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DOXA
EDITORIAL
Los desvelos por la inmunidad
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Gobernar Chiapas exige visión, rumbo, experiencia, conocimiento, responsabilidad, aspectos que no están presentes en el actual gobierno, pero en la que tampoco este gobierno tiene la preocupación de mejorar sus resultados.
El gobernador del Estado en reuniones con Dante Delgado juegan a dinamitar la construcción del Frente Ciudadano en Chiapas. Sobre todo porque acordaron impulsar a María Elena Orantes a la gubernatura. Algo que los grupos del PRD no van a aceptar, porque significa jugar para perder. El gobernador ya dinamitó a MORENA con la candidatura de Rutilio Escandón, Y lo mismo pretende hacer con el Frente con una candidatura de quinta.
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
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Sábado 9 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1244
MANIFESTACIÓN
DECLARACIÓN
90 indígenas detenidos deja desalojo en La Torre Chiapas
Fue cerca de las 12:45 horas de éste viernes en que cerca de 150 habitantes de ese municipio encabezados por la alcaldesa Leonor Rodríguez Méndez armados con palos, resorteras y cohetes tomaron la sede del edificio administrativo
Ley de Seguridad Interior es contraria a las recomendaciones de la ONU: exrelatores
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DISPUTA
Recorte de 800 mdp al INE enfrenta a Lorenzo Córdova y representantes partidistas PAG. 3
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Continúan Manifestaciones ante Lentitud en Reconstrucción de Escuelas en el Soconusco
HOY ESCRIBEN NI A CUAL IRLE Dr. Valdemar Rojas
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CONSPIRACIÓN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN
PETICIÓN
Trabajadores del Instituto del Agua exigen el pago de 11 meses de salarios atrasados
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Pablo Gómez
APUNTEN
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Jorge Avila Nuño PAG. 13
EL FALSO FRENTE CIUDADANO POR MÉXICO Javier Sicilia
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POR UN PERIODISMO INCLUYENTE PAG. 5
Rosalinda Hernández Alarcón PAG. 11
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EN CHIAPAS
EDITORIAL Los desvelos por la inmunidad
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obernar Chiapas exige visión, rumbo, experiencia, conocimiento, responsabilidad, aspectos que no están presentes en el actual gobierno, pero en la que tampoco este gobierno tiene la preocupación de mejorar sus resultados ni la de contratar a funcionarios que realicen adecuadamente las funciones propias de gobernar. El desprestigio de este gobierno está generalizado. Tiene un funcionamiento autista, en el que bien a bien no se sabe que funcionario del gobierno es el peor, debido a que el gabinete está integrado por funcionarios ignorantes, mediocres, irresponsable y corruptos. Todos ellos comandados por un gobernador que nunca maduró, que se desentiende de sus responsabilidades y que considera que el gobernar es una actividad irrelevante. En Chiapas desde una década atrás el poder está en la caquistocracia –en los peores-; por eso y a pesar de los recursos federales destinados para la entidad, los resultados continúan siendo desastrosos, porque no hay rumbo en el gobierno o bien simplemente porque no hay gobernador. Bajo estas circunstancias inicia el sexto año de gobierno con el mayor de los desánimos porque el grupo de
Velasco Coello carga la derrota al haberse equivocado de candidato a la presidencia de la república. Y la derrota ahora es doble, en virtud de que si hay un personaje que melló la relación del gobernador con el presidente, ese es Aurelio Nuño, quien renunció a la secretaría de educación para ir a coordinar la campaña de José Antonio Meade, y Nuño va a buscar cerrarle el paso con el candidato a Velasco Coello, a quien no puede disimular el desprecio que le tiene al gobernador de Chiapas, a quien siempre señaló como un gobernador que se oponía a la reforma educativa y a quien acusó con el presidente de financiar la protesta de los maestros adheridos a la CNTE. Dicho en otras palabras, Aurelio Nuño considera que Manuel Velasco dinamitó su candidatura, al no imponer el orden que se le exigía y reprimir al movimiento magisterial Manuel Velasco nunca ha tenido la preocupación por gobernar ni tampoco se va a dedicar en lo últimos meses de su gobierno a siquiera intentarlo, pues simplemente no sabe, no quiere y no puede. Él solo tiene interés en las cuestiones electorales, pero le falló el oráculo y él sabe perfectamente que necesita reposicionarse si quiere tener el salvoconducto de la inmunidad y ante el camino espinoso que tiene,
ahora debe remontar el obstáculo llamado Aurelio Nuño. El escenario político para el gobernador de Chiapas no es nada halagüeño, en virtud de que la inmunidad solo la puede obtener ganando la presidencia de la república y ganando la gubernatura del Estado, algo complicado si desde el centro inclinan la balanza a favor de Roberto Albores o a favor de Luis Armando Melgar. Sobre todo, porque el gobernador sólo tiene un plan “A” y de manera precipitada quiere construir un plan “B” con Fernando Castellanos, quien por sus propios descuidos y soberbia en cualquier momento es sometido a una entrevista frente al Congreso del Estado, en donde tendrá que informar por qué ha incumplido la recomendación que le hiciera el Consejo Estatal de Derechos Humanos para resolver el problema del agua potable y el saneamiento de las aguas en el Fraccionamiento Real del Bosque, lo que lo convierte en un funcionario que viola los derechos humanos de la población en Tuxtla Gutiérrez. Los desvelos del gobernador son muchos, pero no porque le preocupe la situación de Chiapas sino porque sabe que su pellejo está en riesgo y sus movimientos están cada vez más acotados.
DIRECTOR GENERAL
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90 indígenas detenidos deja desalojo en La Torre Chiapas Jairo Camacho Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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erca de 90 personas detenidas fue el saldo que dejó el desalojo de la Torre Chiapas que ésta tarde fue tomada por la fuerza por un grupo de habitantes del municipio de Mitontic. Fue cerca de las 12:45 horas de éste viernes en que cerca de 150 habitantes de ese municipio encabezados por la alcaldesa Leonor Rodríguez Méndez armados con palos, resorteras y cohetes tomaron la sede del edificio administrativo. Durante la toma de la Torre se generó pánico entre el personal y visitantes que se encontraban dentro, por lo que algunos optaron por brincar las rejas y salir corriendo hacia los estacionamientos Norte y Sur. En la protesta los indígenas exigían obras sociales como pavimentación de una carretera tras un año de haber solicitado éste trabajo. Tras dos horas de protesta cerca de las 2:45 de la tarde un grupo de elementos de la Policía del grupo antimotín arribó la lugar para disuadir a los manifestantes quienes se negaron a salirse de forma pacífica. Las fuerzas del orden lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes que se dispersaron y decenas de ellos fueron detenidos. Los asegurados fueron identi-
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
Debido a que el gobierno estatal no ha resuelto algunas demandas económicas, habitantes del municipio de San Juan Chamula se manifestaron en la caseta de cobro Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, donde cobraron a los automovilistas entre 30 y 50 pesos; se retiraron después de las 3:00 de la tarde de este viernes. Patricia Díaz López, vocera de los afectados, dijo que esta protesta la realizaron porque el gobierno de la pasada administración municipal (2012-2015) no pagó 13 quincenas a 77 personas, haciendo una deuda total de cuatro millones 581 mil 200 pesos. Mencionó que, aunque por usos y costumbres no han realizado ninguna demanda legal, las protestas y las movilizaciones van a continuar hasta que obtengan resultados favorables. Recordó que el problema se originó después del asesinato de Domingo López González, expresidente municipal de San Juan Chamula, desde
Durante la toma de la Torre se generó pánico entre el personal y visitantes que se encontraban dentro, por lo que algunos optaron por brincar las rejas y salir corriendo hacia los estacionamientos Norte y Sur
ficados como: Armando Méndez Méndez de 26 años, Vicente Rodriguéz Pérez de 55 años, Aurelio López Méndez de 22 años, Rubén Méndez López de 25 años, Agustín Méndez Gómez de 58 años, Erasto López Pérez de 40 años, Mariano Méndez Díaz de 58 años, Feliciano Méndez Pérez de 23 años, Elías Méndez Méndez de 24 años Do-
mingo López Velázquez 24 años, Migel Velasco Rodríguez 50 años, Erasto Pérez Pérez 23 años, Mariano Méndez López 57años, Alejandro Méndez Pérez 26 años, Juan Méndez Pérez 44 años, Armando Velázques Gutiérrez 27 años, Isidro Gómez Pérez 24 años, Armando Pérez Velázquez de 37años, Alejandro Pérez López 33 años,
Alejandro Pérez Díaz 31 daños, Sebastian Velázquez Méndez 23 años, Mariano López Díaz 45 años, Roberto Gómez Pérez de 19 años, Mario Méndez Pérez de 23 años, Gamaliel Aiser Pérez Hernández de 19 años. Sobre los detenidos se desconoce su estado físico y su situación jurídica.
