Contra 1269 by Dante Oliveyro

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DOXA

EDITORIAL

Los riesgos de la violencia en las elecciones

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Lo ideal en el sistema de partidos, quienes ostentan la representación política de la población, es tener ciudadanos cada vez más informados, educados y participativos, que identifiquen con claridad el rumbo más conveniente para la convivencia social.

Ayer Rosario Robles en gira por Chiapas dio clases sobre la política ficción. Inventó una cifra de logros en construcción de vivienda a damnificados, que ni Jorge Betancourt y menos Manuel Velasco le creyeron. Fue un informe de demagogia igualito al de la tía Lola....

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Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1269

POSTURA

LINEAMIENTOS

Docentes afirman que no aceptarán pagos parciales del gobierno

Los integrantes del movimiento que ha unido a docentes de Telebachillerato, Interinos e Idóneos informaron éste viernes que el estado les notificó que el próximo lunes se les notificará qué porcentaje se le pagará a los docentes en paro

En 34 municipios de Chiapas, independientes podrán recabar apoyo ciudadano mediante cédula

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ACCIÓN

La CNDH también impugna la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte

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HOY ESCRIBEN EL 68 CINCUENTÓN

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La CIDH ordena a Peña proteger la vida e integridad personal de la activista Bettina Cruz

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LAS NARRATIVAS CERCENADAS POR LA VIOLENCIA Argentina Casanova

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AHÍ VIENEN LOS RUSOS! Pablo Gómez

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J.J. RENDÓN Y LOS MERCENARIOS DE LA GUERRA SUCIA

GIRA

Llegan Funcionarios del Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos de la ONU, A Chiapas

Fabrizio Mejía Madrid

Álvaro Delgado

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HACIENDA, ARMA DE CORRUPCIÓN ELECTORAL Héctor Tajonar

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MEADE, LA MUTACIÓN POLÍTICA José Gil Olmos

… Y PEÑA NIETO LO VUELVE A HACER PAG. 3

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Arturo Rodríguez García

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Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Los riesgos de la violencia en las elecciones

o ideal en el sistema de partidos, quienes ostentan la representación política de la población, es tener ciudadanos cada vez más informados, educados y participativos, que identifiquen con claridad el rumbo más conveniente para la convivencia social y que privilegie la prioridad del bien común por encima de las pasiones e intereses personales, a la vez de que las personas participen lúcida y reflexivamente en la solución de los problemas públicos que le aquejan a la sociedad. Este ideal está muy lejano en una sociedad tradicional, como la chiapaneca, en la que el 20% de su población mayor de 14 años es analfabeta y el 76% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema; además de que el sistema educativo estatal, a pesar del alto presupuesto que tiene – más de 26 mil millones de pesos-, continúa siendo el más deficiente de las entidades en el país. Esto significa que los triunfos

electorales no son el resultado de un ejercicio del voto razonado del sector de población más preparado y con mejores condiciones socioeconómicas sino que el ganador lo define el voto del grueso de la población que vive en la miseria. La gran paradoja en este régimen político, es que los que menos tienen terminan decidiendo, a través del control del voto del hambre, quiés son los gobernantes. El proyecto democrático en el país tiene muchas deficiencias, pero en sociedades tradicionales como la de Chiapas, las deficiencias son aún mayores, debido a la falta de educación y a las condiciones de pobreza de la mayoría de la población. Esto reproduce un modelo de paternalismo en la atención de los grupos vulnerables, que termina inhibiendo y en muchos casos cancelando la libertad de elección en la participación política, al cooptar y reorientar el voto a través de los apoyos y programas sociales, aspecto que clausura las posibilidades de

incidir en elecciones libres, que fortalezcan la construcción de un proyecto democrático. Sin duda, el paternalismo y el autoritarismo son tendencias que le ocasionan daño al fortalecimiento de la democracia; éstos cierran las posibilidades de la participación política y busca doblegar a los individuos frente al poder. Esta tendencia desafortunadamente es la que ha prevalecido en el sistema político mexicano, y más en las entidades de mayor pobreza, que ha impedido y dificultado el proceso de construcción de ciudadanía, limitando seriamente las aspiraciones a la vida democrática. En el país y específicamente en Chiapas, las aspiraciones de un cambio de la sociedad a través de los procesos electorales son inexistentes. Sobre todo porque los partidos políticos dejaron de ser opciones políticas para la población, pero, fundamentalmente, debido a que la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas es práctica-

mente nula. Los riesgos que se corren en el proceso electoral del 2018 en Chiapas son altos, debido a tres factores: al déficit en la calidad de la democracia; a la pobre cultura política que existe en la población y a la debilidad de la figura del gobernador, que cada día que pasa pierde mayor aceptación a su gobierno. Esto significa que los resultados pueden generar una violencia mayor por el malestar y hartazgo de la población, sobre todo porque son elecciones concurrentes y los conflictos locales se van a articular a los conflictos de la elección federal y viceversa. En ambos resultados no se debe justificar la violencia, pero tampoco se puede ocultar que en ese tipo de violencia, desafortunadamente está contenida la voz de los que no son escuchados y en el que el gobernador se ha empecinado en imponer candidatos en las diferentes opciones, lo que cancela el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a los gobernantes.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Docentes afirman que no aceptarán pagos parciales del gobierno Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

l cumplirse dos semanas del movimiento de docentes, los diferentes grupos manifestaron que no dejarán de movilizarse si el gobierno del estado no cubre el cien por ciento de los adeudos correspondientes a los salarios de los tres últimos años. Los integrantes del movimiento que ha unido a docentes de Telebachillerato, Interinos e Idóneos informaron éste viernes que el estado les notificó que el próximo lunes se les notificará qué porcentaje se le pagará a los docentes en paro. Ante ello respondieron que: “Nosotros no recibiremos pagos parciales, ni pagos que no cubran la totalidad de nuestros salarios, porque es un dinero que se nos debe por haber

trabajado en las diferentes escuelas y niveles de Chiapas”.

Así mismo recordaron que son 300 maestros que están en lucha,

motivo por el cual ya han sido objeto de represión por parte de los supervisores de zona. También aclararon que la Secretaría de Educación manejó una lista donde daba a conocer que se liberaron pagos a cien maestros, lo que hasta el momento no se conoce si es verídica o no, así como los motivos de ésta publicación. Tras dos semanas de intensas movilizaciones expresaron que al no tener otra alternativa, radicalizarán las protestas, a expensas de que el gobierno tome actos represivos en contra de quienes reclaman los salarios correspondientes a un trabajo devengado.

Llegan Funcionarios del Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos de la ONU, a Chiapas Roselino Jiménez Tuxtla Gutiérrez Chiapas

Con el objetivo de profundizar y constatar de manera física y real, la situación de forma de vida y convivencia con bajo índice de desarrollo humano, de las clases vulnerables en las regiones indígenas de las entidades federativas este 19 de enero del año en curso arribaron vía aérea al Estado de Chiapas, Diversos funcionarios y dirigentes de las Organizaciones No Gubernamentales de diferentes países encabezados por el Presidente y Fundador del Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos de la ONU, Dr. Iván Riebeling. Comitiva que fue recibida por el Delegado del Parlamento Indígena Mexicano, Ing. Mario Zenteno Guerrero, quien los acompañara durante dos días por un arduo recorrido que realizaran en diversas comunidades del corazón de la selva lacandona del municipio de Ocosingo, para tener un mayor conocimiento de las necesidades y carencias que padecen los habitantes indígenas lacandones de las diferentes regiones y valles de la selva lacandona y así poder llevar la ayuda humanitaria que canaliza la segunda sección de este organismo de las naciones unidas, que es la de ayudar a los grupos vulnerables en las zonas indígenas y más necesitada como es la zona lacandona. Indicando, el Funcionario hu-

manista que en esta gira en primer término se busca conocer de manera real cuáles son sus necesidades de los habitantes de estas comunidades y regiones indígenas de este municipio chiapaneco y así posteriormente traerles la ayuda humanitaria como se ha hecho en otras partes del país o como se hizo en la ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y ahora en Chiapas donde en primer término le traemos alrededor de 2, 500.. Regalos a niños y niñas indígenas de escasos recursos de las comunidades y regiones que nos toque caminar durante los dos próximos días. En este contexto agrego que para que todo se lleve a cabo de manera transparente y se camine y se palpe las verdaderas necesidades de la gente de esta zona del municipio de Ocosingo, se tiene estrecha coordinación con la representación de la Delegación del Parlamento Indígena Mexicano, Representado en este municipio por nuestro enlace y coordinador estatal en Chiapas el Ing. Mario Zenteno Guerrero, el cual nos acompañara y acuerpara durante estos dos días ya que es ‘el, el que tiene el contacto directo y permanente con los habitantes de las zonas indígenas de la entidad chiapaneca. Porque además de llevar regalos para los niños y niñas, también vamos a recabar y asumir compromisos de gestión con esta zona indígena para impulsar atraves de nuestra

representación nacional e internacional del cuerpo diplomático internacional de derechos humanos diversos programas y proyectos que sean de suma necesidad para beneficio de la población en su conjunto además de llevarles un mensaje de esperanza y amor para las familias y que sepan que el cuerpo diplomático junto con nuestro delegado estarán a cargo de que se le de seguimiento a sus demandas y necesidades, y no sea solo una visita de relumbrón ya que esto no es política que no se confunda es ayuda humanitaria. De igual forma indico Iván Riebeling, que en este recorrido van acompañados por un gran equipo médico y doctores con especialidad en enfermedades tropicales y otras especialidades como ginecólogos, para que realicen estudios de Papanicolaou, así como medicina gene-

ral los cuales llevan una buena dotación de medicamentos y vacunas para algunas enfermedades como el zica, chinconcuya, el dengue, la tifoidea entre otras que son de índole tropical en la región y que han sido la causa de tantas muertes de hombres, mujeres y niños, ya que es una ayuda humanitaria equitativa sin fines políticos ni de colores. En el cual se está haciendo todo lo posible para poder dar la ayuda a nuestros hermanos indígenas que viven en esta área antes mencionada sin necesidad de estar traspasando o tocando algún tema o personaje político si no lo hacemos y requerimos el apoyo directamente con SEDENA o Policía Federal, para que lleguen exactamente a las regiones que lo necesitan y se a entregado de manera directa a la gente que lo requiere y necesita.

