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2 Testimonio

3 vidos por Álvaro Uribe Vélez y, por consiYo sí creo guiente, de su apadrinado Iván Duque. mi punto de vista las políticas que un voto o una Desde de estos dos personajes ayudan a perla guerra y generan un ambienidea puede hacer la petuar te tenso y violento en Colombia. Por eso cuando me enteré de la diferencia en nuestra marcha y de sus promotores decidí compartir mi punto de vista aun sociedad, por eso, aun- sabiendo que podía correr riesgo. Para mí no es vida tener miedo a que aún no pueda votar, expresarse, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. De hecho, esta no fue la primera movilización a la que he intententado asistí. El año pasado, por ejemplo, estuve en estudiantiles, la LGBTI y la realizaconocer y cons- dalasenmarchas defensa de los animales. de la marcha del 20 de enero, mi vida truir una con- no haDespués tenido cambios radicales, pero hay días en tengo que lidiar con uno u otro insulto o alciencia política que guna felicitación espontánea. Un mes después de yendo en el metro hacia Itagüí, que voy nutrien- launmovilización, señor mayor me paró y empezó a ofenderme amenazarme. En otra ocasión, en un plantón do con ayuda del eny a contra del fiscal Néstor Humberto Martínez, en el parque de los Deseos, me sorprendió el recitiempo y de mis bimiento cálido que me dio la gente, algunos hasta hacían fila para tomarse fotos conmigo. En mi colebúsquedas. gio muchos me expresaron su apoyo, me decían que me

El 20 de enero de 2019, cuatro días después del atentado del ELN que dejó 23 víctimas mortales y 68 heridos en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, miles de personas de todo el país salieron a marchar para rechazar ese ataque. En Medellín, un puñado de manifestantes agredió e insultó a lo largo de varias cuadras a un muchacho de 17 años por una camiseta que llevaba puesta. Esta es su historia contada en primera persona.

Alan Garzón

la guerra por una camiseta Caterine Jaramillo González y Alan Andrés Garzón Ramírez Caterine.jaramillo@udea.edu.co

No. 95 Medellín, junio de 2019

Ilustración: Karen Parrado

M

i nombre es Alan Garzón y soy el joven que fue agredido en la marcha del 20 de enero de 2019, promovida por el presidente Iván Duque, cuyo objetivo era rechazar las muertes en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Soy el joven de 17 años al que increparon varios manifestantes y el mismo al que le gritaron la frase aquella: “Te quitás esa camiseta o te pelamos”. Cuando mis amigos y yo nos enteramos de la movilización hablamos y planeamos asistir y marchar por la causa. Un día antes hice una cartelera sobre al asesinato sistemático de líderes sociales. Quería hacer visible mi punto de vista sobre el conflicto, expresar que los campesinos y los defensores de derechos humanos también son víctimas en Colombia. Escribí sobre la cartulina: “En Colombia, desde 2016 hasta 2019, van más de 430 líderes asesinados. ¿Acaso ese no es un motivo para marchar?”. Ese mismo día compré un vinilo rojo en una tienda cercana y busqué entre mi ropa una camiseta blanca. Escribí sobre la camiseta: “No a la guerra de Duque y Uribe”. Yo nunca imaginé que esa camisa y esa pancarta iban a despertar tantos amores y odios entre los manifestantes. Finalmente, mis amigos decidieron no ir. Otra amiga con la que había quedado de encontrarme me canceló la misma mañana de la marcha. No me importó. Me puse la camiseta y, encima, una chaqueta que ocultaba el mensaje. Me dirigí hacia el metro para unirme a la manifestación en la estación Prado. Allí me bajé y empecé a caminar junto al tumulto de gente. Pasados unos diez minutos, a la altura de la avenida Oriental, me quité la chaqueta. En un prinicipio dudé porque vi a muchas personas con las gorras que Duque repartió en su campaña o gritando “¡que viva Uribe!”, pero varios jóvenes con carteleras sobre los líderes sociales me llenaron de valor. No habían pasado cinco minutos cuando una mujer afrodescendiente, de baja estatura que aparentaba unos 45 o 50 años, comenzó a gritarme: “¡Fuera!”, “se equivocó de lugar”, “¿por qué no se va para Venezuela?”, y luego me rasgó la cartelera. En ese momento decidí salir de la marcha, caminé unos metros más y me volví a mezclar entre la gente. Nuevamente volvieron los insultos, mucho más fuertes, mucho más aireados, y las palmadas en el cuello y en la espalda. Saqué mi celular, empecé a grabar y busqué a la policía. Cuando me acerqué a un agente, recibí el primer golpe en la

cara. No alcancé a ver quién fue, estaba concentrado relatando lo que estaba pasando y buscando ayuda. El policía me pidió calma, y me señaló un costado de la calle. El segundo golpe sí lo recuerdo muy bien porque el hombre caminó hacia mí gritándome e insultándome: “¡Largate, perro hijueputa!”, me dijo. Yo respondí gritando que era

menor de edad. Después de un tercer golpe, los policías me retiraron y me llevaron a la plazoleta central del parque San Antonio. Me pedían que no provocara a la gente mientras algunos manifestantes seguían detrás de nosotros. Fue en la plazoleta cuando un señor de más o menos unos 60 años, que llevaba puesta la camiseta de la Selección Colombia, me increpó: “Es una porquería, lo que tenés puesto es una porquería”. El señor siguió gritándome: “Mirá Colombia, mirá cómo nos duelen los policías”, y se daba golpes en el pecho. “Porquería, sos una porquería de juventud”. Decidí preguntarle entonces si los líderes sociales no le importaban. El hombre me respondió como sin entender: “Sí, nos duelen. Fuera con esa camiseta…”. En ese momento buscó una cámara que nos estaba grabando y empezó a decir: “Los vamos a desvestir y tenemos la ayuda de nuestro presidente Duque”. Y justo ahí me soltó la frase que se hizo popular: “Te quitás esa camiseta o te pelamos”. Minutos más tarde varias personas llegaron a defenderme. No estoy seguro de si salieron de la marcha o estaban en la plazoleta, pero los furiosos se calmaron y se fueron. No me pude aguantar las lágrimas. Algunos trataron de calmarme. Cuando decidí marcharme alguien, al parecer era un reportero, me acompañó a coger el trasporte público. Camino a mi casa recibí muchas llamadas de periodistas, al parecer se había filtrado mi número telefónico. Como lo único que quería era tranquilizarme fui a

un parque y allí contesté una llamada de una prima. Me preguntó si estaba bien y yo le pregunté a ella cómo se había enterado de todo. Me respondió que le habían enviado un video por WhatsApp. Al revisar mis redes sociales estaban saturadas de notificaciones. Se habían generado varias tendencias en Twitter: “Te quitas esa camisa o te pelamos”, “No a la guerra de Duque y Uribe” y “Alan Garzón”. Recibí muchos mensajes de solidaridad y apoyo, pero también me di cuenta de que habían publicado mi foto en grupos de redes sociales de uribistas y que seguía recibiendo amenazas e insultos. Muchos me tildan de revolucionario o guerrillero por no pensar de la misma forma que ellos. Muchos me acusan de haber ido a la marcha a provocarlos. La verdad es que mi realidad está lejos de esas etiquetas. A mis 17 años, considero que no soy un joven muy diferente a los de mi generación: me gusta salir con mis amigos los fines de semana, voy al colegio y trabajo en una empresa de recreación los fines de semana. Nací en Barraquilla el 21 de agosto del 2001, pero casi inmediatamente después nos mudamos a Medellín. Vivo en un barrio del oriente de la ciudad, mi familia materna es antioqueña, por lo que toda mi vida me he movido entre estas calles. Aquí he logrado construir un círculo social extenso con amigos de todas partes de la ciudad. A veces salimos a comer o asistimos a eventos musicales de ska, reggae o rock, nos tomamos fotos y hablamos de muchos temas, la mayoría de las veces ni siquiera hablamos de política, si acaso nos compartimos memes y hacemos chistes. Vivo con una tía y con mi abuela materna; mi mamá no vive conmigo. Ella se fue a trabajar a Estados Unidos desde que yo era muy pequeño. Aunque estuvo respondiendo por mí durante un tiempo, después no volvimos a saber nada de ella. De mi padre solo conozco lo que mi abuela me ha contado, la verdad muy poco. Me dice que es de Bogotá, que tiene dos hijas con una mujer diferente a mi mamá, y que tiene rasgos indígenas. A veces siento curiosidad por conocerlo, pero no he hecho nada para remover mi pasado. Nunca he pasado necesidades ni me ha faltado la comida, la vivienda ni el estudio. Actualmente voy a un colegio público cercano a mi casa y estoy repitiendo el grado noveno en la jornada nocturna. Perdí el año pasado por inasistencias, definitivamente me cuesta levantarme temprano. Varias veces me pasó que me despertaba una hora más tarde de la de entrada al colegio y prefería seguir durmiendo. Llevo una buena relación con mi familia, aunque no compartimos los mismos ideales políticos. Mi abuela, por ejemplo, apoya al expresidente Álvaro Uribe, y aunque en las últimas elecciones presidenciales intenté informarla sobre los diferentes candidatos y le dije que no votara por Duque, el día de las elecciones regresó a la casa con una pancarta del candidato del Centro Democrático. Cuando le pregunté por las razones de su voto, me contestó que hasta el cura de su iglesia había sugerido que votaran por él. Mi tía, por otro lado, es de las personas que piensa que votar no sirve para nada, porque siempre quedan los mismos y porque un solo voto no hace la diferencia. Yo sí creo que un voto o una idea puede hacer la diferencia en nuestra sociedad, por eso, aunque aún no pueda votar, he intententado conocer y construir una conciencia política que voy nutriendo con ayuda del tiempo y de mis búsquedas, las cuales empezaron hace tres años cuando mi profesor de Sociales, Carlos Villa, intentó generar en mis compañeros y en mí un pensamiento crítico. Sin dejar de impartir los contenidos obligatorios del curso, el profesor nos mostraba películas o canciones con sentido social. Recuerdo todavía la clase donde nos puso Another Brick in the Wall de Pink Floyd, y ese coro que resuena en mí:

había atrevido a mostrar lo que muchos pensaban. En mi casa mi abuela sigue en contra de que yo participe en este tipo de eventos, de hecho creo que me botó la camiseta con el “No a la guerra de Duque y Uribe”.

Aunque la marea se ha calmado no me siento totalmente seguro en Medellín. A veces siento que estaría mejor en otro país donde nadie me reconociera, no temiera por mi vida y tuviera mejores oportunidades académicas. Por lo pronto, seguiré yendo a los espacios donde pueda expresar mi voz y dar un mensaje. A pesar del temor, no dejaré de participar de estas movilizaciones. Espero en el futuro aportarle a mi país desde el arte o la comunicación. Creo que un pueblo que se une frente a las injusticias puede más que un gobierno que quiere acallar al que piensa distinto.

Para expandir este contenido escanee este código con su celular y escuche Polarización en Colombia: te quitás esa camisa o te pelamos. Un podcast de

Fotos: Julio Herrera, El Colombiano

We don’t need no education We don’t need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teachers leave them kids alone Hey, teachers, leave them kids alone All in all it’s just another brick in the wall All in all you’re just another brick in the wall A partir de estas clases, empecé a indagar más acerca de la historia de Colombia y luego fui encontrando información en internet sobre la situación abrumadora y triste del país, que va desde políticos desempeñando de manera cuestionable su labor, hasta las muertes de líderes sociales que quedan en la impunidad. Pero no me quedé solo con esto, busqué información adicional que finalmente me ayudó a llegar a una posición política que va en contra de los ideales promo-

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


4 Editorial

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Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe y coordinación de Investigación: Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Juan David Alzate Morales Dirección Digital y coordinación de Gestión de audiencias : María Cecilia Hernández Ocampo Dirección Radio y coordinación de Producción: Alejandro González Ochoa Dirección Televisión y coordinación Docente: Alejandro Muñoz Cano Coordinación Regiones: Juan Camilo Gallego Castro Auxiliares: Elisa Castrillón Palacio, Karen Parrado Beltrán, Santiago Rodríguez Álvarez, Alejandro Valencia Carmona, Daniela Sánchez Romero, Karen Sánchez Palacio Diseño, diagramación e infografía: Sara Ortega Ramírez Asistencia Editorial: Eliana Castro Gaviria Corrección de Estilo: Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité editorial: Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social: Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo: Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo: Juan David Londoño Isaza, María Teresa Muriel Ríos, Alejandro Muñoz Cano, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez. Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 10-126 (segundo piso) 10-12 LAB Tel: (57-4) 219 5912 delaurbeprensa@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 95 Junio de 2019

Fotografía de portada: @cesaralejandroph

No. 95 Medellín, junio de 2019

De la Urbe

no futuro

Capítulo Antioquia

#RESPETOALPERIODISMOUNIVERSITARIO MEDIOS UNIVERSITARIOS RECHAZAN AMENAZAS CONTRA ESTUDIANTE DE UNIMINUTO

S

eamos sinceros. Que en muchas ocasiones los medios de comunicación colombianos privilegien el poder político y económico por encima de su función, que haya despidos masivos en sus redacciones y censura incluso a sus periodistas con mayor credibilidad, nos desalienta. Estamos parados frente a un cuadro que parece volverse cada vez más patético, en el que se desvanecen los valores y libertades que nos motivaron, en principio, a estudiar Periodismo. No obstante, nos negamos a dejarnos vencer por la desesperanza y el miedo. Somos parte de un medio universitario público que durante 20 años ha contado la ciudad desde la mirada de estudiantes y colaboradores libres, resueltos a reportear y escribir historias en las que creen y que les apasionan. Esa vitalidad periodística, respaldada por la libertad de expresión y la autonomía que nos ha permitido De la Urbe, se ha convertido en nuestro refugio pero, también, en la convicción de que hacer periodismo libre es uno de los aportes más democráticos y justos que podemos hacer a la sociedad que ha financiado nuestra educación y nuestra manera de contar la ciudad desde 1999. Resulta fácil ser un crítico de las acciones de los medios tradicionales cuando se escribe y publica con la libertad que tiene o nos permite un medio universitario como el nuestro, sabemos que ese es un privilegio, una excepción, una anomalía del sistema. No podemos cambiar lo que pasa en los grandes medios, nuestra esperanza no está puesta allí. Por el contrario, creemos que hoy más que nunca vale la pena este oficio como una acción inteligente y creativa para hackear las restricciones del poder en las redacciones. Esa no solo es nuestra esperanza, sino nuestra obligación. Necesitamos que la esperanza reivindique el poder de la ciudadanía y su capacidad de ejercer control, también, sobre los contenidos que se venden como periodismo porque, más que una mercancía, el periodismo es un ejercicio ciudadano. El periodismo estaba tan vivo en los medios tradicionales hace 20 años como lo está hoy en internet y en las redes sociales, solo que el tránsito nos ha atropellado brutalmente y los destellos de periodismo-contrapoder son cada vez más fugaces: fallas del sistema. Seamos sinceros. El periodismo no es ni puede ser un fósil. No se trata de una nostalgia por “el buen periodismo” de antes, ese no ha desaparecido. Tampoco de afirmar que la crisis por la que pasan los medios va a acabar con el periodismo, porque lo único que puede acabarlo es la complicidad de una sociedad con esos poderes que quieren censurar y condicionar la información. Somos unos desesperanzados que aún no desisten de trabajar por y con los principios y acciones que hacen del periodismo una necesidad para que esa desesperanza no termine acallándonos. Ante la censura, los despidos, las “salidas” de buenos periodistas de sus espacios de opinión, las amenazas a periodistas, ante todo el no futuro que pueda englobar este panorama, solo tenemos enfrente la oportunidad de investigar, de buscar las verdades que se camuflan entre tanto ruido. Ante el panorama oscuro solo nos queda hacer fuego con pequeñas piedras.

*PERSONAS QUE COLABORARON EN EL TRABAJO PERIODÍSTICO FUERON INTIMIDADAS POR HOMBRES ARMADOS *LA RED COLOMBIANA DE PERIODISMO UNIVERSITARIO HACE UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS AMENAZADAS Tatiana Salamanca, colaboradora de Uniminuto Radio y Datéate, medios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, y las personas que colaboraron con ella en una investigación sobre tráfico de estupefacientes en el barrio La Favorita de esa ciudad, recibieron amenazas por parte de hombres armados, en la noche del pasado 4 de junio.

Hacer periodismo libre es uno de los aportes más democráticos y justos que podemos hacer a la sociedad que ha financiado nuestra educación y nuestra manera de contar la ciudad desde 1999.

Creemos que hoy más que nunca vale la pena este oficio como una acción inteligente y creativa para hackear las restricciones del poder en las redacciones. Esa no solo es nuestra esperanza, sino nuestra obligación.

