento podían resultar involucrados fácilmente en un malentendido o ser obligados a elegir un bando. Otros no soportaban vivir encerrados en sus casas, sometidos al miedo y con la guerra tocando a su puerta.

Ya no se podía pensar en llevar una vida normal, nadie podía salir de noche, había que andar con cuidado, estar en la calle podía ser suficiente motivo para convertirse en un muerto más o ver a alguien convertirse en uno. La mayoría de los muertos y buena parte de los desplazados son hombres jóvenes.

Muchas familias con los recursos suficientes empacaron y se fueron. O mandaron a sus hijos solos a casas de familiares en otros pueblos del país.

En febrero, me quedé solo. Mis amigos y muchos otros muchachos abandonaron Arauquita. El rumor de que las guerrillas estaban reclutando a jóvenes mayores de 14 años expulsó a mis amigos más cercanos, que no quisieron quedarse a confirmar la sospecha. La última vez que nos encontramos todos juntos en Arauquita fue el primero de enero. Recibimos el nuevo año escuchando música y celebrando nuestra amistad. Ahora el recuerdo de esa noche es el último que me queda con ellos. Cada quien se fue por su lado y no nos hemos vuelto a reunir.

El primero en irse fue Sergio. El muchacho atendía un local de videojuegos y computadores con internet.

Algunas veces, antes de que la guerra nos tocara tan de cerca, esperábamos a que Sergio cerrara y nos íbamos con él a comer empanadas en el malecón. Con los asesinatos y los desplazamientos de este año, apenas iban un par de muchachos al local en el que atendía Sergio y, antes de que se ocultara el sol, todo el mundo ya estaba de vuelta en sus casas. El negocio ya no producía lo suficiente para pagarle a Sergio por lo que el dueño lo despidió.

Un día, acostado en una hamaca, Sergio se puso a pensar en qué clase de futuro podría tener en un pueblo donde el miedo habitaba todos los rincones. Por esos días, su madre le dijo que se fuera a vivir a Bogotá con su hermana mientras mejoraba la situación. Sintió tristeza por tener que dejar a su familia en Arauquita, pero a la vez lo entusiasmaba la idea de llevar de nuevo una vida normal.

Ya en Bogotá, Sergio no pudo ser más feliz. “Salir a la calle sin pensar en qué momento se forma una balacera no tiene precio, amigo”, me dijo una vez que hablamos mientras él estaba en la capital.

Yo esperé hasta marzo para irme. Claro que sentía miedo, pero mi madre cumplía años a mediados de febrero y yo me negaba a festejar su cumpleaños estando lejos.

Estaba a un par de meses de empezar la universidad en Medellín y eso me pondría a 24 horas de camino de su lado, más de 700 kilómetros. El primero de marzo abordé un avión hacia Cúcuta, en contra de mi voluntad.

Pasé más de un mes en Cúcuta. Trabajé con mi tío en su escuela de fútbol. Todos los días lo acompañaba en los entrenamientos y los fines de semana le ayudaba como aguatero en los partidos. Estar tan ocupado fue un respiro para mí. Aunque en Arauquita llevaba una vida mucho menos movida, no tenía tanta libertad.

Mientras tanto, mi madre, su esposo y mi hermanito pequeño seguían viendo cómo el pueblo se iba quedando solo. En el colegio hay cada vez más pupitres vacíos en todos los salones, desde prescolar hasta once. Algunos de los padres que se van dicen que están cansados de vivir con miedo, otros salen corriendo amenazados por no contribuir económicamente con alguno de los grupos que los extorsionan. Las salidas al parque, la biblioteca o la ludoteca se acabaron porque todos los días la radio local reporta muertos y atentados.

Los comerciantes no han sufrido menos que los profesores y los estudiantes. Muchos negocios cerraron porque las guerrillas no permiten su funcionamiento, pues los acusan de colaborar con el grupo rival. Donde antes había tiendas, talleres o mercados ahora solo hay letreros que dicen “Se vende”. “Si uno le paga vacuna a un grupo, el otro grupo lo pone en la mira, y no da para pagar dos vacunas, por eso muchos negocios prefieren cerrar y los dueños se van”, dice un comerciante local.

En abril me mudé a Medellín para estudiar Periodismo y he seguido desde la distancia lo que pasa en el pueblo. Mi mamá, que pensaba estar de paso en Arauquita mientras lograba un traslado, ahora insiste en quedarse, doce años después de haber llegado, a pesar de las balas y el miedo.

“Yo no me quiero ir, yo lo que quiero es que esto mejore, pero solo parece empeorar”, me dijo la vez que le pregunté si no pensaba que era mejor hacer su vida en otra parte.

En la tarde del 2 de mayo, mi madre, su esposo y mi hermano salieron a comerse un helado. Mientras mi hermanito correteaba por la heladería, en la acera del frente dos hombres en una moto acabaron con la vida de un tipo que andaba por allí. Con el helado a medio comer se fueron corriendo para la casa.

Al igual que mamá, estoy seguro de que nadie se fue porque quiso, uno no quiere irse del pueblo en el que han crecido las semillas de lo que sembró. Por ahora, yo me quiero quedar en Medellín. Quiero ser periodista, y no quiero serlo en un lugar azotado por un grupo armado del que no se puede hablar en voz alta. No es digno vivir en medio de una guerra. Hoy da miedo vivir en Arauquita y no hay nada peor que vivir con miedo.

En la portería de ingreso al colegio Juan Jacobo Rousseau, un cartel recuerda que el Derecho Internacional Humanitario protege las escuelas y que, por tanto, deben ser espacios libres de actores armados.

Fotografía: Santiago Vega Durán.

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10 Perfil

Stefany sin E Ángela María Páez Rodríguez angela.paezr@udea.edu.co

E

l nombre es, quizá, lo primero que recibimos al nacer. Lo llevamos con nosotros toda la vida. Con el pasar de los meses aprendemos a responder al llamado de esa formación sonora y luego es tal vez lo primero que escribimos en un cuaderno. El nombre es una especie de defensa personal que nos sigue acompañando hasta después de la muerte. A Stefany la registraron con S y sus amigas cuentan que odiaba que le pusieran la E al inicio de su nombre. Pero eso no lo sabían muchos; no lo sabían algunos medios de comunicación que informaron sobre su muerte ni tampoco muchos de los universitarios que lamentaron su pérdida.

Stefany Orrego Bedoya era estudiante del pregrado en Química de la Universidad de Antioquia. Murió el 8 de junio de 2022 en una casa del barrio Chagualo, a pocas cuadras del campus universitario. Los hechos que llevaron a su muerte siguen siendo confusos y de lo único que hay certeza es que en esa casa algunas personas estaban manipulando explosivos artesanales. Hasta ese miércoles, el nombre de Stefany no aparecía en las noticias ni en las conversaciones de la Universidad, solo sus amigos y algunos conocidos sabían qué le gustaba hacer o cuáles eran sus sueños. Sin embargo, debido a las circunstancias de su muerte, los aspectos que rodeaban su vida entraron en una discusión pública. Ahí comenzó la disputa por su memoria.

El accidente que acabó con la vida de Stefany sucedió en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Caído. Como todos los años, el 8 y 9 de junio, la comunidad universitaria recuerda a los estudiantes que perdieron la vida mientras luchaban por sus causas. Esos días, en la UdeA y en muchas otras universidades públicas, grupos de encapuchados detonan explosivos y se enfrentan a los grupos antidisturbios de la Policía.

El rumor de la explosión corrió con rapidez por los grupos de WhatsApp y Facebook de los estudiantes y no tardó en ser de interés para los medios locales. Mientras la noticia empezaba a circular, todavía con imprecisiones, varios encapuchados “tropeleaban” en la Universidad. A pesar de que el campus fue evacuado, los enfrentamientos continuaron durante varias horas. Esa tarde solo se sabía que una explosión cerca de la Universidad había dejado varios heridos, entre ellos, una mujer muy joven que estaba en delicado estado de salud.

A eso de las 10 de la noche de ese miércoles, el entonces suspendido alcalde Daniel Quintero publicó un tuit anunciando que la mujer joven era una estudiante de la UdeA y había muerto. Escribió un nombre: Estefany, con E. Los medios de comunicación replicaron la información del trino y, esa misma noche, las redes sociales de los medios se llenaron de mensajes de odio y desprecio. El debate público no esperó a conocer los motivos que la pusieron en esa casa el día de la explosión. En medio de la confusión había una certeza: Stefany estaba muerta.

Stefany no era una estudiante foránea, pero tres semanas antes había decidido irse de su casa. Hilda Bedoya, mamá de Stefany, cuenta que “estaba estudiando de lunes a sábado y trabajaba turnos en un puesto de tintos de la Universidad. Le acaban de hacer contrato en una cervecería en El Poblado de donde salía a medianoche o a las dos de la mañana, entonces, había ido a quedarse donde unos amigos que vivían ahí, porque ella salía muy tarde y entraba a estudiar a las seis o siete de la mañana. Se quedaba en esa casa para alcanzar a dormir unas horitas”.

Luego de la noticia del alcalde, algunos periodistas quisieron profundizar en la historia de Stefany, pero solo El Colombiano buscó a Hilda para escuchar de su voz lo que quería contar de su hija. Ese perfil resaltó facetas de su vida distintas a las condiciones que la llevaron a su muerte. Describió su gusto por los girasoles, la pintura y los musicales, así como de su necesidad de defender los derechos humanos. La inmediatez de la nota, tal vez, no permitió ver algunos claroscuros de su vida.

Stefa, como la llaman sus familiares y amigos, había cumplido 19 años el 26 de mayo. Estudió hasta noveno en Bello, y decidió terminar el bachillerato en el Inem José Félix

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de Restrepo para estudiar una media técnica en Química.

Al momento de graduarse, por su rendimiento académico, la Alcaldía de Bello le ofreció la beca Galileo 2.0 para que estudiara en cualquier universidad privada, sin embargo, como lo recuerda Manuela Zuluaga, amiga de Stefany y también merecedora de este estímulo, Stefany decidió n o aceptar la oferta: “Yo le insistí para que escogiera una universidad privada, y ella me dijo: ‘No, Manu. Me voy a la pública’”.

La primera vez no pasó a la UdeA. La segunda vez lo logró. Al fin iba a estudiar Química como lo había soñado en la adolescencia. En 2021 empezó el pregrado desde casa debido a la pandemia. A pesar de ser una estudiante destacada durante el colegio, surgieron otras situaciones que dificultaron ese inicio de su vida universitaria.

Ilustración: Paulina Mesa Loaiza

11 expresar inconformidad con el Gobierno.

“Yo me tengo que ir, mamá. Yo no me voy a quedar aquí manicruzada sin hacer nada como ustedes, dejando que los gobiernos hagan lo que se les dé la gana”, recuerda Hilda que Stefany le dijo, en medio de una discusión que tuvieron porque ella no estaba de acuerdo con que saliera a una manifestación en la época del estallido social del 2021.

Además de ser estudiante universitaria, Stefany era artista. Desde 2016 bailaba en la Academia Diamonds y también pintaba de forma empírica en acrílico. Al ver su talento un primo de su padre le patrocinó unas clases para perfeccionar la técnica. Ya había logrado exponer sus cuadros en un café de arte en Bello y pintaba por encargo para generar sus propios ingresos.

Una de las obras que más recuerdan sus cercanos es el mural de un gran corazón que realizó en compañía de otro artista en el marco del Décimo Campamento en Defensa y Resignificación del Territorio en La Choza de Marco Fidel Suárez, en Bello. Hasta ahí llegaron familiares, amigos y universitarios por varias noches para conmemorarla. Sin embargo, Camila y Jéssica recuerdan con tedio la noche del 10 de junio, cuando ya Stefany había sido sepultada y muchos estudiantes se dieron cita ahí con velas y flores.

De un momento a otro, una masa de personas empezó a entonar arengas y a recitar “La milonga del fusilado”:

Mi voz la que está gritando mi sueño el que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van aflojando porque el que murió peleando vive en cada compañero “Stefa tenía un problema mental de ansiedad generalizada y depresión. En el primer semestre, que fue virtual, el encierro fue lo peor. Le era muy difícil estar encerrada, y estar en la casa para ella se volvió un caos. Casi no podía, no le daba, me decía: ‘Mami, casi no soy capaz de retener nada’. Casi no termina ese primer semestre”, cuenta Hilda.

Al día siguiente de la explosión, de nuevo grupos de encapuchados salieron a lanzar explosivos y a confrontar a la Policía. Ahora a la segunda fecha de conmemoración del Día del Estudiante Caído se sumaba la muerte de Stefany.

Así fue contada esa jornada de protesta en “Qué pasa en la U?”, un perfil de Instagram que publica información y noticias sobre las universidades públicas: “El 9 de junio una mariposa recorría la Universidad de Antioquia, su nombre era Estefany, por siempre la recordaremos. Salen grupos de primera línea y grupos de defensa popular y realizan tropel conmemorando la compañera Estefany”. De nuevo Estefany, con E. “Creo que no es lo mismo para los estudiantes de la Universidad, no es el mismo sentimiento. Cuando pasó, duró unos poquitos días, todo el mundo hablaba de Stefany, pero pasó una semana y ya, todo volvió a la normalidad. La gente siguió con su vida. Y no, para las personas que realmente coexistíamos en su mundo no es fácil, no es algo de una semana”, dice Darcy Vargas, maquilladora profesional y amiga de Stefany de la academia donde ambas bailaban.

Aun así, en ninguno de los comunicados de los grupos que hicieron el tropel de ese día se nombraba a Stefany.

Eso sí, algunas paredes de la Universidad fueron rayadas con un “Stefany vive” y en medio de los enfrentamientos con la Policía, en la plazoleta Barrientos al costado de la calle Barranquilla, dos estudiantes alzaron una tela con un mensaje: “Stefany vive en el fragor de la lucha”.