Extrabajadores de San Juan Chamula bloquean caseta y piden pagos atrasados entonces han buscado las gestiones de pago, han sostenido reuniones con representantes gubernamentales, pero hasta el momento no hay ningún avance. En ese sentido, hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno e incluso también a las instancias de los Derechos Humanos, porque recientemente fueron citados a palacio de gobierno para negociar la deuda, en Tuxtla Gutiérrez, pero durante 30 horas no tuvieron acceso para ingerir alimentos ni bebidas. Aunque en la caseta pidieron cuotas de 30 y 50 pesos a los automovilistas, aseguraron que su movilización es pacífica. “Nosotros cada vez que nos han dicho levanten el plantón o la toma de caseta, lo hemos hecho”, agregó. Precisó que el gobierno de Chiapas no entiende, no escucha ni atiende y, mientras no haya solución al
problema, las inconformidades van a seguir, aunque los elementos policiacos estén pendientes de las movilizaciones. Finalmente, aseguró que las auto-
ridades dieron su palabra de pagar el adeudo, pero han sido mentiras; por lo tanto, esperan que ahora sí sean atendidos y todo se resuelva conforme a las quincenas que trabajaron.
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Continúan Manifestaciones ante Lentitud en Reconstrucción de Escuelas en el Soconusco Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
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adres de familia y alumnos de las instituciones educativas de los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Suchiate iniciaron con bloqueos carreteros en la zona limítrofe con Guatemala para exigir a las autoridades educativas agilicen con la reconstrucción de escuelas que resultaron afectadas por el terremoto que sacudió a Chiapas el pasado 7 de setiembre. Los manifestantes encabezados por la presidente del comité de padres de familia de la Sección 40, Verónica León Gutiérrez, afirmó que existe una inconformidad generalizada por la lentitud con que autoridades llevan el proceso de reconstrucción de los centros escolares que resultaron con daños en su estructura y ante el engaño de funcionarios tras mesas de trabajo decidieron radicalizar la protesta. Alrededor de 250 padres de familia bloquearon de manera definitiva la carretera federal Tapachula- Talismán a la altura del crucero que conduce a Cacahoatán, y otro grupo de 150 manifestantes bloquearon los accesos al puente fronterizo de Suchiate II. Dijo que la exigencia de los pa-
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Unos 500 indígenas zotziles realizaron una peregrinación esta mañana para “pedir a Dios” por la paz y la reconciliación entre los pueblos hermanos de Chenalhó y Chalchihuitán. Encabezados por Manuel Pérez Gómez, párroco de la iglesia de San Pedro Chenalhó, los indígenas se concentraron en el crucero de Las Limas, que conecta a ese municipio con Chalchihuitán y San Cristóbal de las Casas. En una misiva que leyeron al término de la peregrinación y oración, los indígenas hicieron votos por que cese la violencia entre ambos pueblos y haya paz para todos. También señalaron que, independientemente de la resolución del Tribunal Unitario Agrario, deben estrechar lazos para cerrar heridas y caminar juntos, “pues el enemigo es la pobreza y la marginación” de los pueblos olvidados. El padre Manuel Pérez Gómez llamó a sus feligreses a permanecer apar-
Los manifestantes encabezados por la presidente del comité de padres de familia de la Sección 40, Verónica León Gutiérrez, afirmó que existe una inconformidad generalizada por la lentitud con que autoridades llevan el proceso de reconstrucción de los centros escolares que resultaron con daños en su estructura y ante el engaño de funcionarios tras mesas de trabajo decidieron radicalizar la protesta
dres de familia es que se ejecuten los recursos del Fonden, ya que tras los daños ocasionados por un sismo de gran magnitud se activan de manera automática, sin embargo las autoridades han dado largas y no hay atención de los centros educativos. Señaló que los padres de familia y maestros han estado en contra de
las tarjetas de escuelas al cien, que en un momento las autoridades educativas quisieron dar a los centros educativos, muchas no tenían fondos y otros no era la cantidad necesaria para atender los daños. Detalló han sostenido mesas de trabajo con las autoridades de educación estatales y federales e incluso
con Inifech, quienes han firmado minutas de acuerdos, donde se comprometieron a iniciar con la rehabilitación de los centros escolares, sin embargo han pasado 3 meses y no hay atención. Dentro de las pancartas que portaban los manifestantes, pedían al ejecutivo federal de las más de 2 mil escuelas que presentan daños estructurales las cuales fueron en su momento supervisadas y dictaminadas por las autoridades correspondientes. Cabe hacer mención que los bloqueos generaron largas filas de vehículos, tanto de transmigrantes que buscaban cruzar hacia Guatemala, así como de turistas chapines que aprovechan pasar a Tapachula cada fin de semana a realizar sus compras, sin embargo los inconformes mantuvieron su protesta con la intención de ser atendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno. (iM rrc)
Indígenas marchan por la reconciliación entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán tados de la violencia y orar siempre por la paz, con el fin de que una situación como la de Acteal, en 1997, no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, en la capital del estado, el gobierno estatal y la Federación se declararon listos para dar cumplimiento a los compromisos derivados del convenio de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario sobrte el diferendo que persiste desde hace más de 40 años entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán. En seguimiento a la reunión celebrada el martes en la Segob, en la que estuvo presente el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y funcionarios federales, encabezados por el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, iniciaron los preparativos al fallo del Tribunal Agrario, que incluyen acciones conjuntas para que la situación que
prevalece entre ambos municipios se conduzca por una ruta que lleve a una solución de fondo. Respecto del fallo, Gómez Aranda explicó que quienes no sean beneficiados con la decisión del Tribunal, recibirán apoyos económicos directos, además de contar con vivienda digna y proyectos productivos que permitan el
autoempleo, y que cada familia pueda contar con un ingreso seguro. Tras concluir la reunión de trabajo con delegados federales, Gómez Aranda aseguró que ambos municipios seguirán recibiendo toda la ayuda necesaria para que las familias de esta región puedan salir adelante con el respaldo de las instituciones del Estado.
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Trabajadores del Instituto del Agua exigen el pago de 11 meses de salarios atrasados De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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rabajadores del Instituto Estatal del Agua se manifestaron a las afueras de la Torre Chiapas para exigir a la Secretaría de Hacienda (SH) del estado el pago de 11 meses por concepto de salario, mismo que se ha detenido por la supuesta falta de recursos estatales. “Lo que estamos peleando es la parte estatal porque la parte federal ya fue depositado por la Comisión Nacional del Agua; debido que la Secretaría de Hacienda del estado no ha hecho el deposito correspondiente al gobierno de Chiapas nuestro salario está retenido.” Informaron que son trabajadores contratados por honorarios, razón por la cual decidieron omitir sus nombres, pues temen ser objeto de represalias y que la exigencia del sueldo sea motivo para ser despedidos. Es importante enfatizar que dicha instancia opera a través de una mezcla de recursos; sin embargo, los trabajadores no pueden cobrar ni un solo peso si alguna de las partes no cumple con el deposito correspondiente. De acuerdo con los quejosos, al gobierno federal le corresponde entregar un 20 por ciento de los recursos, mientras que al gobierno del
De la redacción Ciudad de México (apro)
En Chiapas y Oaxaca, indígenas presos sufren violaciones a sus derechos humanos, desde el momento de su detención hasta las condiciones en que viven dentro de los centros de reinserción social, consideró la agrupación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal). De los más de 209 mil personas recluidas en el país, siete mil 433 son indígenas, quienes deben sortear múltiples obstáculos del sistema de justicia penal mexicano, puntualizó la organización tras mostrar los resultados de su informe titulado “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca”, producto de 203 entrevistas. En Chiapas, por ejemplo, el porcentaje de personas indígenas recluidas es de 6.77%, mientras que en Oaxaca es de 30.8%, población que enfrenta como principales viola-
“Lo que estamos peleando es la parte estatal porque la parte federal ya fue depositado por la Comisión Nacional del Agua; debido que la Secretaría de Hacienda del estado no ha hecho el deposito correspondiente al gobierno de Chiapas nuestro salario está retenido.”
estado el 80. Cabe mencionar que el adeudo está afectando a 35 trabajadores, quienes esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades, pues consideraron una injusticia que después de prestar un servicio el pago de su trabajo no se les sea entregado.
