CONTRA3098

D O X A

Cuestionable la pacificación publicitada en Chiapas

El gobierno publicita la pacificación en Chiapas, pero ésta no es tal. En las regiones que fueron escenario de guerra desde el año de 2021, siguen sufriendo la presencia de la delincuencia organizada, que se encuentra agazapada PAG. 2

En las ruedas de prensa del fiscal del Estado y el secretario de seguridad, existe mucha improvisación en el discurso y se incurren en aseveraciones peligrosas. Por ejemplo, ayer el secretario de seguridad habló de dos caminos de los policías que se equivocan: la cárcel y la muerte y retó a la población y medios de comunicación a que se presenten las pruebas en el ministerio público de los abusos de poder en el que hayan incurrido. ¡Soito se puso la soga al cuello!

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Violencia,

y la extinción del INAI, barreras para la libertad de expresión: Artículo 19

En el documento “Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información”, la organización advirtió que, durante 2024 registró 639 agresiones contra comunicadores, que representa un aumento del 13.9% respecto a 2023.

Ramírez destaca que el legado de Emiliano Zapata sigue vigente e inspira a la Nueva ERA

Denuncian invasión en parque ecológico El Encuentro

Viernes 11 de Abril de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3098

Cuestionable la pacificación publicitada en Chiapas

El gobierno publicita la pacificación en Chiapas, pero ésta no es tal. En las regiones que fueron escenario de guerra desde el año de 2021, siguen sufriendo la presencia de la delincuencia organizada, que se encuentra agazapada, pero en poder de más de 80 ranchos que fueron invadidos en los municipios de Jaltenango, Montecristo, La Concordia, Chicomuselo, Bellavista y Frontera Comalapa, todos estas propiedades dedicadas particularmente a la producción de café, ubicadas en la región en donde se siembra el mejor café de altura de Chiapas, que por estar invadidas por el cártel Jalisco, los dueños de estas propiedades se encuentran en este momento prácticamente en ruinas, por haber obtenido créditos y sin poder levantar la cosecha, situación que les ocasionó graves pérdidas, sin ningún apoyo del gobierno.

Pero las pérdidas de los propietarios privados no es la única, ya que decenas de ejidos se encuentran en situación similar por la presencia subterránea de la delincuencia organizada, comunidades que tampoco pudieron levantar la totalidad

de la cosecha y quienes juntos con la propietarios privados no contaron con la suficiente participación de jornaleros, en donde muchos de ellos abandonaron el trabajo por el hostigamiento permanente de los mañosos. Las pérdidas bajo estas condiciones son considerables porque este año fue el mejor de los últimos años, qn el que llegó a cotizarse hasta en 400 dólares el quintal, sin que esto fuera aprovechado por los productores de café, que sufren las consecuencias de la guerra entre los cárteles, y que han sido abandonados por el gobierno, debido a la falta de una política de rescate a estos productores que siguen sufriendo las condiciones de la guerra.

Pero la invasión de estas propiedades, que no han sido rescatadas por las fuerzas policíacas, llámese Pakales, Guardia Nacional o el ejército, no es el único problemas que tienen los propietarios, sino que sufren el acoso y el señalamiento, de las mismas autoridades quienes los acusan de estar involucrados con la delincuencia organizada, o peor aún, están señalados por el Cártel de Sinaloa de haberse aliado con el cártel rival, lo que significa que muchos

de estos propietarios y su familia se encuentran en riesgo, todo esto bajo la omisión de la autoridad que no emprendido las acciones necesarias para devolver los ranchos a sus legítimos propietarios y garantizar la vida de estas familias, que hasta ahora tienen perdidas sus propiedades, se encuentran endeudados por los créditos obtenidos y sin condiciones para hacer frente a esta deuda, sufren las amenazas de la autoridad y de la delincuencia para que no denuncien su situación y perdieron la gran oportunidad de recuperarse económicamente con el mejor año del precio de café.

El gobierno de Eduardo Ramírez no ha tomado las medidas necesarias para recuperar las propiedades invadidas por la el crimen organizado, no hay visos de un programa emergente de recuperación de la producción de café y no existe la mínima intención de procurar la indemnización a estos propietarios y comunidades ejidales que sufrieron graves pérdidas humanas, económicas y em sus condiciones psico-emocionales, quienes a la fecha pueden dar testimonios de que la paz que se difunde por parte del gobierno no es tal.

Correo electrónico: contrapoderenchiapas@gmail.com

MOCRI vuelve a salir a las calles, recuerda aniversario luctuoso de Zapata

Manuel

Jiménez. Tuxtla Gutiérrez. (Reporte Ciudadano)

Diferentes organizaciones realizaron una marcha este jueves para conmemorar el 106 aniversario del caudillo del Sur Emiliano Zapata en la capital chiapaneca.

Los manifestantes salieron del Parque 5 de Mayo hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez en donde lanzaron consignas en contra de los tres niveles de gobierno por las políticas neoliberales impuestas.

El vocero del MOCRI-EZ expresó: “Las organizaciones que hoy nos movilizamos en pleno uso de nuestras libertades democráticas y derechos políticos constitucionales, nos dirigimos a la clase trabajadora y los pueblos del mundo para expresar nuestro pensamiento a 106 años del cobarde asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”.

Los integrantes de estas organizaciones indicaron que, en un escenario político económico internacional cuyos principales signos son la crisis estructural del sistema capitalista, la guerra de rapiña entre las potencias imperialistas para repartirse el mundo y sus riquezas, el genocidio contra el pueblo palestino y el oriente próximo prevalece.

Lamentaron el panorama de despojo de los derechos sociales y laborales de los trabajadores y la migra-

Yolanda Rodríguez/ corresponsal

San Cristóbal de Las Casas.

Este 10 de abril, la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC), en coordinación con la OCEZ Casa del Pueblo (CP), realizó una manifestación en la cabecera municipal de Venustiano Carranza para conmemorar el 106 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata, líder revolucionario campesino. La organización recordó que el asesinato del caudillo del sur fue orquestado por el gobierno federal bajo órdenes de Venustiano Carranza, con la intención de frenar la lucha por la tierra y la justicia social.

Durante el acto, los representantes de la organización denunciaron que, al igual que en tiempos de Zapata, persiste la explotación de los campesinos y el acaparamiento de tierras por parte de caciques y terratenientes. Señalaron que el asesinato del líder revolucionario simboliza la represión histórica contra quienes han exigido un reparto justo de la tierra y mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo. La OCEZ-RC expresó que desde 1995 mantiene la lucha por la regu-

Los manifestantes salieron del Parque 5 de Mayo hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez en donde lanzaron consignas en contra de los tres niveles de gobierno por las políticas neoliberales impuestas

ción de miles de personas en todos los continentes, la clase trabajadora.

“Los pueblos del mundo resistimos y luchamos contra las medidas neoliberales que aniquilan nuestros derechos políticos y libertades democráticas”, agregaron.

“Los explotados seguimos padeciendo los estragos de la crisis

económica, la violencia e Inseguridad pública, la corrupción y el nepotismo, la carestía y los altos impuestos, las extorsiones y las amenazas de la delincuencia organizada y las corporaciones policiacas, la persecución a nuestra militancia y la descalificación de nuestra lucha, el encarcelamiento y el asesinato de nuestros dirigentes”, expresaron.

Precisaron que: “Hoy 10 de abril de 2025, en calles y plazas de todos los rincones de México, las consignas de Zapata Vive la lucha sigue, si Zapata viviera con nosotros estuviera, explotan en miles de gargantas exigiendo justicia para nuestros caídos”.

Campesinos conmemoran a Emiliano

Zapata y exigen justicia agraria

larización de tierras que tienen en posesión, entre ellas 145 hectáreas en Nuevo San José, 200 en Candelaria El Alto y 150 en Santa Cruz. La organización señaló que han sostenido diálogo con distintos gobiernos a lo largo de los años, sin que hasta ahora se les haya dado una solución efectiva a sus demandas, que también incluyen acceso a servicios básicos como salud, agua, vivienda y apoyo al campo.

Los campesinos también reclamaron que las tierras en disputa han estado históricamente en manos de unas cuantas familias con poder económico, y que es necesario que se restituyan a quienes las han trabajado por generaciones. Exigieron que se reconozca el derecho de las comunidades campesinas a vivir y producir en sus territorios, sin amenazas ni despojos.

Finalmente, la OCEZ-RC hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para atender sus demandas agrarias y sociales, castigar a los

responsables de asesinatos de miembros de la organización, cancelar las órdenes de aprehensión contra sus compañeros, y detener la política de

despojo y explotación de los recursos naturales a través de megaproyectos que afectan a las comunidades rurales.

El detenido Ataulfo López Flores , presunto líder del Cártel Chiapas y Guatemala, implicado en ataque a rancho de Julión Álvarez en 2023

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El exalcalde de La Concordia, Ataulfo López Flores y presunto líder del Cártel Chiapas y Guatemala, detenido ayer, está implicado en ataque a rancho de Julión Álvarez en 2023, es autor intelectual del rapto de su hermano, donde tres personas perdieron la vida, confirmaron los titulares de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Fiscalía General del Estado, Óscar Aparicio Avendaño y Jorge Luis Llaven Abarca, respectivamente.

En conferencia de prensa, los uncionarios explicaron el operativo realizado ayer miércoles en la Frailesca, en el que fueron detenidos ocho criminales, entre ellos, el líder del Cártel Chiapas y Guatemala, Ataulfo “N” alias “El Mango”, principal generador de violencia en la zona, así como en la Selva.

