EDICIÓN ESPECIAL 8
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CASOS DE ÉXITO:
¿Qué están haciendo las empresas chilenas para evitar delitos corporativos?
ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL VIAL, DE SOFOFA:
“Todas las compañías deben contar con normas éticas”
El esfuerzo anti corrupción de las empresas chilenas Hace cinco años, la OCDE le exigió a Chile mejorar sus prácticas empresariales. Hoy, las compañías locales, apalancadas por las multinacionales y la legislación, están creando sistemas de prevención de delitos para evitar e lavado de dinero, el terrorismo y el cohecho.
ES UNA INICIATIVA CONJUNTA DE
MIÉRCOLES 15 de octubre de 2014 Santiago de Chile
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DESAFÍOS DEL MUNDO CORPORATIVO:
Casos de corrupción y transparencia que marcaron la agenda internacional
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JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO:
El presidente de Chile Transparente se refiere a cómo ha avanzado el país
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15.10.14 Director: Juan Pablo Larraín Medina Subdirector: Jonás Preller Roldán Representante Legal: Francisco Javier Führer Rioseco Editores Jefe: Olga Bustamante, Patricio Poblete y José Tomás Santa María. Editores: Rodrigo Bravo (política), Ximena Celedón (mercados), Daniel Fajardo (suplementos), Elizabeth Harries (digital), Miriam Leiva (economía), Paula Namur (internacional), Juvenal Sepúlveda (gráfico), José Antonio Troncoso (empresas). Editado por Pulso Editorial S.A. Avda. del Valle 765, of. 401, Huechuraba. Teléfono redacción 22302810. Teléfono comercial 22302820. Impreso en Santiago por Copesa Impresores S.A., quien sólo tiene calidad de impresora. Teléfono de atención a suscriptores 23505646. Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion
Para tener más presencia internacional, la OCDE exige ciertos parámetros anti corrupción. FOTO: HERVE CORTINAT / OECD
Editorial
A cinco años del cambio en la ética empresarial La Ley 20.939, vigente desde 2009, ha logrado transformar la mentalidad y las prácticas del entorno empresarial.
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UANDO se habla de sustentabilidad, lo primero que a muchos se le viene a la cabeza dice relación con el cuidad al medio ambiente. Pero este concepto incluye otros factores, como el respeto a los trabajadores y proveedores, así como la influencia de la compañía hacia la comunidad en la que se inserta. Finalmente, el gran paraguas de la sustentabilidad tiene un sinónimo: ética empresarial. Y es bajo este concepto que hoy, las grandes organizaciones tratan de atacar temas como la corrupción, que ha sido la protagonista de cientos de casos a nivel mundial y local en las últimas décadas. Pero como dice el refrán: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. No basta con las buenas intenciones. Se necesita un sistema legal que exija dicho comportamiento ético. Justamente eso es lo que produjo la Ley 20.939, cuando fue promulgada en 2009. La norma, fue la consecuencia de un mensaje claro y fuerte de parte de la OCDE: Chile debía mejorar su legislación para atacar la corrupción si quería formar parte de sus filas. Rápidamente, las compañías comenzaron a transformar varios de sus mecanismos de trabajo. Especialmente las que por su rubro, tienen relación con entidades públicas. Se crearon procedimientos, políticas y metodologías para evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el cohecho (los tres puntos esenciales de la Ley 20.939). Muchas multinacionales ya traían un bagaje al respecto desde sus países de origen. Especialmente las europeas y norteamericanas. Otras, como las mineras, también tenían el tema bastante cubierto. Pero muchas tuvieron que ponerse al día, creando departamentos especializados, estudiando certificaciones y mirando en el mercado donde podrían contratar consultorías. Muchos estudios jurídicos comenzaron a especializarse en los Sistemas de Prevención del Delito, aportando a este nuevo ecosistema de cambio. Y todo esto, en tan sólo cinco años de vigencia de la ley. P
Los requerimientos internacionales en temas de corrupción y prevención de delitos han calado profundo en las compañías chilenas, desde que hace cinco años, se aprobara la Ley 20.939, la cual obliga a las empresas a tener mejores prácticas éticas.
La influencia de la OCDE en la legislación chilena
DANIEL FAJARDO CABELLO
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ertenecer a la OCDE no es algo que se logre de la noche a la mañana. Para ser parte de este prestigioso club, se deben seguir ciertos parámetros como país. Y justamente esta es una de las razones de porqué Chile en su conjunto, ha establecido una serie de normativas para combatir hechos de corrupción en la relación público-privada. Uno de los mejores ejemplos fue la aprobación de la Ley 20.939 el año 2009. Conocida también como Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, su origen se debió a una exigencia para que Chile ingresara a la OCDE. Básicamente, establece que las personas jurídicas (sociedades civiles y comerciales, corporaciones, fundaciones sin fines de lucro y empresas del Estado) son responsables de los delitos derivados de tres hechos: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho a funcionarios públicos (nacionales e internacionales), que implican el beneficio de la compañía, sus dueños, controladores, responsables, altos ejecutivos o administradores. Pero quizá una de las claves, es que la Persona Jurídica responde penalmente cuando los delitos hayan sido cometidos por Personas Naturales que estén bajo la supervisión directa de alguno de los su-
jetos anteriormente nombrados. En otras palabras, cualquier empleado que cometa uno de estos delitos, en su labor dentro de la organización, es la entidad la que se hace responsable de ellos, en lo siguientes casos: b Que este delito sea cometido por dueños, controladores, ejecutivos y/o colaboradores. b Que el delito se realice en beneficio de la persona jurídica, es decir, de la empresa. b Que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de la empresa, de sus deberes de supervisión y dirección.
