CONTRAPODER EDICIÓN 2853

D O X A

Chiapas abandonado a su suerte

La confrontación en contra de la Suprema Corte

En los próximos días se va a desarrollar un fuerte debate en contra de la Suprema Corte de Justicia por dos asuntos que forman parte de la agenda judicial PAG. 2

Para quienes tienen dudas de que la guerra entre los cárteles se trasladó a Tuxtla, ayer se vivió un día de tensión y de temor en varios puntos de la ciudad.

Esta guerra debería de obligar al gobernador a tomar decisiones que garanticen seguridad, pero prefiere mantener su indiferencia y ser omiso a todo lo que sucede en Chiapas.

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA DIARIO

Organizaciones califican de “irresponsables” los dichos de Alcalde sobre prisión preventiva

Organizaciones de derechos humanos que representaron a víctimas de arraigo y prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que ganaron los juicios internacionales, señalaron a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján de faltar a la verdad en las declaraciones que hizo este martes durante la conferencia mañanera

ACUSACIÓN

Eduardo Ramírez sostiene

encuentros por

SESIÓN

Presentan Micrositio “Infórmate y Vótale 2024”, para promover la transparencia e integridad en la Elecciones 2024

INICIATIVA

SCLC se suma al Reto Naturalista Urbano 2024

la

unidad

en

Chiapas En Centro de Salud persiste denuncia por falta de personal de limpieza

La confrontación en contra de la Suprema Corte

En los próximos días se va a desarrollar un fuerte debate en contra de la Suprema Corte de Justicia por dos asuntos que forman parte de la agenda judicial, el primero el inicio de investigaciones en contra de presuntos actos en contra de la impartición de justicia por parte del exministro Arturo Zaldivar y algunos de sus colaboradores y el segundo caso debido a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México, por la aplicación del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con la prisión preventiva oficiosa, figura considerada contraria a los establecido por la Convención Americana y declarada como ilegal, lo que implica, que no puede seguirse aplicando de manera oficiosa como se viene realizando.

Para el gobierno mexicano, esta resolución de la Corte Interamericana, derivada de la sentencia del caso García Rodríguez y otros de fecha 25 de enero de 2023, violenta la soberanía nacional, y representa dejar en libertad a 68 mil presos sin sentencia, que se encuentran en prisión bajo esta figura. Esta interpretación del gobierno mexicano muestra una cara de desconocimiento a

los compromisos internacionales firmados por el país, quien desde 1998 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y estos argumentos, obsoletos en sí, fueron los mismos que se discutieron en el 2010, derivados de la sentencia de esta misma Corte en el caso Rosendo Padilla, que dio origen a la más importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, en junio del 2011.

En el caso de la investigación al exministro Arturo Zaldívar y otros colaboradores, el camino se politizó, y se trata de crear una cortina de humo, en el que el exministro trata de ocultarse bajo el discurso de que hay una venganza y se busca afectar la campaña de la candidata oficial del partido Morena y todo se inserta bajo el enfrentamiento entre la presidenta de la Suprema Corte en contra del presidente López Obrador; argumentos que son efectivos dentro de la disputa electoral que se vive, pero poco eficaces en una defensa jurídica frente a las graves acusaciones de intervencionismo con jueces y magistrados del exministro Zaldivar, quien se desempeñaba como ministro presidente de la Suprema Corte, y quien al buscar influir sobre el sentido de las sentencias, en el que el gobierno tenía intereses particu-

lares, violó la autonomía de estos jueces y magistrados.

Los dos asuntos son de relevancia nacional, en virtud de que todos los jueces y magistrados están obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, haya o no una reforma constitucional que armonice las leyes nacionales con el contenido de la Convención Americana y al no actuar en este sentido, pueden incurrir en el delito de desacato y ser sancionados por lo mismo. Igual situación se vive en la investigación ordenada a la actuación del exministro Arturo Zaldívar, a quien se le pretende otorgar impunidad, bajo argumentos políticos y bajo la especulación política de que todo se debe a un complot orquestado por la derecha conservadora para afectar las elecciones y dañar a la candidata Claudia Sheinbaum, argumento ridículo, que nada tiene que ver con el principio del buen derecho que Zaldívar conoce a la perfección, lo que obliga a mantener una actitud de someterse a una investigación con la debida diligencia, en virtud de que el que nada debe nada teme. Pero en el que se escogió el camino de la politización y en los próximos días se va a buscar someter a la Suprema Corte al juicio mediático y al linchamiento.

Denuncian falta de maestros y salones en secundaria de Chiapa de Corzo

Padres de Familia de la Escuela Secundaria Guadalupe Victoria del fraccionamiento Jardines del Pedregal de Chiapa de Corzo, realizaron una protesta en la capital chiapaneca para pedir a las autoridades educativas la construcción de salones y designación de docentes en beneficio de la comunidad estudiantil.

Grey Sánchez Pérez, madre de familia de la escuela, dio a conocer que, se han reunido y con el respaldo de los maestros han decidido exponer las carencias que, desde hace varios mantienen a la comunidad estudiantil en condiciones precarias.

“Existe casos de docentes que no les han pagado desde el año 2018, hacen falta maestros de matemáticas, maestros para que impartan talleres, falta un maestro de la materia de inglés”, manifestó.

Grey Sánchez Pérez, madre de familia de la escuela, dio a conocer que, se han reunido y con el respaldo de los maestros han decidido exponer las carencias que, desde hace varios mantienen a la comunidad estudiantil en condiciones precarias

esta galera, para que todos los alumnos y padres de familia conozcan la situación que padece la institución que tiene en promedio 400 alumnos.

Los inconformes dan a conocer que la escuela y alumnos padecen la falta de 3 salones y seis maestros para cubrir las materias que hace falta impartir.

Recordó que ya habían designado un maestro, pero al considerar que la escuela está muy lejos no acude a impartir clases.

“Se requiere urgentemente que se cubran esas horas. Lamentablemente las autoridades no entienden que la matrícula de la es -

En Centro de Salud persiste denuncia por falta de personal de limpieza

Ainer Marroquín

Trabajadores del Centro de Salud Patria Nueva, que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) sección 50, trabajan bajo protesta, denunciando falta de personal de limpieza, así como material para poder realizar aseo en todos los centros de salud de Chiapas.

En el centro que se encuentra en la colonia Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez, trabajadores han colocado una lona en donde informan a la población que están laborando, pero en protesta de la contratación inmediata de personal de limpia, ya que

desde el mes de marzo no cuentan con este servicio, presuntamente al no haber convocado a una licitación para tal fin.

“Nosotros como personal hemos estado haciendo la limpieza porque no hubo licitación ni se renovó el contrato de la empresa que realizaría estos trabajos. La empresa que trabajaba concluyó en febrero, pero ahora ya no hay empresa”, denunció de manera anónima una trabajadora del centro de salud en Patria Nueva. Desde el 01 de marzo, las y los trabajadores realizan además de sus actividades diarias, labores de limpieza, por lo que exigen al IMSS OPD (Órgano Público Descentralizado) resolver a la brevedad este problema.

cuela está creciendo, se ha creado el grupo D, pero no hay aula, los niños están recibiendo clases en una galera, es una situación compleja”, expresó.

Por esta razón han creado un rol para que todos los grupos pasen por

Lamentaron que, después de tanto tiempo todavía no hay sido escuchados por las autoridades educativas, que siempre han pregonado un gran apoyo para la educación en el estado.

“Tomaremos acciones radicales en caso de que no tomen en cuenta nuestras peticiones. Estamos cansados de esperar por una mejor educación para nuestros hijos”, concluyó.

SCLC se suma al Reto Naturalista Urbano 2024

Óscar Gómez/ Corresponsal San Cristóbal de Las Casas

En un esfuerzo por explorar y documentar la biodiversidad urbana, San Cristóbal de Las Casas se une al Reto Naturalista Urbano 2024, organizado por Amigxs por la Cuenca en colaboración con el City Nature Challenge. Esta iniciativa internacional busca registrar fotografías y audios de plantas, animales y hongos que habitan en las ciudades a través de la plataforma iNaturalistMx.

Pronatura Sur hizo un llamado a la comunidad para contribuir al co-

nocimiento de la vida silvestre que cohabita con nosotros en la ciudad. “La participación de todos es crucial para generar datos científicos y promover la ciencia ciudadana”.

“El Reto Naturalista Urbano Tuxtla Gutiérrez está en marcha, y se invita a la población a estar pendiente de la información para sumarse a los recorridos y descubrir la biodiversidad local en grupo”, señalan los organizadores en un escrito.

“Este evento cuenta con el respaldo del Natural History Museum of Los Angeles County y la California Academy of Sciences de San Francisco”, concluyen.

Rodolfo Flores

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)

Eduardo Ramírez sostiene encuentros por la unidad en Chiapas

El candidato por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas (RSP) de Chiapas.

En dichos encuentros, Eduardo Ramírez, reiteró que, en la Cuarta Transformación, la unidad es y será siempre el camino correcto para construir un mejor futuro para la entidad.

