Circular FISCAL enero 2022 - www.gabinetedelaorden.com

A. Gonzalez Carrasco

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ENERO de 2022

Véase

Queridos lectores: En primer lugar deciros que espero que hayáis pasado unas Felices Fiestas, tanto en el ámbito sanitario como con la familia y amigos.

En segundo lugar, en este 2022 reiniciamos nuestras CIRCULARES para informaros de todo aquello que, seguro, ocupará nuestra energía y trabajo para intentar ayudaros y seguir, como siempre, estando muy cerca de vosotros.

Seremos fieles a nuestros principios y por ello iniciaremos esta CIRCULAR con las NOTICIAS DE INTERES. Tenemos en este inicio de curso dos “platos estrella”, como son la Reforma Laboral y la Ley de Presupuestos tanto estatal como autonómica.

Con independencia de que el pasado día 30 de diciembre os remitimos una nota de urgencia con las primeras impresiones sobre la Reforma Laboral y de que seguimos estudiando su contenido, nuestros compañeros del Departamento Laboral han preparado un informe sobre los aspectos más relevantes de la misma, que, seguro deberemos comentar con vosotros para darle el tratamiento correspondiente a cada uno de los contratos que puedan quedar afectados por dicha Reforma.

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A. Gonzalez Carrasco

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El segundo “plato” son las Leyes de Presupuestos que, como años anteriores, también os presentamos un resumen de los aspectos tributarios que contienen y que suponen modificaciones normativas, tanto por la propia Ley de Presupuestos como por Ley de Medidas Fiscales que las acompañan.

Iniciado el ejercicio fiscal 2022 tenemos que recordar las modificaciones que se produjeron en 2021 y que afectan a las cuentas anuales de las compañías, que se presentarán en el Registro Mercantil y se formularán el próximo mes de abril. Todo ello se recogió en un régimen transitorio que regulaba las cuentas para el 2021 y que Xavier Vendranas nos explica y resume.

Se ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de Ley muy importante a efectos de fomentar la actividad económica de empresas emergentes que se conoce como la Ley de Start Ups. Os avanzamos un resumen del proyecto que Sandra ha preparado.

Ya veis por las NOTICIAS DE INTERES que las criptomonedas están de moda. Es una inversión de riesgo, pero temporalmente puede ser muy rentable o un verdadero desastre. Hemos preparado un breve resumen de obligaciones para las plataformas de estos activos que esperremos sean de vuestro interés.

Se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre el Impuesto de Plusvalía Municipal. En su momento presentamos en vuestro nombre impugnaciones a liquidaciones de periodos no prescritos a la espera de ver como resultaba definitivamente redactada y publicada la Sentencia de inconstitucionalidad de dicho impuesto. Hacemos un breve resumen de los efectos de su inconstitucionalidad como “refresco” a lo que hemos venido comentando de forma particular con vosotros.

Estamos trabajando en el CALENDARIO FISCAL de enero 2022 que os remitiremos en breve.

Van mis disculpas por anticipado por la extensión de esta CIRCULAR … pero seguro que todo lo expuesto resultará de vuestro interés.

Un abrazo.

Enrique de la Orden -1 -

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ÍNDICE 1.- NOTICIAS DE INTERÉS .........................................................................................................................................................................................................................4 1.1. Los altos impuestos sobre sociedades y patrimonio lastran la competitividad fiscal en España..............................................................4 1.2. Un sueldo catalán de 45.000 euros pagará 500 euros más de IRPF que en Madrid ......................................................................................6 1.3.a) El TC declara inconstitucional la rebaja catalana del IRPF a las rentas bajas .............................................................................................7 1.3.b) Catalunya recupera la rebaja del IRPF y eleva los beneficios hasta los que ingresen 35.000 euros ....................................................8 1.4.a) Díaz Ayuso ha anunciado la mayor rebaja del IRPF y la supresión de todos los impuestos propios....................................................9 1.4.b) Ayuso saca adelante su histórica rebaja del IRPF: así afectará a los contribuyentes madrileños ..................................................... 10 1.5. Hacienda no siempre tiene razón: los contribuyentes ganan un 51% de los pleitos ................................................................................. 11 1.6. Varapalo de la Audiencia Nacional a Hacienda por su cerco a producciones de cine ................................................................................ 11 1.7. Hacienda logra datos de los bienes en el exterior de 2 millones de contribuyentes ................................................................................. 14 1.8. Hacienda tendrá que devolver hasta 1.000 millones a Telefónica por cobrar impuestos en exceso .................................................... 15 1.9.a) Hay más españoles que invierten en “cripto” que en bonos ......................................................................................................................... 16 1.9.b) Moneda virtual. Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos ............................................................................................................................................................................... 16 1.9.c) Criptoactivos. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos-Retos en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros (2020/2034(INL)) ............................................. 17 1.9.d) Hacienda vigila las criptomonedas: ha empezado a hacer requerimientos a empresas que las custodian y aceptan en pago ..................................................................................................................................................................................................................... 18 1.10. El PSOE impide a los autónomos desgravarse los gastos de manutención ................................................................................................. 19 1.11. Moncloa aprueba sin los empresarios el alza de cotización del 0,6% para pensiones ........................................................................... 20 1.12. Gestha alerta del “riesgo de inconstitucionalidad” por regular la plusvalía municipal mediante decreto ley ................................ 21 1.13. El Constitucional cierra la puerta a reclamar la plusvalía municipal pesea tumbar el impuesto........................................................ 21 1.14. Netflix duplica los ingresos declarados en España a través de sus filiales ................................................................................................. 23 1.15.a) Convenio entre AEAT-Colegio de Registradores. La Agencia Tributaria ampliará su información sobre titularidades reales de sociedades con el acceso a los datos de los registros mercantiles .............................................................................. 24 1.15.b) Titularidad real. Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales .......................................................................................................................................................................................................... 25 1.16. La Agencia Tributaria investigará las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en España por los “Papeles de Pandora” ................................................................................................................................................................................................................

1.17.a) El Gobierno ha aprobado los decretos que regulan las ayudas a la rehabilitación .............................................................................. 27 1.17.b) Incentivos fiscales en materia de rehabilitación establecidos por el Real Decreto-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitaicón edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ............................................................................................................................................................................................ 28 2.- REFORMA LABORAL. Real Decreto-Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo .......................................................................................................................................................... 34 3.- Presupuestos Generales del Estado 2022. Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 .................................................................................................................................................................................................................................................... 45 4.1.- CATALUNYA. PRESSUPOSTOS. Llei 1/2021, del 29 de desembre, de presupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 ...................... 50 4.2.- CATALUNYA. MESURES FISCALS. Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.............................................................................................................................................................................................................................................. 50 5.- Cierre 2021. Primera aplicación del a reforma del Plan General Contable....................................................................................................................... 53 6.- LEY DE STARTUPS. Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de fomento del ecosistema de las empresas emergentes ................................................................................................................................................................................................................................................ 58 7.- Las nuevas obligaciones para las plataformas de criptomonedas ....................................................................................................................................... 61 8.- Inconstitucionalidad del Impuesto de Plusvalía Municipal ................................................................................................................................................... 66

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1.- NOTICIAS DE INTERES 1.1. Los altos impuestos sobre sociedades y patrimonio lastran la competitividad fiscal en España La carga normativa es un 12,8% superior a la de la UE

La recuperación económica nacional podría estar lastrada por las altas tasas impositivas sobre el sector empresarial. En este año, España ha caído hasta la posición número 30 de los 37 países analizados por el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora la Tax Foundation en Estados Unidos y que ha sido difundido este lunes a nivel nacional por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su caída se debe principalmente a la alta presión fiscal que ejerce el impuesto de patrimonio y de sociedades, cuya puntuación en el indicador fue de 3,6 y 4,6 sobre 10 respectivamente, es decir, suspendieron. En un año, el país ha descendido dramáticamente en la clasificación, pues en 2020 ocupaba la posición 26. Lo más preocupante, según el IEE, es que la situación "seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos".

España tiene una presión fiscal en el impuesto sobre sociedades un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea y un 21,2% superior al del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de la imposición patrimonial la situación es aún peor: es un 40,8% menos competitiva que la del bloque y un 38% peor que la del organismo internacional.

Esto lo posiciona como el tercer país con el resultado más deficiente en el Indicador de presión fiscal normativa, solo por detrás de Italia y Suiza. En un análisis global, la presión tributaria normativa para el país es un 12,8% más elevada que la media de la Unión Europea. Ante estos resultados, el IEE estima que no hay cabida para más subidas impositivas, por el contrario, exige una disminución paulatina y en el caso del impuesto sobre el patrimonio incluso exige su eliminación.

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1.2. Un sueldo catalán de 45.000 euros pagará 500 euros más de IRPF que en Madrid •

Los cambios tributarios impulsados por ambas CCAA agrandan la diferencia

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La brecha fiscal entre madrileños y catalanes aumenta hasta un 27%

Los cambios en el tramo autonómico del IRPF para 2022 aprobados por la Comunidad de Madrid y los que prepara la Generalitat de Cataluña supondrán agrandar la brecha fiscal que separa a ambas regiones en favor de la capital estatal, tanto para las rentas bajas como para las medias y altas. Como ejemplo, un catalán que cobre 45.000 euros brutos anuales deberá pagar por encima de 520 euros más que un madrileño con el mismo sueldo, una diferencia un 30% superior a la actual.

También las rentas más bajas ven aumentar la diferencia, pagando más de 90 euros más en Cataluña que en Madrid con la nueva normativa, 20 euros más que ahora (+27%). Solo ven reducirse la brecha los salarios brutos de alrededor de entre 20.000 y 30.000 euros, si bien sigue siendo mucho más favorable el caso de la región madrileña, según los cálculos del Consejo General de Economistas consultados por elEconomista (ver gráfico).

Precisamente en el caso de salarios brutos antes citados, Cataluña es actualmente la comunidad autónoma con el importe a pagar más alto de toda España, según el estudio de fiscalidad que elabora anualmente el Consejo General de Economistas, y lo seguirá siendo pese a las modificaciones anunciadas por el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, para 2022, y que supondrán para la Generalitat una reducción de la recaudación de unos 19 millones de euros en 2023, cuando se realice la Declaración de la Renta de 2022, según sus propias estimaciones.

Giró, que necesita del apoyo de En Comú Podem para sacar adelante la medida, lo defendía la semana pasada como una acción para favorecer a las rentas inferiores a 35.000 euros. Sin embargo, en la práctica, quienes tengan un salario bruto superior a 24.500 euros -que se traduce en una base liquidable de 21.000-, verán subir el tipo aplicable en la parte de su renta que sobrepase esa cifra para compensar la reducción en el nuevo tramo más bajo.

Aunque Cataluña cree un nuevo tramo autonómico para las rentas inferiores a una base liquidable de 12.450 euros -que equivale a un salario bruto de 16.900 euros-, con un tipo aplicable que será 1,5 puntos inferior al actual, seguirá estando muy por encima del tipo de Madrid, con un 10,5% en Cataluña, frente al 8,5% en la Comunidad de Madrid desde 2022, mientras que actualmente es del 9%.

Las diferencias pueden ser mayores si se tienen en cuenta las deducciones Además, la Comunidad de Madrid ya tiene ahora las mejores condiciones fiscales para salarios brutos a partir de 110.000 euros, lo que se verá incrementado con la reducción de medio punto en todos sus tramos autonómicos para 2022.

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Estos cálculos toman como base el caso de una persona soltera y sin hijos, pero las diferencias pueden ser mayores si se tienen en cuenta las deducciones para las familias, y alimentan el pesimismo empresarial en Cataluña respecto a la pérdida de competitividad fiscal de la región a la hora de atraer y retener inversiones y talento.

La capital premia natalidad y ahorro La Comunidad de Madrid (CAM) favorece la natalidad a través de unas mayores cuotas en el mínimo personal y familiar; es decir, con mayor ahorro en el IRPF. Para determinar la cuota íntegra, las comunidades aplican unas reducciones por mínimo personal y mínimo familiar. En las de régimen común, el mínimo personal se determina al aplicar la escala del impuesto sobre una cantidad determinada.

Tax Foundation compara el impacto en esta cuota íntegra de los diferentes mínimos personales y familiares: cuanto más elevados sean, menos tendrá que pagar el contribuyente en términos de IRPF. Cataluña, en torno a 17.420 euros brutos anuales, es la CCAA con peor puntuación en el mínimo personal y familiar tan sólo por detrás de Navarra. Madrid y Baleares que tienen mínimos familiares para el tercer y cuarto hijo más elevados, mejorando la normativa a nivel estatal y favoreciendo el ahorro para aquellos contribuyentes que fomentan la natalidad.

Competitividad fiscal La clasificación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2021 volvió a colocar a la Comunidad de Madrid en la primera posición, con una puntuación de 7,19, y a Cataluña como la región fiscal menos competitiva, con una nota global de 4,63.

Ambas Comunidades Autónomas repitieron puestos en la tabla elaborada por Tax Foundation. Cataluña, en la última posición, cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades y tiene "deficiencias en la estructura del Índice del Impuesto sobre la Renta", según el think tank.

Concretamente, en el índice que mide la Renta, la región madrileña se colocó en cuarto lugar, sin variación frente al anterior informe de 2019. Por su parte, Cataluña se posicionó en decimosexto lugar, también sin variación.

Como hitos anuales en materia fiscal que justifiquen la clasificación, hay que recordar que el gobierno popular madrileño ha aprobado una rebaja histórica de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF, además de eliminar impuestos propios de la Comunidad, mientras Cataluña seguirá creando impuestos propios en 2022

1.3.a) El TC declara inconstitucional la rebaja catalana del IRPF a las rentas bajas •

La sentencia anula la rebaja a las rentas menores de 12.541 euros que se aplicó en la declaración del 2020 pero los beneficiados no deberán devolver el dinero.

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El Tribunal Constitucional ha decretado la inconstitucionalidad de la rebaja del IRPF a las rentas más bajas que introdujo el los presupuestos del pasado año el Govern de la Generalitat de Catalunya. La sentencia, según apunta ElNacional.cat tumba así la decisión del gobierno catalán tras un recurso interpuesto por el Gobierno español por invasión de competencias.

Ahora, el Tribunal Constitucional estima este mismo recurso y declara la nulidad de la medida fiscal que se aprobó para beneficiar a las rentas inferiores a los 12.451 euros.

La sentencia apela a la "seguridad jurídica" para señalar que la decisión de anular la rebaja no afectará a las personas que se han beneficiado de la medida en la declaración de 2020 y, por lo tanto, no deberán abonar el importe que se ahorraron. Lo que no podrán hacer será volver a aplicar esa rebaja en la declaración del próximo ejercicio.

1.3.b) Catalunya recupera la rebaja del IRPF y eleva los beneficios hasta los que ingresen 35.000 euros La rentas altas pagarán hasta un 0,7% más de cuota del impuesto a partir del 2022 La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la rebaja del IRPF a las rentas bajas aprobada por la Generalitat hace dos años ha obligado al Govern a reformular la norma con un cambio de tramos de tributación. El Govern ha aprovechado para elevar el número de beneficiarios hasta aquellos que ingresen hasta 35.000 euros (el 80% del total). En paralelo, se suben los impuestos para la mayor parte del resto: concretamente hasta un 0,7% en la cuota.

En cualquier caso, la medida no evitará que los contribuyentes con ingresos de hasta 12.450 euros anuales paguen más IRPF este año en relación con el 2020, puesto que está vigente la anulación del Constitucional al considerar que invadía competencias estatales. Un contribuyente con una base imponible de 12.450 euros este año pagará unos 66 euros más que en el 2020. El año que viene volverán a ahorrarse los mismos 66 euros y un grupo más numeroso (como los que ganan 20.000 euros) verán reducida su cuota hasta en 104 euros.

