La publicación de las narconóminas que contienen los datos de pagos realizados por el CJNG, a municipios, personas y corporaciones policíacas de Chiapas, no debiera de sorprender PAG. 2
D O X A
Chiapas es nota nacional debido a la difusión de las narconóminas. Esto se aprovecha para golpear al gobernador en su política de seguridad.
Pero lo que no se debe perder de vista es que fue el jefe del Cártel de “La Barredora”, y el tonto útil de su cuñado quienes entregaron Chiapas al crimen organizado.
Gobierno de Chiapas ordena investigar presunta narconómina que menciona al grupo Pakal
El gobernador de Chiapas informó que instruyó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una investigación exhaustiva para “castigar con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”
y Guatemala fortalecen acciones de vacunación ante riesgo de sarampión
Vinculan a proceso dos personas en Chiapas por la quema de boletas en los comicios locales de 2021
REPORTE
Narconomina de “El Mencho” salpica a Policía de elite Pakal de Chiapas
EDITORIAL
La red de corrupción herencia de Rutilio Escandón
La publicación de las narconóminas que contienen los datos de pagos realizados por el CJNG, a municipios, personas y corporaciones policíacas de Chiapas, no debiera de sorprender, debido a que durante el sexenio de Rutilio Escandón se toleró y consintió, que los cárteles se infiltraran y se apropiaron no solo de gran parte del territorio sino de la estructura gubernamental, en donde la parte más vulnerable resultaron los gobiernos municipales y las distintas corporaciones policíacas, muchas de ellas puestas al servicio y protección de la delincuencia organizada, que desnaturaliza el papel del Estado a partir de la pudrición de dependencias como la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad pública, que debían estar al servicio de la población y terminaron realizando papeles de extorsión y fabricación de delitos a la ciudadanía.
Lo que hoy se ve como escándalos es parte de la herencia del gobiernos de Rutilio Escandón y
López Obrador, que propiciaron la protección y empoderamiento en Chiapas del CJNG, que con la complicidad gubernamental inició la disputa por el control del territorio al Cártel de Sinaloa, provocando en la entidad una condición de guerra, que obligó al nuevo gobierno a la creación de un grupo de élite de reacción inmediata denominado Pakal, cuya misión principal era devolver la tranquilidad y la seguridad a la población. Proyecto que inicialmente fue bien recibido por la población, pero que al paso de los meses se empezó a conocer de abusos policíacos cometidos por este grupo, en detenciones arbitrarias, en cateos sin orden judicial en el que se cometieron robos, en extorsiones a población, e incluso se difundió un vídeo en donde miembros del grupo Pakal tablearon a un detenido, en un claro acto de tortura, pero se protegió a los agresores al vincularlos a ´proceso por abuso de autoridad, un delito menor que alcanza fianza y libertad inmediata.
El cambio iniciado en el gobierno de Eduardo Ramírez, tuvo resultados positivos, pero la red de corrupción creada con anterioridad, pone a prueba a cualquiera con su amplio espectro de tentación y contagio, lo que hace insuficiente que la corrupción se controle sólo con el cambio de personal sino que hace necesario la destrucción de la red de corrupción que hasta ahora permanece intacta, en el que se distribuye a través de sobornos y pagos de complicidad varios millones de pesos anuales, que ha convertido a varios funcionarios en potentados, como el anterior Fiscal general del Estado Olaf Gómez Hernández, que compró varias propiedades o Julio Rincón, exdirector del Instituto de Comunicación Social, presunto enlace de Rutilio Escandón con el CJNG, quien de la noche a la mañana se convirtió en millonario y propietario de fraccionamientos.
Frente al escándalo de la publicación de las narconóminas el gobernador Eduardo Ramírez ordenó la investigación a la secretaría
de anticorrupción. Sin embargo, los delitos que entraña esta narconómina son parte de la delincuencia organizada y lavado de dinero, y por lo mismo del orden federal, lo que corresponde realizar las investigaciones a la fiscalía general de la república, lo que obliga al gobernador a solicitar a la FGR a que realicen las investigaciones. Este escándalo, que puede ser la mayor crisis del gobierno actual, debe servir de plataforma de lanzamiento para acabar con los vínculos municipales en la entidad con la delincuencia organizada, en donde por lo menos 30 presidentes municipales están involucrados con los grupos criminales y poner límites al grupo Pakal, que se encuentra sobreprotegido por el secretario Óscar Aparicio, quien no percibe las magnitud del problema, y se atreve a señalar; que no permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, cuando esta secretaría se encuentra inmersa en una red de corrupción heredada del pasado y de nuevos ilícitos cometidos por los pakales.
Gobierno de Chiapas ordena investigar presunta narconómina que menciona al grupo Pakal
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro)
El gobierno de Chiapas reaccionó a la publicación de la presunta “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en la que aparece la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)—una unidad de élite para el combate a la delincuencia organizada— dentro de las listas de pago, además de corporaciones municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, así como grupos armados en municipios indígenas.
Mientras que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que instruyó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una investigación exhaustiva para “castigar con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, el secretario de Seguridad del Pueblo, de quien depende la unidad Pakal, Óscar Aparicio Avendaño, reaccionó con indignación por la difusión de las listas y aseguró que la dependencia está abierta a cualquier revisión.
“Si existe cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley. Esta secretaría está plenamente disponible y abierta a cualquier revisión que determinen las instancias competentes. No tenemos nada que
De la Redacción
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó este domingo la vinculación a proceso de dos personas quienes son presuntos responsables de la quema de boletas electorales.
De acuerdo con una tarjeta informativa, los ahora procesados fueron identificados como Jhony “N” y María “N” y cometieron el delito en agravio de la sociedad durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, en el municipio de Emiliano Zapata.
Las autoridades señalaron que los hoy imputados se presentaron en la sección 15, la cual estaba instalada en la Escuela Primaria “Rural Emiliano Zapata” de la colonia Luis Echeverría.
El incidente se registró mientras los funcionarios realizaban las actividades de escrutinio y cómputo de los sufragios.
La autoridad estatal informó que ambos sujetos se apoderaron de la
El gobernador de Chiapas informó que instruyó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una investigación exhaustiva para “castigar con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”
ocultar y no encubrimos a nadie”, declaró Aparicio.
El funcionario afirmó que en la institución a su cargo “no hay encubrimiento ni privilegios; aquí hay autoridad, legalidad y compromiso”.
“Pero también lo digo con responsabilidad: no se puede ni se debe pretender desacreditar a toda una institución sin resoluciones ni pruebas concluyentes. Aquí hay mujeres y hombres que honran el uniforme y arriesgan su vida por la seguridad y la paz en Chiapas”, añadió.
A través de sus redes sociales, Ramírez Aguilar sostuvo: “No permitiremos que manchen a nuestras
instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas”.
En tanto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que la dependencia a su cargo inició una carpeta de investigación en torno a la nota publicada por El Universal.
“Les garantizo que, sin importar quién o quiénes cometan los delitos -con mayor razón si se trata de servidores públicos-, serán presentados ante la justicia bajo la política de ‘cero tolerancia y cero impunidad’, afirmó.
Por su parte, la alcaldesa de San
Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, señaló que las puertas de su administración están abiertas para que se realice la investigación correspondiente, tanto en la policía municipal como en el ayuntamiento, “y que caiga quien tenga que caer”.
La presidenta municipal aseguró que su gobierno ha trabajado contra la delincuencia y ha participado en operativos en los que se han asegurado armas y drogas. Indicó que como resultado de estas acciones se registró la pérdida de la vida de un policía municipal, quien -dijo- demostró lealtad y valentía.
Este domingo, El Universal difundió un listado de supuestos pagos que el grupo criminal realizaba para sus operaciones en Chiapas por más de dos millones de pesos.
Entre los nombres que aparecen en el documento se encuentran: “Estatal Pakales”, con 100 mil pesos; “Secretaría S. Cristóbal”, con 50 mil pesos; “Municipio San Cristóbal”, con 50 mil pesos; “Tigre” (quien podría ser un alto mando), con 283 mil pesos; “Direc Chiapa de Corzo”, con 50 mil pesos; y “Pueblo Nuevo Bruss”, con 113 mil pesos, entre otros.
Vinculan a proceso dos personas en Chiapas por la quema de boletas en los comicios locales de 2021
documentación electoral. Posteriormente, los señalados prendieron fuego a las boletas, impidiendo que se finalizara el conteo oficial necesario para validar el proceso democrático en esa demarcación.
La destrucción del material electoral fue señalada como una de las causas directas para invalidar las elecciones en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en Emiliano Zapata.
Tras las investigaciones conducentes, la fiscalía presentó las pruebas ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
El Juez de la Causa del Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo fue el encargado de resolver la situación jurídica de los señalados. Tras analizar los datos de prueba, determinó que existen elementos suficientes para
vincularlos a proceso.
