CONTRAPODER EDICIÓN 2547

La ausencia de planeación urbana en Tuxtla

En días pasados dos estudiantes de la UNACH fueron atropellados en el Boulevard Belisario Domínguez, enfrente de la universidad, al momento de descender del colectivo.

Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, urgió a las autoridades estatales y federales actuar con prontitud para localizar a Lagunes y Díaz, porque “cada día que pasa sin saber de ellos es una agonía”

D O X A

Tuxtla está convertido en el paraíso de los fraudes inmobiliarios.

Se han construido unidades habitacionales sin acceso al agua y al saneamiento.

Y existe un grupo de empresarios que gozan de impunidad ante estos fraudes.

Los casos más denunciados son los de Eric Romero Peimbert y Gustavo Flores, a quienes el municipio de Tuxtla les continúa otorgando permisos de construcción.

DENUNCIA Bloquean tramo SitaláBachajón

ALERTA Canaero alerta sobre riesgo por migración apresurada de operaciones de carga al AIFA

La ausencia de planeación urbana en Tuxtla

En días pasados dos estudiantes de la UNACH fueron atropellados en el Boulevard Belisario Domínguez, enfrente de la universidad, al momento de descender del colectivo. Este lamentable accidente, obliga a realizar una reflexión sobre el diseño de ciudad que está viviendo Tuxtla Gutiérrez, que deja de lado al peatón y privilegia a los vehículos automotores, convirtiendo a las avenidas principales de la ciudad en vías rápidas, que dificultan a las personas atravesar estas avenidas, que aún y cuando existan puentes peatonales, estos no son suficientes y no están pensados para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con dificultades para caminar.

Tuxtla Gutiérrez ha sufrido un grave retroceso en su relación con los peatones, en el que olvida que la ciudad es el espacio público habitado por ciudadanos, mismos que están fuera de las preocupaciones tanto del gobierno municipal co -

mo del gobierno estatal, quienes han destinado recursos para obras, no pensadas en la mejora de la vida de las personas sino en la de la circulación del transporte, que no necesariamente beneficia a los peatones, quienes paradójicamente son sometidos a riesgos de accidente.

La planeación urbana de Tuxtla Gutiérrez no es la adecuada, fundamentalmente por la falta de avenidas que atraviesen de oriente a poniente la ciudad, en el que el Boulevard Belisario Domínguez es la única que atraviesa la ciudad y está convertida en una vía rápida que dificulta a las personas cruzar la avenida caminando. Y más con los arreglos al camellón, realizados por el gobierno anterior, que impide el paso peatonal-

Son muchas personas atropelladas en las vías rápidas en que se convirtieron las avenidas en Tuxtla. Ejemplo de ello son los estudiantes atropellados enfrente de la universidad; pero cuando las personas tienen necesidad de atravesar cualquiera de los dos libramientos de

esta ciudad, es que uno se da cuenta en que las obras no están pensadas en los peatones, que por cierto, con mucha regularidad, sufre de atropellamientos en estos libramientos, sin que el gobierno municipal o estatal, asuma la parte de la responsabilidad que le corresponde, al no prever los pasos adecuados de los peatones, sin que sean expuestos a sufrir un accidente.

La ciudad es de los ciudadanos, de las personas que habitan este espacio público y común, no de los vehículos automotores; pero esto no lo entienden las autoridades y menos el secretario de obras estatal, que ha convertido el programa de obras del gobierno en su plataforma electoral, en el que pomposa y ridículamente se promociona como el Ángel de Chiapas, sin darse cuenta que la construcción de vías rápida y de puentes vehiculares no son compatibles con la seguridad de las personas, que requieren de una ciudad que sea incluyente y amigable y no una ciudad que reproduzca las condiciones de desigualdad social.

En la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez, las y los trabajadores que se dedican a la carga, descarga y venta de productos, pagan entre 150 a 500 pesos diarios para poder laboral dentro de las ocho naves de esta unidad comercial, denunciaron vendedores, carretilleros y “chalanes”.

Alrededor de 50 trabajadores de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron dentro de este complejo comercial popular, para exigir al gerente administrador, Iván Lazos Castañeda, que deje de imponer cuotas a quienes se dedican a trabajar en este espacio.

“Nosotros somos carretilleros y somos chalán y todos estamos pagando por el derecho de venir a trabajar, y no nos dejan trabajar a nuestra manera, nos ponen prohibiciones… si el que te ayuda no puede agarrar la carretilla te multan, o si no pagas no puedes pasar al otro

Denuncian corrupción al interior de la Central de Abastos

Las y los trabajadores lamentaron el actuar de Iván Lazos Castañeda, gerente administrador de la Central de Abastos de Tuxtla, a quien señalan de imponer cuotas para que puedan trabajar

día”, repudiaron los trabajadores.

Por lo anterior, lamentaron que la administración siga exigiendo un pago de 150, 200 ó 500 pesos para que los que se dedican a trasladar productos dentro de los más de 240 locales comerciales de la Central.

“Va variando, no hay una multa estable o sea varia, puede de ser de 200, 150, 500, depende también

quien te atienda… si te pones alegar pues te dicen que si no te callas te saco”, expusieron.

Pese a que estas cuotas se han encontrado vigentes desde años atrás, señalaron que el administrador no rinde cuentas de lo que percibe de cada trabajador, hecho que se refleja en la condición de las instalaciones, a las cuales aseguraron les hace falta mantenimiento.

“Acá nosotros estamos pagando y pedimos que arreglen las rampas. Nosotros pagamos 500 pero nos subieron a 600”, precisaron.

Cabe destacar, que en la Central de Abastos acuden diariamente alrededor de 5 mil personas entre vendedores y compradores, y en el que se ofertan 4 mil 900 empleos directos y más de 18 mil indirectos durante todo el año.

Bloquean tramo Sitalá-Bachajón

Transportistas de línea Sitalá, Bachajon- San Cristóbal franja Verde (OTMIACH) mantuvieron por varias horas, un bloqueo- boteo en el crucero Sitalá, para localizar a vehículos particulares usados como transporte.

Los Transportistas realizan una supervisión de vehículos particulares, para evitar que realicen el transporte de otras personas ajenas a los dueños del vehículo, ya que aseguran provoca que disminuya sus pasajeros.

Alrededor de las 9 de la mañana de este jueves, bajaron a maestros que se trasladaban a su lugar de trabajo, argumentando que se unen

para viajar en grupos y disminuir gastos, lo que ha causado molestia a los transportistas.

Señalan que los principales actores en estas agresiones de transportistas a particulares, lo encabezan Lakmay Sebastián Díaz, Sikiltubo Jerónimo Vázquez, un sacerdote de nombre Juan Carlos, Ricardo Sebastián alias el mandilón y el maestro Pascual Vázquez.

Los pobladores piden que se retire el bloqueo y urgen a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, ya que dichos operativos deberían estar encabezados por la Secretaría del Transporte.

Óscar Gómez/Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.

Ainer Marroquín / Mural Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)

Óscar Gómez/Corresponsalo San Cristóbal de Las Casas.

Alumnos de la Escuela Rural Mactumatzá advirtieron que para este viernes realizarán una marcha que partirá de sus instalaciones hacia el Parque Central de la capital, Tuxtla Gutiérrez, debido a que las autoridades educativas no han escuchado su petición de contratar a más docentes y personal administrativo, para el óptimo funcionamiento de la escuela.

En entrevista vía telefónica, Catalina Villareal, representante de los normalistas, comentó que la falta de personal se encuentra afectando su formación, por lo que pidió una disculpa a la ciudadanía de las molestias que pudiera causar su movilización, que advirtió se dará de forma pacífica, ya que únicamente quieren las autoridades los atiendan.

“Estamos atravesando un problema sobre la contratación de trabajadores, las autoridades no quieren dar ese apoyo, lo cual nos está afectando académicamente, como alumnos eso nos afecta, porque no hay docentes, necesitamos aprender, así no podemos avanzar, necesitamos más trabajadores porque muchos dicen que están laborando en la institución cuando realmente no es así”, comentó.

Asimismo, dijo que necesitan principalmente docentes, además de personal administrativo y apoyo y en total necesitan a unos 30 trabajadores, “hay dos docentes que no nos quieren contratar, el resto son administrativos y por tal motivo nos

Mactumatzá advierte movilizaciones

En entrevista vía telefónica, Catalina Villareal, representante de los normalistas, comentó que la falta de personal se encuentra afectando su formación, por lo que pidió una disculpa a la ciudadanía de las molestias que pudiera causar su movilización, que advirtió se dará de forma pacífica, ya que únicamente quieren las autoridades los atiendan

Las instancias de gobierno federal con sede en la Ciudad de México y en Chiapas, fueron las autoridades que más quejas acumularon en el 2022 por vulnerar y violar los derechos humanos de la población, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, expone que de enero a noviembre de 2022 se tuvo el registro de 8 mil 469 quejas — en todo el país— en contra de diversas autoridades e instituciones de gobierno federal, en la que destaca que los organismos públicos de la Ciudad de México y del estado de Chiapas, acapararon el 44.58 por ciento del total de las denuncias presentadas.