“Nos han dicho que el Instituto Estatal del Agua ya hizo todo lo que le corresponde, por lo que solo están a la espera de que la Secretaría de Hacienda haga el deposito que corresponde al estado, ahora sí que el deposito ya no está en manos del Instituto.”
Hasta el mediodía de este viernes, los manifestantes lamentaron la falta de atención por parte de la dependencia encargada de las finanzas del estado, por lo que recordaron que en 2016 vivieron una situación similar hecho que los llevó a protestar para exigir lo que les corresponde.
Indígenas encarcelados en Chiapas y Oaxaca batallan contra sistema de justicia: Asilegal ciones a sus derechos los siguientes aspectos: la detención, la aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, el acceso a una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social. En un comunicado, Asilegal alertó que, respecto a la detención de indígenas, en la mayoría de los casos se realizó en un marco de ilegalidad: en Chiapas y Oaxaca, al 83% de las personas detenidas no se les mostró una orden de aprehensión. Otro dato que destacó la agrupación es la tortura a la que son sometidas las personas indígenas durante esta etapa del proceso: en Chiapas, el 32.55% de las personas entrevistadas mencionó haber sufrido algún acto de tortura durante la detención y en Oaxaca el porcentaje fue de 50%.
En cuanto a la cantidad de personas indígenas privadas de libertad sin una sentencia (prisión preventiva), el porcentaje en Chiapas asciende a 52.8% y en Oaxaca es de 97.4%. Respecto a la obligación del Estado de brindar la asistencia de un intérprete traductor a cualquier persona indígena, se identificó que el 42% de
chiapanecos no contó con ese derecho y el 40% de oaxaqueños tampoco. “En cuanto al derecho a la reinserción social, se observó que en los Centros de reclusión no existen las condiciones adecuadas para que las personas indígenas puedan llevar una estancia con dignidad”, sostuvo el informe de la agrupación.
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La CNTE en Michoacán reactiva movilizaciones contra la reforma educativa Francisco Castellanos Morelia, Mich. (apro)
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l ala disidente del magisterio local, al Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició hoy una serie de movilizaciones en distintos puntos de esta capital en protesta por la reforma educativa. En punto de las 10:45 horas de este viernes arrancó la caravana motorizada del magisterio democrático, desde Cuto del Porvenir, Indaparapeo, Tiripetío y Puerto del Tigre hacia Morelia. A vuelta de rueda avanzaron en dos puntos para ingresar por la salida a Guadalajara, a Charo y a Pátzcuaro. En la capital se les unirán representaciones de los sindicatos adheridos al Frente Cívico Social, todos en la exigencia de solución a la problemática administrativa y económica en educación básica, media superior y superior, así como de todos los trabajadores al servicio del Estado. Otros tomaron las casetas de Pátzcuaro, Taretan y Casilda en
En punto de las 10:45 horas de este viernes arrancó la caravana motorizada del magisterio democrático, desde Cuto del Porvenir, Indaparapeo, Tiripetío y Puerto del Tigre hacia Morelia. A vuelta de rueda avanzaron en dos puntos para ingresar por la salida a Guadalajara, a Charo y a Pátzcuaro
la Siglo 21, mientras que en la de occidente tomaron la de Marava-
tío, Zinapécuaro y Panindícuaro, dando paso libre a automovilistas
por una cooperación voluntaria. El pasado martes el dirigente de la CNTE Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado advirtió que las protestas contra la reforma educativa y en demanda de los pagos no se detendrían. “Vamos a seguir manifestándonos, para el viernes tenemos una acción motorizada aquí en Morelia para que podamos tener las respuestas necesarias a lo que ya se conoce, tenemos tomada la Secretaría de Educación y mientras no haya solución seguiremos protestando”, dijo. De igual manera mencionó que una vez que la caravana llegue al Centro Histórico de Morelia los participantes y representantes del magisterio analizarán avances de la respuesta gubernamental y de ello dependerá la instalación de un plantón.
Sentencian a tres años de prisión a empresario ligado al exgobernador priista César Duarte De la redacción Chihuahua, Chih. (apro)
El empresario Germaín Lezama Cervantes, uno de los integrantes de la red de corrupción del exgobernador priista César Duarte, fue sentenciado hoy a tres años de prisión, así como el pago de más de un millón de pesos para reparación del daño, por el delito de peculado. Sin embargo, en este caso se le otorgó la libertad condicional, aunque seguirá en prisión debido a que aún enfrenta otra causa penal por el desvío de 120 millones de pesos del erario estatal. El juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, determinó que Lezama Cervantes es responsable del desvío de un millón 566 mil pesos del erario a la empresa Kepler Soluciones Integrales. Lezama Cervantes era socio y representante legal de la empresa
Kepler Soluciones Integrales, y el mismo imputado se declaró culpable del ilícito, por lo que el juez lo sentenció en un juicio de procedimiento abreviado, recurso que puede solicitar un imputado como beneficio cuando se declara culpable. El agente del Ministerio Público acreditó que, en mayo de 2014, el empresario acordó con el exauditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores (también preso en el Cereso estatal número 1 de Aquiles Serdán), el desvío de un millón 566 mil pesos del erario y aportó la documentación para simular un contrato de prestación de servicios. El juez otorgó el beneficio de la condena de libertad condicional al empresario, pero Lezama Cervantes deberá permanecer prisión debido a que enfrenta otra causa penal por 120 millones de pesos Germaín Lezama Cervantes fue detenido en junio pasado en el es-
tado de Puebla por elementos de la Agencia Estatal de Investigación
(AEI), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión.
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Investigadores piden al Senado rechazar la Ley de Seguridad Interior por “inconstitucional” De la redacción Ciudad de México (apro)
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título personal, 78 investigadores de cinco universidades nacionales y centros de educación superior pidieron al Senado de la República frenar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al considerarla “inconstitucional” y “contraria al Derecho Internacional y de los derechos humanos”. En un pronunciamiento conjunto, académicos e investigadores de universidades y centros de estudios – como la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS) y el Colegio de México (COLMEX), entre otras instituciones— señalaron al menos diez puntos por los cuales consideran que sus términos, la Ley de Seguridad Interior “no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país”, y que, por el contrario “podría prolongar el estado actual de violencia y nos alejaría del modelo democrático constitucional”. En el documento que es público y está disponible en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional, resaltaron que la Ley viola los artículos 1°, 6°, 21, 29, 73 y 129 de la Carta Magna, incluso que la misma Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior. En el mismo sentido de las críticas y cuestionamientos que han hecho organizaciones de derechos humanos en contra de esta legislación, subrayaron que la iniciativa “vulneraría el
De la redacción Ciudad de México (apro)
En las oficinas de la jefatura de Gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya, el hasta ahora dirigente nacional del PAN, terminaron de “cocinar” el acuerdo de coalición antes de registrarla formalmente ante el INE, ya no como Frente Ciudadano por México, sino “Por México al Frente”, según trascendió esta misma tardenoche. Al salir de la encerrona, que duró más de tres horas, Anaya Cortés declaró que estaba en la fase final el convenio que les va a permitir a su partido, así como al PRD y Movimiento Ciudadano (MC), ganar la Presidencia de la República, cons-
En el mismo sentido de las críticas y cuestionamientos que han hecho organizaciones de derechos humanos en contra de esta legislación, subrayaron que la iniciativa “vulneraría el equilibrio de poderes “al otorgar” excesivas facultades al Poder Ejecutivo, sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial” Finalmente, sentenciaron:
equilibrio de poderes “al otorgar” excesivas facultades al Poder Ejecutivo, sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial”. “Permitiría la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa, o zona geográfica del país por decisión del Poder Ejecutivo, atentando contra el federalismo”, mencionaron. Como primer punto, los expertos resaltaron que la Ley, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, así como a “diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas”. En el documento que se dio a conocer hoy, además cuestionaron que
la definición de Seguridad Interior de la ley “es vaga e imprecisa”, por lo que, estimaron, “permitirá calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas”. “La iniciativa incluye diversas definiciones que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad”, indicaron. Según el pronunciamiento también la información derivada de la aplicación de la Ley será reservada y clasificada, por lo que “no contempla obligaciones de rendición de cuentas ni transparencia respecto a las acciones que se realicen”. “En contraste, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligadas a proporcionar cualquier información de cualquier persona que les requieran las autoridades, potenciando el riesgo de acceso a la justicia de las víctimas”.
