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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Urgente los cambios en el gobierno

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Existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando.

Los tiempos políticos se adelantaron en Chiapas. El fiscal general y el secretario de gobierno andan en abierta campaña. Lo mismo pretendió hacer el presidente municipal de Tuxtla. Solo que a él lo amonestó el IEPC. Lo mismo debe suceder con los adelantados.

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EN CHIAPAS

Viernes 14 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1830

CAPTURA

PROTESTA

Detienen a cinco exfuncionarios de Chiapas por presuntos actos de corrupción

La Fiscalía General del estado (FGE) dio a conocer este jueves la captura de cinco exservidores públicos por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades, entre ellos el exsubsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, Geovanni Alexander Campos Amaya.

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SOLICITUD

Piden la SE les envié un maestro o cerrarán escuela

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Gobernador de Chiapas exige elegir entre ser funcionario o notario público

HOY ESCRIBEN PUNTO Y COMA; Roger Laid

EL DIVAN

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Sergio Stahl

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EL JARIPEO DEL TERROR Y LA DESIGUALDAD Ricardo raphael

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DEMANDA

Denuncia director de obra acoso de regidores para darles negocios

Hay nuevo plantón... en el centro de Tuxtla

LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN CIERNES Luis Miguel Cano López

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LA NECROPOLÍTICA MIGRATORIA DE MÉXICO

Ana Lorena Delgadillo Y Maina Mutonya PAG. 12

¡BASTA DE NEGLIGENCIA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA! Lucía Melgar Palacios PAG. 5

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Viernes 14 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Urgente los cambios en el gobierno

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xiste información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad. Sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento de dos dependencias: la fiscalía general, que se ha convertido en un peligro para la seguridad ciudadana, pues se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, en el que nadie está a salvo y, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tiene

como presidente a un execrable personaje desvinculado de la lucha por los derechos humanos y que convirtió a esa Comisión en una comparsa que legitima las violaciones de derechos de la fiscalía, y que por ese papel que desempeña, dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas. Lo preocupante de esta situación, es que este tipo de actuación de la fiscalía no es un hecho aislado sino una práctica sistemática que provoca riesgos e inseguridad a la ciudadanía, en virtud de que nadie se encuentra a salvo de la fabricación de pruebas para ser inculpado de delitos no cometidos por parte de la fiscalía, y en donde la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es partícipe por omisión o por aquiescencia de estas prácticas violatorias que deterioran la convivencia ciudadana. ¿Por qué permite este abuso de poder el gobernador del Estado, que afecta el proyecto de vida de las familias y cuya violación a derechos agrede a la sociedad en su conjunto? Lo primero podría ser porque desconoce lo que está sucediendo y no le están informando de las violaciones y abusos policíacos; en segundo, porque sus colaboradores del tribunal de justicia, de la secretaría de

gobierno, de la fiscalía general o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le están engañando; tercero, porque el gobernador tiene conocimiento de lo que sucede y respalda las violaciones sistemáticas y generalizadas que se viven en Chiapas; cuarto, por el conjunto de complicidades que puede existir con sus colaboradores; quinto, porque delegó sus responsabilidades en sus colaboradores, quienes le vienen fallando a esa confianza; y, sexto, por frivolidad e indiferencia ante los problemas. Cualquiera el que sea de los motivos señalados, muestra a un gobernador poco involucrado con el sentido de la justicia, que representa una de las virtudes más preciadas que debe tener un gobernante, de la cual se desprende la honradez, la rectitud, la legalidad, el equilibrio, la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la integridad, el respeto y la solidaridad, todos estos principios regulados por la Constitución. Chiapas por su nivel de violencia y conflictividad requiere de un gobierno de tiempo completo y de funcionarios comprometidos y eficaces, algo que no viene sucediendo, lo que obliga al gobernador Rutilio Escandón a rectificar hasta ahora lo caminado y realizar los cambios necesarios en el gabinete.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

www.diariocontrapoderenchiapas.com. Correo electrónico: contrapoderenchiapas@gmail.com Certificado de licitud de Contenido y de Reserva de Derechos al uso Exclusivo, y Derecho de Autor en Trámite

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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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a Fiscalía General del estado (FGE) dio a conocer este jueves la captura de cinco exservidores públicos por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades, entre ellos el exsubsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, Geovanni Alexander Campos Amaya. En el marco del combate a los actos de corrupción, y después de realizarse las respectivas diligencias de investigación –coordinadas por la FGE y la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP)–, además de Campos Anaya, de 42 años, fue detenida una mujer identificada como Lorena “N”, de 32 años, ambos posiblemente responsables del delito de tráfico de Influencia, así como Ramiro “N”, de 62 años; Diego Alberto “N”, de 36, y Marcelo Ernesto “N”, de 37 años. Los cinco exservidores públicos son presuntamente responsables de la comisión de actos de corrupción. Geovanni Alexander fungió hasta hace poco como subsecretario de Servicios y Gobernanza Política. Su jefe inmediato era el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, uno de sus mejores amigos. Otros de los detenidos eran empleados de la Secretaría de Obras Públicas. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional respectivo,

Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Rafael C.R. -o “Rafael N”, para la Fiscalía General del Estado-dependencia que en los últimos días ha dado muestras de ser una fábrica de culpables, dijo que iniciará una batalla legal y jurídica en contra de quien o quienes resulten culpables por la privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones y daño moral en agravio de su persona y de golpes a su menor hija como el robo del celular en el cual estaban siendo video grabados. En entrevista exclusiva para esta casa editorial dijo; “cuando se dieron los hechos llegaron los ministeriales a mi casa diciendo que venían siguiendo a una persona y se introdujeron a mi casa y mi esposa les dijo que pasaran, pasaron y no encontraron a nadie, yo estaba en el baño y escuche los murmuro cuando salí mire que eran policías ministeriales y salí, luego ellos dijeron en la casa azul y empezaron a golpear la puerta y como en esa casa hay unos señores de la tercera edad y una niña discapacitada, yo les pregunte si traían orden de aprehensión y fue cuando uno de ellos dijo-este puto sabe algo- y me gano el tropel solo para golpearme y me arrastraron como un perro”.

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Detienen a cinco exfuncionarios de Chiapas por presuntos actos de corrupción Geovanni Alexander fungió hasta hace poco como subsecretario de Servicios y Gobernanza Política. Su jefe inmediato era el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, uno de sus mejores amigos. Otros de los detenidos eran empleados de la Secretaría de Obras Públicas. mientras continúan las diligencias de investigación, ante la posibilidad de que haya más personas involucradas en conductas ilícitas relacionadas con su gestión pública. El artículo 432 del Código Penal del Estado de Chiapas establece, entre otros puntos, que a quien cometa el delito de uso Ilícito de atribuciones y facultades se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y de 30 a 100 días multa. En tanto, el artículo 433 puntualiza que a quien cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de 50 a 300 días.

Por tortura y lesiones, demandan a policía ministerial en Chiapas Rafael R quien tiene un cuadro de Diabetis presenta las huellas de la salvaje golpiza que le propinaron, huellas que son palpables y muy visibles, las cuales presentan un estado de supuración por su misma condición de salud, pero tiene golpes internos que no son visibles, pero lo tienen en una situación que de no ser atendidos a tiempo podrían tener consecuencias funestas. Su menor hija quien presenció los hechos y filmaba las escenas también fue golpeada, y dijo en la entrevista: “yo empecé a grabar cuando a mi papá ya lo llevaban arriba de la camioneta, yo estaba en la parte de mi casa y uno de ellos se me vino encima y me metió tres cachetadas y me dejo caer y me quitó el teléfono y se lo llevó”. Don Rafael al abundar sobre su detención dijo que lo llevaron con la cara tapada, le doblaron su misma playera para taparle la cara y un policía llevaba su bota en su cuello, situación que le genera una molestia y agregó: “cuando me llevaron me estuvieron golpeando la cara querían que yo les dijera de los

Tribilines pero yo no los conozco, no los conozco, me decían nombres y yo claramente les dije que no los conocía y me torturaron, me daban de cachetadas y golpes en el estómago y hasta un oído lo siento dañado”, A pregunta expresa de esta casa editorial que pide de las autoridades refirió que exige que le hagan justicia, ya que consideró que lo ocurrido a su persona no debe de quedar impune, al tiempo que señaló que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde será presentada una denuncia por violación a sus derechos humanos, por las lesiones y la tortura a la que fue sometido. “Se debe actuar porque me siento todavía lastimado, anoche estuve con calentura, dolores de hueso, yo necesito una respuesta y que se aplique la ley contra ellos, porque luego me sacaron a tirar diciéndome que no había cargos en mi contra, que yo estaba libre, y que no tenían nada en mi contra y que todo se originó por una equivocación de domicilio y discúlpenos y tenga cien

pesos para que tome su taxi, y ellos mismos me sacaron y me sentaron en una banqueta afuera del Sabino”. Finalmente lamentó que pese a que los mismos policías le dijeron que no tenían nada contra él, uno de los periódicos de mayor circulación en el estado en su Contra Portada con pase a la página policiaca en su página dieciséis publica; “ Banda peligrosa de Terán...Caen más Tribilines”, cuando don Rafita como le llaman cariñosamente sus vecinos y amigos está en libertad reposando la golpiza que le propinaron.