En el caso de Chiapas, la CNDH apunta que hasta el onceavo mes del año anterior se registraron mil 188 quejas; 32.49 por ciento más de las que se acumularon de enero a diciembre de 2021, cuando se contabilizaron 802 reportes de queja.

Por lo anterior, el organismo autónomo refiere que durante el 2022 las autoridades que más quejas presentaron fueron el Instituto Nacional de Migración (INM), con 548 quejas; el

vamos a manifestar en Tuxtla Gutiérrez, mediante actividades pacíficas”.

“Necesitamos que las autoridades nos den una solución, realmente es

necesario que hayan docentes, vamos a empezar la manifestación a las 10 de la mañana, vamos a partir de la escuela de Mactumatzá al Par-

que Central, empezaremos con esto y terminando la actividad vamos a determinar qué otras acciones tomaremos”, concluyó.

Chiapas, 2ª entidad con más violaciones a los derechos humanos

Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 282 quejas; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con 107 quejas; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 68 quejas.

Asimismo, el Sistema de Alerta de la Comisión indica que el resto de las quejas se presentaron en el Centro Federal de Readaptación Social N°15 de Comaltitlán, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría del Bienestar (SB), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras más.

La última queja que registró la CNDH en la entidad, misma que fue meritoria de una recomendación fue la que se presentó en contra del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) con sede en Tuxtla Gutiérrez, por vulnerar los derechos de la niñez, al acreditar que un niño

de 12 años que recibía atención médica en dicho nosocomio fue contagiado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), durante una transfusión sanguínea.

En ese caso, la CNDH informó que se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la protección

de la salud, integridad personal e interés superior de la niñez y al proyecto de vida de la víctima; así como al derecho de acceso a la información en materia de salud de las víctimas indirectas, atribuibles a personal del Hospital de Especialidades Pediátricas.

Ainer Marroquín / Mural Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)

Concesionaria de Mexibús deslinda al gobierno del Edomex de sabotaje a propaganda de Delfina Gómez

Veneranda Mendoza Toluca, Edomex. (apro)

La empresa Transbusmex Ecatepec, S.A. de C.V. deslindó al gobierno del Estado de México de cualquier responsabilidad en la colocación de sus logotipos sobre la propaganda de la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, en el Mexibús.

La concesionaria emitió un comunicado para aclarar que el lunes 16 de enero fueron retirados los vinilos que impedían la visibilidad, pues se encuentra en etapa de negociación un contrato comercial con una empresa de publicidad para la explotación de la infraestructura.

“En la inteligencia de lo anterior, deslindamos al Gobierno del Estado de México de estas acciones, indicando que se trata de situaciones meramente de carácter mercantil”, precisó.

De igual manera, el permisionario de la operación, explotación y mantenimiento del Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México “Mexibús Línea I”, que corre de Ciu-

La concesionaria emitió un comunicado para aclarar que el lunes 16 de enero fueron retirados los vinilos que impedían la visibilidad, pues se encuentra en etapa de negociación un contrato comercial con una empresa de publicidad para la explotación de la infraestructura

explicación al gobernador Alfredo del Mazo por el sabotaje, y adelantó que su partido entablaría las denuncias correspondientes por censurar la publicidad de su aspirante.

Duarte Olivares, por su parte, exigió a Del Mazo Maza sacar las manos de la contienda: “No es una buena señal que arrancando la precampaña… tengamos esta agresión, está forma de querer censurar la precampaña de la maestra Delfina. Estamos exigiendo al Gobierno del Estado, como lo hemos hecho siempre, que sean los ciudadanos los que decidan”, dijo.

dad Azteca a Tecámac, en donde se advirtieron las supuestas anomalías, aseguró que estas acciones no buscan intervenir en ningún sentido en proceso electoral alguno.

Hace unos días Mario Delgado y Horacio Duarte, coordinador de

Áxel Chávez Pachuca, Hgo. (apro)

Por su presunta responsabilidad en un fraude por 62 millones de pesos, el abogado José Francisco Díaz Cravioto, director de la firma jurídica Díaz e hijo, de José Francisco Díaz Arriaga, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH), fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión mientras se realiza la investigación complementaria.

El 9 de enero, el litigante fue detenido por un probable fraude de 39 millones de pesos en agravio de la empresa Luna Gas, S. A. de C.V., que lo acusó de requerirle diversas cantidades para evitar que perdieran una propiedad en supuesto riesgo de expropiación; no obstante, la investigación oficial arrojó que no existía esa posibilidad, además de asegurar que fueron falsificados documentos de instancias federales para dar la apariencia de que la gasera sería expropiada.

Esa orden de aprehensión se había liberado el 28 de diciembre y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activar una ficha de búsqueda, a la par que realizó dos cateos en inmuebles de

Díaz Cravioto: el edificio de su firma jurídica y una residencia en la privada exclusiva de Club de Golf, ambas en Pachuca.

A través de publicaciones en redes sociales, el abogado acusó actos de “desacreditación” por lo que llamó un “conflicto entre particulares” por los asuntos que lleva, además de afirmar que no estaba prófugo y dar la ubicación del sitio donde se encontraba: el hotel La Misión, en bulevar Javier Rojo Gómez, donde fue aprehendido.

No obstante, el mismo día de su detención fue liberado antes de la audiencia inicial debido a una suspensión provisional con la que contaba, que le había otorgado el Poder Judicial de la Federación.

Tres días después, el 12 de enero, Díaz Cravioto fue detenido nuevamente, en el mismo lugar –donde decía estar por las operaciones judiciales que se llevaban en sus propiedades–, ahora por 62 millones 864 mil 61 pesos.

De acuerdo con la Procuraduría, los hechos imputados ocurrieron entre 2016 y 2020, cuando a la víctima le fueron solicitadas diversas canti-

Mario Delgado incluso exigió una

Por su parte, Eric Sevilla, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Morena de pretender dañar a Alejandra del Moral, la precandidata de “Va por el Estado de México”, mediante una estrategia basada en denuncias electorales.

dades de dinero en efectivo bajo el argumento de que el recurso serviría para cubrir los montos de las fianzas, contrafianzas, así como diversos trámites relacionados con el asunto legal cuya defensa estaba a cargo del abogado.

“Sin embargo, el destino de los recursos no fue el que se les señaló a la víctima y dichos recursos no fueron devueltos”, afirmó la PGJEH, la cual inició indagatorias tras la denuncia que recibió el Ministerio Público.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada, así como también

estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Al presentar la imputación, la representación de la fiscalía acusó al titular del despacho jurídico de presentar a su cliente supuestos oficios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, los cuales advertían sobre la pérdida patrimonial –motivo por el cual requería los montos con los que sustentan la denuncia de fraude–; no obstante, la PGJEH presume que esos documentos fueron falsificados.

precampaña de Delfina Gómez, denunciaron que 30 espacios de propaganda contratados en estaciones del Mexibús fueron cubiertos con logotipos del gobierno del Estado de México.

Procesan a hijo de exmagistrado del TSJEH por presunto fraude de 62 millones de pesos

Cuerpo de Ana María no ha sido entregado a su padre a un mes del incendio provocado en su casa

Berenice Chavarría Tenorio Estado de México. (Cimacnoticias)

Ana María Hernández fue víctima de feminicidio en Chimalhuacán, Estado de México, cuando uno de sus vecinos quemó su hogar el pasado miércoles 14 de diciembre. A más de un mes de los hechos su cuerpo no ha sido entregado a su padre; además, el caso es investigado como homicidio y no como feminicidio, aún con el contexto de violencia que se perpetró en su contra.

Ana María tenía 40 años y vivía en condiciones de extrema pobreza en la colonia Progreso de Oriente junto a su padre, un adulto mayor quien en repetidas ocasiones recibió amenazas por parte del feminicida asegurando que atacaría sexualmente a su hija. La tarde noche del martes 13 de diciembre de 2022 Antonio Hernández fue golpeado por lo menos en dos ocasiones por el feminicida de su hija. Cuando por tercera vez el mismo sujeto intentó golpear al padre de Ana María, los vecinos intervinieron y le aconsejaron a la víctima que se fuera y ellos cuidarían a su hija, ya que ella vivía con una discapacidad auditiva y del habla.

Sin embargo, cerca de las 24:00 horas los vecinos se retiraron y dejaron sola a Ana María. Entonces el 14 de diciembre el agresor prendió fuego a la casa de madera, donde se encontraba la mujer y sus perros.