“Otorgar facultades a las fuerzas armadas a través de esta ley habilitará de forma permanente la realización de dichas actividades, lo que se traduce en un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales, y otras instituciones civiles, encargadas de la seguridad pública”. Los firmantes pertenecen a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la Facultad de Derecho; la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones Sociales todas de la UNAM. También firmaron de la Universidad Iberoamericana; del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los académicos reiteraron su carácter personal y no como representantes de sus intuiciones académicas. “Quienes suscribimos este pronunciamiento, solicitamos al Senado frene la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que habrá de dictaminar y permita que continúe la discusión pública, incluyente y reflexiva, que es la única vía a través de la cual podremos tener como sociedad y Estado las mejores bases para la construcción de un marco jurídico e institucional que nos permita enfrentar la grave crisis de seguridad que atravesamos”.
PAN, PRD y MC alistan registro ante el INE de la coalición “Por México al Frente” truir una mayoría estable y establecer así el primer gobierno de coalición en la historia del país. --¿Cuándo se estarían registrando? --preguntó un reportero. El dirigente panista respondió que una vez que esté listo, pero en las horas posteriores se supo que lo harían esta misma noche. Anaya, quien renunciará a la dirigencia nacional de su partido este sábado o domingo, afirmó que el objetivo principal es salir unidos, que haya el mayor grado de consenso para poder enfrentar la elección del próximo año con éxito.
Acompañado de Santiago Creel, el dirigente que se perfila como precandidato del PAN a la Presidencia comentó que “encontraremos las
mejores fórmulas para la selección de candidatas y candidatos, y las mismas quedarán establecidas en el propio convenio”.
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Recorte de 800 mdp al INE enfrenta a Lorenzo Córdova y representantes partidistas Santiago Igartúa Ciudad de México (apro)
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nfrascados en una disputa por los recortes al presupuesto de la institución, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), explotó contra representantes de los partidos políticos y consejeros del poder legislativo ante dicho organismo, que decidieron ausentarse de la sesión extraordinaria del Consejo General, pactada para la mañana de este viernes. El orden del día contemplaba la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018, ajustado con una reducción de 800 millones de pesos que impuso la Cámara de Diputados, para lo cual los consejeros del INE decidieron desde el pasado lunes reducir en 100 millones el dinero destinado a las representaciones partidistas en el instituto. Ante ese escenario, a media hora de haber iniciado la sesión extraordinaria, detonó el conflicto. Las representaciones partidistas se negaron a entrar a la sala por lo que, incompleto el quórum requerido, Lorenzo Córdova llamó a un receso. Salió del pleno y los encaró. Los comisionados de los partidos le reprocharon como un acto “revanchista” el haber recortado recursos a sus oficinas en el INE, comprometiendo los empleos de su personal de trabajo, y amenazaron con desatar una “cascada” de demandas laborales en contra del instituto.
Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)
Seis senadores del Partido Acción Nacional, encabezados por su coordinador Fernando Herrera, se desistieron ante la Suprema Corte de Justicia de la acción de anticonstitucionalidad contra la llamada Ley Televisa Döring, con lo cual disminuyen de 47 a 41 los legisladores y no cumplirían con la regla del 33 por ciento de los senadores (un mínimo de 45 firmas). Los seis senadores que presentaron un escrito ante la Suprema Corte para desistirse son Fernando Herrera, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván, Francisco López Brito, María del Pilar Ortega y Rosa Adriana Díaz Lizama, todos cercanos al grupo del coordinador y aliado clave del dirigente nacional panista Ricardo
Ante ese escenario, a media hora de haber iniciado la sesión extraordinaria, detonó el conflicto. Las representaciones partidistas se negaron a entrar a la sala por lo que, incompleto el quórum requerido, Lorenzo Córdova llamó a un receso. Salió del pleno y los encaró
El consejero presidente argumentó que habían sido las propias representaciones de los partidos en la Cámara baja quienes habían decidido hacer el recorte “más grande” que haya sufrido la autoridad electoral en un año electoral. Roto el diálogo, los representantes partidistas le demandaron buscar soluciones. Lorenzo Córdova estalló: tomó del saco al representante suplente del PRI, y, desencajado, le devolvió: “Perdón, nada más una pregunta: ¿Qué hicieron ustedes para resolver el problema? Yo he hecho gestiones.
¿Qué han hecho las representaciones partidistas y qué han hecho las representaciones del poder legislativo? Porque tenemos un problema todos. Tenemos 800 millones de pesos que recortar”, lanzó. Le insistieron en que buscara más recursos. Y, casi fuera de sí, se escuchó a Lorenzo Córdova: “¿Por qué lo vamos a pedir nosotros? ¡No vamos a pedir! ¡Ustedes! ¿El día de la elección nosotros le vamos a pedir al ejecutivo que nos dé dinero? ¡El problema no lo creamos nosotros! No lo vamos a hacer”, disparó sobresaltado.
Y continuó: “Generen ustedes un punto de acuerdo, en el que todos los partidos nos pidan que lo pidamos, y ya lo discutimos, Si no, la nota mañana va a ser: ‘el INE le pide dinero a Hacienda’. ¡No! Tenemos una responsabilidad de Estado y vamos a actuar como tal. Y creo que todo mundo tiene que corresponsabilizarse de lo que ocurrió. Hoy estamos aquí no por una decisión del INE. Hoy estamos aquí por una decisión del poder legislativo que no fue consultada con este instituto. Y si me lo permiten, con toda franqueza, implicó una actitud que hoy nos tiene así, y no quiero tacharla de irresponsable, por eso mismo se ha tratado de tender puentes. Pero tenemos un problema que no generó el INE”, terminó. De regreso en el pleno, ya con la presencia de algunos representantes de los partidos, el Consejo General aprobó el presupuesto como lo tenía previsto. Y en un comunicado oficial, difundió su postura final: “Bajo la premisa de defender su autonomía, el Instituto Nacional Electoral no planea solicitar ni un solo peso adicional para su operación al monto aprobado por la Cámara de Diputados en el Decreto de Egresos de 2018”.