Como parte del proceso penal, el juzgador impuso medidas cautelares que obligan a los imputados a presentarse a firma semanal en la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Esta medida busca garantizar que los procesados no evadan la acción de la justicia. Asimismo, se decretó la prohibición estricta de salir del estado y la
restricción de acercarse o comunicarse con cualquiera de los testigos que declararon sobre los hechos violentos en la casilla. Estas restricciones se mantendrán vigentes durante el tiempo que dure el proceso judicial.
Finalmente, el juez otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que se podrán aportar mayores pruebas.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Narconomina de “El Mencho” salpica a Policía de elite Pakal de Chiapas
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
La policía de élite de Chiapas —conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)— aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, localizada por El Universal en una de las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde el michoacano se refugiaba.
Entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la corporación —creada en 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar— habría recibido 100 mil pesos, según consta en un reporte general de gastos en el que se revela que al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de la entidad, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa. Elaborado en filas y columnas, algunas en color azul, en el documento contable se da cuenta de pagos a sicarios de choque, apoyos a autoridades y servicios en los municipios de Cha-
De la Redacción
Tapachula, Chis. (Tribuna)
En el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro de trabajo con la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México, Tatiana Clouthier Carrillo, con el objetivo de reforzar la cooperación entre instituciones en la frontera sur.
En la reunión también participaron la directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral Vela; el cónsul de México en Quetzaltenango, Guatemala, Víctor Manuel Jiménez Segovia; así como servidoras y servidores públicos federales y estatales. Durante el diálogo se acordó impulsar programas y proyectos que beneficien a las y los mexicanos que se encuentran en otros países, facilitando procesos administrativos y, sobre todo, el respeto a sus derechos. Asimismo, se analizaron temas relacionados con salud, economía, seguridad social, agroindustria, comercialización, generación de empleos, movilidad, turismo e infraestructura, entre otros.
En este marco, el mandatario estatal reconoció el compromiso y la convicción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el desarrollo estratégico de la región y reafirmó la disposición de mantener una coordinación institucional permanente
De acuerdo con la narconómina, el CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de entre 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana
pa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Chenalhó, Mapastepec, Villa Flores y en la comunidad de Zaragoza, municipio de Ocosingo.
Entre ellos destacan la entrega de 100 mil pesos a la “Estatal Pakales”; 50 mil pesos a “secretaria S. Cristóbal”; 50 mil pesos “municipio San Cristóbal”; “Direc. Chapa Corzo”, 50 mil pesos; “Lic. Chapa Corzo”, 35 mil pesos. De acuerdo con la narconómina, el
CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de entre 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana.
Tan sólo para mantener a su célula delictiva en Tzanembolóm, municipio de Chenalhó, con presencia de Los Herrera, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal destina 283 mil pesos semanales para 80 sicarios divididos en células de
10, comandadas por alias “Tigre”, de acuerdo con los reportes contables en poder de este diario. Informes federales refieren que la violencia en el estado de Chiapas aumentó desde 2023 debido a incursiones y enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel Chiapas-Guatemala por el control de la frontera con Guatemala, estratégica para el trasiego de drogas provenientes de Sudamérica. Al respecto, el gobernador de Chiapas, Oscar Eduardo Aguilar, dijo haber instruido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que inicie una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado, de ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables. No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas, advirtió el ejecutivo estatal. Información de EL UNIVERSAL
Eduardo Ramírez y Tatiana Clouthier impulsan mayor cooperación entre instituciones en la frontera sur
para impulsar programas y acciones que favorezcan la prosperidad. Subrayó que el establecimiento en Chiapas de los Polos de Desarrollo para el Bienestar representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, lo que se traducirá en mayores posibilidades de crecimiento económico para México y Centroamérica.
Ramírez Aguilar puntualizó que Chiapas se encuentra alineado a la política humanista promovida por la mandataria federal. En ese sentido, explicó que su administración ha puesto en marcha estrategias como el empleo temporal, la creación de la Fiscalía de Migrantes y otros proyectos prioritarios, lo que ha permitido salvaguardar los derechos humanos y brindar una estancia confortable y segura a las personas en condición de movilidad.
Por su parte, la titular del IMME, Tatiana Clouthier Carrillo, enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para ampliar la atención y el bienestar de las y los connacionales en el exterior. Informó sobre la apertura de una ventanilla del Bienestar en Huehuetenango y manifestó el interés de consolidar alianzas en materia de salud, educación, capacitación para el trabajo y seguridad social.
A su vez, la directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra Del Moral Vela, resaltó los programas y proyectos de coo-
peración impulsados por México, así como el fortalecimiento de los albergues para personas refugiadas en Tapachula y Huixtla. También hizo hincapié en la importancia de la sanidad agropecuaria en los cruces fronterizos y señaló que, mediante el programa Sembrando Vida, en Guatemala se beneficiará a 20 mil personas.
El cónsul de México en Quetzaltenango, Guatemala, Víctor Manuel Jiménez Segovia, detalló que se trabaja en un nuevo modelo de diplomacia consular centrado en una estrategia integral para la atención de la población mexicana en la frontera sur, mediante tres ejes: la justicia histórica y reivindicación social de las ancestras; el bienestar para la población; y el referente a la integración regional.
El director general para Centroamérica y el Caribe de la SRE, Carlos Imanol Belausteguigoitia Reyes, destacó la necesidad de fortalecer el comercio transfronterizo y solicitó el acompañamiento del Gobierno de Chiapas para habilitar nuevos cruces fronterizos de carácter comercial. De igual forma, planteó la posibilidad de establecer acuerdos con Guatemala que permitan articular ambos sistemas y ampliar las oportunidades laborales.
El secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, explicó que a través de las cartillas de salud dirigidas a personas
en movilidad se fortalece la vigilancia epidemiológica, al tiempo que se brinda atención médica y seguimiento a padecimientos que requieren especial cuidado, como el paludismo. Precisó que este documento permite llevar un registro puntual de la condición de salud de cada persona, de modo que, en caso de trasladarse a otras entidades federativas, se facilite la continuidad de su atención.
En este encuentro estuvieron presentes la directora ejecutiva “B” del IMME, Lydia Antonio de la Garza; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; el subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Castillejos; el director de Creación de Estrategias y Planificación de Proyectos Especiales de Cooperación Internacional, Manuel Alejandro Guzmán; la secretaria privada del Gobernador, Patsy Carrillo; el director general del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, José Luis Sánchez García, entre otros.
Matan a niña indígena de 3 años en Taquintenam, Chiapas; aprehenden al presunto feminicida
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro)
Alexa, una niña de tres años, integrante de la etnia chol, murió tras ser víctima de violencia extrema luego de desaparecer cuando jugaba en el patio de su casa, en la comunidad de Taquintenam, municipio de Tila, en la región norte de Chiapas, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.
“La menor desapareció de su casa el domingo y el martes fue encontrada sin vida por una brigada de búsqueda, en un radio de 250 metros del domicilio del presunto responsable”, señaló el funcionario al dar a conocer la detención de un hombre identificado como Daniel.
El fiscal explicó que, de acuerdo con las diligencias periciales, “la causa de muerte fue una hemorragia aguda secundaria a un traumatismo cerrado de tórax y abdomen”.
Tras confirmarse el feminicidio, colectivas feministas manifestaron su profunda indignación. La Comisión Estatal Una Vida Libre de Violencia de la colectiva 50+1 condenó enérgicamente el crimen y exigió justicia.
En un pronunciamiento público,
De la Redacción
Tecún Umán, Guat. (Tribuna)
La Secretaría de Salud de Chiapas, a través de la Jurisdicción Sanitaria número VII, en coordinación con el Departamento de San Marcos, Guatemala, implementa un plan binacional de vacunación y búsqueda activa de casos, con el objetivo de prevenir brotes de sarampión y proteger la salud de la población en la región fronteriza.
Esta estrategia tiene como propósito garantizar la cobertura universal de vacunación en comunidades prioritarias, fortalecer la vigilancia epidemiológica y reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa, mediante acciones coordinadas entre ambos países.
Ante el gobernador del Departamento de San Marcos, Rolando López Crisóstomo, el secretario de Salud en la Nueva ERA, Omar Gómez Cruz, enfatizó que “son muy importantes los esfuerzos que se realizan de acciones prevenibles entre ambas fronteras. Tenemos la oportunidad histórica de demostrar que en la parte fronteriza hay una gran hermandad en lo que es la salud pública y el tema epidemiológico”.
“La menor desapareció de su casa el domingo y el martes fue encontrada sin vida por una brigada de búsqueda, en un radio de 250 metros del domicilio del presunto responsable”, señaló el fiscal del estado
la agrupación señaló que la desaparición ocurrió el domingo 22 de febrero, cuando la niña salió a jugar en su comunidad. Posteriormente, su localización reveló un escenario de extrema violencia.
“El cuerpo de Alexa presentaba huellas de extrema violencia, signos de abuso sexual y traumatismos severos que terminaron con su vida de forma inhumana”.