Para Elsa Arista, representante de la Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” -que ha dado acompañamiento a Antonio Hernández- el feminicidio de Ana María pone en evidencia que para las autoridades de Chimalhuacán las mujeres no son prioridad, pues la falta de atención y justicia contribuyen al contexto feminicida que permea en la entidad.

Exigen que el cuerpo de Ana María sea entregado a su padre

A poco más de un mes del feminicidio de Ana María, el cuerpo no ha sido entregado a su padre. En un inicio el Ministerio Público de San Pedro Barrientos, desde donde es investigado el caso, negaron este derecho a su cuidador al no ser su padre biológico.

“Se manejaba que si ella no era reconocida se iba a ir a una fosa común, pero Ana María tiene derecho a un lugar digno donde estar. Pero por ser mujer pobre, sin ac -

Para Elsa Arista, representante de la Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” -que ha dado acompañamiento a Antonio Hernández- el feminicidio de Ana María pone en evidencia que para las autoridades de Chimalhuacán las mujeres no son prioridad, pues la falta de atención y justicia contribuyen al contexto feminicida que permea en la entidad

ceso a ningún servicio como salud, educación, vivienda, es gente que no importa”, expresó Elsa Arista.

En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” detalló que se han enfrentado con un sin fin de obstáculos para que el cuerpo de Ana María sea entregado: citas en horarios inconvenientes, respuestas a medias y falta de voluntad.

Por ello tuvieron que acudir directamente con la fiscal de Género, Dilcya Samantha García Espinoza, quien les aseguró que el cuerpo de Ana María será entregado a su padre. Sin embargo, no ha dado una fecha exacta.

“El domingo en la noche me llaman, me dicen que faltaban dos acciones que hacer: el ADN verlo con datos de personas desaparecidas, por si alguien la estaba reclamando. Además se debe mandar un oficio al registro civil de que el cuerpo se va a entregar, pero no encuentran su nombre en la base de datos, por lo que el oficio se deberá realizar como desconocida para que puedan entregar el cuerpo”, explicó Elsa Arista.

Y es que la agencia del Ministerio Público con sede en Tlalnepantla, adscrita a la Fiscalía Espe-

cializada de Feminicidios, refirió que no existe registro del acta de nacimiento de la víctima y tampoco hay existencia de CURP con dicho nombre ante la dirección general del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En este sentido, Elsa afirmó que no hay autoridad que pueda garantizar la vida y justicia para las mujeres como Ana María, porque “por ser pobres, vivir en un lugar que a nadie la ha preocupado, donde no se sabe si las niñas o niños son registrados, no le importan a nadie”.

Asesinato de Ana María debe investigarse como feminicidio

El pasado 25 de diciembre el presunto feminicida de Ana María fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. Aún cuando el caso cumple con razones de género para ser considerado como feminicidio.

Como el hecho de que existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, tal como lo señala el Código Penal del Estado de México.

El caso de Ana María es uno de aquellos que no son investigados con debida diligencia por las autoridades del Edomex. Ya que tan solo de enero a febrero de 2022 en el Estado de México se perpetraron 372 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 131 se investigan como feminicidio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Las autoridades están obligadas a brindarnos justicia, a velar por nuestra vida seguridad, no lo están haciendo, al contrario, el tema de Chimalhuacán me parece aterrador, siempre hay mujeres víctimas de violencia esperando a ser atendidas. No se tiene el derecho a la justicia en Chimalhuacán, todo debe ser bajo protesta, cerrando las calles porque los servidores públicos siempre violan los derechos de las mujeres”.

Lo anterior aún cuando Chimalhuacán forma parte de los municipios donde se decretaron dos Alertas por Violencia de Género (AVG) por el delito de feminicidio (en 2015) y por desaparición (en 2019). Pese a ello, afirma Elsa, “las mujeres no somos tratadas como seres humanos, no valemos por estar en esta parte de la periferia”.

Xóchitl Gálvez confrontará a AMLO en la mañanera; juez admite amparo para que acuda

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, anunció que un juez admitió un amparo que presentó el año pasado ante el Poder Judicial, por lo que podrá acudir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar su derecho de réplica.

“Se abrió una puerta para garantizar el derecho de réplica. Un Juez Federal admitió mi amparo para que el Presidente haga valer mi derecho en su mañanera. Sigamos trabajando para que se escuchen todas las voces. Es tiempo de ser valientes. #NoLeSaquePresidente”, escribió en su cuenta de Twitter.

La legisladora pidió al titular del Ejecutivo Federal que le permitiera asistir a la conferencia

La legisladora pidió al titular del Ejecutivo Federal que le permitiera asistir a la conferencia matutina para aclarar unas declaraciones que le atribuyó, pero el presidente respondió que se lo daría sólo si una autoridad competente se lo exigía

petente se lo exigía.

A principios de diciembre, la panista solicitó al presidente espacio en su conferencia de prensa para aclarar su postura sobre los programas sociales, luego de que la acusó de querer eliminarlos.

matutina para aclarar unas declaraciones que le atribuyó, pero

“SheinbaumBots” operan desde Palacio Nacional y Palacio del Ayuntamiento: análisis

De la Redacción Ciudad de México (apro)

Los tuits de las cuentas automatizadas de redes que impulsan a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salen desde el Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento de la administración local, ubicados ambos en el Zócalo capitalino, de acuerdo con un análisis del periodista e investigador de redes sociales Alberto Escorcia, del portal Loquesigue.tv.

El sitio especializado dio a conocer un “ejército” de más de 800 “SheinbaumBots” que participan en campañas de simulación de apoyo a la jefa de Gobierno que podrían costar hasta 400 mil pesos por hora.

El pasado martes se buscó posicionar la tendencia #MetroSeModerniza para promover el discurso de Sheinbaum sobre la puesta en marcha de la subestación Metro Energía.

Este jueves, Loquesigue.tv detectó que cientos de bots posicionaron el trending topic #chapultepecnaturalezaycultura a propósito de la inauguración de la Calzada Flotante y del Centro de Cultura Ambiental que forman parte del proyecto “Chapultepec Naturaleza y Cultura”, acto encabezado por el presidente Andrés

De acuerdo con Escorcia, los tuits de los “SheinbaumBots” salen desde el Palacio del Ayuntamiento y de Palacio Nacional, así como desde la alcaldía Gustavo A. Madero.

En un video en el que analiza el TT de este jueves, el especialista mostró un mapa de las ubicaciones geográficas de donde vienen los tuits impulsados por bots.

“Un grueso de los SheinbaumBots vienen justamente del Zócalo de la Ciudad de México, enfrente del Palacio del Ayuntamiento, también vienen algunos del Palacio Nacional, otra ubicación importante es la Gustavo A. Madero, muy cerca de donde fue el accidente de la Línea 3. Ahí están los troll centers”, señala.

“Mejor metan ese dinero en mejorar el Metro, les sale más barato”, publicó en su cuenta de Twitter.

el presidente respondió que se lo daría sólo si una autoridad com -

Los dichos de López Obrador surgieron luego que la legisladora del PAN opinó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que los apoyos de los programas sociales debían ser temporales para que las personas puedan ganar su propio dinero trabajando y lo que se tendría que hacer es generar fuentes de empleo.

AMLO

Dalila Escobar Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí habrá decreto para que el transporte de carga se traslade del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), pero previo busca un acuerdo con empresas y agencias aduanales; dijo que el objetivo es evitar la saturación.

“Sí hay un acto de convencimiento. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el Aeropuerto Felipe Ángeles, se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican a transporte de carga en aviones, se va avanzando bastante bien”, señaló.

El presidente indicó que cuando tengan un resultado se va a informar en torno a los acuerdos alcanzados.

“Pero sí se está trabajando en ese sentido porque si hay una saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos espacio de conexiones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dedican a la aviación y al transporte de carga.

El acuerdo se da también entre los directores de los dos aeropuertos, Carlos Velázquez e Isidoro Pastor “y va a ser creo por consenso y no queremos imponer nada”.

El presidente se quejó de que siempre hay quienes buscan cuestionar las decisiones de su gobierno, pero en esta ocasión puso un ejemplo.

“Yo les diría: miren lo que sucedió en Nueva York… Precisamente porque hay mucha saturación”, dijo.

Consideró que también habrá oportunidades y tiempo para quienes buscan el acuerdo “y no hemos actuado en nada de manera autoritaria”.

-¿Falso lo del decreto?, se le preguntó.

-No, sí va a haber, pero queremos primero buscar el acuerdo, estamos buscando un consenso.

Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno.