Seis senadores del PAN se desisten del litigio contra Ley Televisa Döring; revelan presiones Anaya. El senador Ernesto Ruffo comentó que el mismo día que presentaron la acción de inconstitucionalidad, Herrera le pidió que eliminara su firma y hasta le llegó a ofrecer una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados. La acción de inconstitucionalidad presentada un día antes del plazo límite, el pasado 30 de noviembre, considera que la reforma de la Ley Televisa Döring viola cinco preceptos constitucionales, incluidos los que regulan los derechos de las audiencias, establecen la prohibición absoluta de presentar como información u opinión lo que es publicidad
pagada y cancelan las facultades del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones para regular en materia de derechos de las audiencias.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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xrelatores de Naciones Unidas sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, Juan Méndez, Christof Heyns y Ariel Dulitzky, manifestaron su “profunda consternación” por el proyecto de Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados, ahora a consideración del Senado de la República, por representar “un grave riesgo para los derechos humanos”. En un comunicado conjunto, Juan Méndez exrelator de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; Christof Heyns, exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Ariel Dulitzky, exintegrante y presidente del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), consideraron que el texto propuesto “no aborda las causas estructurales de la violencia ni propone medidas transformativas para superar la situación actual”. Los exrelatores, quienes se mantienen como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordaron que visitaron el país cuando tenían el mandato de Naciones Unidas, y constataron “cómo la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país”. Al reconocer que en sus visitas también dieron cuenta de “los grandes retos que en materia de seguridad enfrenta el país”, insistieron que el despliegue castrense durante los últimos diez años “ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y los malos tratos, y las ejecuciones
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Ley de Seguridad Interior es contraria a las recomendaciones de la ONU: exrelatores Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mantenemos nuestro compromiso y nuestro espíritu de colaboración con el Estado”, puntualizaron los expertos independientes. Al destacar que se han mantenido al tanto de lo que pasa en el país y que han seguido el debate sobre la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los expertos evaluaron que “el proyecto de ley carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas que oscurecen el sentido del texto”.
Piden al Senado rechazar la ley extrajudiciales”. Recordaron que al término de sus visitas entre 2011 y 2014, sus respectivas relatorías y el GTDFI, emitieron “numerosas recomendaciones” al Estado mexicano con el objetivo de “ayudar a combatir las graves violaciones de derechos humanos que se viven en el país”. Alertaron que el proyecto de Ley de Seguridad Interior, “no sólo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente” fueron formuladas. Como integrante del GTDFI de la ONU (2010-2017), Ariel Dulitzky
realizó una visita oficial a México en 2011; Christof Heyns, como relator sobre ejecuciones extrajudiciales (2010-2016), visitó el país en 2013, en tanto que Juan Méndez, quien formó parte de la relatoría sobre Tortura (2010-2016), estuvo en México en 2014. “Conocer de cerca el dolor de las víctimas y de una sociedad que cada día debe hacer frente a la violencia acrecentó nuestro compromiso para contribuir a mejorar la situación en el país. Más allá de la temporalidad de nuestros respectivos mandatos como expertos independientes del
Tras considerar que la ley va en contra de las recomendaciones hechas por las relatorías en las que colaboraron y por el GTDFI, Méndez, Heyns y Dulitzky se sumaron a la exigencia al Senado para que sea rechazada. “Frente a esto, sumamos nuestras voces a las de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación del texto propuesto y llamamos al senado a no adoptar la Ley de Seguridad Interior en su redacción actual”, concluyen los expertos.
Ley de Seguridad “generará más muerte y desesperación”, alerta Miguel Álvarez en Los Pinos Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)
El luchador social Miguel Álvarez Gándara, ganador este año del Premio Nacional de Derechos Humanos, se pronunció en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y además solicitó a la CNDH que, en caso de ser avalada esa ley por el Senado, presente una acción de inconstitucionalidad. En su pronunciamiento, hecho al momento mismo de recibir el galardón, en la residencia oficial de Los Pinos, Álvarez Gándara rechazó el argumento de que dicha legislación garantizará mayor seguridad. Indicó que, más bien, “generará más muerte y desesperación”.
Director del colectivo Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Álvarez Gándara pidió más bien cambiar la estrategia actual de seguridad, basada principalmente en la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que no le corresponden Antes del discurso de Álvarez Gándara, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, coincidió con el mismo planteamiento, indicando que la seguridad de la población “no se logrará con una ley como la que se debate actualmente en materia de seguridad interior, que propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”.
El ombudsman nacional agregó: “Tengamos la prudencia y mesura para seguir el camino de una discusión integral, cuyo fin sea dotar a la población de seguridad y respeto a
sus derechos humanos”. Y remató al decir que aún estamos a tiempo de evitarla aprobación de esa controvertida ley, con la cual sólo se “creará otro problema”.
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Jalisco, primer estado en proteger a orfandad por feminicidio De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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l congreso de Jalisco aprobó las reformas a Ley de Atención a Víctimas local con el propósito de reconocer como “víctimas indirectas” a los menores de edad cuyas madres han sido víctimas de feminicidio. Con la aprobación en el pleno que hicieron las y los legisladores este 6 de diciembre, Jalisco es la primera entidad del país en garantizar a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio los programas sociales a los cuales tiene derecho como víctimas secundarias: apoyo económico, tratamiento psicológico y alojamiento. La propuesta la presentó en junio de 2017 la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Rocío Corona Nakamura, e indica que una vez que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) conozca un caso de orfandad por feminicidio a través del Ministerio Público, debe activar los protocolos de atención y protección para incluir a la niñez en los programas sociales que corresponda. En este sentido le corresponde a la CEAV asegurar que esta infancia continúe con la atención gubernamental sin interrupciones y proporcionar asesoría jurídica a los familiares de las víctimas si lo desean. El proyecto avalado indica que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Jalisco) será el encargado de procurar alojamiento en albergues a la niñez que quede en la orfandad, o bien,
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
La organización civil Equis Justicia para las Mujeres, pidió al poder legislativo reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información para obligar a los estados a publicar en internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, todas las sentencias judiciales que tengan que ver con Derechos Humanos de las mujeres, ya que dijeron, son de interés público. Al hacer un balance del impacto que tuvo en las legislaciones de todo el país la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015, la organización concluyó que las leyes en materia de transparencia de 28 estados de los 32 que conforman la República Mexicana, no obligan a los poderes judiciales a publicar las sentencias que emiten, lo que obstaculiza la justicia para las mujeres y viola su derecho a acceder a la información. Sólo las leyes de transparencia de
Con la aprobación en el pleno que hicieron las y los legisladores este 6 de diciembre, Jalisco es la primera entidad del país en garantizar a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio los programas sociales a los cuales tiene derecho como víctimas secundarias: apoyo económico, tratamiento psicológico y alojamiento
colocarlos con sus familiares. Pero en caso de que sea el padre de la niñez el feminicida, con las reformas al Código Civil ahora el Juez de Control podrá suspenderle la patria potestad y quitarle la custodia. Esta modificación se incorporó porque 80 por ciento de los feminicidas están prófugos de la justicia en Jalisco, situación que mantiene en “zozobra constante las abuelas y abuelos, quienes finalmente protegen o reguardan a los menores de edad”, explicó en el congreso la diputada Corona Nakamura, De acuerdo con la Fiscalía General del estado, de septiembre de 2011 a junio de 2017, las 175 víctimas
de feminicidio dejaron a 122 hijos e hijas en la orfandad y únicamente 82 reciben un apoyo económico del gobierno. A partir de la entrada en vigor de esta reforma la Fiscalía deberá continuar con el registro certero de los casos. Para asegurar que esta infancia acceda a estos servicios sociales también se modificó el Código Penal y la Ley de Desarrollo Social estatal.
A favor de la niñez Jalisco sanciona hasta con 70 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio, pero como ocurre en el resto del país, dejaba a un lado la reparación del daño integral para
los niños y niñas, quienes muchas veces son testigos del asesinato de su madre. En dicha entidad apenas este año comenzó un programa especial del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) para otorgar un apoyo bimestral a cada niño o niña en orfandad por la cantidad de 3 mil pesos. Sin embargo, el programa se limita a 66 beneficiarios por el periodo de un año. Es decir, con la reciente aprobación de estas reformas es obligación del gobierno jalisciense garantizar que todos los hijos e hijas de mujeres asesinadas reciban apoyo económico, psicológico y jurídico, sobre todo en un contexto de violencia que mantiene a Jalisco en el sexto lugar del país en casos de feminicidio, informó la legisladora Rocío Corona, quien precisó que de acuerdo con el IJM, tan sólo en enero de este año ocurrieron 17 asesinatos de mujeres en la entidad. “En la mayoría de los casos quedan desamparados familiar y económicamente, de ahí la importancia de que las dependencias públicas protagonicen una atención para ellos, que trascienda en la sociedad para que las modificaciones a dichas legislaciones tengan el mejor resultado, consagrándose el interés superior de niñez”, concluyó la priista.
