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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Omisión en la atención a los desplazados

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El problema de los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, cuando en los años 70s en San Juan Chamula se dio una expulsión por razones religiosas.

Chiapas requiere de un gobierno que trabaje con honestidad. Así lo reconoció el gobernador pero poco hace para cumplirlo. Sobre todo porque tiene cuatro amigos incorporados al gobierno, que se enriquecieron desde los tiempos que laboraban en el Tribunal.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Viernes 16 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1712

DICTAMEN

REPORTE

Juez suspende indefinidamente construcción en Santa Lucía; ordena mantener obras en Texcoco “Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva”, destacó MCCI en un comunicado

Fuertes vientos afectan viviendas en San Cristóbal de Las Casas

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SOLICITUD

Piden aplicar la ley por agresión a integrante de LA (OPEZ-H)

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HOY ESCRIBEN CÓDIGO NUCÚ

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Un hospital entrega ataúd con basura en lugar de cuerpo de bebé; destituyen a directivos

MENSAJE

El Estado debe asumir responsabilidad en casos como Acteal, Nochixtlán y Guardería ABC: Encinas

César Trujillo

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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PRIMO LEVI Fabrizio Mejía Madrid

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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BELEM DO PARÁ: 25 AÑOS DE PROMESAS INCUMPLIDAS Lucía Melgar

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TRUDEAU Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CANADIENSES EN EL EXTERIOR: TODO APUNTA AL GATOPARDISMO Jaime Porras Ferreyra

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LA INSOPORTABLE DOBLE CARA DE LA LEY Luis Miguel Cano López PAG. 5

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Viernes 16 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL Omisión en la atención a los desplazados

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l problema de los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, cuando en los años 70s en San Juan Chamula se dio una expulsión por razones religiosas. Sin embargo, la gravedad de este problema se debe a que ningún gobierno ha querido resolver esta situación, misma que se agudizó a partir del año de 1994, en que se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar entre sí a las comunidades indígenas, y a partir de allí generar un discurso distractor que señaló que la violencia en esas comunidades no era producida por el Estado sino debido a los conflictos intercomunitarios. Son muchos los sucesos de violencia que se han presentado en los últimos años que terminaron provocando desplazamientos indígenas y el Estado no implementa medidas para prevenir estos desplazamientos, y de manera omisa continúa desestimando el clima de agravios, conflictos y de tensión social que prevalece en las comunidades en donde los grupos paramilitares

actúan con impunidad. En los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán existe una profunda polaridad social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde dos diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y muertos están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un conflicto que termine generando una masacre de consecuencias mayores a los sucedido en Acteal, en diciembre de 1997. Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atiendan esta situación, que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado

a promover reuniones con presidentes municipales sin que éstas eviten las tensiones y la violencia que prevalece en esos lugares. Hay una desatención histórica hacia los desplazados, pues no se han procurado condiciones que posibilite el retorno y miles de desplazados pasaron a formar parte de los cinturones de miseria de la ciudad de San Cristóbal de Las casas. Hoy día la región de Aldama, Chenalho y Chalchihuitán está convertida en un polvorín, sin que esto pareciera preocuparle a las autoridades del gobierno estatal y federal, quienes vienen incumpliendo las medidas cautelares de la CIDH y la recomendación de la CNDH, pues los grupos paramilitares continúan actuando en la impunidad, sin que haya visos de que se implemente un operativo de desarme y sin que se implemente un programa de cultura de paz y no violencia. Esta desatención compromete a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues son directamente responsables de cualquier hecho de sangre que suceda en estos municipios.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Fiscales del ayuntamiento tuxtleco actúan como delincuentes A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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os fiscales municipales del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no son más que un grupo de delincuentes, auspiciados por el alcalde Carlos Morales Vázquez, consideró Carlos Humberto Luna López, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Tras la serie de operativos en contra de vendedores ambulantes que han terminado en riñas en el centro de la capital, el dirigente de la UNTA en Chiapas indicó que este tipo de acciones son graves por parte de la autoridad municipal, ya que en vez de controlar la venta informal, ha creado inestabilidad por un grupo de funcionarios violentos. “Vemos la persecución a quienes quieren trabajar, ya no hablemos de gente que tiene que ver con un trabajo remunerativo, pero los vendedores ambulantes es un problema grave la actitud de los fiscales, el quitarle lo poco que tienen, el no devolvérselos, en meterlos a la cárcel. Lo que están formado es una ola de delincuencia más grave”, comentó. El también integrante de la Comisión Política Nacional de la UNTA, señaló que los subordinados de Taro Takeuchi Antonio, encargado de la Coordinación de Política Fiscal municipal, tienen la estafeta del ayuntamiento para robar. “Un grupo de delincuentes que se dedica a robarles con la estafeta de

Tras la serie de operativos en contra de vendedores ambulantes que han terminado en riñas en el centro de la capital, el dirigente de la UNTA en Chiapas indicó que este tipo de acciones son graves por parte de la autoridad municipal, ya que en vez de controlar la venta informal, ha creado inestabilidad por un grupo de funcionarios violentos

que son gobiernos municipales, así les llamaría yo”, calificó. Por ello, reiteró que este grupo de personas son auspiciados “por quien los mande”, a través de un método de trabajo negativo, violando diversas garantías de los ciudadanos y del derecho al trabajo.

Luna López planteó que como una alternativa de esta actividad informal y de la violencia, es que el municipio coordine horarios y espacios para que los ambulantes puedan comercializar sus productos sin afectar a la economía establecida, y sin que sean agredidos por trabajar.

“El coordinarlos, el operar coordinadamente en qué horario y en qué tiempos pueden vender, porque eso también es cuestión que no afecta… ya vieron que hasta a los payasos les quieren chingar impuestos, entonces van a ponerse a delinquir”, finalizó.

Realizarán bazar para ofertar productos de las mujeres desplazadas de Chenalhó Las mujeres artesanas de Chenalhó, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado desde hace tres años, ofrecerán sus productos este 17 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Tuxtla. Este bazar es organizado de manera conjunta por las mujeres artesanas desplazadas, el Museo de la Ciudad de Tuxtla, el Centro de Derechos Humanos Ku´untik y la organización civil de mujeres emprendedoras “Hechiceras”. La intención del bazar es que las artesanas puedan comercializar sus textiles, que continúan haciendo aún en condiciones adversas ya que se encuentran en hacinamiento en un campamento en San Cristóbal de las Casas desde que fueron desplazadas junto con sus

familias en mayo del 2016 por un grupo paramilitar que opera en Chenalhó. La organización civil “Hechiceras” está acompañando a las mujeres artesanas para que puedan vender sus productos mediante la modalidad de comercio justo y es que, hasta ahora, solo habían podido vender con intermediarios que se llevan la mayor parte de sus ganancias. En el bazar serán las propias artesanas las que oferten sus productos. Además del bazar también se podrá disfrutar de la música del “Sábado de Jazz” en el Museo de la Ciudad. El gobierno del estado de Chiapas tiene diferentes recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en el que se le demanda otorgar condiciones de vida digna a las personas

en condición de desplazamiento así como herramientas y medios para restablecer sus medios de subsisten-

cia, además de brindarles atención médica y psicológica. Estas medidas no se han cumplido a cabalidad.


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Un hospital entrega ataúd con basura en lugar de cuerpo de bebé; destituyen a directivos Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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a Secretaría de Salud de Chiapas destituyó a los directivos del Hospital General de Palenque, luego de que a una pareja le fuera entregado un ataúd con basura en lugar del cuerpo sin vida de su bebé. El pasado viernes 9 de agosto por la mañana el bebé fue internado en ese hospital para que fuera atendido porque presentaba problemas respiratorios, informó su padre Manuel Hernández Silvano. Sin embargo, el personal del hospital le dijo al padre que su bebé había fallecido. Más tarde los padres del menor recibieron el ataúd en donde les aseguraron iba el bebé. Hernández Silvano, originario de una comunidad indígena, dijo que no abrieron el ataúd hasta que llegaron a la comunidad en la que viven en el municipio de Ocosingo, en donde notaron que el féretro sólo contenía un montón de basura envuelta en sábanas. Tras el escándalo y la denuncia pública, finalmente les fue entregado el bebé al que enterraron el pasado fin de semana. Derivado de ello, la Secretaría de Salud local inició una investigación

De la Redacción San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Los disparos por arma de fuego que recibiera Mateo López Díaz tiene que ver con la invasión de los terrenos del INI (Instituto Nacional Indigenista), actualmente conocida como una Colonia “no regular” llamada “La Libertad, aseguró Octavio Zunún Aguilar, dirigente regional de la Organización Proletaria Emiliano Zapata versión Histórica (OPEZ-H). Por lo anterior, hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia para que detenga al responsable de la agresión con arma de fuego que sufrió su compañero el pasado 12 de agosto, en la calle Chicatana de la colonia Patria Nueva de esta ciudad. “Recibió 2 impactos de bala, por parte del cobarde delincuente Domingo López Díaz, quien iba acompañado de Marcelino Díaz López, ambos de la organización Comach, grupos paramilitares con residencia en la colonia autodenominado La Libertad antes colonia Santa Catarina, que se dedican a cometer actos delic-