El Jorge Luis Llaven Abarca, comentó que ayer tuvimos contacto con las víctimas que fueron privadas de la libertad, lo que originó el enfrentamiento y después la privación ilegal del cantautor Julión Álvarez.

Agregó que de acuerdo con los hechos ocurridos el 28 de diciembre, cuando Julión Álvarez se dirigía a pasar fin de año en su rancho en el ejido Benito Juárez, municipio de La Concordia, fue alertado que su hermano y otros trabajadores habían sido privados de la libertad.

Junto con el exalcalde Ataulfo, fueron detenidos Iván “N” y Carlos “N”, alias “El Charmín”, identificados

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

La Sexagésima Novena Legislatura aprobó el dictamen de las comisiones unidas de la Cultura y la Chiapanequidad y de Asuntos Religiosos, relativo a la iniciativa de decreto por el que se otorga reconocimiento como Patrimonio Cultural Estatal a la escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo en el municipio de Unión Juárez, Chiapas.

Para exponer sus argumentos en torno al dictamen, abordó tribuna la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, quien destacó que el nombramiento de Patrimonio Cultural Estatal es de vital importancia para no dejar de lado nuestro origen, nuestra historia, nuestras tradiciones.

“En los pueblos y comunidades se encuentran sus tradiciones y tesoros vivos, expresiones culturales de nuestros pueblos que se transmiten de una generación a otra y trascien-

En conferencia de prensa, los uncionarios explicaron el operativo realizado ayer miércoles en la Frailesca, en el que fueron detenidos ocho criminales, entre ellos, el líder del Cártel Chiapas y Guatemala, Ataulfo “N” alias “El Mango”, principal generador de violencia en la zona, así como en la Selva

como autores materiales del secuestro del familiar del cantautor.

Estos delincuentes también habrían participado en la ejecución de 19 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en un camión de volteo en la misma zona, confirmó el secretario de Seguridad, Aparicio Avendaño.

Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el 1 de julio del 2024, en la administración del gobernador de Rutilio Escandón Cadenas, confir-

mó el hallazgo de un total de 19 cuerpos en el municipio de La Concordia, Chiapas, luego de que en redes sociales circuló un video en el que sujetos que se identificaron como miembros del Cártel de Sinaloa se adjudicaron los asesinatos.

En otras acciones, fue capturado Marco “N”, alias “El Tlacoache”, presunto integrante del mismo grupo criminal, quien operaba en el municipio de Jiquipilas. Asimismo, en el municipio de Chilón, fue detenido

Joaquín Arturo “N”, alias “El Chorizo”, cuñado del diputado local Juan Manuel Utrilla. Este último habría amenazado a elementos de la policía estatal y fue asegurado por su presunta participación en actividades de extorsión. Las autoridades lo vinculan con un brazo del Cártel de Sinaloa denominado “Grupo Karma”. Aparicio Avendaño informó que los operativos forman parte de una estrategia integral que ha resultado en más de 2 mil 800 detenciones, el aseguramiento de 350 armas, la recuperación de 2 mil vehículos y la incautación de 200 artefactos explosivos improvisados.

Por su parte, el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que existen diversas carpetas de investigación abiertas por delitos como homicidio, desaparición forzada y extorsión. Exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias si reconocen a los detenidos como responsables de algún delito.

Finalmente, Aparicio Avendaño, en una última intervención, dio a conocer que, en el municipio de Bellavista, elementos de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto identificado como Jhony “N”, en posesión de un millón 700 mil pesos en efectivo, sin que hasta el momento se haya esclarecido la procedencia del dinero.

Congreso denomina como Patrimonio Cultural

Estatal representación de Unión Juárez

den de lo material a lo intangible. Resaltando el atractivo turístico que genera entre visitantes locales nacionales e internacionales”, expuso.

Destacó que en esta nueva ERA de la cultura no podemos dejar pasar esta oportunidad de impulsar nuestras riquezas, nuestras tradiciones y sobre todo la oportunidad de impulsar al turismo, para que en consecuencia lleve una derrama económica a los municipios y en este caso, específicamente, a la Frontera de Chiapas.

En la sesión ordinaria presidida por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el pleno del Congreso

Estatal aprobó por urgente u obvia resolución, el oficio 6883/2025 de fecha 3 de abril del 2025, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de

Chiapas, por medio del cual requiere al Congreso, para que en cumplimiento a la sentencia de amparo 1193/2023-VII, deje sin efectos el decreto número 210, de fecha 29 de

junio de 2023, mediante el cual se aprobó el dictamen de no ratificación del licenciado Guillermo Nieto Arreola, al cargo de magistrado del Poder Judicial del

estado de Chiapas.

Eduardo Ramírez destaca que el legado de Emiliano Zapata sigue vigente e inspira a la Nueva ERA

Redacción.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

En el marco de la Conmemoración del 106 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA se inspira en los ideales del revolucionario, al promover una transformación basada en la lucha por la igualdad, la justicia social, las libertades, la democracia y la dignificación del servicio público.

“Quisimos conmemorar el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata porque nos inspira con un humanismo que impulsa a transformar Chiapas”, expresó Ramírez Aguilar, desde la explanada de la sede del Poder Ejecutivo estatal, donde leyó una de las frases emblemáticas del Caudillo del Sur: “Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo”.

El mandatario enfatizó que Emiliano Zapata conoció de cerca la injusticia y fue asesinado con la intención de silenciar toda resistencia, sin embargo, su pensamiento y su lucha siguen vivos más de un siglo después, fortaleciendo causas legítimas en defensa del pueblo en México y a nivel mundial.

Estuvieron presentes en este evento, el presidente de la Mesa Di-

El mandatario enfatizó que Emiliano Zapata conoció de cerca la injusticia y fue asesinado con la intención de silenciar toda resistencia, sin embargo, su pensamiento y su lucha siguen vivos más de un siglo después, fortaleciendo causas legítimas en defensa del pueblo en México y a nivel mundial

rectiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la secretaria de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; el comandante de la Región Aérea del

Sureste, Edgar Salvador Rodríguez Franco; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Antonio Hernández Tejeda; el representante de la VII Región Militar, José

Javier Méndez Martínez; el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política; y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Carlos Torres Culebro, entre otros.

Denuncian invasión en parque ecológico El Encuentro

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Habitantes de la colonia Las Canastas, han alzado la voz para denunciar la ocupación ilegal de un terreno federal a un costado del río Fogótico por parte de un ciudadano estadounidense, quien lleva más de dos años viviendo en el lugar sin autorización. Según relatan los vecinos, el individuo ha sido visto arrojando residuos directamente al cauce del río, lo que ha encendido las alertas entre la comunidad, ya que muchas familias dependen de esa agua para consumo diario y tareas domésticas. La situación ha generado preocupación por las posibles consecuencias ambientales y sanitarias.

Pese a haber presentado quejas ante distintas instancias gubernamentales, como la Fiscalía General

de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de Migración y la policía local, los colonos aseguran no haber recibido respuesta ni acciones efectivas por parte de las autoridades.

Una vecina, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias, relató que al confrontar al extranjero, este respondió de manera desafiante: “Hagan lo que quieran, yo no me voy a mover”.

Cansados de la indiferencia institucional, los residentes hacen un llamado urgente a la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, para que intervenga y se dé solución inmediata a este caso. La comunidad exige el desalojo del individuo y la recuperación del terreno, con el fin de proteger tanto el entorno natural como la salud de quienes viven en la zona.

Redacción.

Consejero jurídico del gobierno de Oaxaca arremete contra Alejandro Murat

Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro)

El consejero jurídico del estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, denunció que el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, entregó el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, como pago de una deuda al ISSSTE, pese a que no contaba con ninguna certeza jurídica.

“Yo sinceramente creo que hubo valemadrismo (en el sexenio de Murat) porque no les importaba el tema de la salud”, arremetió el abogado.

Ante la polémica que existió de que el mismo Hospital de la Mujer y la Niñez fue inaugurado tres veces, dos por el presidente López Obrador y el más reciente, el pasado 21 de marzo, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario, precisó “que por la negligencia y el desorden de las administraciones pasadas” no se podía reintegrar este inmueble a la federación, porque no tenía certeza jurídica.

Explicó que para invertir un peso público lo primero que se debe tener es la certeza en el inmueble, por eso en el Hospital de la Mujer y la Niñez no podía invertirse un peso porque no había certeza jurídica.

“Yo te reitero, el presidente López Obrador tenía 700 millones de pesos que quería empezar a invertir para equipar ese hospital y que no pudo todo el 2023, lo que lograron fue pasar al ISSSTE por una deuda y luego de ahí para que lo pudiera adquirir IMSS Bienestar para equiparlo”, añadió.

Explicó que “durante todo ese tiempo ninguna autoridad de las que pasó se preocupó por dotarles de certeza jurídica a centros de salud, unidades médicas, hospitales, estamos hablando de casi 800 inmuebles que operaba servicios de salud y que ahora se tienen que regresar a la federación piden cedulas catastrales,

“Lo sorprendente fue cuando vi la forma en cómo era una transacción de 800 millones de pesos en un contrato privado, sin las formalidades de un procedimiento, sin elevarlo a escritura pública, sin darle certeza, y el ISSSTE lo recibe así”, denunció Geovany Vásquez Sagrero

pagos prediales, escrituras, pero no tienen nada”.