Para los grupos clandestinos y de encapuchados de la Universidad, Stefany es una estudiante que murió en la lucha, sin embargo, Jéssica Manco, amiga de la infancia y estudiante de Ingeniería Química, dice que “en la Universidad hubo quienes se aprovecharon de la muerte de Stefany, dando por sentado que ella era cierto tipo de persona. Apropiándose de la muerte de alguien que ni siquiera conocían para darle validez a sus propias ideologías”.

Las versiones se contraponen. Algunos hablaron de Stefany con E en las velatones y los homenajes que se organizaron en la Universidad, especularon sobre lo que ocurrió o sobre su supuesta cercanía a grupos clandestinos.

Por otro lado, está la Stefany sin E a quien recuerdan su mamá y sus amigas, la que estaba convencida de que las manifestaciones sociales pacíficas eran una forma de

Las amigas de Stefany se sintieron incómodas, molestas, tristes. También se cuestionan por qué al día siguiente de su muerte los encapuchados salieron a “tropeliar”. Para ellas no tiene sentido, esperaban silencio, quietud, respeto por la muerte violenta de su amiga. Pero sucedió todo lo contrario: un gran enfrentamiento, muchas explosiones y hasta un encapuchado salió con un machete.

La Universidad cerró y canceló todas las actividades. Esa noche se había programado una velatón en la plazoleta Barrientos y, debido a los enfrentamientos, muchos no asistieron.

Leyder Perdomo Ramírez es abogado y profesor de la Universidad de Antioquia. Se ha dedicado a estudiar e investigar la violencia tanto en la ciudad como en el campus y explica que los grupos de encapuchados “revindican la vida en el sentido político. Ellos lo hacen a partir del sacrificio. Hacen una reivindicación valiosa pero limitada porque se quedan en que el estudiante dio la vida. Y no la dio, la perdió”.

Cada una de las partes que construye la memoria de Stefany está ubicada en un extremo opuesto de la otra.

Se incomodan entre ellas. Son diferentes versiones sobre quién era y cómo debería ser recordada. Cada parte se siente dueña de la verdad y entre ellas se reducen o se ignoran.

Coinciden, eso sí, en que a Stefany le importaba la situación del país y tenía una participación activa en la movilización social, pero justamente ese interés es el más controversial y lo que más suspicacias causa sobre su muerte.

Sus amigas dicen que ella apoyaba las manifestaciones pacíficas, su mamá sabía que asistía a marchas con sus amigos y a algunas asambleas de la Universidad. Pero los grupos clandestinos y encapuchados, que creen que se debe estar dispuesto a dar la vida por las ideas, revindican en sus “pintas” y sus acciones que murió “en el fragor de la lucha”. Entre tanto, algunas personas en internet lamentan su muerte, otras dicen que se lo merecía, se burlan y la señalan de “guerrillera” y “vándala”. Y muchos la olvidan.

La memoria de Stefany recién se comienza a escribir.

Algunos la recordarán como Stefany y otros como Estefany según sus propias conveniencias. Quizá, cada 8 y 9 de junio será recordada y usada como un símbolo del Día del Estudiante Caído. O quizá no.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

12 Informe

La disputa que describen las paredes de la Universidad de Antioquia En los últimos meses han aparecido en la UdeA “pintas” y panfletos de organizaciones clandestinas que rechazan supuestas extorsiones contra algunos vendedores informales. Esa situación, de la que la universidad habla en voz baja, plantea una problemática estrechamente conectada con el control del expendio de drogas en Ciudad Universitaria.

Redacción De la Urbe delaurbe@udea.edu.co

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

“

No más extorsión en la UdeA”, se leyó durante varias semanas en una de las paredes del bloque 12 de Ciudad Universitaria. Luego, la pared fue pintada de blanco. Pero en el pasillo, entre los bloques 9 y 14, sobrevive otra “pinta”: “Afuera plazas de vicio”, dice en una columna. A unos pocos metros dice en otra pared: “Fuera jíbaros y extorsionistas”.

Los muros de la Universidad de Antioquia, en los que usualmente se escriben mensajes políticos y de reflexión sobre la situación del país, exponen desde hace varios meses una disputa en ciernes que tiene en el centro dos problemáticas: el narcotráfico y la extorsión.

La situación podría resumirse así: grupos clandestinos están realizando acciones para para hacer visible su rechazo a la presencia de una organización conectada con el crimen organizado de Medellín, que es responsable del control del expendio de drogas en el campus y ahora, supuestamente, también de extorsionar a algunos vendedores informales. ¿Hay extorsiones en la UdeA? De la Urbe habló con varios chaceros y aunque ninguno dijo ser víctima directa de ese delito, varios de ellos sí aseguraron conocer personas que venden comidas, dulces u otros productos en Ciudad Universitaria que deben pagar una cuota o han sido presionadas para que dejen sus negocios.

Otra fuente que ha investigado hechos de violencia en la Universidad desde hace varios años y pidió mantener su nombre en reserva aseguró que sí hay casos de extorsión en el campus universitario. Agregó que es “una práctica que viene sucediendo desde el 2009” y que ha generado tensiones en diferentes momentos.

Esa fuente recuerda que, en ese entonces, había un control estricto de la venta de películas, música y programas informáticos “piratas” que se comercializaban en puestos informales en diferentes puntos del campus, pero que ahora ese fenómeno ha mutado y se concentra en los permisos para ocupar determinados espacios.

El cobro de “vacunas” y el control territorial que conlleva esa acción tiene su origen en el costado occidental de la cancha de fútbol de Ciudad Universitaria. Ese lugar, conocido como el Aeropuerto, es una antigua zona de tolerancia que desde la década de los 70 empezó a reunir, primero, a consumidores de marihuana, luego a unos pocos vendedores de drogas sin relación con estructuras ilegales, y, a partir de la primera década del 2000, a expendedores de otras sustancias que replicaban en el campus las disputas por el control del tráfico que existen en el resto de la ciudad.

En los últimos meses, varias denuncias anónimas publicadas en cuentas de Instagram que informan sobre asuntos de la Universidad también se han referido a las extorsiones. Según esas publicaciones, los cobros se estarían concentrando en los bloques de las facultades de Artes, Ingeniería y en las zonas de deportes, los edificios más cercanos al Aeropuerto.

Incluso, una de esas cuentas publicó a mediados de julio un texto en el que aseguraba que “quienes dirigen dicho negocio”, en referencia al expendio de drogas, buscan “expandir sus zonas de control”. Por esa razón han ocurrido “amenazas directas con arma de fuego a la vista para que realicen el ‘APORTE’ diario a lxs muchachxos” [sic]. Finalmente, de acuerdo con esa publicación, uno de los vendedores informales del Aeropuerto fue agredido durante las vacaciones de mitad de año cuando abría su negocio y tuvo que ser internado en una clínica durante una semana.

Al respecto, Yamile Ruiz, jefe de la División de Servicios Logísticos, Seguridad a Personas y Bienes, dijo que las directivas universitarias conocieron esa denuncia, pero que no fue posible identificar a la persona agredida y, por tanto, confirmar la veracidad de los hechos.

“Si nos llega un chico a decirnos que es víctima de extorsión, lo que hacemos es acompañarlo a formalizar una denuncia, porque nosotros somos personas civiles; nuestra arma es un carné y un lapicero. ¿Qué podríamos hacer contra una banda delincuencial que extorsiona, intimida, que amenaza con afectar la integridad física?”, afirmó Ruiz.

Entre tanto, un comerciante informal que tiene su puesto cerca del Aeropuerto dijo que una de las chazas de la Facultad de Artes dejó de “abrir” en ese bloque y otra ya no lo hace con la misma regularidad debido a las presiones que han recibido sus propietarios. Otra estudiante, que hace parte de una organización estudiantil y de defensa de los derechos humanos, aseguró que las presiones se han centrado en estudiantes que venden productos de hoja de coca o de cannabis.

Eso ha llegado a tal punto que, según reconoce Yamile Ruiz, algunos trabajadores de la empresa de seguridad privada que presta sus servicios a la Universidad han solicitado traslados o han abandonado sus empleos porque “temen a ciertos estudiantes o a ciertos actores externos que habitan la Universidad”.

13

Los antecedentes y un problema de ciudad El 8 de noviembre de 2001, fueron asesinados los estudiantes David Santiago Jaramillo y Juan Manuel Jiménez en el bloque 6 de Ciudad Universitaria. Un hombre y una mujer llegaron al balcón donde jugaban ajedrez y les dispararon con una subametralladora.

Ese caso llevó al Consejo Superior Universitario (CSU) a prohibir las ventas informales dentro de la Universidad, por medio del Acuerdo Superior 206 de 2001. La decisión estaba basada en una supuesta relación entre esa forma de comercio y los problemas de seguridad que enfrentaba la institución. En 2014, el abogado Isaac Buitrago presentó una acción de nulidad para que se derogara esa norma.

Según sus argumentos, hubo vicios de forma y de fondo en la decisión del CSU. Para Buitrago, ese organismo partió de la premisa equivocada de que los vendedores informales facilitaban el ingreso de armas. “Era una afirmación suelta, no había ninguna investigación que la respaldara”, explica.

Lo que ocurre dentro de la Universidad no puede entenderse de forma aislada y se relaciona con lo que pasa en el resto de la ciudad. Según Medellín Cómo Vamos, en el período 2014-2016, Medellín fue la ciudad con el nivel más alto de extorsión reportada entre las ciudades más grandes del país. Además, para el 2022 el Gaula estima que por lo menos el 80 % de la ciudad sufre de este delito.

La relación entre tráfico de drogas y extorsión es estrecha. En 2019, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó el estudio Coerción extorsiva en Medellín en el que concluyó, por ejemplo, que cerca de la mitad de las empresas formales establecidas en el centro pagan “vacunas”. Además, en su estudio, el IPC ratificó que la extorsión es la segunda renta más representativa para las organizaciones delincuenciales de Medellín después del narcotráfico.

Así, los “combos” suelen captar recursos de ambos negocios. Aunque en el caso de la Universidad de Antioquia, las versiones de los propios vendedores informales apuntan a que se trata más de presiones por controlar el negocio de la venta de drogas, licor y derivados de la coca, que de una renta para aumentar ganancias.

Un investigador judicial le dijo a De la Urbe que “la plaza” del Aeropuerto ha sido “históricamente” controlada por la banda de La Terraza, una de las más antiguas organizaciones criminales del Valle de Aburrá. Esa versión coincide con la de otras dos fuentes, una de la Policía y otra de la Fiscalía, que ratificaron que esa organización es la “dueña” de ese negocio.

El investigador agregó que puntualmente es manejada por los mismos expendedores de los alrededores de

Lovaina y el cementerio de San Pedro. Según esta fuente, los “traficantes independientes solicitan un permiso para vender en ocasiones especiales: aniversarios, festividades universitarias, etc. Y pagan un arriendo semanal”.

Ahora bien, los comunicados y las “pintas” que han aparecido rechazando la venta de drogas y las extorsiones muestran dos puntos que resultan importantes. El primero, que son varios los grupos clandestinos que se han manifestado en relación con ese tema. En los últimos meses han circulado comunicados, por ejemplo, a nombre del Frente Revolucionario Popular y de la Juventudes del M-19.

El segundo punto es que esas expresiones de rechazo han puesto en evidencia la reaparición de grupos de encapuchados que firman a nombre de las Farc. Por ejemplo, el grafiti que estuvo en el bloque 12 estaba acompañado por un “Farc-EP” y por las siglas “CCC”. Esta última corresponde al Comando Coordinador de Occidente, las disidencias de esa guerrilla que se ubican en el suroccidente colombiano y a la que pertenecía Leider Johany Noscué, alias Mayimbú, quien murió en un enfrentamiento con el Ejército en junio en Suárez, Cauca. Pintas similares, también firmadas por las Farc, aparecieron en la Biblioteca Central y sus alrededores.

Lo anterior plantea el escenario de una confrontación que por ahora se limita a mensajes en las paredes, pero que recuerda otros momentos en que las disputas propias del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares terminaron teniendo lugar también en el ámbito universitario. ¿Qué puede hacer la Universidad?

Elmer Gaviria, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, dice que la administración reconoce la complejidad del problema y la diversidad de los actores involucrados. “Acá no se pueden poner peras, manzanas, naranjas, uvas y sumarlas. A uno en estos casos le dicen: ‘ejerza el gobierno y la autoridad, pero la autoridad es la Policía’. ¿Qué resuelve la presencia física de esa policía?

Nada, genera más violencia, que por lo general va acompañada de cierres prolongados del campus”.

La administración central asegura no haber recibido información concreta que les permita ratificar que hay extorsiones. El secretario general William Fredy Pérez le dijo a De la Urbe que la Universidad no cuenta con “información cierta” sobre ese tema, porque la Institución en general y la Secretaría en particular “no se ocupan de esos problemas de convivencia en el sentido más técnico del término”.

Fotografía: De la Urbe.

Agregó, sin embargo, que sí sondean las preocupaciones y que está claro que “la Universidad no tiene ni quiere tener aparatos de inteligencia ni de la fuerza pública”. En su análisis, el secretario general dijo que reconoce a las universidades públicas como espacios vulnerables, pero que están protegidos “por las palabras, los discursos, las voluntades y los comportamientos normalmente universitarios, no por cuerpos armados”.

A propósito, Adrián Restrepo, profesor del Instituto de Estudios Políticos (IEP) recuerda que en 2010 la universidad vivió una situación similar. En ese momento, la discusión se desató porque un estudiante de Periodismo estaba grabando en el Aeropuerto unos planos de apoyo en video para un trabajo de clase. Los expendedores de drogas lo golpearon y le intentaron quitar la cámara.