En 28 estados se viola el derecho a la información de las mexicanas los estados de Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala, exigen a sus Poderes Judiciales publicar todas las sentencias, pese a que el acceso a la información es un derecho que la Constitución mexicana defiende (artículos primero y sexto), agregaron las integrantes de la organización. Los resultados de este balance fueron divulgados esta semana en el informe “Transparencia en la publicación de sentencias” donde la organización señala que al transparentarlas, permiten que la sociedad civil evalué cómo actúan los poderes judiciales como en el caso de Daphne Fernández, víctima de violación sexual el pasado 2015 en Veracruz; o el de Silvia, una mujer española a quien el juez capitalino Andrés Manuel Linares Carranza le negó la custodia de su hijo “por no cumplir su “rol tradicional de madre”.
Las mujeres no sólo se enfrentan a procesos de justicia donde son criminalizadas y se les juzga bajo estereotipos de género en casos que pueden tomar años por las autoridades, denunció Equis Justicia, también se enfrentan a la violación de su derecho a acceder a la información, “No más sentencias injustas en los archiveros”, exigieron. En el informe, las defensoras de Derechos Humanos de la organización expusieron que en 10 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo y Nayarit, así como Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas) la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia ocasionó que las legislaciones redujeran las sentencias que deben publicar ya que ahora sólo tienen que divulgar las de “interés público”, pero no definen los
requisitos para que un caso sea valorado de esta forma. Equis Justicia forma parte de la Articulación Regional Feminista, una alianza latinoamericana de siete organizaciones en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú; y actualmente es parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para la Oficina de ONU Mujeres en México.
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POR UN PERIODISMO INCLUYENTE Rosalinda Hernández Alarcón
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esulta oportuno hablar de periodismo, esta profesión que a muchas personas nos entusiasma y nos motiva a leer, escribir, entrevistar, investigar, opinar, en suma: elaborar materiales en los que podemos concretar un compromiso social a favor del bien común, del buen vivir. Ciertamente, un reto complicado cuando predominan en los medios corporativos las visiones empresariales que desvirtúan los Derechos Humanos y se sigue utilizando el cuerpo de las mujeres como mercancía y para estimular el morbo. Hablar de un periodismo incluyente cobra importancia porque significa reconocer la diversidad de las personas y realidades que existen en un país como Guatemala, donde predomina la injusticia social. El 30 de noviembre se conmemora el Día del Periodista, pero si esta profesión la desempeñan mujeres y hombres, sería pertinente que para el próximo año, se conmemore a Mujeres y Hombres Periodistas en un día en el que se haga explícito cuáles medios o periodistas han atentado contra el derecho constitucional (reconocido en tratados internacionales) a la libre emisión
del pensamiento. Se requiere hablar de periodismo incluyente además porque los medios de mayor impacto siguen manipulando informaciones, invisibilizando temas y actores políticos (especialmente a las mujeres y pueblos indígenas) o tergiversando opiniones para descalificarlas. Todas estas actitudes representan una violación a la libertad de expresión, pero pasan sin sanción alguna como algo “natural” e intrínseco del periodismo. Los medios de comunicación tienen una línea editorial y en el entendido que gozan de la libertad de prensa, tienen la prerrogativa de definir sus enfoques sin cortapisas. Pero esto no significa que se acepte sin cuestionamientos que un consorcio televisivo y cadena radial se conviertan en voceros de la casa presidencial, que se considere delincuentes a las personas opositoras al modelo extractivista o que se tergiversen impunemente las voces entrevistadas, en especial las feministas, cuyos planteamientos revolucionan las visiones conservadoras, acríticas o llenas de prejuicios perennes desde la época de la Inquisición (ciega obediencia, subordinación jerárquica).
Sin duda, en el periodismo tienen cabida las voces de cualquier agrupación, incluso las más rancias. Un ejercicio periodístico incluyente abre espacios para dar a conocer opiniones diferentes o poner frente a frente visiones contrastadas, es una práctica acertada; pero cuando se recurre a la tergiversación de las declaraciones por considerarlas contrarias a su línea editorial, es a todas luces una actitud que viola la ética periodística. En Guatemala, existe una ciudadanía movilizada, que exige erradicar la corrupción, propone cambios que contribuyan a evitar los abusos de los poderosos, por tanto, requiere la difusión de opiniones diversas, demanda acabar con el predominio de las voces masculinas con corbata y quiere conocer realidades ocultas por los conservadurismos. En consonancia con la situación actual, quienes reivindicamos el ejercicio periodístico incluyente, tenemos que insistir que se viola la libertad de expresión y el libre acceso a la información cuando se borra o manipula de las agendas periodísticas determinados temas y fuentes, es decir, cuando se ignoran los requerimientos de una ciudadanía activa.
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EL FALSO FRENTE CIUDADANO POR MÉXICO Javier Sicilia
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ntre los monstruos fantásticos creados por los mitos antiguos, los compuestos por muchos seres nunca, decía Borges, han augurado nada bueno. Son absolutamente destructivos en su desmesurada desproporción. Pensemos, por ejemplo, en el monstruo de la Eneida que personifica el Escándalo, hecho de miles de plumas, lenguas, ojos y oídos, o en la Fiera Arconte de la Visión de Tundale, en cuyo vientre habitan los réprobos atormentados por perros, víboras, leones, osos y lobos, o en el Leviatán de Hobbes, ese rey hierático cuyo cuerpo está compuesto de miles de hombres y que representa al Estado. Mary Shelley, la esposa del poeta romántico Percy Byshee Shelley, concibió otro que, compuesto no de seres, sino de partes de cadáveres, auguraba las destrucciones de la modernidad: Frankenstein. Fabricado mediante un minucioso saqueo de tumbas, el monstruo de Shelley carece de nombre –el que lleva es el de su creador. Al igual que no hay manera de sumar diferencias, no hay palabra que pueda definir su monstruosidad. Frankenstein es así, en la suma de sus partes disímbolas, la expresión de la alienación, de la ausencia de identidad humana y de sentido de la existencia. Si en México algo se parece al monstruo de Shelley es el Frente Ciudadano por México. Semejante a Frankenstein, el Frente es la suma de varias partes de los
cadáveres de las partidocracias, una suma cuyas diferencias hacen imposible un resultado que no sea tan monstruoso como su falsedad. En este sentido, esa cosa sin identidad que usurpa el nombre de un sueño nacional imposible, no es en realidad un Frente, tampoco es Ciudadano y ni siquiera es por México. ¿Qué tienen que ver esos despojos de las partidocracias enfrentadas entre sí –pienso, para nombrar sólo a los conocidos, en Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado, Silvano Aureoles, Graco Ramírez y Moreno Valle– con los ciudadanos o con un frente político, cuyo sentido sólo puede surgir de gente con ideas afines para gobernar un país? ¿Qué intereses por México han demostrado a lo largo de sus gestiones, que no sea una historia al servicio de sí mismos, del uso abusivo del poder, de la utilización de los bienes públicos para negocios privados y de las redes de corrupción e impunidad que tienen sumida a la ciudadanía en la violencia, el miedo y la miseria? Ese Frente es en realidad una deformidad que muestra la alienación y la ausencia de identidad y de sentido político del país. Es, para nombrarlo con las palabras que Mary Shelley utilizó para definir al monstruo de su novela, un engendro diabólico, una presencia miserable, una desgracia; en síntesis, una desproporción producida por mentes intoxicadas que, semejantes a las del Doctor Frankenstein, han pretendido engendrar un nuevo cuerpo polí-
tico con fragmentos de cadáveres tan disímiles como corrompidos. Al igual que sumar diferencias sólo puede dar un resultado aberrado y sin significado, armar un cuerpo político con fragmentos que pertenecen a cuerpos distintos de cadáveres sólo puede producir un Frankenstein político, una atrocidad mucho más terrible que el Leviatán de Hobbes, esa criatura fantástica que, como los monstruos compuestos de muchos seres, no ha dejado de traer calamidades a la vida humana. Un verdadero Frente Ciudadano por México sólo podía haber surgido de lo que he llamado la reserva moral del país, es decir, de los movimientos sociales que se han resistido a ser objeto de las corrupciones partidocráticas y han mantenido viva lo que queda de la dignidad nacional. De haberse sentado a dialogar y a trazar un programa de refundación nacional, esa reserva moral habría podido constituir un Frente que, por desgracia, no pudo ser y que, fabricado a toda prisa con fragmentos de cadáveres por un grupo de intoxicados de poder, es sólo la evidencia de lo monstruoso y lo absurdo. Tal vez el hecho de que la reserva moral de México no lo haya intentado aún habla de su salud y de su vitalidad, de una salud y de una vitalidad que, como todo lo que es saludable y vivo, necesita su tiempo de maduración para ser. Sea lo que sea, el Frente Ciudadano por México es, en la necrofilia que lo ha creado, una amenaza mucho más perniciosa que la que
nos prometen la putrefacción de los partidos consabidos. Al menos en ellos hay una voluntad de mantener su estado de descomposición completo y asumir, a pesar de sus sueños de salvar a México, su destino. A pesar de estar muertos para la vida política, no pretenden engañarnos presentándose con la belleza de un nuevo Adán político cuya fisonomía, como la de Frankenstein, desmiente. Si Frankenstein es, en una de sus interpretaciones más profundas, el resultado trágico de una tecnología incontrolada, la encarnación de la desmesura, de la hybris (la transgresión de los límites humanos) –de allí el subtítulo que lleva la novela de Shelley, El moderno Prometeo–, el Frente Ciudadano por México es el trágico resultado de una política desenfrenada, la encarnación de la desproporción de las partidocracias, de la hybris política que extravió los límites ciudadanos donde lo humano es y florece en su vida social y civil. Es, en suma, la demostración de la terrible frase que Goya acuñó para definir nuestra modernidad y con la que titula uno de sus más inquietantes grabados: “El sueño de la razón produce monstruos”. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
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APUNTEN Jorge Avila Nuño
“
Nunca pude estudiar Derecho” Dijo:
El Jorobado de Notre Dame
CORRUPCIONIMPUNIDAD-CORRUPCION.
