Juan Sántiz Pérez

Gobierno de AMLO tiene contabilizados 52 asesinatos de periodistas desde 2018

Gloria Leticia Díaz

Ciudad de México (apro)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene contabilizados 52 asesinatos de periodistas y 97 de defensores de derechos humanos, del primero de diciembre de 2018 a la fecha, casos en los que “la impunidad es superior a 90 por ciento”, reconoció el encargado de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos.

Al señalar que la impunidad “es el gran problema de la agenda nacional de derechos humanos”, el funcionario adscrito a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, precisó que de las víctimas de homicidio “sólo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporadas al Mecanismo” de Protección de Personas Defensoras y Periodistas.

Las entidades más violentas para ejercer el periodismo son Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el 57% de las agresiones a ese gremio, siendo entre 40 y 45% provenientes de “autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo En el caso de los activistas, los estados más peligrosos son Chiapas, Chihuahua, Guerrero Oaxaca y Veracruz, donde proviene el 64% de las denuncias por agresiones

representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado”, informó Irazoque en un comunicado.

En el caso de los activistas, los estados más peligrosos son Chiapas, Chihuahua, Guerrero Oaxaca y Veracruz, donde proviene el 64% de las denuncias por agresiones.

El funcionario detalló que, a la llegada de este gobierno, el Mecanismo “contaba con 758 personas (beneficiarias), a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres), y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres y 472 hombres)”.

El funcionario añadió que tratándose de periodistas, la mayoría de los inscritos al Mecanismo están en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, en tanto que la mayor parte de los defensores inscritos radican en Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Tras sostener que durante la actual administración, se han invertido mil 200 millones de pesos en protección de periodistas y defensores, correspondiendo a 2022 una partida de 388 millones, Irazoque lamentó que la respuesta de las autoridades en los estados y municipios no se corresponda con el esfuerzo del gobierno federal.

A diez años de creación del Mecanismo, “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario (en 2012), se convirtió en una ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema”.

Irazoque Palazuelos resaltó que “desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país”.

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

Los ciudadanos cuyo apellido comience con la letra “B” serán convocados en primer lugar para la revocación de mandato, que “es un hecho cierto, de realización inminente”, señaló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Sin embargo, señaló que, ante la insuficiencia presupuestal, el Consejo General del INE acordó suspender los trabajos de captura y verificación de firmas.

En su sesión extraordinaria, el Consejo del INE acordó que los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra “B” y los que su mes de nacimiento sea mayo o junio, serán los primeros a considerar para la integración de las Mesas Directivas de Casilla en la Jornada de Revocación de Mandato 2022 del Presidente de la República a celebrarse el próximo 10 de abril.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, estableció que el Instituto garantizará la integración de nuevas Mesas Directivas para la consulta.

Por falta de recursos, el INE dejará de validar firmas para la revocación de mandato

“Quedarán integradas por personas ciudadanas a razón de una figura de presidente, una de secretario, una de escrutador y una de suplente general en los términos que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato”, aseguró.

Van más de 3 millones de firmas válidas

Por otro lado, en la sesión se reportó que se alcanzó el registro de 3 millones 027 mil 845 firmas válidas para convocar a la consulta de revocación de mandato en 24 entidades.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que la revocación de mandato es un hecho cierto, de realización inminente y “ojalá se le permita al INE cumplir con lo que establece la ley. La voluntad del INE ha quedado clara, es hacer este ejercicio en cumplimiento de todas sus atribuciones conforme al mandato de la ley”.

“Hoy podemos decir con toda claridad que el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo el ejercicio de revocación de mandato el próximo 10 de abril, en virtud de que se ha superado el 3% de ciudadanos y ciudadanas en la Lista Nominal que, habiéndole perdido la confianza al presidente de la República, como dice la Constitución, han solicitado la realización de este ejercicio”, agregó. No obstante, aclaró: “El problema es cómo se podrá realizar”, debido a que no se obtuvieron los 3 mil 306 millones de pesos necesarios y hay un faltante de mil 738.94 millones de pesos que han sido solicitados a la Secretaría de Hacienda.

Por esa circunstancia presupuestal, anunció que más de siete millones de firmas de apoyo a la revocación no serán capturadas ni verificadas, por lo que lamentó que la ciudadanía no podrá conocer si su apoyo fue respetado, ni tampoco aquellos ciudadanos que no dieron su consentimiento.