EDICIÓN ESPECIAL MIÉRCOLES 15 de abril de 2015 Santiago de Chile
ES UNA INICIATIVA CONJUNTA DE
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ENTREVISTA:
EMPATÍA DE LAS GERENCIAS:
LATINOAMÉRICA:
INCLUSIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS:
Jorge Troncoso, director del SEA, explica la importancia del factor ciudadano.
¿Qué habilidades debe tener el mediador entre la empresa y la comunidad?
Conflictos que han puesto en jaque el desarrollo de negocios en la región.
La influencia del futuro Ministerio Indígena en los proyectos de inversión
La nueva era en la relación entre empresas y sus comunidades
Los recientes conflcitos entre los dueños de grandes proyectos y las comunidades, están haciendo repensar la forma en que el sector privado planifica sus inversiones. Hoy no basta con la aprobación ambiental. El visto bueno social es fundamental.
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Independiente del aumento de las redes sociales o el empoderamiento de la ciudadanía, existe en Chile una institucionalidad que regula la forma en que las comunidades opinan y hacen sus recomendaciones en los proyectos de inversión.
Cómo funciona el sistema de participación ciudadana
15.04.15
FOTO: AGENCIAUNO
Director: Juan Pablo Larraín Medina Subdirector: Jonás Preller Roldán Representante Legal: Rodrigo Errázuriz R. Editores Jefe: Olga Bustamante, Patricio Poblete y José Tomás Santa María. Editores: Ximena Celedón (mercados), Daniel Fajardo (suplementos), Miriam Leiva (economía), Tomás Martínez (política) Paula Namur (internacional), Juvenal Sepúlveda (gráfico), José Antonio Troncoso (empresas), Gabriela Villalobos (digital). Editado por COPESA S.A. Avda. del Valle 765, of. 401, Huechuraba. Teléfono redacción 22302810. Teléfono comercial 22302820. Impreso en Santiago por Copesa Impresores S.A., quien sólo tiene calidad de impresora. Teléfono de atención a suscriptores 23505646. Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion
Editorial
Una nueva forma de concebir los proyectos Para que un negocio sea sustentable, debe considerar al entorno. Principalmente, al social.
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ROYECTOS de alta conotación pública como Hidroaysén o Pascua Lama han producido un verdadero remezón en la última década en Chile. No tanto por los posibles cuestionamientos del impacto al entorno, sino justamente, por el gran alcance de dichos cuestionamientos. Donde los medios informativos, las plataformas tecnológicas y una mayor acceso a opinar y participar por parte de la sociedad, marcó un antes y un después en la forma de concebir y desarrollar desde un pequeño supermercado de barrio, hasta una extracción minera binacional. Hace décadas atrás también existían estos conflictos, pero claramente, podía pasar mucho tiempo o algo muy impactante para que calara en la fibra social de un país. Por ejemplo, en 1993, Erin Brockovich, una empleada de una oficina jurídica estadounidense, lideró una histórica demanda ciudadana contra la empresa californiana Pacific Gas and Electric Company (PG & E), ausándola de contaminar el agua potable con cromo hexavalente. Siete años después, Julia Roberts protagonizaría a Brockovich en una película que simboliza no sólo cómo una comunidad puede enfrentarse a un proyecto de inversión; sino, cómo el sector privado debía comenzar a considerar a su entorno social en la sustentabilidad del negocio. Si ese evento hubiese pasado en la actualidad, seguramente en cosa de horas, todo el mundo se habría enterado de las aguas contaminadas. Miles de usuarios hubiesen sacado fotografías, enviado comentarios y creado páginas especiales paar protestar. Pero, desde un punto de vista optimista, quizá el problema no habría sido tan grave, debido a la normativa ambiental que existe en muchos países. Pero sobretodo, porque la realidad dice que antes de hacer un proyecto, se debe conocer e interactuar con las comunidades en etapas tempranas. No después, cuando el daño ya esta hecho.P
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NIVEL de la gestión del Estado, existen distintas políticas públicas en áreas como el transporte, agricultura, salud, obras públicas, minería y agua, entre otras. Dentro de este marco, también está la política ambiental, la que tiene su expresión en un conjunto de instrumentos, que están consagrados en la legislación y una serie de regulaciones. Una de las características que tiene la política ambiental en Chile es que involucra al factor ciudadano y/o la comunidad en sus distintos instrumentos. Dentro de este conjunto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha liderado los temas ambientales. A tal punto que se creó una entidad encargada de administrarlo: El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Desde sus orígenes, incluso en la etapa voluntaria (1994), el SEIA agregó la participación de las comunidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Esto explicaría, en parte, el nivel de conflictividad que tienen algunos procesos de en su aprobación. A esta mezcla de factores se le agrega la reciente ratificación de Chile al Convenio 169 de la OIT, que incorpora en los proyectos de inversión la visión, opinión y participación del mundo indígena.
Reglamentación
La Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300, establece en el marco de la participación ciudadana lo siguiente en el caso de Estudios de Impacto Ambiental: 1 El titular del proyecto o actividad debe publicar en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional o regional, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Una de las características de la política ambiental en Chile es que involucra al factor ciudadano Una vez que el titular publica oficialmente su proyecto, la comunidad tiene 60 días para dar sus observaciones
Historia del SEIA El SEIA como tal, entró en vigencia en nuestro país el 03 de abril de 1997.
2 Las personas jurídicas y las personas naturales podrán conocer el contenido del Estudio (EIA), y entregar sus observaciones por escrito ante el SEA. 3 Una vez publicado el extracto, la ciudadanía dispone de 60 días hábiles para presentar sus observaciones. 4 Mientras dure el período de participación ciudadana, el SEA establecerá mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los EIA. 5 Las observaciones de la comunidad serán consideradas (respondidas) por el SEA (regional), o Dirección Ejecutiva (en el caso de un proyecto interregional).