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En 34 municipios de Chiapas, independientes podrán recabar apoyo ciudadano mediante cédula De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) estableció que en 34 municipios del estado de Chiapas se podrá recabar el apoyo ciudadano para aquellos que busquen una candidatura vía independiente. Así lo dio a conocer el organismo electoral a través de la publicación en el Periódico Oficial del Estado número 342, de fecha miércoles 17 de enero, del Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueban los Municipios que serán sujetos al régimen de excepción y se modifican los lineamientos probados mediante acuerdo IEPC/CGA/048/2017, relativo a la captación de apoyo ciudadano. Cabe destacar que con base en el artículo 71 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC emitió los lineamientos que regulan el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los cargos de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamiento para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. En dichos lineamientos

Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

A pesar de que en los últimos años, los productores han incrementado el número de hectáreas dedicadas a la siembra de marañón en el Soconusco, la producción de la “nuez de la India” que se genera en esta región es insuficiente para abastecer la demanda del mercado interno. El representante de la empresa tapachulteca “Nuez Arancita”, Abel Ruiz Méndez, dio a conocer a pesar de todos los esfuerzos, la semilla que se procesa en la región a penas y cubre un 10 por ciento del mercado nacional, por lo que ante la demanda del producto, los compradores tienen que recurrir a la importación de la nuez de otras partes el mundo. Dijo que vez es mayor el número de toneladas de semilla que ingresa a México procedente de países como Vietnam, Brasil y la India, que influye en la caída del precio de la semilla nacional, porque el costo de la nuez de importación es muy

Así lo dio a conocer el organismo electoral a través de la publicación en el Periódico Oficial del Estado número 342, de fecha miércoles 17 de enero, del Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

como regla general se previó que, para efectos de la obtención del apoyo ciudadano, los aspirantes harán uso de la aplicación móvil. En el numeral 53 de los lineamientos, se señala que en el caso de que de que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan materialmente imposible el uso de la aplicación móvil derivados de condiciones de marginación, vulnerabilidad o

en aquellas localidades en donde la autoridad competente declare situación de emergencia por desastres naturales que impida el funcionamiento correcto de la aplicación móvil, podrán optar por recabar el apoyo ciudadano mediante cédula de respaldo en secciones electorales localizadas. Para tal efecto, podrá solicitar por escrito junto a su manifestación de

intención el régimen de excepción ante el instituto, por lo que éste adoptará el uso de un sistema informático que sea de fácil uso y que no necesite de conexión a internet, el cual le será proporcionado a los solicitantes mediante disco compacto, para que a su vez lo instalen en una computadora de escritorio o portátil, y así puedan llevar a cabo la captación del apoyo ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo que al efecto apruebe el consejo general y paralelamente, capturen la información requerida por dicha cédula en el sistema informático proporcionado, y así el ciudadano en el plazo establecido. Esto para los municipios de Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chilón, Huitiupán, Las Margaritas, Mitontic, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Oxchuc, Pantelhó, Pantepec, Las Rosas, Sabanilla, Salto de Agua, Simojovel, Sitalá, Tenejapa, Tila, Totolapa, Tumbalá, Yajalón, San Lucas, Zinacantán, San Juan Cancuc, Maravilla Tenejapa, San Andrés Duraznal y Santiago El Pinar.

Producción de Marañón del Soconusco Insuficiente para Abastecer Demanda Nacional barata, pero de muy baja calidad. Señaló que tan solo el año pasado se cosechó alrededor de mil toneladas de semilla entre los municipios productores, como son; Mazatán, Tapachula, Suchiate, Huixtla y Acapetahua, pero se hacen los esfuerzos necesarios para que con un mayor número de hectáreas se eleve también la producción. Detalló que en los municipios productores han aumentado, que suman más de mil 200 hectáreas, pero ante la gran demanda de la semilla a nivel nacional supera por mucho a lo que se cosecha, por ello es necesario que se inviertan recursos por parte de las autoridades para incrementar los terrenos. Por otro lado remarcó que pese a este panorama de oportunidades, los productores han salido adelante sin la ayuda de ninguna instancia gubernamental, sin embargo es ur-

gente que las autoridades contribuyan con este cultivo, sobre todo porque la plantación es muy amigable con el medio ambiente. Para finalizar, el productor exigió a las autoridades destinar recursos para los productores tal y como su-

cede con otros sectores, ya que se espera que las familias dedicadas a la siembra de la fruta tengan también incentivos, que les permitan extender sus terrenos y con ello beneficiar a muchas más personas con empleos. (iM rrc)

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De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

duardo Ramírez Leal, secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que hay una preocupación por la inseguridad que se ha presentado en algunas entidades federativas del país, incluyendo a Chiapas por los actos violentos que se presentan en los tramos carreteros. En gira por la entidad, puntualizó que esta problemática ha hecho que los costos se incrementen, porque los empresarios tienen que meter más vigilancia, rastreadores a los vehículos, así como cámaras que informen quienes entran y salen de las obras que realizan. Confió en que las próximas autoridades estatales y nacionales, pongan atención a este tema, porque se trata de una situación que también impacta de manera directa a la población. Incluso, mencionó que Chiapas no es único estado que tiene problemas de pagos por parte de las autoridades; sin embargo, también refirió que tuvieron una caída muy grande en la inversión de recursos para la infraestructura. Incluso, aseguró que en los últimos cuatros años el Presupuesto de Egresos de la Federación ha decrecido de una manera considerable porque, antes, se invertían en promedio 4.2

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Familiares de Carlos Díaz Gómez, señalado como presunto implicado en el crimen de Gloria Castellanos Balcázar, denunciaron que aquel fue torturado e incomunicado y se obstaculizó su defensa legal, por lo que exigieron a las autoridades rectificar el daño ocasionado y liberarlo de inmediato. Guadalupe González Pérez y Juan Carlos Díaz, esposa e hijo de Carlos Díaz Gómez, aseguraron que éste fue detenido de forma arbitraria, bajo engaños, y nunca se privilegió la presunción de inocencia, por lo que en todo momento se violaron sus derechos humanos. Acompañada de su abogado, González aseguró que su esposo tiene 58 años de edad, no sabe leer ni escribir y habla una lengua indígena, la tzotzil. Dijo que ambos tienen dos hijas pequeñas, Karla y Rebeca, de ocho y un año, respectivamente; que están casados desde hace 10 años, y que nunca ha sido violento ni consume algún tipo de drogas. De igual manera, manifestó que desde hace dos años Díaz Gómez trabajaba vigilando unas casas y una obra, aproximadamente a 200 metros del salón de fiestas “Al Jabal”, donde al parecer fue vista por última vez Gloria Castellanos Balcázar, de 24 años de edad, quien desapareció el viernes 12 y cuatro días después --el martes 16-- su cadáver fue hallado en

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Preocupa a la CMIC inseguridad en Chiapas En gira por la entidad, puntualizó que esta problemática ha hecho que los costos se incrementen, porque los empresarios tienen que meter más vigilancia, rastreadores a los vehículos, así como cámaras que informen quienes entran y salen de las obras que realizan

por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) que oscilaba en los 900 mil millones de pesos; no obstante, ahora la cifra para este 2018 ronda en los 580 mil millones de pesos.

Puntualizó que, aunque la economía en el país creció en promedio 2.5 por ciento durante el 2017, la industria de la construcción mostró un decrecimiento del -1.5 por ciento, aunque no

fue mayor gracias a que en algunas partes de la república sí se registraron repuntes en el tema. En las vísperas de buscar la dirigencia nacional de la CMIC, mencionó que ellos externarán, a través de un documento denominado Visión 2030, a los aspirantes a puestos de elección popular, a que exista una planeación en temas de infraestructura en el país, porque cada trienio se invierte, a veces, en proyectos que no generan desarrollo sostenible. Finalmente, pidieron a los tres niveles de gobierno que se haga una inversión más planeada y con obras que generen un crecimiento, por lo que también en el documento presentarán proyectos en materia de infraestructura y externarán las necesidades de las entidades a los candidatos a la presidencia de la república.

Familiares de presunto implicado en crimen de Gloria denuncian tortura e incomunicación un pozo de 15 metros de profundidad. También señaló que en los eventos o fiestas que se realizaban en el salón, su esposo la hacía de franelero y acomodador de vehículos, lo que le generaba un dinero extra, y que en sus buenos años trabajó de albañil, pero últimamente se dedicaba a labores que le implicaran menor esfuerzo físico. González mencionó que Carlos Díaz Gómez se quejaba de que su salario era muy bajo y que a veces tardaban en pagarle, por lo que pronto dejaría de ser vigilante. Abundó que el fin de semana que Octavio “N” y su esposa, Rocío Esmeralda “N” –presuntamente responsables del asesinato--, renunciaron a su trabajo, el administrador del salón de fiestas le pidió que laborara con él, cuidando y limpiando el lugar después de los eventos sociales. Juan Carlos Díaz, de 28 años, hijo del primer matrimonio del acusado, dijo que a su padre lo implicaron de forma involuntaria porque él no supo lo que había hecho Octavio “N”, y aseguró que en sus más de 50 años nunca ha tenido problemas con nadie. El abogado, quien omitió su nombre por temor a represalias, dijo que desde hace varios años conoce a la humilde familia y por eso se ofreció a ayudarles, pero se encontró con que

desde la captura mantuvieron incomunicado a Carlos Díaz, y la esposa pudo verlo casi 48 horas después en los separos de la Fiscalía General del estado (FGE), luego de que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por desaparición forzada. Según Guadalupe González, quien entregó a su esposo a la Fiscalía fue el propio dueño del salón de fiestas, de quien no sabe su nombre, porque su esposo nunca le dijo para quién iba a trabajar, sólo le mencionó que era “una persona muy joven y muy buena, que le ayudaba mucho”. Detalló que el miércoles 17, alrededor de las 21:50, cuando pudo ver a su esposo --capturado el lunes 15--, éste le contó que lo golpearon en todo el cuerpo, que no lo dejaron llamar para decirle dónde estaba, que lo desnudaron y bañaron con agua fría la madrugada del martes 16 y le exigieron que se auto inculpara, pero que él les dijo que no iba a aceptar un crimen que no cometió. Según su abogado, el único “error” que Carlos Díaz habría cometido fue ayudar a Octavio “N” a tirar basura en una barranca. Precisó que él cargaba una bolsa en cada mano y Octavio llevaba un bote grande con ruedas. Luego de caminar unos 200 metros, Carlos Díaz Gómez tiró sus bolsas y