Decreto para sacar el transporte de carga del AICM es para “evitar la saturación”:

Canaero alerta sobre riesgo por migración apresurada de operaciones de carga al AIFA

Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) advirtió que es insuficiente el plazo de 90 días que el gobierno federal pretende dar a los permisionarios y concesionarios para que muden sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a partir de la entrada en vigor del decreto que se encuentra bajo análisis de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Lo anterior, luego de que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes envió para su aprobación a la Conamer el anteproyecto del Decreto que establece el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, para las operaciones de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga.

Ante ello, la Canaero emitió un comunicado en el que señaló su preocupación por los impactos económicos que la medida implicaría sobre la industria de carga aérea en México, pues consideró que el traslado de servicios exclusivos de carga a otras terminales

La Cámara Nacional de Aerotransportes consideró que es insuficiente el plazo de 90 días para mudar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, como pretende el gobierno federal

adecuada reubicación del personal operativo que deberá migrar sus fuentes de empleo”, añadió.

Dijo que una decisión precipitada generará un problema logístico para las empresas que comparten sus aeronaves de carga juntos con sus operaciones en las panzas de los aviones, tomando en cuenta que se necesitaría mover grandes cantidades de mercancías vía terrestre y la legislación aduanera prohíbe el tránsito de varias mercancías fuera de recintos fiscales.

de manera “apresurada” “afectará de manera significativa el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, mermando la competitividad de nuestra industria e impactando cientos de empleos”.

“Lograr la completa migración de operaciones a otros aeropuertos en un plazo de 90 días hábiles es inalcanzable y pondría en riesgo la seguridad de las operaciones de carga área en el país”, alertó.

La Canaero, que integra a empresas de carga como DHL, MasAir y Ups, pidió un plazo “mínimo” de 360 días naturales para concretar “una adecuada migración”.

“Permitiendo que otros aeropuertos y proveedores de servicios logren absorber las nuevas operaciones de carga bajo al menos las mismas condiciones técnicas y operativas que actualmente existen en el AICM”, apuntó.

“Permitiendo también realizar una

Sin contar, alegó, que México continúa sin poder recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, lo que le imposibilita agregar nuevas rutas hacia y desde Estados Unidos, lo que afectaría principalmente a las compañías nacionales.

“Si bien la autoridad ha expresado que no se tendrá problema con la migración de estas rutas, a la fecha no se ha recibido ninguna confirmación oficial por parte de la Federal Aviation Administration (190)”, comentó.

Germán Martínez presenta una solicitud de juicio político contra Yasmín Esquivel

Neldy San Martín Ciudad de Méxio (apro)

Tribunal da amparo a Emilio Lozoya y ordena revisar si amerita la prisión preventiva

Un tribunal federal amparó a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que la medida que lo mantiene en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht sea revisada nuevamente.

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México declaró infundada la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo que le fue concedido a Lozoya por un juez de Distrito.

En su sentencia, los magistrados

confirmaron que el tribunal de apelación debe revisar nuevamente el recurso que presentó la defensa del exfuncionario con el que busca revocar la medida de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde noviembre de 2021.

Esto, para que conteste todos los alegatos de la defensa y posteriormente resuelva si confirma o no la medida.

En consecuencia, la resolución del Colegiado no implica la libertad del exfuncionario y la que en su momento dicte el tribunal de apelación tampoco significa que le den la razón a Lozoya.

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, promovió una denuncia de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, luego de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón concluyó que su tesis de licenciatura de 1987 es un plagio.

El legislador presentó el escrito ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que la Sección Instructora abra un periodo de pruebas e integre el expediente.

“En caso de que proceda el trámite es que aquí se acusa, aquí solo se declara ella si es culpable o inocente, para decirlo en términos coloquiales, y luego se turnaría al Senado de la República, para que en jurado de sentencia la condene, y aquí está en mi escrito, que me excusaré en el Senado, por la acusación que hago”, dijo a los medios de comunicación reunidos en la Cámara de Diputados.

También reiteró que espera que la ministra se retire de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Sí de patitas a la calle de Pino Suárez”, insistió.

Diana Lastiri Ciudad de México (apro)

Exigen que la FGR atraiga desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

Organizaciones sociales y familiares del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, exigieron la intervención efectiva de las autoridades en la búsqueda y localización de los activistas, así como la atracción de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de la desaparición ocurrida el 15 de enero pasado, entre Michoacán y Colima.

En conferencia de prensa en instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, urgió a las autoridades estatales y federales actuar con prontitud para localizar a Lagunes y Díaz, porque “cada día que pasa sin saber de ellos es una agonía”.

Abundó que, como parte de las movilizaciones para exigir la presentación de los activistas, se instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, desde el que “pedimos un pronunciamiento del presidente (Andrés Manuel López Obrador). La red está activa, con esperanza, con fuerza, queriendo que sea pronta su localización, no queremos que esto se eternice como ha sido para muchas personas la búsqueda de sus desaparecidos, estamos en un país complejo con este dolor clavado”.

Explicó que la petición de atracción de la FGR se debe a que las fiscalías de Michoacán y Colima “están actuando muy limitadamente, con todo y la presión estamos obteniendo poca información, no hemos tenido acceso a más información de la primera instancia, que fue el C5 de Colima, de la ruta de la camioneta”, en la que viajaban los defensores y que fue abandonada.

“Todo ha sido demasiado lento por parte de las fiscalías, desde retomar cualquiera de las propias evidencias para darle seguimiento a la indagación, hasta preguntarle a las personas de la zona, lo más básico, como la ruta que tomó la camioneta.

“Las autoridades nos han transmitido mucha buena voluntad, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección (para Personas Defensoras y Periodistas), hay un intento de articularse con las fiscalías, pero no ha habido acciones concretas que sustenten esas palabras de buena voluntad”, lamentó Lagunes.

De acuerdo a las primeras infor -

Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, urgió a las autoridades estatales y federales actuar con prontitud para localizar a Lagunes y Díaz, porque “cada día que pasa sin saber de ellos es una agonía”

sa, resaltó que como parte de las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los defensores, se instalaron bloqueos carreteros entre los límites de Michoacán y Colima, donde “numerosas comunidades que fueron acompañadas por Ricardo en defensa del territorio han hecho llegar mensajes de solidaridad”.

maciones, la camioneta Honda, color blanco, en la que viajaban Lagunes y Díaz, fue reportada como abandonada en el Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, al C5 de esa entidad, alrededor de las 19:25 del 15 de enero, luego de que fue blanco de un ataque armado. En el vehículo se encontraron las pertenencias de los activistas.

En compañía de su tía, María Dolores Lagunes Moreno, y del coordinador de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, Ana Lucía hizo un llamado a la empresa minera Ternium a deslindarse de la desaparición de su hermano y del líder comunitario Antonio Díaz, “por ser el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente afectan al medio ambiente, sino al tejido social, generando conflictos y violencia”.

Al reconoce que no tienen mayores evidencias de la responsabilidad de Ternium, minera extractora de hierro, Ana Lucía destacó que la empresa “tiene relación con todos los actores locales, incluyendo los probables responsables de la desaparición”.

Y es que, como abogado, Ricardo Lagunes acompañaba a la comunidad de Aquila, de donde es originario Antonio Díaz, en un litigio contra la empresa Ternium, originaria de Luxemburgo, que opera en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, donde extrae el mineral de hierro.

Dicha empresa, que ha dividido a la comunidad, es propietaria del desarrollo minero Las Encinas, conformado por las minas Aquila, Palomas y El Encino, complejo del que se extraen a diario entre 12 mil y 15 mil toneladas de hierro.

En la conferencia de prensa, se leyó el mensaje de la esposa de Ricardo Lagunes, María de Jesús Ramírez Magallón, originaria de Aquila,

quien urgió a las autoridades a que la búsqueda y localización de los defensores “sea el principio de acciones interinstitucionales para transitar al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región, con ello se podrían abrir procesos de sanación del tejido social”.

Ramírez Magallón alertó en su mensaje que “el abandono, exclusión y desigualdad que mantiene a nuestras comunidades en la pobreza nos hace vulnerables a dinámicas de violencia y a deterioro de nuestro territorio”, mientras que en muchas ocasiones “obstaculizan el trabajo que podría impactar en la justicia social”.

La esposa del abogado hizo un llamado a los captores de su pareja pidiendo su libertad, y evitar “sacrificar más vidas inocentes”.

En demanda de la liberación de la presentación con vida de los defensores, se sumó la hija de Antonio Díaz, Brenda Díaz Valencia, quien en una llamada telefónica describió a su padre como un luchador social incansable, dedicado “al magisterio y a la comunidad indígena de San Miguel Aquila”, de donde fue presidente municipal cuando tenía 21 años, dedicado a “la protección y defensa de los derechos comunales desde hace muchos años, él sólo veía porque su gente esté bien, tenga justicia”.