“La nueva era tiene como prioridad el bienestar del pueblo y para lograrlo necesitamos de todas y todos los que tienen el firme compromiso con la Cuarta Transformación”, apuntó.

Por su parte, las y los simpatizantes de los diferentes partidos

En dichos encuentros, Eduardo Ramírez, reiteró que, en la Cuarta Transformación, la unidad es y será siempre el camino correcto para construir un mejor futuro para la entidad

coincidieron en el compromiso que tienen con el proyecto de nación de la candidata al gobierno de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y la nueva era de la Transformación en Chiapas.

En estas reuniones estuvieron presentes: el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria San -

tiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de RSP Chiapas, Alfredo Ramírez Guzmán, entre otros.

Presentan Micrositio “Infórmate y Vótale 2024”, para promover la transparencia e integridad en la Elecciones 2024

Este lunes, el grupo Alianza por la Integridad y la Transparencia en las Elecciones Locales Ordinarias 2024, conformado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado (CPC), el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (ITAIPCH), y Transparencia Mexicana, llevaron a cabo la presentación del micrositio “Infórmate y Vótale”; mediante el cual, se planea impulsar la transparencia, la integridad y la ética pública de las y los candidatos de los distintos partidos políticos y de las candidaturas independientes que participen en el Proceso Electoral Local Ordinario 2024.

Durante el evento, realizado de manera virtual, se contó con la participación de María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta provisional del IEPC; Ricardo Alberto Ríos Zenteno, consejero presidente del CPC; Jesús David Pineda Carpio, comisionado presidente del ITAIPCH; Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana; las consejeras Sofía Martínez de Castro León y Helena Margarita Jiménez Martínez, presidenta designada y vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del IEPC.

La presidenta provisional María Magdalena Vila Domínguez, resaltó

la importancia del micrositio, señalando que “contribuirá a la ciudadanía para que conozcan de manera sistematizada la promoción de acciones puntuales de las candidaturas, lo que permitirá fortalecer la cultura de la transparencia y la integridad física”. Afirmó que con esto, se contribuirá también a la rendición de cuentas al permitir la publicación patrimonial, fiscal y interés de las y los candidatos.

En su participación, Ricardo Alberto Ríos Zenteno, presidente del CPC, enfatizó el interés que conlleva esta herramienta para coadyuvar al voto informado. “Invitamos desde este grupo impulsor, a todas y todos los ciudadanos, a los medios de comunicación y a todas y todos los que nos escuchan en las redes sociales, a que se unan a esta gran campaña compartiendo los apartados del micrositio”.

Por su parte, Jesús David Pineda Carpio, presidente del ITAIPCH, aclaró que la firma de este acuerdo, no es un documento más. “Estamos materializando, precisamente con la presentación de este micrositio, el cumplimiento de esta gran alianza que hemos hecho como entes públicos. El micrositio es para las y los ciudadanos. Ahí encontraremos una radiografía de los partidos políticos y sobre todo de las y los candidatos que están participando en este proceso electoral 2024”.

Al hacer uso de la voz, Eduardo

Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, agradeció que Chiapas sea un estado donde se hacen realidad estos compromisos; y destacó que, en esta tercera edición, el software que se va a utilizar para la plataforma es un desarrollo local. “Saber que Chiapas está trabajando con su propio desarrollo tecnológico y que rompe esta idea errónea de que los estados del sur no pueden tener temas de punta, la verdad es motivo de celebración”.

La consejera Sofía Martínez de Castro León, tuvo a su cargo la presentación del micrositio, puntualizando la “3 de 3 por la integridad” que consiste la declaración de situación patrimonial, declaración de intereses y la declaración fiscal. Explicó que también se encuentra vinculado el micrositio “Elecciones Ordinarias Chiapas 2024” por parte del CPC y el apartado “Elecciones Transparentes” a cargo del ITAIPCH. “A las institu-

ciones que confirman esta alianza, que entre todas y todos podemos ser agentes de información verificada en un entorno donde existe una gran cantidad de información”.

Durante la presentación de este micrositio, que puede consultarse a través de la liga https://www.iepcchiapas.org.mx/informate-y-votalepelo2024, el que se irá nutriendo de información con el avance del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario; estuvieron presentes el consejero Edmundo Henríquez Arellano, las consejeras Teresa de Jesús Alfonso Medina y Gloria Esther Mendoza Ledesma; el secretario ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes; las consejeras y consejero del CPC, Maritza del Carmen Pintado Ortega, Sara Alma Guadalupe Maza Gayosso, Karla Nallely Martínez González y Humberto Montesinos Ruiz; y la comisionada del ITAIPCH Marlene Marisol Gordillo Figueroa.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Liberan a operadores políticos secuestrados en Culiacán

Los militantes del Partido

Sinaloense (PAS) Luis Alfonso García Corrales, secretario de organización política y Juan Francisco Cerón Beltrán fueron localizados esta mañana después de haber sido levantados la mañana del sábado 13 en la zona sur de la capital del estado.

Esta información fue dada a conocer por el dirigente de ese partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien en sus redes sociales comunicó que ambos militantes se encuentran sanos y salvos en sus hogares.

“Hacemos votos por vivir en paz y armonía, que sucesos tan terribles como el ocurrido dejen de estar presentes en nuestro día a día”, escribió.

Sinaloenses. Con mucha alegría les comunico que nuestros compañeros Luis y Francisco ya están sanos y a salvos. Hoy es un día maravilloso para familiares y amigos que sufrimos la violencia que hoy se vive.

Hacemos votos por vivir en paz y armonía, que sucesos tan terribles como…

— Héctor Melesio Cuén (@melesiocuen) April 16, 2024

Derivado de la privación ilegal de

Daniel Nava Chilpancingo, Gro. (apro)

Un juez federal vinculó a proceso a David N. el policía estatal imputado por asesinar de un balazo al estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan.

La noche del 7 de marzo, en el libramiento de Chilpancingo a Tixtla, el estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez fue herido de muerte de un disparo en la cabeza por un policía del estado.

Yanqui y dos compañeros que viajaban en una camioneta se detuvieron en una tienda cuando fueron abordados por tres policías motorizados.

Cuando intentó dar un arrancón al vehículo para regresar a la escuela en Tixtla, los policías dispararon contras las llantas y contra el estudiante que conducía.

Por el caso, los tres policías que estuvieron presentes en el asesinato se encuentran vinculados a proceso.

Se desconoce el paradero del coordinador de los policías de reacción inmediata Grupo Centauro, Pedro Castro Muñoz, al que pertenecían los agentes.

Además, fueron cesados de su cargo Ludwing Marcial Reynoso, como secretario general de gobierno; el capitán de la Marina, Rolando Solano Rivera, y removida como fiscal

Esta información fue dada a conocer por el dirigente de ese partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien en sus redes sociales comunicó que ambos militantes se encuentran sanos y salvos en sus hogares

los militantes del PAS, este partido había cancelado su proselitismo en el actual proceso en donde va en coalición con lo partidos nacionales Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

La desaparición de los militantes del PAS, partido de oposición a Morena en Sinaloa, se dio poco menos de 48 horas antes del inicio de campañas locales en donde se renovarán 20 ayuntamientos y al Congreso local.

El gobernador Rubén Rocha Moya también emitió posicionamiento en sus redes sociales.

“Desde nuestra responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo del Estado, estamos ejerciendo de manera responsable y coordinada con las autoridades de seguridad del gobierno federal, las tareas para garantizar las condiciones de seguridad para todas y todos los sinaloenses, incluidos las y los candidatos a cargos de elección popular”, escribió.

He sido informado que tanto Luis Alonso García Corral como Juan Francisco Cerón Beltrán, militantes del @ PAS_Sinaloa, se encuentran en sus hogares, reunidos con sus familias.

Desde nuestra responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo del Estado, estamos ejerciendo de manera…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 16, 2024

Respecto a la investigación sobre los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) apenas comunicó que se trabajaba en los hechos, sin confirmar si efectivamente como lo muestran videos de cámaras de seguridad, una patrulla de la policía estuvo inmiscuida en el levantón de ambos militantes.

Respecto al tema de seguridad, Cuen Ojeda señaló directamente al gobernador Rocha por estos levantones, a lo que el morenista respondió que debe tomarse como línea de investigación un “autosecuestro”.

Y 24 horas más tarde de estas declaraciones García Corrales, secretario de organización del PAS y su compañero de partido son localizados.

Vinculan a proceso a policía por asesinato del normalista Yanqui Kothan

general la teniente del Ejército, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Los dos primeros funcionarios difundieron de inmediato la versión de que los estudiantes no se quisieron detener en un supuesto retén de vehículos robados y que agredieron primero a los policías que respondieron con disparos.

El policía señalado de disparar a un metro de distancia contra el normalista se habría fugado después de que su jefe inmediato, Pedro Castro, le dio permiso de ir a comprar a la tienda la tarde del lunes 11 de marzo en el cuartel general de la policía estatal.