El pasado viernes 9 de agosto por la mañana el bebé fue internado en ese hospital para que fuera atendido porque presentaba problemas respiratorios, informó su padre Manuel Hernández Silvano

administrativa para esclarecer los hechos ocurridos en el hospital. Asimismo, se determinó el incumplimiento de la normatividad aplicable al manejo de cadáveres, y se procedió al cese de directivos y personal del nosocomio. En una misiva oficial, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que por la falta de apego a la normatividad del proceso fueron cesados la directora del hospital, Judith Ortega Corona; el coordinador médico de la guardia

de fin de semana, Jesús Martínez Ramírez; la trabajadora social en turno, Patricia Rodríguez Noriega; y el guardia, Luis Argeo Camacho Camas. “Hay un proceso normativo y administrativo que se debe seguir para la entrega de un féretro en cualquier hospital de la República, y es ahí donde está la falla del hospital de Palenque. Estos protocolos existen en todos los hospitales de Chiapas que deben aplicarse de manera efectiva y nosotros, como autoridad responsable, lo hacemos y lo seguiremos hacien-

do para que todos estemos listos en cuanto a los procesos que se deben llevar a cabo en las unidades médicas”, puntualizó. Respecto al punto de la atención médica, el secretario de Salud señaló que el personal cumplió con la normatividad, ya que el recién nacido ingresó a la unidad hospitalaria en estado grave, con diagnóstico de asfixia neonatal severa y colapso pulmonar, por lo que las posibilidades de restablecerlo eran nulas y, lamentablemente, falleció. En ese sentido, descartó que se haya negado la atención o que ésta no fuera oportuna. Asimismo, confirmó que el cuerpo del bebé ya fue entregado a los familiares. Finalmente, el funcionario estatal hizo un llamado a toda la base trabajadora de la Secretaría de Salud que labora en las unidades médicas, para que cumpla puntualmente con los protocolos establecidos en la Ley General de Salud, pues en sus manos están las vidas e integridad de las y los chiapanecos, y es además una obligación el garantizar la protección de la salud.

Piden aplicar la ley por agresión a integrante de LA (OPEZ-H) tivos en esta ciudad de San Cristóbal los cuales operan impunemente en complicidad con las autoridades locales ya que la fiscalía hasta hoy no esclarece”, dijo. A las afueras de la Presidencia Municipal de San Cristóbal, dijo que la Fiscalía Indígena no agiliza las investigaciones y consideran los integrantes de la Comach han dado dinero al Fiscal, para rezagar el caso y los desplazados no retornen a sus hogares, de donde fueron desalojados. “Estamos cansados de los disparos que hacen todas las noches, tenemos miedo que nos toque una bala perdida, son unos delincuentes, entran en carros de lujo y se dedican al tráfico de armas y drogas, son secuestradores que la misma policía municipal los protege”. Asimismo, un escrito breve signado por un grpo que se denomina “Ciudadanos por el Bienestar de San

Cristóbal” advierte que de no actuar “los iremos a sacar y de lo que nos pueda pasar responsabilizamos a ustedes por no intervenir”. Y es que el pasado 12 de agosto se suscitó un nuevo enfrentamiento de donde fue lesionado de bala Mateo López Díaz, y después del incidente se supo que se alertaron los habitantes de la colonia La Libertad, porque

los dirigentes quienes son señalados como responsables, cerraron las puertas y pidieron los habitantes estar alertas. En el escrito señalan que es el grupo de la COMACH es la que lidera en la colonia “La Libertad” que encabeza el hoy, supuestamente, encarcelado Martin Pale Sántiz, además de Domingo López Díaz.


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El Estado debe asumir responsabilidad en casos como Acteal, Nochixtlán y Guardería ABC: Encinas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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l subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que son muchos los casos graves de violación a los derechos humanos que heredaron de los gobiernos anteriores, pero que poco a poco irán cerrando las heridas en donde el Estado mexicano tuvo responsabilidad. Luego de dar a conocer que será el 18 de octubre en Ocosingo donde el gobierno federal pedirá perdón público por la violación tumultuaria a tres hermanas indígenas de Altamirano por miembros del ejército, Encinas dijo que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad y buscar la justicia. “Tenemos la herencia más dolorosa del viejo régimen que son las gravísimas violaciones a los derechos humanos en materia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones graves a los derechos humanos. Como el caso de Ocosingo, con la violación de las hermanas González Pérez”, dijo Encinas, quien estuvo en Chiapas para encabezar el Foro sobre Migración y Refugio, rumbo al diseño del Programa de Derechos Humanos 2019-2024. “Necesitamos asumir esa responsabilidad como Estado mexicano, pues fue el Estado mexicano quien cometió esas violaciones graves, y tenemos que reparar ese daño, para que nunca más se vuelvan a repetir”, indicó.

Luego de dar a conocer que será el 18 de octubre en Ocosingo donde el gobierno federal pedirá perdón público por la violación tumultuaria a tres hermanas indígenas de Altamirano por miembros del ejército, Encinas dijo que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad y buscar la justicia

El funcionario dijo que además de este caso de las hermanas González Pérez, en Chiapas se tiene el caso Acteal; en Oaxaca el caso Nochixtlán; la Guardería ABC en Sonora; Pasta de Conchos en Coahuila, “y así podría enumerar una larga lista y muy dolorosa en la que estamos trabajando”. “Queremos cerrar todas estas heridas que están pendientes, justamente para alcanzar el derecho a la justicia, la verdad y dar la garantía de no repetición”, expuso Encinas Rodríguez. El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en un retén de Altamirano a las tres hermanas González Pérez y su madre (indígenas tzeltales todas) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante

dos horas Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de ese mismo año se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores) Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso” y que

no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Las tres hermanas y su madre fueron detenidas en el contexto del levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y “las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares, que obligaron a la madre a presenciar las agresiones”. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el 2001, concluyó que el Estado mexicano violó diversas garantías de las tzeltales y le recomendó “investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos” en agravio de las cuatro mujeres. Sin embargo, el gobierno mexicano nunca hizo nada para reparar el daño a las hermanas violadas. El próximo 18 de octubre, en la plaza central de Ocosingo, Encinas Rodríguez y otros funcionarios del ejército estarán frente a frente con las agraviadas para pedir perdón en nombre del Estado mexicano e iniciar el proceso de reparación del daño.

Fuertes vientos afectan viviendas en San Cristóbal de Las Casas Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Debido a los fuertes vientos de este jueves, al menos tres viviendas resultaron afectadas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo a los reportes oficiales estas afectaciones se presentaro en la Colonia 24 de Mayo donde los techos fueron arrancados en casas ubicadas sobre la Segunda y Tercera Cerrada de la colonia. En este lugar también resultó afectado un vehículo que le cayó un poste de luz que cayó a causa de los vientos. Los cuerpos de emergencia laboraron para retirar los restos de láminas, y otros escombros.


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Comunidades de Oaxaca acusan a AMLO de pretender despojarlas de 71 hectáreas para una hidroeléctrica Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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utoridades chatinas y mixtecas cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador porque “en su discurso dice que está con los pobres y los indígenas, pero en su administración regatea los derechos de los pueblos originarios y favorece a las empresas”, ahora con un nuevo proyecto hidroeléctrico en el Río Verde que los pretende despojar de 71 hectáreas y afectar otras miles. “No entendemos porque Semarnat defiende decretos de agua de Enrique Peña Nieto y por qué López Obrador nos traiciona al promover una nueva amenaza contra los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos con la construcción del nuevo Proyecto Hidroeléctrico en el Río Verde, iniciado por la empresa Generación Enersi S.A. de C.V.” En una conferencia de prensa encabezada por los presidentes municipales de Santa Cruz Zenzontepec, Filemón Hernández Bautista, y de Santiago Ixtayutla, Miguel Cruz Quiroz, los agentes municipales de San Lucas Atoyaquillo, Benigno Ruiz Cortés y Paso de la Reyna, Jamiltepec, Jaime Jiménez, así como de integrantes del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, emitieron un pronunciamiento donde rechazan nuevo proyecto hidroeléctrico y le exigen a López Obrador que honre su palabra. Su postura radica en que en el mes de julio recibieron el oficio No. SGPA/ DGIRA/DG/04734, fechado el 20 de junio en la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat donde les

Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

Ejército y policías estatales desalojaron a miembros de “pseudosindicatos” que desde hace cuatro años tenían “tarifada” la entrada a los pozos petroleros Terra 101 y Kenora en la comunidad indígena de Oxiacaque, municipio de Nacajuca. El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que no tiene reportes de detenidos y que el operativo se realizó por denuncias presentadas por los afectados. Este es el primer desalojo tras la aprobación y entrada en vigor el 1 de agosto de las reformas al Código Penal de Tabasco – llamada “Ley Garrote”- para aplicar hasta 20 años de cárcel a extorsionadores. Y de seis a 13 años de prisión, “al que extorsione, coercione, intenté

comunican que la empresa Generación Enersi S.A. de C.V., presentó para análisis y evaluación el plan denominado “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. El documento que fue enviado vía correo electrónico primero y posteriormente por correo postal está firmado por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Salvador Hernández Silva, y proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica para la generación de 30 MW de energía para lo cual se pretende utilizar el caudal del Río Verde. Y detalla que para el “desarrollo del proyecto requiere de un bordo derivador, obra de toma, túnel, torre de oscilación, tubería forzada, trifurcación, casa de máquinas, obra de descarga, subestación elevadora camino de acceso así como una línea de transmisión de aproximadamente 45 kilómetros; para dichas obras el proyecto requiere

de una superficie total de aproximadamente 71 hectáreas, de las cuales un porcentaje requiere de la remoción de vegetación forestal, correspondiente a vegetación secundaria arbustiva de bosque de Encino”. Lo que preocupa es que dado que no fue notificado oficialmente y que el documento está fechado el 20 de junio de 2019 y las autoridades recibieron la notificación electrónica el 7 de julio y 15 días después llegó por correo postal, en el último párrafo la Semarnat especificó que “en caso de no recibir algún comentario, se considerará que el municipio a su digno cargo no tiene objeción alguna para la realización del proyecto”. Los inconformes resaltaron que “a lo largo de nuestra vida como pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la Cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos, por los cual notificamos a la Semarnat y a la empresa Generación Enersi S.A. de C.V., que no estamos de acuerdo con dicho proyecto y no permitiremos estudios ni su construcción por las graves afectaciones que esto traería a nuestra vida y a la madre naturaleza”. Recordaron que los pueblos y las

autoridades con base en sus sistemas normativos internos y con derechos que les conceden los tratados internacionales y la constitución “hemos emprendido los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten nuestros modos de vida y nuestro territorio”. Y para soportar su dicho mencionaron que “el Río Verde se encuentra actualmente protegido por el amparo (701/2018) interpuesto en julio de 2018 por el ejido de Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva – decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto – fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura”. Sin embargo, “nos sorprende que el actual gobierno federal insista en este tipo de proyectos. Por más de 10 años hemos argumentado nuestra oposición al Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reyna que fue promovido por la entonces paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Ahora ante la privatización del sector energético las empresas privadas tienen su mira sobre nuestros bienes”. Y “no entendemos porque la Semarnat pretende negar un derecho demostrado y ganado en tribunales. No entendemos porque Andrés Manuel López Obrador en su discurso dice que esta con los pobres y los indígenas, pero en su administración regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas”, puntualizaron. Finalmente advirtieron que “estamos en alerta y organizando a pueblos y municipios de la región de la Costa y Sierra Sur, no permitiremos más saqueo”.

