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DOXA
EDITORIAL
La crisis que se viene
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Es previsible que los conflictos en Chiapas se agudicen cuando inicie el próximo gobierno. Sobre todo porque las condiciones que reproducen las protestas no van a cambiar de un día para otro y menos si no se toman medidas preventivas y de solución de los conflictos.
La crisis del sector salud y de la UNACH tiene un factor común: El Dr. Carlos Eugenio Ruíz Hernández, quien está bien apadrinado. El tío del gobernador lo protege y también fue el promotor de Rutilio Escandón. Jesús Agustín Velasco definió un proyecto transexenal y en la UNACH juega con fuego
DIARIO
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EN CHIAPAS
Sábado 10 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1502
LLAMADO
PETICIÓN
El Frayba exige frenar ataques contra indígenas de Aldama, Chiapas
El Frayba reseñó que el pasado miércoles 7 un grupo de aproximadamente 20 personas, integrantes del pueblo tzotzil, acudieron muy temprano a sus parcelas ubicadas en la comunidad de Xuxch’en, en Aldama, para cortar su café
Acnur registra en tapachula más de 3 mil 230 solicitudes de refugio tras caravanas de migrantes
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DECLARACIÓN
AMLO aclara que no cambiarán las reglas bancarias en los próximos tres años PAG. 3
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Gobierno de Peña evade requerimientos del Comité de Desaparición Forzada de la ONU
HOY ESCRIBEN OMISIONES ESCANDALOSAS Pablo Gómez
ÍNDICE...
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Ruperto Portela Alvarado
EXHORTO
Etnia Maya - Mam del Soconusco a desaparecer ante desinterés del gobierno
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DINERO PÚBLICO
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Luis Miguel Cano López
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CATRINES Y FIFÍS EN TIEMPOS DE CAMBIO
Gibrán Ramírez Reyes / El Sur de Guerrero PAG. 12
EL ÉXODO CENTROAMERICANO: UNA POBLACIÓN EN BUSCA DE REFUGIO PAG. 4
Carmen R. Ponce Meléndez
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EN CHIAPAS
EDITORIAL La crisis que se viene
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s previsible que los conflictos en Chiapas se agudicen cuando inicie el próximo gobierno. Sobre todo porque las condiciones que reproducen las protestas no van a cambiar de un día para otro y menos si no se toman medidas preventivas y de solución de los conflictos. Hay demandas de los grupos que son inconcebibles que no se atiendan, como es el caso de la ausencia del pago de los maestros interinos o el de los desplazados que se han visto obligados a mantener plantones afuera del palacio de gobierno. Hay otros como el de Amatán, el de Ixtapa o Pueblo Nuevo, que son generados por el control caciquil de la política que el propio gobierno ha tolerado. Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos parami-
litares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. En este momento la sociedad chiapaneca vive en una condición de insatisfacción social en donde el gobierno en funciones no toma decisiones y el gobernante electo no integra el gabinete ni presenta su proyecto de gobierno. Frente a esta condición inerme del Estado, las personas y los conflictos actúan y se mueven en aguas subterráneas en la búsqueda de un estallido social, que está anunciado, pero en el que nadie interviene ni se toman medidas preventivas. En Chiapas existe un relajamiento de la autoridad, en el que parece que el Estado no existe. Y este va a ser el mismo escenario en la gestión de Rutilio Escandón, en el que se prevé que la sobrecarga de demandas va a ser superior a la capacidad de respuesta que pueda llegar a tener el gobierno y las dificultades financieras de la entidad no van a ser resueltas por el
gobierno federal. A los últimos gobiernos no les ha caracterizado la responsabilidad y finalmente algunas decisiones terminaron haciendo un daño mayor de lo que inicialmente uno podía imaginarse. Por ejemplo, la crisis de la burocracia fue generada por el gobierno de Juan Sabines, que cuando inicia su administración habían 35 mil trabajadores aproximadamente y cuando concluyen los seis años de esa administración ya habían más de 52 mil trabajadores, lo que produjo condiciones de una nómina impagable, que se resolvió parcialmente por los miles de despidos en el gobierno de Velasco Coello Situación similar ha sucedido en los gobiernos municipales, en la que crecieron las nóminas que se hace imposible pagarla y la administración municipal pierde capacidad financiera para atender otras demandas ciudadanas. Bajo ese escenario poco halagüeño Rutilio Escandón no puede equivocarse en la selección de su gabinete ni en el diseño de políticas públicas
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El Frayba exige frenar ataques contra indígenas de Aldama, Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó hoy a las autoridades gubernamentales sobre el riesgo en que se encuentran indígenas de una comunidad del municipio de Aldama, en la región Altos de Chiapas, por ataques de un grupo armado de Santa Martha, del vecino municipio de Chenalhó, que ya hirió de bala a dos personas. El Frayba reseñó que el pasado miércoles 7 un grupo de aproximadamente 20 personas, integrantes del pueblo tzotzil, acudieron muy temprano a sus parcelas ubicadas en la comunidad de Xuxch’en, en Aldama, para cortar su café. Aproximadamente a las 11 de la mañana habitantes de Santa Martha Manuel Utrilla, de Chenalhó, les dispararon sin mediar palabra, y lesionaron a Emiliano Santiz Hernández, de 26 años. Días antes, el 19 de octubre por la mañana, indígenas de las comunidades de Tulantic, Cotzilnam, Tabac, Coco y la cabecera de Aldama fueron a levantar la cosecha a sus predios cuando, de igual forma, un grupo de hombres armados de Santa Martha Manuel Utrilla les disparó. “Algunas personas salieron corriendo y otras esperaron más de siete horas para salir. Hubo un herido, lesionado por arma de fuego. Una camioneta fue alcanzada por
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Debido al incumplimiento del Gobierno del Estado con las peticiones de los trabajadores del sector salud que desde hace 15 días se mantienen en huelga parcial, anunciaron que realizarán una jornada de movilizaciones. Así mismo adelantaron que realizarán una marcha el lunes 12 de noviembre, la cual partirá de la Diana Cazadora hacia el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa donde se instalarán en plantón indefinido. María de Jesús Espinosa Morales, secretaria general del SNTSA de la Sección 50 dio a conocer que hasta el momento no existe un acuerdo o el cumplimiento de las demandas entre las que se encentran el pago de diferentes prestaciones a la base trabajadora. Sin embargo recordó que también la lucha es por la mejora en los servicios de salud, y el abasto de medicamentos en todos los hospitales de
El Frayba reseñó que el pasado miércoles 7 un grupo de aproximadamente 20 personas, integrantes del pueblo tzotzil, acudieron muy temprano a sus parcelas ubicadas en la comunidad de Xuxch’en, en Aldama, para cortar su café
una bala, está camioneta la dejaron y también sus cosechas”, dijo uno de los afectados. Ante ese escenario de ataques, el Frayba pidió a los gobiernos estatal y federal garantizar la vida, integridad y seguridad personal de quienes dedican estos días a la cosecha de café en la comunidad de Xuxch’en, Aldama, actividad que les es indispensable para el sustento familiar. Demandó atender de manera urgente la situación de desplazamiento de 12 familias de Xuxch’en
y de las demás comunidades en condiciones de desplazamiento forzado en Aldama, aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. De igual manera, el Frayba pidió acciones de prevención para evitar que continúen los desplazamientos de manera forzada en las comunidades de Aldama y, sobre todo, implementar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los gru-
pos civiles armados de Santa Marta Manuel Utrilla e investigar a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de estos grupos. “Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y la emergencia en la que se encuentran las y los pobladores de Aldama”, puntualizó.
Movilizaciones y plantón indefinido anuncian trabajadores de salud por incumplimiento de gobierno la región. “Es un recurso que ya había sido asignado por la federación, el cual no sabemos a dónde fue a parar. La deuda que se tiene con la base trabajadora es desde hace cinco años”, indicó. Respecto a la deuda, informó que no existe un monto total exacto “pero sí es una fuerte cantidad, que las autoridades saben cuánto es”. Explicó que el ofrecimiento de las autoridades estatales es realizar un pago parcial de algunas prestaciones “es algo que no podemos aceptar dada las condiciones en las que se encuentran los compañeros y los hospitales de la entidad. En este escenario recordó que todos los centros médicos de la entidad se encuentran en par paro parcial, atendiendo únicamente los casos clínicos considerado y urgencias.
“Pedimos al pueblo de Chiapas su comprensión, que nos ayude en la lucha para alcanzar un verdadero cambio, una mejora en los servicios de salud”. En estas jornadas de acción, con-
templa una manifestación en la Ciudad de México en la SS, y una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer el panorama en que se encuentra Chiapas en materia de salud.