El profesor del IEP afirma que luego de esa situación la administración central solicitó apoyo de la Fiscalía, que adelantó una investigación y realizó varias capturas. “En la Universidad nos cuidamos porque eso confronta y te pone en riesgo, pero el Estado no puede renunciar a eso.

Y mucho más si se empiezan a dar prácticas como las que algunas personas están comentando”, explica Restrepo en referencia a las extorsiones.

Y a esa diferencia entre alcances y capacidades de las directivas académicas y otras autoridades externas a la Universidad, también se refiere el rector John Jairo Arboleda: “El tema de la droga es un asunto ilegal.

Nosotros tenemos el acompañamiento de ciertas autoridades, en este caso, la Policía, que tiene cámaras externas y ellos identifican vehículos y personas, y saben qué es lo que entran. Nosotros aquí lo único que hacemos es una vigilancia cívica”, puntualiza.

Pero para el profesor Restrepo es necesario que “las autoridades académicas nos digan si, en efecto, hay indicios de que ese problema existe, porque si lo hay tenemos que empezar a discutir públicamente cómo vamos a afrontarlo”.

Y lo cierto es que, entre el silencio y los comentarios en voz baja, por ahora esa discusión parece aplazada o por lo menos reducida a lo que dicen las paredes y los panfletos de los grupos clandestinos que anuncian el riesgo de que escale una confrontación.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

14 Informe

En la UdeA hay una plaza de vicio que se volvió paisaje

Laura Almanza laura.almanza@udea.edu.co

L

a primera vez que compré un bareto en la Universidad de Antioquia fue un jueves después de almorzar. Ahí estaba el tipo de siempre, sentado en un pupitre debajo de un árbol cualquiera. No sabía muy bien qué decir así que le solté un “Hola, ¿tenés marihuana?”. Me dijo que solo tenía cripa y me sacó un cigarrillo ya armado en una bolsita ziploc.

Pagué dos mil pesos y me fui rápido con un vacío en el estómago.

Más que un secreto a voces, la plaza de vicio de Ciudad Universitaria es una de las más antiguas de Medellín.

Lo que llamamos el Aeropuerto es en realidad una amplia zona deportiva diseñada institucionalmente para la recreación y el deporte, en donde desde hace años también se puede comprar dulces, licor artesanal, cervezas, comidas rápidas y energizantes. En el centro de esos negocios, desde los años 70, hay una plaza de vicio que es básicamente un tipo en un pupitre del que sabemos muy poco.

Lo más atractivo del Aeropuerto es que no solo es un lugar de venta, sino de consumo de sustancias sicoactivas.

“Cuando hemos hablado con los consumidores de la Universidad la pregunta directa que les hacemos es ‘¿Por qué lo hacen en la Universidad?’. La respuesta es: ‘Profe, porque es el único lugar seguro donde puedo prenderlo; si yo lo prendo en la casa me van a echar, si me voy pa’ un parque está la Policía y me van a meter un comparendo o un canazo, y en el barrio los que venden no dejan que uno lo prenda ahí porque se les calienta el parche’. Entonces, lo hacen en la Universidad, se sientan con los amigos, dialogan, lo prenden y nadie los molesta”, explica Adrián Restrepo Parra, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad.

El 14 de julio del 2022, un grupo de encapuchados estalló un par de explosivos justo al lado del Aeropuerto.

Durante la acción pasaron repartiendo volantes con un mensaje impreso que decía: “Es incongruente de nuestra parte que sigamos financiando las balas que luego nos van a suprimir. Preguntémonos, ¿es concordante luchar por un mejor mañana, pero tener la raíz de los problemas tan cerca y latente?, ¿es lógico hablar del daño que hace la parapolítica, pero luego ir a comprar un bareto del jíbaro?”.

El texto iba firmado por el Frente Revolucionario Popular (FRP).

Lo que en principio podría interpretarse como una crítica personal a los universitarios que financian el narcotráfico o a los actores armados ilegales que tienen el control de ese negocio en el campus, también retomó la pregunta de cómo entendemos el consumo de drogas en la UdeA dejándole la responsabilidad de la situación únicamente a quienes consumen. La lógica de “si no hay quien compre, no se vende” es ingenua y alejada de la realidad. Primero porque la gente no va a dejar de consumir drogas y, segundo, porque otras alternativas para adquirirlas son difíciles.

“El autocultivo es una manera de no involucrarse directamente con el narcotráfico, algunos chicos lo hacen, pero es muy costoso”, explica Restrepo. “Cultivar es un asunto rural, es una matriz campesina del que siembra la mata, el que se unta de tierra tiene la paciencia de cuidar la semilla, de ver crecer la plantita y dele que dele… Eso lo hacen muy pocas personas. Es muy difícil que la gente se vuelque al autocultivo, pero sí es un escenario que

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

Ilustración: Átomo - @atomocartun

ayuda y esa propuesta la estuvimos impulsando”. Otro de los problemas del autocultivo es que se reduce a los consumidores de marihuana, pero no habla de cómo auto gestionar otras sustancias. Alguna vez un profesor en clase mencionó que deberían enseñar a “autocultivar perico”, y otro compañero propuso comprar una furgoneta para sintetizar drogas sintéticas a lo Walter White.

En cualquier caso, no es posible señalar a los consumidores como los únicos responsables de que la plaza de vicio permanezca en la Universidad. Hace tiempo uno de los muros de Ciudad Universitaria replicaba una pregunta que nos hacemos muchos estudiantes: “¿Y a los de la plaza no les piden la TIP?”.

La administración actual habla con mesura del tema y se defiende de quienes consideran su postura como condescendiente: “Nosotros no tenemos herramientas para controlar un fenómeno de esos, además lo que hacemos aquí es una vigilancia cívica. Yo no voy a ser rector de una universidad que tenga que poner personas con armas en las puertas”, dice el rector John Jairo Arboleda Céspedes. Lo cierto es que una cosa es intervenir la venta ilegal de drogas, que corresponde a autoridades externas a la Universidad, y otra, que sí es interna, que tiene que ver con el abordaje de los consumos como un problema de salud pública y convivencia.

Esta diferencia es importante porque enfoca las estrategias de atención universitarias en torno al diálogo, la salud y el autocuidado. Hace algunos años, Olmes Ortiz, líder histórico de la marcha cannábica, y quien murió en 2021, decía: “También tenemos que educar a los consumidores, porque uno fuma por placer o por gusto, pero todos respiramos por necesidad”.

Y a propósito, desde Bienestar Universitario, el Programa Educativo de Prevención de Adicciones (Pepa) interviene en comportamientos compulsivos en general que pueden tener un impacto importante en la vida de los estudiantes. Aunque el programa se enfoca en prevención y evasión del consumo, también son conscientes de que algunos estudiantes son y seguirán siendo consumidores,

y así aparecen otras perspectivas como la reducción de riesgos y daños.

Eliana Hernández, psicorientadora de Pepa, explica que “se trata de pensar en cómo hacer para que un estudiante que decide consumir y no puede o no quiere dejar de hacerlo no vea deteriorada sus condiciones o calidad de vida, que pueda terminar su proyecto académico y que tenga algunas conductas de autocuidado”.

Pepa fue creado en el año 2013 por el Departamento de Promoción y Prevención; según varios informes publicados por la revista Cultura y Droga, los estudiantes que han accedido al programa han sentido que les ayuda y es de fácil acceso.

Sin embargo, las conversaciones cotidianas con consumidores en la UdeA demuestran que el programa se queda muy corto en su difusión y que muy pocos estudiantes lo reconocen.

Ahora bien, hay otras acciones no institucionales que apuntan a reflexiones similares. En el bloque 12, por ejemplo, aparecieron a mediados de 2022 algunos carteles sin marcas administrativas ni logos en los que se leen mensajes como “Préndelo, pero lejos, todo bien” o “¿Fumas solo al aire libre y alejadx de lxs demás? Qué chimba sog”, acompañados de datos curiosos sobre el daño que causa el humo del tabaco y la marihuana tanto para fumadores activos como pasivos. “Si yo leo un mensaje de esos definitivamente sí me haría reflexionar, lo leería y me preguntaría por qué está ahí, qué me está pidiendo la otra persona”, dice Julián Ramírez, de 27 años y estudiante del pregrado de Música.

En el año 2018, algunos estudiantes en compañía de la profesora Luz Marina Monroy, del Departamento de Música, crearon la iniciativa Con-Suma-Conciencia. No se trataba de una campaña para que las personas dejaran de consumir, sino de cómo lograr acuerdos para que esos consumos no afectaran la dinámica académica. “ConSuma-Conciencia tenía una cercanía con la comunidad que consume, constantemente se hacían charlas, talleres, traían personas, hacían conciertos aquí en el Aeropuerto, incluso se regalaban semillas. Tal vez es hora de retomar todos esos espacios después de la pandemia, no necesariamente para que haya más, sino para que sean de un buen impacto y una mejor calidad”, afirma Julián.

En la experiencia universitaria los muros han sido más efectivos que las invitaciones a conversatorios que llegan al correo institucional y se pierden en la bandeja de entrada. “Esto también demuestra que el problema sigue siendo más de convivencia. El humo genera problemas, como también los pueden generar las ventas ambulantes.

Sentarse a estudiar con un olor a chicharrón o a chorizo también puede generar malestar, mareo, incluso algunos se vomitarán porque les evoca algo. Cada uno tiene un universo con eso”, comenta Adrián Restrepo.

A lo mejor llegó el momento de hablar del consumo de drogas en la Universidad sin eufemismos y crear estrategias desde la administración que tengan mayor difusión. Que se planteen debates sobre la construcción de espacios para el estudio de fumadores y sobre cómo evitar el consumo de sustancias adulteradas. Mientras esperamos un país con mejores políticas de drogas, en el Aeropuerto seguirá el tipo del pupitre llenando los bolsillos de grupos que no nos representan y, quizá, sin siquiera leer una sola de nuestras palabras.

Entrevista

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No es con Policía ni violaciones de los derechos humanos que se van a superar las protestas violentas

E

n febrero de 2020, el alcalde de Medellín Daniel Quintero le solicitó al Esmad de la Policía que ingresara a la Universidad de Antioquia durante una protesta en la que encapuchados usaban papasbomba.

Ante las críticas que generó esa decisión, el alcalde presentó, por medio de Twitter, lo que llamó un “Protocolo de Reacción Contra Explosivos en Universidades”.

En esa publicación, Quintero fijaba una serie de acciones que empezaba con la evacuación de los campus y terminaba con el ingreso de los escuadrones antidisturbios “con el fin de recuperar el control y garantizar la tranquilidad de toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general”. Unos días después, los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA invitaron al alcalde a replantear la decisión e hicieron un pronunciamiento en el que afirmaron que la confrontación “nunca ha solucionado nada, al contrario, ha atizado el escalamiento de las rabias, los desencuentros y los enfrentamientos que nos obstinamos en superar”.

Estos hechos le sumaron elementos de tensión a un debate que algunos universitarios planteaban hacía varios años sobre la vigencia de la capucha y los explosivos en las movilizaciones. Sin embargo, la pandemia y la cuarentena aplazaron indefinidamente esa discusión.

El regreso a la presencialidad a finales de 2021 y la apertura de la Universidad sin mayores restricciones, llevaron también a la reactivación del “tropel” y a la aparición de grupos clandestinos. El 8 de junio de este año, Stefany Orrego, estudiante de Química, murió en un accidente con explosivos en una casa del barrio Chagualo mientras en la Universidad se conmemoraba el Día del Estudiante Caído.

Aunque de nuevo algunos universitarios cuestionaron las formas violentas de lucha en el campus, tan pronto como la marea bajó, otras coyunturas universitarias le ganaron espacio a ese debate. Conversamos sobre el tema con Leyder Perdomo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, que desde hace varios años se ha interesado por comprender los antecedentes, las motivaciones y las consecuencias del tropel y los explosivos en las movilizaciones estudiantiles. ¿Cómo se explican hoy las protestas violentas en la Universidad de Antioquia?

En la Universidad hay que hablar de violencias en plural. Hay una violencia política de interpelación, que llevan a cabo los grupos clandestinos por medio de formas violentas de protestar, reclamar y hacer memoria. Otro tipo de violencia se refiere al alzamiento armado contra el Estado: la idea de un proyecto revolucionario, de derrocar al poder político institucionalizado y organizarse militar y políticamente para eso. Y una tercera es la violencia de refrendación del orden que ejercen actores paramilitares o actores del Estado.

Estas violencias llevan mucho tiempo, ¿por qué son legitimadas por algunos sectores?

Cada uno de estos actores busca legitimar sus violencias. Por ejemplo, en nombre del orden, el Estado muchas veces rebasa sus límites legales. Mientras tanto, los actores insurgentes defienden su alzamiento armado en la lucha contra las injusticias. Por otro lado, el discurso de interpelación de los actores de la violencia generalmente se basa en una reivindicación de la universidad pública y de acceso a la educación para toda la población. ¿De qué manera ha cambiado el tropel en las universidades en los últimos años?

En el contexto de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil

Alejandro Valencia Carmona alejandro.valencia1@udea.edu.co

de 2011, algunos sectores del movimiento estudiantil empezaron a proclamar la independencia de las tradiciones políticas de izquierda. Además, se proliferó el conocimiento de cómo se hace la confrontación: en internet, por ejemplo, se consigue un manual de cómo hacer una papabomba con facilidad. Eso llevó a que actualmente haya una variación en la conformación de los grupos clandestinos, en el discurso que emiten y en los usos del armamento popular.

Desde entonces se perdió la rigidez de las organizaciones clandestinas en su conformación y actuar.

En los últimos años han muerto dos estudiantes de la Universidad de Antioquia en accidentes con explosivos, ¿no será necesario cuestionar la vigencia del uso de explosivos en la movilización social?