Tras aprobación de la “Ley Garrote”, realizan el primer desalojo en Tabasco imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”. El mandatario morenista dijo el problema persistía desde hace tres o cuatro años y había denuncias contra tres o cuatro pseudosindicatos que tenían “tarifada” la entrada de pipas, camionetas, maquinaria y vehículos de empresas privadas y de Pemex a esos pozos petroleros. Manifestó que el operativo se realizó “sin contratiempos” por parte

de un convoy del ejército y policías estatales, sin que se reportaran detenidos. Y que sabe a qué “pseudosindicatos” pertenecen los desalojados, pero que no podía darlos a conocer por respeto a las investigaciones en curso. Asimismo, rechazó que el desbloqueo sea el primer operativo aplicado con la “Ley Garrote”. “No, es restaurar el estado de derecho. Vamos a garantizar la libertad de emprender, la libertad de empresas, así como garantizamos el respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación, también garantizamos el derecho al libre trabajo”, respondió.

“Hay denuncias presentadas y la autoridad está haciendo las investigaciones, pero por lo pronto se trataba de que exista plena libertad de tránsito para que las empresas y Petróleos Mexicanos puedan reanudarse los trabajos”, añadió.


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Reinstalan a 360 maestros cesados por la evaluación de la reforma peñista Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

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e los alrededor de mil maestros que fueron cesados por no aprobar la evaluación docente ordenada en la reforma educativa del gobierno pasado, han sido reinstalados 360 en todo el país y ya podrán dar clases en el ciclo escolar que comienza el próximo 26 de agosto, informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. En Palacio Nacional, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, el funcionario explicó: “Sin duda es una prioridad, se van a reinstalar. El presidente está dándole seguimiento y es un número mínimo en comparación con la plantilla. Son una cifra menor a los dos mil maestros en todo el país y cada caso es distinto”. Moctezuma Barragán detalló que la SEP recibe los expedientes de cada profesor afectado, los analiza y sigue un proceso para su reinstalación. “Es un compromiso que se está cumpliendo”, dijo. Sobre el pago de los salarios caí-

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

La Cartilla Moral impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es repartida a través de algunas iglesias, también será distribuida entre los maestros de educación básica, confirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Hasta el momento, comentó el funcionario, se han impreso 10 millones de ejemplares de la Cartilla moral, basada en la visión de Alfonso Reyes sobre la ética y la moral, y la idea es que en todas las escuelas se cuente con ella como material de apoyo para las materias de Ética y Civismo. “La idea es crear generaciones incorruptibles, que tengan en alto los valores como el de la honestidad”, comentó. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el uso de la Cartilla Moral en las clases “es voluntario”. No obstante, enfatizó que el escrito elaborado por el poeta y abogado Alfonso Reyes “es un texto extraordinario, de lectura obligatoria”. El propósito del autor, dijo, es “que se fortalezcan valores, los explica de manera sencilla como círculos concéntricos. Primero el amor a la familia, luego el amor a la sociedad, al prójimo, a los demás. Luego, algo importantísimo, porque cuando se hace la cartilla

Moctezuma Barragán detalló que la SEP recibe los expedientes de cada profesor afectado, los analiza y sigue un proceso para su reinstalación. “Es un compromiso que se está cumpliendo”, dijo y pasar a ser directores- sigue siendo maestro, va a poder acceder a mejores niveles salariales”.

Leyes secundarias, pendientes

dos de los docentes, comentó que dependerá de si éstos pertenecen al sistema federalizado o al estatal. En caso del primero, será el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) el que deberá responder. Respecto a la evaluación de los profesores, explicó que “se quitó por completo la permanencia punitiva y se propuso la evaluación diagnóstica”. Esta, dijo, busca conocer el avance y el estado de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo en su

conjunto para tomar decisiones. Ello significa “que sin un maestro tiene áreas de oportunidad en, por decir algo, matemáticas, entonces se le va a pedir y se le va a ofrecer un curso de matemáticas especializado en lo que le hace falta”. Dicha capacitación es voluntaria con la intención de que el profesor se supere y estará ligada a un “escalafón horizontal” en el que “el maestro, sin dejar de ser maestro frente a grupo -que muchas veces cuando quieren progresar tienen que dejar el grupo

Respecto a la negociación de las leyes secundarias, luego de la reforma al artículo tercero constitucional, relacionado con la educación en el país, el titular de la SEP informó que se han hecho más de 70 reuniones con diversos actores educativos, legisladores de los diferentes partidos en el Congreso y el Senado de la República, maestros, el Sindicato y la Coordinadora nacionales, otros sindicatos menores y la sociedad civil organizada para lograr un acuerdo. Con base en ello, dijo que se construirá un nuevo modelo educativo, aunque llevaría “tres o cuatro años”. Las leyes secundarias deberán generar lo que marca el artículo tercero constitucional: equidad, educación integral y transparencia, detalló el funcionario.

La SEP repartirá Cartilla Moral a maestros como apoyo para Ética y Civismo no se hablaba tanto de la defensa del medio ambiente, pero ya incluye el amor a la naturaleza y luego el amor a la patria. Es un texto de primera”. El mandatario adelantó que existe un comité que realiza consultas para convocar a la formación de “una especie de constituyente para crear una constitución moral”. Y es que, dijo, el pensamiento de Alfonso Reyes “tiene que ser adaptado a las nuevas circunstancias. Hay nuevos valores, preceptos que deben ser incluidos”. Para una segunda fase, agregó, convocarán a especialistas, sicólogos, historiadores, sociólogos, maestros, ancianos respetables “y todos los que tengan algo que aportar” para el nuevo texto. El tabasqueño pidió no confundir el texto con un asunto religioso: “Alfonso Reyes lo explica, son valores universales que vienen desde antes de la aparición de Jesús Cristo. Tiene que ver con los griegos, la importancia que le daban a valores como la búsqueda de la felicidad, el amor, la fraternidad”. Ese, reiteró, “es el propósito, siendo respetuoso de todas las creencias, de creyentes y no creyentes, pero si hay valores que en lo general se deben fomentar”.

Comentó que desde la Constitución de Apatzingán (1814) ya se hablaba de que el fin del gobierno era “conseguir la felicidad del pueblo”.

Zedillo lo intentó pero hubo oposición Según el ejecutivo, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo también existió la intención de distribuir la cartilla moral, pero “hubo oposición del sindicato y quedó en la bodega”. Ya en su gobierno, dijo que pidió al titular de la SEP revisar los derechos de autor del texto “y me dio la buena noticia de que lo tenía la SEP. Esto nos ayudó mucho”. De paso, el presidente invitó a los mexicanos a leer más y aprovechó para destacar que el Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por Paco Ignacio Taibo II, “está dando libros de

grandes escritores que se están vendiendo a 18 pesos”. Por otra parte, Esteban Moctezuma confirmó que los profesores ya tienen la instrucción de, cada 50 minutos de clases, realizar una activación física con los alumnos como una “fórmula preventiva para tener una mejor salud y una mayor concentración en el salón de clases”. Y al ser cuestionado sobre el control de calidad en el contenido de los libros de texto para evitar errores cometidos en administraciones pasadas, respondió que la Conaliteg fue la responsable de la revisión apoyada con expertos en el tema. Y añadió: “Muchos de los errores se rectificaron y ya tenemos una mano de cinco dedos”, en referencia a libros pasados en el que había una ilustración de una mano humana con seis dedos.


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Inai ordena al Coneval desglosar cifras de pobreza de 2008 a 2012 Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)

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l Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) deberá dar a conocer las cifras históricas de pobreza, desglosada por ingresos y entidad federativa, durante el periodo 20082012, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Lo anterior, luego de que la dependencia entregó la información incompleta al particular que la solicitó, bajo el argumento de que los estudios que elabora tienen una periodicidad mínima de dos años para cada entidad federativa, en apego a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), por lo que sólo cuenta con cifras históricas de pobreza por ingresos para el periodo 1992-2012, disponibles de forma bienal. Además, el Coneval precisó que estas cifras no corresponden a la medición de pobreza oficial en México, debido a que en su metodología sólo utiliza uno de los nueve indicadores establecidos en el artículo 36 de la LGDS y en los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza en México, publicados el 16 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. INAI @INAImexico #INAIinforma @coneval debe dar a conocer cifras históricas de pobreza por entidad federativa, entre

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos consultar con sus militantes el uso que le dan a los recursos públicos que reciben del erario y a buscar mecanismos para que ese dinero “se le regrese a la gente”. Luego de que ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que para 2020 el financiamiento público que recibirán los siete partidos políticos con registro será de 5 mil 239 millones de pesos, el mandatario aclaró: “Aún no se determina sobre este asunto, todavía no se decide, es un proceso que va a continuar. Vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes de los partidos, de comités ejecutivos, de los consejos, que incluso consulten con sus militantes, de manera muy respetuosa, pero no es posible que manejen tanto dinero”.

