El Defensor del Pueblo tiene como misión esencial la de proteger los derechos de la sociedad civil frente a la actuación de los órganos del Estado y en el cumplimiento de esa tarea, no realiza una actividad neutral o de arbitraje entre los habitantes y la Administración; por el contrario debe comprometerse con la defensa de las personas que acuden en procura de amparo. Esto de ninguna manera excluye que cumpla funciones de intermediación y buenos oficios para solucionar problemas que se suscitan entre la sociedad y el Estado. Por la propia dinámica social, la oficina del Defensor se convierte en un recinto de diálogo; diálogo entre el mismo Defensor del Pueblo y la autoridad administrativa, entre los habitantes y la Administración y en algunos casos entre grupos de habitantes en conflicto.