Sergio Ocerarnsky destacó que por su condición de representante legal de comunidades indígenas en distintos estados del país, litigando contra megaproyectos extractivos y contaminantes del medio ambiente, Ricardo Lagunes ha recibido medidas de seguridad del Mecanismo de Protección federal y de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Oceransky, de la Fundación Yan-

Al destacar que, en menos de cuatro días, la plataforma change.org ha recabado 11 mil 438 firmas para exigir la presentación con vida de los defensores y de que numerosos organismos sociales se ha solidarizado con los familiares y amigos de Ricardo y Antonio, Oceransky advirtió que este caso puede ser un parteaguas para revisar la actuación de los tribunales agrarios.

“Lamentable estado del sistema de justicia agraria, que tiene que ver con los ejidos y bienes comunales es disfuncional, no está procurando justicia, no está resolviendo los problemas, una de las raíces del problema el hecho de que los tribunales unitarios agrarios no funcionan, no hacen justicia sino lo contrario, por ello uno de los llamados es que esta situación (de la desaparición de los activistas) sirva para reparar el sistema de justicia agraria que tantos problemas está causando”, puntualizó.

Vía remota, desde Chiapas, Julián Vázquez Guzmán, de la organización Defensa Legal del Sureste, con quienes colabora Ricardo Lagunes, explicó que la comunidad de Aquila, a la que defiende el abogado desaparecido, se ha confrontado legalmente con el Tribunal Agrario Número 38 de Colima, por “la inconstitucionalidad y arbitrariedad con la que se han venido imponiendo grupos minoritarios de comuneros” tolerados por esa autoridad, que como otras similares “se ven sometidos a presiones de empresas extractivistas”.

A través de video conferencia, se sumaron a la exigencia de presentación con vida representantes de organizaciones comunitarias indígenas, con la que Ricardo Lagunes ha colaborado en su defensa.

Con mensajes de solidaridad, participaron Betina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Trinidad Cisneros, de Defensores y Protectores del Futuro, de Ixil, Yucatán, y Carlos Yamá, del Colectivo Cantukún, de Kichil, Yucatán.

LOS MACHISTAS SE HACEN

Lucía Lagunes Huerta

Normalmente cuando hablamos de estereotipos inmediatamente se piensa en los estereotipos femeninos y rarísima vez se habla de los estereotipos machistas que sostienen la desigualdad en las mujeres y el ejercicio de la violencia de los hombres.

Sin embargo, cuando tenemos una noticia como la del pasado martes que publico el periódico Reforma sobre la tragedia ocurrida en la Comunidad del Tejocote, municipio de la Perla, en Veracruz, tendríamos que parar el mundo para reflexionar sobre los impactos que estos estereotipos machistas provocan en los niños, quienes además se desarrollan en un país violento.

Claro, considerando que los estereotipos son instrumentos creados por un sistema patriarcal para garantizar su supervivencia a través del sometimiento de las mujeres.

El hecho noticioso; un niño de 10 años mató a su amigo de 11, con una pistola que estaba en su hogar, luego de que éste le ganara en las maquinitas.

Cuando ocurren estas tragedias hay una tendencia de las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación a mirarlo de manera aislada y responder como lo hace el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, que es perseguir a las personas adultas que rodean al menor de edad.

La pregunta que tenemos que hacernos para abrir el lente y mirar el contexto, es qué ocurre en nuestro país que lleva a niños a volverse asesinos, pues lo ocurrido en el Tejocote no es el primer caso en México y estoy segura que tampoco en Veracruz.

En 2019 un recuento periodístico trajo a la memoria cinco casos

de varones menores de edad que en diversas entidades estaban involucrados en el asesinato de otras personas de su misma edad o de edades mayores a ellos, que por las dimensiones de los casos se convirtieron en hechos mediáticos.

Mirar cómo se construye la masculinidad y cómo los estereotipos machistas siguen formando hombres violentos, desde la niñez, nos permite entender como los niños y los adolescentes terminan involucrados en hechos violentos.

En los años 90 la academia feminista indagó sobre la construcción del género en la niñez. Uno de los hallazgos, de este estudio, identificó que a los 7 años de edad, niñas y niños sabían qué papel tenían que jugar a partir de sexo con el que nacieron.

Las niñas identificaban que pertenecer al género femenino significa ser débil, bonita y llorar, por su parte los niños sabían que la masculinidad implica ser valientes, fuertes y poderosos y no es que lo supieran de la nada, sino que van siendo formados en su género a través de un complejo proceso de socialización que, desde la niñez, nos marca.

Pese a lo años que han transcurrido después de ese estudio y con la evidencia en la mano, en la esencia los hombres no han hecho grandes cambios, y lo ocurrido en el Tejocote nos obliga a revisar cómo los estereotipos machistas siguen presentes y son exacerbados ante un clima de alta violencia generalizada en nuestro país.

Ser valiente, fuerte y poderoso, implica ejercer la violencia, como un elemento fundante de la masculinidad patriarcal y como un instrumento para ejercer el poder.

Que los niños jueguen a ser sicarios, que creen retenes para amagar a los automovilistas con

armas de juguete, que los temas de fiestas infantiles de niños sean la simulación de estructurales criminales, son el ejemplo de estos mecanismos socializantes de las masculinidades violentas como lo reportamos recientemente en cimacnoticias.

En un país de violencia criminal generalizada y normalizada que en días de Reyes el juguete más vendido en México sea las armas en su amplia gama, nos habla de esta formación social de la masculinidad violenta relacionadas con las estructuras criminales.

Que los niños de diez años tengan acceso a armas es el reflejo de lo que vivimos en México. El tráfico ilegal de armas después del operativo Rápido y Furioso es brutal, según las filtraciones de guacamaya, publicada en los medios, entre el 1 de enero de 2020 y junio 2022 se decomisaron 49 mil armas de todos los calibres en nuestro país.

Si a las masculinidades violentas se les agrega la accesibilidad a las armas de fuego, los resultados son nefastos. En 2015 el INEGI reportó que el homicidio era la segunda causa que llevaba a los adolescentes a enfrentar un proceso ante la ley, en la gran mayoría el instrumento del asesinato fue una pistola.

Especialistas en violencia contra las mujeres señalan que la accesibilidad a las armas de fuego provocó el año pasado 6 de cada 10 feminicidios cometidos por hombres dentro de los hogares de nuestro país.

Este es el contexto en que los niños mexicanos se forman y se desarrollan y son las condiciones que permiten que las tragedias letales involucren a niños de 10 años.

La masculinidad violenta, es una construcción diaria desde

que el mundo es patriarcal.

Un estudio realizado en 2006 en torno a los jóvenes mexicanos por la investigadora Elsa Guevara Ruizseñor, señala “que los cambios operados en la población de varones, ocurre especialmente en sectores urbanos, escolarizados y de jóvenes. Se trata de cambios que no obedecen a la voluntad individual o rasgos específicos de personalidad, sino que responden a complejos procesos psicosociales que involucran estructuras institucionales y condiciones personales que hacen posible la emergencia de nuevos referentes sociales de lo masculino, nuevas prácticas y formas de relación.”

Ello explica porque una campaña publicitaria que apela al cambio individual de los hombres adultos esta destina da al fracaso si es lo único.

Porque, como lo plantea el estudio, la masculinidad “es una posición social que hace posible el acceso a diversas formas de capital derivadas del lugar que ocupan ciertos individuos por su condición de hombres y que amplía su campo de acción, su ámbito de decisión individual y sus oportunidades de poder, por tanto, no se trata de un atributo de los individuos, sino de las posibilidades de poder y los márgenes de acción que la sociedad les permite”.

Por ello, ante hechos tan lamentables como los ocurridos en Tejocote, Veracruz es necesario reconocer los impactos de la formación masculina basadas en la violencia y el poder sobre los demás, requerimos transformaciones sociales y estructurales de fondo que se encaminen realmente a la construcción de la igualdad entre mujeres y hombre y cierre por completo cualquier forma de opresión de las mujeres.

JORNADA NOTARIAL CDMX, CONDICIONES

Ernesto Villanueva

Si bien es verdad que resulta plausible que haya programas sociales que busquen reducir las asimetrías entre quienes más tienen y quienes menos poseen, también lo es que estas políticas públicas deben precisar el público objetivo y, particularmente, no deben estar condicionadas o sujetas a minimizar el ejercicio de derechos fundamentales. Esto último ha venido sucediendo en la Ciudad de México con las denominadas jornadas notariales.

Véase si no.

Primero. Las jornadas notariales consisten en un esfuerzo conjunto entre el Colegio de Notarios de la capital del país, la Consejería Jurídica y la Dirección General de Regularización Territorial del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo propósito es ofrecer descuentos hasta de 80% en testamentos o sucesiones testamentarias y de 60% al escriturar propiedades. A menor valor de los bienes inmuebles mayor es el descuento aplicable, medida con la que nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo, porque gracias a estos programas se brinda certidumbre jurídica sobre su patrimonio a los estratos de menores recursos.