Consideró que todos los secretarios de salud y titulares de los servicios de salud de Oaxaca son responsables de todas estas irregularidades.

Detalló que, en el decreto de 1998, la federación entregó al gobierno del estado las instituciones de salud, los recibió y los empezó a operar con presupuestos federales; se creó un organismo público descentralizado, que era servicios de salud, pero no le dieron seguimiento para escriturar a todos.

Y ahora “que tenemos que hacer el reintegro de esos inmuebles para que la federación los tenga, no hay escrituras, son muy contados los que se escrituraron o son muy contados los que cuentan con una constancia de posesión o un certificado de derechos parcelarios o derechos agrarios, prácticamente están operando en el limbo”.

En ese mismo problema se encuentra, dijo, “el Hospital de la Niñez, el cual fue creado a través de varios parches, de un patronato, luego otra ley, luego otra enmienda y ese hospital va a pasar a IMSS-Bienestar. Ahí no se tenía ni inventario de los bienes muebles, de todo el equipamiento, alguien donaba una cosa,

alguien donaba otra, pero no tienes para acreditar la propiedad de nada”.

“Entonces es un desorden administrativo también y se va a extinguir porque al final de cuentas el Hospital de la Niñez es un Organismo Público Descentralizado (OPD) que se va a extinguir”.

Adelantó que “el Congreso de Oaxaca ya aprobó su extinción, pero no se ha publicado porque estamos esperando que IMSS-Bienestar esté listo para recibirlo con plantilla laboral, con insumos, con lo que requiere para la atención de la niñez”.

Reiteró que “ha sido de los problemas que nos hemos encontrado en la cuestión administrativa, pero en este que te comentaba (Hospital de la Mujer y la Niñez) lo sorprendente fue cuando vi la forma en cómo era una transacción de 800 millones de pesos en un contrato privado, sin las formalidades de un procedimiento, sin elevarlo a escritura pública, sin darle certeza, y el ISSSTE lo recibe así”.

Sin embargo, cuando fueron al INDAVI (Instituto Nacional para los Bienes Nacionales) no se los aceptaron porque no era un instrumento jurídicamente correcto.

El funcionario reveló que aunque el gobierno estatal insistió en que los

iban a inaugurar, no tenían el permiso de subdivisión del ayuntamiento, no tenían ni el traslado de dominio pagado al ayuntamiento para poder tener la certeza jurídica.

Desde 2023 “ya estaba el equipo alemán nuevo, los carros rojos para terapia intensiva, el equipo de urgencia, los monitores por cama ya estaban, López Obrador lo había intentado dar, pero no había podido, se fue retrasando el ejercicio fiscal y fue hasta estos meses que se pudo”.

Recordó que “el 10 de mayo de 2023, día de las madres, firmamos la escritura pública el gobernador y el jurídico para que pasara a ser del ISSSTE pero apenas empezaba el ISSSTE con el trámite para que pasara a ser IMSS-Bienestar y la negociación que llevaban entre los órganos de gobierno, porque estamos hablando de varios cientos de millones de pesos que ellos tienen que acreditar y cuál es la trazabilidad contable de ese recurso, pero una vez que entre ellos comenzaron, comenzó el equipamiento”.

Continuó: “El equipamiento no fue que vino la presidenta hoy, no, ya había comenzado el equipamiento varios meses antes porque calibrar y demás. Por eso hasta ahora se puede hacer la apertura y se agradece porque se estaba calculando que, para mayo, pero le metieron velocidad y pudo ser en marzo”.

Al cuestionarle que Morena premió a Murat, su respuesta fue contundente: “Ahí Mario Delgado le tiene que dar una explicación a la gente porque él dirigía (el partido) y lo aceptaron, cuando nosotros estamos en desacuerdo que haya aceptado a un personaje así”.

Cercano a García Harfuch es designado como fiscal general de Tabasco

Rodulfo Reyes

VILLAHERMOSA, Tab. (apro)

El Congreso de Tabasco designó este día a Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET). Quien fuera fiscal de investigación de la delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, fue electo con 32 votos a favor.

El 31 de marzo pasado que el coronel José Barajas Mejía dimitió como encargado de la FGET, Tonatiuh Vázquez fue nombrado como encargado de despacho, y desde entonces se consideró que sería ratificado por ser parte del equipo del

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

El exfiscal Barajas fue el último militar de alto rango en separarse de un cargo del área de seguridad del estado, tras la llegada, a principios de 2024, de un equipo castrense allegado al general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 15 de febrero fue removido como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal el general Víctor Hugo Chávez Martínez, y en su lugar se nombró al policía de carrera Serafín Tadeo Lazcano, con lo

que llegó un grupo cercano a García Harfuch a hacerse cargo del combate a la delincuencia en la entidad. Vázquez Landeros, en su primera declaración como fiscal tabasqueño,

aseguró que no prevé hacer modificaciones ni cambios en las vicefiscalias. El nuevo titular de la FGET cuenta con una maestría en investigación criminal en Ciencias Forenses.

Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, se detectaron operaciones financieras vinculadas al lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo, presuntamente realizadas por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estas organizaciones criminales habrían establecido conexiones en distintas capas del sistema financiero estadunidense, según reveló la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El 9 de abril se publicó el Análisis de Tendencias Financieras, centrado en los patrones detectados en los datos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), los cuales están vinculados al financiamiento ilícito relacionado con el fentanilo.

“Las instituciones financieras presentaron mil 246 reportes BSA que identificaron actividades sospechosas relacionadas con el fentanilo, por un monto aproximado de mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas”, señaló el informe.

Entre los hallazgos, FinCEN destacó que el Cártel de Sinaloa y el CJNG –ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras, terroristas globales especial -

Juan Carlos Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Los senadores de Morena y aliados aprobaron la Ley de Obras Públicas y Servicios, la cual confirma la sustitución de la plataforma Compranet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

La ley aprobada en el pleno de la Cámara alta –avalada previamente en la Cámara de Diputados- blinda a las Fuerzas Armadas para que éstas no transparenten información sobre las obras que construyan, previo convenio con otra dependencia pública.

La ley propone crear la Tienda Digital del Gobierno Federal para adquisiciones de bienes o servicios a través de órdenes de suministro o servicio a través de la plataforma digital.

Los senadores aprobaron la reforma en lo general y lo particular por 66 votos a favor y 23 en contra, la cual también faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para administrar la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Además, la reforma establece la figura de los Diálogos Estratégicos, a través de los cuales el Estado podrá identificar claramente las necesidades del mercado y ajustar los pro -

Cártel de Sinaloa y CJNG lavaron dinero del fentanilo gracias a sistema financiero de EU: FinCEN

Estas organizaciones criminales habrían establecido conexiones en distintas capas del sistema financiero estadunidense, según reveló la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

mente designados y organizaciones de tráfico de drogas– controlan una parte sustancial de la cadena de suministro de fentanilo desde México y a la vez, recurren a una estructura financiera paralela que incluye empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios con base en Estados Unidos, lo que complica el rastreo de los recursos ilícitos.

“Las ventas domésticas de fentanilo parecieron realizarse principalmente en efectivo y mediante transferencias entre particulares, las cuales

fueron mencionadas en el 54% y 51% de los informes BSA, respectivamente”, se lee en el documento.

El reporte también documenta la participación de actores extranjeros, particularmente de China, tanto en la provisión de precursores químicos como en esquemas sofisticados de lavado de dinero.

“El análisis de FinCEN identificó a México y a China como los dos principales países extranjeros que aparecieron en los campos de dirección de los sujetos reportados en los

informes BSA relacionados con el fentanilo presentados en 2024”, se detalló en el análisis.

Además, se identificaron esquemas complejos que involucran a presuntas organizaciones chinas, dedicadas al lavado de dinero, las cuales habrían facilitado el movimiento de ganancias ilícitas en nombre de los cárteles mexicanos.

Los proveedores químicos en China, señala el documento, aceptan múltiples métodos de pago y aprovechan anuncios públicos y plataformas de comercio electrónico para comercializar los precursores utilizados en la fabricación del fentanilo.

“El fentanilo ilícito es sintetizado, traficado e ingresado principalmente a Estados Unidos por cárteles mexicanos y utilizan precursores químicos y equipos de manufactura que provienen principalmente de la República Popular China (RPC) para sintetizar fentanilo ilícito en laboratorios clandestinos”, concluyó el informe.

Senado desaparece Compranet y excluye a Ejército de transparentar convenios con otras dependencias

cesos licitatorios para incentivar la participación efectiva y el aprovechamiento pleno de la capacidad técnica y financiera del sector privado.

La reforma será enviada a la titular del Ejecutivo Federal para su entrada en vigor.

Advierten discrecionalidad

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la reforma elimina el sistema Compranet, herramienta que, resaltó, ha sido clave para transparentar las contrataciones públicas.

“Hay muchos peligros, entre otros, el que se pierda la información de 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos de los sexenios pasados. La nueva plataforma solo obliga a guardar la información por 5 años, esto implica que los contratos del sexenio de Calderón, Peña y Andrés Manuel López Obrador puedan perderse”, resaltó.

Además, dijo que la figura del diálogo competitivo estratégico que busca implementar encuentros pre-

vios entre empresas y el gobierno es algo que, afirmó, sin una regulación adecuada, podría incrementar la discrecionalidad y el favoritismo en la asignación de contratos.