La investigación periodística publicada en dos entregas, fue reconocida por la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de 2018 y se cuenta como una de las mejores diez crónicas de Colombia por el proyecto periodístico La cola de la rata. La Red Colombiana de Periodismo Universitario, iniciativa académica integrada por medios vinculados a 22 universidades del país para fortalecer y proyectar el trabajo de los periodistas en formación, expresa su rechazo a las intimidaciones contra Tatiana Salamanca y las personas que apoyaron la investigación. La gravedad de los hechos denunciados en la versión periodística y los que motivan el presente comunicado exigen la acción inmediata de las autoridades competentes, con prioridad a la protección de la integridad de las personas involucradas.

años de historias 20 años de periodismo universitario para la ciudad

En este comunicado reiteramos el llamado expresado desde nuestras plataformas digitales por el #RespetoAlPeriodismoUniversitario y su tarea de formación de futuros profesionales. Los periodistas universitarios asumen el mismo compromiso de sus colegas profesionales con la sociedad, bajo principios de libertad de prensa y derecho a la información. La protección de su labor es igualmente importante. Junio 6 de 2019 Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá) ● Unimedios(Universidad Santiago de Cali) ● Un Pretexto (Universidad de Boyacá) ● Norte Urbano (Uniminuto Bello) ● Ciudad Vaga (Universidad del Valle) ● En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira) ● Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga) ● Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué) ● Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín) ● De la Urbe (Universidad de Antioquia) ● Sextante (Universidad Católica Luis Amigó) ● Unisabana Medios (Universidad de La Sabana) ● Bitácora , Nexos (Universidad EAFIT) ● Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales) ● Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca) ● Crossmedia Lab - El Taller (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá) ● Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista) ● Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona) ● Plataforma, Estación V(Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga) ● Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


6 Portada

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El Plan de Ordenamiento Territorial de Bello, reglamentado a través del Acuerdo 033 de 2009, establece el predio de la plaza de mercado como un espacio público. Sin embargo, su ubicación lo hace un terreno estratégico para posibles proyectos inmobiliarios. Foto de dron: @cesaralejandroph

El

negocio inmobiliario tras la disputa por la

plaza de Bello

En la disputa por la plaza de mercado de Bello, que se hizo pública por una orden de desalojo en noviembre de 2018, se encuentra en juego no solo el uso de un viejo edificio. En medio Danilo Arias, Karen Parrado y Natalia Duque periodicodelaurbe@udea.edu.co está un lote estratégico de propiedad del municipio, con un plaza e incluso sacar sus pertenencias. Además del desaloEsa pregunta es muy suspicaz y no estoy obligada valor cercano a los 14 jo, el oficio del inspector Yepes ordenaba la “demolición a contestarla. Son estrategias de seguridad que no inmediata” de la edificación. En respuesta a un derecho se discuten en una mesa abierta”, respondió a De de petición que De la Urbe presentó a la Alcaldía de Bello la Urbe la secretaria de Gobierno de Bello, Adriana Salas, mil millones de pesos. antes de la entrevista de abril, la administración explicó al preguntarle en una entrevista, el pasado 3 de abril, por que esa decisión se sustentaba en “el riesgo inminente qué la Alcaldía de ese municipio ordenó un operativo de Entre los planes está para la vida e integridad personal de los comerciantes y desalojo de la plaza de mercado a la 1:00 de la mañana del usuarios de la plaza de mercado con fundamento en el 13 de noviembre de 2018. la construcción de un concepto emitido por la Oficina de Gestión de Riesgo del Esa madrugada, la policía llegó hasta la plaza para cummunicipio”. plir una orden de desalojo emitida, sin fecha, por el inspector proyecto inmobiliario Horas después del desalojo, los comerciantes lograron de Policía del municipio, Julián Andrés Yepes. Guillermo impedir la demolición con una acción de tutela que interpuMuñoz, uno de los voceros de los comerciantes, quien estuvo que incluye una torre sieron ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello. presente durante el operativo, afirma que no fueron notificaSin embargo, durante un mes no pudieron ingresar a la plados y que se alertaron por mensajes que circularon en un chat za y se ubicaron en un parque aledaño con canastas y toldos grupal de WhatsApp. “Nos vimos en la plaza a las 8:30 de la de 24 pisos que dejaría de plástico improvisados. noche y a la 1:45 de la mañana llegaron el Esmad y la policía; La tutela finalmente fue fallada el 14 de diciembre de empezó la invasión de la plaza y no lo permitimos”. ganancias a quien lo 2018 a favor de los comerciantes, pero la Alcaldía se negó Esa misma noche Alejandro Lema, personero de Bea darles las llaves de la plaza para cumplir la orden judicial. llo, constató que no había existido una notificación previa. ejecute por más de siete Por esa razón, violentaron los candados el 24 de diciembre “No nos quisieron informar sino hasta el momento que llepara reorganizar sus locales y aprovechar los pocos días que garon a la plaza, ya ahí nos comunicaron la resolución que mil millones de pesos. restaban de la temporada decembrina. Ante el incumpliordenó el desalojo y la demolición, y nos opusimos inme-

diatamente”, recuerda el funcionario. Desde ese momento, la policía bloqueó el acceso a los comerciantes, les impidió ejercer cualquier actividad en la

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miento del fallo, el juzgado sancionó al alcalde César Suárez con tres salarios mínimos legales mensuales vigentes: 2.484.348 pesos.

La disputa jurídica por la plaza “La plaza es aparentemente fea por lo antigua, por lo descuidada que ha estado por parte de la administración. Ahora nos dicen que nos tenemos que ir porque se nos está cayendo encima. Si el alcalde no es capaz de arreglarla, pues la arreglamos nosotros, pero que no nos vengan a sacar, que no abusen”, dice Guillermo Muñoz sobre el inmueble que tiene más de 80 años. El origen de la disputa legal entre la Alcaldía y los comerciantes se ubica el 18 de noviembre de 2009, cuando el comerciante Efrén de Jesús Henao interpuso una acción popular para que la Alcaldía reparara una parte del techo que había colapsado en julio de ese mismo año. Desde entonces, el expediente 200934000 del Juzgado 18 Administrativo Oral de Medellín ha agrupado el proceso con el que los afectados exigen la protección de derechos colectivos como la seguridad, la salubridad, la vida de las personas que laboraban en la plaza y la prevención de desastres. La acción popular dio origen a una serie de intervenciones judiciales y administrativas que hasta hoy tienen en vilo el futuro de la plaza de mercado y que han tornado la historia en una seguidilla de incumplimientos y estancamientos judiciales. En medio de estos desencuentros entre comerciantes y administración municipal, el juzgado emitió un fallo a favor de Henao dos años después. Mediante la sentencia 161 del 24 de marzo de 2011, estimó que sí existía “violación o amenaza a los derechos colectivos”, pues era evidente el deterioro del techo y la falta de mantenimiento. El juzgado ordenó al municipio de Bello realizar “las acciones tendientes a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro y/o amenaza que sobre los citados derechos colectivos se ciernen”. Esto implicaba hacer las mejoras del techo y los arreglos en los cables de energía. Para esto, la administración municipal recibió un plazo de 30 días. Sin embargo, han pasado ocho años sin que la decisión judicial haya sido acatada. Desde entonces han sido constantes los estudios sobre la situación física y socioeconómica de la plaza, pero que no atienden el fallo de 2011. Fernando Luis Jaramillo fue el apoderado de la Alcaldía para el caso de la plaza entre 2011 y septiembre de 2018. Asegura que “cuando uno se pone a revisar la orden judicial era imposible de cumplir siempre y cuando no se demoliera. Eso no se puede reparar porque no tiene sentido cambiar un techo que se apoya en unos muros viejos y a punto de colapsar. Sería un detrimento patrimonial para el municipio”. Lo que está en juego es una actividad comercial que deja ventas mensuales cercanas a los 540 millones de pesos, según un estudio socioeconómico del Politécnico Jaime Isaza Cadavid presentado en 2016; y un espacio del que se benefician más de 3000 personas entre comerciantes formales e informales, así como trabajadores ocasionales y productores campesinos de municipios cercanos. Para noviembre de 2018, según la Gerencia de Proyectos Especiales de Bello, en la plaza había 146 “ocupantes comerciantes” en 158 locales. Una vez se desalojara el predio, como había decidido hacerlo a finales de 2018, la Alcaldía tenía programada una compensación económica de 20.813.000 pesos en promedio para cada comerciante. Sin embargo, solo 25 de ellos entregaron la documentación completa exigida para empezar este trámite que tenía un aval presupuestal de 400 millones de pesos, pero que nunca se concretó por el fallo del 14 de diciembre del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello que decidió la no demolición de la edificación, la restitución de los puestos de trabajo a los comerciantes y el cumplimiento de la decisión judicial de 2011 que ordenaba a la administración hacer reparaciones. En todo caso, para los comerciantes las compensaciones económicas resultan insuficientes puesto que no garantizan un sustento a futuro para sus familias ni la continuidad de su actividad comercial. “La Alcaldía pretende que la gente se defienda con unas indemnizaciones absurdas, cuando son personas que llevan más de 40 y 50 años trabajando en la plaza”, destaca Juan Felipe Restrepo, otro de los voceros de los comerciantes.

“La plaza es el último escenario de lucha por el derecho a la ciudad que tiene la gente. Acá en Bello se han vendido teatros públicos y se vuelven casinos o edificios. Se ha desangrado la ciudad para el ciudadano y se ha vuelto una ciudad para el consumidor”

Uno de los intereses más notorios de las administraciones municipales de Bello a lo largo de los años, y que se deduce del proceso judicial, es el de demoler la plaza de mercado para la construcción de un nuevo espacio, sobre todo después de un incendio, en septiembre de 2015, que hizo más costosa una eventual repotenciación de la estructura. En ese mismo año, la Alcaldía contrató un estudio con la Universidad Nacional sede Medellín para evaluar el estado real del edificio. Una de las conclusiones sugirió repotenciar la edificación con una inversión estimada de 3049 millones de pesos. “Yo cómo voy a ejecutar una obra cuando ni siquiera una aseguradora va a dar garantías y póliza, sin saber si los muros y techos van a soportar; ni siquiera la red eléctrica cumple su norma. Entonces, [la repotenciación sugerida por el estudio] se caía por su propio peso”, respondió el gerente de Proyectos Especiales de Bello, Nicolás Rave, a la pregunta de De la Urbe por la persistente intención de la administración de desalojar y demoler la plaza de mercado. Aunque el asunto parece haber estado al margen de las controversias recientes, en marzo de 2012 la Alcaldía expuso un proyecto de construcción denominado “Plaza Centro” como parte de un informe presentado al juzgado que en 2011 ordenó a la administración reparar la plaza. Dicho proyecto consideraba la construcción de una nueva edificación con un costo estimado de 19.831 millones de pesos y fue diseñado por los arquitectos Nelson Javier Salazar y Richard Andrés Mira. Dos años después, en 2014, un incidente de desacato a esa orden judicial interpuesto por algunos de los comerciantes puso nuevamente en la mira el lote de la plaza y la gestión de la administración. “Los 30 días concedidos por su despacho para iniciar el cumplimiento del fallo se encuentran superados en creces, puesto que se ha vencido hace más de 30 meses sin que en el plazo concedido se hubiese cumplido lo ordenado”, argumentaban los proponentes del desacato. En su respuesta, la administración municipal se cuestionaba si era mejor “demoler la vetusta edificación y construir una nueva y moderna plaza de mercado” o “demoler la edificación para cambiarle la destinación al lote del terreno”, según quedó registrado en el expediente. Fue en medio de ese alegato que, el 14 de julio de 2014, la administración municipal presentó al juzgado un nuevo proyecto: “Centro Plaza. Renovación urbana para un moderno Bello”, realizado por los mismos arquitectos de 2012, Nelson Javier Salazar, y la firma Mirarq S.A.S., representada por Richard Andrés Mira Gómez. El proyecto fue adjuntado al expediente como prueba de los avances ejecutados por el municipio para cumplir con la orden judicial de 2011. Tiempo después, el 17 de abril de 2013, la firma constructora cambió su razón social a Qualit Construcciones S.A.S.. El 22 de enero de 2019, en respuesta al derecho de petición de De la Urbe, Jorge Iván Giraldo, secretario privado de la Alcaldía de Bello, indicó que tal proyecto fue “al parecer solo una alternativa presentada por un privado, pero que finalmente ni siquiera fue sometida a consideración de la actual administración (…) por lo tanto creemos que se trata de propuestas presentadas informalmente”.

La presentación digital del proyecto Centro Plaza (2014) incluía no solo el escudo del municipio y el logo de la firma Mirarq S.A.S., sino un resumen histórico de la situación de la plaza, unas memorias arquitectónicas, planos y algunas de las razones que justificaban la realización del proyecto.

En los años cuarenta, la plaza de mercado de Bello se trasladó al lugar que ocupa hoy, cerca de la estación Bello del metro, luego de haber estado ubicada por muchos años. En 1999 el predio fue adquirido por el municipio. Foto: Karen Parrado Beltrán.

Un proyecto millonario en el lote de la plaza “El lote es atractivo por el costo de oportunidad que puede tener una gran empresa que ubique ahí un centro comercial dado el punto estratégico”, asegura el abogado Fernando Luis Jaramillo, quien también señala que el lote es “un activo ocioso” del municipio. La Alcaldía de Bello compró la plaza en 1999 con la intención de formalizar la actividad comercial en ese lugar. Se trata de un lote de 4924 metros cuadrados ubicado cerca al parque principal, a la estación Bello del metro y a la autopista Norte, por lo que despierta intereses comerciales e inmobiliarios que en varias ocasiones han suscitado controversias entre el gobierno local y sus opositores. “La plaza es el último escenario de lucha por el derecho a la ciudad que tiene la gente. Acá en Bello se han vendido teatros públicos y se vuelven casinos o edificios. Se ha desangrado la ciudad para el ciudadano y se ha vuelto una ciudad para el consumidor. La plaza es ese último botín que los inmobiliarios quieren atrapar”, dice Juan David Muñoz, concejal de Bello por el Partido Verde.

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8 Portada A la pregunta sobre la forma como se realizó el vínculo entre la Alcaldía y Mirarq S.A.S. para el diseño del proyecto, Giraldo respondió que “no hubo ni hay vínculo entre la actual administración municipal y la firma Mirarq S.A.S. para la realización de proyecto inmobiliario alguno”. Finalmente, en el derecho de petición fueron solicitados “todos los contratos que la administración haya adjudicado a Richard Andrés Mira Gómez, Jonathan David Mira Pino [representante suplente de Mirarq S.A.S.] y la firma Mirarq S.A.S hasta la fecha”. La respuesta del secretario privado se limitó a indicar que “no existe contrato alguno entre la actual administración municipal y Mirarq S.A.S. (…)”. Sin embargo, hay una sutileza en esa respuesta que llama la atención: el secretario privado se refiere exclusivamente a la “actual” administración pese a que la solicitud apuntaba a todos los contratos adjudicados por la Alcaldía de Bello a esas dos personas o a esa firma. Entre tanto, los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, donde todas las entidades del Estado deben documentar sus procesos contractuales, demuestran que Richard Andrés Mira obtuvo un contrato por 31 millones de pesos con la Alcaldía de Bello en abril de 2015 para la interventoría del “mejoramiento, adecuación y mantenimiento” de dos instituciones educativas oficiales. Las respuestas del secretario privado contrastan no solo con la existencia de ese contrato, sino con la inclusión de las iniciativas inmobiliarias para el lote de la plaza en el expediente judicial y con lo dicho, en el marco de ese mismo pleito jurídico, por el abogado Jaramillo, apoderado de la Alcaldía. En respuesta al incidente de desacato de 2014, manifestó que “desde un principio se propendió a darle una solución integral a la problemática de la plaza de mercado. Es así como la administración realizó una importante inversión para la elaboración de unos estudios de lo que sería en el corto y mediano plazo: ‘Centro Plaza municipio de Bello. Renovación urbana para un moderno Bello’”. No obstante, la actual administración —que hace parte de la misma dinastía de la casa Suárez Mira que ha gobernado al municipio ininterrumpidamente desde hace casi 25 años— insiste en no saber nada sobre esa inversión. En la entrevista de abril, el gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía, le dijo a De la Urbe que “a motu propio el señor Richard Mira presentó alguna alternativa al señor alcalde. Hasta ahí. Ya si el abogado lo utilizó como insumo es otra situación, pero en ningún momento se radicó, ni hay contrato, ni fue a comité de ordenamiento territorial, ni tiene diagnóstico, ni formulación”. Pese a que Rave asegura que se trataría de una propuesta informal, de “un perfil de proyecto”, el abogado Jaramillo, consultado para esta investigación, afirma que “sí se contrataron unos estudios. No estoy enterado de cuánto costó, pero entiendo que [la Alcaldía] sí los contrató. Este era un estudio de prefactibilidad”, y subraya que, efectivamente, para tal diligencia deberían existir unos documentos que certifiquen esa inversión. “El proyecto fue concebido en forma muy temprana en la medida en que no se involucró a otros estamentos. Fue un grupo de personas con muy buenas intenciones”, añade el abogado. Sobre los contratos de Mira Gómez con la Alcaldía, Rave reconoció que existió un error en la respuesta al derecho de petición y agregó

Así se proyecta la torre de 24 pisos que reemplazaría la plaza de mercado según los modelos digitales del proyecto Centro Plaza. Renovación urbana para un moderno Bello que fueron anexados por la Alcaldìa al expediente en 2014.

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Fragmento de la respuesta que el entonces apoderado de la Alcaldía, Fernando Luis Jaramillo, dio al incidente de desacato de 2014 y que se encuentra archivada en el expediente judicial.

que además existen otros cinco contratos entre 2008 y 2010, la mayoría de estos para la elaboración de estudios y diseños de placas polideportivas en diferentes lugares del municipio. Ante la inconsistencia de las afirmaciones del abogado Jaramillo y de Rave en relación con los estudios del proyecto inmobiliario en el lote de la plaza, la secretaria de Gobierno, Adriana Salas, respondió: “Que encuentren los estudios y las inversiones. No las conocemos, si existen no las conocemos”. Una torre de 24 pisos El proyecto Centro Plaza de 2014 tenía una proyección en ventas de más de 50.209 millones de pesos y se calculaba que podía generar unas ganancias de 7048 millones de pesos. Contemplaba la construcción de 121 “locales en semisótano para reubicación comercio de plaza”; 28 locales para nuevo comercio en el primer, segundo y tercer piso; 14 oficinas en los pisos cuarto y quinto; 14 spas y gimnasios en el piso 6; y 90 apartamentos en los pisos 7 al 24. Llama la atención que los locales de ocho metros cuadrados destinados por dicho proyecto para la reubicación de los comerciantes de la plaza costarían 32 millones de pesos cada uno en 2014, cuando la fórmula de la Alcaldía de diciembre 2018 estimaba una compensación promedio de 20.8 millones de pesos para los comer-

ciantes. Si se tiene en cuenta que el valor actual del metro cuadrado comercial de otros proyectos inmobiliarios cercanos a la plaza es de 12.5 millones de pesos, el costo que estimó el proyecto para los locales de reubicación de los comerciantes alcanzaría hoy el triple del valor estipulado en 2014. “La primera premisa es que ellos [los comerciantes] son, en el mejor de los casos, arrendatarios”, destaca Salas. La realidad es que muy pocos de ellos tienen formalizados sus negocios y la mayoría son ocupantes, lo que hace más compleja su situación porque los años que llevan ocupando el lote les han otorgado, según ellos, un derecho de permanencia. “Ellos pueden ejercer la misma actividad en otro lugar pagando un canon de arrendamiento porque no son dueños; si lo fueran estaríamos en otra situación. Los dueños de la plaza hemos sido nosotros”, agrega la funcionaria.