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oco falta para que el binomio corrupción-impunidad pase a formar parte de los temas electorales, en los que todos los candidatos ofrecerán acabar lo más pronto posible con esa lacra. Y de paso más de algún candidato pensará que la reforma fiscal que casi es segura con nuestros vecinos distantes, significará una afectación notable para nuestro país. Ya se empiezan a cruzar apuestas para determinar qué candidato será el menos manchado, al pasar por el pantano llamado gobierno de cualquier nivel. Ya lo dijo un clásico de la política mexicana: La corrupción es casi una cultura en México, o sea que a nuestro himno bien se le podría cambiar la frase de “un soldado en cada hijo te dio” por “un corrupto en algunos hijos te dio” Al final de cuentas, se podrá deducir que el cada vez más alto porcentaje de corrupción, obedece a que las leyes no han obligado a castigar merecidamente a quienes cometen algunos desvíos éticos. Nunca como ahora, los funcionarios y políticos de todos los niveles han estado tan abiertamente ubicados como tranzas, negociantes en lo oscurito, pues saben que siempre habrá el chance de evadir a la justicia por medio de argumentos legaloides o influencias. “Hoy por ti, mañana por mí” Y así, por los siglos de los siglos. La frase acuñada por aquel clásico
oriental de “o copelas o cuello” está cada vez más vigente y no hay todavía poder humano que logre evitar todos esos desasosiegos. Todo mundo pone como ejemplo a otros países en donde la corrupción existe, pero allá el que la hace, la paga. Y en México, el que la hace, la sigue haciendo pues las leyes permiten que los delincuentes, y si son de cuello blanco, pagan muy poquito. A los pobres si les cae todo el peso de la ley. El aumento en la transparencia en el manejo de los recursos financieros, permitirá que la corrupción e impunidad disminuyan poco a poco. La opacidad debe quedarse atrás definitivamente. Así, podremos filmar la película aquella de “Lo que sueña un mexicano”.
El lector opina.
Recibimos un texto desde Ensenada, BC. De parte de OMUI, y dice lo siguiente: Hace algunas semanas usted publicó un artículo que hablaba sobre “la exclusividad del docente universitario” y quiero comentarle que soy egresado de la Facultad de Contaduría de la UNACH en Tapachula. Usted fue mi maestro, y recuerdo a personajes como los contadores Jorge Padilla, Carlos Lau e Hiram Romero; ellos al igual que usted, según lo recuerdo eran maestros que siempre estuvieron al pendiente de su cátedra, motivándonos para ser mejores contadores. Desconozco si todos tenían etiqueta de Exclusivos, pero lo que si puedo asegurar que eran magníficos docentes, con bastante experiencia en la profesión. Ojala y continúe así el desarrollo académico en mi querida Facultad. Actualmente yo soy profesor en la Universidad local y siempre recuerdo a mis profesores con estimación”
Qué es artículo de divulgación:
Un artículo de divulgación es un texto escrito por especialistas sobre un tema con el fin de difundir conocimiento al público en general. Los artículos de divulgación se caracterizan por ser un texto que expone y explica hechos, conceptos, ideas o descubrimientos sobre un área o disciplina utilizando un lenguaje claro, sintético y común al público no especializado. Los artículos de divulgación pueden abarcar varias áreas: científica, literaria, filosófica o tecnológica, y pueden ser publicados en libros, revistas, periódicos y en sus versiones digitales a través de Internet.
Estructura del artículo de divulgación
Los artículos de divulgación tienen, en general, la siguiente estructura o partes: Título: debe ser corto, claro y llamativo. Introducción: es la presentación del tema que se quiere tratar. Responde a la pregunta del porqué es importante el estudio o materia a tratar y expone algunos de los antecedentes existentes. Desarrollo: es el contenido del artículo y debe explicar de forma ordenada y clara el tema que se quiere difundir. Debe responder a las preguntas que personas, que no tienen conocimiento sobre el tema, problema o situación, formularían. Conclusión: aquí se resume la información más importante del tema y se realza el propósito de la difusión de tal conocimiento. Bibliografía, referencia y datos: al final del artículo se debe presentar las fuentes consultadas para que tenga el rigor científico del conocimiento.
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CONSPIRACIÓN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN Pablo Gómez
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s el Estado, incluyendo sus aparatos armados, quien debe garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos. Con el proyecto de Ley de Seguridad Interior, las cosas se plantean al revés: se quieren otorgar “garantías” a los jefes del Ejército y la Armada, entendidas éstas como un medio para sustraer sus propias actividades del sistema jurídico general del país y crear de tal forma una burbuja normativa. Dice el artículo 18 del proyecto: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicación para los militares. Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que “la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el de petición. El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, “al realizar” tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios.