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Piden la SE les envié un maestro o cerrarán escuela Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

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adres de familia, docentes y directivos de l a E s c u e l a Pr i m a r i a “Presidente Juárez” hicieron un llamado a la titular de la Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, para que envíe un maestro para tercer grado y atienda a 32 niños que desde el 31 de enero están sin clases, de lo contrario advirtieron que tomarán las instalaciones. En conferencia de prensa, el director de la institución, Juan Manuel Sántiz Gómez director, lamentó que las autoridades educativas y sindicales hagan muchos atropellos en las cadenas de cambio, proceso que se ha hecho largo y tedioso y ha perjudicado a niños, “hemos estado atendiendo el apoyo a los padres de familia y hemos ido con las autoridades superiores”. “Estuvimos en la supervisión escolar a cargo de Benjamín Catarino Cruz Sosa, quien nos dio su palabra para apoyarnos y estuvimos en la jefatura de sector, Segundo Adolfo López Narváez, que nos pidió paciencia, ayer terminó el plazo para que nos resolvieran, pero no tengo información nosotros como direc-

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dijo que en su sexenio ya no se asignarán más notarías públicas, como lo hacían sus antecesores con amigos y compadres, y que todos aquellos que son servidores públicos y cuentan con una Notaría Pública tendrán que decidirse a ejercer una sola función. El primero en renunciar a su Notaría Pública fue el actual titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios. Luego de una reunión en un auditorio del Palacio de Gobierno Estatal con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Chiapas, Escandón Cadenas dijo que el Colegio creció mucho de manera “irresponsable”. “Ahora sucede que ya hasta hay una competencia entre ustedes, una competencia desleal que no debe de existir, pero también entiendo que los gobernadores pues soltaban notarías, se volvió la moda de los gobernantes, darles notarías a todos sus amigos, a los que le habían ayudado de una forma, poniendo en un gran predicamento a la sociedad, hacién-

En conferencia de prensa, el director de la institución, Juan Manuel Sántiz Gómez director, lamentó que las autoridades educativas y sindicales hagan muchos atropellos en las cadenas de cambio, proceso que se ha hecho largo y tedioso y ha perjudicado a niños, “hemos estado atendiendo el apoyo a los padres de familia y hemos ido con las autoridades superiores”

ción hemos ido a las autoridades competentes, pero nada”. Por lo anterior, dijo esperar que

con la declaración y denuncia pública ante los medios de comunicación, la Secretaría de Educación

debería atender esta situación bastante lamentable, “se están violando los derechos constitucionales de los niños, como a la educación, por lo que exigimos se resuelva la falta de maestro”. Asimismo, dijo que si no son atendidos los alumnos corren el riesgo de perder el ciclo escolar, ya que en agosto el maestro titular se jubiló, les enviaron a un interino que concluyó sus actividades el 31 de enero, pero es necesario les manden a otro para atender al grupo y continúe con las evaluaciones que hacen falta. Por su parte, los padres de familia advirtieron que están dispuestos a tomar las instalaciones y hacer que paren las clases, cuestión a la que el director y docentes no están de acuerdo, ya que se afectaría a más niños, por lo que esperan las autoridades educativas le den solución y dejen a un lado las cuestiones políticas-sindicales.

Gobernador de Chiapas exige elegir entre ser funcionario o notario público dole un gran daño a la sociedad”, dijo el mandatario. Por ello, Escandón Cadenas dijo que buscará reformar la ley para que las notarías sean asignadas a personas que realmente tengan vocación y cumplan los requisitos más escrupulosos. “Voy a platicar, con los notarios que están en la función pública, que opten, ¿quieren ser servidores públicos o quieren ser notarios?”, dijo. Aseguró que, con dicha reforma, el gobernador ya no será quien nombre a los notarios, “pero tampoco un grupito de gente a través del tráfico de influencias”.

Presidente del Poder Judicial deja su notaría Tras el llamado del gobernador, el presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, anunció su dimisión a la Notaría Pública Número 121. “Esta abdicación atiende el llama-

do que el titular del Ejecutivo estatal realizara para que las y los servidores públicos en Chiapas sirvan al pueblo sin distinción, teniendo en la trans-

parencia el principio rector para el ejercicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, dijo Trinidad Palacios.


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Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

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in dar a conocer los nombres, el director de Obra Pública del Ayuntamiento de esta ciudad, Gerardo Gómez Sántiz, hizo público que dos regidores lo están acosando para que les otorgue obras y negocios y como no ha cedido, ahora buscan a toda costa removerlo del cargo. En Sesión Extraordinaria de Cabildo, realizada para que la presidenta Jerónima Toledo Villalobos diera una respuesta a la solicitud, realizada por Guillermo Gómez Loarca, para remover del cargo a los directores de Obra y Cultura, la situación subió de tono y tras un acto ilegal, ya que ningún regidor se encuentra facultado para pedir votación para remover a un funcionario, Gómez Sántiz tomó la palabra y advirtió procederá legalmente contra un regidor y regidora. Y es que luego de que la presidenta argumentara no había elementos para separar del cargo a los funcionarios, la regidora por el PRI, Rosalinda Santiago Sánchez, pidió se votara en el Pleno del Cabildo la remoción del cargo, pese a que ninguna ley, ni reglamento interno le dota esas facultades, además de que ya estaban agotados los puntos del orden del día, previamente aprobados por los mismos regidores. La secretaria municipal cometió un error y en lugar de clausurar la sesión, se realizó la votación donde con 6 votos, Gómez Sántiz habría quedado destituido, sin embargo mediante un amparo demostraría la ilegalidad de la Sesión y se mantendría en el cargo, pese a que ha quedado demostrado que no cuenta con título, ni cédula profesional para ejercer el cargo y aunque los mismos regidores votaron por unanimidad que asumiera el cargo en octubre de 2018. De acuerdo a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobier-

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Denuncia director de obra acoso de regidores para darles negocios “Me dejaron libre, pero antes me dijeron: Ve nuestro rostro, grábatelo bien, porque a la otra que te veamos, te matamos… ¡Cómo no te vimos cuando disparábamos!, si no, ya te hubiéramos matado”, dijo Carmona, quien aseguró que fue golpeado

no, el director de Obra debe cumplir con cierto perfil y ser elegido por el Cabildo a propuesta de la figura de presidente municipal y en ningún artículo faculta a los regidores pedir votación para remover a un funcionario. “Directamente han sido aseveraciones que lejos de tener un sustento legal, formal, administrativo se quejan de mí porque no se les han cumplido sus caprichos, yo sí voy a proceder legalmente en contra del regidor y de la regidora

que me han acosado para darles obra pública y negocio, quiero que sepan que nos vamos a ir de frente y con todo, si vamos a hablar de elementos legales cuando les conviene nada más debatirlo y en mi cara, es una gran falta de respeto”, aseveró. Gómez Sántiz manifestó que va a hacer todo lo necesario para que se aclaren las acusaciones que vertieron hacia su persona, ya que considera que es necesario que le den la oportunidad

de defenderse, de emitir las pruebas que aclaren todo, sea ante la mesa del cabildo o en otra mesa legal. Finalmente, dijo que en una semana dará a conocer el nombre y las pruebas de los regidores que lo están acosando, aunque se especula podrían ser el propio Guillermo Gómez asesorado por personal del diputado local, Juan Salvador Camacho y Silvia Álvarez Torres-Valle, que sigue instrucciones de la Senadora Sasil de León Villard.

Hay nuevo plantón... en el centro de Tuxtla A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Por no tener una respuesta a sus demandas, maestros y maestras acreditados de la convocatoria de ingreso al servicio profesional docente 2019, volvieron a tomar y bloquear la circulación en la avenida y calle central de Tuxtla Gutiérrez, porque la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) no ha liberado más plazas. Javier Pérez Ruiz, maestro acreditado del nivel básico, dio a conocer que a partir de las ocho de la noche del día 12 de febrero, alrededor de 300 maestros de preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación física determinaron instalar un plantón sobre la avenida y calle central, como una forma de protesta por un espacio laboral.

“El día de ayer a las 8 de la noche… vino el licenciado José Juan Muñoa, y nos dijo háganme el favor de desplazarse hacía la explanada o si no tienen media hora para que nosotros accionemos”, comentó. Por lo anterior, reiteró que los maestros siguen demandando a la titular de la Secretaría de Educación Estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, que detenga la convocatoria de ingreso al servicio profesional docente 2020-2021, porque la demanda laboral docente sigue incrementando en la entidad. “Seguimos con lo mismo, seguimos gestionando que se detenga la convocatoria para la apertura 20202021”, dijo. En contexto, el docente subrayó que los 300 maestros acreditados mantendrán de forma indefinida el plantón sobre la vialidad hasta que

las autoridades les den una solución a su problemática. Cabe mencionar que, por el cierre de las vialidades, el tránsito en la zona sur y norte del centro de

Tuxtla presentó caos, donde cientos de transportistas y automovilistas presentaron dificultades para movilizarse por este punto de la capital.