La colectiva destacó que los pa -
dres de la víctima, de origen indígena y no hispanohablantes, enfrentaron barreras de comunicación que dificultaron la solicitud inicial de apoyo, lo que —indicaron— evidencia la falta de protocolos con enfoque intercultural en las instituciones de procuración de justicia. Asimismo, cuestionaron que este crimen ocurriera en una entidad que cuenta con Alerta de Violencia de Género, y advirtieron que, con el
caso de Alexa, suman siete feminicidios en Chiapas en los primeros dos meses del año.
La organización 50+1 planteó exigencias puntuales: la aplicación de todo el peso de la ley al responsable, con perspectiva de género e infancia; la revisión inmediata y profunda de la Alerta de Violencia de Género en el estado; la implementación obligatoria de protocolos de atención en lenguas indígenas en todas las agencias del Ministerio Público, así como la reparación integral del daño y un acompañamiento digno para la familia.
“El daño causado a una niña inocente es un agravio para toda la sociedad chiapaneca. No permitiremos que el nombre de Alexa sea olvidado ni que la impunidad sea la respuesta del Estado”, manifestaron.
El caso ha generado consternación en la región norte de Chiapas y reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas públicas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas en contextos indígenas.
México y Guatemala fortalecen acciones de vacunación ante riesgo de sarampión en la región fronteriza
El plan prioriza la atención de los grupos más vulnerables, incluyendo niñas y niños de seis a nueve años de edad, adolescentes de 10 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 49 años, con especial énfasis en la aplicación de vacunas SR y SRP a quienes no cuentan con esquemas completos.
En territorio mexicano, las acciones se desarrollan en los municipios de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Suchiate; mientras que por parte de Guatemala participan Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Malacatán, Tecún Umán y Ocós.
Entre las estrategias implementadas destacan la instalación de módulos de vacunación en puntos de alta afluencia, como terminales de autobuses y cruces fronterizos; el bloqueo vacunal inmediato ante la detección de casos sospechosos; barridos casa por casa para la aplicación de vacunas; perifoneo comunitario para informar sobre síntomas de alerta como fiebre y exantema; así como la instalación de módulos
de vacunación binacionales. El cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado, manifestó: “lo que estamos aquí presenciando no es nada menos que histórico, el arranque de esta estrategia fronteriza para reforzar acciones para prevenir el sarampión”.
Finalmente, la directora de Redes Integradas de Servicios de Salud en el Departamento de San Marcos, Eliza Barrios, dijo que “si unimos
fuerzas, si reforzamos acciones a nivel fronterizo, vamos a lograr la prevención del sarampión, ya que la mejor medida para prevenir esta enfermedad es vacunar”.
Estas acciones reflejan el compromiso de México y Guatemala de trabajar de manera coordinada para proteger la salud de sus poblaciones, reforzar las medidas de prevención y garantizar el bienestar de las comunidades fronterizas.
PT se deslinda de Pedro Segura, excandidato a gobernador, tras evento con Los Alegres del Barranco
Luis Daniel Nava CHILPANCINGO, Gro., (apro)
La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero también se deslindó de su excandidato a gobernador, el empresario ganadero Pedro Segura Valladares y culpó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de su postulación.
“Nunca ha sido militante de este instituto político y en el proceso electoral 2020-2021 fue propuesta del PVEM para ser candidato a gobernador”.
El deslinde del excandidato de ambos partidos, aliados de Morena, ocurrió luego de que Pedro Segura contrató a Los Alegres del Barranco para homenajear a Nemesio Oseguera “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en su rancho Vida en el Lago, en Tepecoacuilco, en la región Norte de la entidad.
La madrugada del 25 de febrero, en el concierto gratuito, el ganadero insistió a la agrupación de Sinaloa que le tocaran “El Dueño del Palenque”, canción dedicada al presunto jefe criminal. Incluso balbuceó: “Soy el dueño del palenque”.
El cantante Pavel Moreno se negó argumentando que saldrían perjudicados, como ya ha sucedido.
Al inicio, Segura Valladares aseguró al público que serían cantados todos los corridos prohibidos porque era un evento privado y arengó:
“Y el gobierno a chingar su madre, ¡vámonos!”.
Tras la difusión del hecho, el miércoles 25 del presente, en su cuenta de Facebook, Pedro Segura amenazó a
Elizabeth Rivera Avelar
GUADALAJARA, Jal. (apro)
Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional montaron este domingo un dispositivo de seguridad principalmente en dos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara: una sala de velación ubicada en el oriente de la ciudad y el cementerio privado Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan. El operativo más aparatoso se concentró en la funeraria Funerales La Paz, en la colonia San Andrés, sobre la calle Gigantes.
A las 9:40 horas arribaron dos carrozas —una blanca y otra dorada— al inmueble. Antes, en el municipio de Ocotlán un féretro fue transferido de un vehículo a otro antes de continuar el trayecto hacia la capital jalisciense. La circulación vehicular quedó restringida en el tramo comprendido entre las calles Ejido y Ramón López Velarde (calle 74). Solo se permitió el acceso a residentes y a automotores vinculados con el servicio funerario. En los costados de la calle se apostaron unidades blindadas del Ejército y de la Guardia Nacional, mientras un
El deslinde del excandidato del PT y PVEM, aliados de Morena, ocurrió luego de que el ganadero contrató a esa agrupación para homenajear a “El Mencho”, en su rancho Vida en el Lago, en Tepecoacuilco
Carlos Loret de Mola: “El perro que me ladra le doy un varazo en el hocico”. El viernes 27, en un comunicado, el PVEM se deslindó de su candidato a gobernador en Guerrero en 2021.
“Pedro Segura no es ni ha sido militante del Partido Verde, tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna. El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo. dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año”.
Y condenó cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal y enfatizó que respaldarán cualquier actuación de las autoridades para determinar cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido Pedro Segura.
El ganadero respondió que se encargaría de desaparecer en esta entidad al Partido Verde.
Este sábado, el PT en Guerrero hizo lo mismo, pero responsabilizó al partido Verde. “Negamos contundentemente cualquier vínculo con el señor Pedro Segura Valladares, nunca ha sido militante de este instituto político y en el proceso electoral 2020-2021 fue propuesta del Partido Verde Ecologista de México para ser candidato a Gobernador en la coalición que ambos partidos políticos registramos ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana.
“Ese fue el único vinculo que mantuvimos con esta persona, relación que terminó con la elección de dicho proceso electoral y jamás ha existido otra relación política, electoral ni de otro tipo”, dijo el partido dirigido por Victoriano Wences Real. “Condenamos cualquier manifestación que induzca a la reproducción de patrones antisociales y antijuridicos”.
El PT en Guerrero ha sido controlado desde hace 17 años por Wences,
quien, junto a su esposa, la diputada local Leticia Mosso, han convertido al partido en un negocio político al acaparar todas las candidaturas y manejar a los municipios que gobierna el partido.
La misma Leticia Mosso, diputada local en tres ocasiones consecutivas por la vía plurinominal, reveló sin ningún recato desde la máxima tribuna del estado que, desde hace siete años que es legisladora recibe al mes 300 mil pesos, lo mismo que todos los diputados del Congreso de Guerrero.
Pedro Segura fue detenido, el 12 de agosto de 2025, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada. Testigos protegidos lo señalaron de haber recibido en su rancho a cuatro de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías y criminales de la organización Guerreros Unidos, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Antes, el 28 de agosto de 2022, Ezequiel Mora Chora, don Cheque, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de agosto de 2014, murió de un infarto en el hotel La Vida en el Lago de Segura Valladares.
El empresario había convocado a un grupo de padres para marchar en apoyo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presos por delincuencia organizada.
Fuerte operativo de seguridad en funeraria de Guadalajara y cementerio de Zapopan
helicóptero de esta última corporación realizó sobrevuelos intermitentes.
Arreglos florales
Durante la mañana llegaron diversos arreglos florales. Entre ellos destacó una figura monumental de un gallo elaborada con flores rojas, amarillas y naranjas, acompañada de un mensaje con siglas alusivas a un grupo delictivo. También ingresó una cruz de gran tamaño confeccionada con flores blancas. Antes habían sido colocadas tres coronas con la leyenda: “De parte de una familia que siempre estará agradecida”. Más tarde, personal de la funeraria solicitó retirar nombres y mensajes de los arreglos que continuaban llegando.
Al sitio acudieron mujeres jóvenes vestidas de negro, con tacones altos, bolsos de diseñador y maquillaje acentuado; algunas portaban lentes oscuros. En el transcurso del día, una lluvia intensa, acompañada de descargas
eléctricas, cayó sobre la zona.
Antes, en el cementerio privado Recinto de la Paz, localizado entre las avenidas Aviación y Ramón Corona, en Zapopan, el acceso se mantuvo abierto al público. Visitantes habituales pudieron ingresar, aunque elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron las cajuelas de todos los vehículos que entraban al estacionamiento. En ese punto también permanecieron desplegadas unidades y efectivos federales.
Los puestos de flores en el exterior del camposanto operaron con normalidad, al igual que los comercios cercanos, aún con la presencia de personal armado y vehículos militares.