6 Existe una instancia de reclamación, donde cualquier persona natural o jurídica que haya realizado una observación y que crea que ésta no fue bien considerada (respondida), puede presentar un Recurso de Reclamación. 7 Las direcciones regionales o el director ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica. 8 En este proceso de participación ciudadana las personas jurídicas y las personas naturales podrán conocer el contenido de la DIA y entregar sus respectivasobservaciones. 9 Las observaciones que presente la comunidad serán consideradas (respondidas) por el SEA o la Dirección Ejecutiva, en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la que será notificada a quienes hubieren formulado observaciones. 10 Existe una instancia de reclamación, donde cualquier persona natural o jurídica que haya realizado una observación y que crea que ésta no fue bien respondida, puede presentar un Recurso de Reclamación dentro del plazo de 30 días a contar desde que se le notifica la RCA.P
PULSO EDITORIAL
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ENTREVISTA CON DIRECTOR DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA)
Jorge Troncoso: “Los proyectos de inversión que no consideran a los ciudadanos, cometen un error”
DANIEL FAJARDO
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OMO lo dice su nombre, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se preocupa principalmente de la dimensión medioambiental de los proyectos de inversión, desde el punto de vista del Gobierno. Pero en la práctica, su competencia va más allá. Esto, porque en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el factor comunidades y de participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales. Hace un año, Jorge Troncoso, asumió como director del SEA. Su principal desafío fue llevar a la práctica la implementación del nuevo reglamento del SEIA que entró en vigencia a fines del 2013. En ese entonces, declaró que mientras esté a la cabeza de esta entidad, su objetivo es “perfeccionar la evaluación de proyectos, otorgando seguridad jurídica y técnica tanto a titulares de proyectos como a comunidades y gobiernos locales”. Troncoso ha trabajado más de 20 años en la temática de gestión ambiental. Entre 1994 y 2000, fue director regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en la Región de Atacama, zona que ha sido bastante protagonista en términos de proyectos de inversión. Más tarde, entre 2002 y 2006, fue jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Conama y antes del cargo actual, estaba como gerente de proyectos en la División Environment & Infraestructure de la empresa AMEC Internacional. ¿Casos como Pascua Lama o Hidroaysén, donde claramente la influencia de las comunidades
fueron protagonistas, han hecho que las empresas estén más preocupadas de abordar el factor ciudadano? — Desde comienzos de los noventa, se ha realizado un aprendizaje en términos del desarrollo de los procesos e impacto ambiental. Pero en particular, de la importancia que tienen las comunidades que están en el territorio donde se pretende desarrollar una iniciativa. Hemos aprendido los servicios públicos, la institucionalidad ambiental, el mundo empresarial y por cierto, en este proceso, lo han hecho también las distintas comunidades. Hoy asistimos a una situación donde hay un fuerte empoderamiento de las comunidades en involucrarse en las decisiones de la zonas donde viven, lo que es absolutamente beneficioso para el desarrollo del país, para los proyectos, los territorios y para la sustentabilidad ambiental de los mismos. Pero el aprendizaje ha sido bastante fuerte en los últimos años — Efectivamente, hemos tenido algunos proyectos emblemáticos que han impactado. Pero hoy, claramente cualquier proyecto de inversión que no considera la variable ciudadana o comunitaria comete un error. El mundo empresarial también lo está asimilando e incorporando en sus políticas de gestión, como una variable relevante dentro de un proyecto. Hace 30 años, el tema de seguridad laboral no era relevante, hoy es fundamental. Hace 20 años, los aspectos medioambientales tampoco lo eran y hoy son claves. Hoy el tema ciudadano y manejo de comunidades está comenzando a tomar la misma importancia que actualmente tienen la seguridad y el medioambiente.
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—Director del SEA explica cómo las empresas han cambiado su foco hacia la participación ciudadana. —Cree además, que un acercamiento temprano a las comunidades agiliza la aprobación de los proyectos. ¿De qué forma las empresas pueden prever los conflictos, con este aprendizaje? — Este es un tema que estamos comenzando a entender y por lo tanto, está abierto. Si bien al nivel del SEIA existe y está regulado, aún hay mucho que avanzar en esta materia, en cuanto a los titulares de los proyectos. Hay que avanzar hacia el convencimiento de incorporar la dimensión ciudadana en los proyectos de inversión. Pero la pregunta es: ¿en qué fase del proyecto me acerco a las comunidades? Si se hace cuando el proyecto ya está en una fase de factibilidad o ingeniería básica, donde ya se hizo una inversión y el proyecto está casi armado, no es lo mismo que en la fase inicial. Creo entonces, que dicho acercamiento debe ser al principio. De esta forma, la percepción que tienen las comunidades con respecto a una iniciativa, irá orientando en cuanto a las decisiones que se deben tomar. Por ejemplo en el diseño, emplazamiento y características que tendrá el proyecto. ¿Pero hay que evangelizar más aún al respecto? — Claro, porque incorporar la variable ciudadana en los proyectos de inversión es algo que ya se está consolidando, pero el tema del cuándo, aún no está resuelto. Según nuestra experiencia, debe ser en etapas tempranas y así se consigue la denominada licencia social. Pero como aún no está resuelta la relación de las empresas y sus comunidades en los proyectos, el conflicto se traslada al proceso de evaluación ambiental y lo contamina. Es en ese momento entonces, donde se produce la judicialización, que hemos visto en varios casos en el último tiempo. ¿Qué herramientas o guías tie-
ne el sector privado para informarse sobre estor proceso? — El SEIA es un instrumento absolutamente normado. Allí están todas las etapas por las cuales transita la evaluación ambiental de un proyecto de inversión. Está clarísimo. ¿Pero ha habido un cambio, luego de la modificación al SEIA el 2013? — Absolutamente. La modificación reglamentaria, ha creado mayores espacios de participación ciudadana. En el antiguo reglamento no existía este ítem en declaraciones de impacto ambiental. Hoy se han abierto un conjunto de procesos de participación que generan beneficios sociales. Y por otro lado, actualmente los procesos de participación, también han perfeccionado su EVOLUCIÓN
“Desde los ‘90, se ha hecho un aprendizaje sobre el desarrollo de los procesos e impacto ambiental” NUEVA REGLAMENTACIÓN
“Hoy se han abierto un conjunto de procesos de participación que generan beneficios sociales” FACTOR CIUDADANO
“Las empresas lo están incorporando en sus políticas de gestión, como una variable relevante”
tratamiento o procedimientos con anterioridad. En la regulación anterior, no teníamos la posibilidad de incorporar las observaciones que la comunidad realizaba en el informe consolidado. Hoy se incorpora como un anexo de este documento y el titular se hace cargo de dichas observaciones. Un segundo elemento novedoso, es que en la adenda (documento complementario), vienen las respuestas a las demandas ciudadanas, las que son analizadas por las distintas instituciones públicas que tienen competencia sobre las materias que la comunidad observó. Antes no existía ese mecanismo. ¿Y si las comunidades no están de acuerdo con las respuestas? — Esta el mecanismo del recurso administrativo que puede presentar la comunidad si considera que las observaciones no fueron consideradas adecuadamente por la Comisión de Evaluación, o en el caso de los proyectos regionales, por la Comisión Ejecutiva. E incluso, tiene la potestad de presentar recursos de reclamación ante el Comité de Ministros, en el caso de los Estudios de impacto Ambiental; o a la dirección ejecutiva del SEA, en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental. La incorporación de la participación ciudadana, preocupa a algunos sectores por la posible demora en la aprobación de los proyectos. — Yo opino todo lo contrario (ríe). En la medida que, en etapas tempranas, el titular de un proyecto inicia un proceso de acercamiento y relacionamiento con las comunidades, ese proyecto tiene mayor solidez en términos de su aceptación. Por lo tanto, tendrá un trámite expedito en dicho ítem. P
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Quien lleve las relaciones con las comunidades debe hablar “en fácil”, o sea traducir un lenguaje técnico en algo que sea entendible. Debe existir un acercamiento a la comunidad desde la etapa germinal del proyecto.