Fuentes del Departament d’Economia, que dirige Jaume Giró, señalaron que el cambio anunciado no puede ser retroactivo y, por eso, este año en la práctica pagarán más IRPF que el año pasado los 200.000 ciudadanos que menos ganan. Obviamente el año próximo pagarán menos, igual como en el 2020. La idea es que esté en vigor el 1 de enero con el apoyo de los comunes. Fuentes del partido que lidera Jéssica Albiach dijeron este jueves que están analizando la propuesta y que valorarán que se compense el ajuste a las rentas bajas con un aumento de la presión fiscal a los contribuyentes con más ingresos.

Con el cambio, se crea un nuevo tramo para bases liquidables de hasta 12.450 euros, que tendrán un tipo del 10,50%. Es 1,5 puntos menos que lo que había actualmente. Aunque dependerá de cada ciudadano, la medida implica una reducción en la cuota de hasta 100 euros en más del 12% de los contribuyentes con rentas bajas.

Como el IRPF es un impuesto compuesto, una rebaja en un tramo beneficia a todos los contribuyentes con ingresos superiores al citado tramo. Por eso, el Govern quiere incrementar los tipos en dos tramos.

Concretamente los que tienen una base imponible de 21.000 a 33.007,2 euros pagarán un punto más, hasta el 15%. Y los de 33.007,2 a 53.407,2 euros pasarán de pagar un tipo del 18,5 al 18,8%. Por eso es por lo que el 15% de los contribuyentes que pagan más impuestos verán incrementada su cuota en hasta un 0,7%.

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Salvador Guillermo, secretario general adjunto y de economía de Foment del Treball, valoró que se rebaje el impuesto a las rentas bajas pero consideró inadmisible que sea a cambio de subir los impuestos en la banda alta. “No se puede diseñar un sistema para hacer pagar más a los que ya pagan el tipo más alto de toda España”, señaló.

El Govern calcula una reducción en la cuota de más de 100 euros y en más del 12% de los contribuyentes con rentas bajas El Govern anunció otras cuatro medidas fiscales. Una de ellas es la deducción por el alquiler de la vivienda habitual a las familias monoparentales. En el caso del tributo sobre el CO2, se incluyen las exenciones a los vehículos que estén dados de baja. También se modifica la deducción por nacimiento o adopción para los monoparentales. La quinta medida es en sucesiones, para beneficiar a las personas en régimen de acogida.

El impacto de las medidas es de una pérdida de recaudación de unos 25 millones. Todos los cambios fiscales se incluirán en la ley de acompañamiento.

Respecto al nuevo impuesto sobre alimentos ultraprocesados, el Govern señaló que durante el año que viene se estudiará. En cambio, los comunes afirmaron que en cinco meses debe estar listo para su puesta en marcha.

1.4.a) Díaz Ayuso ha anunciado la mayor rebaja del IRPF y la supresión de todos los impuestos propios La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado hoy que el Consejo de Gobier no ha aprobado, en su reunión de este miércoles, la mayor rebaja del IRPF llevada a cabo hasta ahora en la región, que reducirá 0,5 puntos en cada uno de los tramos autonómicos, así como la supresión de todos los impuestos propios, convirtiendo a Madrid en la única comunidad sin este tipo de tributos.

“Hoy hemos hecho realidad uno de los grandes compromisos de este Gobierno, que es la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid”, ha indicado la presidenta en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, donde ha detallado que, tras 37 bajadas de impuestos, esta es la quinta sobre el de la renta. De esta manera, los trabajadores de la Comunidad de Madrid tendrán el menor tipo de España para el tramo más bajo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un 8,5%, y también para el más elevado, un 20,5%.

La presidenta también ha informado de que el 77% de los beneficiados corresponde a personas con sueldos por debajo de la media y ha especificado que el ahorro medio del contribuyente madrileño será, por ejemplo, con respecto a un contribuyente de Aragón, de 476 euros menos, de 466 en el caso de un catalán o 448 euros de un balear.

“Queremos dejar claro que en todas las bajadas que hemos ido aplicando a lo largo de los años, lo que no ha bajado es la recaudación, por tanto, este es el camino que debemos seguir”, ha indicado la presidenta, que también ha recalcado que estas medidas las permite la ley de financiación y que todas las comunidades autónomas “pueden hacer exactamente lo mismo y, de hecho, algunas deciden subirlos y nosotros hemos optado por el camino contrario”.

El Ejecutivo autonómico enviará a la Asamblea de Madrid estos dos proyectos de ley para la aprobación y su entrada en vigor el 1 de enero de 2022. En el caso del IRPF, los 3,3 millones de contribuyentes madrileños podrán beneficiarse de ello en la campaña de la renta de 2022. Se estima un aho-8 -

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rro fiscal de más de 300 millones, que tendrá mayor impacto en las rentas bajas, con un 5,5%. Para las rentas altas, el ahorro calculado se sitúa en un 2,4%.

En concreto, para un contribuyente soltero, sin hijos y menor de 65 años, con una renta bruta de 20.000 euros, supondrá un ahorro del 5%. Si su retribución bruta es de 32.000 euros, tendrá un impacto del 4,35% y si fuese de 60.000 euros, del 3,42%. Única región española sin impuestos propios El Consejo de Gobierno también ha acordado eliminar todos los tributos propios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de generar un entorno de confianza para las empresas. Así, contarán con la seguridad de no encontrarse con nuevas imposiciones fiscales, haciendo de Madrid una región aún más atractiva y segura para la inversión.

La medida afecta al impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados, al de Depósito de Residuos y al recargo sobre el de Actividades Económicas (IAE), que actualmente es del 0%. De esta manera, Madrid se convierte en la única región de España sin tributos de estas características.

En la Comunidad de Madrid, la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total.

En 2020, la tributación fue de 3,4 millones de euros. Sin embargo, su eliminación ayudará a la recuperación económica, Boletín FISCAL Diario 11 Jueves, 4 de noviembre de 2021 suprimiendo trabas para el desarrollo de la actividad, lo que favorecerá la creación de empresas y la expansión de las ya existentes.

“Contrapeso de libertad y prosperidad” “Queremos lanzar un mensaje muy claro a los inversores, a los empresarios, a las clases medias y es que en Madrid no nos vamos a inventar impuestos nuevos y vamos a seguir, por tanto, reduciéndolos y también dejando a cero todos los impuestos propios”, ha manifestado al respecto Díaz Ayuso.

En este sentido, ha indicado que “mientras ahora mismo el Gobierno de España está decidiendo si deroga o no deroga la reforma laboral y se está jugando con el empleo de todos los españoles para contentar a unos socios o a los otros, nosotros seguimos siendo el contrapeso de libertad y de prosperidad que necesitan los españoles”.

“Madrid sigue siendo polo de atracción para el inversor extranjero y para la empresa y somos la más solidaria y la que ha demostrado mayor capacidad de recaudación. Así que vamos a seguir siendo una región de moda, abierta, respetuosa, pujante y libre”, ha concluido.

53.000 millones de ahorro fiscal Las nuevas medidas fiscales suponen un paso importante en la política tributaria llevada a cabo por los distintos Gobiernos de la Comunidad de Madrid desde el año 2004, que han supuesto un ahorro a los madrileños de 52.819 millones de euros, una media de 16.500 euros por ciudadano. Además, la región se ha convertido a lo largo de estos años en el motor económico de España, aportando el 19,2% al PIB nacional.

1.4.b) Ayuso saca adelante su histórica rebaja del IRPF: así afectará a los contribuyentes madrileños El Parlamento regional aprueba el histórico recorte de impuestos con los votos de PP y Vox. Entrará en vigor el 1 de enero y beneficiará a 2,5 millones de madrileños.

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Se ha hecho esperar, pero ha llegado. La Asamblea de Madrid ha dado luz verde con los votos de PP y Vox, al recorte de medio punto en los cinco tramos autonómicos del IRPF, la mayor rebaja de impuestos acometida en la historia de la Comunidad.

1.5. Hacienda no siempre tiene razón: los contribuyentes ganan un 51% de los pleitos El TEAC reduce plazos y se aleja de la prescripción. Estima el 45% de las reclamaciones. En el resto, un tercio acude a la Justicia. Del total de los no estimados, el 11% gana después Hacienda y los contribuyentes tienen cientos de miles de procesos abiertos por reclamaciones. Esto es, firmas en disconformidad de personas físicas y empresas por cuestionamiento de su tributación en inspecciones, o procesos de reclamación porque la Agencia Tributaria (AEAT) no ha aceptado las solicitudes del contribuyente. La casuística es múltiple, hasta el punto de que en 2020 hubo 14.288 criterios seguidos por los tribunales de Hacienda.

1.6. Varapalo de la Audiencia Nacional a Hacienda por su cerco a producciones de cine En una sentencia pionera, tumba el acta y la sanción que la Inspección impuso a una productora por aplicar los incentivos que crea la propia Hacienda para atraer rodajes

La Audiencia Nacional ha tumbado el acta y la sanción que la Inspección de Hacienda impuso a una productora de cine por considerar que fingía esta función y era una mera financiadora que se aplicaba indebidamente incentivos millonarios a la producción de cine.

En una sentencia pionera la Audiencia avala los vehículos de producción de cine y da un tirón de orejas a Hacienda, a la que advierte de que no ha probado sus acusaciones, por lo que además le condena a costas "no apreciando la concurrencia de dudas de hecho ni de derecho en el planteamiento o resolución". Esta sentencia es la primera victoria en los tribunales de las productoras de cine, que sufren el acoso de la Inspección por aplicarse las deducciones que el propio Ministerio de Hacienda crea para fomentar la producción de cine.

Este primer caso afecta a una productora nacional de películas como Habitación en Roma (Julio Medem, 2010), y le siguen actas levantadas e impugnadas por un alud de productoras cuestionadas, como Universal Pictures, Warner Bros y Summit Entertainment-Lionsgate por 'Fast & Furious 6', 'Furia de titanes' y 'Fría luz del día', rodadas en España por los incentivos fiscales al cine. Bajo este paraguas se han rodado 'Exodus' de Ridley Scott; 'En el corazón del mar', de Ron Ho- 10 -

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ward; 'Aliados', de Robert Zemeckis; 'Jason Bourne', de Paul Greengrass, y varias temporadas de 'Juego de Tronos', entre muchas otras. Además, son las estructuras que se aplican las películas españolas de cualquier tamaño, como el caso que juzga la Audiencia Nacional.

Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) son el vehículo de inversión que suele emplearse en la producción de cine, aunque también son habituales en la construcción de barcos y en otros proyectos de larga duración. La AIE no tributa y los inversores pueden imputarse las pérdidas que generan estas inversiones en su factura fiscal, con lo que obtienen rentabilidades del 25%, mientras que el productor reduce su riesgo. Se trata de un producto financiero que se traduce en una herramienta de planificación que ayuda al inversor a reducir su factura fiscal con unos requisitos que fija la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Se encargan de su diseño Santander, Bankinter o Banca March y despachos de abogados.

En el cine, su uso lo bendijo la Ley del Cine y su Reglamento, que establece en el artículo 27.2 que "se considerarán productoras de una película aquellas empresas o AIE que se incorporen como coproductoras a la misma, en todo caso antes de la finalización de la producción". El cuestionamiento de la Inspección se basa en que concluye que los inversores "no tienen la iniciativa sobre la producción" y por eso no pueden acceder a los incentivos fiscales, según la interpretación que hace del artículo 38.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Los hechos enjuiciados empiezan el 5 de febrero de 2009 con la constitución de la AIE Intervenciones Novo Film 2006. La mayoría de las participaciones las asumía la entidad Pryconsa, y las restantes, Isla Canela, S.A., que forma parte del mismo grupo económico que Pryconsa. Intervenciones Novo Film 2006 AIE suscribió cuatro contratos con dos productores cinematográficos: Morena Films, S.L. y Radio Plus, S.A., que eran los coproductores de cuatro películas en las que, como consecuencia de los contratos citados, participó en un porcentaje determinado a cambio de una cantidad: 'Vengo con la lluvia', 'Io, Don Giovanni', 'Habitación en Roma' y 'La posibilidad de una isla'.

A juicio de la Inspección, Intervenciones Novo Film 2006 AIE no es productor de las películas sino un coproductor financiero. En el acta de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de 2014 establece que se trata de "un supuesto de simulación, con el fin de obtener la evidente rentabilidad fiscal que supone aplicarse una deducción de 1.051.720,41 euros cuando la única cantidad invertida sobre la que se calcula esa deducción es de 710.251,16 euros. Además del beneficio que supone deducirse la amortización correspondiente al porcentaje de participación en unas películas, cuando esa participación en realidad no se ha producido". Entiende que debe practicarse regularización en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 y sanción respecto de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 del 40% y respecto de los ejercicios de 2009 y 2010 del 75%.

Sobre la participación en la elaboración de las diferentes películas, la Inspección sostenía que el obligado tributario carece de infraestructura propia para el desarrollo de la actividad cinematográfica. A esta exigencia de medios materiales y humanos como requisito para ser considerado productor, la inspeccionada alegó que Hacienda parece desconocer que la mayoría de las productoras no son propietarias de los medios de producción que utilizan sino que los subcontratan, de forma que lo único que una productora conserva de forma permanente es un pequeño aparato administrativo, que en el presente caso le era facilitado por Pryconsa.

En el caso de las cuatro películas en cuestión, todas las subcontrataciones están incluidas en el coste de las mismas, según se ha detallado, y que como personal especializado y de asesoramiento de la - 11 -

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AIE ha actuado el director financiero de Pryconsa que tiene experiencia en el campo cinematográfico como inversor-productor.

Asimismo, esgrime la entidad que la forma habitual de explotación de las películas es mediante la cesión de cada derecho de explotación por parte de los productores a las compañías especializadas que tienen medios para ello, y manifiesta que la Inspección parece requerir para las productoras españolas la misma capacidad que tienen las grandes productoras norteamericanas que son capaces de producir y explotar sus películas en los distintos medios.

A esto Hacienda sumaba más factores, como que la cesión de derechos se ha operado por "un largo período de tiempo (10 años)". Sin embargo, advierte la sentencia, por largo que pueda parecer dicho período, "debe ponerse en relación con el marco temporal más amplio en que pueden ejercerse los derechos de explotación reconocidos a los productores que, como hemos visto, se extiende legalmente a un período de cincuenta años. Desde esta perspectiva, como sostiene acertadamente la parte actora, no puede admitirse que la explotación sobre las películas que tras los contratos de cesión retiene aquella sea residual".

En cuanto a las subvenciones, tal y como figura en los contratos, correspondían al productor original, de manera que las percibidas por Intervenciones Novo Film 2006 AIE como productor de las mismas debían reembolsarse a aquél, habiendo sucedido así en dos ocasiones en las que subvenciones del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales por importe de 673.633,23 euros y de 106.761,95 euros por las películas La Posibilidad de una Isla y Habitación en Roma fueron transferidas a Morena Films. Para la Inspección, un indicio más de que la AIE no actuó como productor era el hecho de que ni siquiera percibiera las subvenciones que como tal le corresponden.

La AIE alegó haber participado en la elección de director, actores, técnicos, montaje y edición final, créditos, música, bandas sonoras y sonido, producción y corte final de todos los elementos de la película; decisiones económico-financieras y de márketing tales como tráiler, teaser, making of, imagen y materiales promocionales y diseño de póster.

Ante la afirmación de Hacienda de que "no consta la realización de operación alguna que pudiera ser calificada como de toma de iniciativa o de asunción de responsabilidad sobre las películas, ni por sí ni mediante terceros", responde la inspeccionada: "Claro que consta. Pero la Inspección ha redactado un acta y una liquidación ajena a los hechos reales y probados y omitiendo en ellos los hechos que acreditan la condición de productora de Intervenciones Novo Film 2006. El acta y la resolución narran una realidad paralela donde los certificados del ICAA, las manifestaciones de los coproductores, las pruebas aportadas o los informes de otros organismos de la Agencia Tributaria no se valoran, o incluso no se mencionan".