El problema, empero, reside en que precisamente a quienes requieren estos descuentos se les condiciona a que no ejerzan derechos fundamentales o medios de defensa en contra del cobro de impuestos o créditos fiscales. Ni duda cabe que es obligación de todos contribuir con impuestos directos o indirectos u otras contribuciones al erario, como lo ordena el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Pero la tarea del cobro de impuestos es obra humana y, por ende, es susceptible de error por parte de las autoridades fiscales, ya sea de buena o mala fe. Es por esa razón que la propia Constitución y las leyes disponen de medios de defensa jurídicos para que un juzgador defina

en última instancia a quién le asiste la razón y en qué proporción, si a la administración o al contribuyente. En todos los casos impedir que una persona ejerza estos derechos es inconstitucional y es, además, inmoral que se aplique esa restricción cuando se trata de las personas que tienen menos ingresos. Segundo. Aquí no cabe la coartada habitual que tiene un impacto efectista en la opinión pública, de que lo que se busca es que los grandes contribuyentes paguen puntualmente sus impuestos en tiempo y forma. Con todo, ya sea con razón o sin ella, todos tienen el derecho de ejercer los derechos que a su interés convenga ante los tribunales competentes donde las autoridades fiscales deberán demostrar que el cobro o crédito fiscal se ha hecho siguiendo los procedimientos establecidos en el marco legal aplicable.

Pero las jornadas notariales están diseñadas para quienes se encuentran en la base de la pirámide económica de la sociedad. Debe quedar claro que ningún grande o mediano contribuyente podría obtener el beneficio derivado de las jornadas notariales. De esta suerte, cómo explicar que se exija en los hechos que a los pobres se les impida ejercer otros derechos. Desde el punto de vista jurídico es evidente que se trata de una medida contraria a lo previsto en el artículo 16 constitucional y en el artículo 1º, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con un amparo indirecto cualquier persona podría obtener la protección de la justicia federal para obtener los descuentos de la mencionada jornada notarial.

El punto central es que, aunque formalmente existe la solución, en la práctica la inmensa mayoría del universo de quienes podrían acceder a los descuentos se encuentra atrapada porque no tiene recursos económicos para pagar un abogado. O pagan al

experto en amparo o hacen lo propio para tener certeza jurídica de sus propiedades que importa también erogar dinero, incluso ya descontado el apoyo de la jornada notarial.

Tercero. La restricción de derechos en las jornadas notariales se hace además con dolo, habida cuenta que, sabiendo de antemano que el requerimiento exigido es contrario a la Constitución, la autoridad no lo exige en sus requisitos publicitados, pero lo introduce de forma subrepticia en el formato proporcionado por el notario público y diseñado por la autoridad, “el cual te dan al momento de realizar el trámite” (dice la publicidad oficial) y debe ser llenado y firmado por el gobernado si quiere hacer efectivo el apoyo o descuento de referencia.

Con este tipo de acciones se desnaturaliza el propósito de programas como el de las jornadas notariales y se echa por tierra un verdadero propósito de equidad social que, se supone, debería ser la razón de esta discriminación positiva.

No faltará quien afirme que los casos en que alguien busca ejercer las herramientas que el sistema legal le proporciona para evitar el cobro que considera indebido de impuestos son muy pocos; entonces, les respondería, para qué se incluye esa disposición de hecho, aunque su ejercicio sea sólo potencial. O, dicho de otra forma, cuál es el rédito político para el gobierno de la Ciudad de México con esta acción. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debería tomar cartas en el asunto y ordenar a sus subalternos eliminar ese conspicuo requisito que en nada abona a sus pretensiones políticas y, por el contrario, resulta poco menos que imposible generar una narrativa que haga digerible condicionar el ejercicio de derechos a los pobres que, como se afirma, son la razón y medida de su prioridad programática y electoral. Veremos.

ROBERTO ALBORES GLEASON: UN JUNIOR OPORTUNISTAS, APROVECHADO Y COBARDE

Raymundo Díaz S.

• Sólo se aprovechó de los priistas para “enchufarse” en las nóminas sabinistas.

• Perdió las elecciones en el 2018 y huyó de Chiapas dejando TIRADO a sus seguidores.

PERFIL FRONTERIZO

Cuál SINVERGÜENZA, uno de los junior chiapanecos que consiguió sus puestos políticos y públicos por las influencias de su impetuoso y virulento padre, intenta regresar a Chiapas, no precisamente lo que se “CLAVÓ” del PRI, sino en búsqueda de una candidatura y no por el PRI, sino por Morena o por el PVEM en el 2024.

Sobre la “carrera política” -si es que se le puede llamar así- de el JUNIOR Gleason se puede escribir todo un Best Seller, pero hoy sólo le refrescaremos la memoria recordándole aquel lejano mes de abril del 2006 cuándo, guarnecido atrás de la entonces rechoncha humanidad de su progenitor, Roberto Albores Gleason, participó en aquella asonada, garrotiza y pedradas en contra de los mismos priistas en el Poliforum Mesoamericano, en contra de José Antonio Aguilar Bodegas.

Siguiendo los acuerdos hechos con Juan José Sabines Guerrero a quién harían ganar, Roberto Armando Albores Guillén y su prole, el ojiverde Albores Gleason, conformaron esa efímera organización mal llamada “fuerza democrática” (así con minúsculas por su insignificancia posterior y porque de democrática no tuvo nada) para operar a favor de Sabines quién renunció al PRI para ser el candidato del PRD al gobierno de Chiapas.

Producto de esos ARREGLOS y

COMPONENDAS por parte de Roberto Albores Guillén con Sabines para hacer perder al conocido como Josean y hacer ganar al PRD con Sabines, y para lo cuál UTILIZÓ a esa su enmarañada y SUCIA “fuerza democrática” (que dé democrática no tuvo nada) y a miles de priístas, entre estos a varios alcaldes quiénes le inyectaron MILES o MILLONES DE PESOS, Roberto Albores Gleason fue nombrado como Secretario de Economía y luego Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos en el gabinete de Juan José Sabines Guerrero quién ganó por seis mil votos y ante los tribunales aquella elección del 2006.

Una vez logrados sus propósitos de COLOCAR a su “cachorro” en las nóminas sabinistas o como Secretario, Albores Guillén, no sólo DIÓ POR MUERTA esa su efímera e HIPÓCRITA “fuerza democrática” (que dé democrática no tuvo nada), sino que se olvidó de aquellos priístas que fueron a agarrarse a pedradas, a garrotazos y a puñetazo limpio con los seguidores de Aguilar Bodegas y de Julián Nazar Morales “El Taliban”. Albores sólo utilizó a los priístas para sus fines personales y los de su “hijito” a quién sí colocó muy bien.

En el 2018 cuándo se convierte en candidato al gobierno de Chiapas y PIERDE, Roberto Albores Gleason ni siquiera tuvo la gentileza y educación (porque ni uno de los dos las conocen) de agradecer a sus seguidores y a quiénes votaron por él. Lo que hizo, cuál

“huevos tibios” y COBARDE, se fue a Mérida a radicar y a gastar los MILLONES logrados en sus cargos que le consiguió su padre y en el PRI, tragándose y pisoteando su “ni me asusto, ni me rajo” el cuál, al igual que su “fuerza democrática” (que dé democratica no tuvo nada), resultó un ridículo.

Hoy, a 4 o 5 años de no aparecerse en Chiapas, regresa y, previas pláticas con líderes del Partido Verde Ecologista de México y hasta de Morena, llega en búsqueda de una candidatura por cualquiera de esos colores y siglas.

¿Será posible que los chiapanecos no tengan memoria como para recibir, aplaudir y votar por esos sátrapas priístas quiénes saquearon a Chiapas como quisieron y de ahí sacaron los recursos para hacerse pasar ahora como los “afortunados” y exitosos ganaderos, aguacateros y productores de bambú y de silo?

En nuestros próximos artículos ampliaremos esta historia alborista. Una historia repleta da TRAICIONES, de TRIFULCAS, de DIVISIONISMOS, de TEMPESTADES, de AVARICIA y de DISCRIMINACIÓN hacia los sectores empobrecidos a quienes sólo utilizaron para sus fines políticos y económicos pero que jamás tuvieron y tienen la gentileza de obsequiarles un aguacate.

¿Espantar Roberto Albores Gleason? Este ya no espanta ni a los mosquitos de Carranza, menos a los campesinos a quiénes engañó. Ya abundaremos pues, y mucho. He dicho.