FOTO: ARCHIVO COPESA
No sirve que la persona vaya y diga: “voy a ir a preguntar y regreso”, por que perderá el respeto de la comunidad.
Vincularse de forma transparente, señalando cuáles serán las consecuencias del proyecto; fomentar la participación temprana en su desarrollo; empoderamiento desde el gobierno corporativo, y que quién dirija el diálogo sea empático, son algunas de las claves a la hora de relacionarse con el entorno al plantear un nuevo desafío empresarial.
¿Cómo vincularse con la comunidad para generar valor? Un reportaje de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ
ALGUNOS DATOS
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UEDE SER vista como una oportunidad dentro de la estrategia de crecimiento sostenible de las empresas, de lo contrario puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los proyectos. Se trata de la relación con las comunidades, que cada día toma más importancia dentro de las compañías, independiente el sector al que se dedique. “Desde hace al menos unos tres años, en nuestro país, las comunidades aparecieron en el ‘mapa de riesgos y oportunidades’ de grandes proyectos de inversión”, dice Ignacio Larraechea, gerente general de Acción. Lo que coincidiría con la explosión de los conflictos socio ambientales que han provocado la judicialización. De acuerdo a Larraechea, surgen casi como un actor nuevo, como si antes no hubiesen existido. Tal vez, porque no generaban tal nivel de ruido, conflictividad o judicialización, como está ocurriendo en la actualidad. “Esto da cuenta de un tipo de relación que ha entrado en crisis y, por tanto, requiere ser revisada. Las empresas han transitado desde una etapa inicial de indiferencia a una de gestión de riesgos, fundamentalmente reactiva y ahora comienzan una terce-
de las empresas encuestadas considera que el nuevo reglamento del SEIA no es suficiente para minimizar la judicialización de los proyectos, según estudio de PWC.
97% de las compañías considera que el éxito de los proyectos depende en gran medida de la gestión ambiental y social que realicen. Desde 2004 hay un despegue significativo en casos socioambientales que se judicializan en Chile.
Entre ellas está: empatía, capacidad de escuchar y entender las necesidades de la comunidad.
ra etapa, basada en la co-creación. Es esta última la que ha permitido destrabar las relaciones de conflicto permanente y reemplazarlas por una lógica de colaboración en una perspectiva de largo plazo”.
Relaciones
Un gerente de sustentabilidad es un cargo crítico en las organizaciones que desarrollan proyectos. “Durante los últimos años, las empresas se han dado cuenta de la importancia de este rol, considerando que muchos programas dejan de desarrollarse, producto de temas relacionados a la sustentabilidad”, señala Ignacio Brain, senior manager de Michael Page. Pero a la hora de definir quién ocupará ese cargo, las empresas deben tener algunos parámetros claros. “Dentro de las habilidades que se buscan en un rol como éste, están principalmente las habilidades blandas, pues es una persona que debe tener en cuenta muchas variables a la hora de la toma de decisiones. Son personas con importante conciencia social, que entienden las necesidades de las comunidades y el medio, además de las necesidades de la empresa; y que integra estas variables alineándolas a la estrategia corporativa de la compañía”, enfatiza Brain. De acuerdo a Mariana Merino, di-
Desde hace un tiempo, las comunidades aparecieron en el mapa de riesgos y oportunidades. xionar en distintos puntos, por lo que el gerente de sustentabilidad debe ser una persona capaz de tomar todos estos puntos de vista, aterrizar las ideas, y lograr que el proyecto se desarrolle de buena manera” dice Brain.
Gobiernos corporativos
rectora del Magíster en Comunicación Integrada de la UDD, hay algunas características indispensables para quién lleve a cabo la conversación privados-comunidades. “Es clave que las personas encargadas de relacionarse con la comunidad estén dotadas de gran empatía y, lo más importante, que sepan escuchar, porque hay muchos conflictos que quizás pueden arreglarse al preguntarle a la comunidad ‘¿usted cómo lo plantearía?’. Al escucharlos, conviertes a la comunidad en un socio estratégico del proyecto”. Así mismo, pone de manifiesto que el empoderamiento por parte del gobierno corporativo es sumamente importante. “Es determinante que tenga la posibilidad de generar acuerdo. No sirve que la persona vaya y diga ‘espérenme que debo ir a preguntar y regreso’. Si pasa eso, perderá el respeto de la comunidad”, enfatiza. Para elegir al nexo con la gente, se debe tener en cuenta que estén capacitadas, “que tengan habilidades de ser buen comunicador; hablar en fácil, o sea, traducir quizás un lenguaje técnico en algo que sea entendible para todas las personas en un marco de respeto”, dice Merino. El manejo de crisis es otro punto importante que este rol debe dominar. “Todas las comunidades no son iguales y cada una busca refle-
Pero para que tengan un desarrollo de manera óptima, señalan que es determinante el conocimiento en la dirección de las compañías. “Tiene que haber una definición por parte de los gobiernos corporativos de que realmente tiene que existir gran importancia sobre este tema. Debe haber conocimiento real de esta temática y no delegarla sin relacionarse con el tema. Para permear realmente en la organización tiene que partir de los gobiernos corporativos a los distintos estamentos de la institución”, manifiesta Merino. Si bien, la relación con comunidades es un tema que cae usualmente en la responsabilidad de gerencias como asuntos corporativos, comunicaciones o sustentabilidad, “la mirada correcta es la de relación de la empresa con la comunidad. Se trata de relaciones entre grupos humanos, por tanto, todos están involucrados, desde el guardia de seguridad hasta el gerente general. Lo que sí tiene que hacer la gerencia responsable es reunir toda la información posible sobre la vida en cada comunidad para saber qué es importante para ellos, qué es lo que nosotros como empresa debemos cuidar en nuestro comportamiento al llegar a su espacio”, señala Ignacio Larraechea. Respecto a cómo relacionarse con la comunidad, Merino dice que es muy importante que exista un acercamiento desde la etapa germinal del proyecto, no cuando está todo estructurado y la comunidad no tiene un rol relevante en su desarrollo; mantener a la comunidad informada y transparentar al máximo las etapas del proyecto y sus eventuales consecuencias positivas y negativas. P
Z La clave en la gestión socioambiental parece estar en la incorporación de la comunidad en el desarrollo de proyectos, convirtiéndola en un aliado estratégico.