Colocan ponchallantas En otro frente, se reportaron detonaciones de arma de fuego y la colocación de artefactos ponchallantas en distintos puntos de la ciudad. Sobre avenida Américas y López Mateos, a la altura de la glorieta Colón, en Za-
popan, dos vehículos —uno de ellos de transporte público— resultaron dañados por los objetos arrojados al asfalto. Asimismo, en el cruce de Tomás V. Gómez y López Mateos se registró un ataque a balazos contra un automóvil blanco. No se informó de personas lesionadas.
A lo largo del domingo, el Área Metropolitana de Guadalajara transitó entre la actividad ordinaria en varias colonias y un ambiente de expectación en las zonas bajo resguardo federal, donde el despliegue de seguridad marcó la jornada.
Diego Fernández, Labastida y Beltrones defienden el PREP: “eliminarlo nos regresaría a 2018”
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Excandidatos presidenciales y exlegisladores de oposición propusieron que, en la próxima Reforma Electoral, se mantenga el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se elimine la sobrerrepresentación del 8%, para evitar que se repita lo ocurrido con Morena y sus aliados en el 2024. En un posicionamiento difundido en las redes sociales de la Revista Voz y Voto, los priístas Francisco Labastida Ochoa y Manlio Fabio Beltrones, el panista Diego Fernández de Ceballos y el experredista Jorge Alcocer Villanueva, aseguraron que “es necesario preservar y fortalecer la calidad de nuestro sistema electoral”.
Por ello, dijeron que “debe mantenerse la profesionalización del personal en el INE y en los OPLES, así como el programa de resultados electorales preliminares (PREP). Eliminarlos nos regresaría a 1988”.
Dicha propuesta es contraria a la que expuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado miércoles 25.
Los cuatro firmantes agregaron que “las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popu-
Los excandidatos presidenciales y el senador opositor proponen que se elimine la sobrerrepresentación para evitar que se repita lo ocurrido con Morena y sus aliados en el 2024
lar. Sin embargo, en 2024 la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación que con el 54% de los votos le otorgó el 73% del total de diputados. Eso no debe volver a ocurrir”.
Los opositores se pronunciaron por “mejorar la representación popular y la representatividad de todas las fuerzas políticas, para que los votos se reflejen, de mejor forma en el número de curules o escaños que corresponden a cada partido o coalición electoral”.
Entonces, propusieron “eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8%, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o
coalición electoral”. Manifestaron coincidencia con quienes proponen suprimir los 32 senadores de lista nacional. Sin embargo, “para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado”, propusieron que existan “96, senadores, electos mediante el sistema de 32 listas, con tres escaños por entidad federativa, usando el método de asignación de proporcionalidad directa”.
No usar programas sociales
Labastida, Beltrones, Fernández de Cevallos y Alcocer consideraron necesario reducir el financiamiento de partidos políticos “que ha llegado a montos que ofenden a la sociedad. Esa
reducción debe lograrse sin afectar la equidad en la competencia electoral”.
Y resaltaron que “se requiere asegurar que los programas sociales no sean usados en beneficio de cualquier partido político”.
Respecto al tiempo de Estado que se usa en los procesos electorales, los consideraron que “debe permanecer sin cambio, lo que se requiere modificar es la forma de usarlo, para tener menos spots, más información y debates”.
Los firmantes añadieron que la democracia en México “requiere cambios que la fortalezcan, entre ellos, los que aseguran elecciones libres y justas, con resultados apegados a la voluntad popular. Lo que los mexicanos y mexicanas queremos es mejorar nuestra democracia, no distorsionarla ni abaratarla”.
Subrayaron que el país necesita “una democracia de calidad con autoridades electorales, autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia, en cada etapa de los procesos electorales”.
Por último, llamaron al gobierno, legisladores y partidos políticos a “abrir causas al diálogo y la construcción de acuerdos. Es necesario escuchar todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”.
“México siempre va a abogar por la paz mundial”: Sheinbaum
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
“México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el contexto de los ataques violentos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de éste que, desde la madrugada de ayer, han dejado cientos de muertos, entre ellos, civiles e infantes.
Aunque no mencionó directamente el conflicto, aseguró que “en estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz; siempre, en cualquier circunstancia”.
Desde Comondú, Baja California, en un acto público junto con el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la mandataria federal recordó los principios de política exterior marcados en el artículo 89 de la Constitución mexicana.
“El presidente, o la presidenta en este caso, tienen que observar principios de política exterior: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de los Estados de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad”.
Esos, dijo, “van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”.
La jefa del Ejecutivo recordó que esos principios provienen del gobierno de Venustiano Carranza, a quien “le tocó combatir la invasión de Estados Unidos (a México) en 1914 en Veracruz”. De paso, mencionó la intervención estadounidense en 1847-
1848, cuando “se llevaron la mitad del territorio mexicano”; así como de la llamada Doctrina Estrada. Y así, sin un pronunciamiento directo sobre el conflicto bélico internacional, reaccionó la presidenta Sheinbaum Pardo, luego de que ayer por la madrugada Estados Unidos e Israel realizaron un operativo militar para atacar a Irán y provocaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder
supremo de Irán desde 1989. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los acontecimientos en el Medio Oriente e hizo un “llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región”.
El Mencho: narconóminas y hallazgos a una semana del abatimiento del líder del CJNG
De
la Redacción
Ciudad de México (apro)
Asiete días del operativo militar en Jalisco que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades mexicanas y medios han dado a conocer documentos, objetos y estructuras internas de la organización que apuntan a cómo operaba el capo y qué posibles líneas de poder podrían surgir tras su abatimiento.
El 22 de febrero pasado, fuerzas federales ingresaron a un inmueble en Tapalpa, Jalisco, tras recibir información de inteligencia que permitió ubicar al narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos, donde tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura o arresto.
Desde entonces, investigaciones oficiales han puesto a disposición ciertos hallazgos con valor probatorio, mientras que analistas de seguridad advierten sobre un posible vacío de poder en el CJNG con el avance de conflictos internos entre células delictivas.
Lo que revelan las narconóminas y documentos recuperados
Tras el operativo que culminó con la muerte de El Mencho, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) recuperaron una llamada “narconómina”, integrada por documentos digitales y manuscritos que detallan finanzas operativas del CJNG.
Estos archivos, fechados en diciembre de 2025, registran ingresos y egresos vinculados con cobros de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, así como
Verónica Espinosa CIUDAD DE MÉXICO, (apro)
Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, pidió las renuncias de cerca de la mitad de los actuales delegados de la Fiscalía Genreral de la República (FRG) en los estados, los cuales deberán dejar sus cargos de inmediato, con efecto al 1 de marzo.
Proceso conoció que, por lo pronto, serían 15 los delegados que dejarán sus cargos. Entre ellos figuran el de Michoacán, Hidalgo, Nuevo León y la Ciudad de México.
Asimismo, Godoy contempla cambios de titulares en las delegaciones de la FGR en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Durango y presumiblemente Jalisco.
A una semana del abatimiento de El Mencho: revelan narconóminas, hallazgos en Tapalpa y posibles sucesores del CJNG
pagos regulares a miembros de la organización. Entre los rubros, se incluyen salarios de sicarios y halcones, pagos a operadores y hackers, así como supuestos sobornos a agentes de seguridad pública.
La narconómina menciona nombres y roles de integrantes del CJNG —como El Tuli, El Sapo, El Meño, La Gallina y El Yogurt— con montos variables que indican estructuras jerárquicas en plazas como Villa Purificación, Autlán de Navarro y Puerto Vallarta.
Hallazgos en el sitio donde se hospedaba El Mencho
Además de documentos financieros, investigadores encontraron objetos personales e indicios de hábitos delictivos en el lugar donde fue abatido El Mencho.
En el inmueble —ubicado en una zona exclusiva de Tapalpa— se hallaron artículos religiosos como un crucifijo, veladoras con imágenes de
santos y una copia manuscrita del Salmo 91, frecuentemente invocado para pedir protección. También se encontraron medicamentos y otros objetos que sugieren que el líder criminal llevaba cierto cuidado de salud y aspectos personales hasta antes de su muerte.
Estos hallazgos contrastan con la percepción histórica de El Mencho como un capo violento e indican un uso de símbolos religiosos en su entorno personal, algo observado previamente en otros líderes de cárteles.
¿Qué se sabe de su estado de salud antes de ser abatido?
Desde años atrás, análisis oficiales habían sugerido que El Mencho padecía enfermedades crónicas, incluyendo problemas renales, lo que motivó rumores no confirmados sobre su muerte en años anteriores.
Versiones de prensa indicaron que el capo habría construido instalaciones médicas en zonas bajo control del
CJNG, aunque autoridades y fuentes médicas no han confirmado de forma oficial la veracidad de esos centros de atención o el alcance real de sus padecimientos.
Violencia tras su abatimiento y trabajo de inteligencia
El operativo que terminó con la vida de El Mencho provocó una ola de violencia generalizada en al menos 20 entidades de la República Mexicana, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos y actos de sabotaje por parte de células del CJNG como reacción inicial a la ausencia de su líder.
El Gobierno mexicano, en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos, aseguró que la operación se planeó con base en información clave de seguimiento a personas cercanas al capo.