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Empresas “amigas” del gobernador, las únicas beneficiadas con el petróleo de Tabasco: indígenas De la redacción Ciudad de México (apro)

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ivir en un estado petrolero como Tabasco sólo trae beneficios a empleadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las empresas “amigas” del gobernador Adán Augusto López, denunciaron indígenas chontales agrupados en el Movimiento México Despierta AC. En conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la colonia Roma, manifestaron que, si bien es la población indígena la que extrae el gas y el “oro negro”, solo reciben migajas de esa riqueza. “Pemex bombea a la laguna agua sucia y contaminada a través de tuberías, que a chorros llega desde hace años al sistema del que viven decenas de familias”, recalcaron. Y recordaron que desde hace 50 años el Sistema Lagunar El Limón cayó en manos de la paraestatal y ahora está convertido en “basurero” de hidrocarburos, gases contaminantes y aguas negras, con el aval del alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando.

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Con una marcha y un mitin frente al palacio de gobierno, habitantes de San Pedro Quiatoni exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele las concesiones mineras, si es que en verdad apoya a los pueblos indígenas. No solape a los gobiernos corruptos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque “esos malagradecidos se hicieron ricos vendiendo nuestras tierras”, subrayaron. Lo anterior, dado que 11 mil 623 hectáreas del territorio comunal de San Pedro Quiatoni se concesionaron a las empresas mineras Don David Gold México S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp (GRC). Las concesiones mineras otorgadas a estas empresas mineras, detallaron, son: lote minero San Carlos, lote minero San Miguel fracción 1, lote minero San Miguel fracción 2, lote minero Río Minas, lote minero San Luis, lote minero Sofi, lote minero Correcaminos y lote minero El Águila. En el mitin, Simitrio Ruiz, representante de la comunidad, precisó

En conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la colonia Roma, manifestaron que, si bien es la población indígena la que extrae el gas y el “oro negro”, solo reciben migajas de esa riqueza

Por ello, demandaron que se declare a la laguna El Limón, Área de Reserva Natural Protegida, para frenar el “ecocidio” que se está cometiendo. Ante la apatía de las autoridades locales, el pasado 20 de enero los chontales interpusieron una que-

ja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –expediente 5673/2020– para exigir al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y al gobernador Augusto López, que cumplan con las minutas que firmaron sus antecesores en 1993 y 2016 con la agrupación

Movimiento México Despierta A.C. En la conferencia, los inconformes urgieron al gobierno estatal a contratar una institución con reconocimiento internacional para que haga un estudio en la zona y que sus resultados se hagan públicos, para que se constaten las afectaciones cometidas por Pemex a la salud y al patrimonio material y natural en la región. Además, exigieron la creación de programas de desarrollo social, sin la exclusión y discriminación de las mujeres y comunidades indígenas. De la mano de la queja presentaron una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para pedir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) intervengan para frenan la crisis ambiental en Macuspana, tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comuneros de San Pedro Quiatoni exigen a AMLO que cancele concesiones mineras que este 13 de febrero es una fecha histórica “porque hemos decidido emprender la lucha contra el gigante y porque es el día que San Pedro Quiatoni despertó para iniciar una lucha por sus derechos”. Este jueves, dijo, se presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal para defender a su comunidad, evidenciado todas las violaciones a sus derechos fundamentales como pueblos originarios, y para exigir el cese de las actividades de extracción de recursos minerales en su territorio. “Sabemos que nos enfrentamos a un monstruo empresarial transnacional, pero haremos valer nuestros derechos con toda la dignidad y valentía que nos caracteriza como pueblos originarios”, lanzó. Y precisó que, sin hacer una consulta previa, libre e informada, la autoridad federal, a través de la Secretaria de Economía y la Dirección General de Minas, autorizó 10 concesiones a tres empresas mineras que han acaparado el 25% de tierras y territorio para explotar el oro, la

plata, el plomo y el zinc. Además, hizo responsable de cualquier agresión, amenaza e intimidación contra la comunidad indígena y agraria de San Pedro Quiatoni, a la empresa y sus aliaos, porque saben de lo que son capaces. La marcha salió del mercado Las Flores rumbo al zócalo de esta capital, y durante el recorrido los comuneros advirtieron: “No nos vamos a dejar, sea como sea, ya estamos decididos, esta es la voz del pueblo, no nos damos por vencidos”. Al dirigirse a la ciudadanía aclararon: “Nunca venimos a molestar, pero ahora sí nos estamos manifestando. Ahí está la mina, llevan 10 años, no queremos recibir su dinero, lo que queremos es que no sigan contaminando nuestros recursos naturales”. Y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le pidieron “que le haga caso al pueblo, que no sean como los gobiernos anteriores, corruptos, que se hicieron ricos esos malagradecidos, esos que vendieron nuestras tierras”. Uno de los participantes en la

marcha soltó: “AMLO, que apoya a los pueblos indígenas, le pedimos que nos escuche y que se retiren esas empresas mineras extranjeras porque ya no los queremos en el pueblo”. Otro insistió: “Sabemos que vamos a causar molestias a la ciudadanía, pero no nos dejan otra forma que protestar. En esta ocasión nos sentimos obligados. Tenemos 10 años que una empresa nos está robando, llevándose los recursos naturales y contaminando el agua”. Con sus pancartas y comentarios, los comuneros pidieron que el gobernador Alejandro Murat clausure esas empresas. “Ya estamos cansados. Esta lucha apenas empezó. Vamos a seguir día y noche, cueste lo que cueste”.


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SFP: anomalías millonarias durante el peñismo en NAIM, Tren Interurbano, Pemex, SCT, Conagua, SEP… Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

A

l revisar gestiones realizadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –principalmente en 2018–, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades en prácticamente todas las dependencias de la administración federal y emitió más de 10 mil observaciones, por un monto superior a 544 mil millones de pesos. Los montos más importantes por aclarar giran en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por más de 19 mil millones de pesos –entre ellos 6 mil millones de pesos en “obras fantasmas” –; el Tren Interurbano México – Toluca, por 616 millones de pesos; o esquemas de “Estafa Maestra” en Pemex Exploración y Producción por 235 millones de pesos, entre otros. Entre los casos de corrupción que destacó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, figuran obras carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza, pero también casos de corrupción en Pemex durante la administración de Emilio Lozoya Austin, o en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Al presentar el Informe de Fiscalización 2019, la secretaria pronunció los nombres de OHL –señalada por recibir mil 442 millones de pesos de sobrecosto de la SCT en la carretera Amozoc-Perote—, Grupo Fertinal –insistió en que en ese caso “se defraudó al Estado–, pero sobre todo el de Peña Nieto, y celebró la detención de Lozoya ayer en España, y recordó que la dependencia a su cargo lo inhabilitó por omisiones en su declaración patrimonial. “Hubo irregularidades monumentales de todo tipo, se fueron dilapidando los recursos”, insistió la secretaria, en cuya presentación acudió un contingente importante de integrantes del gabinete de López Obrador. Así, los secretarios Olga Sánchez Cordero, Miguel Torruco Marqués y Javier Jiménez Espriú, así como Zoé Robledo –director del IMSS–, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, Horacio Duarte –responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro–, Rabindranath Salazar Solorio, titular del Banco del Bienestar, y Sanjuana Martínez, directora de Notimex, vinieron a aplaudir el balance de la “zar anticorrupción” del presidente.

Los montos más importantes por aclarar giran en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por más de 19 mil millones de pesos –entre ellos 6 mil millones de pesos en “obras fantasmas” –; el Tren Interurbano México – Toluca, por 616 millones de pesos; o esquemas de “Estafa Maestra” en Pemex Exploración y Producción por 235 millones de pesos, entre otros séndiz Vázquez y María Elena Trejo Guerrero, así como a dos empresas inmobiliarias, Firdman y Valls e inmobiliaria F4. En ese caso, insistió el informe, “probablemente se encuentren involucrados un ex funcionario de primer nivel de la administración anterior y diversos funcionarios y exfuncionarios adscritos al Indaabin”.

Educación y salud

Casos emblemáticos A lo largo de las 50 cuartillas del informe, la SFP enumeró casos emblemáticos que revisó; recordó por ejemplo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó “indebidamente” 456 millones de pesos de impuestos a diez personas físicas y morales, o que los gobiernos estatales –principalmente el de Veracruz– dilapidaron más de 6 mil millones de pesos en ocho programas federales en 2018. También advirtió que investigaciones sobre la administración anterior siguen pendientes, entre ellas el posible desvío multimillonario en el programa de Comedores Comunitarios, la evasión fiscal en la importación de hidrocarburos, falsas declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, el caso Ayotzinapa o los fondos destinados a la atención de los daños causados por los terremotos de 2017. Daniel García Cortés, coordinador de los Órganos Internos de Control (OIC), recordó que el año pasado se llevaron a cabo mil 733 auditorías internas; el OIC del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) determinó por ejemplo sobrecostos por 2 mil 672 millones de pesos en una obra del NAIM otorgada a un consorcio formado por empresas de Carlos Slim Helú, Hipólito Gerard Rivero –cuñado de Carlos Salinas de Gortari–, Carlos Hank Rhon y Olegario Vázquez Raña. La SFP también señaló que au-

ditó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el último año de gestión de Rosario Robles Berlanga –actualmente presa por los desvíos de recursos realizados durante su gestión– y determinaron un monto por aclarar de mil 581 millones de pesos.