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Etnia Maya - Mam del Soconusco a desaparecer ante desinterés del gobierno Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
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a comunidad Maya - Mam del Soconusco, por años ha sido la etnia olvidada y marginada por las autoridades de los tres niveles de gobierno, y es que a pesar de los esfuerzos de los indígenas por conservar su cultura, costumbre y lengua, está en peligro de desaparecer, dio a conocer el integrante del Consejo Regional Indígena Maya - Mam, Diego Toj. Dijo que la falta de voluntad y apatía de las autoridades estatales y federales ahogan una de las etnias más antiguas de la zona, ya que por años no se han destinado recursos para el rescate de la lengua, cultura y costumbres, por ello la comunidad indígena hace el exhorto a los gobiernos electos para que puedan coadyuvar en la conservación de este pueblo. Señaló que desde hace más de 25 años el gobierno no ha invertido en infraestructura educativa especialmente para las nuevas generaciones, ya que no se han construido escuelas bilingües, y las pocas que hay están olvidadas, y no cuentan con los materiales didácticos para que los docentes desempeñen se manera óptima la
Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
El Oficial de Información Pública de ACNUR México, Pierre Marcrenisse, afirmó que desde el pasado 21 de octubre en que la Primera Caravana Migrante hizo su arribo a la frontera con México, en el municipio de Suchiate, este organismo internacional, dio seguimiento a las personas que quisieron someterse a un proceso de refugio en México, en la que se estudia cada caso individualmente para obtener los beneficios de este proceso. Dijo que hasta el momento son más de 3 mil 230 personas que han solicitado asilo en Tapachula, son personas que originalmente venían en las caravanas de migrantes, pero decidieron buscar un porvenir en México e iniciaron su proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con la protección de la Acnur. Mencionó que el principal motivo de pedir refugio en México, ha sido la persecución que sufren estas personas en sus países de origen a
La falta de voluntad y apatía de las autoridades estatales y federales ahogan una de las etnias más antiguas de la zona, ya que por años no se han destinado recursos para el rescate de la lengua, cultura y costumbres, por ello la comunidad indígena hace el exhorto a los gobiernos electos para que puedan coadyuvar en la conservación de este pueblo
enseñanza de la lengua. Detalló que a diferencia de otras etnias en el país, los maya - Mam del Soconusco están olvidados y marginados, pero son los “tatas” quienes se esfuerzan por enseñar a las nuevas
generaciones la lengua y todo el entorno que envuelve a este pueblo, sin embargo tampoco son apoyados con materiales didácticos y no reciben ni una clase de apoyo por el trabajo que realizan por mantener aún viva
la etnia. “Nuestros tatas enseñan por puro amor y sólo con una hoja, no se vale el grado de marginación en la que nos tienen; desde hace más de 20 años que no se construye ninguna escuela bilingüe acá en el región del Soconusco, dicen que invierten recursos a las etnias, pero los estamos para que nos digan cuánto dinero han invertido a la etnia maya mam” sostuvo. Finalmente el entrevistado mencionó que buscan el apoyo con alcaldes municipales del Soconusco para que se pueda hacer la gestión ante el gobernador electo para que en Tapachula, Huehuetán o Unión Juárez para se instale una delegación de la Secretaría de Pueblos Indígenas, para que los indígenas puedan realizar los trámites necesarios para acceder a los apoyos gubernamentales. (iM rrc)
Acnur registra en tapachula más de 3 mil 230 solicitudes de refugio tras caravanas de migrantes raíz de la delincuencia y la falta de oportunidades laborales. Informó que el proceso de encontrar un refugio en México, puede tardar hasta 45 días y se puede extender hasta 90 días hábiles; asimismo según el oficial de la Acnur en México, de enero a septiembre del 2018, se contabilizaban más de 14 mil solicitudes de refugio en México; sin embargo según estimaciones de la Comar se tiene una proyección de que la cifra llegue a 23 al terminar el año. Puntualizó que entre los principales programas que tiene la Acnur en México son la Asistencia Legal y Material a Refugiados implementado por Sin Fronteras en la Ciudad de México; apoyo a la integración socio-económica de refugiados y solicitantes de asilo implementado por Programa Casa Refugiados, AC en la Ciudad de México y la detección y asistencia temporal de solicitantes
de la condición de refugiado, refugiados, beneficiarios de protección complementaria y apátridas implementado por Casa del Migrante Scalabrini, A.C. Albergue Belén en Tapachula. Cabe hacer mención que Acnur, es la agencia de la ONU para los refugia-
dos, apoya los esfuerzos del Gobierno de México de identificar a las personas que necesitan protección como refugiadas que viajan dentro de la migración que atraviesa el país, y brinda asistencia temporal para su integración en el país a través de organismos de la sociedad civil. (iM rrc)
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Validan IEPC y partidos diseño de boletas electorales para elección extraordinaria
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onsejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas y representantes de los partidos políticos, supervisaron el diseño y medidas de seguridad de las boletas y documentación, que serán utilizadas en la jornada electoral del domingo 25 de noviembre, para elegir a miembros de Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, Montecristo de Guerrero, El Porvenir, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Solosuchiapa, Tapilula y Santiago El Pinar. Los consejeros electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Manuel Jiménez Dorantes, acompañados del Secretario Ejecutivo, Ismael Sánchez Ruiz, comprobaron que las boletas contaran con las características, criterios y medidas de seguridad establecidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Al respecto, la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, explicó que, la empresa Gráficas Corona JE, S.A. de C.V, será quién realice los servicios de impresión de 64 mil 024 boletas electorales para la elección de Presidentas y Presidentes Municipales. “El proceso de impresión contempla, además de las boletas, la impresión de documenta-
De la Redacción Ciudad de México (apro)
La Comisión Federal de Competencia Económica inició el proceso contra presuntos responsables de prácticas monopólicas en la venta de tortilla en Palenque, Chiapas. En un comunicado, el organismo informó que emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en ese municipio chiapaneco. De acuerdo con el dictamen de probable responsabilidad, existen elementos para presumir que los agentes emplazados “habrían realizado una conducta anticompetitiva”. Con este emplazamiento, añadió, inicia el procedimiento en forma de juicio en el que los presuntos involucrados pueden reunir elementos para su defensa. La investigación –con el expe-
Microimpresión, imagen Invertida, imagen oculta e impresión con tinta invisible entre las medidas de seguridad. Para la elección extraordinaria que se realizará el 25 de noviembre en 10 municipios
ción electoral que consiste en actas y documentación sin emblema, que serán utilizadas el día de la jornada y en las sesiones de cómputo”. Por su parte, el consejero electoral Manuel Jiménez Dorantes, afirmó que al igual que en el proceso electoral ordinario, las boletas y actas electorales correspondientes
a las elecciones extraordinarias, son uno de los eslabones de la cadena de confianza, que por sus características y medidas de seguridad, “coadyuvarán a dar certeza a las y los ciudadanos de los municipios mencionados, y puedan ejercer un voto libre el próximo 25 de noviembre”. Cabe destacar que las medidas de
seguridad con que cuentan las boletas electorales, son la microimpresión, con caracteres reconocibles a una escala que requiere ampliación para leer a simple vista; imagen invertida, que es una imagen en la que los colores están intercambiados; imagen oculta dentro de otra, que para poder ser visible, requiere de una herramienta con tramado especial, que al girarse la devela; impresión en tinta invisible a simple vista, por lo que se requiere una lámpara de luz negra para poder observarse, e impresión que para ser visible deberá utilizarse el decodificador proporcionado al IEPC. La entrega de dicho material se tiene contemplada para el 15 de noviembre. Una vez que el material se encuentre bajo la custodia del IEPC, este será entregado a los diez Consejos Municipales Electorales, quienes realizarán el proceso de conteo, sellado, agrupamiento y enfajillado de las boletas. A través de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) locales, el material será entregado a los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
Monopolio de la tortilla en Palenque, Chiapas, acusa Cofece; inicia juicio diente DE-031-2017– inició a partir de una denuncia el 29 de septiembre de 2017 y concluyó un año después. Durante ese periodo, la autoridad investigadora detectó hechos que posiblemente derivaron en fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de las tortillas, así como en dividir, asignar o imponer segmentos del mercado. La Cofece define como prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto de manipular los precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, y dividir o segmentar los mercados, entre otras. “Con este emplazamiento a los agentes económicos, inicia la etapa del procedimiento seguido en for-
ma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión, en el cual los probables responsables podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones hechas en
su contra”, detalla el comunicado. De comprobarse la realización de una conducta ilícita, se prevén multas de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica que resulte aplicable.
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El éxodo de las comunidades azotadas por la producción de mariguana en Guerrero Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (apro)
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esde hace más de una década, la principal actividad comercial del poblado indígena nahua de Tlaltempanapa es la producción de mariguana, se le considera como “el jardín” del municipio de Chilapa y fuente estratégica de abastecimiento de enervantes en la región Centro de la entidad. Por ello, la disputa por el control de este “pueblo mariguanero” entre las bandas criminales de Los Rojos que lidera Zenén El Chaparro Nava Sánchez y Los Ardillos de Celso La Vela, hermano del actual diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, han convertido este lugar en zona de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia, indican reportes oficiales. El éxodo más reciente se registró el martes 6, cuando 70 personas -en su mayoría niños y mujeres indígenas-, huyeron caminando por los cerros y al amparo de la noche para buscar refugio en la cabecera municipal de Copalillo, lugar ubicado en la zona del Alto Balsas. Esta es una ruta natural utilizada por el narco para el trasiego de droga de la zona Centro de Guerrero al estado de Puebla pasando por Atenango del Río y Copalillo sobre la ribera del río Balsas, refieren los mismos informes. Sobre este caso, el gobierno de Héctor Astudillo Flores tiene ubicados a los generadores de la violencia en Zitlala, quienes son identificados por el Grupo Coordinación Guerrero (GCG), como una célula delictiva al servicio de Los Ardillos, dirigida por Hermelindo Cuchillo El Hermes y su hermano Francisco El Espinoso, ambos de Tlaltempanapa. Así como Omar Loreto Macario El Sapo de Acatlán, hermano de Aristides Loreto Macario El Marino, este último actualmente preso por el homicidio de tres policías federales en Chilapa, indica el informe oficial del gobierno estatal. En respuesta a la dramática situación que se vive en Tlaltempanapa, el gobernador Astudillo anunció este día que su estrategia para resolver el problema de los desplazados por la narcoviolencia de Zitlala, es entregar paliativos como “despensas y colchonetas”. Hasta el momento, el gobierno astudillista reconoce solo 685 personas originarias de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa,
El éxodo más reciente se registró el martes 6, cuando 70 personas -en su mayoría niños y mujeres indígenas-, huyeron caminando por los cerros y al amparo de la noche para buscar refugio en la cabecera municipal de Copalillo, lugar ubicado en la zona del Alto Balsas
Apaxtla y San Miguel Totolapan como parte del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Este mecanismo estatal está conformado por 13 dependencias estatales, enfocadas en realizar presuntamente “brigadas de atención a la salud para los desplazados, así como la entrega de alimentos, víveres y espacios en condiciones adecuadas, que les permitan reiniciar una vida digna”, indica el texto del tercer informe de labores de Astudillo. No obstante, la cifra no oficial denunciada por organismos no gubernamentales rebasa las tres mil personas desplazadas por la narcoviolencia en los últimos seis años en la entidad y el fenómeno continua.