Lo anterior, luego de que la dependencia entregó la información incompleta al particular que la solicitó, bajo el argumento de que los estudios que elabora tienen una periodicidad mínima de dos años para cada entidad federativa, en apego a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), por lo que sólo cuenta con cifras históricas de pobreza por ingresos para el periodo 1992-2012, disponibles de forma bienal

2008 y 2012, instruye INAI Comunicado: http://bit. ly/306hazU @f_javier_acuna @ OscarGuerraFord @bl_ibarra @ mpkv_inai @JosefinaRomanV @ joelsas A partir de estos lineamientos, explicó, la información sobre la medición oficial de la pobreza multidimensional en México a nivel nacional y estatal corresponde al periodo 2008-2016 y se encuentra disponible públicamente. Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai, en el cual manifestó que la dirección

electrónica proporcionada para consultar la pobreza por ingresos, correspondiente a los años 1992 a 2012, no contiene los datos desagregados por entidad federativa. En alegatos, el Coneval indicó que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se usa como base para las estimaciones, no está detallada por estados. Sin embargo, el comisionado encargado de presentar el asunto ante el pleno, Oscar Guerra Ford, encontró que a partir del 2008, cuando se

consolidó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2008), se hizo posible contar con información para generar estimaciones de pobreza multidimensional por entidad federativa. Por ello, advirtió, el Coneval debió generar datos relativos a la pobreza por ingresos en los años de 2008 a 2012 por entidad federativa, para generar información sobre la pobreza multidimensional, es decir, los casos en que los ingresos resultan insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que se requieren para satisfacer las necesidades, y que presentan al menos una carencia de rezago en educación, salud, vivienda o alimentación. Como resultado del análisis, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta del Coneval y le instruyó a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de cualquier expresión documental que contenga las cifras históricas de pobreza por ingresos y entidad federativa, para el periodo 2008-2012, en todas sus unidades administrativas competentes, incluida la Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza.

López Obrador llama a partidos a consultar con militantes el uso de sus recursos De acuerdo con la distribución del organismo electoral, Morena –partido al que pertenece López Obrador- será el que recibirá más recursos, mil 703 millones de pesos; el PAN, 936 millones; el PRI, 881.7 millones; el PRD, 431.3 millones; el Partido Verde, 411.8 millones; Movimiento Ciudadano, 396. 6 millones; y el PT, 377.2 millones. El tabasqueño recordó que, en 1996, cuando fue presidente nacional de “un partido” –el PRD, aunque no lo mencionó- hubo una reforma y se aumentó “considerablemente” el dinero a los partidos. Agregó que el dinero extra lo utilizaron para abrir casas en la frontera norte para migrantes, crear un fideicomiso para becar a niños huérfanos por la represión después de 1988 y

entregar libros de secundaria a municipios gobernados por su partido. Luego, soltó: “Sí se puede, sí se puede que el dinero de los partidos se le re-

grese a la gente. Hay que buscar nada más el mecanismo y que no digan que no les alcanza. Sí podrían financiar sus actividades sin gastar tanto”.


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Juez suspende indefinidamente construcción en Santa Lucía; ordena mantener obras en Texcoco José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

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l juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó suspender indefinidamente la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles (Santa Lucía), hasta que concluya uno de los seis juicios de amparo que presentó el colectivo #NoMasDerroches. De igual manera, ordenó mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México. Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a diferencia de las seis suspensiones otorgadas al mismo colectivo por el Poder Judicial de la Federación (PJF), supeditadas a la obtención de permisos y dictámenes ambientales, seguridad, aeronáutica y viabilidad, en esta ocasión el gobierno federal deberá esperar a que el juez emita una resolución. “Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva”, destacó MCCI en un comunicado. Añadió: “Lo anterior es acorde con lo que ha venido solicitando

Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)

Luego de analizar la situación que priva en el sistema de salud, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se sumó al reclamo de la oposición: no aceptará que el gobierno federal proponga un presupuesto con recortes a ese sector. Para Ramírez Cuéllar, las carencias que tiene el sistema de salud no aguantan que le quiten un solo peso más, y así se lo hicieron saber legisladores de diversos partidos al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, durante la reunión que tuvieron este miércoles. “Uno de los temas que vimos con el secretario es de que, pues ya el sector salud no resiste ninguna disminución, al contrario, requiere con urgencia un incremento presupuestal, y así lo ha constatado el presidente de la República en sus visitas a las clínicas… Ya no resiste

Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a diferencia de las seis suspensiones otorgadas al mismo colectivo por el Poder Judicial de la Federación (PJF), supeditadas a la obtención de permisos y dictámenes ambientales, seguridad, aeronáutica y viabilidad, en esta ocasión el gobierno federal deberá esperar a que el juez emita una resolución

el colectivo desde un inicio: antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del gobierno cumple con los principios constitucionales

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución”. El colectivo #NoMasDerroches –integrado por MCCI, Coparmex, México Unido Contra la Delin-

cuencia, Causa en Común, entre otras organizaciones, abogados y ciudadanos– adelantó que continuará impugnando la obra en Santa Lucía y que el NAIM sea reanudado con empresas que prueben su experiencia y honradez.

Morena no aceptará recortes en el sector salud: Ramírez Cuéllar el sector salud más recorte”, dijo, y confió en que la propuesta de gasto para el próximo año contendrá un incremento sustancial. Ante la decisión del gobierno federal de no proponer aumentos ni la creación de nuevos impuestos, anunció que en el análisis y discusión del presupuesto del próximo año Morena etiquetará para salud los recursos generados por los gravámenes especiales que ya se cobran a tabacos, bebidas azucaradas y comida chatarra, a fin de atender enfermedades como diabetes y obesidad, entre otras. “No podemos volver a repetir la trampa que se hizo con Enrique Peña Nieto en 2014, que gracias a la presión se establecieron cuotas mayores para bebidas azucaradas y comida chatarra, pero desviaron

estos recursos. En vez de meterlos a salud los metieron a otro lado, ni

siquiera los metieron a bebederos”, recalcó el morenista.


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Capacitar a policías en perspectiva de género para evitar que violen mujeres Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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in aludir a las ciudadanas que protestaron por las violaciones sexuales que vivieron dos adolescentes por parte de policías de la Ciudad de México y en ausencia de las víctimas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un convenio con la Universidad de la Policía local para capacitar a los elementos de seguridad en perspectiva de género, como medida para prevenir estos delitos. En reacción al descontento social, esta mañana la funcionaria rectificó las descalificaciones que hizo sobre la protesta que el 12 de agosto protagonizaron las capitalinas para exigir justicia para dos menores de edad víctimas de violación por parte de policías capitalinos, casos ocurridos el 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco y el 8 de agosto en la alcaldía Cuauhtémoc. Junto con la procuradora de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, Sheinbaum Pardo convocó a organizaciones civiles, defensoras de derechos de las mujeres, académicas y legisladoras feministas a dialogar y crear una mesa de trabajo para generar una estrategia de atención a la violencia que viven las mujeres y niñas en la ciudad. En el diálogo “Cero impunidad y justicia absoluta para mujeres y niñas víctimas de violencia de género” realizado esta mañana en el Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo comunicó que el Instituto de Formación Profesional de la PGJ y la Escuela de Administración Pública también se sumarán al convenio para impartir capacitaciones con perspectiva de género como parte de la formación que recibirán los policías de investigación

y preventivos auxiliares. La procuradora Ernestina Godoy añadió que trabajarán en el “Plan de atención de la violencia feminicida”, el cual consta de acciones de urgencia frente a la violencia sexual, feminicidio y desapariciones de mujeres, el cual será supervisado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La reacción de la primera jefa de Gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien la tarde del lunes calificó la protesta de esa mañana como “una provocación”, causó aversión entre algunas mujeres que descalificaron su falta de empatía con las víctimas. Por lo que en la reunión de esta mañana Sheinbaum se hizo acompañar por la académica feminista Marta Lamas, la presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman y la senadora Martha Lucía Camarena Micher, entre otras funcionarias que se han manifestado a favor de los derechos de las capitalinas. Todas reconocieron a Sheinbaum como “aliada del movimiento feminista” e insistieron que comparten la indignación, pero rechazaron que las protestas, sobre todo de quienes defienden los derechos de las mujeres, se conduzcan con actos violentos. Una vez más, las demandas por justicia y seguridad de las ciudadanas

quedaron en segundo plano ante los daños al inmobiliario del edificio de la PGJ y la diamantina rosa que las manifestantes arrojaron a funcionarios en la sede de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Godoy Ramos, dijo que no criminalizarán la protesta y añadió: “queremos un trato justo, vámonos tratando con respecto”. No obstante, no dio avances de las carpetas de investigación que dijo abrirían contra las manifestantes por los daños ocurridos en la movilización. La senadora por Morena, Citlalli Hernández Mora, fue la única que se dirigió a las jóvenes feministas y estudiantes que participaron en la marcha, a quienes pidió articularse y entender que la administración actual está trabajando por la seguridad de las mujeres. El único llamado de atención hacia Sheinbaum fue por parte de la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quién dijo que más allá de los módulos de atención, la incorporación de abogadas en los Ministerios Públicos, entre otros programas implementados por el gobierno, se deben materializar resultados en la seguridad de las mujeres. “Tenemos que romper la cadena de la impunidad”, dijo Estrada. La defensora también recordó que la administración de Sheinbaum tie-