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Desacuerdos en el manejo de recursos pesqueros, conservación de humedales, externalidades negativas de procesos industriales, explotación excesiva de recursos naturales y menoscabo a tradiciones de pueblos originarios son algunos de los temas que tienen a Latinoamérica como el continente con mayor cantidad de discrepancias, según el Atlas Ejolt.
Conflictos que han puesto en jaque el desarrollo de negocios en América Latina
El Amazonas es fuente permanente de conflicto entre las comunidades y los proyectos de inversión, principalmente forestales.
Hay una comunidad crecientemente informada y conectada, que no es invitada a involucrarse. Cerca de 60 constituciones en el mundo garantizan el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. El proyecto Conga sentó un precedente en el desarrollo de negocios ligados a la explotación en Perú. Un reportaje de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ
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ON UNA VARIEDAD de recursos naturales, América Latina es una región donde la actividad primaria ha sido foco de negocios a través de la historia. Sin embargo, a partir de la década de los 90, este mismo hecho ha estado sujeto a conflictos. Conflictos que cada vez escalan más a la judicialización, sobre todo considerando que muchas veces se ven involucrados recursos que destacan por ser estratégicos para los países, pero también para su gente, como es el caso del petróleo, agua, minerales y gas. Este aumento en la conflictividad en América Latina empezó a generar una cantidad relevante de proyectos que han sido paralizados, o bien un desarrollo mucho más lento. Además de provocar un incremento considerable de los costos para estos. “En efecto, durante los 90 pero incluso en la actualidad en diversas regiones, se consideraba que los proyectos mineros, energéticos o productivos, por el hecho de generar empleos y actividad económica eran beneficiosos para las comunidades locales. Pero los hechos han demostrado que esto sólo es verdad si los proyectos se diseñan con la intención de aportar a un desarrollo sustentable”, señala Raúl O’Ryan, director del diplomado Gestión Sustentable de las Organizaciones de la UAI. De acuerdo al atlas Ejolt (’Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade’), herramienta que recoge los conflictos so-
P b ¿Qué ha pasado? A partir de los 90, se ha producido una mayor judicialización de proyectos en la región. b ¿Por qué ha pasado? Mayor información de la ciudadanía, involucración de medioambientalistas, diferencias en la visión de uso de suelo, externalidades negativas como la polución, son algunas de las causas. b ¿Qué consecuencias tiene? Comunidades que se sienten excluidas de los procesos y que se vuelven reactivas al desarrollo de proyectos que los afecta. b ¿Cómo me puede afectar? Un proyecto que contempla a las comunidades a través de sus procesos, suele tener mayor éxito, pues se encuentra con un aliado estratégico que se siente parte del crecimiento del negocio.
Ejolt: El desarrollo de este mapa de justicia ambiental es apoyado por la Comisión Europea.
cioambientales en el mundo, Latinoamérica presenta el mayor número de casos documentados, con 339. De ellos, 35 pertenecen a Chile, uno de los países con mayor tasa de conflicto junto a Argentina con 36; Perú con 33; y Brasil con 64. De acuerdo al mapa de conflictos, en América del Sur, predominan los problemas a partir de la explotación minera y por la construcción de infraestructura para la extracción. Mientras que en nuestro país destacan conflictos como Alto Maipo, Caserones, Los Pelambres y Pascua Lama, entre otros. De acuerdo al académico de la UAI, una de las razones por las que este tipo de conflictos se concibe es porque “hay una comunidad crecientemente informada y conectada, que no es invitada a involucrarse en el diseño de los proyectos que la afectan, que ha perdido la confianza en que los estos efectivamente cumplan con los impactos prometidos, y no reconoce al Estado como un garante de sus derechos, prefiere evitar el desarrollo de los proyectos. Para ello se buscan vías de oposición diversas, una de las cuales es aprovechar los propios mecanismos que da la ley, lo que lleva a la judicialización”. Así mismo, hay muchas constituciones en el mundo, más de 60, en que se garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, un valor que se leía como muy bueno, en la práctica ha generado que muchos proyectos terminen en tribunales dado que se contraponen las ideas de una empresa con los derechos de las personas.
La experiencia internacional muestra que para ser exitosos se requiere incorporar a las comunidades en los proyectos.
Proyecto Conga
Los acuíferos son determinantes para la mantención en el tiempo del entorno.
Uno de los casos más relevantes en Perú es el proyecto minero Conga, ejecutado por la empresa Yanacocha. En marzo de 2011, la minera presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minas Conga que comprendía una embergadura de 25.000 hectáreas y una extracción de cobre cercana a las 90 mil toneladas y entre 13 y 22 toneladas anuales de oro. Con el fin de sacar el oro, se destruirían las lagunas más grandes de la zona. Entre ellas la Chailluagón y El Perol. A cambio de ello, la minera compensaría con cuatro reservorios o represas. Para extraer la gran cantidad de rocas que tienen el oro, primero se tiene que retirar la vegetación y el suelo orgánico que almacenan el agua; por lo tanto, la esponja hídrica o colchón acuífero desaparecería, además de las lagunas y gran parte del ecosistema en que están situadas. Con una inversión cercana a los US$4.800 millones, en octubre de 2011, nueve piezas de maquinaria
pesada fueron quemadas, lo que dio inicio a la manifestación en contra de este mega proyecto, a lo que posteriormente se suman protestas de pobladores; ministros viajando a la zona de conflicto; un paro regional en contra del proyecto minero; la intervención del Presidente Humala; suspención temporal de obras; estado de emergencia en cuatro provincias; salen del gabinete los ministros de Ambiente, Energía y Minas. En febrero de 2012 se realiza la marcha del Agua en que luego de 14 días llegan caminando a Lima; se hace un peritaje al informe de impacto ambiental; en julio de ese año 4 manifestantes mueren en enfrentamientos con la policía. Todo esto dio como resultado la paralización de obras que al día de hoy no se retoman. Muchos sostienen que este caso ha marcado un antes y un después en la forma en que se deben enfrentar los conflictos socioambientales en el mundo de la minería. Rodrigo Subiabre, vicepresidente de optimización de activos de
Anglo American Chile señala que los conflictos socioambientales en la región “se deben a que en los últimos diez años ha existido una visión de corto plazo, donde se busca un desempeño eficaz, pero no eficiente y no sustentable. Se ha dado por conseguir volumen a cualquier costo. Sin embargo, el camino que se debe seguir es de un trabajo integrado, comprendiendo a la sociedad, las comunidades”.