La tragedia de un “pueblo mariguanero” En la década de los noventas, los pobladores de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala -todos indígenas nahuas- vendían mariguana en sus casas “como artesanía” para los consumidores y revendedores que llegaban desde Chilapa. “Eran los tiempos que Tlaltempanapa era considerado el jardín de Chilapa”, narra a apro un sobreviviente de la violencia. Posteriormente, Zenén El Chaparro Nava “impuso una cuota mensual” y obligó a los productores de Tlaltempanapa a venderle exclusivamente a la organización criminal de Los Rojos, afincados en Chilapa. De esta forma, El Chaparro acaparó el negocio del narcomenudeo en Chilapa y Zitlala donde también colocó a colaboradores en áreas de Seguridad Pública de ambos municipios, afirmó una fuente oficial que
pidió el anonimato. “Solo podías consumir mota marcada por Los Rojos, los policías municipales de Chilapa permitían fumar en plazas públicas, pero si fumabas de otra mariguana, eras detenido y te entregaban con los sicarios para ser desaparecido”, señaló la misma fuente. Fue el reinado de terror que impuso en la zona indígena de la región Centro hasta mayo de 2015 cuando unos 300 integrantes de Los Ardillos tomaron la cabecera municipal de Chilapa, el bastión de Los Rojos y lo mantuvieron sitiado durante cinco días, periodo que utilizaron para realizar detenciones arbitrarias y cateos de domicilios con la complacencia del Ejército y policía federal y estatal. En este lapso fueron reportadas como desaparecidas, al menos 60 personas, jóvenes en su mayoría, acusados por los líderes de Los Ardillos de formar parte de la estructura de Los Rojos y se desató una ola de ejecuciones de civiles, mandos policiacos y políticos de todas las filiaciones partidistas. Fue entonces cuando un grupo de pobladores de Tlaltempanapa, se revelaron al yugo de El Chaparro y se sumaron al grupo de autodefensa denominada Paz y Justicia, dirigido por José Apolonio Villanueva Jiménez y señalado por el gobierno estatal como brazo armado de Los Ardillos. De ahí, se generó una serie de ejecuciones en Tlaltempanapa, así como la desaparición de familias completas. Entre los casos destaca el ocurrido el 6 de enero de 2016, cuando un grupo de Los Ardillos irrumpió en el poblado de Quetzalcoatlán de las Palmas y ejecutaron a seis personas,
mientras que tres más quedaron heridas. Luego, la familia García Feliciano, conformada por seis personas, fue desaparecida el 16 de octubre del mismo año cuando pasaban por un retén de Los Ardillos instalado en Tlaltempanapa. Las víctimas, Marino García Capistrán de 54 años, su esposa María Feliciano Diego de 48 y sus hijos Félix, de 25; Santa, de 23 y Marco Antonio, de 18; así como la abuela, Florencia García Capistrán, de 80 años, salieron de Ixcatla, municipio de Zitlala rumbo a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo y cuando regresaron desaparecieron y hasta la fecha se desconoce su paradero. Ahora, un joven desplazado por la violencia que se encuentra refugiado en Copalillo, dijo a medios locales que en Tlaltempanapa ya sólo quedan 30 familias, unas 150 personas en su mayoría integrantes de Los Ardillos, quienes mantienen el cobro de cuotas y presión a los campesinos. Antes, en Tlaltempanapa vivían un promedio de 300 familias, es decir, mil 800 habitantes, aproximadamente, indicó la víctima, quien señaló que decidieron salir de su pueblo porque los líderes del grupo armado detuvieron a su papá, un hermano y su tío por negarse a trabajar para la organización, específicamente en la siembra de enervantes. Por esta causa, escuelas y centros de salud permanecen cerrados en Tlaltempanapa, así como en otras comunidades de Zitlala como Ayotzinapa, Huixcomulco, Tlapehualapa y Quetzalcoatlán. También en el poblado de La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, donde el grupo de Los Ardillos mantiene el control absoluto de la zona productora de mariguana y esclavizada a la población indígena. Este es la historia de un pueblo que vive y muere por la producción de mariguana en el contexto de la legalización planteada por la senadora Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación y quien afirmó que de esta forma se van a revertir los efectos de la violencia y que van a impedir que las organizaciones delictivas mantengan el control de la producción, trasiego y venta de la cannabis.
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Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
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l presidente electo Andrés Manuel López Obrador se refirió este viernes a la polémica iniciativa que planteó la bancada de Morena en el Senado de la República, para eliminar comisiones bancarias, y garantizó a la banca que no habrá cambios, al menos en los primeros tres años de su gobierno. La diferencia de posiciones entre el equipo de transición y el Senado de la República, particularmente por los dichos del coordinador parlamentario Ricardo Monreal, escaló desde ayer, cuando, luego de presentar la iniciativa, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, leyó un comunicado para pedir al Legislativo analizar más su propuesta e integrar equipos técnicos, y atribuyó la iniciativa al “entusiasmo” de estos tiempos. Hoy, en conferencia de prensa, luego de manifestarse respetuoso de la autonomía del legislativo, López Obrador subrayó: “Yo en la campaña aclaré que no íbamos a hacer ninguna reforma por parte del gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación de los bancos. Lo acabo de decir hace 15 días, cuando me entrevisté con la presidenta de Santander, Ana Botín”. Previo a esa declaración, Monreal aclaró que no recibe regaños ni manotazos de nadie, que la iniciativa continúa, y espera que sea dictaminada en tres meses, aunque dejó a salvo al presidente electo, a quien calificó de prudente en su posición respecto de la división de poderes. López Obrador abundó hoy: “No
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AMLO aclara que no cambiarán las reglas bancarias en los próximos tres años “Yo en la campaña aclaré que no íbamos a hacer ninguna reforma por parte del gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación de los bancos. Lo acabo de decir hace 15 días, cuando me entrevisté con la presidenta de Santander, Ana Botín”
vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, financiero, fiscal en los primeros tres años, porque vamos a
acreditar, porque podemos acreditar que haya tranquilidad”. Ayer, tras la presentación de la iniciativa, hubo un impacto inmediato
en los mercados, y la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso de 5.8% para colocarse en su peor nivel desde 2011 y con cuantiosas pérdidas, especialmente para los bancos. Al mensaje de calma enviado por Urzúa la tarde de ayer se sumó hoy López Obrador, quien insistió en el respeto al marco legal que se relaciona con el funcionamiento de la banca y las instituciones financieras. Lo ocurrido tras la presentación de la iniciativa con los mercados es un segundo episodio complejo para el medio financiero, luego de que otras empresas enlistadas sufrieron un fuerte golpe el 29 de octubre, al confirmarse la cancelación del proyecto aeroportuario en el Lago de Texcoco.
AMLO revive la Guardia Nacional; presentará el miércoles plan de seguridad Patricia Dávila
López Obrador confirma amnistía para presos políticos Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno otorgará amnistía a los presos políticos para que obtengan su libertad. En conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre el tema, expuso: “Sí, sí. Va a haber amnistía para presos políticos”. Y enseguida pronunció la vieja consigna de las izquierdas mexicanas: “Presos, políticos, libertad”. El tema de la amnistía ha sido polémico para el presidente electo desde su etapa como precandidato,
luego que en diciembre pasado declaró que era necesaria para pacificar el país, lo que fue ampliamente utilizado por sus opositores para acusarlo de intentar generar condiciones de impunidad. La semana pasada el Comité Cerezo México presentó al equipo de Alejandro Encinas una propuesta de ley que han trabajado desde hace 14 años, así como un listado de presos políticos y de dirigentes sociales detenidos, sujetos a proceso y estigmatizados. Son aproximadamente 400 nombres. Esta es la primera ocasión en que el presidente electo se refiere al tema, aunque no dio detalles sobre el particular.
Ciudad de México (apro)
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que su programa nacional de seguridad pública sí incluye la creación de la Guardia Nacional, y anunció que a las 17 horas del próximo miércoles 14 presentará su Plan para Garantizar la Paz y la Seguridad en México. Para llevar a cabo este plan, abundó, se van a presentar reformas a la Constitución y a las leyes, “por eso nos llevó tiempo la elaboración”. Puntualizó: “Sí va a haber una Guardia Nacional. Es un adelanto. Ya lo demás, espérense unos días. Está en la Constitución desde mediados del siglo XIX, pero es una generalidad lo que les estoy diciendo. El plan tiene mucha sustancia, es un plan para enfrentar la crisis grave de inseguridad y de violencia que se padece en el país”. El pasado miércoles 7, el futuro
secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, detalló que la Guardia Nacional estará lista en 2021 y que la integrará personal de las policías Federal, Militar, Naval y de la misma Gendarmería. “Nos estamos proponiendo un periodo de transición de tres años para diseñar, construir, consolidar e iniciar este nuevo cuerpo”, puntualizó ese día. La Gendarmería es la división de la Policía Federal presentada el 22 de agosto de 2014, creada por decreto del presidente Enrique Peña Nieto como parte de su estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado. Esta fue una de sus propuestas de campaña como candidato a la presidencia.