nen pendiente aclarar otros casos de violencias contra mujeres ocurridos durante los ocho meses de su administración, como fueron los intentos de desapariciones de mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, documentados al inicio del año. Lo que no dijeron las aliadas feministas de la jefa de Gobierno fue esta mesa pública fue en realidad el resumen de un encuentro privado que se realizó el martes 13 de agosto, convocado por Sheinbaum y la fiscal de Justicia. De acuerdo con la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, durante esta reunión previa las integrantes de esta organización hicieron énfasis en que las prácticas de la PGJDF como la filtración de información y falta de debida diligencia en las indagaciones, alejan a las víctimas de la justicia. Sin embargo, este tema no se mencionó en la mesa pública. Después del encuentro del martes por la tarde, en un video circulado en sus redes sociales la mandataria informó que seis policías fueron suspendidos por su posible implicación en la violación sexual de la joven de 17 años en la alcaldía de Azcapotzalco, aunque en un principio las autoridades y los medios manejaron que eran cuatro los elementos implicados. El mismo día, en conferencia de prensa el vocero de la PGJDF, Ulises Lara López, informó que, aunque confirmaron a través de videos la presencia de policías en el sitio y hora donde ocurrió la violación sexual de la adolescente, todavía no tienen ubicados a los presuntos responsables, por lo que pidieron la colaboración de la víctima, quién desistió de su denuncia ante la filtración de sus datos que hizo la propia institución.

Investigan a juez que dio pena mínima a uno de “Los Porkys” De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

El Consejo de la Judicatura del poder Judicial de Veracruz informó que inició una investigación oficiosa para revisar el actuar del juzgador que concedió sólo cinco años de prisión y 70 pesos de multa a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys” acusados de la violación sexual a Daphne Fernández, en enero de 2015. El Consejo de la Judicatura estatal informó en un comunicado que investigan al juez que el 8 de agosto emitió una sentencia en contra de Diego Cruz por el delito de pederastia, para revisar que su “actuar haya sido acordado conforme al debido proceso y de acuerdo con las leyes de la materia”. El servidor público podría ser san-

cionado desde un apercibimiento privado, hasta ser inhabilitado de su cargo, en caso de comprobar que su desempeño no estuviera apegado a la normatividad ni a las leyes vigentes, indicó el Consejo. La sentencia que emitió el juzgador en contra de Cruz fue por el delito de pederastia, pero no agravada, por lo que dictó la mínima sanción, cinco años de prisión. La Fiscalía de Justicia de Veracruz explicó que esto le permite el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad, por lo cual, tanto la autoridad y el representante legal de la víctima interpusieron un recurso de apelación para evitar que obtenga la libertad, quedando radicada en el Tribunal Superior de Justicia del estado. Esta es la segunda ocasión que se investiga a un juez involucrado en el proceso en contra de Diego Cruz, en

2017 el juez Anuar González Hemadi, lo amparó del auto de formal prisión. Lo que indignó a la sociedad no sólo fue el fallo sino su justificación, Anuar determinó que la Fiscalía de Veracruz no acreditó el delito de pederastia del que se acusó a Cruz y que los tocamientos en contra de Daphne “no fueron con intención lasciva de satisfacer un apetito sexual”. En febrero de 2019 Anuar González fue destituido del cargo por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que tuvieron indicios de corrupción y se le comprobaron “errores inexcusables” en la investigación. Diego Cruz está recluido en el penal de Tuxpan desde 2017 cuando fue extraditado de España, país al que huyó tras darse a conocer el caso de Daphne públicamente. Del resto de los acusados en el caso:

Enrique Capitaine, fue trasladado en mayo 2016 al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Amatlán de los Reyes, pero aún no se le dicta sentencia; Gerardo Rodríguez primero recibió un amparo federal y luego fue exonerado de toda responsabilidad, a pesar de estar en la casa donde se cometió la violación y no prestó ayuda a la víctima; y Jorge Cotaita ha evadido la acción de la justicia y es prófugo desde 2016.


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LA INSOPORTABLE DOBLE CARA DE LA LEY Luis Miguel Cano López

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as policías atacan a la población. La población lincha presuntos delincuentes. No pueden generalizarse ambos hechos, pero son extremedamente preocupantes. Y me pregunto si existe alguna variable que pueda vincularlos. Me atrevo a opinar que sí. Hay síntomas todos los días, en múltiples ámbitos, que me orillan a pensar que nuestros gobiernos cada día tienen menos autoridad y que las leyes están perdiendo su sentido de obligatoriedad entre las personas. Si a ello le añadimos el factor impunidad, ese sí bastante generalizado, el pronóstico no resulta alentador. Es delicado que nos terminen violentando quienes tienen el deber de protegernos –con especial agravio cuando se ataca y viola a mujeres que cada día tienen que luchar contra un sistema patriarcal en sí opresor–, pero si a ello le sumamos el uso faccioso de las leyes, el problema podría magnificarse todavía más. Cuando los postulados jurídicos no hacen sentido entre la población, cuando las leyes que nos damos no nos protegen de quienes abusan del poder, puede pasar cualquier cosa. El caos que puede derivarse de todo ello no conviene a nadie. Por eso contamos con los poderes judiciales para que sirvan de última trinchera. El tema es que no cualquier poder judicial puede estar a la altura de las circunstancias. Sobre todo si no pasa desapercibida una aparente complejidad: el resultado de una pésima actuación de las

otras instancias de gobierno es que el poder judicial tenga que acabar blindando los derechos de quienes deberían enfrentar responsabilidades. Ante ello, al mal gobierno le queda un pretexto a su medida, porque en vez de aceptar su inadecuado proceder, opta por culpar ante la sociedad al poder judicial. Me sirve el anterior razonamiento para aplicarlo a un asunto con el que me he visto involucrado en el pasado, porque no siento comodidad escribiendo de otros casos que no manejo, aunque estén en el centro del debate público. Para ellos también creo pertinente el enfoque, pero toca a otras personas desarrollarlo. Así que en lo que sigue resalto el tema de los organismos genéticamente modificados. Al inicio de la semana la Suprema Corte de Justicia informó que su Pleno invalidó el decreto que declaraba a Yucatán como una zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados. La razón que sustentó esta determinación es que corresponde a la Federación regular la materia de bioseguridad y distribuir competencias entre los Estados de la Unión. Más en concreto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene facultad exclusiva para establecer esas zonas. Esta argumentación jurídica es pulcra y difícil de objetar. Pero para quienes se han dedicado al combate de la invasión de los organismos genéticamente modificados a cargo de empresas transnacionales y en defensa de la soberanía alimentaria, y para la gente que

en el campo sufre todas las afectaciones, constituye una noticia que muy fácil puede mal interpretarse. Logran que una autoridad local por fin haga lo correcto y lo que resulta es que solamente puede documentarse el desastre, porque a las autoridades locales exclusivamente les corresponde monitorear los riesgos de la liberación de estos organismos y vigilar que se cumpla la ley federal. Más problemática se torna la percepción de que se ha hecho justicia cuando en mente se tiene que años atrás en la Corte también pareció darse un freno a los permisos para siembra comercial de soya genéticamente modificada, siendo que la apreciación diaria es la violación de esos fallos. Si de verdad hay quebrantos a la ley, cabe preguntarse la razón por la que en unos casos hay consecuencias y en otros no. De ahí a concluir que el Derecho es de uso faccioso hay nulo margen. Incluso el camino recomendado por la Corte puede pasar a segundo plano –existe la posibilidad de demandar a las autoridades federales para que establezcan una zona libre de organismos genéticamente modificados puesto que hay suficientes precedentes que obligan a dictar regulaciones “olvidadas”, como apenas ayer para el uso terapéutico del cannabis–. ¿Qué hace falta entonces para evitar el caos? Una cosa segura, entre muchas más que podamos pensar: que las autoridades que incumplen sus tareas sufran consecuencias, más que simbólicas, las jurídicas.

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TRUDEAU Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CANADIENSES EN EL EXTERIOR: TODO APUNTA AL GATOPARDISMO

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n su campaña electoral de 2015 Justin Trudeau prometió que Canadá contaría con un organismo independiente y con marcados poderes para investigar el proceder de sus compañías en el extranjero, un asunto que ha afectado considerablemente la imagen canadiense en distintas zonas del mundo en temas relacionados con el cuidado medioambiental, los derechos humanos y las decisiones de los pueblos indígenas. Hay conflictos –sobre todo de carácter minero– en África, Oceanía y Asia, aunque la mayoría ha tenido lugar en suelo latinoamericano. “Trabajamos con distintos organismos y comunidades, en una larga lista de asuntos, en países como México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y la República Dominicana. Muchos canadienses estamos comprometidos con que las cosas cambien, ya que es un tema que tiene que ver directamente con nuestro país”, comenta a Proceso Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de MiningWatch Canadá. La idea de Trudeau era remplazar a la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social de las Empresas de la Industria Extractiva, creada por el conservador Stephen Harper en 2009 y enfocada a la asesoría técnica y a favorecer el diálogo entre partes en conflicto, aspectos considerados de poco impacto. Sin embargo, los constantes retrasos en el calendario, las dudas sobre el alcance de las funciones del nuevo organismo y las preguntas respecto a su independencia reflejan que el compromiso del gobierno de Trudeau ha sido menor del esperado. Y en esto aparece una variable de peso: el cabildeo por parte de las asociaciones mineras. El panorama deja entrever que la nueva entidad seguirá, a grandes rasgos, el mismo camino que la de Harper. Sheri Meyerhoffer fue designada en abril al frente de la Defensoría del Pueblo para la Empresa Responsable (CORE). No obstante, la legitimidad del nuevo organismo se encuentra muy tocada. El pasado 11 de julio, los miembros del consejo consultivo –provenientes de la sociedad civil y de la esfera sindical– de ese organismo dimitieron en bloque y establecieron en una carta. “Sin independencia y sin poderes para investigar, CORE no es más que una promesa rota”, escribió en la misiva Emily

Jaime Porras Ferreyra Dwyer, coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. Actualmente, sólo figuran en el consejo consultivo representantes gubernamentales y de las compañías.

