CONTRAPODER
EN CHIAPAS
Martes 20 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Exigen detener acoso contra pueblos indígenas de Chilón y Sitalá, Chiapas Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)
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ntegrantes del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana exigieron que se detenga el acoso y hostigamiento que grupos presuntamente vinculados al presidente municipal de Chilón, Chiapas, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, han dirigido contra poblaciones indígenas de esa zona y de Sitalá, que buscan elegir a sus autoridades por usos y costumbres. A través de un comunicado, denunciaron que, ante la omisión o inacción de las autoridades, en días pasados estos grupos secuestraron a un equipo de antropólogos que se encontraban haciendo un estudio cultural por encargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con ello entorpecieron el proceso que han emprendido para el reconocimiento de sus derechos constitucionales a la libre determinación y al autogobierno. En consecuencia, los integrantes del programa hicieron un “enfático” llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para que se respete y garantice el derecho de las poblaciones indígenas de Chilón y Sitalá a
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Entre matorrales, con huellas de haber sufrido violencia sexual, la niña de 12 años Patricia Feliciano Miranda, desaparecida desde el sábado 17 en el municipio de Chilón, fue hallada muerta este lunes. Los padres de la menor, Miguel Feliciano y María Miranda, señalaron que, tras denunciar la desaparición, la buscaron en casas de familiares, amigos y vecinos de la comunidad de Nachij, donde Patricia trabajaba. Sin embargo, fue hasta esta mañana que el cuerpo de la pequeña fue encontrado en una brecha rural, entre Nachij y el paraje San Martín. De inmediato, los cuerpos policiacos acordonaron la zona y llamaron a la familia. Miguel Feliciano y María Miranda reconocieron el cuerpo de su hija, a quien encontraron desnuda y con huellas de haber sufrido un ataque sexual. Hasta esta tarde, policías de Chilón, destacamentados en el poblado de Bachajon, mantienen acordonada el área y actuando como primeros respondientes. Los padres de la menor exigieron justicia y que el delito no quede en la impunidad. También pidieron a las autoridades mayor seguridad para evitar que hechos como ese se repitan.
A través de un comunicado, denunciaron que, ante la omisión o inacción de las autoridades, en días pasados estos grupos secuestraron a un equipo de antropólogos que se encontraban haciendo un estudio cultural por encargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con ello entorpecieron el proceso que han emprendido para el reconocimiento de sus derechos constitucionales a la libre determinación y al autogobierno
la libre determinación. En cuyo esfuerzo, detallaron, han sido acompañados por miembros del Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC), el Gobierno Comunitario de los municipios de Chilón y Sitalá, el Pueblo Creyente, la Misión de Bachajón y el Movimiento de Defensa
de la Vida y el Territorio (Modevite); contra quienes se ha dirigido la campaña de acoso y hostigamiento. El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas advirtió que si el nuevo gobierno desea realmente reconocer a los miembros de los pueblos indígenas como sujetos de
derecho, debe comenzar por garantizar, “en los hechos y no solo en las palabras”, los derechos de las comunidades a la libre determinación y el autogobierno. Para lo cual, consideró, el caso de Chilón y Sitalá representa “una oportunidad histórica” y expresó su deseo de que el gobierno esté a la altura del reto que esto significa. Desde el 2017, estas comunidades iniciaron el proceso legal para elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena. Además, en el municipio de Chilón se encuentra el Centro de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ) 21 de diciembre, uno de los once de nueva creación anunciados por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena (CNI) este fin de semana.
Con huellas de violencia sexual, hallan muerta a menor desaparecida en Chiapas Y es que, al igual que en otras regiones del país, Chiapas ocupa un alto índice de violencia hacia las mujeres. En días recientes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sostuvo que, ante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en el estado, “nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia, ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia, evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares”. De manera particular resaltó la negligente actuación de la Fiscalía General del estado (FGE), y denunció que el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, ha demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género, haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación.
En contextos de violencia y creciente conflictividad, indicó, “la violencia feminicida es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad y cero tolerancia, que erradiquen la violencia hacia las mujeres”. De igual manera, recordó que el 18 de noviembre de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, pero desde entonces los gobiernos federal y estatal han destinado únicamente 6.2 millones de pesos, “insuficientes para implementar las medidas de prevención, seguridad y justicia”.
Y, además, la impunidad y la ausencia de protocolos de actuación, así como criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, junto con el desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la FGE como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Chiapas. A nivel nacional el panorama es menos alentador, ya que actualmente 56% del territorio cuenta con la Alerta de Violencia de Género.