Desviación del río Ranchería
En Colombia, uno de los conflictos socioambientales se dio como producto de la eventual desviación del río Ranchería, en La Guajira al norte del país. Basados en su plan de expansión, la empresa El Cerrejón propuso la desviación del río en dos tramos localizados entre los municipios de Barrancas y Hato Nuevo puesto que, según estudios exploratorios de la compañía, en dichos segmentos se localiza un importante volumen del mineral que le ayudarán a elevar su volumen de extracción, logrando con ello un incremento de las reservas totales de carbón extraíble en un 64%. A raíz de eso, la multinancional hace una petición ante el ministerio del Interior para iniciar el proceso de consulta previa con las comunidades in-
Muchos proyectos de inversión han puesto en conflicto a países latinoamericanos con naciones desarrolladas. volucradas en el área del proyecto. No obstante, diversos sectores se alzaron en contra del proyecto porque generaría un importante impacto ambiental en el río, incluyendo escasez de agua para algunas zonas, en el departamento más árido del país, La Guajira. Además, aumentaría la cantidad de sólidos en suspensión, reducirá el hábitat acuático, sin contar que resentiría culturalmente a las comunidades indígenas Wayú, pues su identidad se forjó en torno al río. Se estima que este proyecto podría afectar la vida de 100 mil personas. El desarrollo de un proyecto como éste presenta un gran reto pues La Guajira, es una de las zonas del país que mayor recurso energético alberga, en el caso del carbón tiene el 56,5% de las reservas probadas nacionales. Es decir, 3.728 millones de toneladas y en el caso del gas, el 43,4% de las reservas probadas nacionales, con una producción diaria de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos, además de la infraestructura para la generación de energía eólica. Además, se da en un marco en que La Guajira es una de las zonas del país con mayor déficit hídrico, debido a su régimen de lluvia y a la alta tasas de evapotranspiración.
Institucionalidad
Uno de los aspectos fundamentales para hacer frente a este tipo de con-
Rol social: A pesar de los ingresos que se generan en el departamento de La Guajira, la tasa de indigencia es una de las más altas.
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de los conflictos relacionados a minería se produce una vez que el proyecto ya está en operación, según “Conflict translates enviromental and social risk into business costs”.
US$4.800 mill. fue la inversión en La Conga. Las obras fueron paralizadas en 2011 y al día de hoy se trabaja para reactivar la faena.
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casos en Latinoamérica documentó el Atlas de justicia medioambiental Ejolt, donde Brasil tiene 64 conflictos, mientras que nuestro país está dentro del top 5 con 35.
flictos parece ser el fortalecimiento institucional. De acuerdo a Sebastián Miller, economista investigador senior del BID, los conflictossocioambientales se dan a partir de tres puntos: “Quién controla un recurso natural, conflictos medioambientales o por diferencia de intereses. Con ello me refiero a la diferencia de visiones que puede haber, por ejemplo, en torno al uso de suelo. Quizás para la empresa es valioso para explotar minerales, pero para un grupo étnico puede tener aspectos idiosincráticos relevantes” . La realidad internacional muestra que para ser exitosos se requiere incorporar a las comunidades en los proyectos desde que se decide que se desarrollará un proyecto, antes de definirlo o precisar su ubicación y tamaño. “También es fundamental que los proyectos de mayor envergadura sean parte de una visión estratégica en cuanto a desarrollo de la región en que se insertan. Se requiere además que las en muchos casos las comunidades deben ser legítimos socios de los proyectos, yendo más allá de la mitigación y compensación”, enfatiza O’Ryan. P
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Un 69% del total de procesos de consultas finalizadas, en desarrollo y proyectadas corresponde a proyectos del sector energético. Por esto, lo que suceda con el futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” es clave.
La influencia del futuro Ministerio Indígena en los proyectos de inversión DANIEL FAJARDO
R
EPRESENTANTES de los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar le dieron al Gobierno el “vamos” con la idea de crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, a principios de este año. Con la aprobación de estas etnias originarias, el Gobierno aceleró el ingreso del proyecto de ley respectivo, para así, poder concretar una iniciativa que lleva varios años de evaluaciones y discusiones. Proceso que se aceleró cuando nuestro país se acogió al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT (ver recuadro). Finalmente, en marzo de este año, se cerró la “consulta indígena”
convocada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y se definió que la nueva entidad se llamaría “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” “Ésta es la mejor prueba de que queremos que la nueva institucionalidad sea un espacio donde convivan y coexistan las distintas culturas presentes en nuestro país”, dijo la ministra de Cultura, Claudia Barattini, quien lideró las dos jornadas de cierre, durante la segunda quincena de marzo. Al proyecto, se le agregó además la creación de un Consejo Asesor de Pueblos Originarios, que estarán representados todos los pueblos indígenas y será parte de la unidad técnica a cargo de materias indígenas y en todas aquellos temas en que se requiera su opinión. Ya entrado abril, el proyecto fue ingresado al Congreso para su aprobación.
El proyecto incluye además la creación de un Consejo Asesor de Pueblos Originarios. Actualmente el proceso de consulta indígena se realiza por medio del reglamento del SEIA. El jefe de esta cartera debería ser alguien con acercamiento y empatía con las diferentes etnias originarias.
Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente y actual Socio en Baker & McKenzie, comenta que la diferencia podría darse con relación al organismo que se va a pronunciar respecto a los proyectos. “Se ha dicho que seguirá siendo la Conadi para algunas cosas, pero aún no se sabe con certeza. Lo importante es que sea una sola entidad, no varias, porque eso sí que significaría una mayor judicialización y paralización de los proyectos”, dice Benítez Pero este abogado estima que lo que no sería razonable es extraer la consulta indígena del SEA para llevarla a un nuevo procedimiento. “Eso sería un completo error, porque se está dando mayor burocracia a los temas administrativos. No tendría mucha lógica en
cuanto a recursos y personal”, dice Benítez.
Perfil del ministro
Si se logra concretar el ministerio en los próximos años, sería un verdadero hito, considerando que en 1992 fue la primera vez que los pueblos indígenas plantearon la necesidad de su creación, en la cumbre del cerro Ñielol (Región de la Araucanía). Por esto, es que es tan clave su rol en cuanto a los proyectos de inversión. “Una vez conformado, lo más urgente sería hacerse cargo de las consultas indígenas que están en proceso. Pero sobre todo, proveer los recursos financieros o los medios para que las comunidades puedan defenderse o entender los problemas de impacto ambiental, con gente que se los explique, que tengan una real participación. En definitiva, la primera necesidad es hacerse cargo de que las consultas indígenas se hagan conforme a los estándares internacionales”, indica Lorenzo Soto, abogado y doctor en Derecho Ambiental. Otra duda que surge de inmediato es si el jefe de esta posible cartera debe o no pertenecer a un pueblo indígena. Según Soto, más que este factor, lo importante es la empatía que tenga con las etnias. “Es fundamental que quien lo dirija, al igual que sus funcionarios, tenga una mirada indigenista, en vez de una productivista. O sea, que posean una vocación por defender los derechos indígenas”, concluye el abogado. P
Z Durante el proceso de consulta, se realizaron más de 500 encuentros territoriales. Sin embargo, aún hay comunidades que no están conformes.