Por su parte, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, resaltó que el dictamen representa una amenaza directa a la transparencia y a los mecanismos de rendición de cuentas, debido a que los programas estratégicos prioritarios del Gobierno, a cargo de las Fuerzas Armadas, quedarán exentos de la norma.

“Si las obras públicas militares que-

dan fuera del control elemental que la Constitución señala, estamos hablando entonces de los megaproyectos más costosos y de mayor impacto que se han realizado y que se van a hacer sin seguir un procedimiento de licitación pública, solamente mediante convenios acordados y definidos por las autoridades castrenses.

“Recordemos que en esta ley no solo se exime de utilizar la licitación pública, sino también se permite no dar cumplimiento a las leyes de transparencia, ya que no tienen que publicar la información respectiva”, dijo.

Familiares de desaparecidos “clausuran” el Senado, “una institución que no sirve”

Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

“Clausurado por falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas”, se lee en los vinilos colocados en las rejas que rodean el Senado de la República, en su acceso por la calle Madrid, a unos pasos de la avenida Reforma, en la Ciudad de México.

Los sellos de clausura estuvieron acompañados de lonas con cientos de fotografías de personas desaparecidas colocadas en las mismas rejas y sobre la banqueta de los accesos al Senado, así como la frase demoledora: “Negar y Ocultar es Desaparecer +127 mil Desaparecidos”.

Esa fue la reacción de familiares de víctimas de este flagelo ante el pronunciamiento contra el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Olivier De Fourviille, aprobado por Morena y sus aliados en el Senado, a instancias del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Los familiares de personas desaparecidas arribaron a las 10 de la mañana al recinto legislativo, donde ya los esperaban vallas metálicas que les impedían aproximarse a las puertas del recinto legislativo, por lo que madres buscadoras, se treparon en ellas para realizar sus acciones de protesta.

En nombre de los familiares de víctimas, Jorge Verástegui, de la Glorieta de los Desaparecidos, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, en 2009, explicó que es estaba clausurando “una institución que no sirve” a las víctimas, negando la existencia de las desapariciones forza-

Juan Carlos Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Los diputados oficialistas aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 20252030, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.

El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado por 343 votos a favor y 122 en contra, mismo que se articula sobre cuatro ejes generales y tres ejes transversales que estructuran la política pública en su conjunto; gobernanza con justicia y participación ciudadana; desarrollo con bienestar y humanismo; economía moral y trabajo; desarrollo sustentable; igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo busca que México se consolide como una de las diez economías más gran-

das en México.

Reprochó la actitud negacionista “a esos políticos del oficialismo que se aprovecharon de nuestras causas cuando estaban en la oposición y ahora se desgarran las vestiduras diciendo que mentimos, cuando lo único que les interesa es el poder y los votos”.

Recordó que, al menos desde 2015, “frente al creciente número de desapariciones”, familiares de víctimas solicitaron al CED que aplicara el artículo 34, que posibilita que se eleve la situación de desapariciones en México a la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Nos da gusto que la ONU finalmente responda, aunque sea tarde, porque la crisis sigue en una magnitud impresionante”, dijo Verástegui ante periodistas reunidos para atestiguar las acciones de protesta.

“Las familias volvemos a salir a denunciar la simulación del Estado, salimos a respaldar al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y le traemos al Senado de la República la realidad que no quieren ver, le traemos a nuestros desaparecidos y desaparecidas y le reiteramos que no conocen el país y no conocen la problemática, tanto que se atreven a decir que no hay desapariciones forzadas”, resaltó.

Afuera de un Senado blindado, Ve-

rástegui señaló que los familiares insistieron durante años al CED que se aplicara el artículo 34, “ante este pacto de impunidad que ningún partido político ha querido romper y no es que no puedan hacerlo, no quieren hacerlo, como no quieren buscar a nuestros familiares, porque este no es un problema de leyes ni de instituciones, es un problema de voluntad política y hasta que el gobierno no asuma un compromiso real no van a cambiar las cosas”.

El defensor reprochó el “diálogo simulado” con los colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que estaría encaminado a modificar la iniciativa que presentó ante el Senado para modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la Ley Nacional de Población.

“La iniciativa está aquí, está en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, ya no es en la cancha del Ejecutivo (…) y nos da mucha rabia que, frente a otros temas, por ejemplo, el de los maestros, que sí los obligaron a retirar la iniciativa, y en el nuestro no, en el nuestro simulan que nos quieren escuchar, pero en realidad no les interesa”, sostuvo.

Verástegui reconoció que integrantes de colectivos han decidido no participar en los diálogos con la Segob porque no ven “una muestra real de voluntad política, porque siguen manteniendo en el cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (Teresa Guadalupe Reyes), una persona que no tiene experiencia en búsqueda, que violó la Ley General en Materia de Desaparición y hoy sigue en el cargo”. Al rechazar también el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que niega la existencia de desapariciones forzadas, Jorge Verástegui advirtió que desde 2017 familiares de víctimas han solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional.

Exigen una disculpa pública de Fernández Noroña

Jacqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en la alcaldía Iztapalapa en 2020, exigió “una disculpa pública” del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña, quien con sus expresiones negando la existencia de las desapariciones “se la pasan revictimizando a las familias” que tienen alguno de sus integrantes desaparecido.

“No estamos enojados, no estamos enojadas, estamos encabronadas y lo que le sigue, este señor tiene que salir a dar una disculpa pública a las más de 120 mil familias buscadoras”, dijo Palmeros.

Fundadora del colectivo “Una luz en el camino”, Jacqueline Palmeros reprobó que se niegue la existencia de la crisis de desaparecidos cuando México ha sido sometido al escrutinio del CED desde hace varios años, en que se han emitido recomendaciones “y lo que han hecho es ignorarlas”.

Diputados oficialistas aprueban Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

des del mundo con diversas estrategias como impulsar la inversión privada, generar empleos formales y de calidad, aumentar el contenido nacional en los procesos productivos, simplificar los trámites administrativos y combatir la pobreza y la desigualdad.

Oposición acusa al Plan de ser propaganda “Este decreto que se supone traza el rumbo de México, para los próximos seis años, no es más que una colección de buenas intenciones y sin rumbo, sin metas claras, sin planeación, sin sustento técnico ni presupuestal, nos quieren vender el llamado segundo piso de la cuarta transformación como un avance, pero lo que vemos aquí no es una escalera hacia el futuro más bien es un sótano del desarrollo”, criticó rl diputado del

PRI, Arturo Yáñez Cuellar.

Por su parte, la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez Alcalá, enfatizó que Plan Nacional de Desarrollo es un panfleto propagandístico del Gobierno Federal que debería de contener una visión de largo alcance con objetivos, metas, acciones concretas para resolver las necesidades identificadas en la sociedad.

“Hoy toca debatir sobre el panfleto propagandístico del gobierno federal disfrazado de Plan Nacional de Desarrollo. El desarrollo de las naciones no es un truco de magia que los gobernantes puedan sacarse del sombrero o diseñar apostando únicamente a las ideas, esfuerzos o talentos del grupo en el poder”.

Puntualizó: “Planear el desarrollo desde la arrogancia gubernamental y que todo lo pretende resolver en las

conferencias mañaneras es una receta infalible para el desastre. Esa fatal arrogancia es la que observamos una y otra vez en las señales que envía el gobierno federal, encadenado a una guerra sin cuartel, contra cualquier contrapeso, a los caprichos del Palacio Nacional, reflejado en la eliminación de órganos autónomos clave como el Inai y sin resolver, por supuesto, el vacío que se genera”.

Violencia, impunidad y la extinción del INAI, barreras para la libertad de expresión: Artículo 19

Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

La persistente violencia contra periodistas, la incapacidad institucional para esclarecer las agresiones contra comunicadores, la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la vigilancia digital gubernamental y la condena al olvido de las graves violaciones a derechos humanos, son algunos de las obstáculos a los que se enfrenta la sociedad mexicana en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, advirtió Artículo 19 en su informe anual 2024.

En el documento “Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información”, la organización advirtió que, durante 2024 registró 639 agresiones contra comunicadores, que representa un aumento del 13.9% respecto a 2023.

Entre agresiones ocurridas el año pasado, cinco de ellas corresponden a casos de asesinatos, uno de ellos el de Mauricio Cruz Solís, el primero ocurrido durante el mandato de Claudia Sheinbaum, sumando 168 asesinatos de periodistas desde 2000 a 2024, 156 hombres y 12 mujeres, según los registros de Artículo 19.

Las agresiones contra los integrantes de la prensa que más resaltan está “el acoso judicial como método de censura”, registrándose 21 casos, lo que significa que “cada tres semanas se comenzó un proceso contra periodistas por sus investigaciones o publicaciones”, de los cuales en 28.57% de las denuncias se interpusieron en el contexto del proceso electoral por violencia política de género.

Del total de agresiones registradas, 287 fueron atribuidos a algún agente del Estado mexicano, lo que representa el 44.91% del total.

Artículo 19 identificó que, en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo

una tendencia sistemática de agresiones contra periodistas, a través de las conferencias matutinas, mientras que en los primeros tres meses del gobierno de Sheinbaum se redujo la frecuencia de los ataques, pero constató que, por medio de la instrumentación de la sección “El detector de mentiras”, se “facilitan narrativas de estigmatización y enemistad”.

De acuerdo con los registros de Artículo 19, los estados del país donde se acentuó la incidencia de agresiones fueron la Ciudad de México (170 casos), Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32).