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Responsabilidad de migración segura y ordenada corresponde a los gobiernos: ONU Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
T
res agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México reiteraron hoy que los mandatos con los que operan en el país no les permiten rentar autobuses para el traslado de los integrantes del éxodo centroamericano, pues recordaron que la responsabilidad de garantizar una migración “segura, ordenada y regular” incumbe a los gobiernos. En reacción a las críticas que extendieron algunos integrantes de la caravana migrante hacia la ONU anoche, las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) recordaron que sus acciones están acotadas a sus mandatos. Ayer, un grupo de integrantes de la carava migrante se trasladó hacia la sede de la ONU en México y pidió a las agencias que les consigan autobuses para que las más de 4 mil 500 personas alojadas en el campamento improvisado en el estadio Jesús Martínez Palillo, de
De la redacción Ciudad de México (apro)
La reducción del estímulo al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que se aplica a gasolinas y diésel, anunciada hoy en el Diario Oficial de la Federación, no aumentará el precio de estos combustibles, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En un comunicado, la dependencia federal informó que los ajustes a las tasas del IEPS que aplicará la próxima semana no se traducirán en aumentos en los precios de estos productos. “La reducción en el monto del estímulo al diésel y la gasolina Magna que se observará en la semana que comienza el 10 de noviembre responde sólo a los cambios observados en el precio de sus referencias internacionales durante la semana que concluye”, explica el comunicado. “Es precisamente gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público pueden continuar moviéndose de manera ordenada. De esta manera funciona el mecanismo de suavización que ha operado durante
Los representantes del organismo internacional no accedieron a dicha petición, por lo que algunos líderes de la caravana –entre ellos el periodista Milton Benítez- denunciaron que la ONU les mintió y les abandonó a su suerte. Por ello, un grupo de integrantes del éxodo salió de la Ciudad de México esta madrugada rumbo a Querétaro
la Magdalena Mixhuca, puedan seguir su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Los representantes del organismo
internacional no accedieron a dicha petición, por lo que algunos líderes de la caravana –entre ellos el periodista Milton Benítez- denunciaron
que la ONU les mintió y les abandonó a su suerte. Por ello, un grupo de integrantes del éxodo salió de la Ciudad de México esta madrugada rumbo a Querétaro. Las agencias de la ONU recordaron que ACNUR apoyó a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) en los registros de solicitudes de refugio; que ONUDH acompañó la caravana para observar si ocurrieron violaciones a los derechos humanos; y que la OIM tiene el mandato de ayudar en el retorno voluntario de los migrantes. “De acuerdo al alcance de sus mandatos previamente expuestos, las agencias firmantes están imposibilitadas de brindar el transporte requerido por algunos integrantes de la caravana. Finalmente, ACNUR, OIM y ONUDH reiteran que continuarán realizando su trabajo, en el marco de sus mandatos, tal y como lo han venido haciendo en favor de la población migrante y sus derechos humanos”, señalaron.
Baja estímulo fiscal a gasolinas; no aumentarán precios: Hacienda todo 2018 y que se mantiene sin cambio”, concluyó. En la edición de hoy del Diario Oficial de la Federación, la SHCP publicó el acuerdo mediante el cual se dan a conocer los porcentajes del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a combustibles durante el periodo del 10 al 16 de noviembre. En el caso de la gasolina menor a 92 octanos (Magna), el porcentajes del estímulo fiscal bajó a 14.95%, lo que significa que Hacienda sólo absorberá 0.686 pesos por litro. En el caso de la mayor o igual a 92 octanos (Premium) y combustibles fósiles el estímulo se mantiene en cero; de esta forma, los usuarios pagarán todo el IEPS. Así, las cuotas disminuidas para Magna y Premium –es decir, la parte del impuesto que cubrirán al final los consumidores— quedaron estableci-
das en 3.904 y 3.880 pesos por litro, respectivamente. En cuanto al diésel, su porcentaje del estímulo quedó en 44.72% equiva-
lente a 2.254 pesos por litro. La cuota disminuida es de 2.786 pesos por litro, según el acuerdo publicado en el Diario Oficial.
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Gabriela Sotomayor Ginebra, Suiza (apro)
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l gobierno de Enrique Peña Nieto evade su responsabilidad de reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada (CED) de la ONU para recibir y examinar comunicaciones individuales, una de las recomendaciones que el Comité ha reiterado en varias ocasiones al gobierno de México. “El estado mexicano ha valorado la responsabilidad de reconocer la competencia del Comité. Sin perjuicio de que las consultas al respecto continúan en marcha, por lo pronto se ha optado por dar prioridad al fortalecimiento del marco jurídico e institucional a nivel nacional’’, dijo el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos Miguel Ruiz Cabañas al abrir la sesión. “Nos abocamos a trabajar en una Ley General de Desaparición Forzada acorde con los más altos estándares internacionales y en su instrumentación para generar las herramientas necesarias para la atención del desafío’’, sostuvo. “Dado que el 1° de diciembre próximo entrará en funciones un nuevo gobierno, deberá corresponder a éste valorar nuevamente el reconocimiento de la competencia del Comité”, lanzó Ruiz Cabañas con lo que literalmente se lavó las manos sobre un problema que, a consideración de familiares de las víctimas, su gobierno no tuvo la “voluntad política de atender’’. Más de 40 funcionarios participaron en el diálogo con el CED sobre cuestionamientos complementarios que tenían los expertos del Comité en lo que respecta al cumplimiento de la Convención contra la Desaparición Forzada luego de que el país fue examinado en 2015. La relatora para México, la experta colombiana María Clara Galvis, dijo que el CED entiende que México da prioridad a fortalecer el marco jurídico “pero queremos más claridad’’, subrayó Galvis observando que no son cuestiones excluyentes. Galvis preguntó si el Estado una vez establecido el marco jurídico “piensa continuar la consideración de nuestra recomendación para aceptar la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales e interestatales”. De igual forma cuestionó al Estado mexicano si los funcionarios estatales comprenden “el carácter vinculante bajo derecho internacional de derechos humanos que se deriva de haber ratificado la Convención’’. Para explicar la renuencia del gobierno para aceptar la competencia del Comité para comunicaciones individuales el experto mexicano Santiago Corcuera, expresidente del CED, recordó a Apro que la Convención fue ratificada por el presidente Felipe Calderón,” pero no quiso permitir esta función del Comité quizá por presión de las fuerzas de seguridad del país”. “Cuando toma posesión EPN se hace el programa nacional de derechos humanos como parte del Plan Nacional de Desarrollo y en la línea 3.3.3 del programa aprobado por el presidente Peña
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Gobierno de Peña evade requerimientos del Comité de Desaparición Forzada de la ONU
Nieto se dice que el gobierno promoverá el reconocimiento de la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones individuales establecido en el artículo 31 de la Convención’’, detalló el jurista. “Durante todo el sexenio estuvimos exigiéndole al presidente Peña, que dice que lo que firma cumple, que cumpliera. Y todavía tuvimos esperanzas que en el momento de la glosa del informe último de relaciones exteriores cuando el canciller Luis Videgaray compareció en el senado se hiciera tal anuncio y no se hizo”, reprochó. “Peña se va sin haber cumplido la palabra que dio’’, lanzó Corcuera. En opinión de Corcuera esta negativa se debe a que “equivocadamente las fuerzas de seguridad del país, incluyendo el ejército, marina y la policía, creen que si reconoce la competencia, el Estado mexicano le van a llegar muchas quejas al Comité”. Según su análisis el gobierno ya reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos como con el caso de Lydia Cacho, por lo que a su modo de ver es falsa la percepción de que habría más quejas de las que ya hay , “lo único que cambiaría es que la víctima en lugar de ir al Comité de Derechos Humanos iría a un Comité especializado en la materia de desaparición forzada lo cual a todas luces es más conveniente tanto para la víctima como para el Estado”. “Está esa falsa impresión de que si se reconoce esa competencia les van a llover quejas, insistió Corcuera quien fuera miembro del Comité y ha sido reconocido por su vasto conocimiento eminencia en la materia. “Existe una falsa y miope percepción de la realidad por parte del Estado mexicano y mientras las fuerzas de seguridad no cambien de opinión yo dudo mucho que el siguiente gobierno pudiera hacerlo porque va a recibir una fuerte oposición por parte de las fuerzas armadas al respecto”, consideró. Para empezar, lo mejor que podría pasar es que no hubiera desapariciones, precisó Corcuera, “pero en caso de haberlas lo mejor que le puede pasar al Estado mexicano es que los casos los revise un órgano especializado y no otro con competencia más genérica” “Y las diferentes instancias del Estado mexicano, incluyendo las fuerzas de
seguridad, tendrían que reconocer los beneficios que esto implica tanto para ellas, como para el Estado, como para las víctimas, en lugar de presentar esta resistencia injustificada”, valoró. Durante una pausa en el encuentro realizado en el Palacio Wilson sede del ACNUDH, sobre este aspecto, Juan Carlos Gutiérrez director de Idheas, organización que trabaja en la documentación, denuncia y litigio de casos en derechos humanos, dijo a Apro que seguir negando la competencia del CED “es cerrar la puerta a las familias y colectivos para acceder a la justicia internacional’’. “Igualmente negar la obligatoriedad de acciones urgentes para búsqueda humanitaria es negar la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos’’, ajustó. Y con respecto a la falta de compromiso de este gobierno Grace Fernández, representante del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) cuyo hermano desapareció a manos de militares, comentó a Apro que la razón podría ser por miedo o por soberbia. “Si es por miedo pudiera entender que están tratando de protegerse a sí mismos, pero eso implica que van a seguir poniendo trabas para que incluso con el nuevo gobierno no se logre saber la verdad y si es soberbia, pues con eso no avanza nadie porque si llevas 12 años sin capacidad de atender esta problemática, y las estadísticas lo dicen, no sólo no disminuyó el número de desaparecidos, siguió incrementando, entonces quiere decir que eres parte del problema”, observó . Para Fernández “el Estado debe reconocer que no tuvo la inteligencia ni la capacidad ni la humildad de decir no puedo y pedir ayuda”.