Carga de la prueba A la luz de lo expuesto, la Audiencia Nacional avisa a Hacienda de que "no puede considerarse plenamente acreditado el hecho base que estamos examinando, hecho del que parte la Administración para afirmar la existencia de simulación relativa que fundamenta a su vez la regularización practicada", y recuerda que "la simulación es un hecho cuya carga de la prueba corresponde a quien lo afirma".

De esta forma, la Audiencia concluye que "sin poder afirmar plena y rotundamente que la entidad recurrente no tuvo una intervención significativa como productor en la elaboración de las películas ni que en la práctica vino a ceder globalmente a los productores originales los derechos de explotación sobre las mismas, no es posible sostener, como afirma la Administración Tributaria, que lo - 12 -

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que ha sucedido es que su intervención se ha limitado exclusivamente a aportar una financiación con el fin de obtener una rentabilidad fiscal, ostentando por ello la condición de coproductor financiero y no la de productor.

A esto añade la Sala que como no aprecia "dudas de hecho ni de derecho" en el planteamiento o resolución del pleito, condena a costas a la Agencia Tributaria.

La doctrina de esta sentencia respecto a la falta de prueba de la Inspección en la imputación de simulación, además de su trascendencia para las productoras de cine con actas abiertas por parte de la Inspección, puede aplicarse perfectamente a otros procedimientos con Hacienda. Además, como bien dice esta sentencia, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la valoración de la simulación es una cuestión de hecho y no es revisable en casación salvo que se demuestre que es ilógica.

1.7. Hacienda logra datos de los bienes en el exterior de 2 millones de contribuyentes Ultima un rastreo masivo de los registros conseguidos de los mecanismos multilaterales de intercambio de información fiscal para identificar comportamientos de riesgo en materia de fraude fiscal.

La Agencia Tributaria ha conseguido información con relevancia fiscal de alrededor de dos millones de contribuyentes con intereses en el extranjero gracias a las herramientas multilaterales de intercambio de información puestas en marcha en los últimos años, según han confirmado fuentes oficiales de la Administración Tributaria. Los datos se han incorporado ya a los registros de la Agencia, que no ha tardado en embarcarse en un ambicioso plan de comprobaciones masivas cuyo objetivo es contrastar la información obtenida por ese cauce con la ya disponible al objeto de, en primer lugar, detectar posibles discrepancias y, en segundo lugar, identificar prácticas de riesgo entre este tipo de contribuyentes para afinar sus herramientas de identificación de 'sospechosos' de fraude fiscal.

El plan forma parte de los compromisos del Gobierno de España con Bruselas en este caso para optimizar el aprovechamiento de las herramientas de intercambio de información desarrolladas a nivel internacional, que la Comisión Europea también tiene mucho interés en promover para reducir la - 13 -

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insoportable carga de más de 825.000 millones de euros que los países de la UE pierden cada año como consecuencia de la evasión fiscal. España se ha comprometido a contrastar al menos el 85% de los registros de información recibidos - la operativa de estos mecanismos de intercambio se realiza con registros de información, no por contribuyentes, aunque existe una correlación elevada entre registros y contribuyentes, según fuentes de la Agencia Tributaria - por estos canales antes del 31 de diciembre, como muestra de su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal internacional.

La Agencia Tributaria va a dar ahora un paso más allá, en el sentido de que va a sistematizar la explotación de esta información. Lo acordado con Bruselas por el Gobierno de España es que la Administración Tributaria nacional va a configurar un registro de contribuyentes con intereses en el extranjero, en el que se aglutinará la información de los 1.954.860 registros proporcionados por los dispositivos de intercambio de información, y que va a comprobar la información de al menos el 85% de esos registros "en orden a su utilización en los sistemas de análisis de riesgo" de la Agencia.

Desde hace unos años, y al compás de la obtención de cada vez mayores volúmenes de información y de la mayor utilización de herramientas tecnológicas por parte del organismo encargado de la lucha contra el fraude, la configuración de perfiles de contribuyentes o de ámbitos de especial riesgo fiscal se ha convertido en una de las principales estrategias de actuación de la Agencia para incrementar la eficiencia en la utilización de sus recursos. Si detectar el fraude fiscal es como buscar una aguja en un pajar, la Agencia ha conseguido de este modo acotar los pajares en los que buscar.

1.8. Hacienda tendrá que devolver hasta 1.000 millones a Telefónica por cobrar impuestos en exceso

Audiencia Nacional ha estimado un recurso de Telefónica y ha declarado la nulidad de las liquidaciones del impuesto de Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010, reconociendo el derecho de la 'teleco' a obtener las devoluciones de las cantidades ingresadas en exceso.

Hacienda se enfrenta a una devolución millonaria a Telefónica por cobrarle de más por Sociedades los ejercicios de 2009 y 2010. La Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la operadora en el que mostraba su disconformidad con los pagos efectuados.

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1.9.a) Hay más españoles que invierten en “cripto” que en bonos •

Las criptomonedas favoritas para dar la campanada frente al bitcoin y el ethereum La CNMV vuelve a cargar contra las “cripto”: “Nos preocupa la ausencia de regulación aue evite qaeu alguien manipule la cotización”.

Alrededor de un 14% de los inversores españoles tiene dinero en criptomonedas. El porcentaje de inversores aue tiene activos en el último año y ya son más los inversores que tienen dinero en criptodinero que en bonos.

1.9.b) Moneda virtual. Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos El Registro de los proveedores de 1) servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y 2) de custodia de monederos electrónicos recoge los datos identificativos de estos proveedores, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“Ley 10/2010”).

De esta manera, estos proveedores serán sujetos obligados y deberán cumplir con las exigencias y requisitos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La inscripción en el registro está únicamente condicionada (i) a la existencia de procedimientos y órganos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y (ii) al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.

La Ley 10/2010 incluye a estos proveedores como sujetos obligados a sus efectos e introduce una obligación de registro en el Banco de España; no obstante, no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa. El Banco de España no supervisa, por ejemplo, los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores.

Por lo tanto, la inscripción en este registro no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones generales de protección de los consumidores y usuarios y las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el ámbito de la publicidad sobre criptoactivos.

Para más información sobre “criptomonedas”, se ofrece el Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión: •

“Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión”. (109 KB) 09/02/2021

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1.9.c) Criptoactivos. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos-Retos en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros (2020/2034(INL)) En esta Resolución, el Parlamento Europeo hace referencia a más de 30 Comunicaciones, Informes, Documentos, Directrices, Resoluciones, Estudios, Investigaciones, Análisis …. en relación con las finanzas digitales.

En base a más de 40 considerandos: (…)

D: Considerando que el término «criptoactivo» se utiliza para hacer referencia a una amplia variedad de activos digitales, entre otros, las monedas virtuales y las fichas, pero que a veces se excluyen ciertas formas de monedas estables o determinadas criptofichas, como las criptofichas de inversión; E. Considerando que los dos componentes más habituales de los criptoactivos adoptados son: i) el carácter privado del derecho relativo al activo, crédito o derecho subyacentes y ii) el uso de criptografía y de tecnología de registro descentralizado o similar para respaldar los intercambios del activo y su valor inherente o percibido; F. Considerando que, en la actualidad, ningún banco central o autoridad pública de la Unión emite ni garantiza criptoactivos, y que estos pueden tener distintos usos, por ejemplo, como medios de intercambio, con fines de inversión y para acceder a bienes o servicios; …

El Parlamento Europeo realiza hasta 70 Recomendaciones a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, en particular, Presentar una propuesta legislativa relativa a los criptoactivos que proporcione seguridad jurídica para el tratamiento de los mismos y garantice, al mismo tiempo, un elevado nivel de protección de consumidores e inversores, integridad del mercado y estabilidad financiera. …

Dicha propuesta legislativa debe: a) ofrecer orientaciones sobre los procedimientos normativos, prudenciales y de supervisión aplicables y el tratamiento de los criptoactivos; adoptar normas específicas sobre transparencia e integridad del mercado que sean, al menos, equivalentes a las de la MiFID 2, para emisores o patrocinadores de criptoactivos; b) abordar las lagunas normativas de la legislación vigente de la Unión en cuanto a los criptoactivos, por ejemplo, clasificando determinados criptoactivos como «valores negociables» en el marco de la MiFID 2 para garantizar que tengan el mismo trato que otros valores negociables; c) crear un régimen regulador a medida para las actividades con criptoactivos nuevas y en evolución, por ejemplo las OIC y las IEO, y aquellos criptoactivos que no entren dentro del marco regulador vigente, garantizando que se regulen de manera armonizada en el ámbito de la Unión; d) abordar el impacto ambiental de la criptominería maliciosa y la necesidad de soluciones destinadas a mitigar la huella ecológica de los criptoactivos mayoritarios; - 16 -

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Para facilitar la comprensión del funcionamiento del mercado de critpmonedas, os facilitamos el siguiente esquema de elaboración propia:

1.9.d) Hacienda vigila las criptomonedas: ha empezado a hacer requerimientos a empresas que las custodian y aceptan en pago El ministerio pide que expliquen de dónde proceden esos activos y si están depositados en el extranjero

El pasado sábado 10 de julio entró en vigor la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Junto a la prohibición de amnistías fiscales, las modificaciones menores en el Impuesto de Transmisiones y cambios en el Impuesto de sociedades, se exigía por primera vez la obligatoriedad de declarar en el impuesto de la renta y en el de patrimonio las monedas virtuales y los pagos y cobros efectuados con ellas.

También se exige a los contribuyentes declarar las divisas virtuales guardadas en el extranjero y en empresas dedicadas a la custodia de las claves ubicadas fuera del país. De no informarse al Fisco de - 17 -

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su existencia, se sancionará con 5.000 euros por cada dato omitido, habiendo un mínimo de 10.000 euros de sanción.

Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a custodiar criptomonedas de terceros tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria de la cantidad que guardan e identificar a los beneficiarios de las cuentas.

Tres meses después de la aprobación de esta ley, la Agencia Tributaria ha empezado a vigilar las criptomonedas. Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), explica que "ya se empezó a hacer requerimientos en cuanto a criptomonedas a los establecimientos que se dedican a custodiar las claves y a establecimientos que ofrecen el cobro por esta vía".

Cruzado señala que Hacienda lleva varios años monitoreando la situación y que poco a poco está estableciendo medidas de control para atajar el blanqueo que se podía estar dando con esta clase de activos. Sin embargo, por la naturaleza de estas divisas digitales existen dificultades para rastrearlas.

Declarar tras la venta Las medidas tomadas que exigen información a las empresas que emplean estas divisas ayudan a acotar el uso fraudulento de las criptomonedas. A la hora de declarar estos bienes por parte de las personas, tanto físicas como jurídicas, la valoración se realizará conforme a la cotización a fecha de 31 de diciembre, sin tener en cuenta la alta volatilidad de estos activos.

Los técnicos de Hacienda recalcan que "al adquirir las monedas no hay ninguna obligación fiscal pero sí al venderlas o cambiarlas" y hay que declarar, dado el caso, el incremento de patrimonio que se produce, como en cualquier venta de activos.

Actualmente, "son pocas las comprobaciones que se están haciendo" ya que no llega a los dos años que la agencia puso el foco en estos activos, por ello "no se ha cerrado ninguna de las inspecciones".

Cruzado reconoce que la Agencia Tributaria va por detrás de todos estos fenómenos nuevos que se intentan regular y controlar, y que el único momento en el que se puede detectar su fraude es en el momento que afloran, ya sea para cambiarse o venderse. Sin embargo, este es un fenómeno común en todas las Haciendas europeas, las cuales se están adaptando a estos fenómenos de manera tardía.

1.10. El PSOE impide a los autónomos desgravarse los gastos de manutención Rechaza una enmienda a los Presupuestos que pedía flexibilizar las exigencias para justificar estos gastos en la declaración. UPTA denuncia agravios comparativos con las empresas, que sí pueden hacerlo El Gobierno ha vuelto a decir no a un paquete de ventajas fiscales y, de nuevo, lo ha hecho en contra de los autónomos. Una enmienda a los Presupuestos Generales de 2022 presentada por ERC para flexibilizar el sistema de desgravaciones fijado para los autónomos –que les impide de facto desgravar los gastos de manutención en el ejercicio de su trabajo– ha sido rechazada por el PSOE, por lo que no será tramitada, según fuentes en el Congreso de los Diputados.

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Los autónomos llevan desde 2017 –año en que se cambió la normativa– reclamando que se termine con el agravio que sufren en relación con las empresas, que sí pueden desgravarse los gastos de manutención y representación de su plantilla de forma directa. En cambio, los trabajadores por cuenta propia debe presentar justificantes de las operaciones y demostrar por qué se ha hecho el gasto, además, tener apuntes en un libro de registros.

La asociación UPTA ha denunciado que la brecha fiscal que se produce por este agravio entre autónomos y sociedades supera el 30%. Según un informe elaborado por la organización, para los autónomos, el tipo impositivo del IRPF se fija anualmente en función de las rentas de trabajo. Una renta media de entre 20.000 y 30.000 euros tendrá un IRPF del 30%. En contraposición las sociedades tienen un tipo máximo del 25%. A ello hay que sumar imposibilidad de los autónomos a acogerse a deducciones fiscales tales como los gastos del vehículo de trabajo –que muchas veces coincide con el particular–, del local, del teléfono o incluso las facturas de luz, agua o gas y de los suministros en general.

1.11. Moncloa aprueba sin los empresarios el alza de cotización del 0,6% para pensiones •

La UE urge a incluir a todos en los acuerdos con impacto en el empleo

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El Gobierno zanja solo con los sindicatos un acuerdo 'in extremis'

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La empresa cargará con el 83% del coste del alza de cotización al Sistema

Con el rechazo de pleno de la patronal al alza de cotizaciones sociales destinada a nutrir la hucha de las pensiones para afrontar los años en que el déficit de la Seguridad Social desborde azuzado por las jubilaciones de la cohorte del baby boom, el Gobierno afronta la culminación del segundo acuerdo trascendental en cuestión de meses que no contará con el apoyo de los empresarios. Así, tras la subida del SMI pactada recientemente, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que prevé un incremento de cotizaciones del 0,6% que solo queda suscrito por los sindicatos y el Ejecutivo, que ya alcanzaron un consenso en la tarde del lunes, al margen de la patronal.

Cabe recordar que este pasado lunes 15 de noviembre se cumplía el plazo autoimpuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo sobre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que será incluido en forma de enmienda en el proyecto de reforma del sistema público de pensiones, cuyo primer paquete de medidas ya está en el Congreso a la espera de ver luz verde antes de final de año.

El Gobierno solo contará de este modo con el apoyo de los sindicatos en la firma del texto. Ello, a pesar de haber mantenido el gabinete de José Luis Escrivá una aspecto relevante de la medida: ante un escenario de desequilibrio presupuestario persistente a partir de 2032, el Gobierno se guarda la - 19 -

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posibilidad de elevar las cotizaciones sociales por valor de 5.000 millones de euros más (al margen de la subida del 0,6% a partir de 2023) o se preveía un ajuste del gasto en pensiones sobre PIB de similar cuantía, unos 0,4 puntos porcentuales del PIB. Fuentes del Ejecutivo aseguraban ya tras el plantón empresarial que se esperaba sacar adelante el acuerdo para cumplir así con el plazo establecido. Sin embargo, dicho acuerdo no cuenta con el concurso de la patronal, una petición expresa de la Comisión Europea hacia nuestro Gobierno durante la reciente visita del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a nuestro país en referencia a las dos negociaciones en curso, cruciales para poder recibir los fondos europeos: la laboral y la de pensiones.