Octavio arrojo “su basura” al pozo. El abogado abundó que hasta este viernes 19 no ha tenido contacto con el detenido, pero que ya interpuso un recurso de amparo por incomunicación y tortura. Sostuvo que la fiscalía les dijo que Carlos Díaz tiene defensor de oficio, y hasta ahora le han impedido a él acreditarse para defenderlo. “Estamos viendo un caso donde se viola el debido proceso, un caso en el que, tratándose de un nuevo sistema de justicia penal, actúan como si estuviéramos en el viejo sistema: primero te capturan y luego te investigan”, indicó. Si acaso hay un feminicida, añadió, ese no es Carlos Díaz Gómez, quien cree es inocente de todo lo que se pretende acusarlo. Es más, ni armas portaba, como quiere hacer parecer la Fiscalía, concluyó.

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Denuncian falta de voluntad política del gobierno de Oaxaca para investigar ataques contra activistas Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

onsorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad denunció la falta de voluntad política del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para investigar una serie de ataques e intimidaciones en contra de sus integrantes. La organización feminista denunció que tan solo en el primer año de la administración del priista, sus oficinas han sido allanadas en seis ocasiones, y lo peor es que la Secretaría de Seguridad Pública se niega a brindar medidas cautelares, con el argumento de que las activistas no corren riesgo alguno. En conferencia de prensa, las coordinadoras de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas, denunciaron “la existencia de un patrón sistemático de ataques hacia nuestra organización y sus integrantes, que involucra intimidaciones, seguimientos, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a las casas”. Resaltaron que de 2011 a la fecha han enfrentado en total 11 allanamientos, seis en lo que va del gobierno de Murat Hinojosa, y el más reciente se registró el pasado viernes 5. La madrugada de ese día fue allanado el domicilio de Yesica Sánchez Maya. Los agresores cortaron la cerca de seguridad y desactivaron las alarmas, además de que destruyeron las chapas y robaron una computadora, pantallas y material de seguridad de la residencia, incluida una videograbadora y un módem. No se llevaron otros objetos de valor que se encontraban en la vivienda, por lo que consideraron que ese ataque “no es aislado y forma parte de una serie de agresiones que se han acumulado en nuestra contra”. Las activistas relataron que el 2 de diciembre de 2016 fue allanado el domicilio de otra de las integrantes del

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (apro)

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron de forma pacífica en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), al sur de esta capital, para seguir exigiendo justicia ante este caso que sigue impune. En el tercer día de protestas en Chilpancingo, las víctimas denunciaron que las autoridades han eliminado pruebas que involucran al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el exalcalde preso José Luis Abarca

equipo comunitario, donde robaron una computadora, un celular, joyas y dinero en efectivo. Posteriormente, el 5 de febrero 2017, forzaron la chapa del vehículo de una compañera más, del área administrativa, y el 15 y el 17 de febrero del año pasado allanaron el domicilio de la hija de una de las integrantes de la misma área, sin que sustrajeran objeto alguno. Al día siguiente fue allanado el domicilio de Ana María Hernández, integrante de la dirección, y el 28 de febrero intentaron forzar la chapa del vehículo de una de las integrantes del equipo de administración. El 6 de abril se denunció el allanamiento y robo a mano armada en las oficinas de Consorcio Oaxaca, de donde los agresores se llevaron la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización y una USB con información laboral. Todo ello sin contar la constante vigilancia alrededor de la oficina por parte de distintos hombres, policías viales y vehículos, además de la intervención de comunicaciones telefónicas y digitales de varias integrantes de la organización. Consorcio ha presentado ya ocho denuncias penales, cinco de ellas en el sexenio anterior y tres en esta administración. De las cinco que interpusieron en el gobierno de Gabino Cué, una ha sido judicializada. Al arribo de Murat Hinojosa al poder estaban en trámite cuatro, mismas el 30 de marzo de 2017 fueron enviadas a la reserva por parte

de la Fiscalía General del Estado. El único caso que se judicializó está a la espera de que se resuelva la apelación del presunto responsable, quien goza de libertad bajo caución tras pagar una fianza de diez mil pesos. De las tres denuncias que se han interpuesto en esta administración no hay resultados. La primera de ellas se presentó el 2 de diciembre de 2016, la segunda el 6 de abril de 2017 y la tercera el 5 de enero de este año. De ninguna se tiene información y sólo se realizaron algunas periciales. Por consiguiente, “no hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca”, puntualizaron las afectadas. Señalaron que desde 2012 la organización es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas vía la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin embargo, no han sido cumplidas a cabalidad, “pese a las reiteradas comunicaciones en las que hemos señalado dicho incumplimiento y al aumento de riesgo”. Y más grave aún, subrayaron, es que las autoridades responsables de brindar protección han buscado levantar las medidas cautelares. Después de que se incrementaron los incidentes y aumentó el riesgo para las activistas –en febrero y abril del 2017–, la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras instó en reiteradas ocasiones a las autoridades responsables

a cumplir y reforzar las medidas cautelares a favor de la organización, en particular reforzando los rondines a la oficina, pero las autoridades de Seguridad Pública se negaron a hacerlo. Para justificar el incumplimiento, las autoridades responsables alegaron que sus elementos no estaban disponibles porque atendían situaciones de conflictos sociales, bloqueos o marchas. Y la SSP subrayó que al no tener registrados incidentes que pongan en riesgo a las cauteladas, solicitaba “la desactivación de las medidas cautelares”. El pasado miércoles insistió en esa petición, lo que deja en evidencia la falta de interés para garantizar la protección a Consorcio Oaxaca. Las activistas responsabilizaron a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, “de nuestra vida e integridad, así como de cualquier nuevo ataque en contra de Consorcio Oaxaca y de sus integrantes”. Y exigieron al fiscal general que asuma su responsabilidad y, en consecuencia, de manera inmediata ponga a los responsables de los allanamientos frente a las autoridades judiciales y deje de entorpecer la investigación. De igual manera, que finque las responsabilidades correspondientes, “porque el mensaje de impunidad que está dando nos deja en pleno estado de indefensión”. Al Congreso local y a los poderes Judicial y Ejecutivo les recordaron que su obligación es garantizar los derechos humanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor. Finalmente, conminaron a Murat Hinojosa a que tome medidas urgentes e inmediatas que garanticen la vida e integridad de todas las personas defensoras de derechos humanos, en particular de las mujeres defensoras en el estado de Oaxaca, pues con base en datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en la entidad se registra el 58% del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

Padres de los 43 llevan su reclamo de justicia a la sede de la Fiscalía de Guerrero Velázquez en la desaparición de los normalistas. La protesta comenzó cerca del mediodía, frente a la sede de la FGE, que previamente fue desalojado. Los padres de los 43 decidieron irrumpir de forma pacífica debido a que fueron colocadas barricadas para impedir su paso, y enseguida realizaron un mitin en la explanada

del edificio público. Posteriormente, los manifestantes

se retiraron y el hecho no provocó incidentes graves.

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La CIDH condena el crimen del periodista Carlos Domínguez y exige su esclarecimiento J. Jesús Esquivel Washington (apro)

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista mexicano Carlos Domínguez y exigió al gobierno su esclarecimiento y castigo a los responsables. En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la CIDH, estableció: “Se insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”. El pasado sábado 13, Carlos Domínguez fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando viajaba en su automóvil junto a su nuera y nietos. “La Relatoría llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que se pudiera tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, puntualizó la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De la redacción Ciudad de México (apro)

Con la finalidad de tener un control sobre el comportamiento de los acuíferos en los que se han implementado medidas de suspensión o de libre alumbramiento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá informar sobre los contratos celebrados en 2013 y 2014 para la elaboración de los estudios técnicos justificativos geohidrológicos en 333 zonas de terreno que contienen agua. Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tomando en cuenta que en esos acuíferos se suspendió el libre alumbramiento el 5 de abril de 2013. En un comunicado, el organismo precisó que la Conagua deberá indicar la liga o página electrónica para consultar las bases de cada contrato, los términos, el fallo, los entregables y otros documentos propios de la contratación. También deberá dar a conocer la versión digital del informe final, mapas y memorias de cálculo entregados por acuífero. Una particular que solicitó conocer sobre la contratación de dichos estudios se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI,

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la CIDH, estableció: “Se insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”

Subrayó que las autoridades no deben descartar el ejercicio periodístico antes de dar por concluida la investigación, además de proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas del caso. El día en que el periodista fue

ultimado, el procurador general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mujica, aseguró que no tenían registrada denuncia alguna contra el reportero. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH) de México solicitó al gobierno tamaulipeco me-

didas cautelares para la protección de los familiares de Domínguez. El periodista asesinado trabajó en El Diario de Nuevo Laredo y también colaboraba con Noreste Digital, donde publicaba una columna política, además de sus análisis y críticas sobre asuntos sociales, políticos, económicos y de seguridad pública. De acuerdo con la Relatoría, en México “persisten” los ataques contra los periodistas, “acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad”, por lo que para afrontar ese problema pidió la instrumentación de medidas de naturaleza estructural. “Instamos al gobierno mexicano a reemplazar este paradigma de impunidad por uno de investigación efectiva, procesamiento y monitorización consistente con sus obligaciones internacionales”, subrayó el órgano de la CIDH.