SEIA: Instrumento que introduce la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos.
P b ¿Qué ha pasado? El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley que crea el futuro “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. b ¿Por qué ha pasado? Luego de una aspiración de varios años y un proceso de consulta indígena de más de siete meses, las diversas etnias originarias, se pusieron de acuerdo con el Gobierno sobre la nueva entidad. b ¿Qué consecuencias tiene? Entre varios temas, la nueva institución sería clave en la aprobación de los proyectos de inversión, generando una consulta previa. b ¿Cómo me puede afectar? Está aún por verse el real peso de este ministerio en los proyectos de inversión. La idea es que se agilice lo que ya existe.
¿Cuál será el peso específico de este ministerio en la aprobación de los proyectos de inversión? Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un 69% del total de procesos de consultas finalizadas, en desarrollo y proyectadas corresponde a proyectos del sector energético. La minería abarca un 25% y la industria de celulosa y embalses de ríos, un 6%. Por otro lado, el sur de Chile concentra el 44% de consultas indígenas y el norte, el 37%. Sólo un 6% de las consultas son interregionales. Actualmente el proceso de consulta indígena en los proyectos de inversión se realiza por medio del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Lo más posible es que esta instancia se traspase desde al SEA, hacia la nueva entidad. “Por el momento, nuestro foco central es llevar de la mejor forma posible este proceso cuando corresponda”, comenta Jorge Troncoso, director del SEA. Por eso, la primera etapa, una vez en funcionamiento, será establecer una institucionalidad fuerte. “Actualmente, la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) no tiene presencia en todas las regiones y en varias de ellas, posee uno o dos funcionarios, lo que impide dar solución a los distintos problemas de los pueblos indígenas”, indica María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social, quien agrega además que la Conadi carece de las facultades de tener sus propias iniciativas legislativas
FOTO PRESIDENCIA
Institucionalidad fuerte
¿De qué se trata el Convenio 169 de la OIT? bbb El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional adoptado en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. Dicho convenio establece el deber para el Estado de Chile
de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Este convenio, regula además , las materias relacionadas con
la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias.
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Si bien, una de las promesas del Gobierno en período electoral consistía en dar a los actores sociales la relevancia que ellos esperaban, involucrándose lo más posible en el desarrollo de los negocios, la Ley de Asociatividad aún no es una realidad en nuestro país, pero cuenta con ejemplos en el mundo que la convertirían en una opción viable para fortalecer la puesta en marcha iniciativas de gran envergadura.
El posible modelo de compartir la propiedad entre empresa y comunidad
Un reportaje de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ
E
N EL CONTEXTO del lanzamiento de la Agenda de Energía del Gobierno en mayo de 2014, el Ministerio de Energía anunció el ingreso de una serie de proyectos de ley. Entre ellos, el de Asociatividad. En ese entonces, se dio énfasis al “Proceso de Planificación Participativa para la Política Energética de largo plazo” denominado Energía 2050. Si bien este proyecto está siendo redactado y se desconoce su versión definitiva,hay trascendidos que establecen que podría sentar precedente para aquellos pro-
P b ¿Qué ha pasado? La ley de asociatividad estaría pronta a entrar al Congreso. b ¿Por qué ha pasado? En países como Estados Unidos o Canadá ha significado un desarrollo importante para las comunidades tanto indígenas como no indígenas. b ¿Qué consecuencias tiene? Una mayor integración de los grupos en el desarrollo de proyectos.
yectos en que los costos de generación están siendo sufridos y pagados por las comunidades locales. El número de proyectos de inversión en sectores de recursos naturales ha aumentado con gran fuerza entre 2006 y 2014 como respuesta al aumento en el precio de commodities, lo que ha implicado también una mayor demanda por energíaque se ha reflejado. “Este mayor número de proyectos se ha enfrentado a creciente oposición de comunidades locales debido a diversos factores que operan por si solos o de manera conjunta: debilidad del Estado en cumplir con regulaciones ambientales o carencias de
las mismas, una débil implementación por parte del Estado del Convenio 169 que ha llevado a una judicialización de proyectos de inversión y normativas creando una nueva jurisprudencia lenta en tribunales, bajos beneficios locales de los proyectos versus sus costos ambientales, y mayor empoderamiento de las comunidades indígenas”, señala Enrique Calfucura, docente del departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Él da como otro factor la existencia de conflictos y malas experiencias previas, pues éstas también han condicionado la respuesta negativa de las comunidades a proyectos de inversión.
Experiencia en el mundo
En países como Canadá y EEUU, los pueblos indígenas tienen implementados gobiernos tribales que en forma individual o conjunta han enfrentado y/o negociado con el Estado grandes proyectos de inversión, como es el caso del megaproyecto hidroeléctrico de Bahia de James Bay en Quebec frente a las comunidades Cree, también llamada Paix des Braves. Ahí la ley de asociatividad se concibe como un mecanismo que “genera un marco flexible a través del cual comunidades locales indígenas y no indígenas pueden hacer un proyecto propio, a pesar de que la compañía asume el financiamiento, la construcción y la operación del proyecto. El trabajo de diseño y las medidas para minimizar los impactos negativos y maximizar los resultados positivos son llevadas a cabo en consulta con las comunidades locales”. Hoy en nuestro país se vislumbran varios caminos para compartir la propiedad de centrales eléctricas con las comunidades. Entre ellos está el replicar el modelo de cooperativas eléctricas tal como funciona en Estados Unidos. Esta alternativa plantea que el sistema eléctrico se desarrolla sin fines de lucro. Otro camino hace
Uno de los casos emblemáticos es el proyecto hidroeléctrico de Bahia de James Bay en Quebec frente a las comunidades Cree. Replicar el modelo el modelo estadounidense de cooperativas eléctricas es una de las alternativas. La ley de Autogobierno Indígena en EEUU partió en los 70 cuando tenían un PIB similar al que tiene hoy Chile. referencia a que las empresas que generen más de 20 MW den aportes económicos con el objetivo de financiar proyectos que las comunidades decidan implementar. Otra directriz apunta a entregar parte de las ventas o utilidades , lo que haría más sencillo su recaudación. La creación de un tercero como facilitador es otra alternativa. La idea es que exista mediadores para que no se r eadicalicen los diálogos. Dos aspectos del Convenio 169 se refieren a la participación de los beneficios de proyectos de inversión de las comunidades afectadas y la compensación por daños generados por proyectos de inversión. Uno de los países que lo hizo fue EEUU, que implementó la ley de Autogobierno Indígena en los 70 cuando su PIB per cápita era cercano a los US$20.000, similar al que hoy tiene Chile. “Por lo mismo, las propuestas de la Comisión de Descentralización debieran ser consideradas para su implementación por las autoridades”, enfatiza Calfucura.P
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Las redes sociales, los medios de comunciación y una buena estrategia de difusión han logrado que ciertos conflictos locales se amplifiquen a toda la sociedad. Hidroaysén, Pascua Lama y Barrancones -dentro de sus propias dimensiones- son ejemplos que han hecho que las empresas repiensen la forma de comunicarse y relacionarse con su entorno.