En lo corrido de este siglo van seis estudiantes muertos por hechos relacionados con el uso de explosivos en la Universidad. Más que un asunto de vigencia es una preocupación por el bienestar de los estudiantes. Lo que hay que pensar como universitarios es el asunto del cuidado, tanto de quienes protestan como de quienes habitamos el entorno universitario y también corremos riesgos con el uso de los explosivos.

El alcalde Daniel Quintero no ha vuelto a ejecutar su protocolo, pese a que se siguen utilizando esos explosivos en las protestas. ¿Qué lectura hace de esa situación?

El protocolo fue un anuncio de prensa. Eso no era ni un protocolo, era una notificación sobre el ingreso de la fuerza pública a las instituciones educativas. Ese fue un acto de torpeza política, seguramente con el ánimo de controvertir la idea de que era amigo o proclive a quienes expresaban violentamente sus inconformidades. Eso tuvo un muy mal resultado para la Universidad y para su propia gobernabilidad.

Que se sigan usando explosivos en la UdeA y que la administración local haya cesado en su anuncio inicial de usar la fuerza es parte de lo que se debe corregir en la forma en que se entiende y se actúa frente a una situación problemática como las protestas violentas. No es con Policía en el interior de la Universidad ni ha sido mediante judicialización ni violaciones de los derechos humanos que se ha superado la práctica de las protestas violentas.

Lo que hay que hacer es abrir los campos democráticos e institucionales para que los estudiantes no tengan que o no puedan excusarse en la ausencia de democracia para protestar violentamente. Pero también creo en la posibilidad de que alguien piense que tiene que hacerlo de esa manera. El tropel finalmente es un asunto de medios si los democráticos no lo permiten. ¿El acuerdo de paz con las Farc ha tenido efectos en el movimiento estudiantil?

En el contexto de esta reciente negociación se matiza la presencia de los actores armados alzados en armas en la Universidad. Y eso conlleva a un discurso con alcances más modestos como la defensa de la universidad pública.

Además, hay unos discursos que no son nuevos, pero que toman fuerza recientemente, como la acción contra las violencias basadas en género o contra las acciones que afectan el medioambiente.

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona.

¿El posacuerdo también fortaleció la idea de cambio por vías democráticas?

La protesta ya es más social, más amplia, recoge a otros sectores. Esta movilización hubiese sido muy difícil en el contexto previo al acuerdo. La guerra sigue, pero cambió, porque la posibilidad del estigma contra la movilización se redujo. Asimismo, incrementa la posibilidad de la apertura democrática institucionalizada, o de la democracia procedimental y de la representación. ¿Qué implicaciones tuvieron las protestas sobre la Universidad y la forma de habitarla tras dos años de encierro por la pandemia?

La pandemia generó un stand by en la dinámica social del territorio universitario. Hay por lo menos cuatro semestres de estudiantes que todavía son “primíparos”. Son académicos desde hace dos años, pero son nuevos como universitarios que habitan este espacio. Y eso también genera otras preguntas: “¿Para qué es la Universidad? ¿Qué se hace en la Universidad?”. Por ejemplo, en esas dinámicas caben prácticas que no son nuevas pero se refuerzan, como las fiestas. Eso también es político. No se trata de decir que se despolitizaron, sino que variaron hacia otros intereses y otras vocaciones.

En el paro de 2019 surgió otro actor en el movimiento social: la Primera Línea. Incluso hicieron campamentos en la Universidad de Antioquia. En varias “pintas” afirman que van a regresar como estudiantes.

Ellos hicieron la tarea de mostrarle a la sociedad que la universidad pública es un espacio de reivindicación. Pero fue una expresión social que rebasó a la Universidad. Su discurso es “somos el pueblo”, y no el pueblo del siglo XIX en Europa sino el pueblo colombiano. Probablemente, los estudiantes incidieron en la idea de que la Universidad es también de la Primera Línea, que en la Universidad pueden estar y pueden hacer. ¿Podemos hablar del campus de la UdeA como un territorio con toda la complejidad que implica esa palabra?

El territorio se compone de tres elementos: el espacio, la identidad y las reglas. La Universidad es un espacio en el que los universitarios adquieren una identidad cuando lo habitan, y a partir de su identidad y sus pretensiones definen unas reglas de comportamiento que pueden ser prohibitivas o permisivas. ¿Quién tiene el control de Ciudad Universitaria?

Lo particular de la Universidad como territorio es que tiene horario de oficina. Empieza a las seis de la mañana y acaba a las diez de la noche. Eso implica unas particularidades: hay un reproche a ciertos comportamientos y permisividad con otros, que desde afuera pueden ser mal vistos. Pese a todo eso hay un control en manos del Estado sobre el espacio, muy excepcionalmente otro actor podría tener control sobre este territorio.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

16 Testimonio La memoria de Beatriz Elena Monsalve, la prima lejana, no reposa en un mural, a diferencia de la de muchos hombres de la Universidad de Antioquia que también fueron asesinados en los años 80. Con algunas fotografías, papeles y anécdotas, su historia la guardan solo aquellos que la recuerdan en mi familia y los amigos que sobrevivieron al genocidio contra la izquierda colombiana. Para mí representa una conexión con la UdeA más allá de lo que han sido estos años de estudiar y, quizá, luchar en ella.

Beatriz Monsalve, linyera fue Evelio con la fotografía de su hija Beatriz durante una movilización.

Sin fecha. Fotografía: cortesía de la familia.

Valentina Arango Correa valentina.arangoc@udea.edu.co

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

E

n esta sala de poltronas barnizadas y cojines tan grises como el cabello de Evelio, de 84 años, alguna vez se reunieron Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez y otros defensores de derechos humanos que tuvieron relación con la Universidad de Antioquia y que fueron asesinados durante los años 80. Sí, en esta sala, en un segundo piso del barrio Mesa, en Bello. Así lo recuerda Evelio. Esto porque su hija, Beatriz Elena Monsalve Ceballos, también era una de esas defensoras. En la pared hay un retrato pintado, es el rostro de ella y el de su hermano.

Aunque toda su familia es de Entrerríos, cuando Beatriz nació, el 19 de agosto de 1961, ya vivían en Bello por una oportunidad laboral que tuvo su padre en Fabricato hacía casi una década antes, en 1953. Desde que Beatriz estaba en la secundaria, cuenta Evelio, demostraba su voluntad de ayudar a la gente, se reunía con amigas del colegio para hacer colectas y entregar dinero, alimentos o enseres a quien lo necesitara. Cuando ingresó a la Universidad de Antioquia para estudiar Trabajo Social casi no estaba en su casa. Su labor siempre estuvo afuera, con la gente.

Por ejemplo, buscaba alimentos y refugio cada vez que la quebrada La García, arrastrada por el invierno, dejaba a su paso a familias damnificadas. Así, inquieta y andariega, afianzó su camino de activismo en la región de Urabá, y en las ciudades de Medellín y Bello.

“A Beatriz la disfrutamos muy poquito. Un primero de mayo ella se perdía desde el día antes, me decía que tenía que hacer un trabajo donde alguna compañera y era para irse a las marchas”, cuenta Evelio. Y Ofelia Correa, una de sus amigas, lo reafirma: “Ella era muy pegada al estudio, muy dedicada. Trabajaba mucho por la gente y pedía de todo lo que podía para ayudar. Como trabajadora social fue muy entregada”.

Desde 1980 adquirió un papel importante en el Frente Popular, un proceso de izquierda que era señalado de subversivo por su reivindicación de los derechos populares.

Para las elecciones del Concejo de Medellín de 1986, fue una de las candidatas en la lista de la coalición de este partido junto con la recién creada Unión Patriótica, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y A Luchar. Con este último movimiento apoyó en Urabá a la organización sindicalista de los trabajadores bananeros en contra del paramilitarismo y a favor de sus derechos laborales.

Carlos Enrique Uribe, uno de sus amigos cercanos, sobreviviente de la persecución y exterminio contra la izquierda en Colombia, cuenta que ella también participó del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Seccional Antioquia, hasta agosto de 1987 que tuvo que retirarse por amenazas en contra de su vida y se desplazó hacia Bogotá. Allí se desempeñó como secretaria de relaciones internacionales del Frente Popular.

“Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño” Ella se llamaba igual que mamá. Beatriz Elena. Nació un año después de mamá. También estudió, como yo, en la Universidad de Antioquia, donde mamá alguna vez quiso estudiar y no pasó. Fue la primera mujer de mi familia en estudiar en la U. En 2016 ingresé yo, fui la cuarta. Comencé a sentir más la necesidad de actuar ante la desesperanza cuando un “no” ganó en un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las Farc y, luego, cuando comenzaron a matar a sus firmantes.

Desde ahí me cuestionaba sobre si la indiferencia en mi familia ante el absurdo de matar gente no había tenido un atisbo de defensa por la misma y, entre preguntas a mamá, llegué a la historia de Beatriz, la prima lejana, la hija de Evelio, el primo de mi abuelo que también se crio en Tesorero, la vereda en Entrerríos donde yo también viví 17 años.

Aunque la primera vez que sentí que defendía algo fue en la U, la primera vez que fui a defender algo fue el 11 de septiembre de 2015, cuando un grupo de personas luchaba contra el cierre de la biblioteca comunitaria de Niquia, en Bello. Toda una tarde vi jugar a niños, cocinar un sancocho y hacer carteles en una pequeña calle. Estas mismas calles las recorrió Beatriz. Por eso pienso en ella en cada marcha, en cada defensa, en cada letra que habla de luchar, de

17 mujeres que gritaron antes, que amaron profundamente sus pasiones y actuaron en coherencia con sus posiciones y posibilidades. Me duele su muerte como cualquier otra que estuvo en esta casa universitaria, en este pueblo y en esta familia.

Hace poco, papá me dijo que la Universidad me había cambiado, su frase fue como un reproche. No le respondí nada. Desde ese día pienso y sueño con eso. La Universidad es para eso, para cambiarnos. De la UdeA, alguna vez dije en un video por su cumpleaños que le agradecía por permitirme pensar en colectivo. Incluso, pensaba que su mayor enseñanza y a la que se debe mi apego es que me enseñó a no ser o, por lo menos, a no sentirme indiferente. Es que ver de cerca morir a otros estudiantes que marchaban por las mismas causas que mis amigas y ver tanto dolor en sus familias nos cambia, nos sobrecoge. Y el cambio es apreciar la diferencia y entender que la vida se sobrepone, incluso, ante las luchas.

Mi cambio fue que comencé a marchar, a contar historias sobre la misma U en la coyuntura de 2018, cuando se gestó la lucha que logró unos acuerdos para la educación superior pública. Papá y mamá fueron al primer plantón que se realizó en Entrerríos un día de noviembre durante el paro nacional de 2019. Y les asustaba verme hablando y arengando con un micrófono. Y así mismo cuando, con la convicción de no quedarme en silencio ante la desaparición de una niña en el pueblo en 2020 o ante una suma de descontentos en 2021, nos movilizamos por primera vez en un lugar en el que siempre ha habitado la indiferencia.

En la U era distinto, no era la hija del señor que trabaja pintando carros, era parte de la turba. Ser una más me genera el sosiego de no sentirme visible ni perseguida y de ver que mis acciones nunca fueron comparables con las de Beatriz. Sobre todo, porque yo no quiero que mi vida cueste lo que me convoca, lo que rechazo ni lo que defiendo.

Creí que la U había sido eso en mi vida, el lugar para apreciar la diferencia y entender el dolor, la calma, la rabia propia y ajena. Pensaba que existía la empatía porque parecíamos muchos. Sin embargo, lo que ha pasado actualmente ―la muerte de Stefany Orrego y la emergencia por violencias hacia las mujeres en la U―, me ha llevado también a preguntarme sobre el porqué no hay un mural con el rostro de Beatriz y sí de Héctor Abad o de Luis Felipe Vélez. No sé la respuesta.

Es que cuando hay muerte, como el pasado 8 de junio de 2022, Día del Estudiante Caído, que murió Stefany Orrego Bedoya ―artista y estudiante de Química― en un accidente mientras manipulaban explosivos en una casa cercana de la U; la U solo expone, de manera oficial, un comunicado diciendo que no quiere que se frustren más sueños y enviando condolencias sin ni siquiera nombrarla.

Para Beatriz, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas declaró un día de duelo, cada profesor debía rendir un homenaje durante las clases del 16 de agosto de 1988.

Para Stefany, durante aproximadamente un mes, solo un pupitre con su foto en un papel, mojada y ajada, reposó en Barrientos. La reflexión, entonces, se queda en un homenaje inmediato y un texto igual de vacío que el pupitre que ella habitaba, como el que habitó Beatriz, y una arenga en una asamblea estudiantil. No queda ni pasa nada más.

Otro clavel rojo Mientras que en la UdeA se realizaba un homenaje por parte de las directivas a profesores y estudiantes asesinados, el viernes 12 de agosto de 1988, Evelio y su hermano viajaron hasta Bogotá para buscar a Beatriz; llevaban un día sin saber de ella. Estaba desaparecida. En la sede de la CUT les consiguieron acompañamiento militar para recorrer las calles, las guarniciones, las cárceles y los hospitales. Recordaron que Luz Mila Collantes, estudiante de Periodismo y compañera de trabajo de Beatriz, era de La Mesa, Cundinamarca, y arrancaron rumbo a ese pueblito.

En el camino, dice que dieron la extra en la radio: habían encontrado a dos mujeres sin vida en Chía, a unos 35 minutos de Bogotá.

“Vea, ella era así morenita como usted, bajita y con un lunarcito aquí”, dice Evelio señalando el cachete al lado derecho de su boca. “A toda hora estaba riéndose y cuando la miré allá estaba así”, refiriéndose al momento en que fue a reconocer su cuerpo y tenía una expresión de alegría. Justo un año antes, el 13 de agosto de 1987, en las calles de Medellín protestaron con una ola de claveles rojos en contra de los asesinatos a estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia que hasta ese día eran nueve.