El miércoles 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la aprehensión en un rancho cerca de Acapulco del policía estatal David N., por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra del estudiante Yanqui Kothan.

La audiencia de más de tres horas se realizó la noche de este martes 15 de abril en los juzgados del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco.

Por la tarde, la mamá de Yanqui Kothan declaró a los medios su desconfianza de que el policía detenido por las autoridades sea realmente el que disparó contra su hijo.

El director del Centro de los Derechos de las Víctimas “Minerva Bello”, Filiberto Velázquez, explicó que la duda de la madre de la víctima surge porque la foto que Milenio publicó en sus noticieros no coincidía con la de la ficha de arresto que presentó el presidente López Obrador.

El defensor de los derechos hu-

manos indicó que las armas que portaban esa noche los agentes de la policía de Guerrero eran de alto poder y que no son reglamentarias. No detalló el calibre.

El policía David N. también será procesado por tentativa de homicidio de otros dos estudiantes que acompañaban a Yanqui Kothan.

Al agente se le dictó prisión preventiva en el penal de Las Cruces de Acapulco y será sometido a cinco meses de investigación complementaria.

Luis

Aaron Ibarra Sinaloa (apro)

En primer trimestre del año, Red Nacional de Refugios aún no recibe presupuesto

La violencia feminicida no tiene temporalidad, pero al parecer, la entrega de recursos económicos para la Red Nacional de Refugios (RNR) de la partida presupuestal destinada para cubrir sus necesidades durante el 2024, sí tiene, ya que en lo que va del primer trimestre de este año por diversos motivos, atribuibles a «la burocracia», no han recibido el recurso.

En lo que va del presente sexenio, de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024, se han registrado un total de 4 mil 873 casos de feminicidio y 144 mil 589 homicidios dolosos contra mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Hay que resaltar que tan solo en el 2023 la Red Nacional de Refugios acompañó a 20 mil 284 mujeres, niñas y niños, quienes tuvieron que salir de su casa, por temas de violencia física, psicológica y sexual. La afectación hacia las infancias pasa por cuatro estadíos, violencia física, psicológica económica y patrimonial.

«En la política de Refugios, mecanismos que previenen feminicidios, sigue existiendo una gran deuda para las mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias. Ya que por tercer año consecutivo el recurso no llega en el primer trimestre del año, lo que trasgrede los derechos humanos de las familias beneficiadas», refirió Wendy Figueroa Morales, Directora general de Red Nacional de Refugios.

La activista señaló que la afectación también recae en las profesionistas que atienden en estos refugios ya que siguen brindando ininterrumpidamente los servicios, de cara al compromiso que se tiene. Sin embargo, hay limitaciones en los insumos y recursos materiales.

Del total de los 111 proyectos aprobados para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus Hijas e Hijos, que es dirigido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la dependencia aún no ha podido entregar los recursos que corresponden a la Red Nacional de Refugios (RNR).

Cabe destacar que aunque la bolsa presupuestal de la Conavim asignada para el ejer -

En lo que va del presente sexenio, de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024, se han registrado un total de 4 mil 873 casos de feminicidio y 144 mil 589 homicidios dolosos contra mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

cicio presupuestal del 2024 es de más de 485 millones de pesos, no resulta suficiente, debido a que el incremento correspondiente a la inflación anual, supera por mucho, a cualquier cantidad.

Falta certidumbre

La entrega del recurso federal asignado por ley, no es lo suficientemente ágil y va a contratiempo, ya que para el recurso que se tendría que estar ejerciendo en el primer trimestre del 2024, apenas en los últimos días de marzo fue cuando se empezaron a firmar los convenios.

«Los convenios empezaron a firmarse apenas en los últimos días de marzo, siendo muy pocas las Organizaciones que firmaron en dicho mes, la mayoría ha firmado en abril y, al día de hoy no hay ningún refugio al que se le haya entregado el presupuesto de la primera ministración», señaló la activista.

Esta falta de celeridad en la entrega de los recursos, no es nueva, año con año, el meollo del asunto, está en la poca claridad en los procesos administrativos.

La Directora general de Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, refirió: «Como cada año, sigue la poca claridad en los procesos administrativos, continúan por

parte de la instancia ejecutora las solicitudes de cambios constantes en los documentos entregados o incluso en los convenios firmados».

La activista comentó que algunas organizaciones han tenido que venir a la ciudad de México, dos veces a firmar. O bien, mandar por paquetería los convenios que deben volver a firmar por errores de la instancia ejecutora, lo que lleva a retrasar los procesos, con la natural implicación, de que la liberación del presupuesto se retrase.

De amplio espectro

Referente a la magnitud del tamaño de la labor que se realiza para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, aún falta un tramo muy largo por andar.

De acuerdo al Informe Nacional sobre Centros de Justicia para las Mujeres 2018 – 2021, presentado por la organización feminista, EQUIS Justicia para las Mujeres a principios de este año, uno de los principales retos de la autoridad, consiste en dar más y mejores recursos.

Refirió que se debe garantizar presupuesto específico, para la contratación de mas personal en mejores condiciones laborales y la provisión de papelería, mobiliario, equipo y combustibles. Fátima Gamboa Estrella, di -

rectora General de EQUIS Justicia para las Mujeres, destacó, “son importantes los datos recabados por el INEGI para tener un mapeo de lo que aún falta por hacer. Si tomamos en cuenta, que 7 de cada 10 mujeres ha experimentado violencia psicológica y física. Y, de ese universo únicamente el 5 por ciento acude a pedir apoyo, existe una gran brecha por andar”.

Durante su participación en el evento convocado por EQUIS Justicia para Mujeres en el mes de febrero, Wendy Figueroa, Directora general de la Red Nacional de Refugios, compartió que para tener un acceso a la justicia:

“Es necesario empezar a creerles a las mujeres. Es un reto que se crea en su voz, para que cuando una mujer acuda con la autoridad y se sienta violentada o esté en peligro les crean, que no sea necesario mostrar una evidencia de que fue violentada o maltratada”.

También, subrayó: “se la han pasado administrando la violencia. No se denuncia ante la impunidad, porque si no existen garantes se detiene todo”, de igual forma expresó que el tema del presupuesto que se asigne es muy importante para poder contar con los recursos necesarios para brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Olga Laura Ochoa Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Gobierno de AMLO advierte a ministros sobre eliminar la prisión preventiva de oficio

El Ejecutivo Federal envió una carta a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantearles preocupaciones en torno a la eliminación de la prisión preventiva de oficio, que podría liberar a 68 mil presuntos delincuentes; piden no excederse en sus facultades. “Esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes”.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expresó: “La Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional, cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los congresos locales, nos parece que esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes”.

La funcionaria alertó que en diversos juzgados federales, sin que la SCJN se haya pronunciado sobre este tema, “el pleno de la región centronorte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión, precisamente, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

Esto es, los juzgados penales se le

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La reunión virtual entre jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dio al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de refrendar sus apoyos regionales y de denunciar al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa por el allanamiento de la Embajada de México en Quito, sucedido el pasado 5 de abril.

Durante la junta, los presidentes de varios países de Sudamérica –los que se reivindican de la izquierda política–, reafirmaron su condena contra el ataque al recinto diplomático, lanzado por el gobierno ecuatoriano para capturar a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente durante la presidencia de Rafael Correa, y acababa de recibir el asilo político de México.

La reunión estuvo convocada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a petición del gobierno mexicano, que buscaba el acompañamiento del organismo regional a la demanda presentada la semana pasada contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ).

Este lunes, el mandatario fijó el 3 de junio como fecha del encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según reveló la dirigencia de la disidencia magisterial, con la que el Ejecutivo se reunió durante tres horas en Palacio Nacional

adelantaron, por lo que el gobierno llama a la Corte a respetar la Constitución, la división de poderes, “no excederse en sus en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones, de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”.

La secretaria de Gobernación informó que “estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de

portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”.

En el Estado de México hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa, lo cual se da por “la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones, la liberación de estas personas -como hemos dicho- pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto, al personal,

Parte de la CELAC ofrece

su

desde policías, personal de la fiscalía, los propios juzgadores”.

También observan riesgo ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos a la seguridad nacional, porque se trata de personas asociadas a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, además de un alto riesgo de darse a la fuga; sumó que habrá carga excesiva para las fiscalías y los juzgados.

“Señalamos a los ministros y a las ministras que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía, ni a su derecho a autodeterminarse”, dijo.

La funcionaria agregó que “aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución. Este ha sido el criterio que se ha tomado por la propia Corte, en anteriores ocasiones, e incluso el ministro ponente, el ministro Pardo ha interpretado de esta manera y es quien hoy está proponiendo invalidar este artículo Constitucional”.

apoyo a México tras asalto a su Embajada en Ecuador

Además de López Obrador, participaron los mandatarios de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, Guatemala, Cuba, San Vicente y las Granadinas y Guyana; en cambio, estuvieron ausentes los jefes de Estado de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de “inaceptable” el operativo policiaco, el cual, recalcó, no tiene precedentes ni en “los tiempos más sombríos de dictaduras”; tras exhortar al gobierno de Noboa a que pida disculpas de manera formal a México, insistió en la necesidad de que se entregue un salvoconducto a Glas para que pueda salir del país.