Vacío de poder y posibles sucesores dentro del CJNG
Con El Mencho muerto y su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, bajo custodia en Estados Unidos desde hace años, analistas en seguridad señalan que el CJNG enfrenta un vacío de liderazgo que podría derivar en disputas internas. Fuentes abiertas identifican a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, como uno de los posibles líderes con influencia dentro del grupo criminal tras el abatimiento del capo. Especialistas en crimen organizado han advertido que sin un reemplazo consolidado, distintas facciones dentro del CJNG podrían disputar territorios, lo que a su vez podría generar nuevos ciclos de violencia o alianzas estratégicas con otros grupos delictivos en México.
Ernestina Godoy exige renuncia de cerca de la mitad de delegados de la FGR en distintos estados
La comunicación oficial en la que se notifican dichos cambios se conoció el sábado 28 desde temprano entre personal de la FGR, y requiere las renuncias inmediatas de dichos funcionarios, así como que sus respectivas oficinas deben quedar desocupadas para los nuevos titulares el lunes 2 de marzo.
Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR en diciembre pasado, tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en Reino Unido.
Suman seis desapariciones y ocho asesinatos de madres buscadoras en el gobierno de Sheinbaum: Artículo 19
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
La organización Artículo 19 contabiliza 14 agresiones en México en contra de las madres buscadoras por su labor en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, de las que seis son desapariciones y ocho asesinatos. El caso más reciente es el de Rubí Patricia Gómez Tagle, buscadora asesinada en el marco de la visita de la mandataria a Sinaloa, y el de María de los Ángeles Valenzuela, desaparecida desde el 14 de octubre de 2025. Ambas pertenecían al mismo colectivo: Corazones Unidos por una misma causa, de Mazatlán Sinaloa. “La seguridad de las personas defensoras de derechos humanos como son las buscadoras no está garantizada. Buscar no puede costar la vida. La labor de búsqueda constituye una actividad legítima de defensa del derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria”, añadió Artículo 19.
México afronta una crisis de violencia donde las desaparicones forzadas han tomado protagonismo en
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)
El concurso mercantil al que se someterá voluntariamente TV Azteca no implica la quiebra inmediata de la empresa, pero sí indica que la televisora se encuentra en estado de crisis, pues para acudir a este procedimiento debe acreditar que es insolvente.
El 26 de febrero último la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego anunció que entrará voluntariamente a concurso mercantil para reorganizarse corporativa y operativamente, pues argumentó que desde el año 2018 enfrenta diversos problemas económicos por el pago de licencias, la pandemia de covid-19 y el pago de la millonaria deuda fiscal con el SAT que recién fue destrabado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista con Proceso, Carlos Olvera Ferrer, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, explicó qué significa el anuncio de la televisora para sus acreedores y los trabajadores.
“Los trabajadores no tienen un riesgo inminente, o sea, no se agrava su situación ni se les pone en peligro por motivo del concurso”, precisó el abogado especialista en derecho mercantil.
Olvera Ferrer detalló que hasta el momento TV Azteca no ha presentado aún el concurso mercantil sino que únicamente su asamblea de accionistas, en una sesión extraordinaria, to-
El caso más recientes es el de Rubí Patricia Gómez Tagle, quien buscaba desde mayo a su hijo Édgar Daniel López y su homicidio ocurrió en el marco de la visita de la mandataria a Sinaloa
distintos estados del país; Sinaloa es uno de los más afectados por este tipo de delito dado a que la violencia en la entidad ha incrementado a raíz de la pugna interna del Cártel de Sinaloa. Artículo 19 resalta que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas apunta a que el Sistema Nacional de Búsqueda y las
autoridades competentes tienen la obligación de investigar, sancionar y proteger en todas las áreas a las víctimas.
Y señalan que a nivel internacional, en 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación hacia México sobre la vulnerabilidad en la que las
buscadoras se encuentran.
¿Qué le pasó a Rubí Patricia Gómez Tagle?
El viernes, la buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle fue asesinada en el marco de la visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa; su homicidio habría ocurrido al interior de su domicilio a causa de varias heridas ocasionadas con un arma punzocortante, según recogen los medios locales.
La mujer se unió al colectivo Corazones unidos por una misma causa a raíz de la desaparición de su hijo, Édgar Daniel López Gómez Tagle el 29 de mayo.
Sus compañeras buscadoras condenaron el asesinato que se une al de Marisela Escobedo, Miriam Rodríguez y otras más. Afirmaron que el hecho es una “bofetada a la seguridad nacional”. Reclaman que tanto ellas como sus compañeras no cuentan con medidas de protección. Información de Latinus.
Concurso mercantil de TV Azteca: causas, implicaciones legales y efectos laborales
mó la decisión de iniciar este proceso judicial.
“Hay dos formas de entrar a concurso: una es voluntaria, que es cuando lo solicita el propio comerciante objeto del concurso, y otra es involuntaria, que es cuando lo solicitan los acreedores (personas físicas o morales a las que la empresa le debe dinero)”, dijo.
“Éste es voluntario porque lo solicita la propia empresa y es una oportunidad para que puedan reinsertarse de manera apropiada en la actividad productiva derivado de que está pasando por una crisis y necesita reorganizarse”.
Agregó que este proceso es similar al de Estados Unidos conocido como Chapter 11 y que esto no significa que TV Azteca esté en quiebra.
“Puede acabar en quiebra, pero para que eso suceda debe haber una serie de condiciones y de supuestos, pero esto no significa que está anticipando que (la empresa) va a ir a quiebra sino que va a iniciar un procedimiento de concurso mercantil voluntario en la etapa de reorganización”, agregó.
El abogado refirió que en realidad este procedimiento busca evitar que la empresa siga endeudándose o que lo haga de manera que no pueda con-
trolar sus deudas, pues actualmente está en una situación comprometida, pero no crítica.
“(Es) para que no se pongan en una situación crítica, porque si estuviera así estaríamos hablando de que presente un proceso de quiebra”, apuntó.
¿Cómo afecta a los trabajadores?
Aunque es conocido que los concursos mercantiles son procesos utilizados por las empresas para controlar sus deudas, una de las preguntas constantes es ¿qué pasa con los trabajadores de una empresa que entra a concurso mercantil?
Al respecto, Olvera Ferrer refirió que dentro de toda reorganización en las empresas suele haber recortes de todo tipo, incluidos los de personal, pero no es una regla a cumplir.
“No es obligatorio que por entrar al concurso vaya a haber un recorte (de personal) pero sí es una posibilidad y yo creo que por el perfil de la compañía no es el tipo de cosas que están pensando hacer, yo creo que esto está más orientado a sus acreedores, no a sus trabajadores, es decir, no creo que tengan una problemática laboral, más bien creo que lo que tienen es una problemática con sus acreedores y en eso se va a enfocar el proceso de concurso”, comentó.
Mediante un comunicado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el empresario Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, ya comenzó a pagar la deuda de 32 mil 132 millones 987 mil 658 pesos mediante un primer pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos y que el resto lo liquidará en 18 “paguitos”.
Por ello, el especialista consideró que los pagos al SAT están garantizados, pues esto indica que la empresa realizó un convenio con la autoridad fiscal y no ve en ello una estrategia para no pagar el resto de la deuda.
“Finalmente la obligación de pagar el resto de sus obligaciones fiscales está sujeta a un convenio que celebraron con el SAT y el SAT puede exigir el cumplimiento de este convenio”, afirmó.
Exigen al Estado mexicano cumplir sentencia de la CoIDH en caso Ernestina Ascencio
(Cimacnoticias)
Fue hace 19 años cuando sucedió el feminicidio de Ernestina Ascencio, una mujer indígena náhuatl de 73 años quien experimentó violencia sexual por parte de elementos del Ejército que ocasionó su muerte y al no encontrar justicia en territorio nacional su caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos quien señaló como culpable al Estado mexicano; sin embargo, a dos meses del fallo organizaciones de la sociedad civil y familiares denunciaron que no existe una hoja de ruta para su cumplimiento.
Por el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indagará el caso en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevando a cabo una investigación sobre la tortura sexual, así como la muerte de Ernestina Ascencio bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especiali9zada de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).
De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil como Kalli Luz Marina A.C., Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Kennedy Human Rights Center, y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (IRDH); al día siguiente de la notificación por parte de la Corte IDH solicitaron al Estado mexicano remitir cuanto antes una hoja de ruta con acciones y propuestas para el cumplimiento de las medidas de reparación.
A la fecha, señalaron que el Estado mexicano no ha realizado una propuesta retrasando así el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación del daño para Ernestina y su familia, además de poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país. Cabe recordar que, entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH se encuentran:
Implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico a las y los familiares y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, se le dictó implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un
la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indagará el caso en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevando a cabo una investigación sobre la tortura sexual
Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia. Las organizaciones advirtieron que el fallo de la Corte IDH es un momento histórico que coincide con las casi dos décadas de impunidad en el caso. Esto en razón de que no solo señala la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones contra Ernestina Ascencio y su familia; sino la intervención de las autoridades para proteger a los responsables, las barreras lingüísticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria, constituyendo así una violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.