Cifras sobre desparecidos una “caja negra” para la ONU Otro punto preocupante, expresado por los expertos del Comité, es el relacionado a las cifras y datos sobre desaparecidos. El vicepresidente del Comité Rainer Huhle expresó serias dudas sobre cómo se llegó a la cifra de los 37 mil 435 desparecidos en México. “Quisiéramos saber cómo se ha elaborado esa cifra, porque cambia mucho
y para nosotros estas cifras son como una caja negra en la que no podemos mirar cómo se configuran esas cifras”, cuestionó el experto alemán. Y siguió: “¿Me puede decir de esas cifras cuántos son migrantes y si en esas cifras hay alguna clasificación primaria de cuántos son desaparecidos forzados y cuántos corresponden a este sexenio y cuántos a los anteriores?”. Para contestar tomó la palabra Roberto Cabrera, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien reconoció que el registro de personas desaparecidas “es uno de los aspectos más difíciles al que nos hemos enfrentado”. “Es muy deficiente la información que se tiene de las desapariciones en México y no nos permite ver el amplio espectro del fenómeno de las desapariciones’’, admitió el Comisionado. Dijo que antes con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) “sólo había registros de mala calidad y la forma en que se recababa la información era mala’’ y agregó que en ocasiones había duplicidad pues se denunciaba el mismo caso en diferentes entidades o había confusión con el nombre de la víctima. “Antes las búsquedas eran por medio del nombre solamente”, admitió Cabrera quien señaló que de esos 37 mil, ahora 26 mil cuentan con datos como nacimiento, nombres de padres, de familiares y de ese número cuentan con datos biométricos y foto de 16 mil. Con respecto a los migrantes indicó que se tienen 384 personas extranjeras reportadas “esa sería la información que tenemos de migrantes”. Cabrera reconoció que “es imposible’’ saber con certeza las cifras sobre desapariciones por lo que mencionar cuántos son en estos momentos sería “irresponsable decirlo”. Específicamente, en respuesta sobre las denuncias de desaparición forzada Abel Gallardo, fiscal de la PGR, confirmó que de los mil expedientes en su poder, 114 corresponden a denuncias por desaparición forzada de los que resultan afectadas 187 personas. En respuesta a otro de los expertos sobre los estados que cuentan con fiscalías especializadas y comisiones locales de búsqueda tal como lo marca la Ley General, Cabrera mencionó que “sólo en nueve estados del país se han establecido las comisiones locales, un avance aún bajo’’. En la sesión que duró unas seis horas con receso para la comida y contestando a otro miembro del Comité sobre los recursos con los que contaba la Comisión Nacional de Búsqueda, Cabrera precisó que en 2018 se contó con un presupuesto de 478 millones de pesos, y que para 2019 se tenía previsto aumentarlo a 609 millones.
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Diputadas proponen despenalizar aborto hasta las 12 semanas de gestación Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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as diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña y Norma Azucena Rodríguez Zamora presentaron en la Cámara de Diputados una propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Con esta propuesta suman cuatro iniciativas en la materia. Las tres previas son: una del grupo parlamentario del PRD, apoyada por sus 20 legisladores; y dos de diputados de Morena: Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz Ledo. Las legisladoras elaboraron el proyecto desde octubre para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Por otra parte este jueves 8 la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio Ayala, presentó en tribuna su propuesta en la materia. Las perredistas buscan reformar el Artículo 332 para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y señalar que después de ese periodo la mujer será castigada con una pena de seis meses a un año de prisión. Al igual que la iniciativa de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, esta propuesta señala que esta conduc-
Con esta propuesta suman cuatro iniciativas en la materia. Las tres previas son: una del grupo parlamentario del PRD, apoyada por sus 20 legisladores; y dos de diputados de Morena: Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz Ledo
ta no será penada cunado el aborto sea causado por “imprudencia de la mujer embarazada”, si es resultado de una violación, si un médico diagnostica alteraciones genéticas o si es resultado de una conducta culposa de la mujer. A diferencia de las tres propuestas anteriores presentadas en la Cámara de Diputados, las legisladoras del PRD también propusieron que se reforme el Artículo 35 de la Ley General de Salud para señalar que los servicios públicos y privados de salud deberán
proceder a la interrupción del embarazo cuando la mujer así lo solicite, antes de las 12 semanas de gestación. En este Artículo se diría que “la mujer que solicite la interrupción de su embarazo deberá recibir toda la información que requiera y se le brindará la asistencia médica para practicarse la interrupción del embarazo”. Con ello, la propuesta emula la reforma a la ley penal y de salud que se aprobó en 2007 en la Ciudad de México para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y
además garantizar el acceso al aborto en los centros públicos de salud así como consejería sobre anticoncepción y salud sexual y reproductiva. Al plantear su propuesta, las legisladoras expusieron que el fin es modificar el tipo penal para que aquellas mujeres que decidan abortar voluntariamente durante las primeras 12 semanas de gestación no sean sancionadas. Entre sus motivaciones expusieron que a 11 años de las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, hasta el 18 de abril de este año, el gobierno capitalino ha atendido a 194 mil 153 mujeres, de las cuales 57 mil 429 son residentes de otras entidades y 69 extranjeras, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud local. Sin duda, dijeron, resulta preocupante que temas como el del aborto no se discutan abiertamente y sin prejuicios en el Congreso de la Unión, cuando se trata de un tema relevante para la sociedad en general, por lo que llamaron a abrir el debate y romper paradigmas.
Unidades de género no deben desaparecer sino fortalecerse De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Ante la propuesta de eliminar las Unidades de Género de la administración pública federal, la académica y ombudsperson del Senado de la República, Cynthia Galicia Mendoza, manifestó en una carta pública que éstas deben subsistir y fortalecerse. En el escrito la maestra en Estudios de Género afirmó que estas unidades responden a mandatos internacionales que exigen la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género y aclaró que si bien son perfectibles, evaluables y mejorables, son un logro de un movimiento organizado de mujeres. La carta se difundió días después de que en redes sociales y en medios circulara un documento titulado “Guía y criterios para el inicio y continuidad de la administración” donde como medida de austeridad el gobier-
no entrante llama a las dependencias y órganos desconcentrados a eliminar las áreas de equidad y género. En su escrito, Cynthia Galicia Mendoza aseguró que la política pública que crea las unidades de género tiene como fin impulsar el adelanto de las mujeres y terminar con la misoginia institucional en todas las entidades de los gobiernos de todos los niveles. Su principal objetivo es lograr la transversalización de género en el diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas; y lograr la articulación y coherencia en la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del Estado, hasta el logro de la igualdad sustantiva. Para la especialista en género, la existencia de estas unidades debe ser evaluada por las mujeres que forman parte de la administración pública federal, quienes pueden dar testimonio de la importancia que tienen.
Recordó que estas instancias han hecho posible contar con datos exactos de las brechas salariales, laboral y de porcentajes de mujeres que ocupan mandos en los gobiernos, la falta de corresponsabilidad familiar, y han construido espacios para atender la violencia contra las mujeres, salas de lactancia, espacios de convivencia familiar, entre otras acciones. La académica reconoció que si bien falta mucho y hay que evaluar su desempeño, queda claro que deben subsistir y fortalecerse porque su
fin de “lograr la implantación e institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en la APF” sigue vigente. Agregó que en lugar de desaparecerlas se deben establecer criterios de quién, cómo y con qué recursos y poderes va a realizar el trabajo que hasta ahora han hecho a favor de las mujeres, de sus derechos. Por esa razón llamó al nuevo gobierno a tomar en cuenta el punto de vista de las mujeres y del movimiento feminista, sobre las políticas que les atañen.
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EL ÉXODO CENTROAMERICANO: UNA POBLACIÓN EN BUSCA DE REFUGIO
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l pasado 19 de octubre ingresó al país un numeroso grupo de personas. Se les llamó “caravana de migrantes” cuando en realidad es un éxodo, una diáspora de centroamericanos, fundamentalmente hondureños, en busca de refugio. Expulsados por la violencia, acompañada de una pobreza recrudecida por las pésimos políticas neoliberales de sus gobiernos, todos represores. La población en éxodo también se compone de mujeres de todas las edades con sus hijos, algunas en el vientre, no se sabe el número exacto pero fácilmente conforman 40 por ciento de las personas migrantes. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el éxodo que se desplaza por territorio mexicano hay alrededor de 2 mil 300 niñas y niños a quienes su edad los hace muy vulnerables de ser víctimas de violencia, trata de personas y abuso sexual. Por ello, el llamado de Unicef México es brindarles ayuda humanitaria y no discriminarlos. La cifra subió a 2 mil 301 porque el pasado 2 de noviembre nació una niña, se llama Alison Guadalupe. Es mexicana y ciudadana del mundo, su mamá ha caminado desde Guatemala con nueve meses de embarazo, huyendo de la pobreza y para buscarle una mejor vida. Son mujeres guerreras. México es un país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como tal, esta Convención lo hace responsable de proteger los derechos de la niñez en territorio nacional. Así que la protección de esa niñez migrante es responsabilidad del Estado en su conjunto. Uno de cada tres migrantes es niña o niño. Son aproximadamente siete mil trecientas personas que transitan por México en dirección a la frontera norte, aunque no descartan la posibilidad de quedarse aquí. México ya no sólo es un país expulsor y de tránsito, sino que también es un país de destino.