Cómo las comunidades amplifican su descontento
E
N el verano de 2009, un grupo de amigos fue de viaje a Punta de Choros, a 115 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena. Durante su estadía vieron una serie de carteles que decían: “Salvemos Punta de Choros”. Residentes y turistas solicitaban apoyo para evitar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones. Quedaron tan impactados por la posibilidad de que destruyeran el medioambiente del lugar, que decidieron hacer algo al respecto, planificando durante varios meses los pasos a seguir para llevar la protesta local a toda la opinión pública del país. Al principio, el conflicto era desconocido fuera de la comunidad. Pero gracias a una estrategia de marketing que envidaría cualquier campaña publicitaria, lograron que se hiciera conocida en Chile y el mundo. Acto seguido, presionaron a los candidatos a la presidencia de ese entonces, a que se comprometieran con la causa. Meses después, debido a la presión social y de los medios, al Presidente Sebastián Piñera no le quedó más que prohibir la construcción de Barrancones. Este es un buen ejemplo de cómo un conflicto local, que influye a una comunidad en particular, logra trascender hacia otras regiones, gracias, en gran parte, a una fuerte estrategia de marketing y participación ciudadana. Claramente, las redes sociales y medios de comunicación son un factor diferenciador con respecto a cómo se daban estos procesos en el siglo pasado. “Rápidamente entendimos que para concientizar a la población, internet y, específica-
P b ¿Qué ha pasado? En los últimos diez años hemos sido testigos de un fuerte factor ciudadano en los grandes proyectos de inversión. b ¿Por qué ha pasado? Básicamente por una población con mayor acceso a la información y debido a las redes sociales, que logran una difusión más rápida y masiva. b ¿Qué consecuencias tiene? Las empresas están comenzando a entender la importancia no sólo de la comunidad, sino también del peso de la sociedad a la hora de pensar en los proyectos de inversión b ¿Cómo afecta sus inversiones? Las compañías están incluyendo proyectos de relacionamiento y comunicaciones más cercano con su entorno.
mente las redes sociales, eran el camino ideal. Nos dimos cuenta de la importancia de los líderes de opinión, especialmente en Twitter y cómo había que comunicarse con ellos”, comenta Ladislao Palma, publicista y líder de la campaña “Salvemos Punta de Choros”.
Punto de inflexión
En este aspecto, quizá uno de los proyectos fracasados más emblemáticos en los últimos años ha sido Hidroaysén. Si bien la idea tiene más de sesenta años, el megaproyecto de construir cinco represas en la Patagonia estuvo desde 2007, rodeado de una fuerte polémica por el posible daño a la zona. Patagonia Sin Represas, se construyó en un amplificador mundial de las demandas de la comunidad local de la Región de Aysén. En un hecho histórico, en junio de 2014 el Comité de Ministros decidió por unanimidad revocar los permisos ambientales a esta iniciativa, dejando sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, que había sido otorgada en mayo de 2011 por la Corema de Aysén. La iniciativa suponía una inversión inicial de US$3.200 millones para producir una media anual de 18.430 GW por hora. Lo interesante que uno de los factores decidores para el rechazo fueron las 2.000 observaciones planteadas por las comunidades locales y grupos ambientalistas. “Las materias que se han abordado y que son parte fundamental en el pronunciamiento del Comité de Ministros tienen que ver básicamente con la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular HidroAysén”, comentó en ese
entonces Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente. Durante los siete años que duró el conflicto, nadie podía desconocer la importante campaña que realizaron varios movimientos ciudadanos, liderados en un principio por Patagonia Sin Represas, que logró reunir más de 80 organizaciones a la causa. Definitivamente, la historia de HidroAysén marcó un antes y un después con respecto a la importancia social de los proyectos. Alto Maipo y Punta Alcalde, son también dos claros ejemplos recientes de cómo la ciudadanía está siendo un factor de mucha influencia en los proyectos energéticos e hidroeléctricos en general. De hecho, el año pasado el Ministerio de Energía creó una unidad especial de diálogo con las comunidades y participación social, que antes no existía.
La experiencia del oro
Otro proyecto emblemático, pero en el área minera, es Pascua Lama, que ha sido sometido a uno de los procesos de aprobación más rigurosos desde que opera la actual institucionalidad ambiental en Chile. La idea del proyecto de extracción de oro en la Región de Atacama, surgió en los noventa, pero en 2001 las autoridades chilenas aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa Barrick Gold. Luego de varios años en que se comenzó a realizar las primeas inversiones, explotó el conflicto entre la compañía y la comunidad, el que se amplificó al resto de Chile y Argentina. En 2013, Barrick tuvo que paralizar la construcción al no conseguir los permisos ambientales y le fue interpuesta una multa de US$ 16 millones. A lo largo de todo el conflicto, nuevamente la fuerte campaña ciuda-
BASE DE DATOS
4.500
Es la altura sobre el nivel del mar que se encuentra ubicado el lugar donde se pretende construir Pascua Lama.
1.000.000 Fueron las visitas que logró en 7 días en Youtube el video “Chao Pescao”, de la campaña “Salvemos Punta de Choros”.