El INAI pide a la Conagua informar sobre contratos para estudios geohidrológicos por considerar que la información para atender su requerimiento se le proporcionó fuera de tiempo e incompleta. En alegatos, la dependencia precisó que puso a disposición de la particular información de 2013 y 2014, en las Oficinas Centrales y de la Regional Hidrológico-Administrativo. Detalló que no contaba con registros para 2015, toda vez que los estudios técnicos justificativos para suspender provisionalmente el libre alumbramiento en los 333 acuíferos del país fueron contratados y elaborados en los años previos. En el análisis del caso, a caro del comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, se determinó que la Conagua atendió la solicitud en tiempo y forma, pues derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Pleno del Instituto declaró inhábiles los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre, por causa de fuerza mayor, en todos y cada uno de los trámites administrativos, procedimientos y medios de impugnación. En ese sentido, el plazo de los 20

días hábiles, establecido en la Ley Federal de Transparencia para atender la solicitud, inició el 7 de septiembre y se extendió hasta el 10 de octubre del año pasado, es decir, un día después de que la Conagua respondió. Por lo que hace a los contratos, se comprobó que la particular solicitó la liga electrónica para consultar las bases de cada contrato, los términos, el fallo, los entregables y otros documentos propios de la contratación. La dependencia puso a disposición la información en consulta in situ, argumentado que la Ley Federal de Transparencia prevé que cuando la entrega o reproducción de documentos sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado, se podrán poner a disposición en consulta directa. Sin embargo, derivado de una búsqueda en internet de dichos contratos se localizó información en Compranet para los años 2013 y 2014, de lo cual se concluyó que la Conagua se encontraba en aptitud de proporcionar la liga o la página electrónica, para consultar la información. Respecto de la versión digital del

informe final, los mapas y las memorias de cálculo de cada acuífero, se advirtió que la dependencia sólo puso a disposición la información correspondiente al acuífero Villa de Arista. Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Conagua y le instruyó proporcionar a la recurrente la liga o página electrónica, para consultar la información sobre los contratos, así como pronunciarse sobre la versión digital del informe final, mapas y memorias de cálculo de los 332 acuíferos restantes. Asimismo, deberá declarar formalmente la inexistencia de la información de 2015, como lo establece la Ley Federal de Transparencia

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

ste día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), con la que suman cinco las impugnaciones a la legislación promulgada el pasado 21 de diciembre por Enrique Peña Nieto. En su recurso, el ombudsman considera que la LSI “posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas”. A las 18:20 horas, el coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, ingresó a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar el documento de 292 fojas a la Oficialía de Partes del Poder Judicial, sumándose así a acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados, senadores, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), así como la controversia presentada por el municipio poblano de Cholula. El documento publicado en la página del organismo presenta argumentos contra varios artículos de la LSI, al considerar que “generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidos en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes”. Para la CNDH, esa ley “posibilita que, de manera discrecional y, sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad, encontrándose entre estos

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el pasado jueves tres solicitudes formales con fines de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, dio a conocer Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho. “El día de ayer ya se presentaron las tres solicitudes formales de extradición en contra de la persona y estamos trabajando para darle continuidad y llegar a presentar las once solicitudes que nos han presentado”, indicó en entrevista para la emisión matutina

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La CNDH también impugna la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte En su recurso, el ombudsman considera que la LSI “posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas”

motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el Estado de Derecho”. De acuerdo con el análisis de la CNDH, la ley viola siete artículos constitucionales (1, 6, 9, 14, 16, 21 y 129); cuatro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1, 2, 9 y 29), y otros cuatro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1, 2, 5 y 9). Igual estima en diez los derechos fundamentales violados: el de seguridad jurídica, de acceso a la información pública con relación al principio de máxima publicidad, a la protección de datos personales, a la consulta previa de las comunidades indígenas, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, al principio de inmediatez en la puesta a disposición, al principio de legalidad, al principio pro persona y al principio de progresividad. En un comunicado, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez señaló que, contrario a los ar-

gumentos que defiende la LSI, de que “da certeza a la población y a las Fuerzas Armadas sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública”, desde el punto de vista de la CNDH “la ley en sus términos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas”. Entre las objeciones que el organismo público hace a la LSI, resaltan “la subordinación de autoridades civiles a militares”, lineamientos que contravienen criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el desconocimiento al 21 constitucional, “que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas”. También la pretensión de “redefi-

nir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hace a nivel Constitucional”. De acuerdo con el organismo, el texto final entregado a la SCJN es el resultado de “un proceso de diálogo y debate” llevado a cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, “planteamientos y opiniones que finalmente se integraron en el cuerpo del documento”. En el comunicado, la CNDH ratificó su propuesta de llevar a cabo “una revisión integral y un replanteamiento de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia que permitan dar una respuesta real y efectiva a la problemática que enfrentamos en ese ámbito, con pleno respeto a la dignidad de las personas y al orden constitucional vigente”. El organismo puntualizó que la acción de inconstitucionalidad presentada “no busca atacar a las instituciones, inhibir la legítima actuación de las autoridades o debilitar nuestro Estado de Derecho” y que, por el contrario, “tiene como objetivo preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y de los derechos humanos reconocidos por el mismo, fortaleciendo con ello la institucionalidad democrática y la legalidad en nuestro país”.

México ya presentó tres solicitudes de extradición contra César Duarte y se trabaja en ocho más: PGR de Enfoque Noticias. El funcionario federal agregó que se están haciendo los trámites correspondientes con las autoridades extranjeras a efecto de que inicien los procedimientos de extradición. Señaló que estas peticiones fueron hacia “un país específico”, sin embargo, por cuestiones de los principios del debido proceso y presunción de inocencia, no se puede dar el nombre de la nación a la que fueron giradas

estas tres solicitudes de extradición. Recordó que la Fiscalía General de Chihuahua presentó 10 causas penales por delitos de corrupción, a efectos de solicitar la extradición del exgobernador; asimismo, la Fepade también presentó una causa penal para los mismos efectos. La PGR está trabajando de la mano con la Fiscalía General de Chihuahua y se le informan de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo,

señaló Elías Beltrán. Insistió en que no están trabajando con tintes políticos ni bajo presiones de ninguna índole.

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Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La CIDH ordena a Peña proteger la vida e integridad personal de la activista Bettina Cruz Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Enrique Peña Nieto proteger la vida e integridad personal de Bettina Cruz y su núcleo familiar, al “acreditarse la situación de riesgo” por el trabajo que realiza en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La decisión de la CIDH se fundamenta en la incansable lucha del pueblo zapoteco frente a la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, que antes pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar como consorcio Mareña Renovables, pero no lo consiguió. En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha ocasionado el despojo de tierras y la alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas, desde los años 90. Bettina Cruz ha llevado con éxito ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los reclamos de los pueblos zapotecos respecto de la falta de respeto y las garantías de derechos humanos, tanto por parte del gobierno de México, como de las empresas involucradas. En su calidad de representante de Bettina Cruz, la directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, Alejandra Gonza, señaló que el ordenamiento de la CIDH “es una fuerte advertencia y a la vez una

La decisión de la CIDH se fundamenta en la incansable lucha del pueblo zapoteco frente a la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, que antes pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar como consorcio Mareña Renovables, pero no lo consiguió

oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”. Señaló que los estudiantes de la Clínica documentaron durante meses el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado y a las empresas. También destacó que la decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso. Los pueblos indígenas representa-

dos por Bettina Cruz denunciaron ante el máximo tribunal del país la ausencia de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur. Y ahora la SCJN podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas, determinar el contenido de las obligaciones que tienen las empresas y las distintas dependencias del Estado en materia de derechos humanos, y establecer los estándares de derechos humanos que los proyectos derivados de la Reforma Energética deben cumplir. De acuerdo con Bettina Cruz, con la aprobación de una reforma energética en México, además de la declaratoria de Oaxaca como Zona Económica Especial y la militarización de la región, el

Estado privilegia proyectos energéticos frente a los derechos humanos. “Defender nuestra tierra ha sido difícil. Cada vez que presentamos un recurso nacional o internacional, nuestra vida y la de nuestras comunidades corre peligro. Cada vez que lo ganamos, el riesgo aumenta. Y lo que se torna inaceptable es que, a pesar de contar en distintos momentos con decisiones claras sobre el riesgo social y ambiental del proyecto y la violación al derecho a la consulta a nuestras comunidades, el gobierno y las empresas siguen desarrollándolo sin vergüenza”, apuntó. Ricardo Lagunes Gasca, abogado de las comunidades en México, remarcó que en el contexto de violencia, amenazas y constantes violaciones a los derechos humanos que se vive en Oaxaca, —junto a la ineficiencia de las autoridades locales—, la CIDH es la única esperanza para visibilizar la situación de los defensores de los derechos humanos y las comunidades a las que representan. Sin embargo, destacó que ya se han presentado hechos de intimidación, por lo que Rodrigo Peñaloza, esposo de Bettina y miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha denunciado a nivel nacional e internacional la presencia de personas fuertemente armadas alrededor de su domicilio.

Senadores de oposición presentan acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior De la redacción Ciudad de México (apro)

Senadores de oposición presentaron este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tercera acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. Las dos anteriores son las interpuestas por la Cámara de Diputados y el gobierno de Cholula, Puebla. Los 44 senadores firmantes, del PRD, PAN y PT, consideraron que la ley favorece más a Estados Unidos y la calificaron como la “Ley Trump de Seguridad Interior”. Asimismo, exigieron que sea des-

echada porque, dijeron, viola once artículos constitucionales y ocho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Estamos argumentando aquí, primeramente, que no se tiene facultades en el Congreso para legislar en materia de Seguridad Interior, pero también estamos señalando la violación en materia de derechos humanos, la violación a las facultades que tienen los municipios y los estados en materia de seguridad pública, las facultades metaconstitucionales que se les dan a las fuerzas armadas y al presidente de la República”, dijo el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada perredista.