CAUSAS DEL ÉXODO
En el último año la energía eléctrica aumentó 40 por ciento; el transporte urbano 100 por ciento; 35 por ciento del territorio está concesionado para minería o megaproyectos; y la violencia es seis veces más muertes que el promedio mundial; no hay empleo y los sueldos son miserables. San Pedro Sula y Tegucigalpa son un infierno. El Presidente Juan Orlando Hernández ganó en unas elecciones fraudulentas donde la oposición fue reprimida en forma muy agresiva. Además se ha reelegido, pese a que la Constitución del país lo prohíbe.
Carmen R. Ponce Meléndez En 2009 hubo un golpe de Estado contra el Presidente Zelaya con la intervención y bendición de Hillary Clinton, entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos. Sin temor a equivocarse, bien podría decirse que estas condiciones también existen en Guatemala y el Salvador. Cuando el éxodo ingresó al país, las redes sociales se inundaron de posiciones xenofóbicas, discriminatorias y racistas, podríamos decir clasistas, porque buena parte de ese rechazo es porque son personas muy pobres, pasando por alto que se estaban viendo en un espejo ya que así son las personas migrantes de nuestro país que viajan a Estados Unidos, también expulsados por la pobreza y el desempleo. Se habla de una crisis humanitaria y con razón. Para empezar enfrentan una campaña mediática que enfatiza, con paranoia, que son siete mil “invasores”, como si fueran una enorme multitud. Dimensionando, en realidad equivale más o menos al 46 por ciento del total de quienes presenciaron el desfile del día de muertos el pasado 27 de octubre en la Ciudad de México; o apenas 8 por ciento de la capacidad total del Estadio Azteca. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menos del 1 por ciento de la población total del país, son extranjeros. (Datos de Imumi). En su recorrido también han enfrentado la discriminación porque cuando llegan a una población cierran los comercios y las escuelas, y han recibido agresiones verbales de algunas personas; aunque en muchos lugares se les ha brindado apoyo con atención médica, alimentos y alguna protección. Los acompaña “Médicos sin Fronteras” y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sus condiciones son muy precarias, ya vienen enfermos y desfallecidos y todavía falta mucho camino.
EL GOBIERNO FRENTE A ESTA CRISIS HUMANITARIA
El informe de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) detalla que México fue el país que más centroamericanos expulsó: 51.2 por ciento del total, seguido de Estados Unidos con 48.4 por ciento. En una palabra, en los últimos años aquí se expulsa más migrantes que en los Estados Unidos; en eso consiste la política migratoria del gobierno de México, se le hace el trabajo sucio a Estados Unidos. Este gobierno (el mexicano) está sometido a las órdenes y voluntad de Donald Trump y tal parece que su intención es poner un muro en la
frontera sur de México. Lo peor es que no sólo se les expulsa, tambi que hacer una verdadera limpieza ncia de los mo s da a los y las migrantes es terrible, m el narco, pero no los entregan gratisén se les criminaliza, extorsiona, roba y secuestra. El Instituto Nacional de Migración (INM) es partícipe de todo esto, es sabido que ellos entregan a las y los migrantes con el crimen organizado y el narco, pero no los entregan gratis, en realidad los venden, les dicen “pollos”, porque utilizan los servicios de los “polleros”. Los centros del INM están en condiciones deplorables y el trato que se les da a quienes migran es terrible, más que centros de atención a migrantes son centros de detención, cárceles. El nombramiento del Doctor Tonatiuh Guillén como director del INM para el próximo gobierno es una luz en el túnel. No sólo es experto en el tema, también es una persona honesta (a diferencia de los últimos directores); sin embargo su tarea no será fácil pues tendrá que hacer una verdadera limpieza de esta institución y lograr que las y los migrantes confíen en el nuevo INM, creando verdaderos centros de atención a sus necesidades ingentes. La propuesta de EPN para que quienes forman parte del éxodo acudan al INM y pidan ingresar al país legalmente para ver si son considerados con una visa temporal con la condición de que se queden en Oaxaca o Chiapas, fue rechazada por las personas migrantes y con justa razón: es una propuesta mezquina y absurda. Es una trampa para deportarlos Por una parte saben que no pueden ni deben confiar en el INM y eso de quedarse en dos estados de la república, los más pobres por cierto, es muy negativa. La policía Federal y los militares no los protegen, los asechan; en su paso por Oaxaca el Comisionado de los Derechos Humanos, Arturo Peimbert, denunció cosas muy importantes. Para él y para muchos más hay una omisión del Estado ante la crisis migrante. “Fue en Juchitán donde la caravana permaneció dos días reorganizando su ruta. Con la intervención de diversos actores, entre ellos universidades e iglesias de Oaxaca, se había apalabrado el uso de 70 autobuses. Según un censo que levantó
la DDHPO en Arriaga, una estación antes, había poco más de 7 mil 300 personas.” “Pero funcionarios del gobierno federal, y esto me consta, hicieron insistentes llamadas telefónicas a los dueños de las empresas de transportistas oaxaqueños. Los presionaron amenazándolos con quitarles las concesiones si cedían sus unidades. Les advirtieron que incluso corrían peligro, ya que entre los centroamericanos supuestamente vienen pandilleros, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. Y al final, anoche los transportistas cedieron y se negaron a facilitar los autobuses incluso los amenazaron con acusarlos de tráfico de personas”. (La Jornada, 3/11/18). Algo muy similar debió suceder en Veracruz. El gobernador de la entidad Miguel Ángel Yunes Linares había ofrecido 70 camiones para transportarlos a la CDMX, pero a última hora canceló los camiones con el “argumento “de que aqu.LaJornada, 3/11/18)la diciones tambita caravana causar y as migrantes, pero a arerechos Humanos denuncio no los entregan gratisí había un corte de agua y la llegada de esta caravana causaría más problemas en CDMX”. Sacar a esta población migrante de Veracruz es muy importante, es de los estados donde corren más peligros. Es muy probable que los gobernadores de los estados por donde transitan estos migrantes reciban instrucciones de la Secretaría de Gobernación, es decir de EPN, que muestra una política anti-migrantes igual o peor que la del actual presidente de Estados Unidos. Constituye una flagrante violación al derecho humanitario que el Estado mexicano está obligado a observar. En contraste, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ofrece visas de trabajo para las y los migrantes. Ojalá esto sea una realidad. En la frontera norte las cosas no están mejor, si eligen la ruta mas corta (por el Golfo) atraviesan estados dominados por el crimen organizado (incluye trata de personas), o bien el narco-estado y llegar a Texas es arribar a territorio republicano anti-migrante y del dominio total de Donald Trump quien ha dicho falsamente que en esta caravana son todos criminales que se proponen invadir a su país y dedicarse a la delincuencia. Declaró que mandará quince mil soldados a la frontera de California, aunque ya matizó que no dispararán, únicamente detendrán a los y las migrantes, La ruta larga es por Tijuana, donde probablemente en San Diego se encontrarán con los militares. *Economista especializada en temas de género
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CATRINES Y FIFÍS EN TIEMPOS DE CAMBIO Gibrán Ramírez Reyes / El Sur de Guerrero
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os procesos de cambio y su lenguaje tienen su propia temporalidad política. Su contexto no es nada más el inmediatamente visible, sino los procesos de cambio previos. Los momentos de cambio subrayan las diferencias, porque se pone en entredicho los lugares asignados en el orden anterior. Pasó antes. En 1911, por ejemplo, en plena Revolución, se subrayaba el imperio de los catrines, esos hombres privilegiados, ricos, de botas o tacones, preocupados principalmente por conservar su apariencia y su riqueza. Se subrayaba esa condición, está claro, impulsando cierto ánimo de venganza. Una carta recuperada o inventada entonces en el diario La Opinión reivindicaba: “Ahora el pueblo es soberano. Los catrines de chaqueta valen una pura y tres con queso”. Un ensayo del mismo año, de Irineo Paz, recordaba el bloqueo de la movilidad política y social en tiempos de la Reforma: “El general se llamaba Félix y era general no por más entendido ni por más valiente, sino por más catrín. Como tenía chaqueta de paño y llevaba botas se le daba más importancia”. Las palabras similares estaban en el vocabulario de entonces, se aumentaron sus apariciones y sirvieron para releer la historia contemporánea a la luz de los cambios. En estos textos de los tiempos de la Revolución, que no puedo glosar largamente, el catrín era el beneficiario de un sistema injusto, ora en la revo-
lución de Independencia, ora en la Reforma. En ambos episodios, algunas entre las personas comunes se habían sentido triunfadoras por encima de los catrines; el “pelado”, en una anomalía histórica, había tomado una parcela de poder –una hazaña que se quería repetir en grande en la Revolución. Como fifí, también una palabra vieja, catrín significaba la condena del predominio del falso mérito, del reino de las apariencias y la frivolidad, de la estructura estética colonial criolla, donde lo blanco era lo bueno. “Se lavaron con jabón de leche de burra para ver si se blanqueaban y se pusieron catrines”, dice un relato de vida cotidiana de entonces. “Catrín” no era directamente un insulto, una palabra mala necesariamente. No lo es tampoco “fifí”. Mariana Gómez del Campo, en un desplante racista, hizo suya una caricatura que distinguía entre fifís de raza y fifís de ocasión. No le molestaba reconocerse como fifí, sino al contrario. Los columnistas Sergio Sarmiento, Héctor de Mauleón, entre otros, se han apropiado de la palabra sin necesidad de mucha rebeldía. Les quedó, les gustó, se les hizo chistosa y se la pusieron en una playera. Ambas palabras, sin embargo, sí funcionan como condena en el vocabulario revolucionario, pero no es por ellas mismas, sino por lo que implican. Desnudan el privilegio que se defiende y se le reivindica como legítimo impúdicamente, que ve por encima del