“Pero más allá de la tipología de las y los perpetradores, en el contexto de la gobernanza criminal, los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, policías y miembros del Poder Judicial, tienen vínculos directos con las organizaciones delictivas, lo que permite que los crímenes contra periodistas queden impunes”, se lee en el informe.

Esta realidad explica la desconfianza de los periodistas en las autoridades, pues “sólo uno de cada tres periodistas agredidos presentó una denuncia ante una fiscalía estatal o federal”.

La desconfianza se alimenta de la falta de acceso a la justicia, pues en el caso de la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE), el 84.77% de los casos de violencia contra la prensa sigue en la impunidad”.

Como una de las barreras para ejercer el derecho a la información,

Artículo 19 apuntó a la desaparición del lNAI, bajo el argumento de la austeridad republicana, pero la realidad es que sin ese órgano autónomo “el gobierno puede ocultar con facilidad la corrupción, las violaciones a derechos humanos y los abusos del poder”.

En su informe anual, la organización consideró que es previsible “un caos institucional” ante la concentración de algunas de las funciones del INAI en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, de reciente creación, además de que hay incertidumbre de lo que ocurrirá con los más de 14 mil millones de archivos y solicitudes a sujetos obligados que albergaba la Plataforma Nacional de Transparencia.

“La desaparición del INAI implica grandes desafíos para el acceso a archivos sobre la guerra sucia, el papel del Ejército en la represión de movimientos sociales y la responsabilidad del Estado en violaciones graves a derechos humanos”, consideró en su informe.

En su balance anual, la organización abordó medidas como “el sistema de vigilancia y control informativo que el Estado ha impulsado bajo un mensaje de modernización, eficiencia y cercanía”.

Puso como ejemplos, “el abuso documentado de tecnologías emergentes por parte del gobierno como la recolección de datos biométricos y la compra de tecnologías de vigilancia por parte de órganos como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), que

se han realizado sin licitación y sin supervisión”.

“Barreras Informativas” abordó el preocupante desdén de las autoridades hacia víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como ocurre con las familias de personas desaparecidas y sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia, a pesar de que en su primer acto de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la masacre del 2 de octubre de 1968 como un crimen de Estado, sin que hasta ahora se retomen dos informes elaborados en el sexenio pasado sobre ese periodo, a cargo de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso de la Justicia (Coveh).

Al señalar que hay una situación similar en el caso de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la organización sostiene que en materia de desaparición de personas, “tampoco se reconoce la continuidad de estas prácticas en la actualidad, en un contexto donde más de 124 mil personas siguen desaparecidas y más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones forenses”.

Artículo 19 abordó la “incertidumbre institucional”, como la última barrera para el ejercicio efectivo de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, al documentar que persiste un “debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de garantizar justicia y proteger los derechos humanos”, al contar con “presupuestos mínimos, estructuras burocráticas e ineficaces y, en muchas ocasiones, complicidades que obstaculizan la procuración de justicia”.

Ejemplo de lo anterior es la FEADLE, que en 2024 sólo se le destinó un presupuesto de 18.6 millones de pesos, que representa menos del 0.1% del presupuesto total de la FGR y que sólo integró 84 investigaciones, “dejando cientos de agresiones en manos de las fiscalías locales, a menudo capturadas por políticos y crimen organizado”.

Trump acusa a México de “robar” agua de Texas y amenaza con aranceles

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

El presidente Donald Trump amenazó al gobierno de Claudia Sheinbaum con imponer más aranceles si no da agua a Texas, porque asegura que México está violando el Tratado de Aguas de 1944.

Acusó de “robar” el recurso a los agricultores del estado fronterizo.

A través de una publicación en su red social, el mandatario estadunidense aseguró que México le debe a Texas 1.3 millones de acres-pie de agua (es decir, mil 603 millones 524 mil metros cúbicos), de acuerdo con

lo que se estableció en el acuerdo firmado hace más de 80 años.

“Lamentablemente, México está violando su obligación bajo el Tratado. Esto es muy injusto y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas”, señaló.

Aseguró que el año pasado, el único ingenio azucarero de Texas “cerró” debido a que “México ha estado robando el agua de los agricultores texanos”.

Tratado de Aguas de 1944

El 3 de febrero de 1944, se suscribió el “Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande)

desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, mismo que fue ratificado por México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril de ese mismo año.

El convenio establece la asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado de la siguiente manera: Asimismo, establece las atribuciones de la Comisión Internacional de Límites creada en 1889, cambiando su nombre por el de Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) México-Estados Unidos, organismo binacional encargado de la solución

de cualquier conflicto que surja entre ambos países, respecto al uso y aprovechamiento de las aguas internacionales en la frontera México-Estados Unidos.

Feministas atraviesan crisis de financiamiento por grupos conservadores en el poder: Subdirectora de Fondo Semilla

Paola Piña Ciudad de México. (Tribuna)

El avance de la ultraderecha en diversos países, impulsado por gobiernos que promueven políticas conservadoras, ha generado incertidumbre entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos; en los últimos meses, han reportado recortes presupuestales y retrocesos que ponen en riesgo tanto sus labores como los avances logrados en la protección de niñas, mujeres y adolescentes.

En el marco del foro Feminismos, seguridad y justicia: Retos y resistencias ante el contexto internacional actual, organizado por el CEIICH-UNAM, se llevó a cabo la mesa “La agenda feminista frente a grupos contrarios a la igualdad de género”. En este espacio, Diana Medina, subdirectora de Fondo Semilla, destacó que las organizaciones y fundaciones feministas atraviesan una crisis de financiamiento desde la llegada de grupos conservadores al poder.

Medina señaló que, durante la pandemia de COVID-19, fundaciones y organizaciones feministas lograron un aumento en su presupuesto, lo que trajo consigo múltiples beneficios para su crecimiento y el fortalecimiento de sus funciones. Sin embargo, este impulso económico no ha perdurado. Por el contrario, en los últimos años, se han registrado recortes significativos en los recursos disponibles.

Un ejemplo claro de este impacto es la decisión del gobierno de Donald Trump de despedir a casi todo el personal de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en las últimas semanas. La USAID, encargada de administrar la ayuda humanitaria y el desarrollo económico en el extranjero, ha frenado gran parte de los fondos destinados a la cooperación internacional, lo que está desestabilizando regiones vulnerables y ralentizando los avances en derechos humanos.

El retiro de los fondos de USAID no solo representan la reducción de la cooperación internacional, sino un impacto en diversos sectores sobre todo aquellos relacionados con derechos humanos, seguridad, asistencia humanitaria y estabilidad política en varios países. También tiene una incidencia directa en organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, programas de salud, apoyo a refugiados y mecanismos de fortalecimiento de la democracia.

Históricamente, México ha sido uno de los países más apoyados por el USAID. La suspensión de 90 días de la agencia ya generó las primeras crisis. El medio La Jornada señaló la congelación de 100 millones de dólares

en programas, la mayoría de ellos basados en acuerdos y negociaciones con el gobierno mexicano durante los últimos seis años. Dañando así proyectos enfocados en derechos humanos, apoyo a la libertad de expresión y protección a periodistas, fortalecimiento del sistema de justicia penal y ayuda a migrantes y refugiados.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil dependen en gran parte de los fondos de USAID. Debido a los recortes han tenido que despedir hasta el 80% de su personal o cerrar por completo. Entre las organizaciones afectadas se encuentran defensores de derechos humanos, colectivas feministas, redes de apoyo a periodistas, organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas y agrupaciones de atención a víctimas de trata de personas.

Por otro lado, la suspensión tendrá un impacto en cuanto a la seguridad, lucha contra el crimen organizado y atención a personas migrantes. Por ejemplo, no se podrá capacitar a policías en el nuevo sistema de justicia penal, afectará el combate al tráfico de derivas y armas y dañará a los refugios para migrantes en tránsito por México.

Sin embargo, uno de los sectores más golpeados es el de salud sexual y reproductiva. Datos del Instituto Good Sherpherd explicaron que, en tan solo dos semanas de suspensión de fondos alrededor de 2 millones de mujeres y niñas quedaron sin acceso a los anticonceptivos y por cada semana que pase se añadirá un millón más.

Además, los empleados no estadounidenses que trabajan en las delegaciones de la USAID representan más del 40% de la plantilla de la agencia, que la administración de Trump busca desmantelar y transferir en gran parte al Departamento de Estado. Se prevé que, para septiembre de 2025, casi todos los empleados de la USAID sean despedidos.

De acuerdo con la ONU, el gobierno de Estados Unidos financió cerca del 47% de los recursos humanitarios a nivel global el año pasado. Por ello, la actual escasez económica afectará directamente a organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivas feministas, redes de apoyo a periodis-

tas, grupos de búsqueda de personas desaparecidas y asociaciones que apoyan a víctimas de trata de personas.

Frente a este panorama, Diana Medina afirmó que la crisis de financiamiento no se limita únicamente a Estados Unidos, sino que se ha extendido a nivel global. “Este año, nosotras solo tenemos asegurado el 50% del presupuesto para el ciclo 2026-2028”, aseguró.

No obstante, la subdirectora de Fondo Semilla destacó que los movimientos sociales en América Latina han sabido adaptarse y continuar con su labor, a pesar de las limitantes económicas. Sin embargo, para poder resistir ante esta crisis, aseguró que es necesario ser flexibles y crear alianzas con los donantes, con el fin de asegurar los recursos necesarios.

El avance del conservadurismo ha puesto en riesgo el objetivo de las organizaciones de llevar a cabo un activismo digno que permita remunerar adecuadamente a sus integrantes. Bajo este nuevo contexto, esa meta se ve cada vez más distante.