Su homólogo de Colombia, Gusta-

vo Petro, equiparó el ataque a la sede diplomática de México con el bombardeo del consulado de Irán en Damasco, Siria, por parte del ejército de Israel, en el que murieron agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad iraníes. El mandatario sostuvo que los gobiernos de Noboa y Benjamín Netanyahu se están “dando la mano en la competencia por la barbarie”. Durante la sesión, la postura del gobierno mexicano recibió el respaldo de los jefes de Estado que respondieron a la convocatoria. Entre

los apoyos más efusivos destacaron el de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien expresó a López Obrador la solidaridad “absoluta, total” de su pueblo, o de Miguel DíazCanel, mandatario de Cuba y aliado cercano del presidente mexicano.

La postura mexicana fue apoyada también por Luis Arce, de Bolivia, Bernardo Arévalo, recién electo en la presidencia de Guatemala, así como Ralph Gonsalves, presidente de San Vicente y las Granadinas, y Mohamed Irfaan Ali, de Guyana.

Dalila Escobar Ciudad de México (apro)

Jueces

y

magistrados respalda a ministra Norma Piña por investigación a Zaldívar

Daniela Wachauf Ciudad de México, (Tribuna)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Norma Lucía Piña Hernández; y rechazó cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.

Subrayó que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante.

“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una

Subrayó que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante

campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, refirió el organismo en un comunicado.

Aseveró que todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial, están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal.

“Así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a

quejas o denuncias que se presenten en su contra”, señaló la Jufed.

Destacó que no es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de los juzgadoras ante el CJF y que alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso.

La Jufed resaltó que en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de juzgadores, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.

También refrendó su compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia. Con información de EL UNIVERSAL.

El fiscal de Estados Unidos, Merrick B. Garland, aseguró que los grupos criminales mexicanos son más ricos que ciertos países y que hay partes de México donde es difícil combatirlos, según expresó ante la Cámara de Representantes que está encargada de revisar el dinero que es otorgado al Departamento de Justicia.

Las declaraciones del fiscal Garland en las que también manifestó que las organizaciones delictivas son altamente rentables, fueron expresadas durante el martes 16 de abril.

Si bien el fiscal general de EEUU no detalló los grupos a los que se refería, vale la pena recordar que las autoridades estadunidenses han realizado diversas acciones en contra de grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo estas las organizaciones delictivas con mayor presencia en México.

“Los cárteles son enormemente rentables, tienen más dinero que algunos Estados-nación y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, fueron parte de las declaraciones del fiscal estadounidense.

En un informe del Departamento de Justicia que registra un discurso de Merrick Garland sobre el financiamiento, se puede leer: “Utilizaremos estos recursos para continuar nuestros esfuerzos por desmantelar la cadena de suministro global de

Cárteles mexicanos son más ricos que algunos países, asegura fiscal de EEUU

fentanilo y desmantelar a los cárteles responsables de inundar de veneno nuestras comunidades”.

Cuánto dinero ganan los cárteles

Las palabras de Garland fueron expresadas en el contexto de la discusión sobre asignaciones presupuestarias para el Departamento de Justicia. De igual manera, el fiscal evitó detallar las cantidades de dinero con las que cuentan los grupos criminales.

A pesar de lo anterior, hay estimaciones sobre las ganancias que pudieron haber tenido los grupos criminales basadas principalmente en el mercado de sustancias ilícitas. Por ejemplo, en 2018 una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que los grupos criminales generarían alrededor de 600 mil millones de pesos por año.

Mientras que otra investigación del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna en España refiere que los grupos criminales mexicanos ganarían entre 17 mil 900 y 28 mil millones de dólares al año por la venta de narcóticos a EEUU.

Los datos anteriores también pueden contrastarse con un documento de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) en el que se puede leer que además de que rastrear las ganancias del crimen organizado suele ser difícil debido a la naturaleza del tema sí es posible realizar estimaciones al respecto.

“Los investigadores han estimado, utilizando una gama de suposiciones razonables, que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos ganan entre $1.000 y $2.000 millones anuales en la venta de cannabis en el mercado mayorista estadounidense”.

Merrick Garland busca llevar a Los Chapitos ante la justicia

A mediados de septiembre de 2023 fue extraditado a EEUU Ovidio Guzmán López, un hombre acusado de liderar junto con sus hermanos la facción denominada Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Dicha facción es acusada de traficar parte importante del fentanilo que llega a terri-

torio estadounidense.

Ante esta situación Merrick Garland aseguró que buscan extraditar a los hermanos de Ovidio que siguen libres, se trata de los otros hijos del Chapo Guzmán: Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo; Joaquín Guzmán López alias El Güero y/o El Güero Moreno, así como Iván Guzmán Salazar, alias El Chapito. “Hemos acusado a los otros Chapitos y por supuesto pediremos la aprehensión y extradición”, destacó el fiscal el pasado mes de septiembre cuando Garland estuvo ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Si bien las acciones de los agentes de seguridad estadounidense se han centrado en el Cártel de Sinaloa, el CJNG también estaría relacionado con el tráfico de fentanilo a EEUU. Con información de Infobae.

Luis Contreras Washington, (Tribuna)

Organizaciones califican de “irresponsables” los dichos de Alcalde sobre prisión preventiva

Organizaciones de derechos humanos que representaron a víctimas de arraigo y prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que ganaron los juicios internacionales, señalaron a la secretaria de Gobernación

Luisa María Alcalde Luján de faltar a la verdad en las declaraciones que hizo este martes durante la conferencia mañanera y por intentar deslegitimar el análisis de las sentencias que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pena Sin Culpa representó a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años en prisión sin sentencia, por un homicidio que no cometieron, y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) defendió a los hermanos Gerardo y Gustavo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles, indígenas de Veracruz sometidos a arraigo y prisión preventiva, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), sin elementos, por lo que fueron liberados dos años después.

En los comunicados, las organizaciones recordaron que las sentencias de la CoIDH son inapelables y de cumplimiento obligatorio, y defendieron el papel de la SCJN como parte del Estado mexicano, por lo que negaron que esté invadiendo funciones del Congreso de la Unión.

La RSDCIAC alertó que lo señado por Alcalde Luján “no se encuentra apegado a la verdad” y que mientras en la conferencia matutina mencionó

Rafael Croda Ciudad de México (apro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene conocimiento, “por lo menos desde 2020”, de que los cárteles del narcotráfico producen fentanilo en México, según correos electrónicos de esa institución entregados por el colectivo Guacamaya a la ONG Elementa DDHH.

En el estudio “Radiografía de la prohibición: política de drogas en México 20218-2024”, presentado este martes, la ONG publica un oficio del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste (Cerfise) de la Sedena que indica la existencia de un laboratorio clandestino en el que se producen, cada semana, “unas 20.000 dosis de ‘fentanilo’ en polvo o pastillas”.

El documento, fechado el 30 de julio de 2020 y el cual forma parte de los miles de correos electrónicos hackeados por Guacamaya a la Sedena, señala que el laboratorio de fentanilo fue ubicado en una región del noroeste de México, donde opera el Cártel de Sinaloa y que la droga, un opioide sintético 100 veces

que de forma “unilateral” la SCJN había revisado las sentencias, en el informe de cumplimiento del caso Tzompaxtle Tecpile, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, notificó a la CoIDH de la comunicación que existe entre la Segob y el máximo órgano de justicia de la nación.

En el informe enviado el 29 de enero a la CoIDH, sobre el arraigo, el Estado señaló en tanto se mantenga en la Constitución, “se debe asegurar que las personas operadoras jurídicas llamadas a aplicar la figura del arraigo, la inapliquen mediante un debido control de convencionalidad”.

De acuerdo al documento, turnado a la defensa el 14 de febrero, el gobierno de López Obrador informó al tribunal regional que “desde la Segob se entabló comunicación con el Consejo de la Judicatura federal así como con la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de conocer las medidas que se implementaban al respecto”, y que el expediente de Tzompaxtle fue turando al ministro Luis María Aguilar Morales.

La RSDCIAC insistió en que la sentencia Tzompaxtle Tecpile y otros “es definitiva e inapelable”, que su acata-

miento “será ejemplo de cumplimiento y protección a los derechos humanos”, reconoció el papel del Poder Judicial, y lamentó que “el Poder Ejecutivo y el Legislativo sean omisos”.

Pena Sin culpa desmintió las afirmaciones de Alcalde, de que acatar la sentencia de la CoIDH que ordena la desaparición de la prisión preventiva oficiosa se traduzca en “la posible liberación de 68 mil personas” que se encuentran sin sentencia en las prisiones mexicanas.

Apuntó que de la exposición que “falta a la verdad” de la secretaria de Gobernación, “lo que resulta de mayor preocupación” es que haya en México “68 mil personas en las cárceles sin que tengan una sentencia condenatoria, y sin que se haya demostrado su responsabilidad”.