El caso de la K invertida También reveló irregularidades en la Conagua, entre ellas en el fiasco de la instalación de la “K” invertida en el sistema Cutzamala, en la que se cortó el abastecimiento de agua a la capital durante varios días para darse cuenta al final que la pieza no encajaba. En ese caso, la SFP determinó que la Conagua incumplió con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPRSM) cuando otorgó el contrato a la empresa Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integrales (CISI). Aparte, el OIC de Banobras –una dependencia que fue dirigida por Alfredo Del Mazo Maza, Abraham Zamora Torres y Alfredo Vara Alonso– encontró un “probable desvío de recursos” por 3 mil 950 millones de pesos, operado a través del opaco Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). La SFP también hizo suya la acusación de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) cedió “sin contraprestación” 2.42 hectáreas de terreno en Santa Fe a Juana Re-

Los auditores de la SFP también echaron la lupa sobre la Secretaría de Educación Pública (SEP), y encontraron una diferencia de 4 mil 660 millones de pesos “pendientes por aclarar” en la nómina de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios; en la Secretaría de Cultura, detectaron 700 millones de pesos por aclarar, mientras que en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que fue dirigida por Alfredo Castillo Cervantes, hubo daños por al menos 50 millones de pesos. En medio de la crisis de desabasto de medicinas y las controvertidas explicaciones del gobierno federal al respecto, el informe resalta una auditoría realizada al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez”, en la que observó 33 millones de pesos no comprobados. Por otra parte, la SFP realizó dos visitas de control a 24 de los 25 principales programas de la administración de Andrés Manuel López Obrador –que concentran 255 mil millones de pesos–, y encontró que ocho de ellos tienen un Control Interno Gubernamental (CIG) “débil y en proceso de implementación”, pues no tienen reglas de operación y sus estructuras orgánicas “se encontraban en proceso de definición”. En su discurso, Sandoval destacó los logros de su equipo en comparación con los desempeños de sus antecesores en el cargo, pues afirmó que en “el régimen pasado esta dependencia tuvo una misión fallida” y, tras sostener que “el elefante reumático de la corrupción siempre estuvo al centro del salón”, enumeró los casos como “la estela de la corrupción, el socavón del neoliberalismo, el tren del despilfarro”.


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Fiscal Gertz, no persista en nueva tipificación del feminicidio: CNDH Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a “no persistir en la intención de modificar el tipo penal de feminicidio”, al calificar como “un retroceso” su intención de cambiar ese delito por el de homicidio agravado. El organismo fijó su posicionamiento al conocerse los argumentos de Gertz Manero para impulsar la modificación como parte de las reformas al sistema penal judicial, con la finalidad de “facilitar su investigación y judicialización en función de la búsqueda de una mejor defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. La CNDH hizo un recuento de las razones por la que el feminicidio se incluyó en la normatividad penal, como “un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en que se encuentran las mujeres en México”. Resaltó que la tipificación responde a obligaciones internacionales contraídas por el país, el trabajo legislativo, las propuestas del movimiento feminista así como de instituciones y especialistas en el tema, que “visibiliza una situación estructural de violencia sustentada en una cultura de odio y discriminación

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Cámara de Diputados aprobó promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional contra el manual de remuneraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que afectó sus facultades exclusivas en materia presupuestal. La demanda, que se dirigirá al presidente de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y estará rubricada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, surgió de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobado por el Pleno con 323 votos a favor, 26 en contra y 83 abstenciones. La Cámara baja solicitará al máximo tribunal del país que invalide el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE relativo a sueldos y remuneraciones de sus funcionarios para el ejercicio fiscal 2020, que aprobó el 20 de diciembre de 2019.

El organismo fijó su posicionamiento al conocerse los argumentos de Gertz Manero para impulsar la modificación como parte de las reformas al sistema penal judicial, con la finalidad de “facilitar su investigación y judicialización en función de la búsqueda de una mejor defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”

hacia las mujeres”. Al considerar que los cambios “invisibiliza el componente de odio contra las mujeres”, el organismo puntualizó que el proyecto de la FGR “busca perpetuar patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres”, niega el acceso a la justicia de las mujeres, ya que “cancela la exigencia de que las investigaciones penales sean exhaus-

tivas, eficaces, serias e imparciales”. Lo anterior, sin contar que niega la existencia de “la violencia previa, continuada y mantenida en el tiempo, no garantiza una respuesta adecuada del Estado ni la debida diligencia de sus instituciones”, omitiendo que las investigaciones sean abordadas desde la perspectiva de género. El organismo resaltó que atender

el argumento de la FGR de modificar el tipo penal para “facilitar la investigación, de resolver el ‘trabajo’ (sic) de consignar y judicializar el feminicidio, implica la violación al artículo 1º Constitución por el incumplimiento de normas, principios y estándares vinculantes en materia de prevención investigación, sanción y garantía de reparación eficaz y justa ante el feminicidio”.

La Cámara de Diputados aprueba controversia constitucional contra salarios del INE En dicho acuerdo, el INE aprobó el manual de remuneraciones para sus servidores públicos de mando, así como la autorización para publicar la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la Federación, además de la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el personal de la rama administrativa, y el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. De acuerdo con la demanda, el INE violó los artículos 49, 74, 75, 126, 127 y 133 de la Constitución Política, trasgresión que se traduce en la invasión de las facultades de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y para establecer las retribuciones de los servidores públicos. Señala que se impusieron “pagos, seguros, gratificaciones, estímulos,

bonos compensaciones y gastos los servidores públicos del INE por encima del salario del presidente de la República, que se empleó como parámetro para establecer el límite máximo de las remuneraciones que pudieran percibir en relación con los

demás servidores públicos”. El acuerdo avalado en la Jucopo fue avalado por los grupos parlamentarios de Morena y de los partidos del Trabajo y Encuentro Social (PES), y rechazado por las bancadas de oposición.


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En tres meses, presidenta de la CNDH recibe 2 mil 876 quejas por falta de medicamentos Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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esde que asumió la presidencia y hasta el pasado martes 11, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, recibió 2 mil 876 quejas en contra de autoridades del sector salud por no suministrar medicamentos. De acuerdo con el organismo, del total de denuncias recibidas, en casi la quinta parte (552) se identificó a dependencias del sector salud, de las cuales 241 continúan en trámite. Entre las autoridades señaladas, las que más acumulan quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 421, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), con 112. El resto de las quejas son atribuibles a los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, con siete, y la Secretaría de Salud, con cinco. Con una denuncia presentada en su contra destacan los hospitales Juárez, Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” y Regional de Alta Especialidad del Bajío, así como los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez” y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, además del Instituto Nacional de Migración (INM), la Se-

Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)

En diciembre de 2020, la gratuidad de los servicios médicos será una realidad en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aseguró este jueves el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela. Actualmente se trabaja con las entidades federativas e Institutos Nacionales de Salud Pública y hospitales para la transición hacia el nuevo sistema de salud, destacó el funcionario federal durante un recorrido que realizó en el Hospital Juárez de México, junto con la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval. En pláticas que sostuvieron con pacientes y personal médico y administrativo del nosocomio, ambos funcionarios presumieron al Insabi y señalaron que entre todos debe combatirse la corrupción que tanto dañó al sistema de salud en México. Alcocer Varela consideró necesario integrar protocolos terapéu-

De acuerdo con el organismo, del total de denuncias recibidas, en casi la quinta parte (552) se identificó a dependencias del sector salud, de las cuales 241 continúan en trámite

cretaría de la Defensa y la Secretaría de Salud de Chiapas. En un comunicado, la CNDH detalló que el 11 de noviembre de 2019 y el 12 de febrero de este año recibió quejas por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). En la primera queja, diputados

albiazules se quejaron por los lineamientos que emitió el Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispusiera “inmediatamente de los recursos que constituyen el fondo de gastos catastróficos con una finalidad diversa a la prevista en la Ley General de Salud, lo que afecta a las

personas afiliadas al Seguro Popular”, así como por las omisiones en la distribución de medicamentos. Ambas quejas fueron analizadas por la Primera Visitaduría. Rosario Piedra Ibarra asumió la presidencia de la CNDH el pasado 12 de noviembre, en medio de un proceso de selección cuestionado.