Entre promesas y retrasos

La promesa de campaña de Trudeau –convertido en primer ministro tras una contundente victoria en octubre de 2015– de crear un nuevo organismo para la responsabilidad de las empresas en el exterior fue un tema sacado súbitamente de la chistera. En 2010, cuando ya era diputado, había votado a favor de una iniciativa presentada ante el Parlamento por su par liberal John McKay, en la que se proponían controles más férreos para las compañías con operaciones fuera del país que los que había establecido Harper un año antes. Sin embargo, la iniciativa fue enterrada por la mayoría conservadora. Durante mucho tiempo Trudeau dejó dormir el proyecto, pese a las voces que le pedían actuar con rapidez, tanto de organizaciones no gubernamentales como de académicos. En enero de 2018, más de dos años después de su llegada al poder, los liberales informaron de la creación del nuevo organismo para la responsabilidad de las empresas en el exterior, el cual podría indagar de manera independiente, según lo anunciado. Además de las mineras, las firmas de hidrocarburos y de textiles fueron incluidas. También el gobierno comunicó el establecimiento del comité consultivo. El 8 de abril de 2019 (es decir, 15 meses después), se hizo público que Meyerhoffer estaría al frente de CORE. La noticia fue recibida con limitado entusiasmo por distintos actores. Ella es una abogada con experiencia en cooperación internacional y consolidación de instituciones democráticas, pero también fungió tiempo atrás como cabildera de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo. El mismo día del anuncio del nombramiento, el gobierno estableció por decreto las responsabilidades de Meyerhoffer, quien aparecía en el documento como “consejera especial del ministro de Comercio Internacional”, elemento que fue blanco de crítica, ya que ponía en entredicho la independencia tan publicitada de su cargo. El decreto precisa que la cabeza de CORE podrá aconsejar a las empresas canadienses sobre prácticas y políticas basadas en conductas

responsables, examinar quejas formuladas –por individuos, organizaciones o colectividades– sobre posibles violaciones a los derechos humanos, ofrecer servicios informales de mediación, emitir recomendaciones a las empresas y acompañar su puesta en marcha. También puede sugerir sanciones (por ejemplo, retiro del apoyo comercial del gobierno, pago de indemnizaciones y disculpas públicas), pero tendrá que dirigirlas al ministro de Comercio Internacional.

Golpe a la legitimidad

En el decreto también aparece que CORE puede “realizar una investigación conjunta de los hechos o, en la imposibilidad, llevar a cabo una investigación independiente de los hechos”. Jim Carr, ministro de Comercio Internacional, dijo que un grupo jurídico externo iba a analizar si Meyerhoffer tendría la facultad de solicitar documentación a las empresas y citar a testigos en sus pesquisas. Carr expresó que la decisión se conocería a principios de junio, pero la respuesta aún no llega. “Como se anunció el pasado 8 de abril, el gobierno ha solicitado una opinión jurídica externa para determinar si se requieren herramientas adicionales para realizar investigaciones creíbles y efectivas sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos. Continuamos evaluando la mejor manera de fortalecer nuestro enfoque hacia una conducta empresarial responsable, tomando en cuenta todos los factores y consejos relevantes”, comenta a Proceso Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Cabe destacar que Ben Chalmers, presidente de la Asociación Minera de Canadá, declaró en abril a The Financial Post que su organismo no apoyaba que Meyerhoffer pudiera solicitar documentos y convocar a testigos, ya que los tribunales canadienses estaban para ello. El 30 de abril, Surya Deva, presidente del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, se reunió en Ottawa con representantes gubernamentales, para saber por qué Canadá tardó tanto tiempo en crear el nuevo organismo de responsabilidad para las firmas en el exterior y, de igual forma, para subrayar la importancia de que Meyerhoffer cuente con el verdadero margen de maniobra que requiere su car-

go, de acuerdo a la independencia prometida previamente. Deva declaró a la cadena CBC: “Canadá no enviará una buena señal a la comunidad internacional si da marcha atrás con esta promesa”. Pasaron las semanas y, el 11 de julio, los miembros del consejo consultivo provenientes de organizaciones no gubernamentales y de la esfera sindical perdieron la paciencia y dimitieron. En su carta de renuncia, señalaron que el gobierno no brindaba a CORE las facultades de investigación necesarias. “CORE sigue sin los poderes significativos para servir a las comunidades y a los trabajadores afectados”, aparece en la misiva, firmada por representantes de Amnistía Internacional Canadá, la Asociación Quebequense de Cooperación Internacional, MiningWatch Canadá y el Congreso del Trabajo Canadiense, entre otros grupos. Asimismo, criticaron la cercanía de CORE con el Ministerio de Comercio Internacional. Los representantes que abandonaron el consejo consultivo también expresaron lo siguiente: “La única forma en que el gobierno puede restaurar la confianza es reemplazando el mandato de CORE por una orden de conformidad con la Ley de Investigación”, añadiendo que “sería una señal para la sociedad civil y las comunidades afectadas de todo el mundo que esta oficina puede considerarse creíble y que este gobierno está tomando medidas concretas para promover los derechos humanos”. Sin embargo, los firmantes no creen que alguna acción al respecto se dé antes de las elecciones federales (están programadas para el 21 de octubre). “Estas renuncias son lamentables. Damos mucha importancia a nuestro compromiso con las partes interesadas que tienen experiencia directa en el fortalecimiento de prácticas comerciales responsables, tanto en términos de políticas como de implementación”, afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. “La contribución del consejo consultivo y los comentarios de los canadienses que participan activamente en este trabajo han sido invaluables, ya que estamos comprometidos con mejorar la responsabilidad de las empresas canadienses en el extranjero y promover nuestras políticas y prácticas comerciales responsables de una forma que aporten cambios significativos”, agrega.


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l último informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el Índice de Desarrollo Humano en rubros tan importantes como la educación, ha dejado de manifiesto la incómoda relación que existe entre las entidades con mayor insurgencia magisterial y las de mayor rezago educativo. Y es que, de acuerdo al informe “Transformando a México desde lo Local, son justo los estados en las que organizaciones como la CNTE tiene mayor presencia, donde el índice de desarrollo humano en materia educativa ha presentado los peores indicadores de los últimos años a nivel nacional. Uno de los casos más preocupantes es el de Chiapas, donde, según datos del PNUD, el índice educativo ha sido incluso inferior al de otros rubros prioritarios como la salud y la capacidad de ingresos, que sí presentaron mejoras significativas. El indicador estatal apenas alcanzó los 0.542 puntos porcentuales, muy lejos del promedio nacional que ya supera el 0.651 puntos. Son Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero las entidades que registran los peores indicadores educativos de desarrollo humano, según el organismo de las Naciones Unidas. No es casualidad que

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EN LA MIRA Héctor Estrada

La CNTE y su efecto en el rezago educativo de Chiapas

se trate de las mismas entidades que concentran a la mayor cantidad de docentes agremiados la CNTE y, por lo tanto, también, la mayor recurrencia de plantones, protestas y paros laborales. Sólo tres de los municipios de Chiapas lograron un Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM) muy alto; 32 alcanzaron un índice alto; 64 tuvieron un ICFM medio y 18 obtuvieron un ICFM bajo. El municipio de Nicolás Ruiz, con un valor de 0 en este indicador, el más bajo en el estado,

cuenta con las capacidades más limitadas para llevar a cabo acciones que mejoren el desarrollo humano de sus habitantes. Chiapas es la segunda entidad más desigual del país en cuanto a las capacidades de sus municipios. “La diferencia entre los de mayor y menor ICFM es de 55 puntos. En los cinco componentes del Índice, las diferencias entre los municipios con los valores extremos van de 100 puntos en la capacidad para formular políticas y a 50 puntos en la capacidad para realizar

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diagnósticos”. Y no se trata de culpar al movimiento magisterial de un añejo rezago educativo que también ha sido alimentado por la corrupción e indiferencia gubernamental, pero sí resulta honesto reconocer que su presencia no ha ayudado de mucho y que el abandono constante de la “misión educativa” para privilegiar luchas laborales también ha tenido sus consecuencias. Apenas este jueves la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que iniciará paro de actividades para postergar el inicio del ciclo escolar en Chiapas debido a la negativa del gobierno estatal para “atender sus demandas”. La CNTE informó que dicha decisión , a dos semanas del inicio del ciclo escolar 2019-2020, está determinada, pero aún no determinan la fecha de inicio. Aunque a muchos duela admitirlo y sea causa de duras calificaciones, el daño que la CNTE hace a la educación en Chiapas resulta innegable. Llegó el momento de replantear los objetivos y hacer a un lado esas viejas prácticas que tanto han enriquecido a los lideres sindicales para forjar un nuevo movimiento magisterial, lejos ya de los constantes paros indefinidos y reiteradas ausencias docentes que tanto año hacen a entidades tan golpeadas como Chiapas… así las cosas.