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Guadalupe Campanur rompió la lógica masculina de la participación comunal De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

a ambientalista e integrante fundadora de la Ronda Comunitaria del cuerpo de guardabosques de Cherán, en Morelia, Guadalupe Campanur, fue encontrada asesinada la noche del martes, por lo que integrantes de la Ronda exigieron el esclarecimiento de su muerte. La procuraduría estatal informó en un comunicado, que María Guadalupe Campanur, fue hallada sin vida la noche del martes sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio, en el municipio de Chilchota, y murió por asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la necropsia. También informó que Campanur fue asesinada entre las 36 y 48 horas previas a su localización y no existió ninguna denuncia por desaparición y que investiga sobre las actividades que realizaba para determinar la posible relación de éstas con el homicidio. Guadalupe Campanur fue integrante de la Primera Ronda Comunitaria, creada en el municipio de Cherán, para hacerle frente a los abusos de los talamontes. En entrevista con Cimacnoticias, el abogado e integrante del Primer gobierno comunal (conformado en 2011)

David Romero, dijo que la organización no descarta que el asesinato de la defensora esté ligado con su trabajo de activismo, pero que serán respetuosos de las líneas de investigación que hasta ahora sigue la Procuraduría estatal. Recordó a Guadalupe Campanur como la primera mujer que participó en la Primera Ronda Comunitaria, integrada en 2011 que rompe la lógica masculina de la participación comunal. “Ella era muy inquieta y siempre quiso tener una participación más activa en la Ronda Comunitaria. Ella hacía rondines al interior de la comunidad y en el bosque, vigilaba que no hubiera incursión de la delincuencia organizada en el territorio”, recordó Romero. Al ser cuestionado sobre si existían amenazas contra la defensora, el abogado respondió que siempre existieron éstas pero contra todos los integrantes, pero hasta la fecha no se habían concretado.

El activista expresó su preocupación por el asesinato de Campanur y dijo que éste ha puesto a la comunidad a “redoblar esfuerzos para estar más pendientes de lo que pueda acontecer”. Calificó como lamentable este hecho que ocurre, agregó, en el contexto “de un Estado fallido en sus instituciones y como garante de seguridad para las personas”.

Violencia contra defensoras De julio de 2015 a junio de 2016, se cometieron 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda). El “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, refiere que el tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por cien-

to de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento. Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua. Destaca que los principales agresores son funcionarios públicos y que en estos 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado. En el caso de las mujeres defensoras del ambiente, otro informe realizado por la asociación Asociadas por lo Justo (Jass por sus siglas en inglés) reveló que desde 2009 las agresiones contra defensoras mujeres escalaron, pues de ese año al 2012, 19 defensoras fueron asesinadas. En tanto, la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en su informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México” afirmó que “la violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres”.

Por onceava ocasión allanan oficinas de activistas de Consorcio Oaxaca De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

La organización civil defensora de Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, denunció que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, no ha implementado ninguna acción seria y responsable para detener la intimidación, seguimiento, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a casas de integrantes de esta organización. De 2011 a la fecha esta organización feminista que lleva 15 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres ha sido blanco de 11 allanamientos; seis de los cuales ocurrieron en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2016. En conferencia de prensa realizada ayer en la capital de Oaxaca, las integrantes de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas Juárez, informaron que el pasado 5 de enero la casa de Sánchez Maya fue allanada. De acuerdo con el testimonio de la defensora los desconocidos cortaron la cerca de seguridad, desactivando alarmas y destruyendo chapas. Robaron su

computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet, pero dejaron otros objetos de valor. “Este ataque no es aislado, forma parte de una serie de agresiones que se han acumulado en nuestra contra”, señalaron al exponer que en seis ocasiones las oficinas de Consorcio y las casas de algunas de sus integrantes han sido robadas. El 2 de diciembre 2016 allanaron la casa de una de las integrantes; el 5 de febrero 2017 alguien forzó la chapa del vehículo de otra defensora; el 15 y 17 de ese año la casa de la hija de una de las integrantes fue allanada; el 18 de del mismo mes desconocidos entraron a la casa de Ana María Hernández; y días después, el 28 de febrero intentaron forzar la chapa del vehículo de otra activista. El 6 de abril del año pasado fue allanada a mano armada la oficina de Consorcio Oaxaca, en esa ocasión se llevaron la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización y memorias USB con información laboral. Además de los robos, las defensoras señalaron que han sido vigiladas por hombres desconocidos, policías viales y vehículos desconocidos; que sus co-

municaciones telefónicas y digitales han sido intervenidas. Consorcio ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales cinco fueron en el sexenio anterior y tres durante esta administración. De las cinco del sexenio anterior una ha sido judicializada y cuando el actual gobierno llegó, estaban en trámite cuatro, que fueron enviadas a la reserva el 30 de marzo del 2017 por parte de la Fiscalía General del estado. En el caso del allanamiento y robo en el domicilio de Ana María Hernández (28/FIDTS/2015) la organización está a la espera de que se resuelva la apelación del presunto responsable que esta en libertad bajo caución porque pagó una fianza de 10 mil pesos. Denunciaron que de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no han tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales. “No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a

Consorcio Oaxaca”, señalaron las defensoras. Cabe destacar que pese a que desde 2012 la organización es beneficiaria de medidas de protección solicitadas a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, éstas no han sido cumplidas a cabalidad. Asimismo la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras ha insistido en cumplir y reforzar las medidas cautelares pero Seguridad Pública se ha negado. En medio de los actos intimidatorios, las defensoras responsabilizaron al gobernador de los riesgos a su integridad y seguridad; exigieron a la Fiscalía General que investigue y castigue a los responsables y recordaron al Congreso del estado, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo su obligación de garantizar el derecho a defender Derechos Gumanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor.

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MEADE, LA MUTACIÓN POLÍTICA

n 1988 el pacto político y electoral entre el PRI y el PAN fue sellado por Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos en el momento que el último convalidó el fraude con el que ganó el primero. A partir de entonces los dos partidos caminaron juntos, pero tres décadas después sus pasos se han fusionado en un solo personaje: José Antonio Meade, cuya identidad ideológica y política es ambigua y difusa porque navega entre ambos partidos confundiendo al electorado. Quienes conocen a Meade Kuribreña dicen que es una especie de mutante político, un nerdbonachón de la política al que le da lo mismo trabajar con el PRI o con el PAN, siempre y cuando la propuesta de gobierno sea reformista, neoliberal e inclinada a la macroeconomía. A un mes de precampaña se ha difundido que el principal problema que enfrenta Meade es la confrontación interna entre los grupos que conforman su equipo: el propio, el de su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, y el de su vocero, Eruviel Ávila. Demasiados capitanes y poca tropa. Sin embargo, los principales retos que no ha podido solventar Meade en el mes de precampaña

José Gil Olmos

y que difícilmente los podrá solucionar, son la contradicción interna que genera la falta de identidad partidista y la pesada loza de la corrupción que el PRI tiene tatuada en su historia y en la de sus principales miembros. Aunque Meade se registró como ciudadano simpatizante en los actos que ha realizado ante los militantes del PRI en varios estados, quiere que lo acepten como uno de los suyos, pero no logra convencerlos de manera plena. Los priistas se caracterizan por su disciplina de alinearse ante las decisiones de sus líderes, pero en el caso de Meade no lo sienten como uno de ellos porque su perfil es más cercano al PAN.

La estrategia del PRI también se ha topado con el serio problema de la corrupción que, como franquicia, parece casi exclusiva de sus miembros más distinguidos. Cada vez que Meade o Aurelio Nuño o Enrique Ochoa Reza prometen el combate a la corrupción y que no admitirán más corruptos en el gobierno o en el partido, sale a la luz pública un nuevo caso de desvío de recursos, enriquecimiento inexplicable, negocios ilícitos o tráfico de influencias de algún miembro del PRI. No ayuda a la campaña de posicionamiento de Meade la pesada historia de corrupción que lleva sobre su espalda el gobierno de Enrique Peña Nieto su principal

padrino y protector en su carrera por la Presidencia de la República. En su mutación política, Meade tampoco tiene un asidero favorable con su historial calderonista. El expresidente Felipe Calderón no es una referencia favorable para nadie y menos cuando tiene manchas de sangre imborrables por su declaración de la guerra contra el narcotráfico que solo generó más muertes, violencia y corrupción en todo el país. Es así que con estos lastres Meade parece que se hunde poco a poco a pesar de que su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, diga que en solo un mes ya está en empate técnico con Andrés Manuel López Obrador o que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, vaticine que ganará con el 40% de los votos en la elección del 1 de julio. Por cierto… En las campañas sucias de las elecciones siempre se crean fantasmas con los cuales se quiere espantar a los simpatizantes de los punteros en la contienda. En esta ocasión Vladimir Putin, Elba Esther Gordillo, Nicolás Maduro y hasta Kim Jong-un son parte de la riada de espectros de terror que los estrategas del PRI vienen mencionando para crear una sombra de violencia en Andrés Manuel López Obrador. Surrealismo puro.