Organizaciones feministas

Pese a que en la última década se mostró un supuesto interés en financiar la igualdad entre hombres y mujeres y las acciones feministas colectivas, con el ascenso del conservadurismo, ha emergido una reacción adversa contra la justicia de género en muchos países, acompañada de una grave falta de recursos para los movimientos feministas.

De acuerdo con un informe de AWID titulado “¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas?”, una de las formas más efectivas de garantizar un cambio sostenible y promover la igualdad de género es apoyar y dotar de recursos a los movimientos feministas.

El informe señala que la movilización de las organizaciones feministas es un factor decisivo para el cambio en las políticas contra la violencia hacia las mujeres, siendo incluso más eficiente que la presencia de mujeres en cargos gubernamentales. Sin embargo, pese a los compromisos de los donantes para financiar la igualdad de género, más del 99% de la asistencia oficial para el

desarrollo (AOD) y las donaciones de fundaciones no llega de forma directa a los movimientos feministas que luchan por la justicia de género y los derechos de las mujeres.

El informe también incluye una serie de recomendaciones para los donantes con el fin de mejorar el sistema de financiamiento hacia las organizaciones feministas, tales como:

Aprovechar sus compromisos políticos para iniciar nuevos programas de financiamiento o revisar los existentes.

Ajustar los criterios de selección y los mecanismos de financiamiento para otorgar fondos a organizaciones capaces de generar el mayor impacto posible en el ámbito de los derechos de las mujeres.

Comprometerse a desarrollar mecanismos de rendición de cuentas a los movimientos feministas.

Adoptar e incluir modelos de gobernanza participativa que incluyan a actores feministas de base y sean liderados por sus integrantes.

El impacto en América Latina De acuerdo con la ONU, el 47% de la ayuda humanitaria proviene de los fondos gestionados por USAID, el cual destina 2 mil 300 millones de dólares a esta área del mundo. Por lo que, su suspensión incide en millones de personas de America Latin y otras regiones en desarrollo.

Se presentan afectaciones en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que distribuye comida en campamentos refugiados y zonas de pobreza extrema; al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FAO) que apoya a pequeños agricultores en países en crisis; y a ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados que ha tenido que reducir su asistencia en casos de migrantes en México.

Aunque hay implicaciones en diversos ámbitos, quienes se verán mayormente afectados son los financiamientos a 43 países que cuentan con 400 mil personas refugiadas que han quedado en asistencia debido a los recortes de USAID. En América Latina, esto afectará a migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador; solicitantes de asilo en México y Centroamérica; y a las niñas y mujeres en situación de violencia y trata de personas.

Imposición del conservadurismo, el motivo de los recortes de USAID

Para la periodista Lucia Huerta Lagunes, los recortes de USAID no solo responden a una política de austeridad y ahorro de recursos, sino a un enfoque ideológico y político del gobierno de Trump. Recordemos que, desde su campaña política en 2024, ha intentado imponer ideologíasalineadas al Make America Great Again (MAGA), así como eliminar las agendas de género en el mundo.

YUCATÁN DESPENALIZA EL ABORTO

Wendy Rayón Garay

Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y con esta entidad, ya suman 22 en donde las mujeres podrán ejercer el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Esta iniciativa fue posible por los 22 votos de la bancada de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, los cuales tuvieron en contra, 13 votos del PAN y PVEM.

Hay que recordar que en agosto del 2024, luego de una sesión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandó al Congreso yucateco derogar todo artículo que criminalizara a las mujeres por abortar.

Dicha votación se efectuó luego del trabajo civil impulsado por Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, donde recibió cuatro votos a favor y uno en contra por parte del ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Por tanto, el siguiente paso después de agosto del 2024, era comenzar con la derogación de una serie de artículos que violentaban y transgredían los derechos humanos de las mujeres. Entre estos artículos se encuentran el 392, 393, 390, y el 389.

Para entender mejor qué dicta el Código Penal local de Yucatán, Cimacnoticias consultó el documento y estos son los principales hallazgos:

En Yucatán, el aborto está tipificado como la muerte del producto en cualquier etapa de la preñez, incluyendo, la concepción. En este sentido, se encuentra en el artículo 390 y 391, leyes pu -

nitivistas en contra de cualquier persona que ayudase a una mujer a abortar. El castigo para quienes desempeñaran este trabajo, conllevaba una suspensión de hasta 5 años en su profesión y de 1 a 5 años de prisión.

En Yucatán, el aborto no era sancionable en los siguientes escenarios:

Cuando sea causado por acto culposo (sin intención «maliciosa»)

Cuando sea resultado de abuso sexual o inseminación artificial no consentida

Cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte

Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas; cuando la mujer tenga, al menos, tres hijos.

Consultando el documento oficial de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), estadísticas 2007 a 2023, se encuentra que en este periodo de tiempo, han viajado a la CDMX, un total de 263 mil 267 mujeres con el objetivo de realizarse un aborto.

Trabajo legislativo

En en el marco de la sentencia resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres, en sesiones de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, y de Salud y Seguridad Social, se aprobó el dictamen de las iniciativas para reformar, derogar y adicionar disposiciones al Código Penal y de la Ley de Salud, ambas del Estado, en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres.

El proyecto de dictamen al Código Penal de acuerdo a lo man -

datado por la Corte permite el derecho a decidir de las mujeres hasta las 12 semanas y también plantea la definición precisa de aborto forzado y aumentando las penas para este delito pasando de 3 a 8 años, a 5 a 10 años de prisión y en el caso de aborto forzado con violencia, pasando de 6 a 9 años a 9 a 15 años de prisión.

Al respecto, la diputada Clara Paola Rosales Montiel (morena) reconoció la labor y la voluntad política de las y los diputados presentes en la comisión, al legislar más allá de los colores partidistas y a favor de los derechos humanos de las mujeres.

“Un reconocimiento a la población que acudió a los llamados de las reuniones que se hicieron para sensibilizar sobre el tema”, agregó.

Previamente, se llevó a cabo la sesión de la comisión de Igualdad de Género, donde dieron lectura a la opinión relativa a las iniciativas en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres.

Al respeto, la presidenta de la comisión, diputada Larissa Acosta Escalante recordó la importancia del trabajo en conjunto entre autoridades y sociedad civil, para llegar a puntos de acuerdo y lograr productos legislativos.

“Es histórico que se abran las puertas del Congreso y en ese sentido lo que toca es apegarnos a lo que la Suprema Corte mandata y hacerlo de la mejor forma posible. Estas iniciativas fueron presentadas por las diputadas más jóvenes de la Legislatura, lo cual significa un compromiso que tiene una nueva generación hacia los derechos humanos”, aseguró.

FUERZAS ARMADAS HACEN OBRAS

ESTRELLA,

PERO

COTIDIANA

Las Fuerzas Armadas que llegaron a la Península de Yucatán para la construcción del Tren Maya, iniciaron un proceso de “irrupción militar” de consecuencias negativas para comunidades de la región, alerta la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS).

El estudio “¿A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos”, concluye que las Fuerzas Armadas no fungen únicamente como servidores públicos en la región, sino que se han “insertado” en la estructura y dinámica comunitarias, adoptando múltiples roles: patrones, clientes, contratantes, proveedores, vecinos y/o parientes. Esa “irrupción”, advierte CCIS, no solo tiene impacto en la vida cotidiana de la población, sino que pone en riesgo los derechos humanos, la seguridad y hasta las libertades en localidades como Calakmul, en Campeche, así como Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, en Quintana Roo. “No se están limitando a funciones de seguridad pública, de seguridad nacional, de resguardo de fronteras o instalaciones estratégicas y tampoco están solo en la construcción, supervisión, operación y administración de megaproyectos, sino que la irrupción militar propicia la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza”, explica Suhayla Bazbaz Kuri, fundadora y directora general de CCIS.

Aunque la militarización, entendida como asignación de distintas labores de civiles a militares, no inició en el gobierno de López Obrador, sí se aceleró en su administración, señala Bazbaz.

“El pueblo uniformado” como lo llamaba el expresidente al Ejército, recibió nuevas tareas más allá de la seguridad, por lo que la Defensa incrementó su poder y recursos económicos.

El Inventario Nacional de lo Militarizado realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) , México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta, revela que entre 2007 y 2022 se registraron 258 transferencias entre autoridades estatales e instituciones militares.

De esos convenios, el 36% (94) se dieron en el gobierno anterior, por lo que los militares incursionaron en labores como apoyo a la atención a la emergencia de Covid-19, combate al robo de hidro-

IRRUMPEN VIDA

DEL SURESTE

Lidia Arista

carburos, vigilancia de las fronteras para el control migratorio, traslado de mercancía decomisada, administración y control de aduanas, así como entrega de medicamentos y construcción de obras públicas. Una de las obras que el gobierno asignó a la Defensa fue el Tren Maya, que se construyó en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Es en estas últimas dos entidades donde la organización identifica dicha “irrupción”. Parte de ese fenómeno se refleja en la construcción de nuevos cuarteles militares, expropiación de terrenos a favor de la Sedena o de Fonatur, campamentos base dentro de comunidades, presencia “desproporcionada” de militares y tránsito constante de vehículos militares en carreteras, avenidas y calles en las comunidades.

La organización también ve amenazas a la participación en asuntos públicos; a condiciones justas y favorables de trabajo; a vivir en un ambiente sano; al derecho de acceso a la información; a la libre determinación y autonomía de los pueblos, entre otros.