Lo anterior implica “68 mil personas a las que se les viola su derecho a la presunción de inocencia y que pueden perder años de su vida encarceladas sin que se les logre probar su participación en algún hecho delictivo, sin desconocer que en la mayoría de estos casos impacta a las personas más pobres, porque son quienes no pueden comprar la justicia”.

Sobre el caso García Rodríguez y otro VS México, sentencia emitida en

abril del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por procedimiento, la remitió “a todas las instancias federales y locales que se consideren responsables”, para atenderla, entre ellas la SCJN para que “en el ámbito de sus facultades actuara conforme a derecho y conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales”.

La organización consideró “irresponsable” que la funcionaria descalifique el análisis de la SCJN considerándolo como “unilateral”, cuando el Estado mexicano participó en las audiencias de la CIDH y de la CoIDH, “donde tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas en el caso García Rodríguez y otro VS México y perdió”.

Apuntó que bajo ese procedimiento es que se integró el expediente “Recepción de Sentencia Internacional”, correspondiéndole al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo estudiar la sentencia del caso “García Rodríguez y otro Vs México”.

Tras resaltar que el proyecto de la ponencia de Pardo Rebolledo avala que se cumpla la sentencia de la CoIDH, y en tanto no se realice la reforma constitucional, el ministro propuso a jueces y magistrados “razonar y justificar” la medida de prisión preventiva en cada caso en particular.

La organización explicó que “la oficiosidad o automaticidad de la prisión preventiva como la tenemos actualmente debe ser un proceso razonado, proporcional y justificado en cada caso en particular, esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy (martes 16) la secretaria de Gobernación”.

AMLO lo negaba, pero tres años antes Sedena sabía que se producía fentanilo

más potente que la morfina, tiene como destino principal el mercado estadounidense.

Documento del Cerfise, de la Sedena.

El estudio de Elementa DDHH, una ONG feminista, de derechos humanos y estudios sobre drogas, señala que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó durante años la producción de fentanilo en México “existía información que demostraba lo contrario”.

El oficio de la Sedena filtrado por Guacamaya a la ONG mexicana y colombiana indica que el masivo ingreso de mercancías por el puerto de Veracruz y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec “conlleva” la “introducción de millones de importaciones” chinas y esto amplía la posibilidad de que ingresen precursores químicos de fentanilo y de que los cárteles que operan en el sureste de México “adopten la

elaboración de esta droga”.

Otro documento de inteligencia militar de marzo de 2020 filtrado a Elementa DDHH habla también de la producción de fentanilo en la zona de Culiacán y advierte que las disputas por el control de la fabricación de esa droga entre células del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa) implica “el riesgo de que se incremente la violencia”.

Estos oficios reservados de la Sedena fueron elaborados tres años antes de que López Obrador negara de manera enfática en las Mañaneras que en México se produzca fentanilo.

“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina el 9 de marzo de 2023.

El 4 de mayo de ese año, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, negó “totalmente” que

México sea un país donde se produzca fentanilo y afirmó que en los laboratorios en Sinaloa presentados en videos por los medios ingleses Sky News y Channel 4 se procesaban, en realidad, metanfetaminas.

En marzo pasado, López Obrador aceptó, por primera vez, que en México se produce fentanilo.

“El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia”, dijo el presidente en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

Fondo de Pensiones para el Bienestar:

alertan sobre estos riesgos para los trabajadores

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La reforma legal para la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, recién aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, no asume el compromiso de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, señala un diagnóstico sobre el dictamen.

Asimismo, no está definido aún el mecanismo mediante el cual los trabajadores puedan reclamar la devolución de los recursos de las Afores que sean transferidos a ese Fondo, lo que podría derivar en trámites excesivos, tiempos largos de espera y complicaciones administrativas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este martes un análisis sobre las implicaciones para las finanzas públicas y los trabajadores de la iniciativa que se prevé sea discutida este miércoles en el pleno de San Lázaro.

El centro de estudios expone las diferencias de esta iniciativa de reforma legal con la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero, que también propone la creación de un Fondo de Pensiones

Carolina Carrasco Ciudad de México, (Tribuna)

Las reformas a la Ley de Amparo, propuestas por el senador Ricardo Monreal, pretenden privilegiar el interés de la facción en el poder por sobre las posibles afecciones que esto genere a los derechos humanos de las personas, estimó el ministro de la Suprema Corte de Justicia, (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien también criticó la reforma enviada por el presidente en febrero, y que los perfiles para ocupar algunas vacantes en cargos del Poder Judicial estén conformadas por personas cercanas a Morena.

Durante su participación el foro Jornadas por la Independencia Judicial a 30 años de la Reforma Judicial de 1994, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ministro señaló sus preocupaciones sobre el clima de incertidumbre que estas situaciones, Y aseguró que la iniciativa de reforma, que busca que se evite suspender obras públicas, podría implicar un riesgo a los derechos humanos de la ciudadanía

¿Quién es el ministro González Alcántara Carrancá?

Nacido en el entonces Distrito Federal, el 19 de agosto de 1949, Alcántara Carranca es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, con mención honorífica; cuenta con una Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría

para el Bienestar.

Recuerda que el 4 de abril de 2024, los diputados morenistas Ignacio Mier Velazco y Angélica Ivonne Cisneros Luján presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, el cual tiene como objetivo complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a 16 mil 361 pesos.

Este fideicomiso, detalla, es similar al fondo del mismo nombre que fue propuesto por el Ejecutivo federal el 5 de febrero de este mismo año a través de una iniciativa que busca reformar el artículo 123 de la Constitución.

“En la iniciativa del 4 de abril se señala que el Fondo procurará complementar las pensiones de aquellos trabajadores que resulten elegibles, aunque el monto del apoyo que podrían recibir no se especifica”, señala el análisis. La reforma constitucional que envió

el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere mayoría calificada en el Congreso, con la cual no cuenta el gobierno. En cambio, la iniciativa de Mier y Cisneros puede aprobarse con la mayoría simple de la que dispone Morena.

Sujeto a las reglas de Hacienda

En su análisis sobre el proyecto presentado por los diputados Mier y Cisneros, el IMCO expone que, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo, en esta iniciativa el Estado mexicano no asume el compromiso de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización (tasa de reemplazo del 100%) hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS.

“El monto del apoyo que recibirían los trabajadores se desconoce, al estar sujeto a las reglas que en su momento

defina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, asegura.

Además, señala, dicho apoyo no se extenderá a todos los trabajadores del país que cumplan con el requisito antes mencionado.

“Únicamente beneficiará a los empleados del sector privado que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997 y a los funcionarios públicos que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007.

“Es decir, aquellos empleados que empezaron a trabajar a partir de la creación de un sistema de cuentas individuales que gestionan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), siempre y cuando se pensionen y el Fondo cuente con los recursos suficientes”, menciona el análisis.

En resumen, los trabajadores que podrían recibir el apoyo son aquellos que cumplan con los siguientes tres requisitos:

Coticen desde julio de 1997 en el IMSS o desde abril de 2007 en el ISSSTE.

Se pensionen (cumplan la edad y semanas cotizadas requeridas).

Su pensión sea menor o igual al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS (16 mil 361 pesos en 2023).

Quién es el ministro González Alcántara Carrancá y por qué se opone a la reforma a la Ley de Amparo

en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona.

Como académico se ha desempeñado como profesor titular en la UNAM, la IBERO, el CIDE y el ITAM. Entre las distinciones que ha recibido, destacan el premio “René Cassin” de Derechos Humanos, del Comité de la Tribuna Israelita A.C., y el Mérito Académico, otorgado por la Universidad Iberoamericana.

En el ámbito judicial, fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal desde 1992; del año 2000 al 2003 fue Presidente de dicha institución y desde 2004 desempeñó el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Cabe destacar que fue integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México; llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 tras nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ministro estima riesgo a los DH tras aprobación de las reformas

Durante su participación en el foro, el ministro aseguró que con la reforma a la Ley de Amparos, lo que se preten-

de es acotar las facultades de las y los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales, lo que privilegiaría a la facción en el poder, “bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población”.

Por otra parte, estimó que la reforma planteada por AMLO que busca que jueces, ministros y magistrados sean elegios por el voto directo, González Alcántara, es un rechazo a los 30 años de desarrollo y consolidación del Poder Judicial de la Federación mexicana; señaló que en vez de privilegiar el mérito y la especialización, se propone “una suerte de concurso de popularidad” donde se privilegia las promesas, los discursos simplistas y el maniqueo por encima de la reflexión.

El ministro también expresó su preocupación respecto a que los aspirantes al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sean afines a Morena: “Cuando nosotros vemos la lista de los nuevos aspirantes a ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y forman parte de una agrupación de abogados que está vinculado a Morena, pues me asusto, porque es su vinculación a ese grupo lo que los hace aptos para llegar”. Compa-

ró esta situación a cuando en la Alemania Nazi de que ninguna persona que no fuera “aria” podía ejercer derecho, por decreto del gobierno alemán de ese entonces.