… Y PEÑA NIETO LO VUELVE A HACER

na vez más, como sucedió a través de todo el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto irrumpe en el proceso electoral afirmando un asunto incontrovertible: no puede haber perdón ni olvido para los criminales. Nada más faltaba que sí. Por el lugar en que lo hizo, el 79 Batallón de Infantería, en Jalisco, los destinatarios son los militares, cuyo papel en la “estrategia de seguridad” –aun pernicioso para el estado de los derechos humanos– implica derramamiento de sangre y sacrificios asumidos en la doctrina de su “necesaria” participación. Por el momento en que lo dijo, también se dirige a un electorado que ha escuchado hasta el cansancio sobre “la amnistía”, un planteamiento que, a pregunta de reportero, asumió Andrés Manuel López Obrador en diciembre y que en las semanas siguientes mantuvo, aunque con matices, en sus ofertas de

Arturo Rodríguez García seguridad y justicia. Cierto es que la propuesta del precandidato, aun siendo sólo discursiva, es inadmisible –pues no habla de concepciones como justicia restaurativa o prospectiva, sino de un confesional “perdón”–, como otros planteamientos que enarbola, si hemos de atender su Proyecto 18, presentado el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional. Dicho proyecto tiene aspectos cuestionables, trastocamiento de la división de poderes y absurdos conceptuales, como se expone en la edición de Proceso 2150 que circula esta semana. Sin embargo, el desaseo del Proyecto 18 o la floja propuesta de “la amnistía” forman parte del debate electoral al que Peña Nieto debe mantenerse ajeno como él mismo ofreció –cual concesión graciosa y no obligación– en septiembre pasado, diciendo que no lo volvería a hacer y que sería respetuoso del proceso electoral. Ya el 4 de septiembre, en este es-

pacio, me referí a esa intromisión perniciosa para la elección, consistente en un discurso que atribuía un parecido de López Obrador con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Meses antes, durante la elección presidencial estadunidense y con Donald Trump desplegando una mezcla de racismo, nacionalismo y propuestas de fortalecimiento del mercado interno, había voceros oficiosos que se animaban al comparativo con el exjefe de gobierno. Pero Peña, tan genuflexo con Trump, se limitó a decir que López Obrador representaba un modelo del pasado, un riesgo visible para México que debía evitarse. En su mensaje por el quinto informe de gobierno, insistió en que el país podía perder sus avances en un fraseo similar al de ayer, cuando expuso que hay un enojo social extendido que nubla la vista y no permite apreciar avances. Fue así como esta semana –en el contexto de la renovada búsqueda de referentes internacionales

para el golpeteo que resulta en la supuesta influencia rusa sobre López Obrador– Peña Nieto volvió a la carga. Claro que lo que pueda decir no tiene demasiada importancia, especialmente en un gobernante de salida, manchado por la corrupción, ridiculizado al extremo por sus erratas. La relevancia está en el ánimo que esas expresiones materializan en procesos electorales desde el primer año de gobierno, y que van del “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”, al despliegue publicitario y de recursos materiales y humanos en el Estado de México el año pasado, donde su primo Alfredo del Mazo estaba en campaña. Esa conducta tiene su base en la convicción, muy priísta, de erradicar la noción de sana distancia que Peña, gobierno y partido proclamaron desde febrero de 2013 y que, gracias a la impunidad que les concede el timorato y desaseado Instituto Nacional Electoral, se advierte desfachatada de aquí al 1 de julio.

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HACIENDA, ARMA DE CORRUPCIÓN ELECTORAL Héctor Tajonar

a desenfrenada corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido nuevamente desenmascarada. Se ha revelado el método utilizado para el manejo ilegal de fondos del erario destinados a apoyar al PRI en procesos electorales estatales, ejecutado desde la Secretaría de Hacienda. Por comisión u omisión, los tres titulares de esa dependencia este sexenio, así como el propio mandatario, están presunta y claramente implicados en dicha tropelía. La Fiscalía General de Chihuahua investiga el desvío de al menos 250 millones de pesos a las campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en el estado, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI. De acuerdo con cientos de documentos revisados por The New York Times y declaraciones de exfuncionarios vinculados al plan, se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de cuatro compañías fantasma; fueron utilizados para las campañas priistas en 2016 (NYT, 20/XII/17). Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preso, acusado de malversación de fondos. Beltrones se amparó. Duarte está prófugo y su proceso de extradición de Estados Unidos, solicitado desde septiembre de 2017, ha sido indefinidamente postergado por la Cancillería mexicana, debido a la cercanía del exgobernador de Chihuahua con el presidente Peña Nieto. Otro personaje clave en el teje y maneje del atraco, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas y

Administración del PRI, también es amigo del mandatario. Por algo lo puso ahí. Luis Videgaray, José Antonio Meade, su tocayo González Anaya y el jefe de los tres deben estar nerviosos. Ello se tradujo en una orden presidencial temeraria: utilizar a la Secretaría de Hacienda como arma política, a fin de frenar la investigación que ha develado el uso ilegal de recursos públicos para fines electorales. En conferencia de prensa, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó al gobierno federal de haber cancelado 700 millones de pesos a dicho estado como represalia por las investigaciones judiciales sobre la defraudación perpetrada por su antecesor. La denuncia pública resulta no sólo verosímil sino confirmatoria de un modo de operar el fraude electoral y financiero, largamente practicado por el PRI. Las respuestas confusas y falaces de González Anaya y Peña Nieto a la acusación hecha por Corral exhiben la falta de argumentos del gobierno federal. Primero, Hacienda emitió un comunicado en el que desglosaba los fondos entregados al gobierno de Chihuahua, sin mencionar los 700 millones reclamados por Corral. Al día siguiente, González Anaya explicó en una entrevista televisada que dicho monto no había sido depositado debido a que tenían “un número de cuenta equivocado” y aseguró que esos recursos no se van a depositar, “pues son del ejercicio de 2017”. Peña desdeñó la denuncia por tratarse de “un acto partidario” y, en un desplante de cinismo extremo, declaró: “El presidente se conducirá con su vocación de-

mocrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al derecho”. Lo que ha mostrado el mandatario es exactamente lo contrario: vocación autoritaria, perversión de las instituciones y desdén por la legalidad. Ahora se confirma por qué se ufanó de que, si algo sabe hacer es “ganar elecciones”. Su destreza está sustentada en la corrupción electoral. Así llegó al poder y así quiere imponer a su sucesor. Convertir a la Secretaría de Hacienda –cuya función primordial es administrar el dinero público en beneficio de todos los mexicanos– en instrumento de fraude e intimidación políticos es de extrema gravedad. Utilizar los recursos del erario para financiar ilegalmente las campañas del PRI y, una vez denunciado el saqueo, convertir a Hacienda en arma de extorsión para obstruir una investigación judicial que comprueba la corrupción del peñismo, es ominoso e intolerable. El caso debe ser juzgado conforme a derecho hasta llegar a una sentencia judicial –y una condena pública– contra todos los implicados en el delito de corrupción, en sus diversas facetas: Peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, encubrimiento, ejercicio ilícito de la función pública y obstrucción de la justicia.

Ha quedado al descubierto la forma de operar el fraude electoral:

1. La Secretaría de Hacienda envía recursos a los gobiernos estatales del PRI. 2. Las secretarías locales de Hacienda asignan esos montos a proyectos de inversión (en el caso de Chihuahua, al ramo educativo).

3. Se crean empresas fantasma donde se depositan los recursos y se simula la realización de los proyectos asignados. 4. De forma subrepticia, el dinero del erario se entrega en efectivo a los funcionarios de los gobiernos y del PRI, federales y estatales, para utilizarlo en las campañas políticas. 5. Con ese dinero ilegal, se procede a la compra clandestina de espacios y voluntades en medios de comunicación, reparto de artículos promocionales, así como diversas formas de compra y coacción del voto: prestación de algún servicio público, programas sociales, despensas, diversos productos para el hogar y dádivas en efectivo o a través de tarjetas (caso Monex). 6. Paralelamente, los gobiernos del PRI pervierten o engañan a las instituciones electorales y de procuración de justicia, tanto federales como locales, a fin de poder cometer delitos electorales sin ser sancionados. 7. La corrupción electoral se consuma en total impunidad. Este tipo de atentado contra la democracia, el estado de derecho y la dignidad ciudadana es lo que el gobierno y el partido de Enrique Peña Nieto pretenden que siga impune, para poder repetirlo en el proceso electoral de este año. Tal intención implica no sólo una idiosincrasia putrefacta sino una inconsciencia y una irresponsabilidad monumentales. El hartazgo social contra la burda corrupción electoral practicada por el PRI mediante el envilecimiento de instituciones e individuos ha llegado a su límite. Es imperativo acabar de una vez por todas con el pacto de impunidad.

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Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

AHÍ VIENEN LOS RUSOS!

ace una semana (12.01.18) escribíamos sobre la guerra sucia electoral que está emprendiendo el gobierno con el propósito de ubicar a José Antonio Meade en lo alto de la contienda. Pero no calculábamos que, al caer en lo ridículo, sólo se nos muestra el alto grado de nerviosismo existente en el cenáculo político más elevado del país: Los Pinos. Esto se revela con la reciente afirmación del oscuro personaje, varias veces transexenio y transpartido, que ha tomado el micrófono en el cuartel del aspirante priista: Javier Lozano. La vieja frase “¡Ahí vienen los rusos!” está de regreso mediante las exclamaciones con las cuales se ha inaugurado la nueva vocería de prensa de Meade-Nuño-Videgaray. Es un concepto de la guerra fría que ha sido puesto en el escenario a propósito de las revelaciones de la CIA sobre intervenciones rusas a través de Internet y con el incesante activismo político de la prensa que mueve el Kremlin. El rumor sobre el interés que pudiera tener la gente de Vladimir Putin en las próximas elecciones mexicanas ha llegado de un diario estadunidense, pero no se han presentado indicios concretos. El