1.12. Gestha alerta del “riesgo de inconstitucionalidad” por regular la plusvalía municipal mediante decreto ley Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un "riesgo de inconstitucionalidad" en la nueva regulación del impuesto de plusvalía municipal aprobado por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto-ley. Los técnicos ven este riesgo porque el Gobierno ha diseñado uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria y recomiendan que, una vez que sea convalidado, se tramite como proyecto de ley "para eliminar cualquier riesgo".

1.13. El Constitucional cierra la puerta a reclamar la plusvalía municipal pesea tumbar el impuesto La sentencia asume como consolidadas las autoliquidaciones y liquidaciones provisionales o definitivas de los últimos años

Nueva vuelta de tuerca en el terremoto causado por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra el impuesto de plusvalía municipal. Aunque los magistrados han tumbado de facto el tributo, al anular por inconstitucional su método de cálculo, la sentencia que han redactado cierra la puerta a la posibilidad de que los contribuyentes reclaman el dinero indebidamente abonado al fisco en los últimos años.

Así se deriva de la redacción del borrador del fallo, al que ha tenido acceso este diario, después de que su sentido fuese adelantado el miércoles sin que se conociera aún el texto íntegro de la sentencia. Aunque el Constitucional ya anticipó que el varapalo al tributo no tendría efectos sobre los procedimientos con una resolución firme, bien por prescripción del plazo para una reclamación bien - 20 -

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porque esta hubiera quedado ya definitivamente resuelta, la letra pequeña del fallo va mucho más allá.

Así, la sentencia establece que no podrán ser revisadas en base al pronunciamiento judicial los casos ya juzgados, o con resolución administrativa en firme, pero tampoco las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieran sido impugnadas a la fecha de publicación de la sentencia ni las autoliquidaciones que no hayan sido solicitadas previamente.

En concreto, el texto redactado por los magistrados establece que “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”, algo con lo que ya se contaba.

Sin embargo, el fallo añade que “a estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”.

El matiz no es menor y puede ahorrar a los ayuntamientos la devolución de hasta 10.000 millones de euros recaudados en los últimos años.

El impuesto incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se conoce oficialmente el tributo, lo abonan los contribuyentes que venden un inmueble o lo reciben en donación u herencia.

Su deber es pagarlo al ayuntamiento correspondiente en un plazo de 30 días, bien mediante el método de liquidación (que se convierte en firme pasado un mes), bien mediante un modelo de autoliquidación, que puede rectificarse durante un periodo de cuatro años.

Teniendo en cuenta que el impuesto deja 2.500 millones anuales en las arcas públicas municipales, los abogados asumían que el fallo desataría un aluvión de reclamaciones sobre los pagos desde 2017 con un coste de hasta 10.000 millones para los ediles. Finalmente, a tenor del fallo, solo aquellos recursos vivos ya en marcha podrán disfrutar de la anulación del impuesto.

Efectos La sentencia del Constitucional reduce, de manera a nuestro juicio vergonzosa, el número de potenciales beneficiarios de la declaración de inconstitucionalidad.

Dada la redacción conocida, “solo podrán beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad los contribuyentes que, antes del 26 de octubre, recurrieron o solicitaron la rectificación, y están esperando resolución”, así como quienes recurrieron en su día, vieron desestimada su resolución pero están en plazo de recurrir de nuevo.

“Quedan fuera, sin embargo, de este exclusivo club, todas las liquidaciones ya dictadas, pero que no fueron recurridas antes del 26 de octubre. Y ello, a pesar de que todavía estén en plazo de recurso. Y también las solicitudes de rectificación y devoluciones de ingresos indebidos que no se hubieren presentado, antes de la referida fecha de 26 de octubre”, agrega Salcedo, que matiza que el número aún puede resultar relevante dado el elevado volumen de causas pendientes de resolver.

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La FEMP pide un fondo compensatorio La amenaza de que la sentencia del Constitucional propiciara un aluvión de litigios y de compensaciones a los contribuyentes ya había llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a advertir que barajaba pedir al Estado la compensación por la factura que les genere una legislación inconstitucional que les viene dada.

De hecho, horas antes de trascender el fallo, la Federación que dirige Abel Caballero ha emitido una declaración que incluye la petición de dotar un fondo de compensación a los ayuntamientos por las cantidades no recaudadas, y añade que “este concepto debe hacerse extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores Sentencias del Tribunal Constitucional”.

Se refiere a los fallos que este tribunal ya emitió contra el impuesto de plusvalía municipal en 2017, anulando la posibilidad de que se graven plusvalías inexistentes cuando el inmueble se traspase a pérdidas, y 2019, cuando cargó contra la confiscatoriedad de un tributo que también arroja liquidaciones superiores a la ganancia obtenida.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, trabaja contrarreloj para diseñar una modificación legal que permite mantener vivo el impuesto, garantizar los ingresos de los ayuntamientos y proporcionar seguridad jurídica en cuanto el fallo sea publicado.

En este sentido, el borrador de la sentencia del Constitucional ya establece algunas premisas sobre los pasos que podría dar el Gobierno para tratar de subsanar la inconstitucionalidad del impuesto.

Básicamente se invita a modificar la ley para establecer algún tipo de cálculo de estimación directa del valor de la plusvalía generada.

1.14. Netflix duplica los ingresos declarados en España a través de sus filiales •

El gigante del 'streaming' va a declarar todo lo que genere en el país

Netflix sorprendió al mundo cuando en noviembre de 2020 anunció que desde el 1 de enero de 2021 iba a empezar a declarar en España todos los ingresos que generara en el país, seis años después de desembarcar en España. Hasta ahora el gigante del streaming declaraba los ingresos que generaba por las suscripciones españolas en los Países Bajos, con una fiscalidad más ventajosa.

La creadora de series como Stranger Things, Narcos o House of Cards solo tributaba en España lo generado a través de sus filiales, Los gatos entretenimiento España y Netflix Servicios de Transmisión España. Dos compañías que se encuentran en uno de sus mejores momentos, en 2020 duplicaron sus ingresos pasando de 26, millones de euros en 2019 a 46,2 millones. Una cifra que previsiblemente se multiplicará a cierre de 2021 tras empezar a declarar todos sus ingresos en el país.

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Netflix creó Los gatos, su primera productora local, en 2018 y desde entonces no ha parado de crecer.

En 2019, su primer ejercicio completo, ingresó 7,7 millones de euros, una cifra que disparó hasta los 11,8 millones de euros en 2020. Un recorrido similar al de Netflix Servicios de Transmisión España.

Según consta en el Registro Mercantil, esta sociedad declaró ingresos por valor de 18,8 millones de euros en 2019, mientras que la cifra aumentó hasta los 34,4 millones en 2020. Será esta quien más se beneficie de la decisión de declarar todos los ingresos en España.

La región europea tiene cada vez más peso en las cuentas de Netflix, hasta tal punto que en 2020 el 31% de sus ingresos (7.772 millones de dólares) provenía de esta región según datos de Bloomberg.

En 2017 los ingresos de esta parte del mundo apenas rondaban el 20%. Una tendencia contraria a la que han seguido Estados Unidos y Canadá, que cada vez tienen menos peso en las cuentas del canal de streaming. En 2017 Norteamérica generaba el 57% de los ingresos de Netflix, mientras que en 2020 esta cifra se ha reducido hasta el 45% (11.455 millones de dólares).

Sube sus tarifas en España Los ingresos de Netflix en España no solo se van a disparar porque va a empezar a declarar todo lo generado, la estadounidense ha anunciado que desde ayer se incrementan sus tarifas en España. Los cambios afectan a dos de los tres planes disponibles, que suben de precio hasta 2 euros. El único plan que continúa como siempre es el básico de 7,99 euros, que también es el que bloquea la mayor cantidad de funcionalidades.

Los planes que subirán el precio son el Estándar y el Premium, 1 euro y 2 euros, respectivamente; por lo tanto, el Estándar pasará a costar 11,99 euros, y el Premium costará nada menos que 17,99 euros.

El cambio en las tarifas se produce en el momento en el que Netflix tiene más competencia Todos los nuevos usuarios que contraten Netflix a partir de hoy verán esos precios. En cuanto a los usuarios actuales, la compañía les enviará un correo electrónico a partir del 18 de octubre en el que les informará de cuándo entra en vigor su subida, dependiendo del plan contratado y de cuándo les toque pagar de nuevo.

El cambio en las tarifas se produce en el momento en el que Netflix tiene más competencia que nunca en España tras la llegada de HBO Max en dos semanas. Este nuevo canal tendrá un coste de 8,99 euros y contará con el contenido de Warner Bros, HBO y Cartoon Network.

1.15.a) Convenio entre AEAT-Colegio de Registradores. La Agencia Tributaria ampliará su información sobre titularidades reales de sociedades con el acceso a los datos de los registros mercantiles

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El Registro de Titularidades Reales, nacido al amparo de la normativa europea sobre prevención del blanqueo de capitales, recoge la información sobre la titularidad real por parte de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% del capital social de una entidad

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El nuevo convenio con los Registradores contempla también la transmisión electrónica diaria de la información contenida en el BORME, incluyendo el NIF de las personas jurídicas y físicas - 23 -

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Se establecen procedimientos avanzados de comunicación electrónica para las solicitudes de inscripción registral que la Agencia remite a los Registros

La Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores han firmado un nuevo convenio que permitirá a la Agencia acceder al Registro de Titularidades Reales, ampliando así la información de la que dispone en esta materia para combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos con fines fraudulentos.

En virtud del convenio, la Agencia podrá consultar y obtener información sobre titularidades reales de participaciones y acciones de las sociedades que figura en el Registro Mercantil. Esta información contenida en el Registro de Titularidades Reales se considera de relevancia para el ejercicio de las funciones que la Agencia Tributaria tiene encomendadas en relación con la lucha contra el fraude fiscal realizado a través de entramados societarios de entidades supuestamente independientes.

El Registro de Titularidades Reales, nacido al amparo de la normativa europea sobre prevención del blanqueo de capitales, recoge la información sobre la titularidad real de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% del capital social de una entidad, así como, en su caso, información sobre los denominados ‘titulares reales asimilados’ (los administradores).

El acceso a estos datos por parte de la Agencia Tributaria facilitará la detección de conductas fraudulentas de entidades aparentemente no vinculadas entre sí, tales como la facturación recíproca para eliminar beneficios del grupo, el desplazamiento ilícito de rentas hacia entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes.

Refuerzo de las comunicaciones electrónicas mutuas También como novedad, y al objeto de favorecer el desarrollo de los procedimientos tributarios, el convenio avanza en la remisión de información registral sobre entidades, estableciéndose la transmisión electrónica diaria de la información contenida en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de manera que el Colegio de Registradores trasladará la información del BORME (Sección Primera y Sección Segunda) a la Agencia, incluyendo la identificación mediante NIF de las personas jurídicas y, en caso de estar disponible, también de las personas físicas.

A su vez, y gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, el convenio puede establecer procedimientos más avanzados de comunicación electrónica entre las dos partes. Así, se articula la remisión de la comunicación por la Agencia Tributaria a los Registros Mercantiles de los acuerdos de baja provisional y las correspondientes rehabilitaciones en el Índice de Entidades, o el procedimiento electrónico para la presentación en el Registro Mercantil de la declaración de fallido de entidades inscritas.

Esta mejora de la comunicación electrónica alcanzará también a la comunicación al Registro Mercantil de la revocación o rehabilitación del NIF asignado a personas jurídicas o entidades y a la presentación de los documentos relativos a embargos practicados por la Agencia. También se establece la utilización del canal electrónico registral para el envío de requerimientos de información a los Registradores.

1.15.b) Titularidad real. Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales La fiscal General Europea, Laura Codruța Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán han suscrito hoy un Convenio de Colaboración que permitirá a la Fiscalía Euro- 24 -

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pea acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles de España.

El Registro de Titularidades Reales, que el Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía Europea para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, contiene la información completa y actualizada al menos una vez al año sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta, así como de las sociedades que están en las cadenas de control de otras sociedades. Dicha información proviene del Registro Mercantil ya que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales, bajo la responsabilidad de su administrador.

La información será accesible las 24 horas del día a la Fiscalía Europea mediante servicios web, que facilitarán el acceso a su personal previa identificación mediante un certificado digital reconocido por el CORPME en cuyos atributos conste identificada su condición de personal adscrito a la Fiscalía Europea.

El Colegio Nacional de Registradores de España, se ha mostrado satisfecho en contribuir con este potente instrumento a la lucha que la Fiscalía Europea mantiene mediante la persecución de los delitos de terrorismo y blanqueo de capitales.

Este convenio se ha gestado por iniciativa de la fiscal Concepción Sabadell Carnicero, quien representa al Reino de España en la Fiscalía europea.

1.16. La Agencia Tributaria investigará las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en España por los “Papeles de Pandora” Hacienda señala que el fraude fiscal requiere de una “respuesta contundente” para evitar la pérdida de recaudación

La Agencia Tributaria no ha tardado a mover ficha ante las revelaciones de los Papeles de Pandora.

Según el Ministerio de Hacienda, el organismo investigará las posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de las informaciones destapadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ponen al descubierto los negocios opacos de mandatarios y personalidades internacionales, entre ellos 600 españoles. Hacienda ha asegurado que España “es uno de los países que está liderando” la lucha contra “el fraude fiscal y la deslocalización de beneficios” dentro del marco internacional y ha recordado que ha actuado ante otras investigaciones periodísticas sobre presuntas conductas de evasión fiscal.

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El mundo trata de terminar con los paraísos fiscales, que siguen erosionando las haciendas nacionales. Y más en tiempos de vacas flacas. España está entre los países interesados en poner fin a esos agujeros negros del sistema fiscal internacional dentro de las negociaciones que tienen lugar en foros como el G-20 y la OCDE. Así lo ha recordado Hacienda ante la publicación de los documentos del ICIJ. “El fraude fiscal es un problema global que requiere de una respuesta contundente por parte de los países desarrollados para evitar la pérdida de recaudación, el deterioro de los servicios públicos y la competencia fiscal ilegítima”, sostiene el ministerio.

Hacienda ha añadido que ya actuó cuando en 2016 se publicaron los Papeles de Panamá, así como “siempre que obtiene indicios de supuestas actividades opacas y defraudatorias”. En ese caso, las actuaciones realizadas tras las investigaciones permitieron que la Agencia Tributaria recuperase 142 millones de euros y participase en 101 expedientes judiciales mediante la presentación de denuncias, querellas o labores de auxilio judicial. Hacienda sostiene, asimismo, que está dedicando “un esfuerzo específico a investigar a los grandes patrimonios”. En concreto, entre 2018 y 2020 realizó 2.116 inspecciones a personas con muy grandes patrimonios, liquidando 1.393 millones de euros.

La investigación de los Papeles de Pandora desentrañan la actividad offshore de los poderosos del mundo a raíz del análisis de una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 despachos especializados en operaciones en paraísos fiscales. El trabajo pone luz sobre el uso masivo que hacían personajes públicos de sociedades interpuestas o archivos mercantiles opacos en jurisdicciones no cooperativas. En España, el equipo de EL PAÍS y La Sexta ha indagado sobre 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades vinculadas a dueños o empresas con direcciones en el país.