El 15 de noviembre de 2018, cerca de 400 comerciantes y habitantes de Bello marcharon en defensa de lo que para ellos es un lugar patrimonial del municipio. La marcha terminó su recorrido en el parque principal de Bello, frente al Palacio Municipal, donde exigieron solución a una problemática que lleva casi 10 años. Foto: Laura Franco

Los planos detallados por planta del proyecto Centro Plaza (2014) para vivienda indican que habría 4 apartamentos por piso, cada uno de ellos con áreas entre 100 y 170 metros cuadrados y un valor de venta estimado en 176 millones de pesos.

La actual administración —que hace parte de la misma dinastía de la casa Suárez Mira que ha gobernado al municipio ininterrumpidamente desde hace casi 25 años— insiste en no saber nada sobre alguna inversión de la Alcaldía en diseños para un proyecto inmobiliario en el lote de la plaza.

Esta ambivalencia en la condición de los comerciantes hace que no puedan intervenir autónomamente la infraestructura de su lugar de trabajo, a pesar de que son frecuentes los arreglos que hacen por el deterioro progresivo de la edificación. “Los comerciantes lo saben y tampoco proponen soluciones entre ellos mismos para mejorar las condiciones de riesgo en el interior. No hay un mantenimiento estricto, no hay una concepción de cuidado, a pesar de que desde hace mucho tiempo saben de esta situación”, afirma Jorge Aguirre, funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo de Bello. Pese a la incertidumbre de la situación actual, siguen funcionando las carnicerías, los puestos de frutas y verduras, y los restaurantes. Una cotidianidad que se resiste a ceder a las disputas judiciales por la edificación y a los intereses inmobiliarios. Las luchas de los comerciantes Desde la madrugada del 13 de noviembre de 2018 y hasta el 24 de diciembre, los comerciantes de la plaza de mercado de Bello permanecieron en la calle, mientras que la Alcaldía insistía en el desalojo. De acuerdo con el abogado Juan Carlos Mesa, quien estuvo a cargo de una parte del proceso judicial de la plaza desde 2014 como apoderado de los comerciantes, “el inspector de Policía debió haber notificado a los más de 220 comerciantes para que ellos hicieran parte en el proceso y por lo tanto violó un principio fundamental que es el debido proceso. Aquí hay personas que vienen con una vocación comercial desde sus antepasados, abuelos, padres e hijos; entonces estamos evidenciando un problema social porque hay personas que tienen arraigo”, subraya el abogado Mesa. “Ya han pasado ocho años, un incendio, reparaciones al interior a motu propio sin técnica, o sea ya hay un deterioro avanzado, más avanzado que en el 2011”, dice la secretaria de Gobierno. Con el espacio de la plaza amenazado por las afectaciones que el tiempo ha dejado en su estructura, y las acciones gubernamentales para intervenir su funcionamiento, los comerciantes hacen énfasis en la necesidad de un espacio adecuado. “Acaban con la plaza de mercado y a la gente le toca ir a comprar legumbre a las cadenas y supermercados y no le va a valer lo que le vale aquí, ni la va a encontrar al gusto que quiera”, advierte Guillermo Muñoz. Mantener la plaza en su ubicación actual implicaría una inversión para la que el municipio dice no tener capacidad financiera. Por tanto, parece inevitable que la problemática se herede, de nuevo, a la próxima administración municipal, mientras los comerciantes soportan la presión de una disputa judicial que va en paralelo con los intereses que se cifran en el lote que ocupa la plaza.

Siga el código con su celular para ver esta investigación en La Silla Vacía con enlaces a todos los documentos.

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10 Informe

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V IOL E N C I A EN BELLO:

entre balas y silencios

El 2019 ha sido un año de tensión para Bello. Un panorama alimentado por sonidos de fusil, asesinatos, pasquines amenazantes, estrépitos de helicóptero y barrios militarizados. Hasta el 8 de junio se contabilizaban 74 homicidios, un incremento del 200 % en comparación con 2018, y una cifra que ya se acerca a los 79 que fueron cometidos durante todo el año anterior.

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Fotos: Valentina Arango Correa

Valentina Arango Correa valentina.arangoc@udea.edu.co Carolina Londoño Quiceno carolina.londonoq@udea.edu.co

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as cabañuelas pronosticaron una nubosidad abundante y algunas lluvias, pero nadie imaginó que el miedo comenzaría a habitar en Bello desde febrero y que se quedaría tanto tiempo. El 9 de febrero asesinaron con arma de fuego a un patrón malacaroso de la banda Niquía-Camacol: Mauricio Arias, alias “Guerrero”. En el mismo ataque de sicarios murieron dos personas más. Otras tres quedaron heridas. En los buses, en los bares y en las redes sociales los bellanitas comenzaron a difundir información de un supuesto toque de queda extraoficial en Niquía y en Pachelly, los barrios donde se concentraron los enfrentamientos que desató ese asesinato. El 21 del mismo mes, decenas de personas denunciaron en Facebook sonidos de fusil cercanos a sus casas por la zona de El Tapón. Ese día fue asesinado Juan Carlos Rivas Vallejo. Recibió 15 disparos de dos sicarios que luego fueron capturados por la Policía y que, según fuentes judiciales del medio Análisis Urbano, hacían parte de la banda Pachelly. Rivas había sido amenazado de muerte en un pasquín por su pertenencia a esa organización. En los años ochenta la banda con más poder en Bello era La Ramada. Después de la muerte de Pablo Escobar, el grupo se dividió dando origen a varias de las bandas que hoy delinquen en el municipio; Pachelly es una de ellas. En diciembre de 2018 hubo una fragmentación al interior de esta banda, por un lado estaba la “antigua generación” encabezada por Albert Henao Acevedo alias “Albert”, y por el otro la “nueva generación”, liderada por los hermanos Mazo: Alejandro, alias “Titi” (capturado el 16 de enero de 2019), y Francisco, alias “Pocho”. Las bandas de El Mesa y Niquía-Camacol aprovecharon esa pugna para ampliar su poder territorial iniciando con el asesinato de alias “Guerrero”, que se había alineado con los hermanos Mazo. ***

Era tarde y volvía de la universidad. Me bajé del bus y debía caminar algunas calles hasta mi casa en Pachelly. Dos motos iban por el lugar y se acercaron, no los distinguía. Uno de los parrilleros empuñaba un revólver. Me llamaron: “Parcerito, venga”. Asustado, me acerqué a ellos. Me interrogaron brevemente: “¿De´onde viene? ¿Pa´onde va? ¿Qué hace por acá?”. En medio del miedo, les contesté. Los manes no estaban muy interesados en mí, así que me dijeron que podía irme, pero después de advertirme que a esa hora nadie respondía por mí, que mejor me abriera rápido.

El 23 de febrero, después de un consejo de seguridad extraordinario, la Alcaldía de Bello publicó un comunicado oficial en el que aseguró que “lo que se está presentando en el municipio es una alteración en la seguridad, por medio de disputas de algunos grupos al margen de la ley, que no debe generar miedo en la ciudadanía, ya que se viene presentando en diferentes municipios del Área Metropolitana”. Esa misma tarde, los vecinos del parque principal escucharon una balacera. Al día siguiente ni siquiera las licoreras, los negocios que nunca cierran, abrieron sus puertas al público. A las 8:00 de la noche había militares en cada esquina. Algunas patrullas daban rondas y la gente miraba con recelo, como quien ve algo que siempre escuchó, pero de lo que poco conocía. “Empezamos (...) el 25 de febrero (...) enfrentamientos desde las 8:00 p. m. hasta el 27 de marzo” y, “A partir de las 7:00 p. m. no responden por nadie”; fueron las frases que circularon en cadenas de WhatsApp. La presencia de camionetas blindadas de diferentes especialidades de la fuerza pública y en particular del GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad) fue más evidente en Niquía. El 28 de febrero realizaron el tercer consejo de seguridad del 2019 que contó con la presencia del gobernador Luis Pérez. Ese día la Alcaldía emitió un nuevo comunicado prohibiendo parrilleros mayores de 14 años. La medida tendría una vigencia inicial de 30 días que luego fue prolongada hasta el 11 de abril. Además, decía el comunicado, “los últimos homicidios ocurridos en la ciudad no tienen relación directa con la confrontación de los diferentes grupos al margen de la ley”, pero al tiempo solicitaba acompañamiento del Ejército. En principio, llegó un grupo de 80 uniformados para apoyar a la Policía Metropolitana en el control del orden público. Después del asesinato del entrenador de rugby, Lucas Caro, a quien le dispararon el 25 de marzo cerca de su casa en el barrio El Congolo, los últimos días del mes fueron de tensa calma. Pero el primero de abril se reanudaron los asesinatos cuando apareció un joven muerto dentro de un taxi en Niquía. Ante la situación, el Gobierno nacional delegó al ministro de Defensa, Guillermo Botero, para encabezar otro consejo de seguridad, el 16 de abril, con el alcalde César Suárez Mira, la gobernadora (e) Victoria Eugenia Ramírez y comandantes del Ejército y la Policía. Allí se anunció el refuerzo de seguridad con 270 nuevos uniformados. Durante el mismo consejo, el representante a la Cámara León Fredy Muñoz denunció ante Adriana Villegas, la subdirectora seccional de Fiscalías de Medellín, una presunta complicidad entre Planeación Municipal y combos delincuenciales. Estarían autorizando construcciones por el doble de los pisos de la licencia inicial para entregar apartamentos a las bandas. Desde el Congreso, dijo Muñoz, se haría seguimiento. Según un concejal, consultado extraoficialmente para este artículo, las bandas que hacen presencia en el municipio tienen conexiones con estructuras criminales que están en el Norte del departamento. “Los Pachelly están en todo el Norte de Antioquia. Dejaron acumular mucho capital con el fenómeno inmobiliario lo que les permite reclutar todos esos pelados que en Bello quedan sin oportunidad de nada, y eso los mantienen fuertes”, dice. Una investigación del periódico El Colombiano publicada en 2014 denominó este fenómeno como “la mafia del ladrillo”. Consiste en el control de las construcciones desde la licencia, la construcción y la comercialización por medio de extorsiones y amenazas. Pero el negocio de las bandas es mucho mayor. Además de las “vacunas” que cobran a transportadores, comerciantes y de los recursos que obtienen de las “plazas” de vicio, en algunas zonas controlan productos del diario vivir como el queso, las arepas y los huevos. ***

Asistí a esa ceremonia. Saqué mi cámara en medio de las oraciones. Parada frente al alcalde decidí fotografiarlo. Él me miró fijamente a los ojos. Bajé mi cámara. Me sentí vulnerable y no tomé ni una foto más. Al final de la misa, me acerqué a él con una aparente inocencia curiosa y le dije: “Alcalde, ¿por qué no debemos sentir miedo?” A lo que él respondió: “Porque Dios está con nosotros, estamos reforzando la seguridad y aquí en este pueblo somos más gente buena que mala, ¿o dígame si no es verdad?”. *** En una nota del 26 de febrero, publicada en el portal Minuto 30, el gobernador Luis Pérez dijo que en Bello hay identificados ocho grupos armados: Los Chatas, La Oficina del Doce, Pachelly, Niquía-Camacol, El Mesa, Los Triana, El Clan del Golfo y la célula urbana Camilo Torres del ELN. Sin embargo, expertos en el tema consultados para este informe indican que serían hasta 14 las bandas con presencia en Bello. Según denuncias realizadas por la ONG Corpades, “en este municipio, el 90 % de su territorio está controlado por combos delincuenciales”. Pero el problema va más allá de la presencia ilegal. Desde 1995, cuando Óscar Suárez Mira fue elegido alcal-

de su clan ha tenido el control político del municipio y ha saltado a la política nacional. Su hermana Olga, alcaldesa entre 2004 y 2007, y su hermano César, quien ejerce el cargo desde 2016, completan la lista de mandatarios municipales de la misma familia. Y los demás alcaldes que se han intercalado entre los Suárez desde mediados de los noventa pertenecen a su misma casa política. Esto a pesar de que en el 2013 Óscar Suárez fue condenado a nueve años de cárcel por vínculos paramilitares. A pesar de que se encuentra prófugo de la justicia desde 2015. A pesar de que César Suárez, su hermano y actual alcalde, fue condenado a más de seis años de prisión por falsificar su diploma de bachillerato, aunque sigue en el cargo porque se trata de un fallo en primera instancia. “Había un acuerdo —explícito o implícito— con la criminalidad de que no iban alterar mucho el orden y mucho menos los índices de criminalidad en Bello”, dice un profesor de colegio. Y versiones como la suya se repiten sin mucho sustento, pero con el peso de quienes viven el día a día de la violencia. “Ni la Alcaldía ni ninguna autoridad se interesó en plantear que aquí hay un problema con los grupos armados, porque eso los dejaría mal parados”, complementa el profesor. ***

Salí a caminar en la mañana y pasé por el puente de la 55. Ahí siempre dejan mucha basura a pesar de dos carteles que hay. Cuando al rato volví a pasar por el lugar no había ni una sola basura. Eso me pareció increíble y quise tomar una fotografía. Me paré al otro lado del puente con el celular en la mano, cuando sentí que una voz desde una casa me gritaba: “No tomés fotos, malparido”. Asustado, le expliqué que le estaba tomando una foto al puente sin basura. Él me hizo una señal de “todo bien”. Luego me contarían que no solo estaba enfocando el puente, sino las cercanías a una olla de vicio. *** Por orden de la Alcaldía los negocios pasaron de cerrarse de las 3:00 a la 1:00 de la mañana. La medida de restricción de horarios se levantó el 8 de marzo, pero un comerciante contó que “aunque volvió la normalidad en los horarios para los negocios nocturnos, a la gente le da miedo ir a Bello y a los de Bello les da miedo salir, entonces las ventas siguieron muy bajas. A uno le toca arriesgarse.” Todos trabajan con miedo de que algo suceda. “Para nosotros la situación es muy preocupante”, añadió el comerciante. Durante abril y mayo continuó la problemática. El 6 de mayo circuló un panfleto en el cual una de las bandas, presuntamente Pachelly, amenazó a un grupo de policías que, supuestamente, los vigilaba desde un supermercado en el barrio Andalucía. “Atentaremos contra sus vidas siempre y cuando esté en juego nuestra seguridad”, decía la amenaza. El 10 de mayo corrió el voz a voz de que habían pasado los pillos en motos por Niquía diciendo que tendrían enfrentamientos en la calle y que no responderían por el que entrara o saliera de Bello esa noche. Ante la situación, ese mismo día comenzó a regir una nueva medida de seguridad decretada por la Alcaldía: toque de queda para menores de edad entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana y la extensión por un mes de la prohibición de parrilleros. Algunas muertes impactaron más a la comunidad: cadáveres hallados en taxis, otro encontrado envuelto en sábanas en una nevera abandonada... Incluso, fueron amenazados periodistas y fotógrafos de medios locales. El conflicto se agravó tanto que el 16 de mayo el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se reunieron con las autoridades y el gobierno local en un nuevo consejo de seguridad. Esa semana, arribaron 140 soldados para apoyar a la Policía. ***

Un pillo en el barrio Mesa me reconoció y me dijo: “Vos sos el profesor”. Yo le respondí: “¿Profesor de qué? Y él: “El del preicfes”. No es un preicfes, pero bueno. Luego me dijo: “Es que mi hermanito va”. En ese momento recordé que hay unas historias de vida detrás de quienes ejercen la violencia en la ciudad, y llegan reflexiones muy tristes a la cabeza. Nadie fantasea

cuando niño: “Huy, qué rico ser un pillo y estar todo el día en una esquina cuidando una olla y campaneando cuando llega la policía”. No, nadie sueña con ser eso. *** El 27 de febrero nació en Facebook la etiqueta #BelloNoPara, una iniciativa que se define a sí misma como netamente ciudadana, sin color político. “No tiene nombres ni pretende protagonismo, la vocería está representada en cada bellanita”, nos explicaron vía Facebook. De allí resultó la idea de realizar una eucaristía el primero de marzo en el parque principal. Incluso asistieron el alcalde César Suárez y parte de su equipo de trabajo. Por invitación del sacerdote que presidió la ceremonia, los habitantes de Pachelly izaron banderas blancas en las ventanas de sus casas. Tanto los colectivos culturales como los colegios también han visto afectada su seguridad. Las balaceras y muertes cercanas a algunas sedes educativas hicieron que cambiaran sus horarios o hasta cancelaran sus encuentros. El 21 de mayo, Kevin Santiago Mena, un estudiante de 14 años, murió en medio de un tiroteo cerca de la Institución Educativa Gilberto Echeverri en el barrio Buenos Aires. Al día siguiente, solo asistieron al colegio el 10 % de los alumnos matriculados. La Corporación Apolíneo, dedicada a brindar espacios de formación a los estudiantes bellanitas de bachillerato en diferentes áreas del conocimiento, usó como recurso ante la violencia una “huelga de los lápices”, que consistió en continuar sus procesos formativos por medio de un aula virtual. Uno de sus líderes asegura que antes de la ola de violencia tenían 500 chicos inscritos y que ahora son menos de 100. “Ante este tipo de contingencias hay dos alternativas, o se deja de hacer o se sigue haciendo, y nosotros decidimos seguir haciendo, procurando garantizar de la mejor manera que los chicos puedan seguir asistiendo y que no les pase nada”, expresó. Mientras tanto, organizaciones como Contemos Pueblo, Lazos de Libertad, la Red de Arte y Cultura del Valle de Aburrá y Bibliotecas a la Calle convocaron el 12 de marzo a un conversatorio llamado “¿Cómo es la vuelta con la violencia en Bello?”, donde invitaron a la gente a hablar sobre lo que estaba ocurriendo alrededor del conflicto urbano en el municipio y a discutir posibles estrategias para hacerle frente a la situación. Además del conversatorio, son varios los espacios que se generaron para abrir el diálogo sobre lo que está ocu-

rriendo. El 17 de marzo se hizo una toma cultural llamada “¡Caminemos la esperanza desde el barrio!”, en el sector El Rosario, con talleres artísticos para la comunidad. El 29 de marzo se llevó a cabo una audiencia pública sobre “Paz urbana” con invitados del Congreso de la República en la que hablaron diferentes actores sociales que tuvieran una lectura o una denuncia del contexto violento. Y el 6 de abril se realizó un “Recital acústico en defensa de la vida” que contó con grupos musicales y artistas de Bello y Medellín, quienes desde la música reafirmaron el derecho a la paz. *** Lo que está pasando este año en Bello hace parte de una dinámica cíclica del conflicto local y de sus conexiones con el poder político y económico. Alguna banda se debilita y otras aprovechan para fortalecerse. La comunidad queda en el medio. No han sido suficientes los consejos de seguridad con presidente a bordo, ni la restricción de parrillero, ni el toque de queda a menores, ni los cientos de militares y policías, ni las notas diarias en los medios, ni aumentar las recompensas, ni comprar drones para vigilancia. Que pase la mala racha de Bello parece escaparse de las manos de sus autoridades.