LITIGIO ESTRATÉGICO PROMUEVE AMPARO PARA CREAR LA LEY DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES DE OAXACA

Carlos Morales Sánchez[1]

Hace algunos años, en una cárcel de la Mixteca oaxaqueña encontré a Atanasio. Al director del reclusorio, amigo mío, le preocupaba la situación del indígena monolingüe: no recibía visitas y no se comunicaba con nadie. Me llamó y fui a verlo. Otro amigo mixteco me auxilió en la comunicación. Su historia era común a la de las personas indígenas que enfrentan un proceso penal:no había contado con intérprete ni defensa especializada.

Ni siquiera sabía porque estaba preso. Le pregunté si había apelado la sentencia de 12 años y no tenía idea. La partida jurídica permitió apreciar que ya llevaba seis recluido en prisión. Obtuvo la libertad con beneficios preliberacionales y se fue de nuevo a las montañas.

Uno de los grandes reclamos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal, es que en los juicios ante la jurisdicción del Estado no cuentan con intérpretes de la lengua indígena de su comunidad al castellano.

Desde el año 2008, Nuvia Mayorga, entonces directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (hoy INPI), informaba que existían ocho mil personas indígenas privadas de la libertad por falta de traductores e intérpretes.

El artículo 2º de la Constitución Federal, establece generosamente que todas las personas indígenas ante la jurisdicción estatal debe -

rán contar con un intérprete. Sin embargo, nuestra ley fundamental no establece qué órgano del Estado Mexicano deberá garantizar ese derecho humano.

Ni el INPI ni el INALI, instancias encargadas de la atención de asuntos indígenas, dicenesta boca es mía. Por el contrario, estos organismos abiertamente manifiestan que la ley no les autoriza a proporcionar intérpretes. Se escudan en el principio de legalidad para no garantizar el derecho humano de los pueblos indígenas que dicen defender.

Algunos jueces resuelven el “problema” como pueden: a veces piden la intervención de elementos policiales originarios de la comunidad del detenido. O con personas privadas de la libertad hablantes de la lengua de la comunidad. Y así “cumplen” el derecho humano.

Lo cierto es que el derecho al intérprete es un derecho humano que el Estado deberá garantizar. No los particulares ni las asociaciones civiles. Y el intérprete deberá ser un profesional certificado y capacitado en las normas jurídicas y en la lengua indígena. Con honorarios y seguridad social. Sin embargo, hay una gran laguna de ambigüedades en el tema: ninguna institución se asume garante del derecho.

Por eso, Litigio Estratégico Indígena A.C. decidió promover un juicio de amparo para obligar al Congreso de Oaxaca a construir la Ley de Intérpretes y Traduc -

tores del Estado de Oaxaca. Esta ley deberá definir y explicar, entre otras cosas, quien es la instancia del Estado que deberá proporcionar intérpretes a las personas indígenas que se encuentran frente a la jurisdicción del Estado. Y los montos de los honorarios, la seguridad social de los intérpretes y las medidas de protección, entre otras cosas.

Litigio Estratégico Indígena, conjuntamente con una joven abogada indígena e intérprete de la lengua zapoteca de Quiatoni, promovió un amparo contra la omisión legislativa del Congreso de Oaxaca de construir la ley que reglamente el derecho de la persona indígena al intérprete.

El Congreso de Oaxaca, tan proclive a crear normas innecesarias, deberá establecer en la ley cual es la instancia del Poder Ejecutivo que tiene el deber de proporcionar el servicio de intérpretes, sus honorarios, la seguridad social y su protección.Por eso hemos promovido este juicio de amparo.

Este juicio de amparo se suma a los juicios de amparo que contra omisiones legislativas ha promovido Litigio Estratégico Indígena A.C. y que han generado experiencias exitosas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[1]Presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C. Alumno de la maestría de Litigio Estratégico Internacional del U IIRESODH. Catedrático de la Benemérita Universidad de Oaxaca.

Si no atenemos a la frialdad de las encuestas que levanta el INEGI, podemos celebrar que la percepción de inseguridad que tiene la gente descendió de 2021 a 2022.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), levantada por el INEGI entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2022 en 75 ciudades mexicanas, es alta la percepción de inseguridad en la sociedad mexicana (64.2% de la población mayor de 18 años), pero su nivel no ha cambiado en comparación con la percepción que había en septiembre del mismo año (64.4%) y es más baja que la declarada en diciembre de 2021 (65.8 por ciento).

En diciembre de 2022, en el ámbito nacional, el 64.2% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad y lo mismo estimó el 69.9% de las mujeres y el 57.4% de los hombres.

Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo (97.7%), Zacatecas (93.3), Irapuato (92.6%), Naucalpan de Juárez (89.7%), Ecatepec de Morelos (89.6%) y Ciudad Obregón, con 89.2%.

No dejan de ser las más golpeadas por la violencia criminal Fresnillo y Zacatecas, en el estado de Zacatecas, e Irapuato, en Guanajuato, en las cuales la acción de los llamados generadores de violencia, sicarios de grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico tienen sentados sus reales.

En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor, fueron: San Pedro Garza García (8.1%), Los Mochis (15), Benito Juárez (19.4), Los Cabos (20.9), Tampico (22.1) y Cuajimalpa de Morelos 4% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

La encuesta reseñada corresponde al cuarto trimestre de 2022 con el propósito general de realizar estimaciones en torno a la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta es de representatividad nacional, sin embargo, y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

Los resultados de la encuesta, apuntados por el INEGI, tienen que ver con la sensación de inseguridad por temor al delito (percepción).

En diciembre de 2022, 64.2% de la población de 18 años y más, residente en las 75 ciudades donde se levantó la encuesta, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Este resultado, con todo, no representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en septiembre del mismo año, que fue de 64.4 por ciento. No obstante, el porcentaje de diciembre sí representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a diciembre de 2021, que fue 65.8 por ciento. O sea que, de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, la percepción de inseguridad bajó.

En la encuesta levantada en diciembre por los encuestadores del INEGI, 19 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos, frente a septiembre de 2022: 13 presentaron reducciones y seis, incrementos. En diciembre de 2022, 69.9% de las mujeres y 57% de los hombres.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en

ANÁLISIS A FONDO: BAJA LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Francisco Gómez Maza

• El 64.2% en 2022 contra el 64.4% en 2021

• Encuesta de Seguridad Pública del INEGI

diciembre de 2022, 74.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 67.1%, en el transporte público; 58.9%, en el banco y 57.0%, en las calles que habitualmente usa.

Respecto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en diciembre de 2022, 80.2% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 72.1%, en el transporte público. De los hombres, 67.8% manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 60.6%, en el transporte público.

Expectativa social sobre la seguridad pública (percepción)

En diciembre de 2022, 34.0% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades de interés, consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo, a la baja, de 1.2 puntos porcentuales con relación a septiembre de 2022, cuando se reportó 35.2% y, al alza, de 1.4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021, mes en el que se reportó 32.6 por ciento.

Por otra parte, 25.9% de la población refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. En contraste, 16.2% de la población de 18 años y más refirió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 22.7% manifestó que mejorará.

Atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento) Durante el cuarto trimestre de 2022, los resultados de la ENSU revelaron que el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda se relacionó con: consumo de alcohol en las calles (60.6%), robos o asaltos (52.2%), vandalismo en las viviendas o negocios (42.7%), venta o consumo de drogas (39.8%), disparos frecuentes con armas (38.3%), bandas violentas o pandillerismo (25.5%), tomas irregulares de luz —diablitos— (14.2%) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel —huachicol— (3.0%). Respecto al tercer trimestre de 2022 se presentó un aumento estadísticamente significativo de 1.7 puntos porcentuales en atestiguación de disparos.

Con respecto al cuarto trimestre de 2021, se registró una disminución estadísticamente significativa de 3.5 puntos porcentuales en la atestiguación de robos o asaltos, de 1.6 respecto a bandas violentas o pandillerismo, de 1.3 puntos porcentuales en la atestiguación de disparos frecuentes con arma, 1.1 para la atestiguación de consumo de alcohol en las calles y 0.8 puntos

porcentuales respecto a la venta ilegal de gasolina o diésel.

Las tres ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos fueron: Cuauhtémoc (71.0%), Venustiano Carranza (61.9%) y Magdalena Contreras (61.8%). Las ciudades con los menores porcentajes de conflicto entre la población fueron: Ciudad Victoria (12.7%), Tijuana (13%) y Tapachula (13.3%). De la población de 18 años y más que reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa por causa de incivilidades en su entorno, 73.9% mencionó que estos conflictos fueron con las o los vecinos, mientras que 35.8% manifestó haber tenido conflictos o enfrentamientos con desconocidos en la calle.

Durante el cuarto trimestre de 2022, 52.6 % de la población de 18 años y más, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Además, 46% modificó rutinas en cuanto a permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda, 45.8% reconoció haber cambiado hábitos de caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche y 28.1 % cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos. Con relación al tercer trimestre de 2022, hubo una disminución estadísticamente significativa de 2.1 puntos porcentuales respecto al hábito de llevar cosas de valor y de 2, respecto a cambiar de hábito en visitar parientes o amigos.