El 15 de agosto de 1988, antes de partir para el sepelio desde la capilla La Candelaria en Bogotá hasta la sala de velación Los Olivos en Bello, Evelio recuerda que, antes de salir para el aeropuerto, Cecilia Faciolince García, esposa de Héctor Abad Gómez, le colocó un clavel rojo a Beatriz sobre su pecho.

Según el periódico El Espectador, en una nota de esa misma fecha, el Instituto de Medicina Legal informó que sus cuerpos presentaban huellas de tortura e impactos de bala y fueron asesinadas el mismo día de su desaparición.

A los 27 años y con seis meses de embarazo, mataron a Beatriz y a su amiga Luz Mila.

Un día después, las pancartas y los cantos acompañaron con una movilización a mi familia hasta el cementerio San Andrés.

*** Fernando Barrientos y otros estudiantes ofrecen los libros para la ocasión porque están sedientos de conocimientos todos los que asisten a la reunión; entre tantos libros que trae Barrientos está el Libro negro de la represión para recordar los asesinatos que enlutan con duelos a nuestra nación.

Beatriz Monsalve, con su vientre niño, a quien un Estado impidió florecer, trae ramilletes de ciencias sociales para coronar luchas de mujer.

(Oscar Manuel Zuluaga Uribe. 2008.

Elegía en memoria, recuerdo, salud y lucha)

*** ―El disco de ella desde que era muy pequeña era Linyera. ―¿Cuál es ese? ―“Linyera soooy”, ese es el himno de ella y aquí en todo homenaje que hacían ponían Linyera.

Trino Evelio ―así es su nombre completo― silba entonando la canción. Su nombre parece hacerle honor a su casa aturdida con el canto de decenas de pajaritos. ―¿La pongo? ―Déjela ―dice.

Lleva su mano al rostro y llora.

El día que te encuentre tirado en un camino dormido para siempre, mudo tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca de tu andar errabundo dirá la sinrazón.

(Antonio Tormo. 1972. Linyera soy)

Evelio afirma que otras muertes de su familia han sido más dolorosas por lo inesperadas. Con Beatriz, se resignó a entender que ella era una mujer que pensaba diferente, que si ella no temía al destino que habían tenido sus compañeros él tampoco tenía por qué temerle a su partida. ―Yo me enfermé cuando ella empezó a salir con la gente del Frente Popular y un psicólogo de Fabricato me trató…

Ahí entendí que por más que ella corriera peligro, tenía sus bases y era leal a ellas. Cuando la mataron me dio muy duro, pero pensé que murió haciendo lo que a ella le gustaba, en su causa.

Carta de la coordinadora departamental de la Unión Patriótica a Beatriz. 26 de agosto de 1988. Bello, Antioquia. Foto: cortesía de la familia.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

18 Entrevista

“Hay una élite que resta legitimidad a la empiria social” Caterine Jaramillo González caterine.jaramillog@udea.edu.co

Hablamos con la antropóloga Claudia Puerta Silva sobre el enfoque del equipo asesor del Pacto Histórico en ciencia y tecnología y las críticas de Moisés Wasserman al uso de los conceptos “justicia epistémica” y “ciencia hegemónica”.

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona.

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

19

E

l pasado 15 de julio, un par de semanas antes de la posesión del presidente Gustavo Petro, Moisés Wasserman publicó una columna en El Tiempo en la que criticó un documento preliminar del Pacto Histórico que hacía referencia a los lineamientos y a la visión de un equipo asesor de esa colectividad sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación. “Son 16 páginas en las que 14 veces aparece ‘vivir sabroso’ como objetivo de la ciencia”, escribió el bioquímico y exrector de la Universidad Nacional.

“Posiblemente entre a la historia anecdóticamente como el primer documento de política científica que califica a la ciencia como una amenaza”, agregó.

Más allá del “vivir sabroso”, la columna de Wasserman se centró en cuestionar dos conceptos: “ciencia hegemónica” y “justicia epistémica”. Para el columnista las hegemonías en la ciencia no se derivan “de acciones de fuerza, de poder o de sometimiento”, sino del “consenso que logran algunas teorías en las comunidades científicas de todo el mundo (sin distinción política)”; según él, no puede hablarse de “justicia epistémica” porque la construcción del conocimiento científico no busca “repartir méritos igualitariamente entre teorías diferentes y hasta contradictorias”. Esas ideas son centrales en el documento suscrito, entre otras personas, por Irene Vélez-Torres, filósofa, profesora de la Universidad del Valle y ahora ministra de Minas y Energía.

A propósito de esa discusión, De la Urbe conversó con Claudia Puerta Silva, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, doctora en Antropología Social y Etnología e investigadora del grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales.

Moisés Wasserman dice que la única ciencia hegemónica es la verdad, ¿qué es la hegemonía científica?

Son dos conceptos distintos. Por un lado, la hegemonía de la ciencia describe la supremacía de un tipo de conocimiento sobre otros. Desde la modernidad los conocimientos producidos por la ciencia tienen una mayor legitimidad que las creencias religiosas, por ejemplo. Desde esa época se establece toda una institucionalidad alrededor de este tipo de conocimientos que están enmarcados, principalmente, en unos procesos experimentales y que tienen unos métodos específicos.

Por otra parte, ciencia hegemónica tiene que ver con la institucionalización del conocimiento científico, donde existen unos campos diciplinares, temáticos, de enfoques teóricos, y, sobre todo, formas y ámbitos diferentes de entender la realidad que son más dominantes que otros.

Por ejemplo, yo estoy ubicada en las ciencias sociales y humanas, particularmente en la antropología, y siento que las ciencias médicas, experimentales y naturales, como la física, la química o la matemática, son consideradas más científicas. ¿En qué situaciones se evidencia la existencia de una ciencia hegemónica en el contexto colombiano?

Desde que empieza la política científica en nuestro país es posible observar mayores fondos de financiamiento para ciertos campos disciplinares y algunas temáticas.

También se privilegia formatos que son más tradicionales o habituales en las ciencias exactas o experimentales. Si uno va a la historia y compara las ciencias experimentales con las ciencias sociales y humanas, puede observar que en esta última hay una producción más amplia en términos de libros, pero hemos estado obligados debido a las políticas de ciencia, tecnología e innovación a producir más artículos científicos y eso va en desmedro del formato, tal vez más adecuado, para plasmar los resultados de una investigación de tipo cualitativo, argumentativo o interpretativo. ¿Se puede decir entonces que hay una discriminación de saberes que no están respaldados por un método estandarizado?

Sí, exacto. Esto se observa muy bien en todo el debate que han dado las artes. Han hecho un trabajo muy juicioso en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en la misma Universidad de Antioquia para que sean reconocidas las actividades y la producción de nuevo conocimiento de sus investigaciones.

Allí hay unos retos metodológicos que, claro, entran en pugna con los métodos que heredamos de las ciencias experimentales. Las ciencias sociales y humanas heredamos ese método científico en el que se establecen unas preguntas o hipótesis y se trata empíricamente de demostrarlas o refutarlas para presentar finalmente unos resultados.

Ese método estandarizado está en la historia de todas las ciencias, pero cada una ha ido desarrollando su propio método de producción de conocimiento. Entonces hay una disputa por dominar el acceso a los recursos representados en dinero, pero también en laboratorios, infraestructura física, equipos robustos, personal… Además, está en juego el asunto de la verdad, como si la verdad solo pudiera ser alcanzada a partir de un método estandarizado.

De hecho, se cree que hay métodos que no llegarían a la verdad. O a la ciencia se le atribuye la responsabilidad de que nos guíe hacia una verdad absoluta y objetiva.

Definitivamente en la ciencia no hay una verdad sino verdades. Ese es un término que puede ser una trampa.

Es mejor hablar de representaciones de la realidad o de los fenómenos que estamos tratando de entender, escribir, explicar. Esa es una herencia de la modernidad y de la ilustración, donde hay un quiebre importante entre la ciencia como una nueva institución y lo que tenía que remplazarse: las supersticiones, las creencias religiosas, lo que llamamos comúnmente saberes populares.

Finalmente, lo que sucede es que esa institución social, con unos procedimientos y unas prácticas que permiten generar una evidencia sobre la cual soportar tesis, teorías o formas de entender y de representar esa realidad, termina por crear una élite que resta legitimidad a todos los procedimientos experimentales de lo que yo llamo la “empiria social”: lo que la gente ensaya, hace o le transmiten sus abuelas o abuelos. Entonces, hay una institución científica que va por un lado, y una sociedad que empieza por otro lado a reivindicar sus conocimientos y dice: “nosotros llevamos años generando unos procesos de experimentación que no están asentados en documentos o en artículos pero que hemos validado por generaciones”. ¿Cuál es la necesidad de que la comunidad científica también reconozca esos conocimientos?

Esa necesidad se crea porque el conocimiento científico se postula como el único válido e impone formas de vivir, hacer, pensar el futuro y planificar; formas de manejar el río, pescar, sanar las enfermedades. Lo que me parece interesante en el documento del Pacto Histórico es la reivindicación que se hace de que la existencia pasa por el reconocimiento del que tiene el poder. En este caso, quien tiene el poder son los que hacen las políticas; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esto es un movimiento que ya lleva unos años y que se concreta con un gobierno progresista, en el que además hay una conciencia de la discriminación y la exclusión, que obviamente son el fondo de las injusticias no solamente epistémicas, sino también económicas y en el acceso a estos ámbitos institucionalizados del conocimiento.

Precisamente ese documento del Pacto Histórico dice que reconocer esos saberes de distintas comunidades es un paso para acercarse a sus problemáticas e incentivar un diálogo que puede motivar la participación y el acceso a recursos del Estado.

Esto no es nuevo, hay sectores científicos que tienen una apertura epistémica y una capacidad para comprender que hay otras formas de conocer el mundo, de representarlo y entenderlo, y que es necesario que las personas participen activamente de la producción y la comprensión de las problemáticas que les aquejan, porque así es posible producir transformación o cambio social.

Ya el sociólogo Orlando Fals Borda, con la investigaciónacción participativa, tenía ese propósito o partía de ese supuesto. La gente tiene que participar de la producción del conocimiento, de la compresión de sus problemáticas, para que pueda apropiarse de esos saberes y transformarlos en acción.

¿Entonces qué acciones podría emprender la academia para legitimar conocimientos que no encajan en esos cánones occidentales?

Lo primero es que no nos corresponde a nosotros legitimar esos conocimientos. Aquí hay una crítica a la autoridad del conocimiento, que es una categoría en los estudios decoloniales, poscoloniales y que se enuncia desde las ciencias más críticas. Nosotros ya no somos los tenedores de la verdad. No solamente hay otras formas de entender los fenómenos al interior de la ciencia, sino que también hay otras formas de entender los fenómenos por fuera de las ciencias.

Yo creo que lo que empieza a construirse es un camino hacia el diálogo, el intercambio y la participación activa de esos conocimientos en los ámbitos académicos, pero esa puede ser una modalidad. Otra es que esos sectores poblacionales, en sus propias dinámicas, desarrollen sus procedimientos para producir conocimiento, con convocatorias especiales, sin necesidad de la participación de la academia y de los ámbitos científicos.

Wasserman dice que la ciencia no se debe ver influenciada por poderes externos, como el político o económico, ¿cuál es el panorama de estas relaciones en la actualidad?

Yo estoy de acuerdo con Wasserman en una parte y es que los resultados científicos no pueden estar influenciados, en términos generales, por el interés de una farmacéutica, una multinacional o una empresa de productos estéticos.

Por eso es que a uno le preguntan en los artículos y en diferentes ámbitos académicos qué conflictos de intereses tiene, porque si a mí me financia la multinacional de El Cerrejón, pues las comunidades indígenas van a decir que no tengo independencia, por mucho que yo afirme que soy autónoma como científica.

Pero si la financiación proviene de recursos públicos, entendemos que eso está inscrito en otro ámbito que también es político y económico; como lo diría Bourdieu, la ciencia es un campo de poder en donde hay una pugna, unos actores, unas prácticas establecidas y unas relaciones muy claras. La ciencia, entendida como procedimiento, tiene que estar fundamentada en lo técnico, pero incluso allí, mi escogencia de temática puede ser ya una postura política. Además, todas las políticas de ciencia y tecnología, la asignación de recursos, qué es deseable en un artículo científico o un libro, quién nos mide, a quién le pagamos para que nos ranquee y los indicadores de calidad son asuntos políticos y económicos, y por eso es que se habla de capitalismo cognitivo, porque ya estamos en el mercado.

Finalmente, ¿cuáles deberían ser las prioridades de este nuevo gobierno en cuanto a políticas para la ciencia?

Se debe destinar una parte de los fondos para problemas prioritarios del país, pero tiene que haber un balance que permita la emergencia de otras agendas de investigación porque la diversidad y la heterogeneidad es la riqueza de la ciencia. Desde la perspectiva progresista de la que hemos estado hablando se deben impulsar políticas para alcanzar la equidad epistémica, y que se resuelvan exclusiones o barreras de acceso de poblaciones y sectores discriminados, porque hemos hablado mucho de indígenas y de grupos étnicos, pero hay que seguir trabajando en la equidad de género en el ámbito de la investigación y de la producción de conocimiento.