También generan empleo

En contraparte, derivado de las obras en el sureste, en algunas entidades como Quintana Roo se incrementó la generación de empleos.

De acuerdo con datos del Inegi, en el estado gobernado por la morenista, Mara Lezama, hubo un incremento en la Población Económicamente Activa (PEA). Pasó de 969,918 personas en el cuarto trimestre de 2023 a 975,348 en el mismo periodo (octubre-diciembre) de 2024.

No obstante, en el tercer trimestre de 2024, la actividad económica de Quintana Roo mostró un decremento de 13.7 por ciento a tasa anual.

“Este resultó del retroceso de las actividades secundarias y terciarias de 47.1 y 1%, respectivamente”, reportó el Inegi el pasado 29 de enero.

Pero en Campeche, el otro estado

identificado con la “irrupción”, hubo una ligera reducción de la PEA, al pasar de 441,954 a 437,873 personas entre el cuatro trimestre de 2023 y el cuatro trimestre de 2024.

“En el tercer trimestre de 2024, la actividad económica de Campeche mostró un decremento anual de 10.5 por ciento. Este resultó del retroceso de las actividades secundarias y terciarias de 13.1 y 1%, respectivamente”, señaló el Inegi en su reporte más reciente de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

¿Cuándo se van? En el sexenio de López Obrador, las Fuerzas Armadas fueron un pilar del gobierno. El entonces titular del Ejecutivo federal rechazó que se incurriera en una militarización de la administración pública, pues los soldados solo cumplían con sus misiones. “La mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarización como suelen decir del país. Por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército; es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado”, aseguró el 19 de febrero de 2023, día del Ejército mexicano.

Alejandro Martínez, especialista en seguridad nacional y catedrático de la Universidad La Salle, explica que en el sexenio anterior las Fuerzas Armadas fueron vistas como eficaces, sin embargo, no han estado exentas de algunas polémicas.

“Hay una eficiencia en los temas administrativos como la terminación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum, la construcción de tramos en el Tren Maya, pero, por otro lado, en cuestiones esencialmente de derechos humanos”, expone.

Las Fuerzas Armadas han sido por años una institución que goza de la confianza ciudadana. El 83% de los mexicanos confía en la Defensa Nacional, mientras que

el 87.5% lo hace en la Marina, de acuerdo con una última encuesta del INEGI .

De acuerdo con el estudio, esa confianza no se refleja en la opinión de vecinos de las tres comunidades con “irrupción”(Calakmul, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco), donde sus habitantes se sienten vulnerables.

De acuerdo con el estudio de CCIS, algunas personas manifestaron que la “irrupción militar” les ha hecho sentir depresión, ansiedad, frustración, enojo, desesperanza, desconsuelo, aislamiento, desconfianza, inseguridad y preocupación. Algunos habitantes incluso han optado por dejar sus comunidades.

“De ser quienes estaban a cargo de la construcción de los tramos seis y siete del Tren Maya, los militares se convirtieron en una presencia incómoda y con frecuencia se preguntan cuándo se van”, se indica en el documento.

“Las personas también cuidan lo que dicen, con quién lo dicen, dónde lo dicen y cómo lo dicen. Ello se debe a la entreveración de militares con distintos roles en los diferentes ámbitos en los que transcurre el día a día, a que se sabe que hay informantes que registran y reportan lo que consideran inusual y al monitoreo de organizaciones, colectivas y defensoras y defensores”.

Algunas personas,, incluso compartieron a la organización que temen a que se les detenga, cuestione, vigile o criminalice por sus posturas políticas.

El riesgo de la continuidad

Con la presidenta Claudia Sheinbaum, las Fuerzas Armadas se mantendrán en tareas más allá de seguridad. Los militares participan en la construcción del tren México-Querétaro, en la construcción de los Polos del Bienestar y en la ampliación de puertos, lo que puede generar riesgos.

“Pensamos que lo que está ocurriendo en estos tres municipios de la península de Yucatán puede ser un laboratorio de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la construcción del tren México-Pachuca, del México-Querétaro, del QuerétaroIrapuato, del Saltillo-Nuevo León”, alerta Suhayla Bazbaz.

“Todos estos son nuevos trenes que la presidenta ha anunciado que estarán a cargo de esos ingenieros militares, irrumpiendo los territorios y cambiando la estructura y la dinámica en los que se da la vida cotidiana en esos territorios”.

LUZ EN LA SOMBRA

Ernesto Villanueva

No cabe duda de que el derecho a saber constituye una piedra angular del ejercicio democrático. A la luz de los recientes acontecimientos que han afectado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se ha generado un clima de incertidumbre sobre el porvenir de estos derechos fundamentales en México. En este contexto, adquiere particular relevancia la obra Luz en la sombra. Mi camino por la transparencia y el INAI (Universidad Autónoma de Zacatecas, 2025), de la excomisionada Julieta del Río. Primero. Luz en la sombra no es un libro más dentro del amplio corpus que se ha producido en México sobre transparencia y acceso a la información —frecuentemente con un enfoque academicista, abstracto y alejado de la praxis institucional—, sino una contribución singular escrita en primera persona, donde la autora entreteje rigurosos datos contextuales con una valiosa narrativa testimonial. Desde esta perspectiva, el texto ofrece un recorrido íntimo por la vida institucional del INAI y permite comprender, desde dentro, los retos, avances y omisiones de un órgano garante que fue clave en la vida pública del país.

A diferencia de muchas obras teóricas, este libro recupera casos concretos de alto interés público, así como otros que reflejan el impacto cotidiano de la transparencia en la vida de las personas comunes. De su lectura se desprende con claridad cómo el derecho de acceso a la información no es un fin en sí mismo, sino una prerrogativa instrumental que habilita el ejercicio de otros derechos. Este enfoque se desarrolla con

minuciosidad, sin perder la mirada crítica. Prueba de ello es el capítulo 4, en el que la autora reconoce los déficits históricos del INAI desde su origen como IFAI en 2003, y enuncia áreas fundamentales que fueron desatendidas: a) la socialización del conocimiento; b) la capacitación sistemática de los sujetos obligados; c) la simplificación de trámites burocráticos, y d) la reducción de la brecha digital mediante estrategias efectivas de alfabetización en información y tecnología dirigidas a los sectores más amplios de la población. Segundo. En el capítulo 5, Julieta del Río da cuenta de las marcadas diferencias de percepción, criterio y estilo dentro del trabajo colegiado del (ahora extinto) INAI. Si bien la pluralidad de enfoques es deseable en un órgano colegiado, la autora revela cómo esas diferencias también implicaron conflictos respecto al tratamiento de problemas internos. En contraste con una cultura política anquilosada —que privilegiaba la opacidad bajo el argumento de que “la ropa sucia se lava en casa”—, Julieta del Río eligió un camino ético y congruente: denunciar posibles actos de corrupción al interior del Instituto, incluso cuando eso supuso romper con prácticas de complicidad institucionalizadas. Su proceder, documentado en la obra, permitió que ciertos casos de presunta corrupción de altos mandos del INAI salieran a la luz pública y fueran objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de denuncias formales presentadas por la propia comisionada. Ni las resistencias internas ni los costos personales la detuvieron. En un entorno donde se proclamaban valores como la transparencia y la legalidad, pero se toleraban prácticas contrarias a estos

principios, su actuación representa un caso paradigmático de integridad institucional.

Tercero. Es importante destacar que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales se mantienen resguardados en el texto constitucional. Sin embargo, el modelo institucional que ha sustituido al INAI aún debe someterse al examen de la práctica para determinar si representa una continuidad, una mejora o un retroceso en la garantía de dichos derechos.

La nueva Ley General de Transparencia contiene dos elementos destacables: por un lado, la transversalización del derecho a saber en el sistema educativo nacional, lo que apunta hacia una cultura ciudadana más robusta en términos de exigibilidad democrática; por otro, la creación de juzgados de distrito y tribunales especializados en la materia, lo cual podría permitir que las controversias sobre el acceso a la información pública se resuelvan con mayor profundidad, superando el modelo actual del llamado “amparo para efectos”, que suele limitarse a requerir una mejor fundamentación por parte de la autoridad, sin abordar el fondo del asunto. Finalmente, en Luz en la sombra, Julieta del Río no sólo narra su paso por el INAI, sino que documenta propuestas de reforma institucional que formuló con antelación al proceso legislativo que culminó con la desaparición del órgano. En ello cumple con una responsabilidad moral de rendición de cuentas ante la sociedad. Su testimonio trasciende las exigencias mínimas del servicio público: deja un precedente ético de integridad, valentía y compromiso con los principios constitucionales, que debería servir de referente para quienes ejercen funciones públicas.

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado

• RECUENTO LEGISLATIVO.

• Primer período de trabajo…

• 71 dictámenes de iniciativas…

• 8 períodos extraordinarios…

• 5 puntos de acuerdos…

INICIÓ EL SEGUNDO PERÍODO…

Para bien o para mal, como se quiera calificar, el Congreso del Estado en su LXIX Legislatura, ha realizado un intensivo trabajo como no se había visto en anteriores administraciones; se ha dado mayor facilidad de acceso al recinto y la información que en la anterior legislatura había cerrado radicalmente el cuestionado ex diputado y ahora Presidente Municipal de Tapachula, YAMIL AARÓN MELGAR BRAVO.