A su vez, la sentencia representa un precedente histórico porque reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y reconoce la obligación de los Estados para garantizar justicia como resultado de la lucha de la familia de Ernestina Ascencio y de las organizaciones. Por lo que, apuntaron que el Estado mexicano tiene la oportunidad de «honrar la sentencia» mediante acciones concretas para garantizar justicia y no repetición.
«A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse» -organizaciones de la sociedad civil.
La discusión de la Corte IDH
El 16 de diciembre de 2025, la Corte IDH señaló al Estado mexicano como responsable de la tortura sexual y muerte de Ernestina Ascencio. Además, el caso se mantiene en impunidad durante tres gobiernos más el actual de la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo.
La Corte IDH determinó que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, además violentó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
Estas violaciones a la ley se sentenciaron, luego de que se constató que Ernestina Ascencio Rosario, mujer de 73 años y habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde 2006.
Además se concluyó que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio Rosario constituyó un acto de tortura al ser intencional y provocarle graves sufrimientos físicos y mentales con fines de humillación y control; además determinó que el Estado violó su derecho a la salud, ya que fue trasladada durante horas sin recibir atención y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco antes de ser intervenida quirúrgicamente, situación agravada por la falta de intérpretes de náhuatl que dificultó la comunicación con el personal médico.
De manera adicional, la Corte sentenció que la investigación ministerial de los hechos no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria, fue cerrada de manera prematura sin agotar las líneas de investigación ne-
cesarias y se sustentó en estereotipos étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Pese a estás múltiples pruebas y denuncias, las autoridades veracruzanas habían cerrado el el caso, concluyendo que Ascencio había muerto de una gastritis crónica, una resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Calderón, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
El caso de Ernestina Ascencio El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio se encontraba pastoreando ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, pero no regresó a su hogar. Sus familiares salieron a buscarla y más tarde, su hija la encontró herida a 300 metros del campamento del 63 Batallón de Infantería del Ejército, ubicado cerca de su población. La familia no logro acceder a servicios médicos y tardaron más de 10 horas en ingresar a Ernestina al Hospital Regional de Río Blanco donde no había traductores que la asistieran. Durante la madrugada del 26 de febrero de 2007, la mujer falleció debido a sus lesiones y la primera autopsia realizada por la médica María Catalina Rodríguez Rosas y el médico Juan Pablo Mendizábal Pérez, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) advirtió que la mujer experimentó violencia sexual. El caso trascendió a nivel nacional porque ocurrió durante la administración de Felipe Calderón (20062012) quien militarizó al país ante la llamada «guerra contra el narcotráfico» y desplegó elementos del Ejército en varias partes de la República, sobre todo en zonas indígenas donde fueron señalados por cometer abusos contra niñas y mujeres como los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en 2002 y de los cuales también fueron llevados ante la Corte IDH. Sin embargo, cuando el caso de Ernestina Ascencio se visibilizó, el entonces presidente Felipe Calderón hizo mención de que la mujer falleció por «gastritis crónica» estableciendo así una causa de muerte incluso cuando el caso aún se encontraba siendo investigado por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta última instancia respaldó la versión del presidente.
IMUMI CUMPLE 15 AÑOS EN DEFENSA DE MUJERES MIGRANTES
Wendy Rayón Garay
En 2010, dos abogadas con extenso trabajo sobre el tema migratorio se dieron cuenta que en México ninguna organización o institución abordaban la migración con un enfoque específico de mujeres, por lo que decidieron crear el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y tras 15 años de labor han logrado asistir a más de 6 mil mujeres y sus familias.
Por lo que desde hace 15 años, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) comenzó a trabajar el tema conformando una organización civil con tres integrantes como base. Con el paso del tiempo crecieron a cinco y en el presente ya suman 28 mujeres abogadas, psicólogas, internacionalistas y periodistas, así lo informó Miriam González Sánchez, coordinadora de Comunicación en entrevista para Cimacnoticias.
Desde entonces, el enfoque de IMUMI ha sido escuchar a las mujeres migrantes y colocar sus voces en el centro para ofrecer un acompañamiento psicosocial:
«Nosotras partimos de la premisa de que las mujeres deben tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que quieren, pero estas decisiones tienen que ser informadas y ellas a su vez tienen que tener las condiciones para que pudieran tomar las mejores decisiones para su vida y la de sus familias», advirtió Miriam González Sánchez.
A lo largo de 15 años de trabajo, IMUMI ha proporcionado acompañamiento en casos de asilo, visas humanitarias, reunificaciones familiares, registros de doble nacionalidad, acceso a la educación, custodias transnacionales, y el reconocimiento de más de 60 mil niñas y niños nacidos en Estados Unidos quienes viven en México. Sobre este último, trabajaron en reformas a las normas de control de educación de nivel básico en 2015 y dos años más tarde, en la Ley General de Educación para modificar que no se necesitaba contar con un documento mexicano para que las infancias migrantes accedieran a la educación.
Gracias a su litigio estratégico han logrado compensaciones significativas a las familias afectadas por detenciones migratorias, arbitrarias y llevadas a cabo por medio de actos de tortura generando así una compensación de 40 millones de pesos en compensaciones para familiar.
Asimismo, su trabajo se ha extendido con ayuda de mil pasantes y voluntarias legales en todo el mundo, así con al menos 10 universidades para documentar la violencia contra las mujeres migrantes en México.
Estas defensoras de las mujeres en la migración lograron conformar
una clínica jurídica, espacio que comenzó con una abogada en derecho migratorio mexicano y que, al día de hoy, ya cuenta con abogadas estadounidenses quienes pueden litigar en Estados Unidos. A su vez, tienen un área de asilo, niñez migrante y acompañamiento psicosocial.
La labor de IMUMI es fundamental porque México está considerado como un territorio origen, tránsito y destino migratorio, donde incluso se ha manifestado una feminización de la migración.
Según el informe «Mujer migrante y movilidad migrante en México» para el año 2020 el país figuró como el segundo lugar de la lista de principales países de origen respecto a la población migrante; sin embargo, constituyó el cuarto país sobre el número de mujeres migrantes con 5.2 millones de ellas quienes conformaron el 46.8% de la población mexicana migrante y el 1.9% de la población mundial.
También es considerado territorio de destino de las migrantes, según los datos censales de ese año arrojan que el 1% de la población que radica en México eran personas nacidas en otro país, lo que equivale a 1 millón 212 mil 252 y 49% de estas son mujeres: 593 mil 502 eran mujeres. De este total procedían principalmente de países como Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras, Cuba, El Salvador y Argentina.
Ese mismo informe advierte que los motivos para que una mujer emigre son socioeconómicos porque ellas suelen ser responsables directas del bienestar e ingreso en sus familias como proveedoras y no solo como receptoras de remesas. Cabe señalar que su proceso migratorio les implica enfrentarse a escenarios de violencia de género el cual enfrentan desde el momento en que atraviesan sus países de origen, durante su trayecto, así como en su llegada al país de destino.
Los retos de defender mujeres migrantes
Para Miriam González Sánchez, a lo largo de los años de trabajo de IMUMI poder visibilizar para las autoridades migratorias que las mujeres tienen diferentes necesidades en comparación con los hombres ha sido
un reto constante en su labor. Entre estas situaciones se encuentran la violencia de género que viven en los procesos migratorios como prácticas racistas, xenófobas, discriminatorias y excluyentes; asaltos y detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; violencia sexual; trata de personas con fines de explotación sexual; y hasta feminicidio.
En cifras, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en 2023 que los secuestros a mujeres migrantes aumentaron de 161 casos en 2022 a 221 casos en 2023, lo que representa un incremento del 37%. Por otro lado, ONU México estima que entre el 24% y el 80% de las mujeres migrantes experimentan alguna forma de violencia sexual.
Otro de los grandes retos ha sido hacer entender a las autoridades migratorias que las mujeres necesitan acciones y políticas específicas, esto también implica tener acceso a datos desagregados no solo por sexo. Según mencionó Miriam González Sánchez, de IMUMI, fue en el año 2000 que se comenzaron a compartir estadísticas migratorias, pero hasta 2007 que se desagregaron por sexo gracias al trabajo previo de quienes más tarde fundarían esta organización para mostrar la importancia de las mujeres migrantes.
«A nivel de comunicación, sigue siendo poco visible en específico la mirada hacia lo que sucede con las mujeres migrantes, por lo menos ahora son nombradas pero hace 15 años eran invisibles.» -Miriam González Sánchez, coordinadora de Comunicación en IMUMI.
A esto se suman los obstáculos financieros, ya que al ser una organización civil subsisten a través del financiamiento de la cooperación internacional y debido al contexto político internacional muchas fundaciones han cerrado sus programas de migración en México, lo que les ha perjudicado.
Uno de ellos fue la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur quien otorga subvenciones e inversiones para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en 50 países del mundo, anteriormente apoyaban el trabajo
de IMUMI antes de que decidieran eliminar la agenda de migración de su trabajo.