Ahora, si bien debemos entender que hay una pertinencia social de la investigación y de la producción de conocimiento, también hay una pertinencia per se del conocimiento. Esa idea de innovación se ha vuelto hegemónica frente a la investigación básica, esa en la que uno se imagina unas batas blancas encerradas en sus laboratorios, que tratan de entender cosas que no necesariamente derivan en algo práctico, inmediato, pero son conocimientos importantes. En la ciencia, hoy en día, hay una tendencia hacia lo aplicado, que tenga derivaciones en innovación o emprendimiento, y eso termina por imponer una hegemonía sobre la que también hay que alertar porque puede ir en desmedro del desarrollo científico.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

20 Crónica Mateo Ruiz Galvis mateo.ruiz1@udea.edu.co

El 29 de junio de 1996, en el corregimiento Altavista, 16 jóvenes fueron asesinados y otros tres quedaron heridos, en la primera masacre cometida por paramilitares en Medellín. 26 años después no hay muchas menciones, ni relatos, ni actos de memoria, si acaso flotan por ahí una placa conmemorativa, un mural borrado, un proceso judicial inconcluso, pero sobre todo un silencio abrumador y el estigma sobre una comunidad. En junio de 2022, una obra de teatro vuelve a los hechos, los desempolva, los confronta; la memoria comienza a murmurar.

L

as dos mujeres están recostadas en el suelo del teatro, que es la proyección de una acera compartida.

Piedad y Marta representan a dos madres ya sin hijos. Alrededor, el escenario vacío, solo las puertas de sus casas y una luz como de farol, amarilla, sobre sus cuerpos y sus ropas de harapos y sus narices y párpados rojizos. Enjuagan el suelo y con un trapo lo pulen, ambas se acompañan en los oficios cotidianos. Pero, sobre todo, conversan. Se cuentan los dolores de sus pérdidas. Piedad desenvuelve un hilo rojo y lo suelta en esa calle imaginaria. Dibuja —o cose— un año, que es también el nombre de la obra: 1996.

PIEDAD (con determinación) Ya no tenemos miedo...

Nuestros hijos no son para la guerra, ni para las cifras.

Los queremos vivos…

Las luces se apagan en una sola ceguera: una parte del teatro Jairo Alberto Valencia es a cielo abierto y la noche de Altavista es empecinadamente negra. Tras 10 segundos de silencio suena un primer aplauso tímido. La luz del público se enciende y muchos vecinos se reconocen: son alrededor de 100 personas, entre las que están algunas familias de las víctimas de la masacre de Altavista ocurrida el 29 de junio de 1996.

Nancy Estela Gómez tiene un pañuelo entre las manos. Está sentada en las gradas junto a sus dos hijos y su esposo. Juan Mauricio Toro Gómez, su hijo mayor, es uno de los tres sobrevivientes. Se encienden las luces del escenario, que es una caja negra rodeada de telones. Los aplausos continúan y aumentan cuando los actores y las actrices entran y hacen una reverencia.

Daniel Baena, el director y dramaturgo de la obra, baja al escenario. Tiene 29 años y es la primera obra que dirige.

Tiembla y comienza a dar un discurso de agradecimiento.

Tiene unas ojeras marcadas, vestigios de un par de noches sin dormir. Le da la palabra a una vocera de la organización Hugger Island, que fabrica peluches abrazadores que ayudan a tramitar los sentimientos. Reparte uno de estos a cada familia de las víctimas. Luego, un silencio largo.

Escanea el código para leer los testimonios de Janeth y Nancy sobre la masacre.

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

Una grieta Janeth Foronda, que está sentada al lado de sus tres hijos y su esposo, se pone de pie y alza la voz: “Gracias por ayudar a limpiar el nombre de nuestros familiares… y ojalá puedan mostrar en otros lugares esta obra para que muchas otras personas sepan lo que pasó en Altavista, y que no se repita”. Se lleva el peluche al pecho y dice que lo va a bautizar Elkin, como su exesposo, para abrazarlo siempre que quiera y aunque ya no esté. Elkin de Jesús Cano Arenas fue una de las 16 personas asesinadas en la masacre.

Los espectadores abandonan las gradas y Daniel queda como una figura tímida y pálida en el centro del escenario. Exactamente un año antes de esa presentación le llegó el primer ruido creativo. El 29 de junio de 2021, en el mismo paradero de buses donde ocurrió la masacre, las familias se reunieron para recordar a las víctimas. Ese día instalaron un micrófono abierto y una olla comunitaria. Sobre el asfalto pusieron algunos ramos de flores regados y las siluetas blancas de los muertos que pintaron los vecinos. Dentro de una de ellas escribieron “Recordar para no repetir”.

Al finalizar la jornada, un niño se acercó a Daniel, que había estado tomando fotografías, a preguntarle qué era lo que estaban celebrando.

Daniel alza un poco las manos cuando habla, como queriendo hacer aterrizar las ideas desde el techo del teatro. De esto en 30 años no se va a saber. Quiénes van a hablar si las madres ya no van a estar. Porque mucha gente, incluso del territorio, no sabe sobre la masacre. Las nuevas generaciones no saben qué pasó. Con ese niño tomé la decisión… ¿Cómo hablar de la masacre más allá del acto de conmemoración? ¿No se puede llevar a un teatro sin ir a rayar en la revictimización? Para Baena, Altavista ha estado silenciada de la memoria colectiva de Medellín. Cuando entra al camerino, felicita a los actores y las actrices, se pone una chaqueta de yin y se alista para salir de la Corporación Cultural Altavista, que ha sido para él una especie de refugio artístico durante tres meses. *** En el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Medellín: memorias de una guerra urbana (2017) no existe registro sobre la Masacre de Altavista de 1996.

Solo se le nombra, brevemente, con motivo de un evento artístico que la conmemoró el mismo año. Tampoco hay muchos estudios, análisis e incluso noticias que aporten a la reconstrucción de memoria.

Mauricio Mejía Murillo, politólogo, magíster en Estudios Políticos y habitante del corregimiento, explica que hay múltiples razones por las que esta masacre no es especialmente recordada. Por un lado, dice, en los 90 no había movimientos sociales en Altavista: “Solo una corporación que hacía trabajo educativo, pero nada más”.

Entonces, ante la ausencia de un tejido social, “ante la ausencia de ciudadanías libres, no hay quien haga memoria”.

También menciona que “las noticias lo mostraron como algo muy propio de la disputa en el territorio”, por lo que no hubo un gran interés mediático. De hecho, hubo medios de comunicación que afirmaron que los muertos eran milicianos, actores armados que operaban en el territorio. Y finalmente, otro de los puntos problemáticos es la ubicación: “Altavista está muy alejado de la urbe, era un lugar donde pocos querían ir”, dice Mauricio.

Altavista no solo se encuentra lejos de la cabecera de Medellín, sino que su ubicación geográfica la hizo el lugar ideal para la expansión guerrillera en la ciudad. Sus bordes, sembrados de densos bosques nativos, conectan a Medellín con las subregiones del Occidente y Suroeste de Antioquia, y con los corregimientos de San Cristóbal, San Antonio de Prado, y los municipios de Caldas e Itagüí. Mauricio cuenta que “luego de la Constitución del 91, las guerrillas crearon la estrategia de copar las periferias de las ciudades. Y Medellín no estuvo exenta. Sus periferias estaban habitadas por grupos camilistas, milicias populares, células de las Farc, del ELN, guevaristas y otras”.

A Altavista llegó la milicia del ELN. Y les siguieron los grupos paramilitares, con la excusa de enfrentarla. Según consta en una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Medellín, sobre el Bloque Cacique Nutibara (BCN), la incursión de este actor armado en el corregimiento tuvo “el fin de contrarrestar la presencia de la guerrilla en el sector”.

La primera acción violenta de ese grupo paramilitar fue justamente la masacre del 29 de junio de 1996. De acuerdo con un proceso que las víctimas presentaron contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos

En la obra de teatro, los personajes no tienen rostros ni armas. Esto se debe a que en la técnica actoral del mimo corporal, que enseña Baena, los objetos invisibles se hacen visibles por medio del cuerpo. Fotografías: Mateo Ruiz Galvis.

Humanos (CIDH) los hechos fueron perpetrados por 10 hombres, quienes llevaban brazaletes e identificaciones del CTI de la Fiscalía. Los uniformados tenían información y fotografías que habían sido capturadas en unas “brigadas cívicas” organizadas por el Ejército. En esas jornadas se tomaban imágenes y se interrogaban a los habitantes del corregimiento, para identificar, supuestamente, a los milicianos.

Y como consta en los testimonios de las víctimas y sus familiares, los hombres armados detuvieron a los jóvenes que se encontraban en el paradero de buses del corregimiento y les pidieron una requisa. Aunque vieron que ninguno coincidía con las fotografías suministradas por el Ejército, les dispararon. Se cree que el propósito de la masacre era generar miedo, una estrategia para advertir, frenar la expansión y atemorizar a las milicias.

Mauricio dice que esta masacre fue una especie de laboratorio del terror en Medellín. “El miedo quedó instalado en el territorio”. Además, la masacre generó un estigma sobre los habitantes de Altavista y su supuesta relación con actores armados. “De hecho, estamos buscando una reparación colectiva para el corregimiento”, concluye Mauricio. *** Tras 20 minutos de caminata, un kilómetro más abajo de la Corporación Cultural Altavista, está el antiguo paradero. Daniel lo recorre a zancadas largas y recuerda que en 2003 fue tapado un mural que recordaba a las víctimas de la masacre. Cuando era niño, él lo veía desde la ventana de la buseta que lo llevaba al colegio. Era un paisaje tropical con fondo azul oscuro, lleno de figuras semihumanas. El rostro de un hombre como un sol, un río que surgía de una cabellera, tres montañas como pechos desnudos de mujeres. Y suspendidos sobre el cielo, los bustos de cinco de las 16 víctimas. Ese mural, dice Daniel, fue pintado en 1996, unos meses después de los asesinatos.

Hasta que en 2003 lo cubrieron con otro muro unos metros más adelante. Ahora hay un nuevo mural, que Daniel contempla intentando distinguir algunas de las siluetas que la lluvia ha ido lavando. Una artista, fotógrafa, María Paulina, se ganó una beca y nos invitó a los Pantolocos, un colectivo de teatro del que hago parte, a hacer esta intervención. El mensaje era “rugir de risa”, con lenguaje de señas. Son los personajes de los Pantolocos y cada uno hacía una letra, nos tomaban una foto y luego la pegaban a la pared, formando la frase. Daniel dice que, a veces, ante sucesos de violencia tan absurdos, solo queda rugir de la risa. Señala la octava figura, donde antes estaba su foto y ahora queda una silueta. Entrelaza los dedos y forma la letra “r”.

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en el silencio el caso en medios de comunicación por la seguridad de las víctimas que todavía viven en el territorio.

Y en las ocasiones en que los medios han estado al tanto del proceso judicial, como en el acto de perdón por parte del Estado, el 4 de octubre de 2017, fueron las familias quienes pidieron la presencia de periodistas para “limpiar el nombre de sus hijos, porque en esa época los medios decían que eran guerrilleros, milicianos”, dice Paula.

Este acto, en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, fue una de las acciones acordadas entre el Estado y las familias de Altavista. Paula Jiménez explica que tras un largo proceso, primero ante la justicia colombiana y luego en instancias internacionales, finalmente la Corte aceptó el caso en 2009. En 2017, ambas partes suscribieron un acuerdo amistoso. El Estado debía reconocer su culpabilidad por la omisión en su deber de garantizar la vida y la integridad física de las víctimas, organizar y convocar a un acto de perdón, construir una placa y reparar económicamente a las familias. También debía procurar avances en la investigación penal.

Pero el acto de perdón y la placa son las únicas acciones que se han llevado a cabo.

Aunque la reparación económica les fue prometida en 2017, las víctimas dicen que la siguen esperando y que constantemente modifican las fechas para el pago. Además, ninguna persona ha sido condenada por la masacre, aunque, según Jiménez, existe un amplio material probatorio. *** Daniel enciende un tabaco y las paredes de su habitación contienen el humo.

Alrededor todavía hay pegotes de cinta donde meses antes había trozos de papel Marta, interpretada por Carolina Ramírez, sosteniendo un zapato de su hija en con anotaciones sobre la obra. Se sienta en la primera escena de la obra. la cama y busca en su celular una foto de los papelitos que tenía en la pared. En uno de ellos se lee “¿Quién dio la orden?”.

Lo que siguió tras la escritura de Después de visitar el paradero, emprende el camino 1996 Altavista fue un laboratorio escénico para el montaje hacia su casa, en la vereda La Perla, a pocas cuadras de la teatral; o sea, para llevar la dramaturgia a los cuerpos de corporación. Desde la carretera hay que subir 900 escaleras. los actores y las actrices. John Edward Foronda, uno de los Es un primer piso. Daniel vive solo y ese silencio le ayudó directores de la Corporación Cultural Altavista, le propuso a darle forma a ese ruido creativo que se le incrustó en el a Baena utilizar ese espacio para desarrollar un proceso de cerebro después de la pregunta del niño. En octubre de formación que diera como resultado la puesta en escena.

2021, ganó uno de los estímulos de la Alcaldía de Medellín Y durante tres meses, entre marzo y junio de 2022, tres para la escritura de una dramaturgia. días a la semana, tres horas por día, 14 personas sin paga, Durante 20 días, se encerró en su habitación después la mayoría sin formación escénica, algunos habitantes de las 10:00 de la noche y escribió hasta la madrugada. del corregimiento, se propusieron llevar la historia a sus Una misma canción de fondo: Plegaria de las Cantaoras propios cuerpos. de Timbiquí. El resultado de esos días de obsesión Daniel se levanta de la cama y va hasta su escritorio. fue una dramaturgia de un solo acto, seis escenas y un Apaga el jirón de tabaco que le queda en un cenicero y intermezzo. La condensación de lo leído y escuchado sobre agarra un ejemplar del libro. Busca entre sus páginas y la masacre. Luego, Paola Andrea Aristizábal, amiga de señala a la Pecosa, una de los personajes principales. Sion, la Daniel e integrante del Consejo Territorial de Paz, recogió actriz que la interpreta, tiene 15 años. Llegó teniendo acercamientos siete testimonios de familiares y amigos de las víctimas. a lo teatral, pero no de ese nivel. Se logró meter tanto en la técnica que Con ellos, Daniel rescribió el borrador para hacerlo más comenzó a preguntarle a su familia sobre la masacre, y se dio cuenta de cercano a la realidad y reflexionar en torno a la violencia del que a sus vecinos les mataron a sus familiares allá…, dice Daniel. No conflicto armado colombiano. faltó a ningún ensayo. Hasta estaba perdiendo materias. Vinieron la mamá, el papá y me tocó hablar con ellos. Me dijeron: “yo quiero que *** mi hija esté, pero que se comprometa con el estudio”. Ella en estos días La masacre fue también un laboratorio de silencio. Al nos decía: “yo lo tengo que hacer muy bien porque es por las víctimas”. terror de los asesinatos de jóvenes le siguió la consolidación Hubo un momento en que se puso a llorar y yo le decía: “si tienes que del poder paramilitar en Altavista. La sentencia del Tribunal llorar y actuar, hazlo. Es más sincero todo”.