BELEM DO PARÁ: 25 AÑOS DE PROMESAS INCUMPLIDAS

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n 1994, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belem do Pará, se convirtió en el primer instrumento internacional en reconocer la violencia contra las mujeres como violación de sus Derechos Humanos, perpetrada por individuos o agentes estatales. Los Estados parte, México, entre ellos, se comprometieron entonces a garantizar a las mujeres y niñas el derecho a una vida libre de violencia. A 25 años de la suscripción inicial de esta convención, la apuesta por erradicar esta violencia y no sólo frenarla, o prevenirla y castigarla, parece utópica. Este documento y la plataforma de acción de Beijing (1995) en el seno de la ONU, fortalecieron el marco jurídico internacional que también incluye la Convención de la CEDAW (1979) contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Desde entonces se ha avanzado en el reconocimiento de esta violencia, pero a nivel regional los Estados no han cumplido con sus obligaciones. En los hechos, la brecha entre los pactos firmados por éstos y el tipo y

Lucía Melgar alcance de sus acciones sigue siendo demasiado dolorosa para los millones de mujeres y niñas que padecen acciones o conductas, basadas en su género, que les causan “muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado” (art.1). En México, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se deriva y retoma esta Convención, que reconoce este derecho (art.3), así como el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la igualdad de protección ante la ley, y a la no discriminación, entre otros. La LGAMVLV incluye a su vez medidas para garantizar una vida sin violencia, tales la Alerta de Violencia de Género (AVG) o las medidas de protección. Por desgracia, como es evidente ya en el caso de la AVG, las leyes no modifican conductas y prácticas arraigadas, menos aún cuando quienes las interpretan carecen de perspectiva de género o de Derechos Humanos, cuando las autoridades no dan prioridad a la lucha contra la violencia machista y politizan el tema, o, como se dice con impotencia, cuando “no hay voluntad política”. Como las promesas no bastan, se creó en 2004 un Mecanismo de Seguimiento de la Convención que

incluye indicadores de cumplimiento, entre ellos estadísticas específicas para mujeres y niñas, que, según informes recientes, no se compilan como es debido. Más allá del fetichismo de la ley y la danza de cifras que ya conocemos, la falla más evidente en México es la falta de acciones concretas para garantizar una vida sin violencia, lo que conlleva, según la Convención, responsabilidad internacional. Peor aún, el Estado mexicano ni siquiera cumple la obligación de “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal o agentes e instituciones se comporten conforme a esta obligación” (art. 7a). A lo largo de 25 años, la documentación del feminicidio ha demostrado la negligencia del Estado que se ha limitado a “administrar” el problema como si pudiéramos seguir viviendo en un país donde se

acumulan muertes y desapariciones impunes, ocultándolas bajo nuevas leyes, fiscalías, comisiones, o frenesí punitivo. A estas alturas es obvio que la simulación sólo agudiza la violencia. Cuando policías en funciones violan a una chica que va por la calle, como acaba de suceder; cuando marinos o militares torturan a mujeres detenidas de manera arbitraria, cuando agentes estatales desaparecen a niñas y mujeres, cuando autoridades promueven o toleran tratos inhumanos a migrantes, perpetran delitos que deben castigarse. Apelar a más penas o años de cárcel no es la solución. Lo necesario y urgente es castigar a los culpables y diseñar políticas de prevención a mediano y largo plazos. Harían bien las actuales autoridades mexicanas, en particular las del gobierno de la capital, en tomar en serio esta Convención en vez de administrar la justicia de manera selectiva y de tachar de “provocación” las protestas airadas contra la violencia feminicida e institucional que degrada la vida en esta ciudad. Belem do Pará puede parecer utópica. Hoy es más bien una luz contra un Estado que ha permitido y se permite violar y matar sin consecuencias.


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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PRIMO LEVI

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l suicidio del químico italiano Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz –nacido hace 100 años– no tendría nada de extraño salvo porque él mismo lo había descartado en sus textos como solución. La cauda de suicidios debida a los nazis: de Stefan Zweig y Walter Benjamin a Paul Celan, Bruno Bettelheim, pero sobre todo a Jean Améry –cuya muerte el propio Levi trató de explicar–, fue tomada por el testigo de Auschwitz como insólita: “El -campo de concentración nazi no me quitó el deseo de vivir; al contrario; le dio un propósito a mi vida, la de ser testigo de algo que no debe suceder otra vez. Desde que nací tengo confianza en la humanidad, de forma intuitiva. Esto no quiere decir que les tenga confianza a todos, pero prefiero ese principio al de la desesperación y el pesimismo. Esa es mi apuesta. Me parece que el optimismo, irracional como es toda apuesta, es la forma de levantarse con el pie derecho, aunque, a la larga, a lo mejor te equivoques”. Jean Améry, quien se había suicidado en Salzburgo el 17 de octubre de 1978, le llamó a Primo Levi “el perdonador”, por su negativa a aceptar que todos los alemanes, como pueblo, habían sido responsables del Holocausto. Con puntualidad, Levi le respondió: “No perdono a mis enemigos de ese momento porque sé que ningún acto humano puede borrar un crimen”. Su perspectiva moral, en efecto, no era la venganza, sino contar con la vergüenza del acto cometido por parte del victimario. Así lo escribió en un poema, “Para Eichmann”: Oh hijo de la muerte, no te deseamos la muerte. Que vivas mucho como nunca nadie ha vivido: Que vivas sin dormir durante cinco millones de noches, Y cada noche seas visitado por el dolor de todos los que vieron. La puerta que cerró el camino de regreso hace clic, la oscuridad a su alrededor se levanta, el aire se agolpa con la muerte. La idea de aceptar el mundo siempre ayudó a Levi. En noviembre 1944, mientras cavaba un hoyo en el lodo de Auschwitz, empezó a lloverle encima. “Por lo menos, no hace viento”, se dijo. De regreso a las barracas del campo de concentración, Levi tuvo todavía la presencia de ánimo para reconfortar a un judío húngaro que planeaba aventarse contra la reja electrificada para terminar con su sufrimiento. –Anoche tuve una premonición sobre ti en un sueño –le dijo Levi–. Estabas sano, fuerte y sonriendo ante una mesa repleta de comida.

Fabrizio Mejía Madrid

Aunque el sueño era una mentira, impidió que el húngaro se suicidara. Al día siguiente, empezó a nevar. Los presos del campo no tenían, no se diga abrigos, sino ni siquiera calcetines. Levi recordó al Job de la Biblia. Veinte años después, publicó un libro extraño, hecho sólo de citas de otros. En la primera página Levi hizo un esquema de lo que consideraba su propia tradición intelectual: en un polo superior pone el Libro de Job, en el inferior, a -Auschwitz (“el hoyo negro”). Entre ambos hay varios husos a los que describe como maneras de salvación: por la risa (Rabelais); por la indignación (Isaak Bábel y Paul Celan); por la dignidad (Joseph Conrad), y por el entendimiento (Lucrecio y Charles Darwin). En ningún momento reivindica el sacrificio. Después de 40 años de servir como el testigo de los campos de exterminio nazis, Primo Levi vivía en combate para que los demás entendieran que el Holocausto no era comparable con las demás matanzas. La nueva derecha, con Robert -Faurisson y Ernst Nolte como voceros, cuando no negaban de plano la existencia del genocidio, tendían a generalizar el nazismo comparándolo con el estalinismo o la guerra de Vietnam. Levi se opuso a la difuminación de lo específico del nazismo: “El gulag ruso no tuvo bases raciales ni asumió la división de la humanidad entre superhombres y subhombres exterminables por un sistema tecnológico concebido para tal efecto. No tatuó a sus víctimas con números de serie ni usó a los cadáveres como materias primas de la economía: el gas de las cámaras de la muerte era producido por la industria química, el complejo armamentista se beneficiaba del trabajo esclavo de mujeres, niños y hombres, los bancos valuaban los dientes de oro extraídos a los cadáveres”. Pero, del otro lado de su combate, Levi luchaba para que el Holocausto no se banalizara: se indignaba cuando “sobre todo los jóvenes” le pedían autógrafos, como si ser sobreviviente pudiera equipararse a algún tipo de celebridad consumible. “Soy un tipo normal”, les instruía, “equipado con una buena memoria, que fue atrapado por un huracán del que escapó más por suerte que por virtud, y que tiene una especial curiosidad por todo tipo de huracanes, reales y metafóricos”. Cuando volvió a Auschwitz por un acto luctuoso del gobierno polaco, Levi se quejó del exceso de discursos de políticos, del ruido de los que transmitían para los medios de comunicación, de la falta de “unos cuantos minutos para

meditar”. En algunas entrevistas, se quejó también del carácter de víctimas de los sobrevivientes, cuando los verdaderos testigos eran, sin duda, los que no salieron nunca de las cámaras de gas, los que “se cavaron una tumba en el aire”. Con este pesar por haber sobrevivido, Levi inundó de sentidos múltiples, contradictorios, literarios, lo que no era fácilmente publicitable: de un lado no había sólo víctimas, sino también colaboradores, y del otro, no sólo había criminales de guerra, sino una maquinaria de la que no era factible escapar ni resistir. Pero, además de testigo, Primo Levi era un escritor que había sido químico durante cuatro décadas. Sus libros, como el que Saul Bellow calificó de “obra maestra”: La tabla periódica, donde cada elemento químico sirve para contar una historia, o La llave estrella, sobre un obrero que deambula por Italia con su llave de tuercas, no tienen como trasfondo la Alemania nazi. Como científico, encabezó las iniciativas para que, tras la invención de la bomba nuclear, los técnicos tuvieran un compromiso con la sociedad, a través de una especie de Juramento hipocrático, en el que velaran por el interés de la humanidad y no sólo del conocimiento. “No existe la neutralidad –escribió célebremente–, uno sabe qué saldrá del huevo que estamos quebrando, si un monstruo o una quimera. El científico no puede -desentenderse de la criatura, a menos que sea sólo humo”. En sus últimos días, este sobreviviente, testigo, poeta, novelista y químico tuvo el combate que lo derrotó definitivamente. No se trataba del recuerdo de -Auschwitz, sino de una depresión por lo que siempre nos abate: la vejez. Unos meses antes del 11 de abril de 1987, en que se arrojó desde la escalera de su casa, Primo Levi tenía que vivir atrapado por la “introyección de culpas” de cuidar de su madre senil de 92 años y de su suegra ciega. No encontraba la calma para escribir, pues su casa, en Corso Re Umberto, en La Crocetta de Turín, se inundaba con el ajetreo de los turnos de las enfermeras, los gritos de angustia de su madre, el replicar del teléfono con invitaciones a dar conferencias que Levi rechazaba con sistematicidad. Ya no salía de su estudio y, sabiendo