Recordó además que en el pasado hubo una federación de abogados al servicio del Estado que tenía que ser casi un requisito cuando el PRI era el que gobernaba: “Eso evita la pluralidad y eso evita pues la discusión limpia y transparente”.

En el pasado, AMLO llegó a expresar que la designación de González Carranca a la Suprema Corte fue un error, y que se sentía “decepcionado”: “Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo el mandatario en septiembre de 2022. Con información de Infobae.

#SANJUANA LIBRE

Durante más de quince años Sanjuana Maldonado ha vivido en prisión por un delito que no cometió.

De su expediente se desprenden irregularidades en su proceso penal, violaciones a sus derechos humanos y la omisión de las autoridades jurisdiccionales de juzgar su caso con perspectiva de género.

Frente a una sentencia firme que impide realizar alguna acción legal para impugnar la decisión judicial que la condena, como último recurso, el pasado 15 de febrero de 2024 la organización Perteneces A.C. acompañó a la familia de Sanjuana a presentar una solicitud de indulto al Congreso del estado de San Luis Potosí para que de manera inmediata se le conceda su libertad[1]. En el marco del 8M, a su vez, el gobernador del estado presentó otra petición de indulto, sumándose a la causa por su libertad[2].

Sanjuana creció en Charco Cercado, Guadalcázar, una comunidad con un alto índice de marginación, en la que se carecen de servicios básicos y no se cuenta con oportunidades educativas para sus habitantes. Debido a ello, Sanjuana decidió migrar a otro municipio de la entidad, Matehuala, para iniciar sus estudios superiores, y así cambiar su condición de vida.

Es en el año 2009, al encontrarse estudiando la universidad conoce a José, un hombre quince años mayor, quien ejerció violencia psicológica, simbólica y emocional en su contra. José, en el mismo año, la lleva bajo amenazas de dañarla a ella y a su familia, a cobrar un dinero a una

tienda de autoservicio, Sanjuana desconocía su procedencia.

Allí Sanjuana decide no entrar a la tienda a realizar el cobro, por lo que se queda esperando en el estacionamiento. Minutos después es detenida por elementos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el delito de secuestro agravado.

El equipo legal de la organización leyó los cientos de fojas del expediente, a partir de lo cual pudo identificar que no se contaron con elementos suficientes para determinar su responsabilidad. De las múltiples irregularidades en su proceso se encuentran, por ejemplo, que su detención fue ilegal porque no se cumplieron con los requisitos de la flagrancia.

Se le mantuvo en arraigo por más de cuarenta días sin que se justificara la medida, tiempo que fue utilizado para obligarla a declarar sobre su participación en el delito. Su defensa fue inadecuada porque no se realizaron actos tendientes a demostrar su inocencia. Las pocas pruebas que fueron presentadas a su favor no fueron valoradas correctamente, tanto que se excluyeron las declaraciones de las personas que sí realizaron el cobro del dinero en las que sostuvieron que Sanjuana no sabía por qué se encontraba en el lugar de los hechos y que no había cobrado ningún rescate. Asimismo, gracias al análisis del expediente se puede concluir que, si Sanjuana hubiera sido juzgada con perspectiva de género, se encontraría en libertad con su familia e hijos. Al respecto, la solicitud de indulto se presentó adjunta a un peritaje antropológico con perspectiva de género, en el

que desde el modelo sistémico del continnum de violencia se estudió el contexto de vida de Sanjuana, concluyéndose que debido a los actos de violencia de género que experimentó durante su infancia y adolescencia, presentes en su psique y cuerpo, no tuvo oportunidad de actuar con completa autonomía en la decisión de acompañar a José Cruz al lugar de los hechos y poder salir de la relación violenta que llevaba con él.

También que Sanjuana fue víctima de una política criminal en el marco de la guerra contra el crimen organizado que conllevó que se le juzgara con mayor severidad, discriminándola, revictimizándola porque se construyó una historia falsa en la que se le hizo ver como una mala mujer, desechando su palabra y su experiencia de vida; despojándola de su identidady de su pertenencia a una comunidad que siempre la respaldó y pugnó por su libertad.

Desde ahí sí existieron suficientes elementos para reconocer su inocencia, pero no fueron considerados, pues se le trató como culpable desde su detención porque se debía cumplir con el mandato de encarcelar al mayor número de personas.

Recientemente diputados integrantes del Congreso señalaron que la solicitud se encuentra en estudio en las Comisiones de Justicia y Gobernación[3], para que después sea votada en el Pleno, para la cual se requiere la aprobación de 14 miembros de la legislatura para que Sanjuana sea libre.

De una simple lectura a su caso, se puede concluir que efectivamente Sanjuana cumple con los requisitos para que se elija por su libertad, pues solo es necesario

que se demuestren la violación a sus derechos humanos y un indebido proceso.

Si bien, la ley no establece un plazo para resolver sobre la solicitud, cada día que pasa es un día más de permisión a las violaciones de sus derechos humanos, que el Estado mexicano se encuentra obligado de evitar.

La historia de Sanjuana refleja las deficiencias del sistema de justicia penal en México, y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres como consecuencia de la ausencia de los tribunales por juzgar sus procesos penales desde la perspectiva de género.

Por eso, es un momento histórico para el Congreso de San Luis Potosí para reivindicar no solo los derechos humanos de Sanjuana, sino de todas las mujeres en México privadas injustamente de su libertad.

[1] El Universal, Marchan en SLP en apoyo a Sanjuana, mujer presa desde hace 15 años por un crimen que no cometió, 15 de marzo de 2024. Disponible en https://sanluis.eluniversal.com. mx/estado/marchan-en-slp-enapoyo-a-sanjuana-mujer-presadesde-hace-15-anos-por-un-crimen-que-no-cometio/

[2] Astrolabio, Gobierno de SLP se suma a la exigencia de indulto de Sanjuana,8 de marzo de 2024. Disponible en https:// www.astrolabio.com.mx/gobierno-de-slp-se-suma-a-la-exigencia-de-indulto-para-sanjuana/

[3] La orquesta, Congreso de SLP ya inició análisis de solicitud de indulto para Sanjuana, 1 de abril de 2024. Disponible en: https:// laorquesta.mx/congreso-de-slpya-inicio-analisis-de-solicitud-deindulto-para-sanjuana/

Raquel A. Charqueño, Abogada En Perteneces A.C.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EL DEBATE

La figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha generado un interesante debate en la agenda pública por la inminente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su aplicabilidad o no, en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso García Rodríguez y otros vs México, del 25 de enero del 2023. Veamos.

Primero. La prisión preventiva es la privación de la libertad personal de un imputado de un delito, la cual puede ser prisión preventiva justificada; es decir, el ministerio público debe fundar y motivar por qué considera que no debe imponerse una medida cautelar distinta para evitar que el presunto responsable pueda evadirse de la acción de la justicia y la prisión preventiva oficiosa, la cual se dispone como una obligación para el juzgador en diversos delitos considerados como graves expresamente enunciados, así como en otros “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”. En este último caso, la oficiosa, la propia Constitución no reclama el deber de investigación y argumentación técnico-jurídica del ministerio público, como sí lo requiere en la denominada prisión preventiva justificada. En la sentencia citada de la CIDH, el máximo órgano jurisdiccional

resolvió que la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional es incompatible con lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras razones porque: “a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b) tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso”. (párrafo 295 y ss.) Asimismo ordena a México adecuar su normatividad interna y se hace eco de la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que deje de aplicarse en tanto no se lleven a cabo las reformas en cuestión.

Segundo. La SCJN ha decidido analizar cómo dar cumplimiento al mandato de la CIDH sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en un ejercicio significativo sobre qué debe prevalecer, si la Convención Americana y su interpretación por la propia CIDH o lo establecido en el artículo 19, segundo párrafo, de la CPEUM como hasta el día de hoy se ha hecho. Se trata de un tema que admite dos interpretaciones: privilegiar

la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso sobre la seguridad colectiva o al contrario. No existe, por supuesto, un camino inequívoco. De esta suerte la solución tendrá que decantarse por asumir la interpretación formalista del derecho o aquella sistemática que hace suyos principios relativamente nuevos como el principio pro persona y la interpretación conforme que crecientemente han adquirido carta de naturalización constitucional y convencional por su acento en los derechos humanos. El gobierno federal ha solicitado a la SCJN que se pronuncie por dejar las cosas como están, porque de no hacerlo “impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy, según afirmó Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación. Habría que decir que no se trata efectivamente de personas condenadas por los delitos que se les imputan ni tampoco que haya la certeza de que esas 68 mil personas serán encontradas culpables.

De igual modo, la titular de Gobernación afirmó que no debe acatarse la resolución de la CIDH, porque: “Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución”. Hay que apuntar

que en el caso García Rodríguez y otros vs México, el país reconoció expresamente la jurisdicción de la CIDH (como ha sido siempre en México) e hizo valer en tiempo y forma sus razonamientos, que al final del día fueron desestimados para privilegiar una perspectiva de derechos humanos, razón por la cual, supongo, el ministro ponente Pardo Rebolledo propone la inaplicabilidad de esa disposición constitucional porque hay un mandato expreso de la CIDH, a mi juicio con una apreciable solidez argumental (https://acortar.link/ SBep9w).