Gratuidad de servicios médicos en Insabi se hará realidad en diciembre: Alcocer ticos con el propósito de garantizar eficiencia en cada una de las áreas de atención, por parte de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y del Consejo de Salubridad General (CSG). Por ejemplo, añadió, en el área de trasplantes se buscará un esquema de medicamentos no cubiertos por el extinto Seguro Popular para pacientes trasplantados o sometidos a algún tipo de cirugía. “Estamos valorando cuáles, cómo y en qué momento entran a ese gasto que no tienen por qué cubrir los pacientes”, soltó. Luego detalló que en el Hospital Juárez se realizan 1 millón 350 mil estudios de laboratorio, 82 mil de imagenología, mil 880 de medicina nuclear y 24 mil transfusiones de sangre al año.

Además, cuenta con 47 especialidades médicas donde se brindan más de 261 mil consultas anuales, de las cuales 42 mil 600 son de ur-

gencias, y realiza 12 mil 587 cirugías, más de 9 mil son mayores o complejas, y ofrece 170 mil atenciones de medicina física y de rehabilitación.


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Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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l Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales, una de las acciones que integran el Plan de Acción Inmediato para erradicar la violencia contra las mujeres en la capital, pero esta estrategia no resuelve los prejuicios, falta de sensibilización y ausencia de conocimientos especializados que prevalecen en los Ministerios Públicos y que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres. El pasado 6 de febrero, el Congreso de la capital aprobó la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, pendiente desde diciembre de 2019; y el 3 de febrero, la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, presentó las nuevas instalaciones de la Agencia 6 para la Atención de Delitos Sexuales, ubicada en el edificio central de la Fiscalía. Con estas acciones, el gobierno de la CDMX busca avanzar en su Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde agosto de 2019, y con las cuales intentó evitar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital. Consultada al respecto de la efectividad de estas acciones, la abogada de Equis Justicia para las Mujeres, Viridiana Valgañón, dijo a Cimacnoticias que otros son los obstáculos para que las mujeres que denuncian violencia sexual accedan a la justicia en la capital del país. De acuerdo con la litigante, estas propuestas no resuelven otros aspectos que impiden que una denuncia por un delito sexual se convierta en una carpeta de averiguación o consiga una sentencia. Ya que en todo el proceso de la denuncia existe “un efecto embudo”. “Una mirada crítica que tenemos desde Equis Justicia por el seguimiento de estas políticas públicas es

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

El pasado 10 de febrero el magistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien está en proceso de ser ratificado en el cargo, pidió al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán Pérez, una audiencia para “desvirtuar” la denuncia penal en su contra por la violencia sexual contra sus hijas de 5 y 7 años de edad. De acuerdo con un oficio enviado a la y los integrantes de la Comisión, el diputado Santillán Pérez decidió aceptar la petición, aún cuando el magistrado ya compareció ante el Legislativo el pasado 5 de febrero, cuando aseguró que la denuncia era de carácter estrictamente personal y que se estaba usando para impedir su ratificación.

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Prejuicios y falta de sensibilización obstaculizan acceso a justicia para mujeres

que deben ser monitoreadas. Además, hay otras cosas en qué ocuparse como prioridad, como aumento y capacitación del personal especializado, ya que hemos seguido la capacitación a jueces y magistrados, hay varios cursos y certificaciones, pero no siempre los conocimientos adquiridos son significativos y no se puede afirmar que se están aplicando”, detalló la abogada. Valgañón, que ha acompañado a víctimas de delitos sexuales en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, relató que el primer filtro que atraviesan las víctimas es reunir todas las pruebas y evitar que se desestime la agresión. Las víctimas se ven en la necesidad de comprobar mediante videos o el testimonio de un policía que fueron agredidas, pruebas que pueden tardar varios días en obtenerse. Si la víctima no contó con alguna de estas pruebas, es probable que el Ministerio Público al que se dirija desestime el hecho por faltas de pruebas feha-

cientes para acreditar un delito. También es común -detalló- que en las Agencias Especializadas para la Atención de Delitos Sexuales, el personal no esté capacitado ni sea especializado, ya que muchos de ellos fueron enviados de otros MP comunes, donde atendían principalmente denuncias por robo de celulares, a esas Agencias, explicó la litigante. El segundo obstáculo, en caso de que el MP dé cabida al dicho de la víctima, es que las autoridades minimizan la agresión. Cuando un agente ministerial no aplica la perspectiva de género –precisó la experta–, es probable que desestime y categorice erróneamente la violencia como falta administrativa y envíe a la víctima ante un Juzgado Cívico. Estos filtros obstaculizan la apertura de una carpeta de investigación, pero cuando las víctimas consiguen superar estos obstáculos y el MP inicia una averiguación, los obstáculos siguen. El tercer freno es, nueva-

mente, la carga probatoria, explicó Valgañón. Como resultado de los estigmas y estereotipos que persisten entre la autoridad judicial, es común que la teoría del caso que utiliza para dirigir la investigación sea desde los prejuicios y de no creerle a la víctima. Como consecuencia, durante la investigación se buscan periciales para desacreditar a la víctima y no para acreditar el hecho. De acuerdo con la experta, cuando el caso llega ante algún juez persisten los mismos obstáculos, ya que es probable que éste diga que no hubo delito con argumentos tales como que la víctima no se resistió a la agresión, ello porque usa un criterio propio, sin perspectiva de género y sin analizar el contexto de violencia sistemática contra las mujeres en esta ciudad. “Esto es toda la cadena para que cuando llegue el caso al juez éste diga que la investigación no arroja elementos suficientes”, detalló la integrante de Equis Justicia. Desde que se declaró la AVG en la CDMX, se consiguieron siete sentencias condenatorias por violación y 32 por abuso sexual, lo que juntas suman 10.7 por ciento del total de denuncias presentadas por delitos sexuales, de acuerdo con los datos oficiales. Del 21 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020 –periodo que coincide con la declaratoria de la AVG en la capital– se presentaron 362 denuncias por delitos sexuales y sólo 55 se convirtieron en carpetas de investigación, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Magistrado acusado de violación pide nueva audiencia en Congreso CDMX previo a su ratificación El diputado Santillán Pérez informó a las y los legisladores locales que este jueves 13 se reunirán con al magistrado Cavazos López para escuchar, nuevamente, sus argumentos y recibir “documentos objetivos” sobre la denuncia interpuesta el 23 de septiembre de 2019, por su exesposa. Cuestionado por los medios de comunicación, previamente, el diputado Santillán Pérez aseguró que la denuncia del magistrado estaba en etapa de integración, por tanto no podía ser valorada por el Consejo de la Judicatura y el Congreso tampoco haría un juicio en este caso. sino una valoración de las entrevistas, los ensayos, las trayectorias y las opiniones de las organizaciones civiles.

Este jueves se vence el plazo del proceso de ratificación, por lo que es probable que este viernes haya un dictamen. Además, el magistrado puede

ser aprobado por una mayoría simple de 10 votos de los 19 integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.


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¡BASTA DE NEGLIGENCIA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA! Lucía Melgar Palacios

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ientras la atención del público se distrae con ocurrencias gubernamentales, los problemas urgentes se acumulan y agravan. Además de los ataques a críticos y personas defensoras del territorio, entre otros, sigue su curso la violencia contra las mujeres, desde el acoso tolerado, la ausencia de justicia para las víctimas de violación, hasta la desaparición sin fin de mujeres y niñas, y ahora la estigmatización en el discurso oficial (y filtraciones falaces) de quienes denuncian las violencias machistas en la UNAM (situación que urge resolver con diálogo inteligente y abierto). Aunque cada caso tiene aristas y matices distintos, hay que insistir en que estas violencias no se van a difuminar con descalificaciones, medidas “apagafuegos” o discursos “bien intencionados”, sino con políticas públicas integrales para mujeres y niñas, basadas en la profesionalización en Perspectiva de Género de los servidores públicos. Aunque se han presentado múltiples argumentos para preservar el tipo penal del feminicidio, es evidente que el gobierno hace oídos sordos y que el propio fiscal de la república no tiene claro ni lo que es “género” ni la especificidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Por ello, además de insistir en que este delito se mantenga en el Código Penal Único, hay que subrayar la urgente necesidad de profesionalizar en perspectiva de género, de arriba a abajo, a todos los

servidores públicos, en particular al personal del sistema de justicia, para que entiendan qué es la violencia contra las mujeres, sus motivos particulares, y ejerzan cabalmente sus responsabilidades, y acabar con la negligencia e irresponsabilidad, ya condenadas, entre otras, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de “Campo algodonero”. Profesionalizar en violencia, con PEG, a todo el personal de justicia es urgente también para que traten de manera adecuada a quienes denuncian violencia sexual, acoso o violencia familiar, en vez de maltratarlas e inhibir la denuncia. Profesionalizar, que no “sensibilizar”, al personal permitirá además diseñar políticas públicas para prevenir estas violencias, que no van a disolverse con acciones y alertas improvisadas. Las experiencias exitosas de prevención requieren de tiempo, planeación, redes de profesionales, ética y compromiso, y participación ciudadana. Brindar una atención acorde a la magnitud y complejidad de este problema también exige responder a las necesidades diversas de la población femenina. Llama la atención, en este sentido, que en la recién “inaugurada” Agencia modelo especializada en delitos sexuales-6 la remodelación (incompleta) incluya espacio para niñas y niños pero no para adolescentes, quienes necesitan un trato especializado. También es inadecuado que se siga invisibilizando la violencia sexual contra mujeres mayores enviándolas a otra instancia de “adultos mayores” como