Superior de Medellín habla de una estrategia que incluyó En esos días de ensayos no solo se concentraron en asesinatos, desplazamientos y extorsiones por parte de los la formación teatral, sino también en la preparación física. hombres del BCN. Todos estos delitos también impidieron Eran 14 cuerpos cubiertos por trusas negras, revolcándose construir procesos de memoria en torno a la masacre. en el suelo como animales recién nacidos, despertando Lo sucedido en 1996 fue presentado en 2006 ante la sus impulsos y movimientos. Las actrices y los actores CIDH por el Grupo Jurídico de Antioquia. Pero el proceso debieron transitar por una metodología fundamentada en la judicial también ha sido uno de los frentes del silencio. En animalidad, creada por Jorge Iván Grisales, un dramaturgo Altavista todavía hacen presencia actores armados como de Medellín al que Daniel llama maestro. Ahí surgieron los Los Chivos, que se afianzaron tras la desmovilización del cucarrones y las cabras, representación de los grupos de BCN en 2003. Por eso, Paula Jiménez, una de las abogadas milicianos. encargadas del proceso, dice que han tratado de no ventilar En ese proceso también participó Memoria Chocoana,

un grupo de cantaoras que compusieron pregones y piezas originales para la obra. Y el contacto con las madres de las víctimas fue constante, no solo para que ellas estuvieran al tanto de la obra, sino para retroalimentar a los actores y las actrices con los testimonios. De hecho, de ese contacto partió el arquetipo de la madre que sostiene en su espalda todo el dolor de la pérdida, que pierde a sus hijos en la guerra. *** Al día siguiente, el sábado 30 de junio de 2022, sucede la segunda función de la primera temporada. Otra vez son alrededor de 100 personas, ahora periodistas, fotógrafos, funcionarios de las Secretarías de Juventud y No Violencia de la Alcaldía y público de otros barrios. Esta vez Daniel no tiembla y antes de que empiece la obra dice que uno de los propósitos de su trabajo era hacer que la gente de Medellín subiera y visitara el corregimiento.

Pronto se enciende un hilo de luz amarilla. En el escenario, escasamente, una silla de madera y un zapato.

Los espectadores tienen en sus manos un panfleto amenazante que reza: “Juicio y muerte llegará a la hora de nuestra cacería inicial…”. Marta, que representa a las madres de las víctimas de la masacre, atraviesa la oscuridad y se para debajo de la luz. Sus brazos y piernas lanzan líneas precisas y amplias, que señalan hacia donde pudo haberse ido su hija, la Pecosa. Recoge uno de los panfletos y su rostro se desfigura por la angustia.

MARTA: (le grita a la Pecosa, su hija, que está ausente) Ay, Dios mío... Esto está muy horrible. (a los espectadores) Señores, por favor, si ya lo leyeron devuelvan el panfleto, es mejor que no lo guarden, pues puede ser peligroso para ustedes y sus familias.

Avísenles a sus seres queridos...

Díganles que no salgan...

Cuiden a sus muchachos, no los dejen ir por allá. (pausa) Arriba de las gradas, en la cabina de control, Daniel vigila con los brazos cruzados todo un universo desatado en escena. Sondea aquel ruido creativo inicial. Esta vez ordenado, meticulosamente moldeado, puesto en las partituras de una sinfonía de movimiento. Es el mismo ruido con el que los actores y las actrices, tras meses de trabajo, han comenzado a agrietar un silencio que tiene más de 26 años.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

22 Perfil

Fotógrafo sin cámara

L

uz, tiempo, espacio, se repetía Jorge Ortiz mientras ubicaba su cámara de cajón en el patio de la casa.

Por el visor veía el cielo cortado a la mitad por un horizonte falso. Hizo la primera anotación a lápiz en una libreta que llevaba consigo:

Carolina Londoño Quiceno carolina.londonoq@udea.edu.co

Santiago Bermúdez Toro santiago.bermudezt@udea.edu.co

Medellín. Latitud 6° 20’ 42’’ 76 N. Longitud 75° 49’ 33’’ 59 O Agosto 31/79 viernes Cll 25D x Crr 102 (Santa Mónica), Boquerón Vientos de oriente a occidente Nubes no definidas* Cámara en sentido suroccidente (punto determinado) Boquerón, noroccidente

A las 10:15 de la mañana tomó la primera captura. Y cinco minutos después otra, y cinco minutos después otra, y así. Durante toda esa tarde, la primera de muchas que vendrían en ese patio, con ese mismo encuadre, dibujó pequeñas viñetas en su libreta recreando cada imagen hecha, con su respectiva velocidad, diafragma y hora exacta.

Las nubes se movían en el cielo y también en el papel. Jorge solo dejaba de mirar hacia arriba para tomar nota. De resto, mantenía sus ojos encima de Boquerón, ese deprimido de la montaña occidental del Valle de Aburrá. Registraba ese tránsito de las nubes porque ellas, en su paso, armaban un paisaje en el que la luz, el tiempo y el espacio confluían para crear un instante único. No le interesaba tomar fotos bellas. Quería fotografiar el paso del tiempo.

(Primeros dibujos) “¿Y qué hacemos con él?”, le preguntó Jaime Ortiz, el papá de Jorge, al doctor Arroyave, rector del Colegio Académico de Antioquia, donde su hijo cursaba quinto de bachillerato. El día antes un compañero lo había retado para que explotara un taco en el salón de clases, y Jorge, aventado como era, encendió la mecha con una candela. “¡Todo el mundo pa’trás!”, gritó, y lanzó el taco hacia el techo. “En ningún colegio lo van a recibir… Vea, don Jaime, haga una cosa: mándelo un año a Estados Unidos.

Allá él se mejora”, fue la respuesta del rector.

Jorge tenía 18 años. Había pasado por más de 10 colegios y perdido tres años. El padre estaba cansado de lidiar con su rebeldía. La familia, conformada por mamá, papá y 12 hermanos, vivía en Conquistadores, y fue en el barrio, con los amigos, que Jorge descubrió la marihuana.

Luego fue la ropa: jeans de bota ancha, zapatos de tacón, camisas de flores y cuadros, y el cabello... “¡Cortate ese pelo que parecés una mujer!”, le decían. Eran los 60 y apenas estaban brotando los primeros retoños de la psicodelia gringa en Medellín. El sonido de las guitarras amplificadas salía de una radio mientras Jorge prendía el bareto con sus vecinos en el “Raniadero”, una manga cerca de la autopista Sur a la que le decían así por la cantidad de ranas que merodeaban allí. Vos fumabas y las ranas cantaban, una putería.

A comienzos de 1968, después de los esfuerzos del padre para conseguir la plata, Jorge viajó a un pequeño pueblo en Carolina del Norte. Allá se quedó un año.

Más que estudiar compartió con sus amigos gringos la marihuana que sus vecinos le mandaban rascada en cartas desde Medellín. Cuando regresó, terminó el bachillerato y viajó a Cartagena con sus amigos. Queríamos conseguir trabajo en un barco pa’ irnos pa’ la puta mierda. En dos meses no les resultó nada y Jorge se devolvió para Medellín. Siguió buscando cómo irse. A finales de 1969, empacó maletas y se fue para Nueva York.

Aparece algo de color a las 5:50 p. m.

Con más de 40 años de carrera, Jorge Ortiz es uno de los artistas más relevantes en la historia de la fotografía contemporánea colombiana. Ha participado en poco menos de 100 exposiciones y su obra hace parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo Reina Sofía, de Madrid. Desde hace años, Jorge abandonó la cámara y descubrió en los químicos, el papel y la luz el soporte de su obra.

Fotografía: Carlos Tobón

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

Llevaba dos años en la Gran Manzana y era mensajero en una agencia fotográfica y de publicidad. Necesitaba dinero, veía el regreso a Colombia inminente y en aquel trabajo podía caminar todo el tiempo por las calles interminables de Manhattan. En el último mes se acercó a Víctor, un puertorriqueño que trabajaba en el laboratorio de la agencia revelando las fotografías de artistas, actores, actrices y bailarinas. “Víctor, ayúdeme a ver si puedo conocer qué es la fotografía”, le pidió.

Días después, Víctor lo invitó a entrar al cuarto oscuro y Jorge vio por primera vez cómo se revelaba una foto. Eso es mágico... Los aparatos, la luz roja, la luz blanca, los químicos, la alquimia… Cuando salí de allá, me fui con la idea de que iba a ser publicista.

Regresó a Medellín en 1971 y comenzó a estudiar Publicidad en el Instituto de Artes, que quedaba en el centro y era el único lugar donde ofrecían esa carrera. Los profesores, entre otros, eran los Once Antioqueños, un grupo de artistas formados como arquitectos pero que,

23 finalmente, se habían dedicado a las artes visuales y a la escultura. Allá estaban Alberto Sierra, Marta Elena Vélez, John Castles, Juan Camilo Uribe, Luis Fernando Valencia, Hugo Zapata y Javier Restrepo, artistas que rompieron con la tradición pictórica paisa de observar con nostalgia una Medellín casi rural para retratar los rostros y paisajes de la nueva urbe.

No terminó la carrera. Se retiró en 1975. Le faltaron dos materias para terminar. Y yo ahora no me voy a devolver cuarenta años por un cartón. Se casó y comenzó a trabajar en Leo Burnett, una agencia de publicidad en la que estuvo apenas seis meses porque no estaba de acuerdo con su visión. Jorge, más que vender, quería educar a las personas con las imágenes. Luis Fernando Valencia, que en ese momento experimentaba con la fotografía conceptual, lo invitó para que lo acompañara a dictar unos cursos en la Universidad Pontificia Bolivariana. En 1977, en medio del desencanto con la publicidad y de su experiencia como profesor primerizo, Jorge concibió su primera obra: Cables; una serie de fotografías en las que registró, en plano contrapicado, el cableado urbano con su cámara de cajón.

Las imágenes a blanco y negro en alto contraste dejaban ver figuras geométricas en las que la referencia a los cables solo se entendía por el título.

Luz, tiempo y espacio, la combinación ya resonaba en su cabeza. Y apareció una palabra más: “paisaje”. Mis dos primeros trabajos, Cables y Boquerón, fueron fotografía sin ser fotografía, porque yo ahí ya tenía una apuesta por los conceptos. En 1979, con su segunda obra, Boquerón, las intuiciones de Jorge llegaron a su epifanía. En ese patio en Santa Mónica, durante meses, registró el paso incierto de las nubes sobre el cielo. Bajo la acción de obturar había un deseo pleno de comprender ese instante donde la luz, el tiempo y el espacio se encuentran para reproducir un paisaje irrepetible. Con Boquerón, Jorge inauguró el resto de su trabajo artístico.

Las obras de los siguientes años serían nuevas miradas al Valle de Aburrá, a las montañas, al cielo. Sin embargo, aún no había ocurrido el error que lo haría abandonar la cámara como medio, y encontrar en el papel y los químicos fotográficos los artífices de su alquimia.

Aparece una nube más definida.

En el accidente está la originalidad. Si no hay accidente, no hay origen. En 1981, a pocas semanas de la IV Bienal de Arte, Leonel Estrada, creador y director de las bienales de Medellín, llamó a Jorge: “¿Usted qué va a hacer para esta bienal?”.

Jorge quería regresar al motivo de Boquerón. La idea mía era subirme a la torre del Cerro del Padre Amaya para fotografiar el Oriente antioqueño. Hacer una fotografía cada 15 minutos moviendo la cámara a lo largo de las montañas para capturar las nubes.

Tomar 15 fotos. Y hacer lo mismo en Santa Elena para fotografiar el occidente. Luego esas fotos se unirían en secuencia, qué importa que no casaran. Pero yo me dije: no puedo estar en dos lados a la vez, de allá pa’ acá y de acá pa’ allá.

Pero existía alguien que podía hacerse pasar por él: su gemelo, Luis Fernando Ortiz, que era administrador de empresas. Consiguió una cámara de cajón igual a la suya y le enseñó cómo manejarla, y cada uno subió a una montaña.

Habían coordinado sus relojes y acordado el mediodía como hora de inicio. Días después, Jorge reveló las fotos.

Yo vivía en la finca de mi papá y allá tenía el laboratorio. Las mías salieron bien, pero en las de él no se veía nada. ―¿Cómo van las fotos? ―lo llamó Leonel. Faltaba una semana para la bienal. ―Yo se las llevo el miércoles ―respondió Jorge.

Y me dije: “jueputa, ¿qué hago?”. Entonces, se me ocurrió…

Párele bolas… Si Jorge se paraba en el centro de Medellín, en dirección al occidente, veía la montaña plana, sin volumen, producto de la contaminación. Es negra, parece un cartón. Y si miraba hacia el oriente, veía cómo bajaban las quebradas y variaba el verde de los árboles y la hierba según la luz. ¿Vos cómo traducís eso conceptualmente? Blanco y negro, así como la fotografía que yo trabajaba. El blanco es la luz y el negro es la noluz, que sin embargo es otra luz. Yo con mi hermano también soy eso: blanco y negro. ¿Si ve cómo todo se va juntando?