Una segunda forma de financiamiento son las donatarias autorizadas; sin embargo, no ha sido fácil conseguir donaciones en lo individual que permitan seguir sosteniendo su trabajo así como los servicios gratuitos que ofrecen, como en su tiempo, atención de abogadas especializadas en derecho familiar enfocado en cuestiones de divorcios y pensiones alimenticias, un área que por el momento permanece cerrada, pero que fue importante para IMUMI.
Hermanas jornaleras detenidas, un caso de varios Miriam González Sánchez recuerda que, entre los casos que ha acompañado IMUMI se encuentra la historia de tres hermanos conformados por dos mujeres y un hombre tzeltales de Chiapas quienes viajaban del sur al norte para trabajar como jornaleros agrícolas y en su trayecto fueron detenidos en Querétaro por agentes del Instituto Nacional de Migración por «no parecer mexicanos» incluso no les creían a pesar de mostrar sus tarjetas de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) y una copia del acta de nacimiento de una de las mujeres quien era menor de edad. Esas autoridades migratorias los acusaron de presentar documentos falsos y fueron llevados a detención migratoria donde experimentaron tortura y hostigamiento que fue comprobada conforme al Protocolo de Estambul para que aceptaran firmar documentos donde aceptaban que eran de Guatemala y ser deportados a dicho país. Para Miriam González Sánchez, el caso fue importante porque evidenció prácticas discriminatorias y racistas del Instituto Nacional de Migración por el aspecto de una persona.
Con este caso, IMUMI logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara para que la resolución del caso fuera favorable para los hermanos y además sentara un precedente contra las revisiones migratorias en carreteras bajo perfilamientos racistas.
Esto implicó que el Instituto Nacional de Migración ofreciera en 2019 una disculpa pública en la que reconoció que los hermanos fueron detenidos bajo el perfilamiento racial. Aunque la SCJN ordenó hacer modificaciones en el artículo 97° de la Ley General de Migración enfocado en la revisión migratoria, IMUMI continúa trabajando para que el Congreso realice los cambios para eliminar las revisiones migratorias discriminantes.
Extracto de la Ley General de Migración
LOS RETOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA CARNE
Jesús Brígido Coronel*
Cuando pensamos en ganadería, imaginamos potreros, cercas y bebederos. Pero hay una parte de la cadena de producción de la carne que casi nunca vemos, y que es igual de esencial para que el sector funcione: la carretera.
En México, la movilización del ganado es pieza estructural del modelo. El camino de la carne está organizado en regiones que se complementan: en unas zonas nacen y se crían los becerros; en otras se concentran los corrales de engorda, y en otras se ubican los rastros y plantas de empaque. Sin ese movimiento entre regiones, la cadena no caminaría.
Hasta hace poco más de un año, esa movilización era compleja, pero predecible. Descansaba en algo que el productor conocía: la documentación zoosanitaria y los puntos de verificación federal. Para que un embarque saliera del rancho o del centro de acopio, el ganadero debía tener su hato identificado y, después del dictamen negativo de Tuberculosis y Brucelosis, tramitar un Certificado Zoosanitario de Movilización emitido por un médico veterinario, un registro electrónico de movilización (REEMO) que especifica cuántos animales viajan, de dónde salen y a dónde van y en algunas entidades, el permiso de internación de ganado.
Con esas “cartas de presentación”, el ganado emprendía su viaje. Normalmente, el conductor sabía que se enfrentaría a varios puntos de verificación estatal y/o federal, donde personal estatal o del SENASICA detenía la jaula, revisaba papeles y confirmaba que coincidieran datos y origen. La inspección física era la excepción: se hacía cuando había inconsistencias, algún animal mal identificado o la zona de
origen tenía un riesgo particular. En los demás casos, bastaba con revisar documentos y el embarque seguía su camino.
La movilización es una herramienta de desarrollo regional: acerca al pequeño productor al mercado, asegura abasto de carne en las ciudades y reparte trabajo a lo largo de la cadena.
La presencia del gusano barrenador (GB) puso a prueba ese sistema. Era lógico reforzar la vigilancia: nadie en la engorda de ganado y producción de carne se opone a cuidar la sanidad y la inocuidad. El problema no es que haya controles, sino cómo se han apilado unos sobre otros. Primero se ajustó la movilización desde los estados de la zona afectada: sólo se puede mover ganado si se demuestra tratamiento previo, revisión sanitaria y un Certificado Zoosanitario de Movilización y REEMO emitidos después de esa revisión. Sobre esa base federal se montaron restricciones locales. Algunos estados endurecieron por su cuenta la entrada y el trayecto del ganado, con suspensiones precautorias o requisitos extra. El resultado es que un embarque que sale hoy del sureste rumbo a una engorda en el norte ya no solo debe cumplir con las reglas federales; debe “adivinar” con qué criterio se topará en cada frontera interna. Cada eslabón que se endurece sin coordinación se traduce en horas de más con los animales en la jaula, mayor estrés, mermas de peso y costos que, tarde o temprano, llegan al precio que pagan las familias mexicanas. No hay que olvidar que hablamos de seres vivos. Una cosa es un control sanitario bien diseñado y basado en riesgo; otra distinta es tener a los animales detenidos durante horas en filas, bajo el sol, con acceso limitado a agua y alimento. Lo que se pensó como un blindaje sanitario está dañando de for-
ma sería el bienestar animal. Frente a esto, productores y autoridad acordamos una herramienta que tiene sentido: el Protocolo de Movilización Confiable. En sencillo, es un sistema de confianza para mover ganado de zonas con gusano barrenador hacia engordas sin poner en riesgo la sanidad. El engordador firmaría un convenio con sus acopiadores, quienes, en el origen, tratarían al ganado con desparasitantes, revisarían animal por animal, atenderían heridas y dejarían constancia; luego un veterinario certificaría, se sellaría el camión y se registraría la ruta. En carretera, la autoridad ha planteado un protocolo que está por ser autorizado en el cual se seguirá revisando, pero menos veces a quienes demuestren que hacen bien las cosas y más a quienes no. Si alguien incumpliera y llegara a enviar animales sin tratar o con larvas de GB, perderá la confianza: se le regresará el embarque y podrá ser suspendido.
La movilización no es un problema por contener; es una realidad que hay que ordenar. Sin camiones que crucen de sur a norte, sin centros de acopio que organicen las salidas y sin corrales de engorda que reciban animales de varias regiones, la ganadería mexicana se retraerá y, al final, se presiona el precio de la carne que pagan las familias. Lo que necesitamos no es un país lleno de barreras improvisadas, sino un sistema de movilización confiable: reglas claras, protocolos aplicables, trazabilidad y coordinación efectiva entre la federación y los gobiernos estatales. La carretera va a seguir siendo parte del rancho, con o sin plaga; la cuestión es si será un corredor vigilado y fluido, o un laberinto que asfixia a quienes hacen las cosas en regla y dejan huecos para quienes no lo hacen.
PUNTO Y COMA
Roger Laid
EL BARRIDO ES PAREJO
La nota publicada por El Universal sacudió el tablero político en Chiapas. No por el impacto mediático -que es inevitable-, sino por la profundidad del mensaje: la presunta existencia de una red de vínculos entre actores locales y estructuras criminales, entre ellas el grupo conocido como Pakales, vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para limpiar su propia casa? La respuesta la ofrece el mandatario estatal.
La reacción institucional fue inmediata. La titular de la Secretaría Anticorrupción, Ana Basurto, anunció el inicio de investigaciones “ipso facto”, luego de recibir la instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. El mensaje oficial fue claro: no habrá tolerancia, ni encubrimientos, ni excepciones.
Desde la narrativa gubernamental, el posicionamiento del Gobierno de Chiapas apunta a una política frontal de cero corrupciones y cero impunidades en Chiapas.
Bien. El problema es que en nuestra entidad los anuncios ya no alcanzan para reconstruir la confianza.
Porque el fondo del asunto no es la nota, ni el medio que la pública, ni siquiera la lista que hoy circula en redes y pasillos políticos. El verdadero dilema es que, de acuerdo con información pública y con otras fuentes abiertas, el número de personas señaladas -directa o indirectamente- es mayor de lo que se reconoce en los comunicados. Y eso convierte el caso en algo más que un episodio mediático: lo transforma en una prueba estructural para el nuevo discurso de gobierno. Y es que, en realidad la lucha en la actual administración
es férrea, pero tiene descubierto varios flancos, y avanzar es difícil pero el gobernador ha dicho que se ha perdido el miedo.
Chiapas arrastra una larga historia de simulación institucional. Durante años, la corrupción se administró como un costo político asumible y la impunidad como un mecanismo de estabilidad. Hoy se promete lo contrario. Pero romper con ese pasado exige algo más que la apertura de carpetas de investigación.
El reto está en tres puntos clave.
Primero: la independencia real de las indagatorias. Si los señalados pertenecen a redes de poder político, administrativo o territorial, la credibilidad del proceso dependerá de que las investigaciones no se queden en funcionarios menores o en expedientes que se diluyen con el tiempo.