si ellas no padecieran también violencia machista. Si esto sucede en una instancia “especializada”, es obvia la necesidad de cambio en otras. La urgencia de conjuntar prevención, atención profesional y sanción efectiva, con PEG, puede ejemplificarse con casos de niñas y mujeres violadas que a veces ni siquiera saben que deben buscar tratamiento médico inmediato y se enteran meses después que están embarazadas, o que intentan denunciar y no pueden, porque no hay ministerio público disponible o éste o la médica legista las maltratan. Así aumenta la cifra negra y los violadores quedan en libertad de acechar a otras víctimas. Las violencias machistas siguen dejando a mujeres, niñas y familias en la indefensión por la negligencia de autoridades incapaces de reconocer que prevenir y combatir la violencia machista exige profesionales, con sentido ético. Necesitamos por ello que las instancias a cargo de la política de igualdad y contra la violencia defiendan los derechos de las mujeres, en coordinación con la sociedad organizada, y exijan los recursos necesarios para la profesionalización de su personal y el de instancias como la FGR, para prevenir y sancionar esta violencia y brindar a las víctimas la atención que merecen. Es lamentable que quienes encabezan Inmujeres, Conavim, Segob e instancias locales encargadas de la “política de género” sigan callando ante la ausencia de política de Estado para las mujeres.


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LA NECROPOLÍTICA MIGRATORIA DE MÉXICO

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mmanuel Ngu salió de Camerún huyendo, cuando los maestros se convirtieron en una amenaza tanto para su gobierno como las guerrillas secesionistas. Perseguido por su liderazgo como maestro rural, fue amenazado y torturado. Atestiguó la ejecución de su mejor amigo, un maestro de historia africana, en la vía pública, por lo que decidió arriesgarse en un letal viaje trasatlántico para reunirse con su madre y sus hermanas que viven en Estados Unidos. Su plan era sacar a su esposa y sus tres hijos, quienes aún viven en el hostil noroccidente camerunés. Pero Emmanuel se quedó con las solicitudes de asilo en el bolsillo que se encontraron entre sus pertenencias, una vez que su cadáver fue recuperado entre los restos de un naufragio donde él y otros africanos perecieron. El lamentable hecho nos recuerda lo que viven cientos de personas de origen africano en su letal paso por el mar mediterráneo, declarado el corredor migratorio más peligroso del mundo y al que le sigue el de la frontera entre México y Estados Unidos. En México, Emmanuel Ngu fue detenido, pasó días de mucha desesperación bajo condiciones infrahumanas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Días angustiosos en los que no recibió atención humanitaria ni apoyo legal. Víctima del temor de ser regresado a su país, huyó de esa estación migratoria de Chiapas, en la que aún esperan cientos de africanos varados en el sur. Bajo engaño de presuntos traficantes y policías, subió a una balsa que, en lugar de llevarlo hacia territorio estadunidense, navegó hacia la muerte en la costa chiapaneca y oaxaqueña. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no quiso reconocerlo como víctima ni tampoco apoyar económicamente a su familia para restituir los restos a su país. La CEAV argumentó que, teniendo fondos tan limitados, su prioridad son las personas mexicanas. La historia de Emmanuel se suma a las de otros migrantes perseguidos por la Guardia Nacional y que han perdido la vida en su intento por llegar a Estados Unidos, como el caso del salvadoreño asesinado frente a su pequeña hija en Coahuila o el joven ahogado en el río Bravo abrazado a su hija, ambos en 2019. Son más de 62 mil solicitantes de asilo que fueron enviadas el año anterior hacia algunas de las ciudades mexicanas más peligrosas, bajo el programa Quédate en México.

Ana Lorena Delgadillo Y Maina Mutonya En total desprotección estatal, los migrantes son vulnerables ante delitos como el secuestro, extorsión y violencia sexual, fenómenos que azotan históricamente a las fronteras del país. México ha decidido trazar una nueva política migratoria persecutoria que no solo está provocando muertes, secuestros y desapariciones, sino contruyendo la narrativa de que los derechos de las y los mexicanos están primero y por encima de las personas migrantes. El filósofo camerunés Achille Mbembe llama al poder estatal absoluto “necropolítica” para describir el ejercicio de la soberanía como “el poder y la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir”. En los últimos meses, esa “soberanía” de la que habla Mbembe, se ve proyectada en la política migratoria mexicana, condicionada por la impositiva de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. México está aplicando su necropolítica migratoria, sin que hasta el momento exista otro poder o alguna institución que intente, al menos, llevar a cabo alguna acción para ejercer un contrapeso. La soberanía, siguiendo las ideas de Mbembe, que ha elegido México en el ámbito migratorio, es la de poder dictar quién vive y quién no. México decide qué vidas importan, dictaminando bajo el criterio de la nacionalidad quién es desechable y quién no. Aunque Mbembe, para ejemplificar su teoría, hace referencia a la esclavitud, el colonialismo y otras experiencias históricas, vislumbramos que la necropolítica se replica en el sistema de migración global y las fronteras, pues son espacios -en la mayoría de los casos- donde esta acción se manifiesta con claridad. El “necropoder” se ejerce sobre los migrantes a través de la política represiva que el gobierno mexicano aplica a través de la nueva Guardia Nacional para controlar el flujo de migrantes de Centroamérica hacia el país y luego a Estados Unidos, o mediante los agentes de la Patrulla Fronteriza, en la línea divisoria entre México y territorio estadunidense, haciendo labores de la border patrol. Mbembe destaca la brutalidad que dominaba los espacios en los que se practicaba la necropolítica. En México, son “topografías reprimidas de crueldad” (formas de violencia estructural, multiplicidad de violencias -físicas y psicosociales-) ejercidas contra niñas, niños y mujeres en las caravanas, los casos de tortura y las condiciones infrahumanas en los centros de detención. También los peligros que enfrentan los migrantes ante el crimen

organizado en puntos fronterizos y otros espacios, hechos que han sido ampliamente documentados en videos e informes. La necropolítica migratoria de México deshumaniza a la vez que normaliza circunstancias letales. La frontera misma se convierte en una confluencia entre la vida y la muerte, ocasionando así la experiencia de la muerte-en-la-vida, que define Mbembe. Con esta política, para lograr la soberanía, el necropoder debe devaluar los derechos del “otro”. Eso es parte de lo que estamos enfrentando en instituciones como la CEAV, donde las víctimas migrantes pasan a una segunda categoría, siendo sus derechos devaluados por su procedencia y perfil socioecónomico. Todo, en aras de dar prioridad a quienes consideramos que están por encima de las personas migrantes: las y los mexicanos. El migrante en estos espacios es visto como el “otro”. Debido a que la necropolítica trata de obtener y mantener un control absoluto sobre un grupo de personas, el sufrimiento y las condiciones abyectas los dejan ‘permanentemente heridos’. Puede que no sean necesariamente asesinados, pero se dejan sufrir en la indignidad de los espacios nocivos en los que se encuentran detenidos o bajo “resguardo”. Este sufrimiento es una forma de violencia política contra los migrantes, porque se les niega la oportunidad de mejorar las condiciones miserables que los han hecho abandonar sus países de origen. Las limitaciones de sus derechos normalmente se ponen en práctica a través de acciones políticas, como la violación del principio de no devolución. Incluso con la inacción política, como el silencio de las instituciones, las cuales deberían estar velando por sus derechos o haciendo contrapeso a las arbitrariedades. Situaciones que mantienen a las personas migrantes “heridas permanentemente”. Los acuerdos migratorios empujados por Estados Unidos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras, sin importar cómo se denominen, en el fondo reproducen la filosofía que sustenta a la necropolítica. Al negar el derecho a la protección y al asilo,

las soberanías fundadas por “los poderosos” deciden sobre el destino y vida de las personas migrantes. Evalúan si deciden dar asilo a un político controversial, a un profesionista o a un empresario que les representará alguna ganancia, mas no darán asilo a los más pobres y a los más excluidos, pues sus vidas -bajo el ejercicio del necropoder- no valen. En las operaciones necropolíticas del poder ejecutivo en el triángulo norte de Centroamérica, México y EU, se alberga una pequeña esperanza: que sus poderes judiciales puedan ser el contrapeso y los guardianes de los derechos humanos. En México, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Asylum Access y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, están llevando a cabo una batalla importante en contra de estos acuerdos migratorios para que México sea congruente con su Constitución Política y con los tratados internacionales que ha firmado. El Poder Judicial tiene ahora en sus manos algunos de los amparos que se han promovido en contra de la necropolítica migratoria. El camino no parece ser sencillo, pues ese poder deberá mostrar su independencia y resolver con base en la evidencia presentada y conforme a derecho, sin ningún tipo de presión política. En el año 2019 hubo sentencias memorables en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el caso del feminicidio de Karla Pontigo; la sentencia sobre transparencia y acceso a la información en el caso de las masacres de migrantes en Tamaulipas y Nuevo León; el asunto de acceso a los expedientes penales a defensores que no tengan el título de abogados/as, entre otras. Esperamos que las resoluciones de estos amparos en contra de acuerdos y políticas migratorias que violan derechos humanos no sean la excepción a estas sentencias memorables. Instamos a que el poder judicial sea un contrapeso al necropoder que se aplica contra las personas migrantes, en aras de construir una política migratoria cimentada en los estándares de derechos humanos de todas y todos. La pregunta que queda para nosotros como mexicanas y mexicanos es: ¿qué tipo de soberanía queremos?, ¿permitiremos que se siga reproduciendo el necropoder sobre las personas los migrantes? *Ana Lorena Delgadillo Pérez es Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.