1.17.a) El Gobierno ha aprobado los decretos que regulan las ayudas a la rehabilitación El plan está dotado de 3.420 millones con cargo al fondo europeo Los propietarios contarán con ayudas directas y deducciones

El Consejo de Ministros aprobó dos decretos que recogen las normas para movilizar 3.420 millones de euros de los fondos europeos destinados a la rehabilitación del parque residencial español, uno de los pilares del Plan de Recuperación. A falta del detalle final, se esperan medidas entre las que se incluyen ayudas directas para el 80% de la inversión –cuando el ahorro energético supere el 60% - 26 -

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del consumo de energía no renovable–, deducciones fiscales que pueden llegar al 60% y medidas que potencien los modelos de llave en mano para acelerar las intervenciones. El objetivo principal del plan es mejorar la calidad de los inmuebles para reducir su consumo energético.

A grandes rasgos, los 3.420 millones se distribuyen en tres líneas de actuación. La más importante es la que atañe a la rehabilitación a nivel de edificio, sustentada por 1.994 millones de euros (casi el 60% del montante). El 86% de esta partida irá a la renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes.

Otra línea importante, aunque menor en cuantía, es la relativa a la rehabilitación a nivel barrio, prevista de 976 millones de euros, el 28,5% del fondo. La última línea, con 450 millones (el 13,5%), costeará los incentivos fiscales establecidos a través de deducciones en el IRPF a los que podrán acogerse los propietarios particulares que lleven a cabo diferentes intervenciones, como el cambio de ventanas por unas de altas prestaciones.

La cobertura de los gastos que correrá a cargo de los fondos dependerá también del tipo de intervención. Así, el Gobierno prevé subvencionar hasta el 100% de las rehabilitaciones de edificios y regeneración urbana a nivel de barrio completo, con una contribución media del 80% por intervención según las estimaciones. Para edificios individuales, el Ejecutivo contempla ayudas directas modulables entre el 40% y el 100% de la obra cuando se mejoren las fachadas y cubiertas o se instalen calderas o paneles fotovoltaicos. Todo dependerá del grado de eficiencia energética que se logre con las actuaciones.

Para las viviendas individuales (epígrafe donde se incluyen las unifamiliares), el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana subvencionará hasta un 30% de actuaciones como la sustitución de las ventanas por unas de altas prestaciones que reduzcan el consumo.

En el apartado de las bonificaciones fiscales, con cargo al fondo de 450 millones, habrá una deducción del 20% para quienes reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda. A su vez, habrá una deducción mayor, del 40%, para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética.

En segunda instancia, el Ejecutivo establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación para edificios enteros, condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B».

Más de 1.000 millones en avales ICO El Gobierno también ha diseñado un sistema de avales, con cargo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), previsto con 1.100 millones de euros de los que podrán beneficiarse las comunidades de vecinos que afronten las intervenciones para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles. El Ejecutivo, además, como ya adelantó este diario, planea cambios normativos para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades que quieran pedir financiación con la que acometer estas obras. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica de las comunidades, que actualmente carecen de estatus propio, para facilitar su acceso al crédito, un trámite que a día de hoy resulta engorroso y que dificulta que el préstamo llegue a concederse.

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1.17.b) Incentivos fiscales en materia de rehabilitación establecidos por el Real Decreto-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitaicón edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Medidas para impulsar la actividad de rehabilitación residencial: Deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas 1. POR OBRAS REALIZADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN → realizadas en la vivienda habitual del contribuyente o de cualquier otra titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda (o vivienda en expectativa de alquiler, siempre que se alquile antes de 31.12.2023) → Cantidades satisfechas - mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras, así como a las personas o entidades que expidan los certificados –desde el 6.10.2021 hasta el 31.12.2022. → La base máxima de esta deducción será de 5.000 € anuales, → La deducción será del 20% → La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado. → Se entenderá que se ha reducido la demanda de calefacción y refrigeración cuando se reduzca, al menos un 7% la suma de los indicadores de demanda del certificado de eficiencia de la vivienda. → Acreditación: Mediante certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio de las mismas. → El certificado deberá ser expedido antes del 01.01.2023.

En ningún caso, darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

No darán derecho a la aplicación de esta deducción las obras realizadas en las partes de viviendas afectadas a una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

Tampoco podrá aplicarse esta deducción cuando la mejora acreditada y las cuantías satisfechas correspondan a actuaciones realizadas en el conjunto del edificio y proceda la aplicación de la deducción 3.

2. POR OBRAS PARA LA MEJORA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE → realizadas en la vivienda habitual del contribuyente o de cualquier otra titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda (o vivienda en expectativa de alquiler, siempre que se alquile antes de 31.12.2023) - 28 -

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→ Cantidades satisfechas - mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras, así como a las personas o entidades que expidan los certificados –desde el 6.10.2021 hasta el 31.12.2022. → La base máxima de esta deducción será de 7.500 € anuales, → La deducción será del 40% → La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado. → Se entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no renovable en la vivienda en la que s e hubieran realizado tales obras cuando se reduzca en al menos un 30% el indicador de consumo de este tipo de energía, o bien, se consiga una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. → Acreditación: mediante certificado de eficiencia energética expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas, respecto del expedido antes del inicio de las mismas. → El certificado deberá ser expedido antes del 01.01.2023.

En ningún caso, darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

No darán derecho a la aplicación de esta deducción las obras realizadas en las partes de viviendas afectadas a una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

Tampoco podrá aplicarse esta deducción cuando la mejora acreditada y las cuantías satisfechas correspondan a actuaciones realizadas en el conjunto del edificio y proceda la aplicación de la deducción 3.

3. POR OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE USO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL → deducción aplicable por los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en estos edificios. → Cantidades satisfechas desde el 6.10.2021 hasta el 31.12.2023. → La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 € anuales. → Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que, en ningún caso, la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 € → La deducción será del 60% → La deducción se practicará en los períodos impositivos 2021, 2022 y 2023 en relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la finalización del período impositivo en el que se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética.

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Tendrán la consideración de obras de rehabilitación energética del edificio aquéllas en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del edificio en el que se ubica la vivienda, una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación.

→ Acreditación: mediante certificado de eficiencia energética expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas, respecto del expedido antes del inicio de las mismas. → El certificado deberá ser expedido antes del 01.01.2024.

Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios la cuantía susceptible de formar la base de la deducción de cada contribuyente, vendrá determinada por el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios el coeficiente de participación que tuviese en la misma.

Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y trasteros que se hubieran adquirido con estas.

No darán derecho a practicar esta deducción por las obras realizadas en la parte de la vivienda que se encuentre afecta a una actividad económica.

OTRAS MODIFICACIONES A TENER EN CUENTA: Para facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios, se introducen determinadas modificaciones en el régimen de las comunidades de propietarios establecida en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para su desarrollo, además, el propietario disidente resultará obligado al pago, al carecer en este caso, del derecho previsto en el artículo 17.4. de la Ley sobre Propiedad horizontal.

Asimismo, se establece que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las cuantías necesarias para cubrir los préstamos o financiación que haya sido concedida para tal fin, tendrá la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas de preferencia establecidas en la letra e) del artículo noveno.1 de la propia Ley 49/1960: los propietarios tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de estos gastos.

1.18. La Fiscalía informó por escrito al rey emérito de que le investigaba antes deque regularizara su dinero •

Le envió tres escritos en junio, noviembre y diciembre de 2020. Los dos primeros antes de que pagase 678.000 euros; el tercero antes de la regularización de 4,4 millones de euros

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La Fiscalía extiende su investigación al rey emérito a delitos de corrupción sin denunciarlo en el Supremo - 30 -

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La Fiscalía del Tribunal Supremo avisó en junio, noviembre y diciembre de 2020 al rey emérito de que estaba siendo investigado. Cada una de esas notificaciones formales se correspondía con unas diligencias previas abiertas por el fiscal Juan Ignacio Campos y se produjeron antes de que llevara a cabo las dos regularizaciones fiscales, en las que pagó a Hacienda un total de cinco millones de euros.

Esas notificaciones fueron genéricas y en ellas solo se le comunicó que estaba siendo investigado por hechos que podían ser penalmente relevantes, pero sin entrar en detalles. Las dos primeras, las de noviembre y diciembre, se produjeron antes de que pagara a Hacienda 678.394 euros para tratar de eludir la investigación por el uso de tarjetas opacas; la tercera la recibió antes de abonar 4,4 millones por los vuelos privados que financió la fundación que manejaba su primo.

El avance de las investigaciones en el Ministerio Fiscal tendrán que aclarar si esas notificaciones anulan las regularizaciones que llevó a cabo Juan Carlos I. El Código Penal dice que saldar las cuentas pendientes con Hacienda anula la vía penal siempre que se produzca antes de que el investigado tenga conocimiento de las diligencias contra él. Habrá que determinar si esas notificaciones se pueden considerar como "conocimiento formal"; El País asegura que fueron "genéricas" y que no se aclaraba los presuntos delitos fiscales.

Eso sí, en esas notificaciones se llegó a ofrecer al abogado del Rey, Javier Sánchez-Junco, que se personara en los procesos abiertos contra su cliente para conocer más detalles de las investigaciones, pero este lo rechazó. El detalle de esas diligencias se estaba publicando en los medios de comunicación, antes también de que el rey pagase a Hacienda.

Por ejemplo, el primer pago se produjo después de la información de elDiario.es sobre las tarjetas opacas y cuando ya había pasado un año de que la Fiscalía Anticorrupción interrogara al que fuera asistente del rey teniente coronel Nicolás Murga, a través de quien se habrían canalizado los pagos de las tarjetas procedentes del empresario mexicano amigo del rey Allen Sanginés-Krause.

A día de hoy esas diligencias de investigación no se han transformado en una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado Juan Carlos I desde su abdicación en 2014. Fuentes de la Fiscalía sostienen que el retraso en la respuesta de las comisiones rogatorias remitidas a varios países para la obtención de información sobre la actividad del monarca no han permitido presentar una querella contra Juan Carlos I por presuntos delitos cometidos desde que perdió la inviolabilidad.

Al menos en el momento de la regularización de los más de 4 millones de euros, la Agencia Tributaria no había abierto una inspección al monarca, pese a que era público desde hacía meses que había disfrutado de más de 8 millones de euros en vuelos y hoteles sufragados por la fundación creada en Liechtestein por un primo del rey y que éste nunca declaró a Hacienda, lo que provocó las quejas de las asociaciones de Técnicos e Inspectores del Ministerio. Al tiempo, la regularización de los fondos sirvió para que la Fiscalía comenzara a indagar también en el origen del dinero utilizado para saldar las deudas con el fisco y que fueron aportados al monarca por empresarios amigos.

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Los cuatro delitos que podría haber cometido Juan Carlos I actuando como comisionista internacional, y que en febrero plasmó la Fiscalía española en su comisión rogatoria, figuraron por primera vez en un escrito de la Fiscalía suiza en la que ésta pedía información a las autoridades españolas. Se trata de los mismos delitos que investiga el fiscal de Ginebra Yves Bertossa en una causa que mantiene imputados, por el momento, a Corinna Larsen, antigua relación extramatrimonial del rey emérito, y al gestor de fondos y abogado de éste en Suiza, Arturo Fassana y Dante Canónica, respectivamente.

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2.- REFORMA LABORAL. Real Decreto-Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo → La Negociación Colectiva vuelve a tener un papel central → Los convenios colectivos recuperan la ultraactividad indefinida → El convenio de empresa deja de ser prevalente en materia salarial, evitando las prácticas de devaluación salarial → Desaparece el contrato por obra o servicio → La contratación temporal podrá justificarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora → Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional → Se rediseñan los desincentivos de los contratos de muy corta duración para reducir la excesiva rotación → Se introducen mecanismos de flexibilidad interna, con exoneraciones a la Seguridad Social e incentivos a la formación, como alternativa a la temporalidad y para reducir los despidos en momentos de crisis o reconversión, siguiendo el modelo usado durante la pandemia → El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en enero de 2025 El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral. La nueva norma permitirá cimentar un mercado laboral en el que la temporalidad se sitúe, por primera vez, en el entorno de los estándares europeos.

Mediante este nuevo Real Decreto Ley, se restablecen los equilibrios perdidos en la negociación colectiva que recuperará, nuevamente, su papel central en las relaciones laborales.

El texto, además, da cumplimiento tanto al acuerdo de Gobierno como a los compromisos adquiridos con la Unión Europea plasmados en el Componente 23 y sienta las bases en materia laboral para una recuperación justa e inclusiva.

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Resumen principales novedades: Entrada en vigor: 31/12/2021 con excepciones

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Contratos formativos (art. 1. Uno del RD Ley) (Modificación del artículo 11. Contratos formativos del ET) LAS MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR A LOS 3 MESES DE SU PUBLICACIÓN. 30/03/2022 → En el plazo de 6 meses se redactará el Estatuto del Becario → Los dos contratos formativos del art. 11 del ET son sustituidos por un único contrato formativo que presenta 2 variantes según: o Contrato de formación en alternancia: Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos (formación profesional, estudios universitarios, y Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo) Características: Podrá celebrarse con: •

Personas de cualquier edad que carezcan de la cualificación profesional

•

En ciertos casos sólo puede ser suscrito con jóvenes de hasta 30 años.

Requisitos:

• • •

•

La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral.

La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra designada por la empresa.

Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a 6 meses.

Duración del contrato:

•

será la prevista en el plan formativo, con el mínimo de 3 meses y el máximo de 2 años.

Tiempo de trabajo

• • •

No podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo.

No cabe la realización de horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3 del ET. No cabe realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.

Retribución:

•

Será la fijada en Convenio colectivo. No podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. o Obtención de la práctica profesional: Desempeño de una actividad profesional destinada a adquirir una práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios: Título universitario, Título de grado medio o superior, Tí- 35 -

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tulo de especialista o máster profesional, Certificado del sistema de formación profesional, Título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas. El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato.

Características: Requisitos: •

Deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios.

•

No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses.

•

La empresa elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional.

•

Se asignará tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto del contrato.

Duración:

•

No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.

Tiempo de trabajo:

•

Tampoco cabe la realización de horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3.

Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes, salvo que lo dispuesto en convenio colectivo establezca otro periodo.

Retribución:

•

Será la fijada en el convenio colectivo aplicable en la empresa para estos contratos, o, en su defecto, la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas.

• En ningún caso podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en alternancia, ni al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. → Existen normas comunes para ambos tipos de contrato → Las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una bonificación de cuotas con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, durante la vigencia del contrato, del cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes, previstas para estos contratos. [art. 1. Uno del RD Ley que da nueva redacción a la DA 20ª del ET] Los contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato de trabajo en prácticas serán válidos hasta su duración máxima, de conformidad con la normativa precedente. [DT 1ª del RD Ley]

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Contratos de duración determinada (art. 1. Tres del RD Ley) (Modificación del artículo 15. Duración del contrato del ET LAS MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR A LOS 3 MESES DE SU PUBLICACIÓN. 30/03/2022 → El contrato de trabajo se presumen concertado por tiempo indefinido → Desaparecen los contratos temporales tal y como los conocíamos hasta ahora (contratos de obra, interinidad y eventuales). A partir de ahora se podrá distinguir entre dos grandes tipos de contratación temporal según la causa que justifica dicha contratación: o Contratos por circunstancias de la producción y contratos por sustitución. A su vez distingue entre: ▪ Incremento ocasional, imprevisible y toda aquella oscilación que genera un desajuste temporal: Duración: • No podrá ser superior a seis meses, pudiendo ampliarse hasta un año por convenio colectivo de ámbito sectorial.

▪

Incremento ocasional, previsible y con una duración reducida/limitada: Duración:

•

Podrán utilizarse durante un máximo de 90 días en el año natural, nunca de manera continuada, durante los cuales se permitirá la contratación para estas situaciones, debidamente identificadas en el contrato. En este tiempo, las empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada dentro de la contratación fija.

▪ •

Límites: No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos anteriores.

•

Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

o

Contrato de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo: Es obligatorio especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días.