Sin lugar a dudas, ha habido trabajo legislativo y administrativo de parte de los Presidentes de las dos entidades de gobierno del Congreso del Estado que presiden los diputados, LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ de la Mesa Directiva y MARIO FRANCISCO GUILLÉN GUILLÉN de la Junta de Coordinación Política, pues se esmeraron en remodelar los baños del Palacio Legislativo, así como el mantenimiento de los dos elevadores, más una respetuosa relación con los trabajadores y sus representantes. En términos de relación de las autoridades del Congreso y los diputados con los medios de comunicación y reporteros que cubren la fuente, se ha dado una interacción de respeto pocas veces vistas, pues hasta han creado

las conferencias cotidianas los martes o jueves y a veces estos dos días antes o después de las sesiones legislativas ordinarias. De hecho el Presidente del Congreso dio un informe del trabajo realizado en el primer período de sesiones, precisamente al inicio de este segundo que se inauguró el pasado martes 1 de abril.

En el recuento legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ dijo que el primer período del primer año de ejercicio legislativo fue muy productivo, pues en estos 180 días se aprobaron 71 dictámenes de iniciativas para el País y el Estado de Chiapas, más 5 puntos de acuerdos y en el receso del primer período ordinario de sesiones, “se llamó a 8 períodos extraordinarios para que el pleno dictaminara sobre iniciativas en beneficio de la población”.

“Tenemos un Congreso de puertas abiertas, somos la casa del pueblo y se han escuchado las demandas de todos los sectores de la ciudadanía. Como representantes populares, trabajamos por y para el pueblo”, refirió el Presidente de la Mesa Directiva de la LXIX Legislatura, LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ. En unidad, la Junta de Coordinación Política que preside el diputado MARIO FRANCISCO

GUILLÉN GUILLÉN, en conjunto con las fuerzas políticas y la Mesa Directiva, han sacado adelante reformas y propuestas en materia de Igualdad, Seguridad, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Movilidad como ejes principales de las políticas públicas del Estado y el País. “Tenemos una agenda parlamentaria con visión social que incluye propuestas para construir políticas públicas de la mano del pueblo para garantizar justicia social, la defensa de los derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción”, señaló el líder de la cámara, LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

• La 4T regala petróleo a la dictadura cubana

• El dinero de los fideicomisos del PJ, se los roba la 4T

Mientras Cuba atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente, marcada por apagones diarios, colapso de los servicios básicos, por el desabasto de alimentos y una aguda escasez de combustible, no obstante para impresionar a la comunidad internacional, el gobierno dictatorial de la isla ha decidido destinar sus ya limitados recursos a mantener las tradicionales marchas del Primero de Mayo en todo el país.

En la actualidad Cuba se ve sacudida por apagones y una crisis energética cada vez más profunda, pero México cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador nunca dejó de apoyar -no al pobre, hambriento y sufrido pueblo cubano-, sino a la dictadura que hoy encabeza Miguel Díaz-Canel, al igual que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sigue enviando semanalmente busques cargados de petróleo.

En días pasados ha enviado casi medio millón de barriles de crudo y gasóleo, no sabemos por qué este gobierno sigue apoyando a la dictadura que esta matando al pueblo de hambre.

Hay muchos que aseguran que Claudia Sheinbaum envía petróleo a la isla para pagar el favor al gobierno de dar posada al expresidente, porque desde que termina su administración, nadie sabe, nadie supo y nadie adivina en donde se encuentra el tabasqueño.

Y es raro que hoy que el presidente norteamericano acusa al gobierno de Claudia y al de AMLO de su estrecha relación con los terroristas mexicanos, no ha salido a dar la cara y responde de todo lo que se le acusa.

Unos hasta cruzan apuestas para adivinar donde se encuentra al remedo de dictador que sumió a México en una profunda crisis de todos los rubros.

Esas apuestas van desde que sigue viviendo escondida como rata en Palacio Nacional, y desde ahí asesora a Claudia en sus mañaneras del “pueblo”; otros dicen que esta en su rancho de Palenque, “la chingada”, pero nadie lo ha visto y no hay movimiento alguno de sus fans que lo quieran ver, pues ya lo “extrañan”.

Entonces el enviado de petróleo constante a través de buques delatan a la presidenta mexicana y deducimos que hay se encuentra veraneando porque la isla le da

la seguridad que en caso que sea buscada por el gobierno de Donald Trump, nadie lo sacará porque el gobierno cubano no tiene convenios de extradición con otros países.

Acerca de este robo a la nación que la 4T y Morena, mantiene como un gran negocio, el diputado del PAN Federico Döring denunció que el “huachicol fiscal” acumulado entre 2019 y 2024 -es decir con López Obrador-, asciende a más de 554 mil millones de pesos, por la presunta omisión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por litros de gasolina no declarados al ingresar al país.

Según un análisis presentado por el legislador, más de 120 mil 726 millones de litros de combustible no fueron reportados en aduanas mexicanas en ese período, a pesar de haber sido adquiridos legalmente según registros estadounidenses.

Esta diferencia, multiplicada por el IEPS correspondiente, representa una pérdida de ingresos fiscales por 554 mil 750 millones de pesos.

El estudio detalla que el año con mayor volumen no declarado fue 2022, con más de 22 mil 856 millones de litros, mientras que en 2023 se registró la pérdida fiscal más alta, con 112 mil 582 millones de pesos, debido al incremento del IEPS de 4.9 a 5.2 pesos por litro.

El combustible entra de manera ilegal y lo que es peor, es robado por la 4T, proviene de la Refinería Deer Park, propiedad de México, no de Morena y su gobierno, pero es muy vergonzoso, es que una vez a la semana se manda un buque de combustible a la isla de Cuba.

Es decir México, esta surtiendo el combustible con el que hoy a la dictadura cubana, lo que ha indignado al gobierno norteame -

ricano, particularmente al secretario de Estado, Marco Rubio de origen cubano y que por cierto no ve con simpatía a ese gobierno pues junto con su familia huyeron de la isla después de la revolución comunista.

Se dice que es un buque de entre 300 y 400 mil barriles que se le manda semanalmente al gobierno para salir de la crisis. Mi pregunta es, con que derecho AMLO y Claudia mantienen a esos parásitos, robando petróleo para regalarlo a quien menos lo merecen.

La 4T, hace caravana con sombrero ajeno, es candil de las calles y oscuridad de su casa. Por este robo a la nación Claudia, López Obrador y su banda de criminales de Moena, un día lo pagarán con cárcel.

Los que gobiernan hoy en México son los más brutos por no decir otra cosa, porque hay que recordar que la isla ha podido funcionar durante años gracias a la llegada de combustible ruso y venezolano, pero, al acabarse esos envíos, México -el más pendejo-, se ha convertido en uno de los pocos salvavidas de la dictadura.

Nacional Financiera los transfirió sin previa consulta

El gobierno de Claudia Sheinbaum se acaba de robar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a través de Nacional Financiera (Nafin).

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Nafin se transfirió todos los recursos de los fideicomisos del PJ a la Tesorería de la Federación, sin previa consulta.

En un comunicado, el CJF advirtió que emprenderá medidas de conciliación y las acciones legales pertinentes.

Nafin es una institución financiera que se encuentra bajo el con -

trol del Estado mexicano, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum.

Hacienda no había recibido todavía los fondos debido a varias suspensiones judiciales promovidas por el CJF, que impedían cualquier movimiento de los fideicomisos hasta que se llegara a una resolución.

En el documento, el CJF señaló que los recursos estarían destinados a pagar a los jueces que declinaron participar en la Elección Judicial de 2025 o que no eran electos.

El Consejo le había encomendado los recursos para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito. Serían destinados para indemnizar a los trabajadores del Poder Judicial que declinaran seguir en el cargo o no resultaran electos en los comicios del 1 de junio.

Del Montón

“En México, el derecho a la información ha sido acorralado, silenciado, convertido en un botón que se entrega o se niega según convenga a quienes gobiernan”, afirma el Artículo 19. De acuerdo con el informe denominado “Derecho a la información ha sido acorralado, silenciado y convertido en un botón”, las barreras que el actual gobierno ha ido adoptando cómo parte de su política son: el apagón de la transparencia, resultado de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que facilita la ocultación de corrupción y abusos de poder; la vigilancia digital del Estado, que implica el uso indebido de tecnologías para la vigilancia, afectando la privacidad y la libertad de expresión. Además, existe una persistente violencia contra la prensa, manifestada en un alto número de agresiones, asesinatos y acoso judicial contra periodistas; la apuesta gubernamental por el olvido, caracterizada por la falta de un compromiso real con la justicia y la verdad en relación con las violaciones graves de derechos humanos del pasado; y una gran incertidumbre institucional, reflejada en la erosión y extinción de instituciones clave para la protección de derechos, la procuración de justicia y la atención a víctimas, a través de limitaciones presupuestales, falta de autonomía y efectividad en sus labores. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

CONTRA PODER

DENUNCIA

Consejero jurídico del gobierno de Oaxaca arremete contra Alejandro Murat

Familiares de desaparecidos “clausuran” el Senado, “una institución que no sirve”

VOTACIÓN

Diputados

La Sexagésima Novena Legislatura aprobó el dictamen de las comisiones unidas de la Cultura y la Chiapanequidad y de Asuntos Religiosos, relativo a la iniciativa de decreto por el que se otorga reconocimiento como Patrimonio Cultural Estatal a la escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo en el municipio de Unión Juárez, Chiapas.