que tenía una depresión, no confiaba en los psicólogos. De hecho, había sido muy crítico de la posibilidad de que un sobreviviente de Auschwitz entrara en el esquema freudiano propuesto por Bettelheim antes de suicidarse: “La figura paterna no son los nazis. Ninguna metáfora de la infancia se equipara a un padre que te lleve, agónico, a una -cámara de gas”. Aunque él mismo había tratado de establecer una narrativa psicoanalítica de la fobia que le tenía a las arañas. Levi estaba convencido de que al hilar, las arañas representaban el peligro de la madre llevándote de regreso al útero. Pero esto lo escribió una vez que se le manifestó la senilidad a su propia madre. Levi sufría las complicaciones y angustias de una operación de próstata que le puso, de nuevo, ante lo que había vivido como una insuficiencia en la secundaria: el hecho de que las niñas pensaran que la circuncisión era una castración. Ahora tenía terror que se le desatara un cáncer de próstata que invadiera los huesos de la cadera. Pero se negó a ir al psicólogo. En su lugar, le escribió una larga carta de quejas y pánicos a Ruth Feldman, su traductora en Estados Unidos: “Mi situación en esta casa, la misma desde mi infancia, es peor que Auschwitz porque ya no soy joven ni tengo la fuerza para reaccionar”. La traductora le contestó la carta, que no llegó antes del fatídico 11 de abril. Levi estaba prisionero, no por los guardias de la SS, sino por el cuidado de unas ancianas que lo arrastraban en su larga y destemplada agonía. No podía escribir ni salir y quizá lo más terrible fue que empezaba a perder la memoria. Les confesó a varios amigos, entre ellos, a su vecino el abogado Norberto Bobbio, que tenía que releer sus propios testimonios publicados antes de ir a una entrevista. La memoria se estaba perdiendo en otros ámbitos. Primo Levi se daba cuenta que la nueva generación ya no entendía el Holocausto, que empezaba a reivindicar el nazismo, que “sólo entienden lo que les toca vivir, no lo que tienen antes”. Unos días antes de su suicidio, Primo Levi fue visitado en su casa por el gran novelista Philip Roth. De ese encuentro en Turín hay una imagen que Roth usa para sintetizar a ese hombre: al lado de un pedazo oxidado de la alambrada de -Auschwitz, pegada a la pared de su estudio casi como un perpetuo recordatorio, Primo Levi ha puesto distintos móviles que él mismo fabricó con alambres. Uno de ellos es un mono que parece levantar algo como una espada. Cuando Roth le preguntó qué era, Levi dijo: “Eso no es una espada, es una aguja de tejer”.


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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Latrocinio municipal

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n la carretera Sayula del municipio de Cintalapa, un socavón de casi 150 metros de largo y poco más de metro y medio de profundidad, al que rodean varias viviendas, se asoma imponente y ha causado nerviosismo entre los que habitan la zona y la transitan. Se trata de una de las flamantes obras que anunciara con bombo y platillo el expresidente municipal, Enrique Arreola Moguel, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a la que su administración (2015-2018) asegurara le invirtió 38 millones de pesos que nomás no se ven. No hace falta ser perito en la materia para darse cuenta del pésimo trabajo realizado por la constructora, en contubernio con las autoridades municipales y que, seguramente, me atrevo a señalar, fue de sus últimas jugadas para poder desviar recursos antes de que terminara su trienio. Una práctica que fue muy común de ese y otros funcionarios, cabe señalar. Los mismos colonos afirman que bajo este socavón se ubica un arroyo subterráneo y que los encargados de las obras sabían de ello, aunado a que el ayuntamiento hizo caso omiso de los llamados hechos en donde Arreola se había comprometido a que la obra sería de beneficio para el municipio. Y no fue así. Si a esto le sumamos que los materiales fueron de muy baja calidad, que no se dio una compactación adecuada, que el concreto y el grueso empleado fueron

paupérrimos, el resultado es lo que tenemos ahora a la vista: un fraude que debería bastar para que el gobierno anterior sea llamado a rendir cuentas. Sería interesante que las autoridades encargadas tomen cartas en el asunto, sobre todo cuando es un secreto a voces que el expresidente municipal traía acuerdos con constructores del estado de Puebla a quienes les dio obra pública a diestra y siniestra, sin supervisión alguna, y todo como pago al apoyo recibido en su campaña en 2015. Auditar las obras en campo, lejos del escritorio y la simulación acostumbrada, seguramente pondría en manifiesto todas las corruptelas que fueron orquestadas desde la silla de uno de los peores presidentes municipales que ha tenido la tierra del vate Rodulfo Figueroa. Recordemos que apenas hace un año, el columnista Mario Caballero publicó en el Diario de Chiapas que la Secretaría de la Contraloría General había informado que, “a partir de la auditoría no. 056/2017 practicada a los ejercicios 2016 y 2017 del ayuntamiento de Cintalapa, se descubrió que la gestión de Arreola Moguel había hecho pagos improcedentes por 247 mil 276 pesos y que no entregó la documentación comprobatoria”. Y por si eso fuera poco, lo más grave del asunto sigue siendo “el presunto desvío de 96 millones 208 mil 876 pesos, correspondientes a obra pública”, que el exedil destinara a quienes le pa-

trocinaron la compra y acarreo de votos para que pudiese llegar al poder, y que bastaría para que pruebe el fresco bote. Pero no todo queda ahí, porque Enrique Arreola Moguel podría ser, incluso, uno de los presidentes municipales implicados en la “estafa maestra” que se ha destapado con la detención y el proceso de la exfuncionaria Rosario Robles, y que pronto tendrá un largo listado de todos aquellos que, o se mancharon o se salpicaron con esas corruptelas. No olvidemos que el expresidente de Cintalapa duplicó nombres en las listas de beneficiarios ante la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y que, curiosamente, olvidó colocar a otros. Lo más terrible es que tras la asignación del recurso muchas dudas y quejas quedaron bailando en el aire y nadie hizo nada al respecto. Tampoco olvidemos que el gobierno de Arreola Moguel fue sindicado como uno de los 12 municipios que no habían cumplido en tiempo y forma con todas las cuentas públicas, lo cual es una razón suficiente para que ya hubiese sido llamado a dar la cara y a purgar una condena por toda la omisión que abanderó en su administración. No creo que la Auditoría Superior del Estado se preste a proteger a un funcionario de la calaña de Arreola Moguel. O al menos, sería terrible que esto fuese así y que las cosas no cambien. Ya con la protección que otrora el OFSCE les brindaba a los presi-

dentes municipales es suficiente, y ya ahondaré en ese tema. Lo cierto es que el tiempo apremia y los cintalapanecos merecen justicia. Veremos, por ahora, qué pasa. #MANJAR.- La Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) 2019 será dedicada al hermano país de Puerto Rico. Es de reconocerse el esfuerzo que están haciendo el rector Carlos Natarén y el maestro José Luis Abreu, junto a decenas de colaboradores más, quienes, pese a las adversidades, se mantienen trabajando con optimismo para que esta fiesta cultural se lleve a cabo a finales de septiembre y en los primeros días de octubre. Celebro que este esfuerzo camine y que la máxima casa de estudios mantenga viva esta feria. Fue un error de la administración pasada suspenderla. Son muchas las voces que coincidimos en ello. Ya la cuenta regresiva está en el aire. Será un enorme gusto poder saludar al doctor Fábregas, un hombre indispensable para entender la historia de Chiapas y a quien el estado le debe mucho, así como a muchos de los amigos poetas, narradores e investigadores a la que esta feria convoca. ¡Enhorabuena! #BienAhí // “Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia”. Elbert Hubbard. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Periodismo muerto de Bernardo Díaz Nosty y el disco de Yield de Pearl Jam. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.


CMAN

DIARIO

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 16 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1712 MANDATO

Inai ordena al Coneval desglosar cifras de pobreza de 2008 a 2012

DENUNCIA

Fiscales del ayuntamiento tuxtleco actúan como delincuentes

PAG. 8

PETICIÓN

López Obrador llama a partidos a consultar con militantes el uso de sus recursos PAG. 3

EVENTO

PAG. 8

INFORME

Reinstalan a 360 maestros cesados por la evaluación de la reforma peñista

PAG. 7

Realizarán bazar para ofertar productos de las mujeres desplazadas de Chenalhó Las mujeres artesanas de Chenalhó, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado desde hace tres años, ofrecerán sus productos este 17 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Tuxtla.

PAG. 3

PAG. 6

Comunidades de Oaxaca acusan a AMLO de pretender despojarlas de 71 hectáreas para una hidroeléctrica

Profile for Dante Oliveyro

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