Se distinguen varios tipos de causas: Sustitución de un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. Podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia, coincidiendo el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días.

•

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•

Completar la jornada reducida por otro trabajador, cuando dicha reducción se ampare en causas legal o convencionalmente establecidas. Se debe identificar el nombre de la persona sustituida parcialmente y la causa de la sustitución.

• Cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o promoción para su cobertura mediante un contrato fijo (en este caso nunca por un periodo superior a tres meses). → En cuanto a la reiteración de contratos, se reducen y se amplían los supuestos en los que procede la conversión en indefinido (nuevo art. 15.5 ET). En este sentido, basta la reiteración en dieciocho meses dentro de veinticuatro para que se produzca este efecto. → Se admite la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan planes de reducción de la temporalidad (nuevo art. 15.8 ET). → Se establece un régimen transitorio sobre límites al encadenamiento de contratos. Así, lo previsto en la redacción dada por el presente Real Decreto-ley al artículo 15.5 del ET será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo. Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración sólo el contrato vigente a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. [DT 5ª del RD Ley] Los contratos de duración determinada celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 serán válidos hasta su duración máxima, de conformidad con la normativa precedente. [DT 3ª del RD Ley] Contrato fijo - discontinuo (art. 1. Cuatro del RD Ley) (Modificación del artículo 16. Contrato fijo - discontinuo del ET LAS MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR A LOS 3 MESES DE SU PUBLICACIÓN. 30/03/2022 Los aspectos más relevantes del nuevo contrato fijo-discontinuo son los siguientes: → Afina la definición de este tipo de contratos de forma que lo decisivo es el objeto o la naturaleza de los trabajos realizados, de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. → Se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. → Llamamiento: mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijasdiscontinuas. → Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. → Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad - 38 -

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Subcontratación de obras y servicios (art. 1. Cinco del RD Ley) (Modificación del artículo 42. Subcontratación de obras y servicios del ET ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 Novedades: → Subraya que el convenio colectivo aplicable a las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el Título III del ET ERTE por ETOP y por fuerza mayor (art. 1. Seis y Siete del RD Ley) (Modificación del Artículo 47. Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor y nuevo artículo 47 bis.

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo del ET ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 → o ▪ •

Se da nueva redacción al art. 47 ET: ERTE ETOP Se facilita su tramitación y flexibilidad: El periodo de consultas se reduce a 7 días para las empresas con menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa • Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la aplicación de los ERTE, de esta forma, en cualquier momento durante la vigencia de la medida de reducción de jornada o suspensión de contratos basada en causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, la empresa podrá comunicar a la representación de las personas trabajadoras con la que hubiera desarrollado el periodo de consultas una propuesta de prórroga de la medida. o ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación) ▪ A la fuerza mayor clásica se añade, como causa específica, el impedimento o las limitaciones a la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública.

▪ En estos casos se seguirá el mismo procedimiento que en el caso de fuerza mayor temporal, si bien con algunas matizaciones (por ejemplo, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no será preceptivo). o NORMAS COMUNES A LOS DOS ERTEs: ▪ La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por ciento y computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En la medida en que ello sea viable, se priorizará la adopción de medidas de reducción de jornada frente a las de suspensión de contratos.

▪ Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas como causa justificativa de las medidas, previa información de ello a la representación legal de las personas trabajadoras y previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y conforme a los plazos establecidos reglamentariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social.

▪ Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas extraordinarias.

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Se establece la posibilidad para las empresas de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE, así como exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.

Mecanismo RED: (nuevo art. 47 bis ET) Deberá ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal, a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas en los términos regulados en el 47.3 del ET y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los motivos.

Tiene 2 modalidades: Cíclica: Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización con una duración máxima de un año.

Sectorial: Cuando en un determinado sector/es de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de transición profesional, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

Las empresas comprendidas en el mecanismo pueden voluntariamente solicitar suspensiones o reducciones de jornada al amparo del plan. Se establecen determinadas especialidades en la tramitación de los procedimientos, siempre resueltos por la autoridad laboral.

Se prevé, en fin, la constitución de un Fondo RED de Sostenibilidad del Empleo, mediante el que se hará frente a las necesidades relacionadas con la activación del mecanismo (prestaciones, exenciones de SS, planes de formación).

Convenios colectivos (art. 1. Nueve y Diez del RD Ley) (Modificación del Artículo 84. Concurrencia y artículo 86. Vigencia del ET ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 Se destacan las siguientes modificaciones: → Prioridad: la nueva redacción del art. 84.2 ET se limita a eliminar del listado de materias en las que esta existe la referencia a la cuantía del salario base y de los complementos salariales. Deja de ser posible, pues, que el convenio de empresa que se negocia de forma sobrevenida al convenio sectorial contenga una regulación de la retribución inferior a la establecida en este último. La regla continúa siendo una excepción a la general del art. 84.1 ET por lo que, a falta de reglas de estructuración de la negociación colectiva, nada parece impedir que los convenios de empresa ganen prioridad aplicativa sin límite de materias en aplicación de la prohibición de afectación de los convenios anteriores. la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. [DT 6ª del RD Ley] - 40 -

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→ Ultractividad: se recupera la ultractividad indefinida: las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa. De esta forma, se modifica el artículo 86 del ET, estableciéndose que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno nuevo, las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes.

Sector de la construcción (art. 2 del RD Ley) (Modificación de la DA 3ª Extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción de la Ley 32/2006) ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 → Nuevos contratos en el sector de la construcción: o Se trata de contratos ordinarios también serán indefinidos que presenta unas causas extintivas propias que se definen como “inherentes a la persona del trabajador”. o En el caso de finalización de la obra, la empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la empresa. Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma determinan la imposibilidad de recolocación, por no existir puesto adecuado, se produce la extinción del contrato, con una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo. Tanto la finalización de la obra como la extinción debe ser comunicada a la representación legal de las personas trabajadoras.

Modificaciones en Seguridad Social (art. 3 del RD Ley) (Modificación del TRLGSS) ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 → Cotización adicional en contratos de duración determinada (modificación del artículo 151 de la LGSS por art. tercero.uno): Se incrementan los tipos de cotización adicional para los contratos temporales de corta duración (todo aquel contrato con una duración inferior a los 30 días). → Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato (nuevo artículo 153 bis de la LGSS por art. tercero. dos): Se establecen reglas de cotización específicas → Nuevo supuesto de situación legal de desempleo (apartado 1 del artículo 267 de la LGSS por art. tercero. tres): Se incluye en el ordinal 3º de su letra a), como situación legal de desempleo, la de los trabajadores cuya relación laboral se extinga por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción. → Cotización durante la situación de desempleo en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato (apartado 2 del artículo 273 de la LGSS por art. tercero. cuatro): la entidad gestora ingresará únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior, desapareciendo la referencia expresa a que la empresa deba ingresar la aportación que le corresponda. → Beneficios en la cotización a la seguridad social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al mecanismo red (nueva disposición adicional trigésima novena de la LGSS por art. tercero. cinco): - 41 -

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o Se crea una prestación para los trabajadores afectados por el Mecanismo RED para la que no se exige período mínimo de cotización previo a la Seguridad Social y su disfrute no implica el consumo de las cotizaciones que previamente se pudieran haber efectuado. o Durante la tramitación de los ERTE y del Mecanismo RED las empresas podrán acogerse voluntariamente a las exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta.

• En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y • en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%, Estas exenciones en la cotización estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo. → Actuación de la inspección de trabajo y seguridad social (nueva disposición adicional cuadragésima de la LGSS por art. tercero. seis) → Medidas de protección social de las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores (nueva disposición adicional cuadragésima primera de la LGSS por art. tercero. siete) → actuaciones del servicio público de empleo estatal y de la tesorería general de la seguridad social para la simplificación de actuaciones administrativas (nueva disposición adicional cuadragésima segunda de la LGSS por art. tercero. ocho) → cotización a la seguridad social de los contratos formativos en alternancia (nueva disposición adicional cuadragésima tercera de la LGSS por art. tercero. nueve) Formación (art. 4 del RD Ley) (Modificación de la Ley 30/2015) ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 Las empresas que formen a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores o por una de las modalidades del Mecanismo RED a las que hace referencia el artículo 47 bis de dicha norma, tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se indica a continuación, en función del tamaño de la empresa: a) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona. b) De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 euros por persona. c) De 50 o más personas trabajadoras: 320 euros por persona.

Este incremento de crédito será financiado a través de una aportación extraordinaria al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

Infracciones y Sanciones (art. 5 del RD Ley) (Modificación del RD Leg. 5/2000) ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 → Irretroactividad en materia sancionadora: Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se sancionarán conforme a - 42 -

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las cuantías y se someterán al régimen de responsabilidades vigente con anterioridad a dicha fecha. [DT 9ª del RD Ley] → En las infracciones leves: se tipifica no informar a los trabajadores fijos-discontinuos, temporales y vinculados por contrato formativo sobre la existencia de vacantes → En la infracciones graves: los incumplimientos contractuales y en la aplicación de un ERTE se considerará una infracción por trabajador → En las infracciones muy graves: se incluye omitir los procedimientos fijados para la implementación de un ERTE y el Mecanismo RED. Además, se incluye en esta categoría el establecer nuevas externalizaciones de actividad incumpliendo la prohibición durante la aplicación de un ERTE Salario Mínimo Interprofesional (DA 7ª del RD Ley) (se prorroga la vigencia del RD 817/2021) ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 → Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2022 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.

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3.- Presupuestos Generales del Estado 2022. Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 Medidas fiscales: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  Modificación de los límites de reducción de la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (art. 59 Ley 22/2021) El límite cuantitativo conjunto de la reducción fiscal por aportaciones a los distintos sistemas de previsión fiscal para el ejercicio 2021 se minoró de 8.000 € a 2.000 € y, para el ejercicio 2022 se propone una nueva reducción de 2.000 € a 1.500 € (modificación artículo 52 LIRPF).

Este mismo límite se aplicará al conjunto de reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas de seguros de dependencia a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente (modificación artículo 51 LIRPF).

Paralelamente se aumenta, de 8.000 € a 8.500 € el importe incrementado cuando las aportaciones provengan de contribuciones empresariales. Como novedad, se introducen dos previsiones: 1º Dentro de este límite se incluirán las aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social, por importe igual o inferior a la realizada por la empresa, y 2º. Las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador (¿dentro de un plan de retribución flexible?) tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.

En el mismo sentido se modifica la Disposición adicional decimosexta. Límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social y el artículo 5.3.a) del TR de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.  Prórroga de los límites excluyentes del método de EO en el IRPF: (art. 60 Ley 22/2021) Se prorroga la aplicación de la disposición transitoria trigésima segunda de los límites vigentes desde 2016 a 2022 (la redacción original era hasta el 2021).

Impuesto sobre el Valor Añadido → Prórroga de los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. (art. 64 Ley 22/2021) Se prorroga la aplicación de la disposición transitoria decimotercera, de los límites vigentes en los ejercicios 2016 a 2022 (la redacción original era hasta el 2021).

Impuesto sobre Sociedades (art. 61 Ley 22/2021) → Cuota íntegra y cuota líquida: (modificación del art. 30 LIS) La rúbrica del artículo 30 de la LIS, cambia de denominación pasando a denominarse “Cuota íntegra y cuota líquida” (anteriormente se denominaba únicamente “Cuota íntegra”) e introduce en su punto 2 un concepto conocido en la normativa tributaria; el concepto de Cuota líquida: así el artículo 30.2 - 44 -

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establece que “Sobre la cuota íntegra se aplicaran las bonificaciones y deducciones que procedan en la normativa del Impuesto dando lugar a la cuota líquida que, en ningún caso, podrá ser negativa”. → Tributación mínima (nuevo artículo 30.bis LIS) Ámbito subjetivo: ▪

entidades cuyo INCN > 20 millones de € en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo

▪

entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal, con independencia de su INCN.

Quedan excluidas las entidades que tributen al 10% (art 29.3 LIS – entidades sin fines lucrativos), al 1% (art 29.4 LIS- SICV, FII, Fondos Inversión, Sociedades Inversión Inmobiliaria) o al 0% (art 29.5 LIS- fondos de pensiones) y las SOCIMIs Se establecen reglas especiales para las cooperativas y entidades de la ZEC. Cuota líquida mínima: La cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15% a la base imponible, minorada o incrementada, en su caso, por las cantidades derivadas de la Reserva de Nivelación del artículo 105 LIS. Se establecen reglas especiales para las entidades que apliquen las bonificaciones previstas en la LIS, la deducción por inversiones realizadas por entidades portuarias y/o las deducciones para evitar la doble imposición.

Porcentajes especiales: El porcentaje será del 10% en las entidades de nueva creación que tributen al tipo del 15% (art 29.1 LIS), y del 18% en el caso de entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (art 29.6 LIS) Para las entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC), la base imponible positiva sobre la que se aplique el porcentaje no incluirá la parte que derive de operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico de dicha zona, que tribute al tipo de gravamen especial regulado en el artículo 43 de la Ley 19/1994. → Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

Se propone la reducción del porcentaje de bonificación del 85% al 40%. (art. 49 LIS) IAE (art. 62 Ley 22/2021) Se añade un nuevo grupo 863 en la agrupación 86 de la sección segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con la siguiente redacción: «Grupo 863. Periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación.

Cuota de: 115 euros.

Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este grupo están facultados para la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones o contenidos a través de cualquier medio escrito, oral, visual, - 45 -

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digital o gráfico, así como para el asesoramiento y ejecución de planes de comunicación institucional o corporativa.»

Impuesto sobre la Renta de No Residentes (art. 63 Ley 22/2021) → Tributación mínima (nueva disposición adicional décima LIRNR) Se añade una nueva disposición adicional que establece la tributación mínima → Cuota íntegra: (modificación art. 19 LIRNR) En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse las bonificaciones y deducciones previstas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, dando lugar a la cuota líquida del impuesto, que, en ningún caso, podrá ser negativa.

Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarán en función de las circunstancias que concurran en el establecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de otros distintos del mismo contribuyente en territorio español.

ITPyAJD (art. 65 Ley 22/2021) → Títulos de grandeza: Se actualiza en un 1 por ciento la escala de gravamen de los títulos y grandezas nobiliarios aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modificación art. 43 LITP) Otras Medidas → Interés legal del dinero: Se mantiene el interés legal del dinero en el 3% (DA 46 Ley 22/2021) → Interés de demora: 3,75%. (DA 46 Ley 22/2021) → Tasas: se eleva en un 1 por ciento el importe a exigir por las de cuantía fija, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2021, al objeto de adecuar aquel al aumento de costes de la prestación o realización de los servicios o actividades por los que se exigen. Dicha excepción se extiende igualmente, a la tasa de regularización catastral. → IPREM: (DA 121 Ley 22/2021) a) EL IPREM diario, 19,30 euros. b) El IPREM mensual, 579,02 euros. c) El IPREM anual, 6.948,24 euros. d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.106,28 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros

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Medidas sociales: Bases de cotización a la SS, desempleo y protección por cese: (art. 106) → Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social: se incrementa el tope máximo de la base de cotización para 2022 hasta los 4.139,40 euros mensuales (en 2021 era de 4.070, 10 euros) o 137,98 euros diarios (en 2021 era de 135,67 euros). En cuanto a los tipos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social, no existen modificaciones respecto de los aplicables en 2021. → Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos: se incrementa el tope máximo de la base de cotización para 2022 hasta los 4.139,40 euros mensuales (en 2021 era de 4.070, 10 euros). La base mínima de cotización será de 960, 60 euros mensuales (en 2021 era de 960,60 euros). → La base máxima de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2022 tuvieran una edad inferior a 47 años: será de 2.077,80 euros mensuales (en 2021 era de 2.052 euros). En otro caso su base máxima de cotización será de 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era de 2.077,80 euros) → La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 48 o más años cumplidos: estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era de 1.018,50 y 2077,80 euros), salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60 y 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era 944,40 y 2.077,80 euros mensuales) → Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros mensuales (en 2021 era 2.052 euros), habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales (en 2021 era 944,40 euros) y 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era 2.077,80 euros). b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros mensuales (en 2021 era 2.052 euros), habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales (en 2021 era 944,40 euros) y el importe de aquélla, incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización.