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12 Análisis

las comunidades

Alejandra Zapata Q. darly.zapata@udea.edu.co

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Foto: Alejandra Zapata Q.

l 28 de julio de 2013 se llevó a cabo en Piedras, Tolima, la que se considera la primera consulta popular contra la minería en Colombia. Allí, el 99 % de los votantes dijeron “no” a La Colosa, un proyecto minero que AngloGold Ashanti pretende desarrollar en ese territorio, y a cualquier iniciativa similar en el municipio. Esa fue la primera de las diez iniciativas de consultas populares sobre minería que se desarrollaron en Colombia desde entonces. Sin embargo, con dos decisiones en menos de cuatro meses, la Corte Constitucional le puso freno a este mecanismo de participación. Primero fue la sentencia SU-095 de 2018 con la cual la Corte decidió que las consultas populares ya no son el mecanismo para decidir sobre la realización de proyectos de minería e hidrocarburos en el país. Luego, el 13 de febrero de este año, mediante la sentencia C-053 de 2019 declaró inconstitucional el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 en el que se establecía que cuando un proyecto turístico o minero amenazara con cambiar la vocación del suelo de un territorio se debía realizar una consulta popular para avalar su ejecución. Estas decisiones de la Corte originaron críticas en el contexto internacional ya que se ignoraron las orientaciones del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examina en materia de derechos humanos a los 192 estados miembros de la organización. El informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU para el caso de Colombia fue aprobado en mayo de 2018 y reunió las recomendaciones dadas por los estados miembros. Entre estas se destacan las de México y Perú que argumentaron “velar porque la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo tengan en cuenta el resultado de las consultas populares y previas y estén en consonancia con las normas internacionales” y “continuar fortaleciendo los mecanismos de consulta previa con pueblos indígenas y afrodescendientes, así como consultas populares, a la luz del acuerdo de paz”, respectivamente. La decisión de la Corte no solo retrocedió en sus avances en cuanto a las consultas populares, sino que rompió la línea jurisprudencial sobre el derecho a la participación y al ambiente sano que está contemplado en la Constitución Política de 1991. Por otra parte, también se desconocieron las observaciones finales del sexto informe periódico que realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, aprobado el 6 de octubre de 2017. Ese organismo expresó que Colombia debe tomar “las medidas necesarias para asegurar que los resultados de las consultas populares sean debidamente valorados y tomados en cuenta por las autoridades competentes y que su implementación se lleve a cabo de manera concertada con las comunidades afectadas”. Adicionalmente, el comité expresó su preocupación por que “los resultados de estas consultas no sean debidamente tomados en cuenta por las autoridades competentes y que, a pesar de su oposición, tales proyectos se lleven a cabo”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en el 2018 admitió a Colombia como el país miembro número 37, se pronunció con respecto a “la necesidad de mejorar la gestión ambiental, no solo por las entidades del sector ambiental, sino por muy diferentes actores y sectores”. A estas reacciones internacionales se unieron diferentes investigadores y académicos de universidades de países como España, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Reino Unido, Ecuador, Países Bajos, Inglaterra, México, Perú y Brasil, quienes solicitaron la nulidad de la sentencia SU-095 de 2018 por la cual la Corte Constitucional de Colombia prohíbe a las entidades territoriales vetar los proyectos minero energéticos.

Las mañaneras de

López Obrador:

ya no

pueden decidir sobre el suelo

Entre los argumentos de los académicos se destaca que “los procesos de participación ciudadana, en especial la consulta popular, no son solo ejercicios de defensa territorial, en ellos también se pueden leer claramente preocupaciones sobre los principales problemas ambientales que debe afrontar la sociedad global como son el cambio climático, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de suelos, agua y aire, los cuales tendrán impactos negativos en los sistemas de producción agroalimentarios a nivel planetario y la calidad de vida de las comunidades”. Referentes en la región Los mecanismos implementados para la protección del medio ambiente son diferentes según las constituciones de cada país. En Bolivia y Ecuador, por ejemplo, incluyeron en sus constituciones conceptos como el “vivir bien” o “buen vivir”, y la “Madre Tierra” o “Pachamama”. Desde 2009 Bolivia comenzó a proclamarse “Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías” con lo que garantiza el derecho a la libre determinación y la territorialidad, a la titulación colectiva y a la consulta, entre otros. Ecuador, por su parte, se convirtió en 2008 en “Estado intercultural y plurinacional”, con lo que establece una serie de derechos de las comunidades y pueblos como “el mantenimiento de territorios ancestrales” y la “consulta libre, previa e informada para proyectos de extracción”, así como mecanismos de representación y participación, y el establecimiento de circunscripciones territoriales. En países como Bolivia, Ecuador y Venezuela reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, lo cual ha originado debates en torno a la construcción de nuevas miradas y conceptos sobre la relación humanidad-naturaleza. El 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, se adoptó el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Según António Guterres, ingeniero físico y secretario general de la ONU, este acuerdo es “un instrumento poderoso para prevenir conflictos y lograr que las decisiones (sobre asuntos ambientales) se adopten de manera informada, participativa e inclusiva”.

Este tratado para la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe fue firmado por 15 países de la región: Perú, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Antigua y Barbuda, Panamá, Brasil, México, República Dominicana, Santa Lucía, Guyana, Haití y Paraguay. Sin embargo, países como Chile y Colombia aún no se han acogido al acuerdo, y el plazo para que lo hagan finaliza en septiembre de 2020. El Acuerdo de Escazú contempla la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus territorios, como las relacionadas con las actividades mineras, el uso del suelo y la protección de los ecosistemas y del agua. También fortalece la autonomía de los entes territoriales y el compromiso de los estados con el acceso de la ciudadanía a la información ambiental. Diana Carolina Sánchez Zapata, abogada y coordinadora del semillero Estudios sobre Minería de la Universidad de Antioquia, expresa que la participación en asuntos ambientales se sustenta en tratados e instrumentos internacionales que consagran obligaciones para los estados. De estos instrumentos, el más relevante es la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo que establece en el principio 10 que la mejor manera de tratar los asuntos ambientales es con la participación de todos los afectados. A partir de estos tratados, muchos países han desarrollado en su legislación interna la participación ciudadana en materia ambiental. “Por ejemplo, Ecuador y Bolivia vienen siendo referentes para Colombia, sobre todo a nivel jurisprudencial, a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza”, dice Sánchez. A pesar de los compromisos internacionales, el giro de Colombia hacia la promoción estatal de las economías extractivas, que se denominó en el Gobierno anterior como la “locomotora minero energética”, limita los alcances reales de los acuerdos. Esa condición, sin embargo, no es exclusiva de Colombia. En palabras de Sánchez, “la dinámica extractivista en América Latina hace que en la práctica estos objetivos tengan muy poca efectividad”. En medio de las contradicciones entre los acuerdos internacionales y las elecciones económicas de cada país, las decisiones de la Corte acentúan los interrogantes sobre el destino de la participación popular de las comunidades en los asuntos ambientales y la real autonomía sobre sus territorios.

Daniela Osorio Zuluaga* daniela.osorioz@udea.edu.co

democratizar la información o el periodismo al servicio del poder

*Estudiante de Comunicación Social Periodismo en intercambio académico en la Universidad Autónoma Nacional de México.

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l primero de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México luego de unas elecciones en las que obtuvo el 53 % de los votos, un porcentaje sin precedentes en su país. Su elección se constituyó como un hito en la política mexicana y de América Latina por tratarse de un giro a la izquierda en tiempos en que buena parte de las democracias de la región toman el camino contrario. Amlo, como lo suelen llamar los medios de su país, es el primer presidente de izquierda elegido democráticamente en la historia de México. En su tercera aspiración presidencial obtuvo 30 millones de votos y superó por 30 puntos porcentuales al candidato que se ubicó en segundo lugar. Sus principales contendientes, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, reconocieron su victoria en tiempo récord. A pesar de la incertidumbre y la polarización que ha desatado la implementación de sus políticas que pretenden darle un giro administrativo y económico al país alrededor de temas como la implementación de la Guardia Nacional, la eliminación de la pobreza extrema y la lucha contra la corrupción; desde la campaña y hasta ahora, a seis meses de haber asumido el cargo, Amlo se ha caracterizado por un discurso sencillo que lo acerca a la gente y que le ha permitido mantenerse con una alta popularidad: las encuestas ubican su favorabilidad en un promedio cercano al 70 %. Eso, lo de la cercanía con sus electores, no es una novedad. Desde su época como jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre el 2000 y el 2005, López Obrador mostró su talento como orador y su capacidad para poner a la gente de su lado. En ese entonces realizaba a diario una conferencia matutina donde exponía los temas más importantes de la ciudad y mostraba los avances de su gobierno; una estrategia que lo posicionó en el panorama político mexicano y que, sin éxito, intentó continuar Alejandro Encinas, posterior jefe de Gobierno. Como presidente adoptó la misma estrategia y en tan solo seis meses ha tenido más conferencias que George Bush, Barack Obama, Bill Clinton y varios presidentes más en sus gobiernos completos. Estas reuniones diarias del presidente con los medios representan una nueva forma de ejercer la comunicación presidencial. Pero también el periodismo. Ningún otro presidente en el mundo hace lo que Amlo está haciendo en México, lo que también implica que el periodismo se reinvente y asuma nuevos retos. Antes de Amlo fueron pocos los presidentes mexicanos que innovaron a la hora de relacionarse con los medios. Carlos Salinas (1988-1994) contrató, en su equipo de comunicaciones, a cronistas que contaran los avances de su gobierno. Por su parte, Vicente Fox (2000-2006), tratando de responder a las conferencias de López Obrador como jefe de Gobierno de Ciudad de México y a la presión de sus declaraciones, implementó la figura de un vocero que daba un informe semanal de su gobierno a la prensa. Estos dos modelos, sin embargo, estaban lejos del método de Amlo: los periodistas tienen al presidente disponible más de dos horas diarias para preguntar lo que se les antoje. La metodología de estas conferencias, llamadas mañaneras, es muy sencilla: los periodistas llegan a formarse desde las cinco de la mañana y esperan por un cupo, entra cualquier persona que esté acreditada como prensa sin importar si viene de parte de un gran medio nacional o de un pequeño medio digital; lo crucial es alcanzar a entrar al Palacio Nacional antes de que se agoten los lugares. El presidente aparece a las siete, saluda los periodistas y empieza su conferencia con un tema diferente cada día; a veces delega una parte de la charla a un miembro de su gabinete y a veces solo habla él. Los periodistas escuchan y toman nota, y luego de varios minutos cada uno de los que señale el presidente desde la tribuna tiene la posibili-

dad de realizar dos preguntas respecto al tema que quiera y contrapreguntar en caso de ser necesario. Las conferencias se trasmiten en vivo por las cuentas de la Presidencia de la República y de algunos medios en las diferentes redes sociales, en YouTube y desde marzo en Spotify. Así están diseñadas las mañaneras, todo un modelo diferente de comunicación para dar acceso a la información. Martha Anaya, periodista de El Heraldo y constante asistente a las mañaneras, califica la popularidad del presidente como predecible: “Esa credibi-

Pero además, la exposición de las mañaneras también ha servido para que Amlo descalifique a medios y periodistas que le son incómodos y que cuestionan su gestión. Dice que lo hace ejerciendo su derecho de répli-

lidad que Amlo ha construido durante 18 años que lleva haciendo política es una credibilidad a prueba de todo”, dice la reportera. Estas conferencias implican dos cosas de acuerdo con quienes tienen una posición favorable: la primera es que, como dice Aurelio Fernández, periodista de La Jornada de Oriente, “Andrés Manuel, para bien o para mal, está democratizando la información”. Durante las mañaneras se debaten a diario temas fuera de la capital, pues los periodistas de provincia llegan a discutir los asuntos que les importan a sus estados y así logran posicionar estos temas en la opinión pública, cosa que antes era casi imposible. Por otro lado, las mañaneras permiten una libertad de diálogo en que la prensa puede preguntar por lo que desee. En promedio, 120.000 mexicanos ven las transmisiones. Amlo no le está hablando a los medios, está hablando más allá, a la gente. “Nunca antes en México la comunicación había sido tan bilateral como ahora”, afirma Anaya. Ahora bien, las mañaneras también generan inquietudes. Como explica José Gil Olmos, de la revista Proceso: “El presidente está mandando la agenda. Todos los días los medios están llevando —publicando y siguiendo— cuatro o cinco temas de las mañaneras durante las 24 horas”. Y que el presidente sea quien pone los temas que escalan en la opinión pública, que sea él y todo su equipo de comunicación quienes decidan las problemáticas de las que quieren que se hable durante la semana y dejen de lado temas que no les convienen, representa un peligro obvio: que el periodismo deje de ejercer su verdadera labor como veedor de quienes ejercen la política y que logre interpelar al poder con los temas que parecen estar escondidos. Ahí hay un riesgo mayor también mencionado por Olmos y es el de que “nosotros, los reporteros, nos convirtamos en etnógrafos del poder, que solamente implica reproducir el discurso del presidente y su gabinete”.

ca, pero para ello usa recursos públicos y toda la exposición de los canales oficiales. Todo ocurre mientras el destino de los periodistas en México sigue siendo incierto porque varios medios independientes se declaran en crisis y a punto del cierre por el recorte presupuestal del nuevo gobierno para la publicidad institucional. Claro, los medios no pueden ser autónomos cuando al mismo tiempo dependen de los dineros del Estado. Pero más aún cuando ejercer la profesión se convierte en sinónimo de arriesgar la vida. Así lo declaró Article 19, una organización internacional dedicada a defender la libertad de expresión y el derecho a la información, cuando reveló que el año pasado México fue el país más peligroso de América Latina para los periodistas. Según Reporteros sin Fronteras nueve periodistas fueron asesinados en ese país durante 2018. Así, surgen otras preguntas como si Amlo tiene tiempo para gobernar cuando dedica dos horas diarias a hablarle a la prensa y otras más para la preparación de estos encuentros. Una inquietud similar la expresó el analista político Carlos Bravo en declaraciones para New York Times a principios de mayo: “Está más preocupado por comunicar un intenso mensaje de cambio que ocupado en la difícil labor de lograr que ocurra ese cambio”. También se genera el interrogante de cómo puede el periodismo ejercer su labor de veeduría cuando el presidente es quien pone los temas, quien les da relevancia y perdurabilidad y quien publica las cifras que le convienen ante periodistas —algunos de ellos— desinformados y que no cuestionan a la autoridad. Bien dijo Jorge Ramos en una columna, también para New York Times a mediados de abril: “La principal labor social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. Pero eso no lo parece tener muy claro el presidente mexicano. Hace poco alabó a los periodistas ‘prudentes’ y sentenció: ‘Si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede. Pero no soy yo; es la gente’”.

Foto: Presidencia de la República de México

En Colombia

En febrero, la Corte Constitucional de Colombia tumbó la norma que avalaba a las consultas populares como mecanismo para que las comunidades decidieran sobre el desarrollo de proyectos minero energéticos en sus territorios. La decisión aleja a Colombia de los compromisos internacionales sobre asuntos ambientales y mecanismos de participación ciudadana.

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13

Análisis

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


14 Denuncia

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Un periodista denunció en redes sociales haber sido acosado sexualmente, cuando era estudiante, por un docente universitario y activista LGBT. Más allá del debate punitivo, el caso pone sobre la mesa las formas de relacionamiento entre hombres gay, el activismo, el machismo encubierto y los pocos espacios para reflexionar sobre el acoso en las universidades.