Jorge compró dos rollos de papel fotográfico de 15 metros. Uno tenía que volverlo negro, así que lo expuso a la luz y lo reveló. El otro tenía que permanecer blanco, entonces lo fijó así, virgen. En un pasillo del Palacio de Exposiciones instaló cada rollo en paredes enfrentadas. La obra la llamó Medellín, y en el suelo escribió la latitud y longitud del lugar. La bienal había comenzado a mediados de mayo, y por esa misma fecha el Museo de Arte Moderno de Medellín convocó al Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano, al que Jorge también fue invitado. Desde la terraza del museo, Jorge soltó otro rollo largo de papel fotográfico que alcanzó el suelo. Poco después comenzó a llover. Ahí estaba el accidente. Las gotas de lluvia dibujaron trazos sobre el papel sobrexpuesto.

Comencé a mostrar la fotografía como inicio, que también es la no-imagen, y así empezó mi trabajo sin cámara fotográfica. Jorge fue uno de los primeros exponentes de la fotografía conceptual

en Colombia. Después de Cables y Boquerón, abandonó la cámara y se concentró en los soportes de la fotografía análoga: papel, químicos, luz. Y los procedimientos: velado de negativos, mezclas inadecuadas de químicos y alteraciones en el proceso de revelado y fijación. Y no solo eso. Jorge se rebeló contra el revelado tradicional y encontró su propia manera: hacer fotos como pintándolas, en un lienzo brillante que recibiría los químicos y la luz. El arte no se trata de técnicas sino de ideas, y las ideas pueden ser como quieran. Yo soy un fotógrafo sin cámara.

Siguen muy lentos los vientos, el espacio continúa azul.

Cuando Jorge era joven leyó a Fulcanelli, el seudónimo de un autor de textos sobre alquimia y cuya identidad es desconocida. Los alquimistas occidentales buscan la fórmula para mezclar metales y crear oro, pero para enriquecerse. Los alquimistas orientales también buscan esa mezcla, pero para ellos el oro es el privilegio de quien lo consiga. Esa sustancia de proporciones adecuadas es la piedra filosofal.

Para revelar una fotografía es necesario un cuarto sin luz, que los químicos estén a la temperatura ideal y en las cantidades precisas. Jorge conoció las reglas para hacerlas a un lado y crear las suyas. Yo llevo cuarenta años malpreparando químicos, y ya sé cómo mal preparados me dan lo que necesito. Una vez en clase, puso a sus estudiantes a mezclar los químicos para encontrar el color dorado. ―¿Y a mí por qué no me da? ―le preguntó un estudiante después de un rato. ―Aprenda, intente, trabaje. Yo me demoré 25 años para que me diera el dorado ―le respondió Jorge.

En el período poscámara, que ha sido casi la totalidad de su obra, Jorge ha trabajado la fotografía como idea.

Mirar, observar, ver, percibir. A partir de estos cuatro ejercicios, él aprehende su entorno, que es el paisaje, que es también todo lo que está al frente mío. En su obra, la naturaleza y la urbe son la excusa para encontrar las formas que constituyen ese paisaje. Esa es su manera de leer el mundo. Las nubes de día son figurativas y de noche son abstractas. Los árboles de día son abstractos, y de noche son figurativos. Lo que está escrito en el cielo está dibujado en la tierra. Los árboles son el espejo de las nubes.

El poseedor del conocimiento alquímico penetra en el vasto bosque de las formas. Con su mirada accede a lo abstracto que no son más que los pliegues de lo real. No es el más allá. Es la atención a lo pequeño, a lo oculto. La luz alumbra, la luz da forma, la luz es principio creador. En Medellín es un labio (2012), Jorge volvió de nuevo a los cerros del Valle de Aburrá e hizo una abstracción de su silueta que, vista desde un punto cenital, parece un labio: el inferior es Santa Elena y el superior, el occidente, y marcando el arco de cupido está el deprimido de Boquerón. En Hitos de la geografía (2011) y Primavera (2014) hizo uso del descubrimiento de años atrás: el papel crepé para pintar el papel fotográfico. El color comienza a tener un rol importante en el paisaje. Las montañas son pintadas en su abstracción.

Actualmente, Jorge está trabajando en una nueva obra: un televisor obsoleto es el marco de un lienzo pintado con químicos de revelado. En la pantalla plana, el químico blanco hace aparecer figuras que se transformarán a medida que pase el tiempo. Hay unas partes que ya están doradas.

Toda la pantalla deberá quedar de ese color. Cuando uno está ante la televisión, ¿qué ve? Un programa, una película que continúa y continúa. Estas son mis películas, porque esto sigue cambiando y cambiando. Una película mía puede durar meses. ¿Cuándo acaba?

Cuando se fije ya del todo, cuando ya el químico se cristalice, cuando no cambie más. Entonces mi trabajo es orgánico, porque la luz hace que las texturas varíen... Yo no estoy buscando el oro, yo trabajo con los químicos de la fotografía.

Esa es mi piedra filosofal.

(Últimos dibujos) ¡Este es el principio de la fotografía! ¡Este es! ¡La luz!, dice Jorge mientras recorre su taller, que está en la parte trasera de su casa. Tiene 73 años y vive en El Retiro hace ocho, pero antes también vivió en Medellín y en Bogotá cuando era profesor en la Nacional, los Andes, Bellas Artes, la UPB, la Tadeo Lozano, la Colegiatura. Sobre una larga mesa pegada a la pared hay montañitas de papel, bolsas con revelador fotográfico y fijador en polvo, tarros con químicos líquidos que usa como pócimas. En las paredes, cuadros, fotos y un poema, Tiempos de paisaje: “... la luz hace visible el tiempo / le impone modos de ver / lo hace cambiar de idea…”. El poeta Gustavo Adolfo Garcés lo escribió para Jorge.

El resto de la casa parece la de un coleccionista. Las paredes, al igual que el taller, no tienen un solo espacio libre. Tiene fotografías de su familia, recuerdos de toda una vida, obras suyas y de amigos. Hay reproducciones de sus trabajos, pruebas de artista; los originales ya están en museos, colecciones privadas, vendidos o intercambiados.

En un tablero de corcho hay una fotografía suya a blanco y negro de cuando era joven. Tiene el cabello largo, el bigote muy crecido y la mirada tranquila. A sus 73 años, Jorge conserva el mismo semblante, aunque las canas, las manchas y las arrugas revelan el paso de los años.

Ya está jubilado como profesor. Dedica sus días a ver cómo pasa el tiempo sobre sus obras, cómo la luz las va cambiando, cómo el espacio se vuelve otro. Sin embargo, debe trabajar con mesura. Hace 12 años le diagnosticaron Epoc. El médico me dijo que más que tanta fumadera son los químicos que aspiré durante años. Me dijo que bregara a trabajar menos, y yo le dije que eso era imposible. Como les decía a mis estudiantes, “gánenle a todo y no se dejen ganar de nada”. Yo sigo trabajando, ya menos.

Pero lo que me tocó, me tocó, y si me toca irme me voy, y les voy a jalar las patas, y entonces se ríe y su cuerpo se estremece de gozo.

Afuera de su casa hay un corredor con una mesita cubierta por una gran sombrilla. Allí se sienta todos los días en la tarde a contemplar las montañas de El Retiro.

Más de 40 años de exposiciones y obras, y todavía toma su celular para fotografiar el paisaje que tiene enfrente: el filo de la montaña, las nubes y los cables de luz que atraviesan el encuadre de un cielo azul. Sábado, 9 de julio del 22. A las 6:00 de la tarde toma la primera foto. Y 15 minutos después la otra, y 15 minutos después otra, y así, hasta que a la montaña se la traga la noche.

Boquerón, 1979. Gelatina de plata sobre papel de fibra. De las 365 fotografías que capturó, Jorge escogió estas 24.

Fotografía: Jorge Ortiz

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

24 Contraportada

¿Qué pasa con la BPP?

Fotografías: Archivo Fotográfico BPP y Ana María Ortega.

Mónica Alejandra Jiménez, Ana María Ortega y Yesenia Palacio delaurbe@udea.edu.co

D

esde julio y durante más de dos meses, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) dejó de recibir las ediciones diarias de los periódicos El Tiempo y El Colombiano para la consulta de sus visitantes. La razón es simple: las suscripciones con esos medios se vencieron y no fueron renovadas oportunamente. Esa situación, además de afectar la consulta diaria de cientos de personas, puso en riesgo los procesos de salvaguarda y archivo en una de las hemerotecas más importantes de Medellín.

Aunque parezca un asunto menor, lo que ocurrió con las suscripciones hace evidente una crisis más grande. La institución, que actúa como centro del Sistema Público de Bibliotecas, ha pasado en el último año por un proceso de cambios administrativos que han impactado algunos de sus procesos y además tuvo una reducción para este año de más de 1800 millones de pesos respecto a su presupuesto de 2021.

Sin embargo, Ángel Ovidio González, director de la BPP, le dijo a De la Urbe que lo sucedido con los periódicos no es un problema de plata, sino consecuencia de la Ley de Garantías y de las restricciones de contratación que conlleva esa norma. A principios de septiembre, los periódicos seguían sin llegar.

Los problemas en la BPP tienen antecedentes más profundos. En noviembre de 2021, el alcalde Daniel Quintero le pidió la renuncia a Shirley Zuluaga, quien dirigió la entidad desde 2016. En ese momento, la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) le envió al alcalde una carta en la que se ofrecía para participar en la elección de la persona que ocuparía la dirección, pues era “fundamental que una institución de este tipo sea dirigida por profesionales con formación en el área de las ciencias de la información, críticos, con experiencia y sensibilidad”.

No. 103 Medellín, Septiembre de 2022

Pero la Alcaldía no tuvo en cuenta ese llamado y en diciembre nombró a González, un político liberal, cercano al senador Julián Bedoya, exsecretario de Gobierno de Sopretrán, administrador de empresas y sin experiencia en bibliotecas o en el sector cultural. La llegada de González a la Piloto generó un pronunciamiento del Comité Institucional Asesor del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, que reúne a 15 organizaciones culturales entre las que se encuentran la EIB, Comfama, la Fundación Ratón de Biblioteca y la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Antioquia. En un comunicado del 20 de diciembre de 2021, ese comité dijo que rechazaba “esta manera de gobernar, de espalda a las agremiaciones y al sector profesional que respalda el ejercicio de la BPP”.

Al nombramiento de González, le siguió la reducción en el presupuesto asignado a la BPP por la Alcaldía de Medellín. En 2021, la BPP recibió por transferencias municipales poco más de $4600 millones; en 2022, teniendo en cuenta que ya no hay restricciones a las actividades presenciales como consecuencia de la pandemia, las transferencias bajaron a $2759 millones, una disminución del 42 %.

González reconoció que esa situación forzó la parálisis de dos proyectos: por una parte, el de la Biblioteca Digital que tiene el objetivo de digitalizar contenidos para hacerlos más asequibles a la ciudadanía. Por otra, el Museo Cámara de las Maravillas, que consistía en crear una sala dentro de la BPP con juegos interactivos y exposiciones. “Sin embargo, el funcionamiento normal de la biblioteca no se ha visto afectado. Habrá proyectos que no se han podido adelantar o nos ha tocado utilizar mejor los recursos”, aclara el director.

No obstante, decisiones como esa motivaron en julio la salida de Sebastián Trujillo, subsecretario de Lectura y Bibliotecas de la Alcaldía de Medellín. En su carta de renuncia, el funcionario dijo que “las apuestas políticas deben ir acompañadas de la voluntad presupuestal” y que el Sistema de Bibliotecas, los Eventos del Libro y el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico no están en las prioridades de la actual administración.

Bibliotecas para las familias La Piloto no abre los domingos ni los festivos desde hace más de 15 años, pero las demás bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín cubren esa ausencia con una programación cultural que se extendía los siete días de la semana. Sin embargo, el pasado 11 de julio, una resolución de la Secretaría de Cultura anunció una modificación en sus horarios y dejó sin el servicio a los usuarios que visitaban las bibliotecas esos días. La decisión se reversó a principios de septiembre, pero ese ir y venir demostró que hay prioridades que no están cubiertas.

“Hemos descubierto que las familias son las que principalmente visitan las bibliotecas los fines de semana.

Los grandes regalos que le hace la biblioteca a la familia se los hace los domingos”, le dijo a De la Urbe Didier Álvarez Zapata, profesor de la EIB. Álvarez, que es especialista en bibliotecología pública, agrega que la ciudad está poniendo en riesgo no solo su patrimonio cultural sino compromisos internacionales como el que tiene con la Unesco, entidad que financió la creación de la BPP en 1952. “La desfinanciación desdice de una tradición cultural y social bibliotecaria muy fuerte que tiene la ciudad. No atiende a los compromisos y las directrices internacionales que tiene este país con las Naciones Unidas y está yendo contra una tradición que ya la ciudad tiene instalada: la ciudad necesita sus bibliotecas abiertas los fines de semana”, dice el profesor Álvarez.

Por su parte, Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura, reconoce los impactos de la reducción presupuestal, pero apunta a un problema administrativo y de capacidad de gestión: “Que no haya suscripciones a unos periódicos o revistas es simplemente ineficiencia administrativa, no hay otra razón”.

Pero el profesor Álvarez insiste en las decisiones políticas y las prioridades. “El alcalde no es sensible al poder de las bibliotecas como organismos constructores de comunidad y conocimiento significativo en las comunidades”. Para él, la falta de una base presupuestal “fija y creciente” evita que se puedan implementar nuevos proyectos y que se acerquen otros públicos. Eso implica, según dice, “condenar a las bibliotecas a la desaparición”.