Segundo: la transparencia. No basta con informar que se investiga; es indispensable explicar qué se investiga, bajo qué hipótesis y con qué plazos. En un estado donde la opacidad ha sido la norma, la información pública debe dejar de ser una cortesía y convertirse en una obligación permanente.
Tercero: la consecuencia. En Chiapas hemos visto demasiados escándalos en la pasada administración que terminaron en nada. Si esta vez no hay sanciones claras, judicialización de los casos y deslinde real de responsabilidades, el mensaje será devastador: que la política de cero corrupciones es solo una consigna reutilizable.
La nota de El Universal no acusa por sí sola; coloca indicios en la conversación pública. La autoridad, en cambio, sí tiene la obligación constitucional de probar, descartar o confirmar. Ahí se
juega todo.
Porque también hay un riesgo político que el propio gobierno debe asumir: si la investigación confirma que hay más actores involucrados de los que hoy se reconocen públicamente, el costo no será menor. Implicará fracturas internas, reacomodos de poder y una inevitable tensión con grupos que históricamente han operado dentro de la estructura institucional.
Pero el costo de no hacerlo sería peor. Chiapas ya no soporta otro ciclo de escándalo-olvido-impunidad. Hoy el gobierno tiene una oportunidad que no tuvo -o no quiso aprovechar- la administración pasada:
Demostrar que el combate a la corrupción no es selectivo ni discursivo, sino sistémico.
La lucha contra la impunidad no se mide por la rapidez del comunicado, sino por la profundidad de las decisiones. Y en este caso, el mensaje de cero corrupciones solo será creíble si alcanza a todos los nombres que aparezcan en la ruta de la investigación, sin importar apellidos, cargos ni alianzas.
Aquí no se trata de proteger la imagen del gobierno, sino de rescatar la legitimidad de las instituciones.
Ese es el verdadero punto.
Y ahí es donde Chiapas se juega algo más que una nota periodística. La confianza de la sociedad en el mandatario estatal esta mas que resguardada.
Puntos Suspensivos…
El gobernador sureño se ha ganado la confianza de sus gobernados y no cae en politiquerías y para ello giro la instrucción inmediata de investigar e ir a fondo, eso es lo que se requiere, la mano firme y la oportunidad de avanzar y seguir en un proyecto que ha generado buenos comentarios y mejores resutados.
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• El presidente lo sabe todo, decía el hoy inquilino de “La Chingada”
• La “influyente funcionaria” Magdalena Torres Abarca, quiere “torcer la ley”
Mantener la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder Rubén Oseguera Cervantes “el Mencho” fue abatido el pasado 22 de febrero, requería pagos millonarios a sicarios, jefes de plaza, hackers, policías municipales, así como presuntos sobornos autoridades.
De acuerdo con El Universal, en una de las cabañas donde se refugiaba el líder criminal, se hallaron registros contables -algunos de estos elaborados a mano y otros en computadora- los cuales dan cuenta de ingresos de por lo menos 8,7 millones de pesos durante el mes de diciembre, por la venta de drogas y la operación de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.
Se sabe que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera de manera abierta y disputando territorio en Chiapas principalmente desde finales de 2020 o principios de 2021, intensificando su presencia y conflicto con el Cártel de Sinaloa a partir de 2022-2023.
Antes de la llegada a Chiapas como gobernador del estado de Eduardo Ramírez Aguilar, estaba clasificado como uno de los estados más violentos de México, enfrentaba una situación de extrema inseguridad y violencia controlada por el crimen organizado.
En los últimos meses del 2024, el aumento de la migración involuntaria y el desplazamiento de personas han exacerbado la crisis en la región. Tanto es así que incluso se han cancelado elecciones en algunas áreas debido al riesgo que supone la presencia de grupos delictivos. Tapachula, una ciudad en la frontera sur del estado, refleja claramente esta realidad.
Días después de su toma de posesión el 8 de diciembre del 2024, Eduardo Ramírez presentó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, integrada por 500 elementos especializados para enfrentar el aumento de la violencia en el estado.
En un esfuerzo por reducir los índices delictivos, el nuevo Gobierno de Chiapas, liderado por Eduardo Ramírez, anunció el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Grupo de élite cuenta además del número de elementos antes mencionados, según fueron capacitados, equipados con tecnología avanzada, vehículos blindados y hasta un helicóptero, que es piloteado por el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño.
La llegada a Chiapas de este
grupo no ha sido todo miel sobre hojuelas, pues ha habido diversas denuncias de los excesos y abusos que comente los pakales en donde supuestamente por la lejanía sus acciones no son descubiertas, pero ha sido todo lo contrario, incluso contra el titular de la SSP.
Pero esa es otra historia, lo relevante de hoy es que la policía de élite de Chiapas -identificados como los “pakales”-, aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, localizada por El Universal en una de las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde el michoacano se refugiaba.
Entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la habría recibido 100 mil pesos, según consta en un reporte general de gastos en el que se revela que al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de la entidad, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a la información, el documento contable da cuenta de pagos a sicarios de choque, apoyos a autoridades y servicios en los municipios de Chiapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Chenalhó, Mapastepec, Villa Flores y en la comunidad de Zaragoza, municipio de Ocosingo.
Entre ellos destacan la entrega de 100 mil pesos a la “Estatal Pakales”; 50 mil pesos a “secretaria S. Cristóbal”; 50 mil pesos “municipio San Cristóbal”; “Direc. Chiapa Corzo”, 50 mil pesos; “Lic. Chapa Corzo”, 35 mil pesos.
De acuerdo con la narconómina, el CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de entre 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana.
Tan sólo para mantener a su célula delictiva en Tzanembolóm,
municipio de Chenalhó, con presencia de Los Herrera, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal destina 283 mil pesos semanales para 80 sicarios divididos en células de 10, comandadas por alias “Tigre”, de acuerdo con los reportes contables en poder de este diario.
Luego de ser enterado del caso, el gobernador de Chiapas, Oscar Eduardo Aguilar, dijo haber instruido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto iniciar una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado, de ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.
“No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas, advirtió el ejecutivo estatal”, advirtió el ejecutivo estatal.
Y que onda con el piloto aviador y titular de la SSP, Oscar Aparicio Avendaño, siendo el jefe de los pakales no creo que no haya sabido en que andan sus criaturas. Creo que se esta haciendo como la “madre amada”.
Le daremos una refrescada de memoria al comisario de algo que le ha de estar taladrando el cerebro al que hoy dicen que habita en Palenque, el corruptazo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su mandato (2018-2024), afirmó repetidamente que el presidente de México “se entera de todo y que los grandes negocios o “transas” contaban con su aprobación, desmintiendo que los mandatarios fueran engañados por colaboradores. Esta declaración buscaba subrayar que la corrupción se maneja desde la cúpula.
La ley en Chiapas en entredicho por un par de sinvergüenzas “Torcer la ley” es una expresión coloquial que significa interpretar o aplicar las normas jurídicas de manera sesgada, malintencionada
o forzada para beneficiar a alguien o evadir responsabilidades, alterando su espíritu o propósito original.
Ello, implica una manipulación del sentido de la norma para fines particulares, es eso precisamente lo que pretende hacer la actual Secretaria del Medio Ambiente, Torres Abarca quien está moviendo mar y tierra para rescatar a su vástago Silverio Almazán Torres, de caer en la cárcel por desobligado e irresponsable.
Aquí retomó los motivos de mi amigo Disraelí, del ¿Por qué le dieron prisión preventiva al hijito de Malena Torres Abarca?
Aquí las cuatro razones que argumenta:
1. Riesgo de sustracción de la acción de la justicia
2. Antecedentes de conducta evasiva
3. La gravedad del delito imputado
4. Riesgos para la integridad física de la v!(+!m@. “así lo puso!
¿La jueza, Aracely Mateo Domínguez, lo sabe?
Sí, lo sabe.
¿Pero es comadrita de la secretaria del medio ambiente del gobierno de Chiapas?
Sí, lo es.
¿Le harán su gusto a la Secretaria de Estado en la audiencia de cambio de medida cautelar para su hijito, el día de hoy?
Sí. Es altamente probable.
El Estado es el Estado.
¿Silverio Humberto Almazán Torres saldrá libre?
¿La “cero !.m.p.u.n.!.d.a.d” solo es un slogan?
Si sale libre este desobligado, es porque seguramente -en contubernio-, entre estas “damas”.
La pregunta es saber si en Chiapas se respeta el estado de derecho o vuelve a ser una pachanga la ley que se vende al mejor postor. Se saldrá con la suya de “torcer la ley” o se hará justicia.
Del Montón
Ante la imposición de una reforma electoral que carece de consenso, Lorenzo Córdova advirtió que es una necedad llevarla a cabo y que va a generar inestabilidad política.
“En medio de la turbulencia económica, del estancamiento económico, de la falta de inversión, de la turbulencia internacional, de la renegociación del T-MEC, de la guerra de aranceles, vamos a abrir un boquete, una discusión interna que va a generar inestabilidad política, como la de la reforma electoral. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