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LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN CIERNES Luis Miguel Cano López

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finales de octubre pasado compartí ciertas ocurrencias en este espacio sobre lo que en mi opinión contribuiría a una reforma judicial con y para la gente. Obvio, nadie tenía porque leerme y menos hacerme caso. Como sea, a partir de ayer es posible compartir impresiones, puntos de vista y algunas críticas sobre la reforma que se ha presentado en público. Lo positivo de seguro se podrá leer en otro lado. Cabe aclarar que como esta columna la escribo Desde Plutón, nunca me enteré de los espacios abiertos en los cuales desde el Poder Judicial federal se invitó a las voces comunes, las de las personas que todos los días demandan justicia y garantía de sus derechos, a expresar sus pareceres sobre lo que necesitan. Mi culpa. Para nada quiero imaginar que esta trascendental reforma es solo de origen cupular, como si a quienes sirve el Poder Judicial federal no pudieran sumar nada. Dicho eso, el análisis a profundidad de esta reforma y los espacios de discusiones públicas que seguramente se organizarán en sede legislativa, darán una generosa cantidad de oportunidades para compartir comentarios y participar del debate. Mientras tanto, por ahora se pueden adelantar algunas reacciones de puro reflejo. Para que la carrera judicial funcione tiene que asegurarle real independencia a las personas que

le apuestan a ella sus vidas profesionales. Dotarles de autonomía frente a todo mundo, en primer lugar respecto de las personas titulares de los lugares en los que laboran. Eso pudiera ser bien complicado de entender, y más, de compartir. La costumbre es que la gente de sus equipos atienda sus designios. Pero algo que parece menos polémico es que si se va a apostar por este sistema de profesionalización, no pueden permitirse huecos en los que algunas personas que trabajen para el Poder Judicial federal se encuentren exentas de concursos de oposición. Entre mayores sean las responsabilidades y mayores la cercanía y confianza depositadas en las personas que conformen los equipos judiciales, crece la exigencia de que esas mismas personas no le deban nada a sus titulares. Por lo que concierne a la formación judicial y al perfil de sus integrantes, no sobra reiterar que dado que el Poder Judicial federal debe ser garante ejemplar de la regularidad constitucional, resulta vital que se prepare a sus cuadros con una mentalidad acorde a la función y a los retos de nuestros tiempos. Es así que se necesita formar a defensoras y defensores de derechos humanos. No hay opción. En otro tema, me provoca enorme desconfianza la posibilidad de darle soporte constitucional a la creación de órganos judiciales ad hoc. La prohibición de tribunales especiales debe continuar vigente

y sin alteraciones, así que cualquier mecanismo para designar órganos jurisdiccionales para que conozcan de asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan impacto social de especial relevancia, no termina por convencerme. Aclaro, si la constitución de esos órganos se improvisa y cambia de caso en caso. Y también aclaro que similar desconfianza me generaría que para suplir ausencias en juzgados federales se permitiera que desde la Corte se enviara a su personal. Por último, para que no todo se perciba como crítica mordaz, saludo que cambien las cosas por lo que ve al reconocimiento de un sistema de precedentes judiciales. E igual gusto me da la idea de que el envío de mensajes de inconstitucionalidad a la sede legislativa se agilice. En términos de nuestra Constitución vigente, si una instancia con competencia para determinar una violación a derechos humanos decide que algo contraviene preceptos constitucionales, se debería de activar de inmediato la obligación constitucional de prevenir tal violación y no repetirla más. Por ello, facilitar la declaratoria general de inconstitucionalidad me parece positivo. En fin, cuando mejoren las cosas, Desde Plutón, ya tendré tiempo de revisar los detalles, esos lugares donde se esconden diablos. No me hace falta invitación y no necesito reflectores. Esa es una ventaja del privilegio de escribir para Proceso.


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Viernes 14 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EL JARIPEO DEL TERROR Y LA DESIGUALDAD Ricardo raphael

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éxico es tan clasista que hasta en la tragedia se evidencian los códigos postales. Si un grupo armado y encapuchado hubiese echado tiros contra los aficionados de la Plaza México, un domingo de corrida, la noticia se habría elevado hasta la primera plana de los diarios internacionales. Pero Zacacoyuca, Iguala, no es la Ciudad de México ni el público que fue al jaripeo del domingo 2 fuma puro ni se codea con el poder del dinero. Acaso por esta razón principal en Iguala las cosas están peor que hace cinco años y cuatro meses, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si todos importáramos lo mismo el Estado mexicano se habría invertido, de cuerpo entero, para desmantelar las redes criminales que unieron y siguen uniendo a los poderes político, militar, policial y delincuencial en el estado de Guerrero. A los normalistas no se los llevó una nave espacial: los desapareció una empresa formada por delincuentes que es la máxima autoridad sobre ese territorio. Porque esa región de Guerrero no importa al resto del país, después de la desaparición de los muchachos, en vez de acortarse se fortaleció el poderío de los perpetradores. Primero, la organización de Los Rojos aprovechó para ganar terreno a sus adversarios, Los Guerreros Unidos. Desde Iguala hasta Cuernavaca esa banda criminal impuso un régimen de terror que, sin importar la baja de algunos de sus líderes, ha sembrado mucha sangre entre las poblaciones. Sólo una mezcla de indolencia y complicidad podría explicar este fenómeno nefasto. Las desapariciones, los asesinatos, los secuestros, la extorsión y los ajusticiamientos no han disminuido nada, en esa geografía, desde 2014.

Algunos supusimos, también de manera equivocada, que Los Guerreros Unidos pagarían por sus atrocidades. Siendo esta organización la que presumiblemente fue responsable material de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, era de esperarse que iba a ser desmantelada en todas sus partes. Pero no fue así. Según información sin confirmar, el acto terrorista que sufrieron más de 300 personas la noche del domingo 2, durante un jaripeo de Zacacoyuca, volvió a tener como responsables a Los Guerreros Unidos. La balacera que reportó un muerto y varios heridos, y que aterrorizó durante varios minutos a niños, ancianos mujeres y varones habría tenido como propósito, por parte de Los Guerreros Unidos, avisar a Los Rojos que están de vuelta con ánimo de recuperar sus antiguas plazas. ¡De no creerse! La desaparición de los normalistas va quedando atrás como un capítulo más dentro de una larguísima saga de odios y batallas entre dos organizaciones criminales que continúan luchando, por todos los medios disponibles, para apropiarse de un extenso y próspero territorio dedicado al cultivo y procesamiento de la amapola. Mientras tanto, el Estado y sus gobiernos miran para otro lado. Así lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto que, no por inepta sino por corrupta, dejó intocados los hilos del poder criminal en esa misma zona. Lo peor es que la nueva administración de la 4T no ha hecho mejor las cosas. Si bien los padres de los 43 sostienen una relación de confianza con el poder político, las condiciones y el contexto que permitieron la tragedia de Ayotzinapa sobreviven sin mayor rasguño. De otra manera, ¿cómo explicar las imágenes observadas en el video que alguna de las víctimas de Zacacoyuca compartió en las redes sociales la ma-

drugada del 3 de febrero? Lo más grave es que frente a estos hechos se impone una mirada normalizante por parte de la mayoría de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. ¿Autocomplacencia? ¿Resignación? ¿Acaso complicidad? “Así es y ha sido siempre la vida en Guerrero”, piensa en voz baja la indolente mayoría. Lo cuestionable es la desigualdad en esa mirada normalizante: todos saben, incluidos los criminales, que mientras las víctimas sean pobres y desposeídas, la tragedia será tolerable para el resto del país. Las balas de los AK-47 tienen permiso de ser disparadas, siempre y cuando apunten contra los más vulnerables. En las ráfagas de fuego no hay azar, por eso los desaparecidos de Ayotzinapa, por eso los campesinos de Guerrero, por eso los asistentes al jaripeo de Zacacoyuca. Si no hay azar entonces alguien decide a quién le toca y a quién no. En México sí hay límites impuestos sobre los criminales. Ellos saben con quién meterse, ellos conocen el alcance de su terror, tienen claro hasta dónde pueden llegar. La frontera de sus actos la define la autoridad del gobierno; la misma que no perdonaría una balacera fuera de la Plaza México, la misma que actuaría con todo el peso del Estado si uno de los heridos fuese un varón fumador de puro o una regidora de la alcaldía de la Benito Juárez, de la Ciudad de México. Ciertamente el código del comportamiento delincuencial tiene reglas que definen a los intocables y por consecuencia a las víctimas irrelevantes. ¿Cuánto durará esta historia de violencia insoportable? Pues el tiempo que dure desigual la tolerancia del Estado frente al terror, dependiendo del código postal donde ocurra la muerte y la desaparición. Este análisis se publicó el 9 de febrero de 2020 en la edición 2258 de la revista Proceso