Reducción de jornada: (DF 25ª) → Se modifica el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores señalando que la reducción de jornada para el cuidado de un menor afectado por cáncer, o por cualquier enfermedad grave, se podrá extender hasta los 23 años siempre que persista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente. → En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido al progenitor, guardador o acogedor con quien conviva la persona enferma Cuando la persona enferma que se encuentre en el supuesto previsto en el párrafo tercero de este apartado contraiga matrimonio o constituya una - 47 -

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pareja de hecho tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (DF 22ª y 28ª) → El derecho al subsidio será hasta que el menor cumpla 23 años (antes era hasta los 18 años) → Cuando el causante contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral (DA 106ª) → Se prevé, otro año más, la suspensión de la aplicación del sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a empresas en las que haya disminuido de manera considerable a la siniestralidad laboral Crédito de formación (DA 102ª) Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2021 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación: a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento.

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2022 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros.

Obtención de reducciones, bonificaciones u otro beneficio en las bases, tipos y cuotas a la Seguridad Social: (DF 28ª) → Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas a la Seguridad Social las empresas que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con este organismo.

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4.1.- CATALUNYA. PRESSUPOSTOS. Llei 1/2021, del 29 de desembre, de presupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (...)

Títol V. Normes tributàries Article 44. Cànon de l'aigua Article 45. Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa (...)

Disposicions addicionals I. Mesures en matèria econòmica Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora 1. Fins al 31 de desembre de 2022, l'interès legal del diner és el que fixa la llei de pressupostos generals de l'Estat vigent en cada moment. 2. Fins al 31 de desembre de 2022, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la Generalitat és el que fixa la llei de pressupostos generals de l'Estat vigent en cada moment. (...)

4.2.- CATALUNYA. MESURES FISCALS. Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic Mesures fiscals: TRIBUTS PROPIS: Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (art. 2): El capítol II introdueix modificacions tècniques: → d’una banda, concreta les condicions ja vigents que han de concórrer per a considerar que un actiu és no productiu; i, → d’una altra, incorpora a tributació les societats inactives que no es troben en situació de dissolució i liquidació.

Impost sobre els habitatges buits (art. 3): → Nous subjectes passius: Introdueix que són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents les persones físiques que tenen la condició de grans tenidors. A l’efecte d’aquest impost, es considera gran tenidor la persona física que és titular d’un dret de propietat, d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge, de més de quinze habitatges, Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (art. 4): - 49 -

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→ Modificación técnica: a l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en el Registre de vehicles mentre no n’hagin estat donats de baixa de manera definitiva o temporal (abans era per robatori) i els vehicles proveïts de permisos temporals Cànon de l’aigua: (art. 1): → El capítol I conté modificacions en la regulació del cànon de l’aigua, un tribut propi que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. Entre altres mesures, i amb la finalitat de reduir la càrrega administrativa de les entitats subministradores, que tenen la condició de substitut del contribuent, se simplifica el règim de presentació de declaracions i autoliquidacions del cànon de l’aigua i es consolida el procediment de declaració de rebuts impagats que esdevenen incobrables, i que s’havia establert amb caràcter temporal en els exercicis 2019 i 2020.També se simplifica el procediment per a aplicar la tarifa social per al col·lectiu de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica.

Taxes: (Cap. III. Arts. 5 a 34) → En l’àmbit de les taxes, el capítol III recull les modificacions efectuades en el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny. Les modificacions consisteixen en l’actualització de quotes per a ajustar els imports al cost del servei que es presta; en l’addició de nous fets imposables en taxes ja existents, i en la creació de taxes noves. El capítol IV recull les modificacions en l’àmbit de les taxes en matèria de transport en aigües marítimes i continentals, regulades per la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

TRIBUTS CEDITS: Impost sobre successions i donacions: (Art. 36 y 37) o Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions concedit pels òrgans de gestió: s’estableix, amb caràcter excepcional, l’ampliació de fins a dos anys del termini de pagament establert per l’article 73.1 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per als supòsits en què l’inventari de l’herència no comprèn prou diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar el tribut. o Acolliment: A l’efecte d’aquest impost i dins l’àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, les relacions entre una persona que estigui o hagi estat en acolliment i la persona o persones acollidores, resten assimilades a les relacions entre fills i ascendents.

Tributació sobre el Joc: (Art. 38) → Obligació de subministrament de dades relatives a les màquines recreatives i d’atzar: estableix una obligació formal de subministrament d’informació per part dels operadors de màquines recreatives i d’atzar.

IRPF: (Art. 39, 40 i 41) → Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de sis-cents euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte del lloguer de l’habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa. I ara s’afegeix “o monoparental” - 50 -

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→ Deduccions per naixement o adopció d’un fill: s’afegeix que en la declaració del progenitor o progenitora d’una família monoparental, la deducció és de tres-cents euros. → Escala autonòmica: (art. 41) Escala 2021

Escala 2022

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Fins a (€)

(€)

Fins a (€)

Percentatge (%)

Fina a (€)

(€)

Fina a (€)

Percentatge (%)

0,00

0,00

17.707,20

12,00%

0,00

0,00

17.707,20

10,50%

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14,00%

12.450,00

1.307,25

5.257,20

12,00%

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,50%

17.707,20

1.938,11

3.292,80

14,00%

53.407,20

8.040,86

36.592,80

21,50%

21.000,00

2.399,10

12.007,20

15,00%

90.000,00

15.908,31

30.000,00

23,50%

33.007,20

4.200,18

20.400,00

18,80%

120.000,00

22.958,81

55.000,00

24,50%

53.407,20

8.035,38

36.592,80

21,50%

175.000,00

36.433,31

en endavant

25,50%

90.000,00

15.902,83

30.000,00

23,50%

120.000,00

22.952,83

55.000,00

24,50%

175.000,00

36.427,83

en endavant

25,50%

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ENERO de 2022

5.- Cierre 2021. Primera aplicación del a reforma del Plan General Contable El pasado 30 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, en adelante RD. El citado RD contiene el régimen transitorio aplicable el primer ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2021, sobre: 1. Información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales (DT 1ª) 2. Clasificación y valoración de los Instrumentos financieros (DT 2ª) 3. Modificaciones en materia de coberturas (DT 3ª) 4. Valoración de las Existencias (DT 4ª) 5. Reconocimiento de Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios (DT 5ª) A continuación, reseñamos los principales aspectos a tener en cuenta en la preparación del cierre contable de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021 para empresas cuyo ejercicio económico coincida con el año natural.

1. Información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales (DT 1ª) 1.1. La empresa, con carácter general, no está obligada a presentar las cuentas anuales (individuales y/o consolidadas) incluyendo la información comparativa, pero NO estará obligada a expresar de nuevo la información comparativa del ejercicio anterior (salvo determinadas excepciones).

1.2. En la Nota “Bases de presentación de las cuentas anuales”, en relación con la NRV 9ª.

Instrumentos financieros: a) Una conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de activos financieros y pasivos financieros, con la siguiente información: 1.º La categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de acuerdo con la anterior normativa; y 2.º La nueva categoría de valoración y el importe en libros determinados de acuerdo con los nuevos criterios. b) Información cualitativa que permita a los usuarios de las cuentas anuales comprender, como la empresa ha aplicado los nuevos criterios de clasificación de los activos financieros. c) Una descripción de los criterios que ha seguido la empresa en aplicación de la DT 2ª del RD y los principales impactos que tales decisiones hayan producido en su patrimonio neto.

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1.3. En la Nota “Bases de presentación de las cuentas anuales”, en relación con las NRV 10.ª «Existencias» y 14.ª «Ingresos por ventas y prestación de servicios»: a) El importe por el que cada partida de los estados financieros se ve afectada por la primera aplicación de los nuevos criterios; y b) Una explicación de las razones de los cambios significativos que se hayan identificado.

1.4. En el caso de entidades sin fines lucrativos que deban seguir las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, también deberán incluir la información anterior.

2. Clasificación y valoración de los Instrumentos financieros (DT 2ª) 2.1. En general, las modificaciones de los criterios de clasificación y valoración de los instrumentos financieros se deberán aplicar de forma retroactiva, aplicando la NRV 22ª.

«Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables», con las excepciones contenidas es esta DT 2ª.

2.2. La clasificación y valoración se realizará teniendo en cuenta las circunstancias a 01.01.2021, con independencia de cómo gestionase la empresa sus activos financieros en periodos anteriores.

2.3. La empresa podrá designar o revocar una calificación anterior de un activo o pasivo financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Esta designación o revocación se deberá realizar de forma retroactiva.

2.4. En el caso de activos o pasivos valorados a tipo de interés efectivo, si la aplicación retroactiva es impracticable, empresa tratará: a) El valor razonable del activo o pasivo financiero al final de cada periodo comparativo presentado como el coste amortizado de ese activo financiero o pasivo financiero si la empresa expresa de nuevo periodos anteriores; y b) El valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero en la fecha de primera aplicación como el nuevo coste amortizado de ese activo financiero o pasivo financiero.

2.5. Si la empresa opta por expresar de nuevo la información comparativa y valora un contrato híbrido por primera vez a valor razonable, el valor razonable del contrato híbrido al inicio del ejercicio anterior será la suma de los valores razonables de los componentes en esa fecha (es decir del instrumento principal no derivado y del derivado implícito).

2.6. Reglas opcionales: a)

Una vez realizada la clasificación de los activos financieros, la clasificación resultante deberá aplicarse prospectivamente.

b)•

El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos financieros que deban seguir el criterio del coste amortizado se considerará su coste amortizado al inicio del ejercicio.

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•

El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos financieros que deban seguir el criterio del coste o coste incrementado se considerará su coste o coste incrementado al inicio del ejercicio.

•

Las ganancias y pérdidas acumuladas directamente en el patrimonio neto se ajustarán contra el valor en libros del activo.

c)•

En el caso de designaciones y/o revocaciones de un activo o pasivo financiero a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, la diferencia entre el valor razonable de estos instrumentos financieros y el valor en libros al cierre del ejercicio anterior se contabilizará en una cuenta de reservas.

•

Los instrumentos de patrimonio incluidos en la cartera de activos financieros mantenidos para la venta se reclasificarán a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto, salvo que la empresa decida su incorporación a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada se contabilizará en una cuenta de reservas.

d)

Los activos y pasivos financieros valorados por primera vez a valor razonable, su importe se calculará al inicio del ejercicio.

Cualquier diferencia con el valor en libros al cierre del ejercicio anterior se contabilizará en una cuenta de reservas o como un ajuste por cambio de valor si el activo se incluye en la categoría de activos a valor razonable con cambios en patrimonio neto.

e)

No será necesario adaptar la información comparativa a los nuevos criterios, sin perjuicio de que sea preciso realizar para mostrar los saldos del ejercicio anterior ajustados a los nuevos criterios de presentación.

3. Modificaciones en materia de coberturas (DT 3ª) 3.1. Al inicio del ejercicio, la empresa puede elegir, como su política contable, seguir aplicando los criterios establecidos en el apartado 6 «Coberturas contables» NRV 9.ª «Instrumentos financieros». Si la empresa opta por esta política contable, la aplicará a todas sus relaciones de cobertura.

3.2. La empresa aplicará los criterios para la contabilidad de coberturas aprobados por este RD de forma prospectiva.

3.3. Las relaciones de cobertura que cumplan los requisitos de contabilidad anteriores a la modificación y también cumpla los nuevos criterios, se considerarán como continuación de las relaciones de cobertura.

3.4. En el caso de aplicación inicial de los requerimientos de coberturas aprobados por este RD, la empresa: a) Puede comenzar a aplicar dichos requerimientos desde el mismo momento en que cese de utilizar los anteriores requerimientos de la contabilidad de coberturas; y b) Considerará la razón de cobertura de acuerdo con la normativa anterior como el punto de partida para reequilibrar la razón de cobertura de una relación de cobertura - 54 -

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que continúa, si procede. Cualquier ganancia o pérdida de este reequilibrio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.5. En los supuestos excepcionales en que la empresa deba interrumpir la contabilidad de coberturas porque no se cumplan los requisitos establecidos en la norma, los ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio neto se reclasificarán a una cuenta de reservas, y el valor en libros de los activos y pasivos afectados al cierre del ejercicio anterior se considerará su valor en libros a los efectos de aplicar los criterios establecidos en la DT 1ª.

4. Valoración de las Existencias (DT 4ª) 4.1. Las modificaciones en materia de valoración de existencias [1] se deberán aplicar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la NRV 22.ª «Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables».

4.2. La fecha de primera aplicación será el comienzo del primer ejercicio que se inicie a partir de 01.01.2021 5. Reconocimiento de Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios (DT 5ª) [2] 5.1. Las modificaciones en materia de reconocimiento de Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios, se deberán aplicar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la NRV 22.ª «Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables», aplicando alguna de las dos opciones contenidas en esta DT. 5.2. 2. Si la empresa decide expresar de nuevo la información comparativa puede utilizar una o más de las siguientes soluciones prácticas al aplicar los nuevos criterios de forma retroactiva de acuerdo con el apartado 1: a) Para contratos terminados, la empresa no necesita expresar de nuevo los contratos que comiencen y terminen dentro del ejercicio anterior, o que estuvieran terminados al inicio del ejercicio anterior. b) Para contratos terminados que tengan contraprestación variable, la empresa puede utilizar el precio de la transacción en la fecha en que se completó el contrato, en lugar [1] Las existencias se continúan valorando según el criterio general (precio de adquisición o coste de producción).

Exclusivamente las empresas que sean intermediarios, que comercialicen existencias cotizadas, se podrán valorar (voluntariamente) según un criterio alternativo (valor razonable – costes de ventas) NOTA: El ICAC no ha establecido una cuenta específica para recoger los aumentos o disminuciones de valor.

[2] Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.

Etapas para el reconocimiento de ingresos según el enfoque del balance: 1º: Identificar el contrato/s con el cliente; 2º: Identificar la/s obligación/nes a cumplir con el contrato (normalmente transferir bienes o prestar servicios); 3º: Determinar el importe de la/s transacción/nes o contraprestación; 4º: Asignar el precio o importe de la/s transacción/nes 5º: Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la empresa cumpla las obligaciones comprometidas.

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de estimar los importes de contraprestación variable al cierre del ejercicio anterior; c) Para contratos modificados antes del inicio del ejercicio anterior, la empresa no está obligada a expresar de nuevo de forma retroactiva el contrato por esas modificaciones.

Adicionalmente, en la nota «Bases de presentación de las cuentas anuales» se incluirá la siguiente información: 1.º las soluciones que se han utilizado; y 2.ª en la medida en que sea razonablemente posible, una evaluación cualitativa del efecto estimado de la aplicación de cada una de dichas soluciones.

5.3. 3. Si la empresa decide no expresar de nuevo la información comparativa podrá optar por aplicar los nuevos criterios de forma retroactiva únicamente a los contratos que no estén terminados el 01.01.2021.

La empresa podrá usar la solución práctica regulada en la letra c) del apartado anterior: 1.º para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar antes de la fecha de inicio del ejercicio anterior, o; 2.ª para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar antes de la fecha de primera aplicación.

En tal caso, la solución práctica deberá extenderse a todos los contratos de acuerdo con el principio de uniformidad.