EL PESO DEL

drigal tras la golpiza que le propinó a su entonces novia Verónica Duque. Pero también comparto la sensación de que en el activismo de hombres gay particularmente —pero es un tema que trasciende al mundo heterosexual y a los círculos de la farándula de cualquier tipo y estrato—, persiste la actitud machista de aprovechar la posición de experto o autoridad para el acoso y la insinuación sexual. Algo a lo que Manuel hizo referencia cuando le escribió a Sergio que “León Zuleta decía que no le daba ninguna entrevista a quien antes no había tenido sexo con él”. Según me dice ahora Manuel, cuando le pregunto por ese mensaje, “León decía que si usted no tiene sexo conmigo no nos podemos sentar a hablar porque usted nunca va a entender qué es un marica. Eso parece un chiste, de alguna manera en mi discurso lo he planteado con la desnudez, por eso Sergio habla de la desnudez. Pero no tiene una connotación sexual”. Sin embargo, 26 años después de la muerte de Zuleta, fundador de El Otro, la primera revista gay que tuvo el país y promotor de la primera marcha y del Movimiento de Liberación Homosexual, entendemos que los ídolos también tienen su talón flaco o que simplemente esas ya no son nuestras maneras. Para Sergio, Manuel sobrepasó los límites de su rol como profesor de la Facultad de Comunicaciones de la UdeA —lo sigue siendo en la actualidad—, activista LGBT y fuente periodística cuando él era un muchacho de 21 años en proceso de formación política en cuanto al género. Me cuenta que decidió publicarlo ahora porque no soportaba ver el nombre de Manuel en los medios hablando sobre respeto y amor.

Para Sergio, Manuel sobrepasó los límites de su rol como profesor de la Facultad de Comunicaciones de la UdeA —lo sigue siendo en la actualidad—, activista LGBT y fuente periodística cuando él era un muchacho de 21 años en proceso de formación política en cuanto al género. Me cuenta que decidió publicarlo ahora porque no soportaba ver el nombre de Manuel en los medios hablando sobre respeto y amor.

Julio C. Londoño Á. jcmtv13@gmail.com

H

ace 10 años no visitaba a Manuel Bermúdez. Antes lo visité una sola vez, cuando vivía en el barrio Santander con Alejandro y con Alex, el miembro de la familia poliamorosa que murió en 2014 y cuya pensión de sobrevivencia fue reconocida por el Tribunal Superior de Medellín a sus compañeros permanentes a principios de junio. Decidí contactarlo de nuevo tras hablar con Sergio Alzate, el periodista que denunció en redes sociales haber sido acosado por Manuel, justo cuando los medios cubrían su más reciente conquista jurídica. Sergio me contó que a finales de 2012, mientras realizaba un trabajo sobre el cruising en los baños de la Universidad de Antioquia para un curso de su pregrado en Periodismo, del que también yo soy egresado, el profesor César Alzate le recomendó hablar con Manuel. Ya lo reconocía por una entrevista que le había concedido sobre el movimiento gay en la ciudad. Según Sergio y el intercambio de mensajes que compartió en las redes, lo que inició como un contacto para una entrevista terminó convirtiéndose en una constante de insinuaciones sexuales por parte de quien sería su fuente. “Yo solo iba como estudiante. Empecé a decirle que cuándo conversábamos sobre el tema y hubo la condición de que tenía que ser en el apartamento de él”, me cuenta Sergio, quien ahora vive en Bogotá luego de terminar sus prácticas en un medio nacional. “Me puso otra condición, que teníamos que estar los dos desnudos para poder dar la entrevista. A mí me costó mucho asimilar todo eso porque pensé que no había sido muy contundente, quizá le hice creer que quería algo con él, soy gay entonces uno tiene que entender a una diva, eso es culpa mía. Le respondí como ‘jajaja, tan bobo, no Manuel, obvio con ropa’”. A Sergio le hablé minutos después de que publicara su primer tweet, pues algo en su denuncia me llevó a recordar mi primer encuentro con Manuel: su forma desenfadada de hablar del sexo, las maricas y las locas; la moral de ese personaje público que desde los años noventa es reconocido como el “ciudadano gay de Medellín”. Manuel fue de los primeros maricas a quien leí y admiré por cargarse con el peso de esa palabra. Yo tenía 19 años, segundo semestre de Periodismo, una relación complicada y hambre de historias. Como le diría a Sergio 10 años después, durante nuestra conversación, no podría definir mi situación como un acoso. Manuel me pareció un maricón coqueto, arrabalero y espontáneo, propio de las locas de su época. Quizá un poco en plan macho entrón y arrecho —que yo a mis

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19 estaba deconstruyendo—, algo insistente en el lenguaje erótico, pero compaginaba con su personaje público y su apuesta política. Sentí esa tarde una insinuación, como si entre los acuerdos familiares estuviese contemplado convidar a ciertos invitados a pasar a la cama king size de la trieja. Recuerdo que nos reímos mucho, Alex me pareció hermoso sin saber que sería la última vez que lo vería, pero mi intención allí era la de un simple espectador. Cuando la ebriedad me pudo, me despedí. Desde entonces no hice más que seguir mi propio camino maricón y celebrar de vez en cuando los logros de Manuel desde la lejanía. Le reconozco a Manuel haber sido el primer ciudadano gay en lanzarse al Concejo de Medellín y el casarse con otro hombre en el año 2000 —aunque de manera simbólica— y hacerlo público como un acto político en un momento en que no se discutía siquiera la posibilidad de legalizar el matrimonio igualitario. Así abrió el camino de una década de alcances en términos patrimoniales hasta el momento en que llevó su trieja ante un notario y logró ampliar el universo constitucional de lo que se entiende por familia y matrimonio. Quizá discrepé un poco de sus formas de hacer activismo, por un cambio generacional. No sé si porque me intimidó su extroversión y coquetería, quizá su vozarrón de macho quebrado, pero simplemente no volvimos a vernos. Hasta ahora, que leí lo que Manuel le había escrito a Sergio por Facebook: “El día que te vi en las duchas casi te robo para violarte”. Comparto con Sergio el mismo rango de edad de una generación que se ha hecho bajo los discursos contra los abusos, como el #MeToo, y que ha encontrado en las redes sociales el espacio de denuncia que no han propiciado la justicia ni el sistema educativo. La generación que ha asistido a la captura mediatizada de Rafael Uribe Noguera, a la destitución de un defensor del pueblo por acosar a una subalterna, a las insinuaciones de abuso sexual por parte de un expresidente, y al suicidio de Esteban Ma-

“Me genera demasiado asco”, me dice Sergio con notable rabia a través del celular. “Es la figura de un seudoactivista que no ha deconstruido nada. Está replicando todo lo que esta sociedad patriarcal y heteronormada ha impuesto desde hace siglos en contra de las mujeres y de los mismos hombres. Es una vaina de fascinación con el poder. Es el perfil macho que tiene que alardear que la tiene muy grande, que es activo, que puede con todos los manes. Es un paradigma machista que está oculto entre los movimientos sociales y que lastimosamente los desacredita, aunque sea una minoría. La sola palabra ‘violarte’ tiene unas connotaciones de violencia machista impresionante. Soy menos que un objeto del qué disponer”. Es una violencia que permea hasta lo erótico. Bastan 10 minutos en Grindr para salir hostigado de la plumofobia, golpeado por la apatía de los tonos, desinflado en el deseo por el lenguaje violento disfrazado de seriedad y disimule. Una jaula de hombres incapaces de hablarse abiertamente, de afectarse, de empatizar más allá de un polvo. Un juego en el que todos hemos caído y hemos salido perdiendo. La “hermandad masculina” de la que habla Rita Segato es una secta de niños incapaces de amarse sin irse a los golpes. Le digo a Manuel que hace 10 años tuve una sensación extraña cuando lo visité. Hablamos de límites, de coherencia y discursos, de deconstrucción y del eterno macho que habita en todos. En el caso de Manuel, ese macho se formó a fuerza de lidia siendo el menor de 15 hombres. “Me criaron machos para los que el sexo es una cosa que está ahí. Yo soy de otra época, otro tipo de hombre homosexual. Fui inscrito no en el amor sino en el deseo, por eso grito tanto lo del poliamor, la importancia de que los peladitos se enamoren. Para nosotros no era el amor, para nosotros era el sexo y el amor no existía ni siquiera como nombre. Ahora no porque para ustedes es otra época. Como el sexo ya está tan ahí adquiere una connotación distinta, y es muy rico porque en el activismo hay la posibilidad de empezar a construir amor, eso que nos habían negado toda la vida”.

Me dice que no desconoce que en él pervivan maneras machistas y que precisamente el poliamor es el terreno donde ha puesto eso a prueba. “No es libertinaje, es todo lo contrario, es devolverse un poquito en uno y decir: soy capaz de dejar de ser el que manda, no tengo que levantar la voz. Por eso me duele mucho que Sergio se hubiera sentido acosado porque esa no era mi intención. Lo admiro profundamente por su capacidad intelectual. Que diga que tenía pánico de mí, de enfrentarme y de hablarme, me duele. Posiblemente me hubiera puesto colorado y achantado por haber metido las patas, pero con toda seguridad que no lo hubiera seguido haciendo”. Acepta que su actuación fácilmente puede leerse bajo los parámetros del acoso. “Es mi discurso, es mi lenguaje. Vos también lo viviste, aun así pusiste tu límite. Veía a un peladito encantador, que era reconocido genio, obsesivo con su carrera. Por eso me parece muy duro que venga a reclamarme a estas alturas. Soy abierto, tengo un discurso que nunca había pensado que alguien pudiera tomar como acoso sexual. Yo he dicho esas frases, no voy a decir que nunca le he dicho a alguien que ‘está violable’ o ‘qué rico violarte’, pero no en la connotación de acoso sexual. Creo que soy muy coqueto con muchas personas, pero siempre he respetado mucho la electividad tuya. Lo que estoy queriendo decir es: aquí hay alguien con quién acostarse porque yo soy muy libre y muy libertino, pero no implica que tengamos que acostarnos para construir una relación”. Me confiesa finalmente que la decisión de Sergio de publicar en redes la denuncia lo desarmó. Quizá por eso, después de nuestra conversación, le dijo a El Tiempo que no recordaba a Sergio, que consideraba que su denuncia era oportunista y que prefería mantener la discusión fuera de la dinámica de las redes sociales. “Me parece incluso que si somos periodistas ese es el esquema más asqueroso. Lo vivimos todos los días con los politiqueros cómo se destruyen. Me parece muy injusto que él haya puesto eso sin que mediara una posibilidad ética

de conversación conmigo sabiendo que me conocía. Yo creí que me conocía. Yo no me voy a defender, yo asumo mi discurso. Mi discurso no es acosador, es transgresor. Y esa transgresión puede que tenga lenguajes que el otro pueda asumir distinto. Y eso no lo medí como acoso sexual. Me voy a tomar el tiempo para pensar cómo lo abordo, porque no quiero que piense que lo estoy acosando otra vez”, me dijo. Al final de mi segunda reunión con Manuel Bermúdez quedo con otra sensación, esta vez un poco menos ambigua. “Aprender a vivir es aprender a nombrar”, dice el escritor Luisgé Martín. Aprender a expresar lo que pesa, lo que se desea, lo que incomoda es liberador. No sé si eso aplique también para los movimientos sociales y las redes sociales, pero tanto Manuel, como Sergio y yo, en nuestra calidad de periodistas, pero ante todo como hombres con sexualidades no hegemónicas, sabemos que las palabras tienen su peso y los espacios su gravedad. Arengamos que el macho va a caer, no como una incitación al genocidio de los hombres, sino para denunciar un sistema cultural que es violento en su estructura y desigual en sus formas, que nos ha exiliado pero que no estamos exentos de parecérnosle. Fuimos criados y domesticados por él, bajo su moralina y en sus valores de castigo y culpa. Debe haber otra manera de encontrarnos, de comunicarnos, de empatizar y romper el círculo.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


16 Testimonio

17

Ilustración: Karen Parrado

A principios de mayo, la Fiscalía denunció la “infiltración” de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC en universidades públicas. El ahora exfiscal Néstor Humberto Martínez argumentó “razones de interés general” para describir evidencias como interceptaciones telefónicas y videos que, según dijo, demostrarían la relación entre guerrillas y grupos clandestinos universitarios. Este testimonio es la versión del otro lado de esa historia.

Mis

anos de

El cam ilis mo

Juan David López Morales juda1026@gmail.com Nota: este texto es una reconstrucción testimonial en primera persona del relato de una fuente cuya identidad De la Urbe se reserva por razones de seguridad.

Detenido / 2009

Yo iba de la Universidad para la casa de un amigo donde me estaba quedando cuando la policía me paró para verificar mis documentos. Se me acercó uno de ellos y me dijo que tenía que acompañarlo. Le pregunté por qué, pero solo me dijo que necesitaban revisar mis papeles en otro lugar. Yo sabía que algo estaba mal. A los 10 minutos estaba al frente de un oficial sentado del otro lado de un escritorio junto a un computador. Me dijo: “Nosotros ya sabemos quién es usted, guerrillero hijueputa. Hoy va a hablar por las buenas o por las malas”. Yo me quedé callado. Dos policías me empezaron a golpear mientras me decían: “Lo vamos a joder, guerrillero hijueputa. ¿De qué guerrilla es usted? ¿Quién es su jefe? ¿Cuál es el nombre de sus compañeritos guerrilleros? ¡Hable, hijueputa, hable!”. No dije nada. Después de 20 minutos recibiendo insultos, golpes y preguntas, el del computador les dijo a los otros dos que me metieran en un carro. “Si no habla aquí, hablará en otro lado”.