Pablo Gómez

gobierno mexicano, oficialmente, no podría hablar del punto sin presentar protesta documentada por vía diplomática a Rusia, por lo cual no tenemos ningún elemento. Sin embargo, el vocero de Meade se toma la libertad de señalar a López Obrador y, haciéndose el chistoso, le llama Manuelovich, como supuesta demostración de las conexiones del líder de Morena con Moscú, para ver la posibilidad de contagiar con el ridículo apodo a algunos medios de comunicación afectos al oficialismo militante. Además, Lozano habla del modus operandi de los rusos, como si él conociera algo del tema. Lo peor del lance de la casa de campaña del aspirante priista es que lo dicho por Lozano es responsabilidad de Meade en persona, por

lo que lleva las miradas hacia él. El candidato del oficialismo tendrá que compartir la burla general de la peregrina afirmación sobre los rusos en las elecciones mexicanas. Así, Meade no tiene ahora sólo uno sino dos brabucones de barrio. No fue suficiente Ochoa Reza, confeso beneficiario de numerosas concesiones de taxis y arrendador de los mismos, sino que ahora acude a otro golpeador, quizá peor por su larga experiencia en el oficio. El grado de desesperación generada por una candidatura que no prende en el ánimo popular, podría ir mucho más lejos que las ridiculeces sobre la amenaza rusa. Podríamos tener pronto, a cargo de Lozano, cualquier acusación de robo, fraude, asalto, violación sexual o lo

que fuera, para alimentar desconfianzas sobre López Obrador. Podríamos tener falsos testigos en los medios de comunicación para sostener calumnias, aunque los dichos fueran groseramente insostenibles. La sola presencia de Javier Lozano como vocero ensucia la actuación de José Antonio Meade, pero el problema mayor es que a éste no le importa, pues, al parecer, aprecia los servicios de un individuo carente de todo principio ético, con tal de elevar su propia capacidad de calumnia (se le dice debate) frente a López Obrador. Como es fácil entender, por desgracia el problema no es sólo del PRI sino de las condiciones en las que se desenvuelve la lucha política en el país. A partir del incidente de Lozano sobre el tema de los rusos, los medios de comunicación, en la medida de lo posible, deberían asumir una actitud de prevención al lector u oyente sobre toda calumnia o afirmación inicua y sin elementos de prueba que lance el nuevo vocero de Meade contra otros candidatos, con exclusión de los inevitables insultos personales, los cuales suelen caer por sí solos. Esa actitud sería un aporte efectivo al mejoramiento del clima político en medio de una campaña electoral, cuyo desenlace de seguro dejará una impronta que no podrá ser soslayada.

J.J. RENDÓN Y LOS MERCENARIOS DE LA GUERRA SUCIA

a irrupción en México del venezolano Juan José Rendón, un experto en estrategias psicológicas mediante rumores y guerra sucia, inauguró la próspera temporada para los consultores políticos locales e internacionales, casi siempre oportunistas, que se forran de millones de dólares para envenenar la vida social del país. “Haré lo que esté a mi alcance, dentro de la ley, para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia”, declaró Rendón a la revista Líder, que lo presentó en portada como “el mejor estratega político de Latinoamérica”, que quizá lo sea en términos de estimular el odio entre connacionales. Aunque López Obrador exigió a la “mafia” de PAN y el PRI aclarar si son los contratantes de Rendón, lo que le dio la notoriedad que buscaba, si se hizo aparecer en la portada de esa revista es porque en realidad

Álvaro Delgado está desempleado. Tras esta incursión, seguramente será contratado para ejecutar lo que ya ofreció de manera pública. Y pese a que no sea cierto –lo que a él no le importa–, a Rendón se le van a atribuir todas las campañas de guerra sucia que habrá hacia la elección de julio, y de hecho ya se le asoció a las pintas de bardas en Venezuela que, atribuidas al Partido Socialista, daban apoyo a López Obrador. “Yo soy priista”, me dijo una mañana de septiembre de 2004, cuando coincidí con él en un desayuno en la Ciudad de México, en el que aseguró que detestaba a la derecha, una afirmación a la que nadie puede darle credibilidad por los servicios prestados a partidos y gobiernos de este signo, a los que sirvió con “algunas herramientas como el rumor”, declaró en una entrevista. –¿Sí usas el rumor? –le preguntó

el entrevistador. –¡Pero por supuesto! Por supuesto, por supuesto. ¡Claro! Pero Rendón es sólo uno de los tantos consultores que aparecen en época electoral, hacen lo que tienen que hacer, se forran de dinero y se van, casi siempre dejando envenenada a la sociedad. Es el caso también de Dick Mo-

rris, el estadunidense que en 2006 diseñó la guerra sucia contra López Obrador con la frase de que era “un peligro para México” y que hasta ahora, 12 años después, prevalece después de que en el país ocurrió todo lo que le atribuían, pero con los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Morris ha estado en México tres veces: Dos, en 2006, para asesorar la campaña de Calderón, en reuniones celebradas en la residencia del empresario filopanista Fredo Arias King, quien fue también anfitrión de una tercera, en 2012, para Josefina Vázquez Mota. La “obra” de Morris prevalece en México con el odio arraigado en un sector de la sociedad y está latente que vuelva, otra vez, a continuarla. Él y muchos otros, como el español Antonio Solá Reche, son los mercenarios que, así como hacen ganar elecciones, degradan la vida pública y el tejido social.

Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LAS NARRATIVAS CERCENADAS POR LA VIOLENCIA Argentina Casanova

a propia vida de los y las periodistas se ha convertido en una narrativa. Historias cortadas por la violencia, de las que se revelan detalles que sus propias narrativas plasmaron, o no, por la censura del miedo. Pero como una ofrenda a la “verdad” del discurso, termina por revelarse en sus propios asesinatos. Han transcurrido 15 días de iniciado el año y dos periodistas fueron asesinados. Uno consecuencia de la violencia social –cuasi cotidiana- y otro como resultado de la violencia residual de la “guerra contra el narco” en la que el fuego cruzado alcanza y va por la población civil y sus cronistas. Vista como una historia dentro de la historia, la vida de periodistas asesinados desde que inició esta guerra inútil -como todas las guerras-, la más reciente se nos aproxima a la realidad con una columna que critica, cuestiona la violencia de la “cultura política” en un México desmembrado. Última publicación, prólogo a una historia que anuncia su cierre sin saberlo pero que la realidad escribe su última línea. Acaso si revisamos la vida de las y los periodistas encontramos narraciones imbricadas de las violencias cotidianas, de las mujeres que viven el acoso de gobernantes que las desacreditan como vía para cuestionar sus decires y cuestionamientos al sistema en sus narrativas periodísticas, en sus discursos de vida que son, por sí mismas esas historias de personajes reales que así sortean las agresiones de una realidad social

violenta. De periodistas acusados de escribir para el crimen organizado, de reporteros subsumidos en la precariedad del ejercicio periodístico y el sueño de ser parte de la narración de un mejor país. Quienes las escriben –la narrativa de la muerte de otros periodistassuelen ser los que sobreviven, los que saben que su historia se narra hoy pero no saben cuándo se verá truncada por el fuego de esa violencia que no tolera oponentes al sistema mismo de violencia, ni en el crimen organizado, ni en el sistema político depredatorio. A pesar de lo que nos involucra como sociedad, lo cierto es que la gente no lee esas historias, apenas se enuncian cuando llega el asesinato de sus protagonistas, pero sin interés de sus desenlaces que –como la historia de otros 130 mil mexicanos- se diluyen en un olvido intencional para sobrevivir, porque de otra forma sería imposible sostener el duelo constante. Las historias se escriben de las noticias que a diario vemos, de lo que optamos por vivir porque no hay otra alternativa, porque ¿qué margen de decisión tiene quien tiene frente a sí el abismo o la cuerda para sostenerse e intentar ir del otro lado? ¿qué margen de libertad narrativa tiene quien solo sabe del miedo? Es por eso que la historia, la última que escriben las y los periodistas asesinados es la de su propia muerte. Un canto de cisne anunciando que se extingue y aun así, canta, porque el canto es su escritura en la

que decide hacer lo único que puede en una sociedad en la que sus actores callan, gritan o disparan como únicas formas de diálogo. ¿Acaso, la mexicana, será la primera de las sociedades que se extingan por y en la auto depredación? No, no es casualidad que a diario haya noticias de niñez, adolescencia, juventudes, recién nacidos, que no sobreviven a la violencia y son así, parte de esta narrativa de violencia que solo aparece en los diarios pero que se evade en una poética instalada en la torre de marfil o novelas a la violencia, disfrazada de ensalzamiento de personajes antihumanos capaces de deshacer cuerpos en ácido, haciendo a un lado la cadena de muerte tras de sí. El nuestro, el discurso que se escribe en lo cotidiano, es la historia –no Historia- que vivimos en esta sociedad, y que parece más la narración primera de la extinción de las humanidades, la renuncia a lo humano como moneda de cambio en la extinción y el sacrificio consciente de los “débiles”, y ¿qué periodismo se hace en esos tiempos? Si leemos la historia de vida de los y las periodistas tenemos otra narrativa más allá de lo que encontramos en los diarios, leeremos la historia de una sociedad cuyas violencias amenazan y matan a los mensajeros, que nos privan de las narraciones cotidianas cercenando nuestra capacidad de leer el presente y escribir el futuro. * Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