Adicionalmente, en la nota «Bases de presentación de las cuentas anuales» se informará de su uso y en la medida en que sea razonablemente posible se incluirá una evaluación cualitativa del efecto estimado de su aplicación.

5.4. Como solución práctica alternativa, la empresa podrá optar por seguir los criterios en vigor hasta el 31.12.2020 en los contratos que no estén terminados en la fecha de primera aplicación.

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6.- LEY DE STARTUPS. Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de fomento del ecosistema de las empresas emergentes El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, con la que España se posiciona a la vanguardia de Europa en apoyo al ecosistema de empresas innovadoras de base tecnológica, atracción de inversión y talento.

Con este Proyecto de Ley el Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups, en el ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil, con el fin de apoyarlas a lo largo de su ciclo de vida, en particular, en sus primeras etapas. Para ello, impulsa la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento y refuerza las medidas para atraer talento e inversores internacionales, respondiendo a la singularidad de este tipo de empresas y a las principales demandas del sector.

La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Proyecto de Ley permite a España alinearse con los países más atractivos del entorno europeo para la atracción de inversión, emprendimiento y talento. Asimismo, responde a los estándares recientemente suscritos de la declaración EU Startups Nations Standard: conjunto de prácticas diseñadas para fomentar el espíritu empresarial en la Unión Europea y fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras generando las condiciones para favorecer su escalabilidad.

Acompañan a este Proyecto de Ley distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la financiación de las startups en España, entre las que destaca el FondoICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión es alcanzar los 4.000 millones de euros, diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento. Y la línea de financiación de ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.

Igualmente, este Proyecto de Ley se enmarca dentro de las reformas estructurales del Plan de Recuperación orientadas a mejorar la demografía empresarial y mejorar el clima de negocios, de forma complementaria con el Proyecto de Ley Crea y Crece recientemente adoptado por el Gobierno y el Proyecto de Ley de Reforma Concursal, actualmente en proceso de finalización.

Identificación de startup, base para el impulso al ecosistema de empresas emergentes El Proyecto de Ley define el concepto de startup y se dirige las empresas de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.

También se establece una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), que otorgará la declaración del carácter innovador de la empresa para que pueda acogerse a los beneficios que introduce el proyecto de ley.

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Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español e inglés.

Agilidad administrativa El Proyecto de Ley prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación de la empresa por medios telemáticos; y la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).

Cabe recordar que con la aprobación de la Ley Crea y Crece, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, será posible crear una empresa con un solo euro de capital social.

EL Consejo de Ministros de 27/07/2021 aprueba el INFORME DEL ANTEPROYECTO DE LEY CREA Y CRECE: La medida más destacada para impulsar la creación de empresas es la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, eliminándose el mínimo legal de 3.000 euros. La regulación propuesta incluye ciertas salvaguardas para los acreedores y configura un régimen más flexible que el actual régimen de formación sucesiva, que se elimina.

Atractivos fiscales Este Proyecto de Ley incorpora importantes medidas fiscales para atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España.

De este modo, se reduce el tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.

Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.

Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Otro de los avances incluidos es el relativo a la figura de "nómadas digitales", es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Con el objetivo de repatriar talen- 58 -

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to se relajan los requisitos generales para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en España).

Como incentivo social, también cabe destacar la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena.

El Proyecto de Ley recoge otras medidas en favor de las empresas emergentes, como el fomento de la compra pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.

Circulación del conocimiento El Proyecto de Ley fomenta también la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos.

Hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. En ese sentido, se permitirá la prueba de innovaciones de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

Por último, señalar que este Proyecto de Ley aspira a responder a las necesidades presentes y futuras de las empresas emergentes. Para ello, recoge un mecanismo de revisión continua y la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, como espacio de encuentro entre el sector y las Administraciones Públicas.

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7.- Las nuevas obligaciones para las plataformas de criptomonedas Los PLATAFORMAS DE CRIPTOMONEDAS (exchanges) deberán registrarse en el BANCO DE ESPAÑA a partir del 29 de enero de 2022

La Quinta Directiva (Directiva 2018/843 conocida en inglés como AMLD5) ha sido transpuesta a la legislación española por el RD Ley 7/2021, de 27 de abril que entró en vigor el 29 de abril de 2021 y modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en referencia a las plataformas de criptomonedas (o “exchanges”).

La nueva norma prevé que los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal (o viceversa) -“exchanges”- y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos -“wallets”- se convierten en sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como determinadas obligaciones de registro en el Banco de España.

NUEVAS DEFINICIONES: La Ley 10/2010 define ahora los siguientes conceptos añadidos por el RD Ley 7/2021: (Art. 1)

• Moneda

virtual: es aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.

• Cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria: se entenderá la compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el que haya sido emitido.

• Proveedor

de servicio de custodia de monederos electrónico: Se entenderá aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de salvaguardia o custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.

NUEVOS OBLIGADOS DE LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES: - 60 -

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ENERO de 2022

Serán considerados como nuevos sujetos obligados a la Ley de Blanqueo de Capitales a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos (nueva letra z) del artículo 2.1. de la Ley 10/2010) equiparándolos, a los efectos de esta Ley 10/2010, a las entidades financieras.

Se ha excluido, finalmente, a los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales.

Ley 10/2010. Artículo 2. Sujetos obligados.

1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados: … z) Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.

Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores.

LAS NUEVAS OBLIGACIONES SERÁN DE 3 TIPOS:

• Cumplir las normas establecidas en la Ley del Blanqueo de Capitales (A PARTIR DEL 29/04/2021)

Comunicar las operaciones a la AEAT (A PARTIR DEL 11/07/2021)

• Registro en el Banco de España (A PARTIR DEL 29/01/2022) NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS EXCHANGES DE LA LEY DEL BLANQUEO DE CAPITALES: A partir del 29 de abril de 2021 los exchanges deberán cumplir las normas establecidas en la Ley de Blanqueo de Capitales:

•

comunicar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) la propuesta de nombramiento de su representante (art.

26 ter de la Ley 10/2010) ante el SEPBLAC a través del Formulario F22, y se recomienda que, al menos una persona, sea designada como autorizada por el representante para firmar en su nombre cualquier escrito o comunicación al SEPBLAC utilizando el Formulario F22-6

•

aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes, comunicación y admisión de clientes, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

•

disponer del correspondiente manual de prevención, que se mantendrá actualizado, con información completa sobre las medidas de control interno adoptadas. El manual estará a disposición del Sepblac para el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección - 61 -

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•

te).

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disponer de un procedimiento de identificación formal (KYC) (Conocimiento del clien-

•

disponer de un órgano de control interno, que deberá contar con representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado, y será responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

•

impartir formación al personal: deben adoptar medidas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril. A tal efecto, aprobarán un plan anual de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los términos establecidos en el artículo 39 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

•

las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados serán objeto de examen anual por un experto externo. Los resultados del examen se consignarán en un informe escrito que describirá las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO: en caso de incumplimiento podrá ser considerado una infracción grave con multas a la sociedad de hasta 5 MILLONES de euros, y a los administradores por la falta de implantación y adecuación de la empresa, con sanciones económicas también de hasta 5 MILLONES o incluso la inhabilitación para el ejercicio del cargo durante 5 años.

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS EXCHANGES DE LA LEY DEL IRPF:

• Los exchanges también deberán comunicar, a partir del 11 de julio de 2021, a la AEAT las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

Ley 35/2006 IRPF. Disposición adicional decimotercera. Obligaciones de información (añadido por la ley 11/2021) 7. Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados, en los términos que reglamentariamente se establezcan, a comunicar a la Administración Tributaria las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número - 62 -

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de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL POR MONEDA FIDUCIARIA Y DE CUSTODIA DE MONEDEROS ELECTRÓNICO (DA 2ª) y PLAZOS (DT 2ª) El RD Ley 7/2021 prevé la creación de un Registro de Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia:

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El Registro de Proveedores deberá estar en funcionamiento en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del RD Ley 7/2021 (entrada en vigor: 29/04/2021). Por tanto deberá estar en funcionamiento el 29/10/2021.

•

Los prestadores de servicios deberán inscribirse en el Registro de Proveedores del Banco de España en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del RD Ley 7/2021, esto es, a partir de 29/01/2022.

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO: La prestación de los servicios sin contar con el preceptivo registro tendrá la consideración de infracción muy grave con sanciones de hasta 10 millones de euros DA 2ª Ley 10/2010 (introducido por el RD Ley 7/2021) Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.

1. Las personas físicas o jurídicas que, cualquiera que sea su nacionalidad, ofrezcan o provean en España servicios de los descritos en los apartados 6 y 7 del artículo 1 de la ley, deberán estar inscritas en el registro constituido al efecto en el Banco de España.

2. Se inscribirán asimismo en el registro: a) las personas físicas que presten estos servicios, cuando la base, la dirección o la gestión de estas actividades radique en España, con independencia de la ubicación de los destinatarios del servicio. b) Las personas jurídicas establecidas en España que presten estos servicios, con independencia de la ubicación de los destinatarios.

3. La inscripción en el registro estará condicionada a la existencia de procedimientos y órganos adecuados de prevención previstos en esta ley y al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional en los términos del artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El incumplimiento de los requisitos de honorabilidad determinará la pérdida de la inscripción en el registro.

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4. El Banco de España será competente para supervisar el cumplimiento de la obligación de registro y de las condiciones de honorabilidad exigidas para el acceso y mantenimiento de la inscripción.

5. La prestación de los servicios descritos en el apartado 1 sin contar con el preceptivo registro tendrá la consideración de infracción muy grave, pudiendo ser considerada como grave si la actividad se hubiera desarrollado de forma meramente ocasional o aislada, y será sancionado por el Banco de España de conformidad con lo dispuesto en las normas en materia de sanciones, de procedimiento y las relativas al régimen de publicidad que forman parte del título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

DT 2ª de la Ley 10/2010. Plazo para inscribirse en el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.

El Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, estará en funcionamiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Las personas físicas o jurídicas que estuvieran prestando a residentes en España alguno de los servicios descritos en los apartados 6 y 7 del artículo 1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, deberán inscribirse en el registro del Banco de España en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Nota del Banco de España:

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8.- Inconstitucionalidad del Impuesto de Plusvalía Municipal Hoy, día 9 de noviembre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Según la exposición de motivos de la norma, con este real decreto-ley se pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal, a pesar de que su última sentencia de fecha 26 de octubre de 2021 aún no ha sido publicada en el BOE, de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la última de las sentencias dictadas por el TC, así como integrar la doctrina contenida en sentencias anteriores, al objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.

Sin perjuicio de que en los próximos días enviemos un análisis más detallado, señalamos, a continuación, los aspectos mas destacados de esta adaptación normativa: Naturaleza del impuesto Se mantiene, se grava el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período de 20 años.

Nuevos supuestos de no sujeción: Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor.

El interesado deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los Ayuntamientos.

Determinación de la base imponible: • La base imponible será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder de los siguientes (en función del número de años desde la adquisición):

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•

Los coeficientes serán actualizados anualmente por norma de rango legal (podrá llevarse a cabo, por ejemplo, en la LPGE).

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A los solos efectos de este impuesto, los Ayuntamientos podrán corregir hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización.

•

Este sistema objetivo de cálculo se convierte en optativo, puesto que el contribuyente podrá optar por tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble y que se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición, siempre que acredite ser inferior.

A estos efectos, en las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los Ayuntamientos.

Plusvalías generadas en menos de un año: Como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año.

Adaptación de las ordenanzas fiscales: Los Ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para adecuar sus normativas al nuevo marco legal. Mientras tanto, resultará de aplicación lo dispuesto en el real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos en él establecidos.

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Entrada en virgor: El real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 10 de noviembre de 2021.

Comentarios de la Sentencia del Tribunal Constitucional La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, descarta que, como oponía el abogado del Estado, se haya producido una desviación entre el motivo de inconstitucionalidad suscitado por el auto de planteamiento de esta cuestión y lo resuelto por ella. En ese auto el Tribunal indicó que la cuota exigida podría producir un resultado confiscatorio y que esa consecuencia se debía, precisamente, a la aplicación de un método para valorar la base imponible alejado de la realidad, y este planteamiento de partida de ese auto es el que desarrolla la sentencia.

A diferencia de los casos resueltos por las SSTC 26/2017, 37/2017 y 126/2019, en este caso el problema que se plantea no es la adecuación del tributo al principio de capacidad económica como fundamento de la imposición, puesto que el incremento del valor del terreno ha existido, sino su adecuación al principio de capacidad económica como medida de la base imponible, y la sentencia comienza por razonar que en este punto ha de apartarse de una doctrina que inició el ATC 71/2008, de 26 de febrero, y reafirmar, de acuerdo con la doctrina anterior a ese auto, que el principio de que se debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos “de acuerdo” con la capacidad económica opera respecto de todos los impuestos y se lesiona si quienes tienen una menor capacidad económica soportan una mayor carga tributaria que los que tienen una capacidad superior.

Acepta la sentencia que el método de valorar la base imponible con arreglo a módulos o criterios objetivos no es necesariamente inconstitucional siempre que se cumplan una serie de condiciones que no se respetan en los artículos analizados, porque la regulación que llevan a cabo esos artículos conducen a un resultado que se aleja notablemente de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario. Por ello, considera que son inconstitucionales y nulos.

En cuanto al alcance de la declaración de nulidad, después de reiterar la llamada que se viene haciendo al legislador desde la STC 59/2017, para que lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del artículo 31 CE, establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

La sentencia cuenta con el voto concurrente del Presidente Juan José González Rivas quien considera que el grave problema de la configuración del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana reside en el tratamiento del suelo urbano en España como una categoría única, sin atender a sus singularidades, al municipio y a la zona en que se halla. En su opinión, el método para cuantificar la variación del valor parte de una premisa inaceptable: que todo el suelo urbano aumenta de valor y lo hace linealmente en todo el territorio en que se aplica este impuesto, lo que hace que este tratamiento igualitario del suelo urbano no es razonable. También ocurre con la disociación del valor del suelo y del valor de la edificación.

En definitiva, es la absoluta desatención hacia esas singularidades, lo que hace que el método legal, único e imperativo de delimitación de la base imponible no sea razonable y, por tanto, no esté justifi- 67 -

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cada constitucionalmente la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible, infringiéndose el principio de capacidad económica.

La sentencia cuenta con el voto particular formulado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón al que se adhiere la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. El magistrado propone un sistema alternativo al vigente de estimación objetiva de la base imponible. En su opinión, la solución más adecuada debería haber sido no declarar la nulidad de la norma reguladora de la base, sino dar un plazo al legislador para regular el sistema alternativo, de aplicación retroactiva, que hubiera permitido pedir la devolución del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en todos aquellos casos en los que la cantidad abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno efectivamente obtenida.

Por otro lado, consideran que la nulidad de la norma cuestionada provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aun habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto. Tampoco se verán favorecidos los que pagaron el impuesto sin presentar reclamación ni rectificación de autoliquidación alguna.

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Responsable del tratamiento: Gabinete Enrique de la Orden – Dirección Pl. Francesc Macià, nº 4, 4º 1ª – 08021 Barcelona Teléfono 93-414.50.14 Correo electrónico gabinete@delaorden.net Base jurídica del tratamiento: relación contractual e interés legítimo Finalidad del tratamiento: mantener el contacto para el envío de informaciones de su interés en relación a los servicios Sus datos se conservarán hasta que usted se oponga a este tipo de tratamiento de sus datos personales, LO QUE PUEDE HACER EN CUALQUIER MOMENTO, solicitándonos que desea dejar de recibir nuestra Circular Usted, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de la información que le concierne, comunicándose con la dirección de correo electrónico:gabinete@delaorden.net

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