La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos (!) deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”. Esas otras “autoridades” son los comandantes (así llamados) de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad nacional (CISEN), fiscal, bancaria, ministerial, electoral (listados de electores e identificación de los mismos) y cualesquiera otras que requieran para sus “tareas de inteligencia”. Lo anterior se aplica también a las entidades federativas, bajo las figuras llamadas “deberes de colaboración”. En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre “seguridad interior” queda protegida como si fuera de Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del sistema de transparencia. Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, serán las personas más poderosas del país. El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones “de grave peligro”), emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas. Además, se señala en el artículo 6 que “las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria… políticas, progra-
mas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente… los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”. Con esto, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total. “La seguridad interior -dice el proyecto- es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional…”. Es decir, el concepto no sólo abarca al Estado, sino a todo lo relacionado con el país: su “desarrollo”. Esa sería una ley sin límites. El Ministerio Público, institución constitucional encargada de hacer las investigaciones y perseguir a los delincuentes, no aparece en la pretendida Ley de Seguridad Interior más que en un precepto (art. 27), como instancia a quien los militares le informan cuando haya delitos y, a través de la policía, le entregan a los detenidos, pero sin definir en qué momento. Lo que se quiere es que esta ley sea la “carta de garantías” exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando. Se trata de una legalización de funciones que no corresponden a las fuerzas armadas, pero con la cual se quiere empeorarlo todo mediante una enorme centralización de poder. Este proyecto no ha ido acompañado de una autocrítica sobre la política de seguridad pública aplicada a través de los cuerpos de policía y de las fuerzas armadas, la cual ha fracasado. Ahora es mayor la delincuencia organizada y la violencia. En lugar de aprobar una ley
dentro del mismo desastroso esquema, hay que llevar al Estado nacional, todo éste, a un examen riguroso y honrado de la crisis de seguridad. Más, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida “carta de garantías”. Por otro lado, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de Seguridad Nacional (art.73. XXIX-M), carece de facultad para “… regular la función del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”, como lo pretende el proyecto de marras en su artículo 1. Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior, no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que “las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional”, lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública. El proyecto se contradice también con los artículos 21 y 129 de la Constitución; el primero de ellos, sobre la seguridad pública como algo de carácter civil y, el segundo, sobre las autoridades militares, las cuales no pueden tener más funciones que las exactamente militares. Es tarea urgente derrotar esa conspiración contra los derechos humanos y el orden constitucional.
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NI A CUAL IRLE Dr. Valdemar Rojas
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stando ya próximo a terminar el sexenio, tanto federal como estatal y municipal, es muy conveniente realizar un somero análisis, de la actuación de los 3 órganos de gobierno. En el ámbito federal, los resultados no son muy alentadores, pues de lo único que puede presumir el gobierno de Peña Nieto es haber logrado alcanzar el mayor número de empleos en su sexenio y lo presume en todos los medios de comunicación, periódicos, radio y televisión, pero no dice que la gran mayoría de esos empleos son mal remunerados y muy pocos alcanzan a ganar más de 3 salarios mínimos. Dentro de las graves fallas del sistema federal se encuentran varios rubros y tal vez uno de los más importantes es el de la gran corrupción que existe en el aparato gubernamental y que puede definirse como la marca del sexenio, pues involucra a los políticos cercanos al Presidente, a el mismo como es el caso de la famosa Casa Blanca o sea la casa que dizque compró la primera dama a la constructora consentida del gobierno desde que Peña Nieto gobernaba el estado de México, el de su cercano colaborador Luis Videragay con la casa de campo en Malinalco también comprada a la misma empresa constructora. Dentro de sus cercanos colaboradores figura el caso de Korenfeld por usar un helicóptero oficial para trasladar a él y a su familia a un lugar de paseo; siguió la cancelación del tren rápido México Querétaro ganada por la misma constructora en asociación con una empresa China por irregularidades en la licitación Otros de los casos más sonados fue sin duda alguna los sobornos que la constructora Brasileña Odebrecht, otorgó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por más de 10 millones de dólares, según directivos de esa empresa y que se sospecha fuertemente, fueron a parar a la campaña de Peña Nieto y fue la causa de la destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto por estar investigando el paradero real de estos sobornos. La “estafa maestra” otorgada por doña Rosario Robles en donde se hicieron desaparecer más
de 3 mil millones de pesos y que involucró a varias universidadesRuiz Esparza, Secretario de Comunicación y Transporte, otro de los amigos cercanos al Presidente y cuya actuación en el socavón del paso exprés en Cuernavaca, que causó la muerte de 2 personas, fue señalada por la Auditoria Superior de la Federación de numerosos casos de omisión y corrupción; sin embargo permanece en el cargo cuando ya debería haber sido destituido. A todo eso debemos señalar la corrupción de tantos gobernantes priistas, como Javier Duarte de Veracruz, otro Duarte, el de Chihuahua, Borge el de Quintana Roo y varios más que se suman a la red de corrupción del actual régimen. El tema del incremento a la violencia es otra de las grandes fallas del sistema, pues en lugar de disminuir se ha incrementado en forma por demás escandalosa a pesar de la participación del ejército y la marina en el combate a la delincuencia; el mes de octubre fue el más violento de todo el sexenio con más de 2 mil muertes violentas (2370). La lucha en contra de la pobreza fue también un rotundo fracaso, pues se pasó de 53.3% en 2012 a 53.4% en 2016; también la lucha contra el hambre fracasó, pues según una encuesta realizada, en más de 3 millones de hogares, no hubo dinero para satisfacer sus necesidades alimentarias. Peña Nieto propuso al principio de su gobierno, combatir la corrupción y la pobreza y en ambos casos, su fracaso fue completo. Ahora bien si analizamos a nuestro gobernador, los resultados no son nada halagadores, pues le faltó al Huero experiencia y capacidad para gobernar y la entidad se encuentra en un verdadero caos, anarquía y pobreza
y el gobernador en lugar de rodearse de buenos colaboradores, se reunió con pillos del sexenio pasado y con funcionarios jóvenes e inexpertos, pero eso sí, ávidos de enriquecerse a la mayor brevedad posible. La pobreza se incrementó del 74% al 76%, la seguridad de nuestro estado es cada día menor y la indiferencia del gobernador raya en lo absurdo, pues en su torre de marfil en donde se esconde, ignora o pretende ignorar los graves acontecimientos que existen en el estado, muchos de ellos por actos post electorales por su ambición de posicionar a su partido como una fortaleza del Verde y en sus quiméricas aspiraciones de ser candidato a la Presidencia de la República, no vaciló en imponer a sus candidatos a todos los cargos de elección popular sin importarle cometer toda clase de fraudes electorales a cual más escandalosos, que le han ganado la animadversión de la ciudadanía, que también le reprocha el abuso del dinero público en publicidad para tratar de engañarnos y hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos, cuando la realidad es otra. No solo no se preocupa por lo que está sucediendo en el estado sino en lo que puede suceder, como el conflicto entre los indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán que puede degenerar en una masacre igual o peor que la de Acteal. ¡Albricias! Chiapas de nuevo sacó un primer lugar a nivel nacional, pero como ya es costumbre, el peor posicionado. El Coneval informa que Chiapas pasó del 67.8% en el tercer trimestre de 2016 al 72.4% en el tercer trimestre del 2017, del mayor porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo. Chiapas es el estado que más deforestación ha sufrido en el país
con más de 150 mil hectáreas deforestadas y ¡eso que es un estado que presume de ser gobernado por un ecologista! Y por último, pero no por ello menos importante, sobre todo para nosotros los tuxtlecos, es justo analizar la actuación del presidente municipal espurio de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor que llegó a la Presidencia a través de un fraude electoral escandaloso, permitido y orquestado por el Huero. Teniendo en cuenta la animadversión de los tuxtlecos por su fraude, debió esforzarse por hacer un buen trabajo a favor de nuestra ciudad, pero en vez de ello, sus logros son mínimos y sus errores demasiado graves. No es un secreto que faltó a su promesa de pavimentar una calle diariamente, pues nuestras calles se encuentran en un estado deplorable, no solo por los baches y la suciedad, sino también por las frecuentes fugas de aguas negras y potable; la obscuridad en muchas calles no puede negarse mientras que en otras, las luminarias permanecen prendidas de día. La inseguridad es notoria y los asaltos a veces con saldos sangrientos son cada vez más frecuentes así como los asaltos a residencias. La dotación de agua a las colonias es deplorable y eso irrita a toda la ciudadanía. Si a eso agregamos los actos de corrupción y sobre todo, los actos ilegales como la expropiación y venta de propiedades de dueños de casas habitación que no habían pagado el impuesto predial por más de 5 años, es una injusticia, pues en primer lugar de acuerdo con la ley, si no se han pagado los impuestos prediales por 5 años, solamente se le pueden cobrar por 3 años y para expropiar estas propiedades, debe llevarse un juicio y después, si el Ayuntamiento gana el juicio, la propiedad tiene que abrirse a un proceso abierto para decidir a quién se le adjudicara la propiedad y nada de esto se hizo, por lo que los propietarios pueden demandar al Ayuntamiento. De acuerdo con estos datos podemos decir con razón que tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal, son gobiernos fallidos.
CMAN
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