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los días me encontré con G. Me dijo que no volvería por un Sabía que era peligroso porque había visto muertos, varios de nosotros por el delito de rebelión. De un momento tiempo porque el ambiente estaba “caliente” y necesitaba heridos, amenazados y encarcelados, pero quería experia otro, me vi en una notaría firmando un poder a un abogado cambiarse de casa. mentarlo, vivirlo y eso fue lo que me motivó. Ese día fue para que me representara. Nos prometimos ver- En 2017, el Consejo de Esla primera vez que sentí miedo. Éramos 15 encapuchados, La semana siguiente volvimos a la Universidad. Los nos de nuevo. pero los demás ya participaban de ese tipo de acciones compañeros de la carrera y los profesores que sabían que estado ordenó a la Fiscalía Días después pasó lo enviar un “memorial oficial antes de lo que ocurrió el 10 de febrero. Me dijeron que tábamos amenazados nos empezaron a tratar como parias. que en la historia del movicompartíamos los mismos principios e ideología, pero que Les daba miedo estar al lado de nosotros. La sensación de de desagravio” a los estumiento estudiantil se conoce diantes detenidos y a sus después de ese día habían asumido la clandestinidad con soledad que sentí por esos días es difícil de describir. Era ver como la operación Álgebra más fuerza y que, por razones de seguridad, el acuerdo era en el rostro de cada persona una mirada que decía: “Te van a familias, por mantenerlos II, en la cual 14 estudiantes que entre menos nos conociéramos entre nosotros, mejor. matar y no quiero estar al lado tuyo”. fueron capturados y acusa- presos durante más de 14 En 2007 hubo un gran paro contra el Plan Nacional Los seguimientos y persecuciones aumentaron. Era evidos de pertenecer al ELN y a meses sin elementos que de Desarrollo del segundo gobierno de Álvaro Uribe. Redente que me seguían, me tomaban fotos, preguntaban a perlas FARC. Yo conocía a dos de probaran su responsabilisurgieron muchos combos y aparecieron otros actores. sonas cercanas sobre mi vida, y no solo en la Universidad. Mi ellos. Habíamos tomado tinto dad en los hechos del 10 Conocí más a profundidad la lucha clandestina. Nosofamilia se dio cuenta de toda esta situación. Ellos me querían y conversado varias veces. Fue de febrero. También ordenó tros, los camilistas, asumimos mayor protagonismo. sacar del país y yo me rehusé. Me fui de la casa por unos días. un golpe tremendo saber que los el pago de indemnizaciones Lo que pasó el 10 de febrero nos llevó a ser más Me estaba quedando donde un amigo y fue entonces cuando habían sacado de sus casas y que a algunos de ellos. organizados. Buscábamos más coordinación con comla policía me detuvo y pasó lo que conté al principio. estaban presos. bos hermanos, también nos comunicábamos con otros Justo antes de que los policías me sacaran de donde me con los que no compartíamos ideología y accionar portenían, supuestamente para interrogarme en otro lugar, llegaDe simpatizante a militante / 2006 que era importante que estuvieran al tanto de qué íbamos ron como caídos del cielo un carro de la Personería de MedeEntré oficialmente a la Universidad en 2006. Paralelo a hacer. Yo, además de coordinar entre los camilistas, me llín, otro de la Corporación Jurídica Libertad y otro con mi a mis clases retomé la amistad con G. quien estudiaba en la encargaba de notificar a los contactos de los bolivarianos familia. Me lograron sacar de ahí inmediatamente. Yo había misma facultad y me dio las primeras orientaciones sobre sobre nuestras actividades para evitar problemas. alcanzado a ponerlos sobre aviso. horarios, créditos y profesores. Entre conversa y conversa, Al asumir el liderazgo en lo clandestino empezamos Esto fue lo que hizo que terminara mi militancia estuempezamos a hablar de lo que pasó en el 2005 y de la necea consolidar acciones en lo amplio. El elegido para estar al diantil. Mi familia se encargó con varios abogados de cerrar sidad de revivir el movimiento estudiantil. Él sabía que yo frente fue un integrante de un combo hermano que tenía la investigación que tenía por rebelión con el compromiso de no militaba en el movimiento, que no pertenecía a ningún contactos y buenas relaciones con sindicame saliera de la Universidad, dejara el acBolivarianos que combo ni colectivo, que era un simple simpatizante que iba tos y con organizaciones de base fuera de se les llamaba a los integrantivismo y me fuera a vivir al exterior. Acepté a asambleas y conversatorios, que arengaba en tropeles y la Universidad. Si bien por afinidad ideo- tes del Movimiento Bolivariano casi todo el trato, menos la última condición. ayudaba desde mi espontaneidad. lógica teníamos relación con sectores de por la Nueva Colombia, lanzado En el primer año por fuera de la UniverG. me propuso seguirnos reuniendo no solo para izquierda, las organizaciones estudianti- por las FARC en el año 2000. El sidad seguí en contacto con varios de mis anconversar sobre el movimiento estudiantil, sino para esles son una buena escuela para futuros tiguos compañeros del movimiento. Ellos no movimiento quedó a cargo del PC3 tudiarlo, analizarlo y hacer propuestas para revivirlo. Nos militantes de muchos partidos, no solo comprendieron mi retirada. Poco a poco me encontrábamos tres o cuatro veces a la semana en alguna de estas tendencias. Hoy, yo puedo —Partido Comunista Clandestino fui alejando. Participé en dos o tres tropeles biblioteca de la ciudad. Él me pasaba documentos para identificar pelados con los que com- Colombiano—, brazo político de la más, pero lo amplio lo corté de raíz. Mi últiexguerrilla cuyo órgano de dirección mo tropel fue en 2010. estudiar, conocer la historia del movimiento estudiantil partí espacios que trabajan en el Polo era el Estado Mayor Central de las y entender los conceptos básicos. Recuerdo que los priDemocrático, en el Partido Liberal, en meros textos que leí fueron los de Carlos Medina Gallego Cambio Radical, en el Mira y hasta en el FARC-EP. Es distinto al Partido Retrospectiva / 2019 Comunista Colombiano, de exissobre el movimiento estudiantil y una novela suya llamaCentro Democrático. Les dije que no iba más. Me buscaron da Al calor del tropel. De esos días, recuerdo los encuen- tencia legal, el cual rompió rela- para acciones concretas y para hacer una A nuestras reuniones empezaron a asistir otros tres tros con dos hermanos que constantemente ción con las FARC desde 1993. especie de “empalme”. Con el ELN había compañeros de G. que, como él, se habían perdido un acosaban, insultaban, agredían y amenazaban una relación muy indirecta, pero al salirme tiempo por lo ocurrido en el 2005. Hice una buena amistad a todo aquel que identificaban como miembro del movihubo advertencias sobre nunca hablar de lo que sabía ni de la con ellos. Con el paso de las semanas el nivel de los domiento estudiantil. Tras uno de esos episodios, decidimos gente que conocía. Todavía siento temor por esas advertencias. cumentos subió tanto en volumen como en contenido. Ya que no podíamos dejar a un líder solo en ese rol amplio y, Sin embargo, salirme no se consideraba traición, porque se enleía libros enteros sobre materialismo histórico, marxismo, por tanto, necesitábamos que más personas lo acompañatiende que la lucha estudiantil es un ciclo, una etapa, y no un leninismo, lucha de clases. Otros documentos eran para ran. Uno de los elegidos fui yo. compromiso de por vida. prepararlo a uno en el día a día de un activista: documentos Para mediados de 2007 dejé muchas responsabilidades Hoy día soy muy crítico frente al uso de las vías de hecho sobre medidas de seguridad, cómo liderar masas, táctica y clandestinas. Seguía “tropeleando”, eso nunca lo dejé de en las movilizaciones sociales. Pienso que la lucha estudiantil estrategia en las protestas, etcétera. hacer, la gran mayoría de veces porque realmente lo disfrutiene un mayor efecto en la medida que utilice mecanismos Al mismo tiempo, comprendí cómo funcionaba la taba, pero además porque ya tenía un papel más protagónino violentos, para que los ciudadanos se sumen más fácilmenUniversidad de Antioquia en cuanto a combos, parches, co en planificar qué y cómo lo queríamos hacer. te a las reivindicaciones, y llegar con más fuerza a escenarios colectivos, oficinas estudiantiles y organizaciones. Entendí En ese punto, nadie de mi entorno sabía lo que estaba de concertación y negociación. que existían organizaciones y liderazgos que daban la cara, haciendo, ni mis amigos del barrio, ni mi familia, ni los Ver el movimiento estudiantil desde afuera, seguir lo que que convocaban y se paraban en una asamblea a liderar las compañeros de la carrera, nadie. Al asumir ese nuevo rol pasaba luego de terminar mi ciclo, sobre todo lo que logró discusiones. A estos les llamábamos personas y organizadesde lo amplio inmediatamente mis compañeros se entela Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en el 2011 al ciones amplias. raron de que hacía parte del movimiento estudiantil. Mis hacer que el Gobierno retirara la reforma a la Ley 30 de eduParalelamente existían otras organizaciones y liderazconocidos y amigos creen, hasta el día de hoy, que esa fue cación superior, me ayudó a transformar la primera opinión gos que eran clandestinos, que eran quienes se ponían la toda mi militancia. que me había formado varios años atrás con la idea de la comcapucha, tapaban sus rostros y hacían otras acciones que Ese papel me costó mucho al principio porque en lo binación de las formas de lucha. entendíamos como complementarias, necesarias y articulaclandestino todo era más pragmático, más concreto. En lo También creo que hay muchos mitos sobre los encapudas a la dinámica del movimiento estudiantil. amplio era al contrario, había muchos actores con los que chados. Por ejemplo, que son guerrilleros. Durante los años En ese momento lancé una pregunta: ¿nosotros quiédebía hablar, discutir y concertar. Había que tener otras que milité, había una relación entre las FARC y el Movimiennes somos, a qué pertenecemos? La respuesta fue clara: formas, los tiempos eran eternos. to Juvenil Bolivariano, y nosotros mismos, desde la clandestodos ellos, mis compañeros de estudio, eran camilistas. Habíamos crecido mucho, tanto en lo amplio como en tinidad, teníamos una relación con las milicias urbanas del Yo me puse al día en las lecturas “obligatorias” para entenlo clandestino. De ese grupo de estudio que iniciamos con ELN. Pero afirmar que los miembros del movimiento estuderlo. Me fui conectando con sus principios y así fue como G., crecimos hasta ser alrededor de 45 estudiantes. Cada diantil son guerrilleros es desproporcionado y se aleja de la me convertí en un relevo generacional, en formación, de un realidad. Sí hay simpatía de grupos clandestinos por grupos uno de nosotros era responsable de formar más o menos a combo camilista. insurgentes, pero asimilarlos sería como decir que todas las 10 estudiantes en la clandestinidad. Puedo decir que soy hijo del tropel, que fuerzas armadas son paramilitares. Eso es macartismo. yo lo busqué o, mejor dicho, mi curiosidad Amenazas y final de la Una idea que sí es cierta es que en las marchas y protestas Es una tendencia hizo que nos encontráramos. Lo cierto es hay infiltrados del Estado. Fui testigo de eso. Al militar tanto militancia / 2009 política de izquierda que la simpatía por participar de todos En 2009 cerca de 30 líderes recibimos una ametiempo, era consciente de quién se encapuchaba, identificaba que sigue el pensaesos espacios, en especial del tropel, naza. Nos daban un ultimátum para no seguir con a qué movimiento pertenecía y si su intención era, por ejemmiento del sacerdote fue lo que hizo que me encontrara la movilización estudiantil. De lo contrario, decía, plo, “reventar” una marcha. Se infiltraban como encapuchaCamilo Torres Restrepo. con las personas con las que al final empezarían a matarnos en orden de lista. Varios dos y buscaban identificarnos, descubrir qué hacíamos. Recoge conceptos como terminé militando. camilistas, incluido yo, estábamos ahí. Si bien en el No creo que los encapuchados sean vándalos, eso el “amor eficaz” y la unidad pasado ya me habían amenazado, perseguido y señasería asumir que su objetivo no es más que destruir biepopular como recurso de Los años del tropel lado, ese año todo se juntó. Los desacuerdos entre nes públicos por el hecho de ser públicos, y eso es falso. lucha política. Aunque se le varios combos y la amenaza pública que hizo que la Tampoco es cierto que sean vagos. En general, muchos de / 2006-2009 relaciona con el ELN, por La primera vez que me encamayoría de los que estábamos en la lista saliéramos los mejores estudiantes que conocí hacían parte activa del el paso de Torres por esa puché fue precisamente para reide la Universidad. movimiento estudiantil. Lo que sí se ve algunas veces es guerrilla, el camilismo tievindicar la capucha al interior de Días después de esas amenazas, el jueves 12 de que algunas personas alarguen sus carreras, pero esa no ne expresiones abiertas y marzo de 2009, asesinaron a Jorge Andrés Isaza Vela Universidad. La acción consistía es la regla, no es una situación generalizada. También se legales en el país. en repartir un comunicado por los lásquez en la Facultad de Derecho, dentro del campus. dice que estos estudiantes no tienen una ideología política, pasillos, llegar a la plazoleta BarrienHabía sido estudiante, pero ya no estaba activo y no pero sucede todo lo contrario. El movimiento estudiantil tos y dar un discurso que “concientizara” a los estudiantes hacía parte de la lista de amenazados. Cuando escuchamos está muy ideologizado, de muchos colores, y en mi opinión sobre la importancia de no estigmatizar la capucha y entenlos tiros nos preocupamos. Nos empezamos a llamar. Alahí radica uno de los grandes problemas estructurales que derla como medio de lucha y protección. gunos no contestaban. Tuvimos que ir hasta el sitio y comlimita sus acciones. Como era mi primera vez, mi papel fue simple: escolprobar quién era el muerto. No era ninguno de nosotros. De esa época me quedaron cosas buenas y malas. Lo más tar al líder de mi grupo, encargado de tomarse una fotocoLos días siguientes fueron de mucha zozobra. Dejapositivo fue todo lo que estudié, leí y aprendí de política. Pero piadora y sacar la mayor cantidad de copias. Posteriormenmos de ir a la Universidad por físico miedo. Luego emdel otro lado me quedó mucha desconfianza. Vivir una expete, repartirlas en algunos bloques y, al final, estar presente pezamos a encontrarnos afuera para recibir asesoría sobre riencia clandestina y luego combinarla con una pública implien la plazoleta durante el discurso. Me explicaron qué ropa la situación. En esas reuniones nos confirmaron que el có desde el principio desconfiar de todo y de todos. Partíamos debía llevar para encapucharme, qué ropa tener lista para asesinato de Velásquez no había tenido nada que ver con de vivir en constante amenaza y por eso nos educábamos en cambiarme, cómo caminar cuando estuviera encapuchado, nosotros, pero también nos dijeron que las amenazas eran la desconfianza. Después de haber dejado el activismo ha sido cómo correr, a qué estar atento, qué informar, qué hacer y reales y nuestra vida sí estaba en peligro. Para ajustar, nos difícil dejar esas prácticas, que me quedaron marcadas como qué no hacer. enteramos de que un fiscal había abierto investigación a un tatuaje.

Paula, Magaly y la operación Álgebra II / 2005

Empecé a ir a la Universidad de Antioquia en el 2004. Todavía no estudiaba allá, pero antes de terminar el bachillerato iba con una amiga de la familia. Ella era docente y me llevaba al campus, sobre todo a la biblioteca, para hacer los trabajos del colegio. Tenía 15 años. Ahora tengo más de 30. Muchas cosas han cambiado. Soy profesional. He rozado la muerte un par de veces. Cuando miro hacia atrás, siento que he vivido el triple. Para muchos, ese tiempo es poco. Para mí, ha sido una vida entera. Me gozaba todo en la Universidad. Revisaba las carteleras donde anunciaban la programación de películas, las fechas de conversatorios y asambleas, y empecé a asistir. Me gustaba porque veía a pelados casi de mi edad hablando sobre temas que para mí eran desconocidos: los hechos políticos en el país —en ese momento el presidente era Álvaro Uribe—, las decisiones de la administración de la Universidad, los partidos políticos, las firmas de Tratados de Libre Comercio. Todo eso empezó a interesarme. Por

esos días conocí a G. en un conversatorio en el que nos sentamos juntos. Él participó y por inercia comenzamos a conversar. Un día yo estaba en una cafetería comprando el desayuno cuando escuché la primera papa bomba. Eran como las diez de la mañana del 10 de febrero de 2005. Ese día hubo un tropel que quedaría grabado en la historia del movimiento estudiantil. Recuerdo mucho que con G. estuvimos arengando, tapando gases lacrimógenos y empapando de leche las caras de los estudiantes afectados por los gases. Cuando explotó la “cocina”, que es como se conoce al sitio donde se arman las papas bomba, estábamos cerca y sentimos el caos: vimos los heridos, escuchamos los gritos de angustia... Ante la inmovilidad que me produjo la escena, fue G. el que me sacudió y me empujó a ayudar. Fue un día aterrador. Por la explosión, 18 personas quedaron heridas. Dos de ellas murieron después en el hospital San Vicente de Paúl: Paula Andrea Ospina y Magaly Betancur. El ambiente en la Universidad cambió radicalmente. La zozobra y el miedo se respiraban en todo el campus. A

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


18 Economía

19

¿Cuánto les cuesta la

menstruación a las mujeres? Yesenia Palacio yesenia.palacio@udea.edu.co Luisa Moscoso luisa.moscoso@udea.edu.co Mónica Alejandra Jiménez malejandra.jimenez1@udea.edu.co

Las mujeres menstrúan un promedio de

40 años

Una toalla higiénica cuesta aproximadamente

$500

UNA MUJER USA EN PROMEDIO Mensual Anual 10 años

25

aprox.

325

aprox.

3250

aprox.

$12.500 $162.500

$1.625.000

Una mujer durante toda su vida necesita cerca de 11.050 toallas o tampones, lo que representa un gasto que supera los

$5.525.000

En Colombia hay cerca de 13.3 millones de mujeres entre los 10 y los 44 años de edad. Eso significa que el negocio de las toallas higiénicas y los tampones ronda 2.16 billones de pesos al año.

Con la reducción del impuesto del 16% al 5%, durante 2017 el Estado recaudó 183.600 millones de pesos.

Fuente: Grupo Género y Justicia Económica. Campaña Menstruación Libre de Impuestos, Sentencia C117/18 de la Corte Constitucional y Unicef.

No. 95 Medellín, junio de 2019

L

a menstruación es un proceso fisiológico que tiene implicaciones de las que pocas veces se habla y que afectan el trabajo y la educación de las mujeres de todo el mundo, principalmente en los países más pobres. A finales de febrero, en la edición número 41 de los Premios Oscar, fue galardonado el documental Period. End of the Sentence sobre el tabú de la menstruación en India. Su realizadora, Rayka Zehtabchi, dijo al recibir la estatuilla: “No lloro porque esté en mi periodo ni nada por el estilo. No puedo creer que un documental sobre la menstruación acabe de ganar un Oscar”. El documental cuenta la experiencia de un grupo de mujeres en un pueblo de India que, con una máquina donada por estudiantes estadounidenses, elabora toallas higiénicas a bajo costo para obtener su propia independencia económica y facilitar el acceso a ese producto a las mujeres de su comunidad. Según el Gobierno de ese país, en 2015 apenas el 53 % de las escuelas públicas contaba con baños exclusivos para mujeres, lo que explicaría, en parte, el aumento del ausentismo escolar en las niñas después de su primera menstruación. Ese panorama también tiene implicaciones sobre la economía de las mujeres. La discusión pasa no solo por el costo de las toallas higiénicas y los tampones, sino también por los impuestos. En noviembre de 2018, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en exceptuar de IVA los productos de higiene femenina, luego de que la Corte Constitucional aceptara los argumentos de una demanda contra un artículo de la reforma tributaria de 2016 que bajaba del 16 % al 5 % el impuesto a esos productos. Esto, sin embargo, no fue suficiente, pues a juicio del demandante, Danilo Andrés Virviescas: “Las ciudadanas de este país serían gravadas con IVA solamente por el hecho de haber nacido bajo el sexo femenino”.

Según Unicef 1 de cada 4 niñas del Pacífico colombiano alguna vez en su vida ha faltado a la escuela por causa de su menstruación.

En 2018 Colombia se convirtió en el ÚNICO PAÍS latinoamericano con las compresas y tampones exentos de IVA.

1974

Las toallas higiénicas y tampones fueron gravados con el IVA.

2002

1998

Los productos fueron excluidos del impuesto a través de la Ley 488 de 1998.

2016 La en ese entonces representante a la Cámara Ángela María Robledo presentó la propuesta de eliminar el IVA a bienes de higiene femenina y la propuesta fue negada.

La Ley 788 gravó nuevamente los productos y este gravamen se mantuvo mediante la Ley 1607 de 2012 hasta 2016.

2016 El 7 de diciembre fue lanzada la campaña Menstruación Libre de Impuestos, del grupo Género y Justicia Económica, con el fin de eliminar un impuesto regresivo a productos femeninos de primera necesidad.

El argumento:

Ese impuesto “viola el principio de equidad tributaria, por imponer barreras al acceso de tecnologías que actualmente permiten el pleno ejercicio del derecho a la dignidad de las mujeres en edad fértil”.

2017

Demanda por inconstitucionalidad al artículo que gravó con IVA del 5 % los productos de higiene menstrual.

2018

El 14 de noviembre, la Corte Constitucional eliminó el IVA del 5 % a las toallas y tampones.

2016

La propuesta de reforma tributaria del 2016 aplicaba la tarifa más alta del IVA (19%) a los artículos de protección femenina.