En comparación con el cuarto trimestre de 2021, se registró una disminución estadísticamente significativa de 4.9 puntos porcentuales en cuanto a llevar cosas de valor por temor a sufrir algún delito, de 3.3 para caminar de noche en los alrededores de las viviendas y de 4.1 respecto a cambio de hábitos en relación con visitar parientes o amigos.

Para proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, la ENSU cuenta con una periodicidad trimestral.

Entre los resultados de la ENSU que corresponden a diciembre de 2022, destaca que los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o

algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina (84.6%), Ejército (82.3%), Guardia Nacional (71.6%), policía estatal (52.0%) y policía preventiva municipal (44.6%).

En diciembre de 2022, 81.2% de la población de 18 años y más manifestó que los baches en calles y avenidas son uno de los problemas más importantes en su ciudad; 61.0% consideró el alumbrado público insuficiente y 54.8% las fallas o fugas en el suministro de agua potable. De la población considerada, 40.2% consideró que los hospitales saturados o con servicio deficiente representan uno de los problemas más importantes en sus ciudades.

En diciembre de 2022, a nivel nacional, 30.6% de la población de 18 años y más consideró el gobierno de su ciudad como muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes. Las ciudades donde más se lo percibió así fueron: Nuevo Laredo (63.1%), Piedras Negras (61.0%) y San Luis Potosí (58.5%). Las ciudades donde menos fueron: Juárez (10.6%), Ecatepec de Morelos (11.0%) y Naucalpan de Juárez (13.2%).

De julio a diciembre de 2022, se estima que 13.4% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública. De estas personas, 44.6% declaró haber sufrido, al menos, un acto de corrupción por parte del personal perteneciente a dichas autoridades.

Durante el segundo semestre de 2022, se estima que 26.3% de los hogares en zonas urbanas tuvo algún integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público (incluye robo en banco o cajero automático), robo en forma distinta a las anteriores o extorsión. Dicha estimación representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje registrado en el primer semestre de 2022, que fue 27.4 por ciento.

En el semestre julio-diciembre de 2022, en 10.7% de los hogares de las ciudades de interés, al menos una o un integrante del hogar fue víctima de extorsión. En 9.2% de los hogares, al menos una o un integrante del hogar fue víctima de robo o asalto en calle o transporte público y 8.6% fue víctima de robo parcial de vehículo.

Durante el segundo semestre de 2022, se estima que 15.3% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fue víctima de al menos un tipo de acoso personal y/ o violencia sexual en lugares públicos. Dicha estimación representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en el primer semestre de 2022, que fue 16.9 por ciento.

Se estima que 10.6% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fue víctima de piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo, o bien, la molestaron u ofendieron en lugares públicos.

La cobertura conceptual de la encuesta abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún integrante víctima de robo y/o extorsión, víctimas de corrupción y las víctimas de acoso o violencia sexual.

CARTELERA POLÍTICA

El 14 de diciembre de 2012 la Red por la Paz en Chiapas alertó a las autoridades de Chiapas acerca del riesgo que representaba el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Secretario de Seguridad Pública en Chiapas.

Llaven Abarca, se había desempeñado como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y anteriormente como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), durante el periodo de gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Fue además agente del Ministerio Público del fuero común, fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.

Cual fue la razón de la preocupación de la sociedad civil y que la Red por la Paz en Chiapas para que se alertara a las autoridades estatales para señalar las andanzas de este tipo de “fichita” que se estaba contratando, toda vez que con todos estos cargos, el nuevo Secretario fue acusado como responsable de tortura y otras violaciones a derechos humanos en el estado, como lo demuestra la recomendación 26/2002, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las detenciones y tortura durante el operativo policiaco en la comunidad San José, en el municipio de Marqués de Comillas, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público.

Por los mismos hechos la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando se iniciara un procedimiento administrativo de investigación y la integración de una averiguación previa en contra de Jorge Luis Llaven Abarca, por la comisión de los delitos de robo, lesiones, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la

Tortura. Ambas recomendaciones fueron rechazadas por el gobierno en turno, protegiendo a los perpetradores y dejando en impunidad a las víctimas.

El entonces gobernador del Estado Manuel Velasco Coello puso oídos sordos a las denuncias, pues fue enterado acerca de la labor del brazo ejecutor del exgobernador Juan Sabines Guerrero, hoy cónsul de México en Orlando, Florida.

Manuel Velasco, hoy senador de la República, cargo que hizo gracias a las componendas políticas con el presidente López Obrador sigue siendo el padrino para que este desalmado policía torturador siga vigente en la política nacional con un cargo como diputado federal, del cual se sabe nada ha hecho más que beneficiar a sus padrinos políticos ya mencionados.

La Lista de las violaciones a los derechos humanos de este sátrapa y corrupto legislador es larga, que no cabría en este espacio, por lo que poco a poco lo iremos desmenuzando.

Por lo pronto, decir que este tipo de delincuente de “cuello blanco” se apresta a seguir viviendo como parasito y mantenido del erario público, pues ya está en campaña por todo el estado, en busca de otro cargo de elección popular para seguir vigente en la política y a la vez tener impunidad por los delitos cometidos y evitar la cárcel.

Todos sabemos que Llaven Abarca es un bueno para nada, como legislador, como otros diputados federales y locales, no ha hecho nada por el estado, solo vive de a “muertito”, pues de política no sabe nada, solo es un policía fracazado pero que le sirve al poder, como arrastrado y abyecto que es de los que lo ayudan para seguir viviendo como parasito.

Aunque AMLO proteja a Yasmín Esquivel, el final está cerca

El final se acerca ya

Lo esperaré serenamente

Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente. Es sin la primera estrofa de la letra de la canción interpretada por el canadiense Paul Anka, alla por los años 60´s, que sirva de preámbulo para el triste final que tendrá la ministra Yasmin Esquivel, aliada de López Obrador, que hasta el día de hoy continúa en el cargo gracias al apoyo del inquilino de palacio.

Fue el Dr. Guillermo Sheridan quien denunció el plagio cometido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Yasmín Esquivel, quien a partir de ese momento terminaron para ella las fiestas navideñas, al grado que tuvo una amarga navidad.

La tesis copiada de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel puso al descubierto una cadena de plagios dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones educativas más prestigiosas del país y de toda América Latina.

Como una bola de nieve, el escándalo fue creciendo conforme fueron los días. Al impacto de que el trabajo para obtener la licenciatura de una ministra del máximo tribunal de justicia fuera exactamente igual que uno publicado el año anterior, se le suma ahora la revelación de que su tutora, la profesora Martha Rodríguez Ortiz, haya asesorado al menos seis tesis plagiadas entre 1986 y el 2010.

Parece ser que el final de esta telenovela se acerca al final, pues pues por más maromas que este dando la ministra plagiadora, la presión no puede esperar más ni ella, pues desde que fue denunciado el plagio, la noticia no ha dejado ser de primera plana.

Ya la ministra lleva varias estocada y no cae, sin embargo, aun con el apoyo del tabasqueño, ya la situación es inaguantable, pues luego

que el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, presentó ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra Yasmín Esquivel Mossa, se puede decir que no tarda en que esta por inicitiva renuncie al cargo, toda vez que esta ya no goza de buena reputación y por tanto incumple con esa probidad a que está obligada y con el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución.

Pero la cosa se pone muy interesante y el ingrediente de misterio se lo pone el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , Enrique Graue Wiechers, quien anunció que para este viernes dará un mensaje.

Piensa mal y acertaras, pues en medio de la polémica por el plagio de tesis en el que se vio involucrada la ministra, esta se llevó entre las patas a la UNAM, aunque Universidad no ha especificado el motivo del mensaje, sin embargo, se espera que el mensaje llevara un gran contenido de dinamita que se sentirá hasta Palacio Nacional, seguro asi será.

Del Montón

El líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, diagnosticó que las elecciones del próximo 6 de junio “no serán un día de campo para Morena” pues Delfina Gómez Álvarez sí exigió diezmo a los trabajadores de Texcoco y “sí le va a costar”. Explicó que dichas acciones delictivas “están documentadas”, y constituyen un factor que “hace ruido, genera suspicacia y lastima la personalidad de Delfina, sin duda”. Ricardo Monreal, es el primer morenista en admitir que su correligionaria y virtual candidata de Morena al gobierno del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, exigió diezmo a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa, para financiar actividades electorales de su partido. Aceptó que se trató de una situación irregular que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya resolvió y amonestó, aunque no hay carpeta ni denuncia penal y el tema se ha usado de manera mayúscula desde hace dos años. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.

Leonel Durante López

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