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Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL 68 CINCUENTÓN

l movimiento del 68 no está, en primera instancia, ni en sus demandas –el pliego petitorio–, ni en su gráfica, ni en los discursos de sus líderes o en los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Está en la aparición de los cuerpos en el espacio público. El 68 son las marchas, las asambleas, las concentraciones de personas, cuya reunión tiene una significación anterior y aparte de lo discursivo. Piénsese en el inicio del movimiento. Resulta todavía incomprensible que sea la intervención desmedida de los policías para castigar una riña entre alumnos de dos escuelas y, más tarde, la protesta contra esa misma represión, el detonante de una movilización indignada de toda una generación en buena parte de la nación. Lo que se reivindica es el derecho a aparecer que instaura y afirma el cuerpo en el centro de la arena pública como una representación o una versión efímera y provisional de la soberanía popular. Es una autonomía de los cuerpos en asamblea que genera el drama de su propia existencia pública. El pliego petitorio no nos habla de esos combates entre grupos de manifestantes contra tanques en medio del Zócalo o en las instalaciones de las escuelas. Esa disputa es por el espacio. Por escrito, se pide el fin de la represión, la destitución de algunos jefes policiacos, la presentación de los presos políticos y la abrogación de dos artículos del Código Penal que criminalizan, desde los cuarenta, la disidencia. En lo hablado se pasa con soltura de la condena al presidente a los ánimos ilusionados que genera el triunfo de la Revolución cubana. En los comunicados del Consejo Nacional de Huelga se escribe una historia de mesura ajedrecística de respuestas políticas al gobierno. Pero la disputa central está en y es por los cuerpos. Lo que le preocupa al poder es que éstos se reúnan sin su convocatoria. Toda concentración pública de miles tiene un sentido legitimador y lo que hace el 68 es variar las condiciones de su aparición. De hecho, es después de la concentración organizada (la mañana del 28 de agosto) por el Estado con sus propios empleados, que se decide la matanza del 2 de octubre. Lo que precipita la acción militar del gobierno de Díaz Ordaz es que sus propios burócratas, sacados a la calle para desagraviar a la bandera nacional y convertir en herejía el emblema rojinegro de los estudiantes, terminan con una demostración pública de que las condiciones de la ocupación del espacio han variado a tal grado que los convocados confiesan a voz en cuello: “Somos borregos, nos acarrearon”. Esta encarnación de la soberanía popular tiene una dimensión política al menos en dos sentidos: la representación es, al mismo tiempo, teatral y vivida políticamente, y los cuerpos

Fabrizio Mejía Madrid unidos abandonan su precariedad individual en el espacio público. Sobre las relaciones íntimas entre política y teatro, el 68 las exacerba: las brigadas de estudiantes que fingen debates sobre el movimiento en las paradas de los camiones o en los puestos de periódicos, son la forma de comunicación de la resistencia. Pero es más que eso: constituye en la acción la ciudadanía. Es implicar a los demás en un tipo de ejercicio de la libertad de manifestación que toma el espacio público para debatir. Es una dramatización del papel de los ciudadanos. Es llevar la polis al espacio del ágora. El 68 es reunirse para crear las condiciones para reunirse. Aparecer, ponerse de pie, respirar, moverse, escuchar, marchar, callarse –la Manifestación del Silencio (13 de septiembre) será el acto más espectacular de autodisciplina y la teatralización, con el puño en alto, de la dignidad de los golpeados y silenciados–, pone a los vivos en el centro de la política, aún antes de conocer sus demandas o posturas políticas. Los cuerpos reunidos dicen: “Somos la soberanía”. La demanda de la teatralidad de la asamblea pública es, en 68, una demanda de una vida más vivible –sin represión en las calles–, que excede cualquier pliego petitorio. Su sola aparición produce la soberanía. El 68 sucede como consecuencia de esa comparecencia. Esta acción colectiva de aparecer, a la que llamamos “el 68”, supera a los cuerpos de los súbditos que han sido durante casi toda la historia mexicana los nacidos para obedecer. Después del sujeto-sujetado por las leyes y las fronteras –artificios previos al ágora– viene el ciudadano. Los hombres y mujeres nacen con derechos y la dimensión cero de ellos es la formación de una ética que los precede. En las calles siguen siendo los individuos precarios contra el poder militar y policial del Estado, pero reclaman con sus cuerpos la autonomía preexistente de la soberanía popular. Esa que se supone que habita como potencia en los pueblos y que es entregada en representación política. En el México de 1968 la ciudadanía es, como siempre, una exclusión constitutiva: no son parte de ella más que los cortesanos dentro del Partido Único. La soberanía popular es una posición de poder, adjudica una superioridad. En el 68 esta autoafirmación se da desde la Universidad Nacional. Tras la ocupación militar (18 de septiembre, como respuesta a la Manifestación del Silencio), la posición del rector Javier Barros Sierra es calificada de “acto inmerecido”. La soberanía popular del 68 es, por ello, inicialmente universitaria y politécnica; será constitucional e insurreccional. El cuerpo moral de lo universitario ha sido vulnerado por el poder central en su derecho constitucional a oponerse a una ley

injusta –el detestable “delito de disolución social” del Código Penal– y, por lo tanto, pone la resistencia en una indeterminación típicamente ciudadana: estar bajo la ley en la obediencia, pero sobre ella como soberanía. El doble carácter del ciudadano, el obediente y pasivo, y el vigilante y participativo, se ponen en juego dentro de la Constitución de la República: el contrato con los poderosos es de asociación, no de sujeción al poder ya establecido. La ciudadanía es la encarnación de la “magistratura indeterminada” de Aristóteles en la Asamblea griega: la indefinición que permite que sea la fundación de una nueva institucionalidad y la contestación a esta misma. El ciudadano, bajo la ley y por encima de ella, sólo existe en una acción participativa. Es a la que convoca el rector “a dondequiera que se encuentren”. Es indeterminado porque no es ni exclusivamente público ni privado; no es puramente individual ni totalmente colectivo. La ciudadanía es, al mismo tiempo, una pieza fundamental del Estado en el que, idealmente, todos somos tratados por iguales en nuestra soberanía y, también, simultáneamente, un actor de la insurrección posible. Existimos entre el aparato del Estado y la sociedad civil; entre el ejercicio de nuestros derechos y la disciplina. Esta ciudadanía pone en tensión al propio Consejo Nacional de Huelga. Si bien de inicio se impone una estructura de representación basada en las escuelas –dos alumnos por cada una–, se retoma, al mismo tiempo, la figura del “comité de lucha”. Se había llamado así antes a las organizaciones que combatían a las escuelas que no querían impartir la “educación socialista” del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Pero en 68 son las células de la acción directa y de la toma nuclear de decisiones. Sus miembros son todos los que asistan a la aparición pública, sea propaganda callejera o asamblea de las escuelas. La idea de representación política del Consejo Nacional de Huelga es puesta en tal marca de sospecha y vigilancia por los comités de lucha, que le es imposible a los servicios de seguridad del Estado saber el nombre y apellido de “los líderes”. A pesar de que las policías federal y de las ciudades espían las asambleas, los representantes cambian tanto que, al encarcelar a mil cuarenta y tres personas después de la masacre del 2 de octubre, las autoridades tienen que recurrir a delatores para ponerle nombres a los activistas. Y aún así tienen problemas para deslindarlos de los “manifestantes ocasionales” –como les llaman los servicios de inteligencia– porque jamás entienden de dónde proviene el grueso de la participación pública. Por eso es explicable la necesidad de los militares y funcionarios de seguridad nacional de que los muchachos, bajo

tortura, digan nombres de políticos conocidos, como Carlos Madrazo, el expresidente del Partido, o Heberto Castillo, el líder de la Coalición de Maestros. Jamás entienden el carácter de la ciudadanía que emerge entre julio y octubre de 1968: es singular en cada participante pero unificada en un cuerpo moral. No es el Consejo Nacional de Huelga, como instancia de representación política, la única que dirige el movimiento. Son también los comités de lucha, las brigadas, las marchas y mítines en su igualitaria totalidad. Son todos y es nadie en particular. La demanda de diálogo público con el presidente Díaz Ordaz le da otra vuelta de indefinición a la representación política del Consejo Nacional de Huelga. En la propuesta de las asambleas, el diálogo será en el Zócalo de la capital de la República, entre el presidente y sus designados, de un lado, y 500 estudiantes del otro. El número es ina-ceptable para Díaz Ordaz que piensa que es “una algarada” con el propósito de ridiculizarlo: en público y con representantes que no lo son. La representación política siempre ha sido ante el presidente, no para dialogar sino para pedir audiencia, suplicar, implorar, si acaso sugerir. Los diálogos son privados; la oscuridad del secreto permite la negociación, el intercambio entre la gracia del poderoso y las gracias del gobernado. Y más aún, los “representantes” tienen un poder delegado, no un vínculo rígido con sus representados. Los “representantes” que la política mexicana conoce son los intermediarios, los “coyotes”, los abogados de barandilla. Los estudiantes en asamblea creen en la democracia directa, la de la revocabilidad de sus representantes, y también la que no admite interpretación de una “voluntad general”, sino que sólo lleva el mandato de las asambleas. Por eso, el número de “delegados” al diálogo público sube hasta casi reproducir una sesión nutrida del Consejo Nacional de Huelga. La ciudadanía que aparece en el 68 es autora y actriz de las demandas. Es una soberanía que busca moralizar a la política, que hace explícita la oscuridad en la que nace: el régimen despótico del Partido Único. Con el derecho a la aparición de “los iguales”, el 68 se convierte en una exhibición de lo que debe ser incluido: son esos cuerpos en su precariedad, pero también en su fuerza ilimitada, que sólo será conculcada con la matanza del 2 de octubre. Pero que seguirá apareciendo a lo largo de medio siglo como un genio invisible de la ciudad. “Dos de octubre, no se olvida” no significa sólo la rememoración de los muertos en un acto represivo, sino sobre todo la idea de que lo malo de los movimientos es que se acaban, pero lo bueno es que pueden volver a aparecer.

CMAN

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Sábado 20 de Enero de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1269 COMUNICADO

La CIDH condena el crimen del periodista Carlos Domínguez y exige su esclarecimiento

PROBLEMÁTICA

Preocupa a la CMIC inseguridad en Chiapas

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EXIGENCIA

Denuncian falta de voluntad política del gobierno de Oaxaca para investigar ataques contra activistas

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ACUSACIÓN

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AFECTACIONES

Producción de Marañón del Soconusco Insuficiente para Abastecer Demanda Nacional

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Familiares de presunto implicado en crimen de Gloria denuncian tortura e incomunicación Familiares de Carlos Díaz Gómez, señalado como presunto implicado en el crimen de Gloria Castellanos Balcázar, denunciaron que aquel fue torturado e incomunicado y se obstaculizó su defensa legal, por lo que exigieron a las autoridades rectificar el daño ocasionado y liberarlo de inmediato.

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México ya presentó tres solicitudes de extradición contra César Duarte y se trabaja en ocho más: PGR