2016

El 25 de diciembre, la senadora Maritza Martínez modificó la solicitud de Robledo y propuso la disminución del impuesto del 16% al 5%, lo que fue aceptado por el Ministerio de Hacienda.

2019

El 19 de marzo se presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para extender la exención de IVA a otros productos de higiene menstrual, como las copas menstruales.

Natalia Moreno Economista y magíster en Estudios de Género. Integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y del grupo Género y Justicia Económica. Promotora de la campaña Menstruación Libre de Impuestos. Las mujeres tenemos un desempleo siete puntos por encima que el desempleo de los hombres, la informalidad en las mujeres llega al 60 % y el trabajo no remunerado equivale a siete horas diarias, lo cual nos priva de acceder a empleos mejor remunerados y formales. Así las cosas, si se tiene una situación económica con ese nivel de brechas y además se le incluye un impuesto sexista, lo que se está haciendo es aumentar la desigualdad. Y eso es inconstitucional porque hay varios artículos de la constitución que prevén la protección especial y la igualdad de género entre hombres y mujeres. Con el objetivo de visibilizar los tipos de violencia que son cercanos y están tan ocultos en nuestro diario vivir comenzamos esta investigación y nos complementamos con nuestras diferentes profesiones, porque no solo somos economistas y abogadas, también hay mujeres sindicalistas, mujeres de la academia y mujeres de la militancia propiamente feminista. Esto demuestra que independientemente del campo en el que nos desarrollemos, cuando las mujeres nos juntamos podemos lograr grandes cosas; y eso fue la campaña Menstruación Libre de Impuestos que hoy le deja al país una gran conquista”.

Isis Tijaro Antropóloga de la Universidad de los Andes. Fundadora de la organización Tyet, que promueve procesos alrededor de la defensa y pedagogía de derechos menstruales.

Diana Sierra

Los derechos menstruales están relacionados con la forma en la que la experiencia menstrual afecta directamente el gozo pleno de los derechos humanos. Es decir, al experimentar este proceso, algunas veces se presentan situaciones que no les permiten a las mujeres gozar plenamente de sus derechos como la educación, el trabajo o la salud. Estos derechos se les vulneran a todas. Es un tema cultural, los códigos que hay alrededor de la menstruación sí estigmatizan la experiencia menstrual. Es urgente hacer más pedagogía sobre la menstruación, la cual es muy diferente a la educación sexual y reproductiva. Creo que hay personas cuyos derechos menstruales se afectan más, como por ejemplo a las mujeres de escasos recursos, que viven en lugares geográficos donde no llegan productos de higiene y mujeres en cárceles que muchas ocasiones en su dotación no les brindan productos de higiene menstrual”.

Diseñadora colombiana y fundadora de Be Girl, empresa que creó una toalla higiénica reutilizable, de bajo costo, para las mujeres en África. Le apuesta a la creación de alternativas para reducir la dificultad de acceso a productos de higiene femenina. El periodo es algo normal, es algo que básicamente te muestra que eres una mujer sana, que estás en edad reproductiva y que cumples con tu ciclo biológico, pero el hecho de que una niña no se sienta cómoda en su cuerpo porque simplemente no tiene los materiales para manejarlo es un problema de derechos humanos. Nosotras no escogemos menstruar, es un proceso biológico. El hecho de ver la menstruación como un estigma es querer borrar esa parte de nuestro cuerpo, de nuestra fisionomía. Por ello es importante trabajar en nuevas alternativas: no solo las toallas desechables son la solución, hay muchos otros productos de larga duración, por ejemplo los pantis lavables y las copas. Se tienen que explorar otro tipo de objetos que funcionen en otro tipo de ambientes”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


20 #ProyectoDeClase Estos trabajos (p. 20 y p. 21) hacen parte de investigaciones del curso Reportería y Redacción IV. Puede expandir este contenido en la sección #ProyectoDeClase en el sitio web

www.delaurbe.udea.edu.co

obstétrica

¿sancionar lo invisible? En 2017, la senadora Nadia Blel presentó un proyecto de ley para sancionar la violencia obstétrica. Si bien fue aprobado en primer debate, en su oficina reconocen que no ha contado con el respaldo esperado y que la iniciativa será archivada por falta de trámite. La senadora asegura que volverá a presentarlo en la siguiente legislatura, pero el debate de fondo está en si la sanción puede realmente enfrentar el problema. María José Chitiva Londoño* maria.chitiva@udea.edu.co

L

No. 95 Medellín, junio de 2019

“Desde el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva se realizaron algunos acercamientos al proyecto, tuvimos la oportunidad de leer la primera versión y nos dimos cuenta de que era casi que una copia de las leyes de otros países. No había absolutamente nada acerca del contexto colombiano ni de cómo se presenta la violencia obstétrica en el país”, cuenta Prieto. Al igual que Fecolsog, la integrante de Huitaca piensa que hablar de sanciones y penalizaciones lo único que consigue es culpar al personal médico. Y si bien los profesionales de la salud son un actor social de peso en esta problemática, no se pueden obviar los problemas estructurales que llevan a la precariedad del sistema de salud. El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en abril de 2018, sin embargo, integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Blel reconocen que no contó con el respaldo requerido para ser discutido en plenaria de Senado y será archivado por falta de trámite. Asimismo, aseguran que lo presentarán nuevamente en la próxima legislatura.

La ética profesional

Otra de las objeciones que presentó Fecolsog a la idea de sancionar estas conductas es la lesión de la autonomía médica, la cual se encuentra garantizada en la Ley Estatutaria de Salud (o Ley 1751 de 2015). Allí se protege la autonomía para “adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tiene a su cargo”. Esta capacidad para decidir está estrechamente relacionada con la ética médica. Además de aquellas decisiones basadas en argumentos científicos, el médico está comprometido a ofrecer un trato digno y respetuoso a sus pacientes, a no configurar su relación en las bases del poder que otorga el conocimiento y la vulnerabilidad que ocasiona la enfermedad. De la violencia obstétrica hacen parte los tratos ofensivos, humillantes y discriminatorios, y hay frases que, aparentemente, se han convertido en emblemas de las salas de parto: “Ay, pero cuando lo estaba haciendo, ahí sí no gritaba”, “cállese que eso no duele tanto”, “por su culpa pasó esto…”. Eliane Barreto, médica ginecobstetra, considera que la violencia obstétrica se produce en una relación desigual en donde el personal de salud, por su responsabilidad y conocimientos, no percibe al paciente como un par. Barreto señala que la vocación es un asunto primordial: “La vocación es esencial porque define la manera como el profesional desarrolla su oficio y trata a sus pacientes. Una persona que siente pasión por ayudar al otro dará un trato muy diferente a aquel que solo está allí por el dinero”, dice Barreto.

violencia obstétrica en Latinoamérica

En la década de los noventa, activistas latinoamericanas comenzaron a reforzar una lucha contra la violencia obstétrica porque era, y sigue siendo, una de las violencias de género más invisibilizadas. Estaban impulsadas por la necesidad de divulgar prácticas científicas para el cuidado materno-infantil. Esta lucha colectiva fue respaldada por medio de un documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 1996: Cuidados en el parto normal: una guía práctica que tenía como objetivo reflexionar acerca de las prácticas más comunes en el parto y establecer recomendaciones para el momento de la atención médica. Después de la publicación de este documento, paulatinamente, en países como Uruguay (2001), Argentina (2004),

Brasil (2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que garantizaban el derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Finalmente las naciones que implementaron la ley que sanciona como tal la violencia obstétrica fueron Venezuela en 2007, Argentina en 2009 y México en 2014. En todo caso, pese a que en el contexto internacional también haya una apuesta por las sanciones, la postura de los expertos es que, en Colombia, antes de normas y penalizaciones la problemática de la violencia obstétrica requiere visibilización, discusión y que deje de ser considerada como normal. *Investigación: Luisa Fernanda Betancur Vanegas | Juliana Flórez Vergara | Valentina Chavarría Cifuentes | María José Chitiva Londoño

El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. En Colombia la tasa de suicidio juvenil va en aumento. Mientras en 2008 se registraron 1842 casos, en 2017 la cifra ascendió a 2571. Carolina Londoño Julio César Caicedo María Camila López Laura Valentina Camacho María José Buitrago periodicodelaurbe@udea.edu.co

Fotos: Julio César Caicedo

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00.000 personas se quitan la vida cada año en todo el mundo, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con Medicina Legal, entre 2008 y 2017 la cifra de suicidios en Colombia fue de 19.977 casos. En 2017, 2096 personas se suicidaron en Colombia, lo que representa seis suicidios diarios. En el caso de Medellín para ese año, la cifra fue de 155 personas: una tasa de 6.56 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la ciudad representa el 7.4 % de los casos de suicidio en Colombia y supera la tasa nacional por 2.31 puntos. Se estima que en el mundo por cada persona que se quita la vida, ocho intentaron hacer lo mismo pero no lo lograron, lo que significa que las cifras de suicidios se quedan cortas para dimensionar la problemática. En el 2018 más de 27.000 personas intentaron suicidarse en Colombia. Además, entre 2008 y 2017, en el país se incrementaron los suicidios de niños, adolescentes y jóvenes hasta los 24 años de edad. En esta población la tasa por cada 100.000 habitantes subió un 36 %. No existe una razón que explique todos los casos de suicidio. Los motivos pueden ser psicológicos, sociales, económicos o biológicos. Estudios de la OMS demuestran que las personas que presentan algún tipo de trastorno mental tienen 10 veces más riesgo de suicidarse. Enfermedades como depresión, trastornos bipolares, esquizofrenia y abuso de sustancias psicoactivas y alcohol son los antecedentes más frecuentes asociados al suicidio. “El suicidio no es normal. Es una conducta humana, pero es chocante al ser humano. En los casos que yo he conocido, en el fondo nadie se quería morir. Si le quitaran la tristeza, la angustia, el malestar emocional, esa persona cambiaba de rumbo o de decisión”, afirma el psiquiatra Gabriel Vargas, magíster en Intervención Social. Para Vargas no todas las muertes por suicidio responden a trastornos mentales: “El suicidio es un fenómeno social. Como fenómeno médico, una parte ocurre como consecuencia de una enfermedad mental, pero no todos los casos”. A finales del siglo XIX, el sociólogo francés Emile Durkheim evidenció que factores como la forma y el grado de integración que tiene alguien en su grupo social también pueden influir en la decisión de quitarse la vida. Según estadísticas de la OMS el 79 % de todos los suicidios del mundo se dan en países de ingresos bajos y medios, lo que también refleja la posible influencia de factores como la economía.

aumenta la vulnerabilidad”, afirma Martha Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Los niños de 10 a 14 años y los jóvenes de 15 a 20 son los que más intentaron suicidarse en el departamento durante el 2017, según cifras de la Secretaría Seccional de Salud. Tal vez porque la mitad de los trastornos mentales aparecen a los 14 años, de acuerdo con la OMS. “En los adolescentes hay un montón de recursos de la estructura psíquica que no se han terminado de afinar, como el juicio de realidad, que es la capacidad de leer consecuencias futuras de acciones presentes. Por eso los adolescentes suelen ser tan temerarios, tienen menor regulación y control de impulsos”, explica el psicólogo Juan Patiño, experto en conducta suicida. En Medellín el desempleo juvenil es de 19.6 % y los “ninis” (jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan) pasaron del 17.3 % en el 2017 al 18.4 % en el 2018. Además, los jóvenes en Medellín tienen que enfrentarse con otros problemas propios de una ciudad que durante mucho tiempo ha sido difícil para crecer por factores como la violencia: en el primer semestre de 2018, la organización Casa de las Estrategias, con base en información del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, concluyó que la edad promedio de las personas asesinadas en la ciudad es 24 años.

Suicidio en voz alta

violencia

a violencia obstétrica es un tipo de violencia contra la mujer, que se ejerce en el embarazo y el parto. Es una violencia invisible, de la que poco se habla; ya sea por el desconocimiento, por su constante normalización o porque pasa inadvertida. Decir cuántas mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica es imposible debido, entre otras causas, a la falta de mecanismos de denuncia. Si bien la Ley 1257 de 2008, que sanciona la violencia de género, comprende daños físicos y psicológicos, no reconoce específicamente la violencia obstétrica. La mayor aproximación a una norma específica sobre esa problemática surgió en 2017, cuando la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel Scaff, presentó el Proyecto de Ley 147 de 2017 “por medio del cual se reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género” para establecer “medidas de prevención y sanción”. Las sanciones que planteaba el proyecto eran la suspensión del profesional médico y multas que pueden oscilar entre 100 y 150 salarios mínimos. La senadora Blel manifestó públicamente que su propuesta estaba motivada en la creación de mayores garantías para las mujeres. “Debemos estar protegidas de todo tipo de violencia que se presente en nuestro estado más vulnerable: el embarazo”, afirmó. Sin embargo, en el sector médico y científico del país el proyecto resultó polémico. La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) presentó en junio de 2018 un análisis de ese proyecto de ley en el que cuestionaba que la iniciativa se desarrolló sin asesoría de ninguna agrupación médica o científica del país y terminaría por afectar “de manera casi exclusiva al médico, por ser el eslabón más visible y ‘socialmente responsable’, en esta larga cadena de factores”. Fecolsog agregó que si bien “existen todavía muchos factores de la atención en salud por mejorar, que impactan sobre una atención materna no digna, y donde uno de ellos es la atención del profesional médico”, otros factores como la infraestructura, la presencia de recurso humano multidisciplinario y el presupuesto en salud también impactan en el problema y no se resuelven con una ley que sancione a los profesionales. A esta opinión se le suman distintos colectivos que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos es Huitaca, un observatorio que ejerce veeduría sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Policarpa Prieto, una de las integrantes de esa organización, quien además es magíster en Estudios de Género, afirma que este proyecto de ley no tuvo en cuenta muchos actores sociales para su formulación.

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#ProyectoDeClase

¿Con la vida por delante? El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, de acuerdo con cifras de la OMS. En Antioquia, los datos de la Gobernación indican que los jóvenes de 20 a 24 años fueron los que más se quitaron la vida en el 2017, seguidos del grupo de 25 a 29. Pese a que en la juventud las condiciones físicas son mejores, hay situaciones que contradicen el dicho popular de “tenía toda la vida por delante”. Estudios recientes han vinculado al bullying, la victimización por intimidación, la condición de minoría sexual y al ciberacoso con ideaciones y comportamientos suicidas en los jóvenes. En resumidas cuentas, burlarse del otro por su apariencia, su orientación sexual o por su forma de ser en general puede hacer que la otra persona llegue al extremo de acabar con su vida. “El joven es un ser humano que todavía está en desarrollo de su personalidad, definiendo su plan de vida. Tiene expectativas y puede tener autoestima baja, carencias y poca resiliencia. Puede no tener una red familiar y social que le apoye y le soporte esos cambios y transformaciones que tiene para afrontar la vida de un adulto joven, lo que

¿Qué se puede hacer? La mayoría de suicidios pueden evitarse. El 80 % de las personas avisa su intención y el 50 % manifiesta abiertamente su deseo de morir. “Casi todos los jóvenes que están cercanos a eventos de suicidio están alrededor de los medios educativos, culturales o de otro tipo de personas que no tienen herramientas para atenderlos. Ahí es donde empezamos el proceso de formar docentes en lectura de riesgo y conducta suicida”, expresa Juan Patiño que, junto con la Corporación Vamos, asesora a diferentes instituciones. Patiño también hace énfasis en la importancia de la identificación temprana de trastornos psicológicos. Cuando la ideación suicida ya está avanzada el psicólogo recomienda acudir a los servicios de urgencias. Frases como “estoy muy triste”, “no sé qué hacer con mi vida”, “ya no quiero vivir más” son señales de alarma. El psiquiatra Gabriel Vargas recomienda que si un amigo o familiar acude a usted en una situación como esta lo que se debe hacer es escucharlo sin juzgar ni condenar. Luego de terminada la conversación, se recomienda empezar un acompañamiento psicológico. El concejal y psiquiatra Ramón Acevedo afirma que Medellín sí tiene un programa de atención, pero que se queda corto a la hora de hacer acompañamiento posterior: “No se hace seguimiento, porque no se tiene la capacidad. Se hace solo una intervención en caliente y por lo tanto no sabemos de esas personas cuántas realmente terminan suicidándose”. Sin embargo, Beatriz Guerrero, psicóloga de la Secretaría de Salud de Medellín, asegura que en el “Plan de salud mental, promoción de la salud y prevención de las enfermedades” la Alcaldía desarrolla actividades que si bien no van tan focalizadas en el suicidio en particular “tienen impacto en distintas problemáticas”. Dentro de las áreas que incluye ese plan está el fortalecimiento de habilidades para la vida, la prevención de conductas suicidas, consumo de sustancias y violencia. Según Guerrero, en los programas de prevención se hacen visitas a personas afectadas, psicoeducación y se crean protocolos de atención. Adicionalmente, desde 2017 opera el programa Otras Vías, enfocado en la prevención del suicidio en jóvenes y mujeres. La Alcaldía de Medellín también tiene una Línea Amiga que opera de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. “La cobertura no es del 100 %, pero sí se desarrollan políticas nacionales, una de ellas es la Ley 1616 que es la de la salud mental. Es importante tener en cuenta que no es solo el sector salud el que debe abordar la problemática, porque el empleo y las oportunidades no los da el sector salud”, señala Martha Londoño.