Tercero. Es importante precisar que no se propone que no exista la prisión preventiva, sino que esta figura se aplique en forma casuística haciendo el análisis particular de cada asunto y no “de oficio”; es decir, sin que medien elementos razonables de convicción de la idoneidad de esa medida. Con todo, cabe hacer notar que en el país las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva necesitan mejoras sustanciales para cumplir su finalidad como mecanismo alternativo para evitar llenar las prisiones del país. Se trata de un conjunto de medidas de política pública que deben poner en práctica los estados y la Federación para que esas alternativas sean eficaces en asegurar razonablemente que los imputados no se sustraigan del proceso legal. Esa realidad, que es innegable, no debería resolverse pagando justos por pecadores y -especialmentela gran mayoría que no tiene la capacidad económica para pagar una defensa legal altamente profesional.

Ernesto Villanueva

LOS DILEMAS DEL CONFLICTO MÉXICO-ECUADOR

Olga Pellicer

El conflicto diplomático entre México y Ecuador ha repercutido a través del mundo suscitando una cobertura mediática muy amplia. Esa situación despierta interrogantes sobre hasta dónde dicho conflicto puede afectar la vida interna de ambos países, los marcos normativos internacionales y, en general, el futuro de los problemas de seguridad y violencia que sacuden a la mayoría de los países latinoamericanos.

El motivo del enfrentamiento fue el allanamiento de la embajada de México en Ecuador por parte de fuerzas policiacas de ese país en búsqueda del exvicepresidente Jorge Glas, que estaba acusado de diversos delitos.

Glas se encontraba en la embajada en calidad de “huésped”, esperando la concesión de asilo, cuando la embajadora de México fue declarada persona non grata como respuesta a las declaraciones que hiciera el presidente López Obrador en su conocida “Mañanera” sobre la falta de legitimidad de las elecciones que llevaron a la presidencia al actual presidente Daniel Noboa. Antes de la salida de la embajadora se concedió el asilo a Glas.

El allanamiento de una embajada es un caso extremadamente grave, tomando en cuenta la importancia que concede la comunidad internacional a respetar las normas establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como a Convención de Caracas sobre el mismo tema.

La violación de la integridad de recintos diplomáticos, consi -

derados territorio de los Estados ahí representados, ha dejado recuerdos muy amargos. Uno de los casos más famosos durante el siglo XX fue la ocupación y toma como rehenes del personal de la embajada estadunidense en Irán. Semejante acción fue un momento de transición de la política de Estados Unidos hacia Irán y en general hacia el Medio Oriente, cuyas consecuencias se resienten todavía. Han dado el tono a un ambiente de temores y desconfianza que poco ha contribuido a la paz y la seguridad internacional en esa parte del mundo.

No es sorprendente la reacción generalizada de condena a la acción ecuatoriana contra la embajada de México en Quito. Casi la totalidad de Estados de América Latina y el Caribe, los países europeos, Canadá y Estados Unidos y numerosos organismos internacionales han condenado el hecho.

La acción diplomática se ha extendido. En efecto, se ha convocado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que convoque a una reunión de cancilleres. Por otra parte, la presidenta en turno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) ha convocado a una reunión de los Estados miembros para pronunciarse sobre el allanamiento de la embajada de México en Ecuador.

Las reuniones anteriores conducen a la pregunta de qué puede hacerse, dentro de los marcos normativos existentes, para ir más allá de reiterar las condenas ya expresadas y proponer canales para la deseable normalización

de las relaciones entre México y Ecuador. Desde luego que pueden añadirse considerandos más elaborados y significativos, pero se debe tomar en cuenta que en el caso de la CELAC se necesita de unanimidad para poder aprobar una resolución, y en el caso de la OEA el presidente López Obrador mantiene una enorme antipatía por su secretario general, y poco reconocimiento a las tareas de esa organización. Es poco probable, pues, que lo que ahí ocurra tenga significado, con excepción de la mala impresión que, en el caso de la OEA, puede dejar la posición inesperada de México. La banalidad de las acciones en los organismos mencionados no significa que detrás del diferendo entre Ecuador y México no se encuentren problemas de fondo que merecen una seria reflexión. Sin embargo, el momento y el espacio para hacerlo no es ahora. México se encuentra en pleno proceso electoral, Noboa busca su reelección el año 2025. Es importante no contaminar las elecciones exaltando sentimientos nacionalistas que, echados a andar, podrían conducir a episodios de violencia muy desafortunados.

Los problemas más serios asociados al conflicto tienen que ver con temas sensibles sobre los que es difícil llegar a conclusiones en poco tiempo. Por ejemplo, sería necesario una definición más clara del otorgamiento de asilo para evitar que éste se determine sin cumplir requisitos básicos, como lo es la evidencia rigurosa de que no se trata de proteger a delincuentes. De otra parte, es extremadamente difícil, aunque necesa -

rio, determinar cuándo se viola el principio de no intervención. Pronunciarse desde el Poder Ejecutivo sobre situaciones que corresponden a la jurisdicción interna de otro Estado ocurre, muy frecuentemente, por parte de grandes potencias; pregúntenle si no a Trump. Sin embargo, ello no justifica que otros países lo hagan sin que se reconozca que son actos de intervención.

Ahora bien, el problema que no se está abordando en el tratamiento del conflicto México-Ecuador es el de la violencia que de manera acelerada se ha apoderado de algunas regiones de Ecuador; Guayaquil es uno de los mejores ejemplos. La actividad de los cárteles, algunos de ellos asociados con cárteles mexicanos, ha dado lugar, a su vez, a una militarización acelerada, acompañada de violaciones de derechos humanos que recuerda vivamente lo que está ocurriendo en El Salvador.

Un último tema a considerar es la importancia para la diplomacia mexicana de proceder a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia asumiendo, después, un bajo perfil desde Palacio Nacional y delegando declaraciones y tomas de posición a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde ahí se deben abordar los problemas jurídicos, que seguramente surgirán en las etapas siguientes, con un alto profesionalismo que coloque el problema lejos de una escalada verbal que sería contraproducente, tanto para la conducción del proceso electoral como, más tarde, el manejo de la política exterior por parte del gobierno que resulte electo.

Ruperto Portela Alvarado

• EL COMPLEJO ACTO DE VOTAR.

• Seis boletas le darán al elector…

• La boleta tendrá al menos 7 recuadros…

• ¿Aparecerá Eduardo Ramírez 9 veces?…

• ¿Sabe el ciudadano quiénes son sus candidatos?...

LA CONFUSIÓN ELECTORAL…

Los mexicanos estaremos en la más difícil decisión del momento el día de las elecciones del domingo 2 de junio-2024 cuando tengan que emitir su voto en un complejo acto de votar; cuando se le entreguen seis boletas para elegir a la o el Presidente de la República, el Gobernador y Senador de su Estado; el Diputado de su distrito, local o federal y Presidente Municipal de su localidad.

Pero habría que preguntarse: ¿saben los electores quienes son los candidatos contendientes a nivel Presidencia de la República, Gobernadores y Senadores de sus Estados y los aspirantes a Diputados locales y federales como a las Presidencias Municipales y por qué partidos? Es una mezcolanza de situaciones que la mayoría de ciudadanos no entienden ni saben cómo y por quién votar.

En un mismo acto y momento, el elector tendrá que cruzar el cuadro de cada una de las seis boletas (o tacharlas para anular su voto) porque quien desee votar, ya sea para la Presidencia de la República y Gobernador del Estado; otras para Senador, Diputado Federal y Local más de Presidente Municipal. Y eso hasta hoy no lo han pensado los Consejeros del INE ni los organismos locales electorales de los estados y municipios. No hay una sola promoción del voto que enseñe a la gente cómo utilizar las boletas y marcar el cuadro correspondiente donde esté inscrito el

nombre de su candidato. Pero siendo seis posiciones de elección popular que estarán en disputa el domingo 2 de junio, solo en la de Presidente de la República la boleta tendrá ocho recuadros; en tres irán los nombres de XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ (PRI, PAN, PRD) y en iguales tantos el de CLAUDIA SHEINBAUM (Morena, PT, PVEM). En uno, el del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, y uno en blanco para que el elector ponga el nombre que se le ocurra. El caso Chiapas es singular y diferente porque el candidato de Morena, PT y Verde Ecologista, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR lleva de cola a otros seis partidos de la chiquititada local; por lo que me pregunto; ¿la boleta llevará 9 recuadros con el nombre del famoso “Jaguar Negro; otros tres para la abanderada del Frente Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD), OLGA LUZ ESPINOSA MORALES y uno más para la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), KARLA IRASEMA MUÑOZ AGUILAR. En total 13 recuadros. Así, ¿Cómo votar?. Reitero, ¿sabrán también los chiapanecos quiénes son sus candidatos a la presidencia municipal, senador, diputado local y federal? ¿Por qué partidos compiten cada uno de ellos, si es que lo saben? Puedo entender que en Tuxtla Gutiérrez ya deben saber que FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, mejor conocido como PACO ROJAS va con la alianza PRI, PAN y PRD; ÁNGEL TORRES CU -

LEBRO por las siglas de Morena, PVEM y PT, más otros partiditos locales, que no sé cuántos. Y por último la candidatura de SALVATORE COSTANZO “SALVATUXTLA” que defiende el color naranja del Movimiento Ciudadano.