2.000
Es la cantidad de observaciones planteadas por las comunidades locales y grupos ambientalistas al proyecto de Hidroaysén. Este documento habría sido un factor clave a la hora de rechazar el proyecto. dana por pararlo fue un pilar de la opisición. Si bien comenzó en comunidades locales, rápidamente se viralizó a nivel internacional. Esta historia de encuentros y desencuentros logró un cambio en la forma en que esta minera se está relacionado con su comunidad. Actualmente, empleados de la compañía realizan constantes reuniones y encuentros con los habitantes de la zona. Las intenciones de esta firma, de origen canadiense, es ingresar nuevamente el proyecto al SEIA a mediados de años. Esta vez, con todo lo aprendido, principalmente en cuanto a saber cómo relacionarse con la comunidad. P
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Definiendo el rol del Estado y de los privados en el relacionamiento comunitario
Medir la inversión social: un desafío real para las empresas
—por RICARDO IRARRÁZABAL—
—por LORENA HERRERA—
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Un reportaje de DANIEL FAJARDO CABELLO
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NO de los temas más complejos de definir cuándo se deciden estrategias de relacionamiento con comunidades, tiene que ver con el rol del Estado, empresa, comunidades y ONGs. frente a la evaluación de un proyecto ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Corresponde que las empresas financien escuelas y hospitales como parte del “relacionamiento”? ¿Cuál es el rol de las ONGs. como “intermediarios” de la comunidad? Esta definición de roles resulta crucial en temas de relacionamiento comunitario. A continuación, presento una serie de principios que pueden servir de guía para un efectivo proceso con las comunidades: 1. Todos los actores han de tener presente que el SEIA como instrumento de gestión ambiental, dado su carácter sitio-específico, no es un instrumento idóneo para resolver cuestiones de localización de proyectos, ya que ella ya viene dada y estudiada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por otra parte, no cualquier tipo de medidas sociales pueden ser discutidas en el SEIA, sino solamente aquellas que tengan que ver con los impactos del respectivo proyecto. 2. La “participación anticipada de la comunidad” (previa al SEIA), es voluntaria y ha de organizarse por parte de la empresa desde un punto de vista especialmente informativo. Es importante entender que ella no reemplaza la participación ciudadana real ni la consulta indígena, las cuales han de realizarse durante la evaluación ambiental. Con todo, esta “participación anticipada” de acuerdo a la ley, obliga al titular a informar en su EIA si fueron acordadas medidas de compensación o mitigación, las cuales no son vinculantes para la calificación ambiental del proyecto. 3. Si bien son las empresas las que preparan los EIA, es responsabilidad del Estado conducir dicho proceso con su Participación Ciudadana y Consulta Indígena. El rol del Estado es insustituible y es una obligación legal. Con todo, el Estado puede solicitar al Titular su co-
Hay que evitar tratar con terceras personas (abogados) que se autodenominan representantes de las comunidades (cuestión que muchas veces es falsa)”. “La ‘participación anticipada de la comunidad’ se debe organizar por parte de la empresa, desde un punto de vista especialmente informativo”. laboración. Todo lo anterior es relevante, ya que podría existir la tentación de llevar adelante una evaluación ambiental paralela, exigida por las comunidades, con consultores independientes. Esto último, además de no producir efectos jurídicos, distorsiona al SEIA y la neutralidad del Estado como conductor del proceso, ya que éste ha de dar garantías a ambas partes, empresas y comunidades, y si éstas últimas requieren estudios o explicaciones adicionales, es rol del Estado, no de las empresas, asumir los costos que ello signifique. Por tanto, es altamente desaconsejable que las empresas faciliten fondos a las comunidades para estas evaluaciones “paralelas”. 4. El rol de las ONGs. puede ser valioso como eventuales intermediarios, pero requiere de un exhaustivo análisis de la representatividad que ellas tendrían de las comunidades afectadas. Por otra parte, hay que evitar tratar con terceras personas (abogados) que se autodenominan representantes de las comunidades (cuestión que muchas veces es falsa), pero que en realidad persiguen comisiones e instrumentalizar la discusión y llevarla a una judicialización. P Profesor Derecho UC y socio Arteaga Gorziglia Abogados.
D
URANTE los últimos años, las empresas han realizado cambios en sus estrategias de inversión social y comunitaria, donde se han alejado de la filantropía pura y han emprendido nuevos caminos que permiten agregar valor a la sociedad y realizar iniciativas que generen beneficios compartidos en el ámbito financiero, social y ambiental. En la actualidad, las compañías deben alinear sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con los objetivos del negocio. Las empresas pueden utilizar su dinero, sus productos y las habilidades de sus empleados para combatir algunos de los problemas más grandes que enfrenta la sociedad como: la pobreza, la adaptación al cambio climático y el acceso limitado a los cuidados de salud; educación; agua potable, alimentos, etc. Una clara estrategia de inversión social permite a las compañías enfocar sus acciones de manera más eficaz, esto con la finalidad de maximizar el impacto social. Las organizaciones han descubierto que desarrollar buenas prácticas de gobierno corporativo, ayudan a hacer más eficiente, ética y transparente su gestión de RSE. No se trata de continuar con las acciones de filantropía, sino de desarrollar compromisos –a largo plazo- con grupos de interés. La inversión social también puede crear oportunidades importantes para los negocios, incluyendo la posibilidad de permitir a las compañías cumplir con los requisitos de ley, asegurar una licencia social para operar, mejo-
“Una clara estrategia de inversión social permite a las compañías enfocar sus acciones de manera más eficaz.” La mayoría de las compañías se concentra en medir las contribuciones económicas, pero pocas reportan el impacto de su gestión de RSE.”
rar su reputación, atraer personal capacitado, incrementar el nivel de compromiso de la fuerza laboral y desarrollar productos y mercados nuevos. Los reportes de las 100 compañías más grandes del mundo y sus fundaciones determinaron que las empresas invierten el equivalente a 2,5% de las ganancias (libres de impuesto) en programas sociales. El estudio titulado: “El valor de la inversión social” de KPMG, refleja que la mayoría de las compañías se concentra en medir y reportar las contribuciones económicas, donaciones de productos y actividades de voluntariado; pero pocas reportan el impacto de su gestión de RSE. Todas las compañías investigadas discutieron sus datos de entrada y salida, lo cual refleja la necesidad por hacer seguimiento a las contribuciones realizadas y obtener resultados inmediatos. También se refleja que la mayoría de las empresas poseen estrategias de inversión dispersas. En promedio, cada organización invierte en cinco áreas sociales diferentes, lo que sugiere que no tienen un enfoque bien definido. El análisis revela que 79% de las organizaciones discute sus estrategias de inversión social, pero sólo 32% reporta una estrategia detallada. Según el estudio, las compañías farmacéuticas son las más estratégicas, pues invierten en el área más relevante para su negocio: la salud. El punto de partida para la evaluación de un programa de inversión social es la “teoría del cambio”. Este marco ampliamente utilizado ayuda a las compañías a comprender cuáles son las contribuciones que se hacen a cada programa y el cambio (o el impacto) resultante. El proceso de medir y reportar el impacto social puede ser complejo. Sin embargo, las empresas están enfocando sus esfuerzos y dando los primeros pasos para medir los impactos de su inversión social en el tiempo. En tanto se logre perfeccionar los mecanismos de medición de la gestión de responsabilidad social, las empresas podrán ser más eficientes y responderán a las necesidades de la comunidad. P Gerente de Sostenibilidad y Cambio Climático de KPMG Chile.
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