hombro, que existe aunque no se quiera nombrar. La historia está más cerca de lo que parece. Desde luego, la palabra “fifí” es poco elegante y poco precisa –a mí entre que me choca y me da risa; no me parece una expresión dura ni claramente derogatoria–, pero así es el lenguaje llano, simple y cotidiano –y funciona. Más preciso que fifí sería decir “personas estructuralmente privilegiadas por razones socioeconómicas y habitualmente por su intersección con la estética poscolonial de la blancura que hacen como si su privilegio fuera mérito”. Pero sería muy tedioso decir “prensa defensora de las personas estructuralmente privilegiadas bla bla bla” y además nadie entendería. No es reducirlos a golpistas, como dice Jesús Silva-Herzog, sino apenas señalar que son la parte decente de la defensa de un sistema y, en consecuencia, de la estructura de beneficiarios del mismo. Ana María Olabuenaga lo dice en su artículo de ayer en Milenio de la manera más ramplona posible: si eres chairo no puedes ser fifí. No mereces el privilegio a menos que lo defiendas públicamente. Las clases sociales existen, aunque no se nombren. De hecho, no nombrarlas es parte de una estrategia para mantener la paz en un orden tremendamente desigual. Renunciar a politizar esa desigualdad en nombre de la paz social es llamar a cerrar los ojos a que no se trata de un fenómeno inevitable, sino un resultado de la avaricia, de la explo-
tación, de los privilegios fiscales y un largo etcétera. Así: la desigualdad y la inmovilidad social son concentradores de agravios, de agravios que tienen perpetradores que defienden privilegios y con ello perpetúan el daño hecho. Es decir, nuestra sociedad está ya dividida y polarizadísima, lo ha estado mucho tiempo, pero en silencio. Lo que propicia la política actual es que dicha polarización se nombre y se haga ruidosa ante la posibilidad de un reacomodo. Esto tiene sus riesgos, claro. Claudio Lomnitz ha detectado en la retórica revolucionaria estructuras del antisemitismo, y ciertamente la Revolución mexicana tuvo una deriva mexicanista excluyente y en cierto sentido racista y vengadora. Se trató de una deriva que logró dejarse atrás, pero no fue por decreto, sino porque los dolores de la polarización se disminuyeron, aunque fuera un poco, porque creció la movilidad social, la movilidad política, y algunos de los que nunca mandaban empezaron a mandar un poco más. El triunfo del neoliberalismo, en sentido contrario, congeló la movilidad, dinamizó la concentración de privilegios, uniformó las voces en la escena intelectual en defensa de la forma de hacer las cosas que ocasionó dichos congelamiento y concentración. No me parece mal que la distancia se nombre. Malo sería que se quedara en pura retórica. Se publica con autorización de la oficina de El Sur en la Ciudad de México, a cargo de Viétnika Batres.
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DINERO PÚBLICO Luis Miguel Cano López
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l presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, me gustaría preguntarle al menos una cosa: ¿cómo piensa manejar él y su gobierno los recursos económicos de nuestro país? Lo ejemplifico un poco en varios campos. Según el voto particular del comisionado Adolfo Cuevas Teja, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Televisa y TV Azteca pagarán menos por las prórrogas de sus concesiones de televisión. Por supuesto, esta decisión proviene de un órgano constitucional autónomo con esa atribución y no es responsabilidad del titular del Ejecutivo. Pero me sirve como un caso inicial para cuestionar el modo en que nuestras instituciones disponen del dinero público. Avanzo al siguiente ejemplo. En la primera quincena de diciembre se deberá remitir el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cámara de Diputados aprobará lo conducente, así que todo el tema ya será responsabilidad del nuevo gobierno. Se pregunta con enorme tino Enrique Galván, ¿de dónde saldrá el presupuesto millonario para programas sociales? Si se confirma que casi el 20 por ciento del gasto se destinará a ellos, vale la pena volver a cuestionar ¿por qué razón invertir nuestros recursos en acciones que no eliminan la pobreza? Y cierro con el mensaje del Presidente electo al inicio de esta se-
mana en torno al acuerdo sobre el finiquito para las empresas contratistas del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco después de anunciada su cancelación. Que estén “bien y de buenas” no me impide preguntar: ¿bajo qué condiciones y con qué recursos se les saldarán sus cuentas?, ¿es algo que deberá de cubrirse con nuestro dinero público?, ¿a la luz de qué fundamentos normativos? Me lo cuestiono todavía más al pensar en otro anuncio, pero respecto del dinero invertido por algunas Afores, ¿será que los ahorros de las personas se ajusten a la baja por dicha cancelación? En lo personal sueño con abrir tres restaurantes y seguro me animaría más si de una vez me puede asegurar el gobierno que, pase lo que pase, mis inversiones estarán garantizadas, como tengo la impresión de que acontece con las inversiones en materia de infraestructura. Aunque este comentario parezca broma que no viene al caso, lo hago porque no alcanzo a comprender por qué un mal negocio como el del aeropuerto en Texcoco debería pagarse con dinero público. Mal negocio según lo documentó PODER en un informe de escasas tres semanas. Es bajo estas premisas que me interesa mucho indagar por la forma en que se usará nuestro dinero. La sola idea de austeridad no me brinda una respuesta suficiente. Así que con el artículo 134 de la Constitución General de México en la mano pregunto ¿cómo se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez nuestros recursos económicos para satisfacer los objetivos a los que están destinados? De cara a su artículo 25, ¿cómo contribuirán los recursos económicos del país al desarrollo económico nacional con responsabilidad social, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, empleándose para lograr nuestro beneficio general, a la par que cuidándose la conservación del medio ambiente? Y en términos de su artículo segundo, apartado B, primer párrafo y fracciones I y VII, ¿con qué formulas se emplearán tales recursos para lograr el desarrollo integral e impulsar el desarrollo regional de las comunidades indígenas y equiparables –como las rurales y demás marginales–, para apoyar sus actividades productivas y su desarrollo sustentable? Incluso ya instaurado este diálogo, bien podría adelantarnos el próximo Presidente si los recursos públicos destinados a la publicidad oficial por fin se distribuirán de manera equitativa entre los medios de comunicación. En cualquier caso, si no se logra la entrevista a la que se le invitó, en menos de un mes que ya sea autoridad quienes nos dedicamos a defender derechos humanos podremos cuestionarlo, y no sólo en el plano político, sino ante los juzgados y tribunales de amparo. Sede que curiosamente también anda por estos días muy interesada en nuestro dinero.
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Sábado 10 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CHIAPAS EN EL DESORDEN TOTAL… Muchas gracias por tus referencias a mi gestión como Gobernador”, me dice el ex gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO en referencia a mis puntos de vista sobre su gobierno (08 dic-1988 / 04 enero-1993), que está repleto de matices y opiniones divididas, sobre sus formas de ejercer el poder. En ese sentido, PATROCINIO señala con autoridad política: “el gobernante y los gobernados sujetos al imperio de la ley, pueden darle cauce al desarrollo de la vida social”. Y en defensa de sí mismo, agrega: “a eso le llamaron mano dura, pero los ciudadanos y sus familias vivían en orden y en paz”. En esa parte creo que hay que valorar bien lo que hizo el “Señor de Catazajá” y heredero de una gran experiencia de su padre, don SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO. Hago estas referencias del gobierno de GONZÁLEZ-BLANCO GARRIDO por la situación que estamos viviendo en la administración por fenecer de MANUEL VELASCO COELLO, que se ha caracterizado por un total desorden, rapiña, derroche y corrupción, en contra posición del orden que impuso PATROCINIO, inclusive en lo financiero que presumía que “de cada peso se invierten 98 centavos”. En el ámbito del movimiento magisterial, el ex gobernador del Imperio de la Ley, calificó la pérdida del rumbo educativo como “La Noche Negra de Chiapas”, a los que sometió al orden y las leyes del momento. Lo mismo hizo con los conflictos de la Universidad Autónoma de Chiapas y las organizaciones sociales que se habían desbordado en movilizaciones. Reconoce nuestro personaje, que hizo uso de su autoridad y en ese renglón hay quienes aseguran que fue “mano dura” y hasta “represivo”. Sobre eso señala en un mensaje enviado a mi correo personal: “que dimos ´coscorrones´, seguro que sí. El uso de la fuerza pública es una opción y un deber; tener miedo a ejercer el poder es más agresivo que la ´mano dura´, porque se entrega la vida social a los grupos de presión, mientras la anarquía afecta a las mayorías. Diálogo, negociación y concertaciones SÍ, pero dentro de la ley”. Bueno, lo que estamos viendo y padeciendo en Chiapas con el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO es de desorden, anarquía y un desfalco monumental a las arcas públicas, que la misma Auditoria Superior de la Federación le ha señalado por miles de millones de pesos al aun gobernador. Esa es la diferencia entre PATROCINIO y sus sucesores como PABLO, JUAN y MANUEL, los tres de nombres bíblicos y conductas de lucifer.
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EL IDEARIO DE EMILIO SALAZAR.