Pero no han de saber quiénes son los candidatos a senadores como es el caso de WILLY OCHOA (WILLIANS OSWALDO OCHOA GALLEGOS) que va con el sello del PRI-PAN-PRD; LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO por el Verde Ecologista y la dupla de SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLAR y JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS abrigados por la sábana de Morena, PT y otros partidos parásitos locales.

Así tenemos que ver quiénes son los candidatos por los distritos federal y local de Tuxtla Gutiérrez, donde, cuando menos yo, sólo sé de GUILLERMO SANTIAGO “el de la gran robadera” que abandera Morena y EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS que va envuelto con la manta de los partidos PRIPAN-PRD, en el distrito 9 de esta capital. Pero no sabemos de otros candidatos en los distritos locales y federales de Tuxtla.

Por todo este menjurje de candidatos que a nivel nacional se disputarán 20 mil 720 posiciones entre Presidencia de la República, 8 Gubernaturas de Estados, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 128 Senadores de la República; 500 Diputados Federales; las Legislaturas de 29 entidades, Presidencias Municipales y regidurías, los ciudadanos todavía no

entienden la relevancia de estas elecciones de 2024.

Es recomendable que, tanto el INE como los organismos electorales de los Estados y Municipios, diseñen un proyecto de difusión para la instrucción de cómo están diseñada la boleta electoral, cómo irán inscritos los nombres de los candidatos y cómo cruzar el cuadro o los cuadros para que sea válido su voto; porque la mayoría de los mexicanos entrarán en una confusión cuando les empiecen a entregar boletas tras boletas y no sepan cómo utilizarlas. Además se debe hacer una promoción del voto más agresiva, intensiva e ilustrativa. Se las dejo de tarea porque si no, habrá una gran decepción de las elecciones e indiferencia cómo se percibe hoy; además, un alto índice de votos nulos y ganará el abstencionismo. Sobre aviso no hay engaño… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

• “¿Crisis?, la que tienen en sus mentes” - Enrique Peña Nieto, en respuesta a las críticas sobre la situación económica y de seguridad en su sexenio.

• El robo del siglo a la clase trabajadora

• Lo de Arturo Zaldívar, un caso extraordinario de corrupción institucional

La frase dicha por Enrique Peña Nieto “¿Crisis?, la que tienen en sus mentes” también aplica al presidente López Obrador, a unos meses de su partida, a menos de cinco meses y medio, es decir 167 para que el tormentoso gobierno de la 4T termine.

Cual crisis diría López Obrador, y si la hay, pues tendrá que romper el “cochinito”, pero como la hay, tendrá que hacer uso de recursos que no son suyos, pero sí de los mexicanos, al fin y al cabo, este nunca ha respetado la ley y mucho menos hoy que necesita dinero, pues el país está quebrado debido a una mala administración de su gobierno.

Esta vez ya le hecho el ojo al dinero de los trabadores, sus pensiones, las afores, que poco le importa robarle su dinero, on el respaldo de sus incondicionales, lacayos y lamebotas sus empleados, los legisladores, solo así se podrá salir con la suya, a menos que el Poder Judicial lo frene una vez más como siempre lo ha hecho.

Y es que este martes avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa para consumar el atraco del siglo. Si esta vez López Obrador se “lame los bigotes”, para robarles a los trabajadores 40 mil millones de pesos que son un esfuerzo de más de 70 años que no han reclamado su dinero en las afores.

Estos serán confiscados por el gobierno de la 4T dizque para llevarlos al Fondo de Pensiones del Bienestar, con la complicidad de sus gatos, los legisladores de Morena, PT y PVEM

Son los ahorros de los trabajadores, aunque los Morenistas cómplices de este atraco digan lo contrario, bajo el argumento que es una reforma que están impulsando en San Lázaro un “fondo solidario para las pensiones y que beneficiarán a los que ahora son despojados con una pensión mayor de 16 mil pesos, una gran mentira porque dinero no hay, ya se acabo, por eso hace uso ilegal de las pensiones.

Lo cierto es que el gobierno corrupto de AMLO, se estará apropiando, robando, hurtando, atracando o como quiera llamarle, tomando recursos que no son le pertenecen, sino de particulares.

Mejor dicho, es dinero de gente trabajadora responsable que ahorro para su retiro, y la perversa idea del mesías tropical, es la de crear un fondo de pensiones del bienestar.

En los hechos suena bien, pero “bienestar”, es sinónimo de corrupción en este gobierno, y no dudamos que ese dinero se vaya a la compra de votos de Morena.

Tomando en cuenta que el emperador de Macuspana nunca cumple lo que promete, le esta vendiendo la idea con su “estafa maestra” que garantizará a todos los ingenuos que no hagan el reclamo de manera oportuna de su dinero, un retiro con el 100 por ciento de su sueldo a quienes se jubilarán con el esquema de Afores aprobado en 1997.

Solo que López Obrador no ha tomado en cuenta que ese ese dinero tiene dueño, quienes por angas o mangas no lo han retirado, por lo que el mentiroso presidente, Morena y la 4T, esperan aprovechar la primera oportunidad para robarse el dinero y ese momento ha llegado.

Lo que más preocupa de la reforma que es un timo a los trabajadores, porque no se trata de dos pesos, son poco más de 40 mil millones de pesos que sin reglas claras, podrían in parar cualquier obra faraónica interminables de AMLO.

Sin duda se trata de un timo, porque según la 4T el fondo se va a complementar con un porcen -

taje de las ganancias que generen el Tren Maya, la aerolínea militar de Mexicana de Aviación y el AIFA, Dos Bocas si algún día llega a refinar, las ganancias serán repartidas a los trabajadores.

Pero si no hay ganancia, lo más seguro es que los trabajadores se queden “chiflando en la loma”, porque López Obrador en menos de seis meses ya se va y saldrá loco de contento con todo lo robado a millones de mexicanos.

La corrupción de Zaldívar y AMLO del más alto nivel del Estado mexicano.

Aun con la defensa a ultranza que le hace el presidente López Obrador al ex ministro de la Corte, Arturo Zaldívar por sus corruptelas durante su gestión, traicionó al Poder Judicial por quedar bien con el presidente.

Es una muy buena señal que la presidenta de la Suprema Corte el anunció de una investigación de los actos de su predecesor.

La impunidad que caracteriza a la vida pública en México se alimenta en buena medida de la incapacidad de élites y dirigentes para indagarse a sí mismos.

Por desgracia, en la investigación a los colaboradores del exministro Arturo Zaldívar hay tantas señales de sesgo y oportunismo político que una acción que, en principio tendría que ser bienvenida, termina generando “sospechosismo” como solía decir Santiago Creel.

Peor, castiga aún más la comprometida imagen que tiene la opinión pública sobre la dudosa imparcialidad de las autoridades judiciales.

Pero Zaldívar está más enlodado y le damos poco tiempo de vida tanto en el equipo de Clau -

dia Sheinbaum y como aliado del presidente.

No creo que Zaldívar la libre, los señalamientos lo condenan, no es una blanca palomita pues lo las delicado y grave de la investigación que se le sigue en la Corte, a sus operadores políticos y el ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, es un breve comentario que se podría configurar como un caso extraordinario de corrupción institucional del más altos niveles del Estado mexicano.

Aunque Arturo Zaldívar se defiende como “gato boca arriba” y aunque todas sus huestes lo defiendan, incluyendo la consentida del presidente, Claudia Sheinbaum y del mismo presidentes, el escandalo es mayúsculo, que incluso puede hacer que López Obrador salga corriendo como perro con la cola entre las patas. Veremos.

Del Montón

El fiscal de Estados Unidos, Merrick B. Garland, aseguró que los grupos criminales mexicanos son más ricos que ciertos países y que hay partes de México donde es difícil combatirlos, son organizaciones delictivas altamente rentables, y difícil combatirlas porque México se niega a cooperar, según expresó ante la Cámara de Representantes que está encargada de revisar el dinero que es otorgado al Departamento de Justicia. “Los cárteles son enormemente rentables, tienen más dinero que algunos Estadosnación y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, son parte de las declaraciones del fiscal estadounidense. En un informe del Departamento de Justicia que registra un discurso de Merrick Garland sobre el financiamiento, se puede leer: “Utilizaremos estos recursos para continuar nuestros esfuerzos por desmantelar la cadena de suministro global de fentanilo y desmantelar a los cárteles responsables de inundar de veneno nuestras comunidades”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

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