***

No hay claves, ni fórmulas mágicas para salvar vidas, pero ciertos actos pueden hacer la diferencia. Despojarse de los juicios para escuchar a otro que lo necesita, dejar la costumbre de herir porque sí en las redes sociales, callar cuando sea prudente, y no subestimar las intenciones de alguien cuando dice que no quiere seguir. Eso puede hacer la diferencia. Ahora, si es usted el que no sabe qué hacer, el que no tiene a dónde ir, la diferencia puede estar en hablar. Nadie está exento de perder el rumbo, todos somos propensos — unos más que otros— a desarrollar una enfermedad mental y, evidentemente, es más fácil encontrarse de nuevo cuando hay alguien más. Antes de tomar la decisión, tal vez la diferencia está en hablar en voz alta.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


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El fleteo en la ciudad de

” o t o m a l e d s o “l Luis Bonza Ramírez luis.bonza@udea.edu.co Karen Sánchez Palacio karen.sanchez@udea.edu.co

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n hombre está tendido en el piso en la mitad de una calle del barrio Patio Bonito en El Poblado. Junto a su brazo izquierdo se alcanza a ver un arma que se pierde entre el color gris del asfalto. Otro hombre, también armado, se acerca caminando y, aunque un taxi se atraviesa en la escena, es claro que patea el arma y la aleja del alcance de Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años, el joven que agoniza mientras en un balcón cercano se acumulan los primeros espectadores. En el video grabado con la cámara de un celular se escucha el llanto de una mujer. “Ay, ya se murió”, dice justo cuando el hombre no logra sostener más su cabeza. Fueron dos las personas muertas en ese fleteo. En la tarde de ese jueves 7 de febrero, dos atracadores, uno de ellos Jorge Hernán Ardila, eligieron como víctima al ocupante de un vehículo blanco que se detuvo en un semáforo, un guarda de seguridad que llevaba su arma de dotación. Ante la amenaza, disparó seis veces, cuatro de sus balas impactaron a Ardila, quien murió a unos cuantos metros. Una más a su cómplice, quien escapó en una moto, pero fue capturado cerca. La última impactó en la cabeza del cantante Fabio Andrés Legarda, de 29 años, quien iba de pasajero en otro carro y murió minutos después en la clínica León XIII. Esa tarde, Ardila y Legarda pasaron a hacer parte de la cifra de 314 homicidios cometidos en Medellín hasta el 8 de junio de 2019. De uno se diría que fue un “buen muerto”. La Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín fue aprobada en 2015. Esta política partía de reconocer que los problemas de seguridad y convivencia de la ciudad obedecen a diferentes causas y, en ese sentido, debían ser tratados de manera integral. En su planteamiento quedó consignada la necesidad de que fuera entendida como una estrategia a largo plazo, es decir, su implementación debía extenderse en los 10 años posteriores a su aprobación. De acuerdo con Diego Sierra, investigador social y exdirector del Instituto Popular de Capacitación, en el momento en que comenzó la administración de Federico Gutiérrez se hizo un “borrón y cuenta nueva” en la política de seguridad de la ciudad, desconociendo la que ya se había pactado en la administración anterior mediante el Acuerdo 21 de 2015 del Concejo de Medellín. Sierra afirma que mientras la criminalidad en Medellín tiene unas estructuras que no cambian sino que se actualizan, cada alcalde ha impuesto su propia visión, desconociendo las anteriores. “Él [Federico Gutiérrez] se paró en el paradigma viejo de la seguridad democrática que pone al frente la coerción, represión, choque, enfrentamiento y militarización. Esa política se caracteriza por su show mediático, pero cuando uno evalúa los indicadores entiende el fiasco y lo desacertado”, afirma Sierra. La discusión sobre los indicadores de los que habla Sierra se ha centrado en los homicidios, que en 2019, con corte al 7 de junio, han aumentado un 12.1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en relación con el fleteo, las cifras tampoco respaldan a la administración municipal: entre 2017 y 2018 los casos de hurto en los que el victimario se movilizaba en moto y portaba arma de fuego aumentaron en un 34.2 % y solo en 2018 se contabilizaron 3480 casos. Todos son datos oficiales del Sistema Integral para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. A las 10:00 de la noche del 13 de enero de 2017, el alcalde Federico Gutiérrez publicó en su cuenta de Twitter un video acompañado por Gustavo Villegas, quien para ese momento era su secretario de Seguridad, y por el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Óscar Gómez. El alcalde dijo que “la única opción es agarrar a estos tres cobardes atraca-

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En De la Urbe revisamos nuestro archivo y seleccionamos las problemáticas de ciudad que, en estos 20 años, han sido más frecuentes en nuestras páginas. En nuestras ediciones impresas de 2019 haremos seguimiento a esos temas con una mirada de actualidad. Primera entrega: seguridad.

dores”. Se refería a un caso de fleteo ocurrido esa tarde en la autopista Norte, que se hizo viral por la grabación que hizo un ciudadano desde otro carro y en la que se observa a tres personas, en tres motos, robando a los ocupantes de un Renault Clio. En su video, el alcalde advirtió que perseguirían a los atracadores “hasta la hora que sea”, informó que había 15 grupos de la Sijín buscando información en toda la ciudad y prometió informes periódicos en sus redes sociales sobre el operativo. Al día siguiente, casi a las cuatro de la tarde, anunció en una rueda de prensa la captura de los tres implicados en el robo, y comentó que en el operativo habían participado 200 policías. Uno de los periodistas intervino, dijo que “para nadie es un secreto” que esos delitos vienen de muchas administraciones atrás que negociaron con la delincuencia. Terminó diciendo que lo que hace Gutiérrez, al ponerse al frente de los operativos, es un ejemplo para otras autoridades. “Aquí no se pacta con la criminalidad”, respondió el alcalde. El caso no terminaría ahí. El secretario Villegas fue capturado en julio de 2017 por supuestos vínculos con la Oficina de Envigado y, durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía afirmó que el funcionario, que fue condenado en febrero de 2018, usó sus contactos con los cabecillas alias Pichi Gordo y Julio Perdomo para obligar a los fleteros a entregarse. ¿Cómo funciona el fleteo? Aunque en Medellín se ha popularizado la expresión fleteo para referirse a cualquier robo que se realiza desde una moto, la Secretaría de Seguridad de Medellín usa el término de forma más específica: llama así a los robos contra usuarios del sistema bancario que son interceptados por atracadores luego de retirar altas sumas de dinero de oficinas y sucursales. Según Nelson Matta, periodista especializado en temas de seguridad y crimen organizado, el hurto a usuarios bancarios se comenzó a popularizar en Medellín alrededor de 2004 como una renta ilegal de organizaciones criminales que facilitaba un “golpe certero”, debido a los altos montos de dinero que se pueden conseguir en contraste con un robo convencional. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las organizaciones que se dedican al fleteo tienen un miembro que se encarga de identificar a la posible víctima. Ese mismo u otro integrante de la organización debe seguirla una vez abandone la sucursal y observar en qué vehículo se moviliza y con quién va acompañada. La ruta continúa a través de los “rodadores”, que son quienes transportan las armas de fuego que después son entregadas a los “cogedores”, que cometen el hurto y luego hacen la entrega del dinero y las armas a los “transbordos”, quienes huyen del lugar. Según Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, las estructuras criminales que se dedican al hurto en la ciudad se encuentran ubicadas sobre todo en la zona nororiental, principalmente en Manrique y Campo Valdés. A esos dos barrios, Nelson Matta agrega Aranjuez, Doce de Octubre y Castilla.

De acuerdo con el periodista, las estructuras más involucradas en el delito son La Terraza y La Viña (Manrique), La Roja y Los Conejos (Buenos Aires y Villa Hermosa), el Combo de Miranda (Aranjuez), el Combo de Motor (Manrique), La Oficina del 12 (Doce de Octubre), el Combo de Niño Golpe (Robledo) y Los Machacos (frontera entre Castilla y Doce de Octubre). Sin embargo, la mayoría de hurtos ocurren en las “comunas de despensa”, es decir, los sectores con mayor número de sucursales bancarias y cajeros electrónicos. Según el SISC, los lugares de la ciudad donde más ocurren hurtos desde motos y con armas de fuego son El Poblado, Laureles, Belén y La Candelaria. Aunque desde la administración municipal se han creado estrategias como la aplicación “Te Pillé” para facilitar la denuncia ciudadana, el secretario de Seguridad afirma que es un delito que cuenta con un gran subregistro debido a que las personas graban y suben videos a sus redes sociales, pero no instauran denuncias formales. Ante esos mecanismos tecnológicos, Diego Sierra opina que se cuadriplicó la inversión en seguridad, pero en paralelo los indicadores de delitos en lugar de reducirse, aumentan. “Una política de seguridad es dar garantía de los derechos humanos de manera integral bajo la perspectiva de que violar un derecho humano es violar muchos otros. Eso es lo que Federico ya no entendió”. Según la encuesta Medellín Cómo Vamos, en 2018 solo el 41 % de los medellinenses se sentía seguro, cifra que disminuyó con respecto a los últimos dos años. Entre tanto, junto a las decenas de videos que circulan en las redes sociales exponiendo casos de fleteo hay un reflejo de esa sensación y de lo confusa que resulta esa idea de que la ciudad se divide en el bando de “los buenos” y el de “los malos”: “Que les pongan en sus cabezas su par de implantes de plomo”, decía uno de cientos de mensajes casi idénticos que acompañan el video, publicado en una página de Facebook, del fleteo que motivó el operativo del alcalde Gutiérrez en enero de 2017.

Ilustración: Luis Bonza Ramírez

años

DLU 53 - junio/2011 Daniela Gómez Saldarriaga

Egresada de Periodismo en 2013. En junio de 2011, en la edición 53 de De la Urbe, publicó los trabajos “La ciudad de las mil y una guerras” y “Dosis diarias de guerra”, sobre las transformaciones de la violencia en Medellín y la disciplina impuesta por los combos sobre las comunidades. En la actualidad, Daniela es editora en Tragaluz Editores. Lo más importante para nosotros en el cubrimiento de temas de seguridad era tener fuentes alternativas a las de los medios tradicionales e ir a campo a mirar qué estaba pasando. Tomarse esa molestia y ese riesgo era lo más importante. Medírmele a reportear la seguridad fue una experiencia excepcional porque si bien ese entramado delincuencial de la ciudad no es algo en lo que yo esté pensando constantemente, revela muy bien el tipo de ciudad en la que vivimos. Aunque ya no me dedico al periodismo, creo que quizá ha cambiado algo de la dinámica social de la ciudad, pero la violencia en Medellín sigue siendo un tema gravísimo y el de la seguridad está muy unido a ella. Creo que todos seguimos sufriendo esta ciudad como la sufríamos antes.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia


24 Entrevista

El teatro no es un

entretenimiento,

es una necesidad

Patricia Ariza

Juan Esteban Grajales jesteban.grajales@udea.edu.co

Foto: Cortesía Corporación Colombiana de Teatro

P

atricia Ariza es actriz, directora, dramaturga y una de las figuras más representativas del teatro y las artes en Colombia. En la década de los sesenta, mientras estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, conoció a Santiago García y junto a él, y a un grupo de actores jóvenes fundaron el legendario Teatro La Candelaria. Desde muy joven, el teatro se convirtió para ella en todas las formas de su vida. Actualmente, entre muchos de sus roles, Ariza es directora del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, el Festival Alternativo de Teatro y también de la Corporación Colombiana de Teatro y la Sala Seki Sano. Sus obras se han caracterizado por el trabajo con las víctimas del conflicto armado no solo tomando sus historias para representarlas, sino desarrollando junto a ellas las propuestas teatrales. Ha sido reconocida y galardona por su actividad en defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. A sus 73 años, Patricia Ariza no descansa. Con el mismo fuego de la adolescente que se enamoró del teatro hace 50 años, ahora dirige, escribe, reflexiona y habla sobre la importancia de la dimensión cultural de la paz en un país como Colombia. Esta entrevista es una mirada retrospectiva a la obra de una mujer que, a pesar de la historia turbulenta del país, cree que el teatro es capaz “de cambiar al mundo”. ¿Cómo ha sido la evolución del teatro La Candelaria durante estos 50 años? Cuando nosotros empezamos en La Candelaria, el primer desafío fue hacer temporadas de larga duración, por lo menos de una o dos semanas, que no existían en Colombia ni en Bogotá. O sea, la gente estrenaba y era un acontecimiento, las obras duraban tres o cuatro días y eso era un éxito muy grande. A medida que fuimos consolidando el grupo necesitábamos conseguir una sede propia, porque la primera sede era alquilada y no podíamos pagar el arriendo. Tuvimos la fortuna de que las obras que se hacían tenían una relación muy profunda con el público. Cuando no pudimos seguir pagando el arriendo de la casa, la gente nos defendió y se armó un escándalo, y logramos a través del Concejo de Bogotá conseguir una sede propia. Para entonces teníamos los tres tesoros: la necesidad de hacer teatro, ser un grupo estable y una sede propia. Cuando hicimos el primer encuentro entre el Teatro Experimental de Cali (TEC) y La Candelaria, descubrimos el rol de la improvisación teatral, el papel de la intuición en el teatro, de la investigación, del análisis, y desde ahí empezamos. La primera obra que hicimos se llamó Nosotros los comunes sobre la revuelta comunera.

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¿Por qué decidieron hacer teatro con temáticas sociales y de memoria? Pensábamos que era necesario hacer obras que hablaran de lo que pasaba en el país y no encontrábamos muchas. Estaban las de Enrique Buenaventura, muy buenas, pero no eran suficientes para nosotros. Decidimos entonces hacer nuestras propias obras y empezamos con la creación colectiva en 1971, de un método donde los actores crean sus escenas y personajes. Muchos de los actores, muy destacados en esta época, se retiraron porque consideraron que eso era un absurdo. Se preguntaban cómo íbamos a hacer una obra si entre nosotros no había ningún autor. Al contrario, éramos gente muy joven, apenas estábamos aprendiendo. Nos quedamos solitos los más jóvenes y resolvimos que no nos íbamos a dar por vencidos. Nos demoramos muchísimo, pero cuando estrenamos Nosotros los comunes fuimos los primeros sorprendidos: antes hacíamos 10 funciones de una obra y de esa hicimos 450. Nos la solicitaron de todos los colegios, de las universidades, de los pueblos. Otros grupos decidieron también emprender la aventura. Se formaron otras salas y se formó un nuevo movimiento teatral que se llamó el Nuevo Teatro Colombiano. Eso nos dio mucha fuerza porque no nos sentíamos solos. Era una época de grandes esperanzas sociales. Las décadas del sesenta y del setenta fueron una locura: nosotros salíamos de la manifestación a la función y muchas veces llegábamos con los ojos afectados por los gases lacrimógenos. ¿Cómo tocar estos temas sociales y de conflicto sin revictimizar? Yo creo que en ninguna obra de La Candelaria hay una revictimización. En este país ha habido, como en ningún otro de América Latina, una política de seguridad nacional que consiste en que el Estado y las políticas enfrenten algo que ellos han llamado “enemigo interno”. Eso empezó siendo una doctrina, pero terminó volviéndose una cultura. La gente y muchos artistas tienen muchos escrúpulos con un teatro como el que nosotros hacemos. Para nosotros el teatro es un espacio de libertad, yo te puedo decir a ti: “Trabaja, crea en un espacio de libertad, pero no puedes hablar de algunas determinadas cosas”. Sin embargo, yo no tengo la autoridad estética para decirte que no puedes hablar del amor y nadie tiene la autoridad estética para decirme que no puedo hablar de lo que pasa en este país. Yo pienso que la libertad es como un arcoíris. Nada de lo humano puede ser ajeno al arte. Entonces nosotros hemos elegido hablar de lo que pasa, y lo que pasa es infinito: lo que pasa en el mundo, lo que le pasa a la sociedad, lo que

nos afecta. Porque el teatro no es un entretenimiento, es una necesidad, es desatar un nudo que uno tiene en la garganta. Hay gente que lo hace por fama, por rebusque o por dinero. A nosotros no nos molesta salir en los periódicos, tampoco que nos compren una función, pero ese no es el objetivo. Usted es reconocida a nivel nacional por su trabajo con las víctimas directas del conflicto, ¿cómo es ese proceso? En todas las obras que he trabajado con las víctimas he trabajado también con artistas de dedicación sistemática, estamos todos mezclados. Es fantástico. El desafío es lograr una expresión que atraviese el alma de la gente. Las víctimas directas de la guerra tienen algo que el resto de la gente no tiene: un testimonio. El teatro no es testimonio, pero a partir de ahí empezamos a trabajar porque los actores tienen a su vez una cosa que las víctimas no tienen, que es la experiencia en su cuerpo. Es como descubrir el mundo. De verdad, es apasionante. Hay una obra que dirige Carlos Satizábal, mi compañero, que se llama Antígona: tribunal de mujeres. En ese montaje trabajan madres de Soacha y actrices. Las actrices van haciendo Antígona y las mujeres víctimas van narrando su historia. Mezclar esas dos cosas, mezclar lo que no se debe mezclar, lo que no se puede mezclar, es una experiencia que implica salir de la zona de confort del teatro. ¿Cómo ha sido la recepción de ese tipo de trabajos? Muy buena, nosotros somos los primeros sorprendidos y sorprendidas. Es también poner en escena la verdad y la ficción, poner en escena la presentación y la representación, entrar al teatro y salir del teatro. También ahí hay una experiencia estética de la mayor complejidad. ¿Hay un teatro panfletario? El arte no se puede desligar de la política, pero el teatro panfletario planta una ideología desde el desarrollo artístico, las puestas en escena, la dramaturgia, etc. Esa delgada línea nos marcó con obras como Camilo Vive, donde muchos esperaban, quizá, ver otra cosa y nosotros solo estábamos mostrando la historia de Camilo Torres. El teatro en Colombia, ¿para qué? El teatro cambia la percepción de la realidad de los espectadores. A mí el arte me cambia cuando veo una película como Roma, por ejemplo. Lo que pasa es que son valores intangibles que la sociedad y el Estado no saben valorar. Pero yo sí pienso de manera metafórica que el teatro cambia el mundo, y por eso lo hago.