En la misma línea, habla el diputado local (por tres veces) y ex diputado federal, EMILIO ENRIQUE
CONTRAPODER
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• El Imperio de la ley o ¿mano dura?... • Nueva estructura del próximo gobierno… • Comentarios al Margen…
SALAZAR FARÍAS, quien indica: “las políticas públicas deben ser un imperativo para dar resultados eficaces y eficientes a los chiapanecos; la demagogia de las campañas ya han quedado atrás, por lo que debemos dar muestras de peso contundentes a través precisamente de las políticas públicas que tienen esperanzados a millones de chiapanecos”. Claro que eso sería ideal, pero el discurso es uno y la actitud y realidad otra. Pero dice el otra vez presidente de la Comisión de Hacienda, ahora de la LXVII Legislatura, “que la necesidad de un cambio de fondo en los millones de mexicanos en nuestro país, llevó a fortalecer una democracia que nada más existía en los discursos y en las teorías políticas de líderes y partidos políticos”. En ese sentido, los primeros que tienen que cambiar de actitud son los representantes populares y gobernantes. Sostuvo el diputado SALAZAR FARÍAS, que la nueva etapa de Chiapas con un nuevo gobierno que iniciará el ocho de diciembre, debe entrar con bases sustentables, fuertes, sólidas, sostenibles para un nuevo reto que será la de encumbrar a nuestro estado a nuevos estadios que posiblemente no estemos acostumbrados, pero al que tenemos todo el derecho de estar y formar parte. “Chiapas cuenta con todo para estar en lugares privilegiados”. “Podemos aspirar a estar y formar parte de los mejores escenarios, pero tenemos que estar en unidad, los tres niveles de gobierno, los tres poderes de Chiapas; partidos políticos y sus integrantes, pero sobre todo y ante todo, los chiapanecos. Todo por ellos; nada sin ellos”, concluyó su punto de vista EMILIO SALAZAR FARIAS…
SÚPER SECRETARÍAS DEL NUEVO GOBIERNO…
El trajín provocado por la transición del poder en el Estado de Chiapas, lleva al manipuleo de las diversas posiciones y cargos que están en juego, como la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas y las diversas secretarias del nuevo gobierno. Según los datos que tengo a la ma-
no, la administración que encabezará desde el próximo sábado 8 de diciembre, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, hará una “reingeniería” en varias de las secretarias y dependencias del gobierno estatal, en aras de un cambio sustancial dentro de la “4ª Transformación” que ha impulsado a nivel nacional el todavía Presidente Electo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y como ese cambio será un tanto radical con miras a hacer eficiente y eficaz la administración pública, hay la propuesta de crear varias “súper secretarías” como la Secretaria General de Gobierno, que coordinará a todas las demás; la de Hacienda que concentrará todo lo concerniente al diseño, planeación y coordinación de los proyectos de gobierno, así como manejo de los presupuestos. Vital relevancia tendrá la Secretaría de Desarrollo Social que se llamará en adelante, de “Bienestar”, y en la que se concentraran todos los programas sociales para su administración, conducción y aplicación para el desarrollo y atención de los chiapanecos. Quiero creer que esa transformación de la estructura del Estado, estará contenido en el “Plan Estatal de Desarrollo 2028-2024”, y que contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Chiapas. Habría que ver si los cambios surten el efecto esperado y las “buenas intenciones” se cumplen a cabalidad por el bien y desarrollo integral de Chiapas y los chiapanecos. En ese sentido no deben olvidar algo importante para los chiapanecos: la reactivación económica y productiva del campo; la creación de fuentes de trabajo, la capacitación y la educación para el desarrollo integral de la población más vulnerable de la entidad. Habría que ver quien o quienes serán los responsables de esas áreas prioritarias o “súper secretarias” de las que deben emerger resultados “casi” de inmediato, porque Chiapas ya no puede esperar, cuando en los últimos 18 años de gobiernos nefastos, el Estado quedó colgado de un
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alfiler, mientras los responsables se han ido como “El Jibarito”, cargados de contentos. Estaremos para ver esos resultados de que ha hecho gala en sus discursos el próximo gobernador, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Le deseo que le vaya bien, por qué si a Chiapas le va bien, le irá bien a todos…
COMENTARIOS AL MARGEN… SOSPECHOSISMOS EN EL CONGRESO… Muchas cosas que se dan y aprueban en el Congreso del Estado de Chiapas conllevan al sospechosismo de cosas raras e inmorales, y hasta de velada corrupción. Lo digo por las reiteradas solicitudes de presidentes municipales para dar de baja del patrimonio municipal vehículos que ellos mismos consideran en estado inservibles, sin que la autoridad legislativa y la Comisión de Vigilancia, asuma su responsabilidad de cerciorarse, antes de aprobar el dictamen. Me llama la atención, que el alcalde de Jiquipilas, CARLOS MANUEL CALVO MARTÍNEZ, “El Comandante Cobra” que se distinguió por su autoritarismo y corrupción en la Secretaria de Seguridad Pública, esté solicitando al Congreso del Estado “dar de baja del patrimonio municipal, 16 vehículos automotores, por encontrarse en estado inservible”. Da la casualidad que CALVO MARTÍNEZ lo hace a solo 39 días de haber asumido el cargo edilicio, pues si esos vehículos están inservibles, me pregunto, por qué no lo solicitó su antecesora alcaldesa de Jiquipilas, ANA LAURA ROMERO BASURTO, hoy diputada local plurinominal, quien debe saber bien de este asunto. Además, LAURA ROMERO y MANUEL CALVO, al parecer son “cómplices” en muchas cosas, pues la ex alcaldesa y ahora diputada local, apoyó la candidatura del policía “Comandante Cobra”. Cuando menos este asunto de baja de vehículos del patrimonio municipal se debe investigar, porque es motivo para que hagan negocio en la compra de nuevas unidades; además, en la sesión de este pasado jueves, también el acalde de Unión Juárez, DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, solicitó dar de baja –coincidentemente— también, 16 vehículos automotores ya inservibles. En ese inter de duda y sospechosismo de los alcaldes, también se debe investigar el por qué se están dando reiteradas renuncias a regidurías de diversos ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas y la desconcentración de terrenos para adjudicarlos a particulares u organizaciones. Me parece que hay una recomposición política que ya estaba diseñada para que otros u otras que no participaron en la elección, se quedaran con los puestos de elección popular. Pero este será otro tema a comentar posteriormente… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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Sábado 10 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
OMISIONES ESCANDALOSAS Pablo Gómez
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a falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido. Si así va a seguir la comunicación social cuando vengan otros muchos decretos que tiendan a subvertir el viejo Estado corrupto y el antiguo sistema de la democracia formalista, México entero vivirá en el escándalo provocado por la ignorancia. La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años. En total, el Congreso llevaba ya nueve años en omisión legislativa. Sus detractores han dicho que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era obligado, durante varios años habría tenido ese “defecto” y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA y se eliminara el DF. La vigencia de las normas no se afecta con los cambios de denominación. Para eso se generan disposiciones transitorias en los decretos legislativos. Muchos comunicadores reprodujeron la especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple suposición. La falta de lectura del decreto lo convirtió en lo que no era y le restó rele-
vancia a lo que efectivamente contiene. La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el tiempo en que la segmentación de conceptos escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas. La regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República tiene nueve años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya existen sanciones aplicables en el caso de que tal precepto no se respete. No recuerdo a ningún comunicador social que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas adiciones al Código Penal Federal. Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos han estado preguntando que quién determina la remuneración del Presidente de la República, el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824. Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante décadas ha dispuesto de los recursos públicos para establecer las remuneraciones más altas y las pensiones más ofensivas. Ente las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a exdirectores de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno de las instituciones pero en contravención del artículo 127 de la Carta Magna.
Como no existía ley reglamentaria y, por tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir cobrando lo que está prohibido. Las pensiones de los expresidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley o decreto legislativo, sino que se ubicaban en una partida del presupuesto de la Presidencia para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la nueva legislación. La prisa de la mayoría de la Cámara de Diputados para expedir la ley de remuneraciones era legítima en tanto que ésta es necesaria para proyectar el presupuesto de 2019. Regresarla al Senado para que dijera Ciudad de México en lugar de Distrito Federal y cosas por el estilo hubiera sido un despropósito. El insólito acontecimiento de que casi todos los medios de comunicación hubieran compartido la tesis del apresuramiento infundado no es más que expresión de las ganas de presentar a la nueva fuerza gobernante del país como inexperta o acaso voluntarista y necia. ¿Por qué no se criticó mejor la congelación del proyecto y la omisión legislativa que duró nueve años? Eso también se llama omisión informativa. El primer decreto legislativo de la nueva mayoría parlamentaria ha sido presentado como parte de un escándalo pero sin escudriñar su contenido. Mas como se trata de la primera de una serie de reformas que habrán de venir como expresión de un programa ofrecido en las recientes elecciones, acaso podría pensarse en que la producción legislativa deberá encarar el escándalo por vías de las omisiones informativas. No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.
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CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Sábado 10 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1502
MANIFESTACIÓN
DENUNCIA
Monopolio de la tortilla en Palenque, Chiapas, acusa Cofece; inicia juicio
Movilizaciones y plantón indefinido anuncian trabajadores de salud por incumplimiento de gobierno
PAG. 5
MANDATOS
Responsabilidad de migración segura y ordenada corresponde a los gobiernos: ONU PAG. 3
ELECCIONES
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COMUNICADO
Baja estímulo fiscal a gasolinas; no aumentarán precios: Hacienda
PAG. 8
Validan IEPC y partidos diseño de boletas electorales para elección extraordinaria Los consejeros electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Manuel Jiménez Dorantes, acompañados del Secretario Ejecutivo, Ismael Sánchez Ruiz, comprobaron que las boletas contaran con las características, criterios y medidas de seguridad establecidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
PAG. 6
PAG. 5
El éxodo de las comunidades azotadas por la producción de mariguana en Guerrero