CONTRAPODER

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a reversa también es cambio en esta 4T y quizá no son los mejores hombres al frente porque muchos de ellos llegaron al poder por el efecto AMLO y no tienen compromiso con el pueblo, y para ello podemos mencionar que para el Barón de Montesquieu, existían tres tipos de gobierno: una monarquía que era gobernada por un rey o una reina, una república la cual era gobernada por un líder elegido y un despotismo el cual era gobernado por un dictador. Montesquieu creía que un gobierno elegido por el pueblo era la mejor forma de gobierno pero también creía que el éxito que podía tener una democracia dependía de un gobierno en el que el pueblo tenía poder, dependía de mantener el equilibrio de poder. El Barón de Montesquieu argumentó que el mejor gobierno sería el que tuviera el poder equilibrado entre tres grupos de funcionarios. Esto le podría servir a los integrantes de los tres poderes del estado, y es que me atrevo a citar al pensador francés cuando he leído sus obras, y me queda claro que si el viviera echarían abajo su tesis cuando hay otros intereses en un gobierno de república y es el interés personal o el servilismo al poder de al lado. El estado de descomposición de

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Viernes 14 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

n los años setentas, el sector agropecuario aportaba poco más del 35% del Producto Interno Bruto estatal, pero esa capacidad productiva se fue perdiendo, en parte por la aplicación de políticas públicas equivocadas y también por la corrupción, que agujereaba los presupuestos destinados a apoyar a los hombres del campo. Fue así como el campo entró en una fase de poca productividad y al final se terminó condenando a los agricultores a la miseria, o en su defecto, a abandonar sus tierras y a emigrar a las ciudades en busca de trabajo. La vocación agropecuaria de Chiapas es una realidad tangible que no se puede seguir desaprovechando. Por ello, y con visión de Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas está empeñado en transformar la fisonomía del agro chiapaneco, El objetivo es transformar el proceso productivo agropecuario, es decir, sentar las bases institucionales que apuntalen la modernización de la economía rural, por ejemplo, promoviendo la creación de más industrias agropecuarias que le den valor agregado a los productos y generen nuevos puestos de trabajo en el campo. Chiapas tiene un enorme potencial agrícola; es un deber de Estado aprovecharlo y sacarle el mayor beneficio posible para la gente del campo. Una muestra de la voluntad po-

PUNTO Y COMA; Roger Laid

Modificación inútil

las instituciones en sus tres niveles de gobierno es tal que lo que se observa no se puede negar. Por un lado las incapacidades de los lesgisladores y algunos presidentes municipales, a quienes el cargo les ha quedado grande: no entienden ni quieren aceptar la realidad. Van contra corriente y realizan acciones muy por demás contrarias a las que ofreció la 4T. Por otro, la pirámide del poder que avasalla y somete a los de abajo, que son los que creyeron que se manifestaría un gobierno diferente y votaron por esa opción, se les observa una total desilusión o desencanto que la abrazan, los ricos

y los pobres. Esto último se expresa en toda su crudeza en la reciente reforma a la llamada Ley de ISSTECH que tocó y vulneró puntos sensibles de los trabajadores. Unidos los legisladores la aprueban, y se manifiestan 7 de ellos, que después guardan silencio. Al otro día, aparece una legisladora desaprobando lo mismo. Pareciera que no leen, no analizan, no reflexionan y que como autómatas solo obedecen. Los 7 expresaron la inconformidad y documentaron dicho atropello, esto ante el silencio de sus homólogos y la sonrisa de otros, una ley que a bote pronto es obser-

EL DIVAN Sergio Stahl

** La producción alimentaria, proyecto estratégico de la #4T en Chiapas ** ( Ultima parte )

lítica del gobernador Escandón Cadenas para sacar al campo de su postración fue la reciente entrega de apoyos a la gente del municipio de Chilón, donde los agricultores recibieron un formidable impulso para que sus siembras arrojen una mejor cosecha. Son pequeños pasos hacia adelante, pero hay tiempo suficiente para empezar a lograr mejores cosechas y generar mayores frutos económicos para la gente del campo.

En fin.

BALCON: Al fin, #Ruti com-

prueba que su prédica contra la corrupción no es meramente eso: bla bla bla. Por un lado,el miércoles 12 de febrero por la mañana fuentes oficiales- que pidieron el anonimato - filtraron al autor de #ElDiván que un Juez Penal libró ordenes de aprehensión contra -hasta ahora- 10 funcionarios del sexenio de Manuel Velasco Coello, a los que se les acusa del presunto delito de desvío de fondos del erario. Esa filtración no tardará mucho tiempo en convertirse en noticia de primera plana, cuando los sheriffes de la Fiscalía General del Estado (FGE)

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vada como una muestra clara de la irresponsabilidad de los diputados de la actual legislatura, quienes bajo conjetura guardaron silencio porque no les afecta en nada sus dieta y e ingresos, sin embargo la respuesta podría venir en cualquier momento, los trabajadores que cotizan en el ISSTECH no están mancos, ni ciegos y menos mudos, sabemos que son organizados y que desde luego habrá una contra ofensiva. Lo cierto es que el congreso es hoy una pequeña caricatura de lo que debiera ser el equilibrio (inexistente) entre los tres poderes. Insisto no entienden, están incapacitados, mucho menos que hayan leído al Barón de Montesquieu.

Puntos suspensivos…

Esperamos que después de las denuncias ate la PGR para que atraiga el caso por las agresiones a periodistas en Tapachula y que fuera documentada por el Director General del periódico CONTRAPODER doctor José Adriano Anaya, haya una respuesta positiva y el alcalde de la localidad Gurria Penagos sea llamado a cuentas, ya que solo se observo que busco acuerparse con la llegada de los diputados federales en días pasados quienes pudieron darse cuenta de la ingobernabilidad que existe.

le echen el guante a esos pillos, quienes ahorita andan escondidos y a salto de mata, salvo uno de ellos que duerme tranquilo en su casa con el amparo de la justicia federal bajo la almohada. En este prefigurado escándalo de corrupción “a la chiapaneca”. hay que decir que el pillo mayor, el jefe de la banda de rateros que está en la mira de la justicia, se llama Jorge Betacourt Esponda, ex Secretario de Obras Públicas, quien de “político pobretón” pasó a ser un “bandido millonario” Y por otro, ayer, los sheriffes de la FGE detuvieron al ex Sub-Secretario de Servicios y Gobernanza, Giovvany Campos Amaya, y a otros cuatro personas, a las cuales se les acusa del presunto delito de uso indebido de funciones públicas y tráfico de influencias. Sobre este caso, hay mucho que escribir, en especial, escrutar la personalidad y la trayectoria pública de Giovvany, un personaje muy ligado a un alegado pillo muy famoso de nombre Jorge Morales Messner. El lunes, aquí en #ElDiván, el recuento de los pasos de Campos Amaya por el servicio público. Por cierto, ojalá que a Giovvany las autoridades del penal de #ElAmate le tengan consideración y no lo vayan a mandar al Interior, porque ahí no sólo lo van a madrear y a extorsionar, sino que hasta corre peligro de que reos depravados lo quieran hacer mujer, pues con eso de que Campos Amaya es “guerito”, tiene los ojos claros y está esbelto, capaz que a los degenerados se les pueda antojar...Eso es todo.


CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 14 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1830 ACUSACIÓN

En tres meses, presidenta de la CNDH recibe 2 mil 876 quejas por falta de medicamentos

DENUNCIA

Por tortura y lesiones, demandan a policía ministerial en Chiapas

PAG. 9

LLAMADO

Fiscal Gertz, no persista en nueva tipificación del feminicidio: CNDH PAG. 3

INCONFORMIDAD

PAG. 8

DECLARACIÓN

Gratuidad de servicios médicos en Insabi se hará realidad en diciembre: Alcocer

PAG. 9

Empresas “amigas” del gobernador, las únicas beneficiadas con el petróleo de Tabasco: indígenas Vivir en un estado petrolero como Tabasco sólo trae beneficios a empleadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las empresas “amigas” del gobernador Adán Augusto López, denunciaron indígenas chontales agrupados en el Movimiento México Despierta AC.

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PAG. 6

La Cámara de Diputados aprueba controversia constitucional contra salarios del INE

Profile for Dante Oliveyro

CONTRAPODER EDICIÓN 1830  

CONTRAPODER EDICIÓN 1830  

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