El ecosistema
Esta simple evolución en la legislación chilena, ha traído aparejado un cambio gigantesco al interior de las empresas. Especialmente
El objetivo es combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho Se ha creado un verdadero ecosistema de políticas internas, certificaciones y asesores externos
para las que no son multinacionales, ya que éstas ya tenían incorporado en su funcionamiento diario, una serie de prácticas instaladas en otras regiones del mundo. Y el efecto inmediato de esta norma es la creación de políticas, mecanismos y protocolos para evitar que se cometan este tipo de delitos, los que están englobados en lo que se denomina simplemente, como corrupción. En la práctica, la legislación indica que la organización cumple con todos los requisitos exigidos, cuando, antes de cometido cualquier delito por parte de un funcionario, se crea un Sistema de “Prevención de Delitos”. En otras palabras, este sistema de prevención —que además trae aparejado una serie de certificaciones internacionales— , es uno de los elementos que desde 2009 debe existir en las organizaciones. Todo este cambio ha creado un verdadero ecosistema, integrado por especialistas internos, departamentos, planes de comunicación, certificaciones e incluso, asesores externos (muchos son estudios jurídicos), que en conjunto, se han especializado en lograr cumplir con la Ley 20.939. Además, varias organizaciones han implementado sistemas de denuncias, códigos de conducta y comités de ética. En resumen: verdaderas políticas anti corrupción.H
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ENTREVISTA CON PRESIDENTE DE CHILE TRANSPARENTE.
José Antonio Viera-Gallo: “La transparencia es premisa de la honestidad, pero no la garantiza”
Una entrevista de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ
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ON UNA fuerte carrera política a su haber, actualmente José Antonio Viera- Gallo preside Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparency International, organización presente en más de 120 países, cuyo rol principal es crear conciencia y apoyar políticas e iniciativas contra la corrupción. Para eso trabajan junto a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Para potenciar su alcance, desarrolla proyectos que posicionan los valores de la transparencia y la probidad, además de elaborar herramientas y prácticas que permitan mejorar los niveles de integridad y acceso a la información por parte de la ciudadanía. La participación de este organismo en nuestro país se ha traducido, por ejemplo, en formar parte de la Comisión de Expertos convocada por la Presidenta Bachelet durante su primer mandato (2006), que sirvió como base para la llamada “Agenda de Probidad”. Tiempo después, la institución participó en elaboración del programa de transparencia municipal dirigido a mejorar los niveles de la gestión de los gobiernos locales en Chile. Chile Transparente ya alcanza 13 años de existencia en nuestro país. ¿Qué importancia se le está dando a la probidad y transparencia al interior de las empresas en Chile? —Para Chile Transparente, éste es un foco importante de trabajo. Este año hemos realizado tres seminarios de transparencia corporativa, incorporando a expertos internacionales. Además, tenemos planes de
trabajo específicos con algunas empresas. Queda mucho por avanzar. Las malas prácticas no dan tregua, pero debemos cerrarles el paso. ¿Hay sectores más reacios a incorporar políticas de transparencia? —Sin duda. Como en todos los ámbitos, existen resistencias mayores en algunos espacios, ya que la transparencia tanto en el sector público como el privado, necesariamente supone un cambio de mentalidad y restringe la discrecionalidad con que a veces se está acostumbrado a operar. A nivel internacional, ¿cómo se ha posicionado Chile en ámbitos de la transparencia? —El vaso medio lleno es que seguimos teniendo una posición de avanzada. A nivel latinoamericano, junto con Uruguay hemos sido líderes. Dentro de la OCDE estamos en la mitad de la tabla. Chile es un país donde la corrupción no se presenta comúnmente en forma de coima institucionalizada o compra de decisiones públicas. Aunque en el último tiempo se han develado colusiones, fraudes tributarios y prácticas que atentan contra la buena fe pública. Chile se ha mantenido de esa manera bastante tiempo… —El vaso medio vacío es que llevamos muchos años estancados en esta posición. Creemos que la ley de acceso a la información, la responsabilidad penal de las empresas, la ley de lobby, las actualizaciones que se le están haciendo a nuestra ley contra el lavado de activos y la regulación de las declaraciones de patrimonio y, la introducción del fideicomiso ciego , son pasos importantes. Pero tenemos pendiente una mejor regulación para la relación dinero y política.
FOTO: REINALDO UBILLA
—Viera-Gallo se refiere a cómo ha avanzado el país en materia de transparencia. —Dice además, que el Código Penal chileno debe ponerse al día con los nuevos tiempos. ¿Cuál es su visión acerca de cómo se maneja la probidad y transparencia en el ámbito público? —El sector público ha avanzado enormemente. Recordemos que hace cinco años el país no contaba con una ley de acceso a la información; o que somos unos de los 14 países en el mundo que tienen una legislación que regula el lobby. Sin embargo, nos preocupa que la percepción del 52% de los ciudadanos sea que los funcionarios públicos son corruptos y que un 36% diga que ha conocido de alguna irregularidad en una licitación pública. También es muy bajo el índice de confianza en un buen funcionamiento de las instituciones. Estas cifras no nos dejan tranquilos, aunque sea probable que las percepciones sean superiores a la realidad. ¿Las empresas nacionales realmente le dan importancia a la
“Hoy somos unos de los 14 países en el mundo que tiene una legislación que regula el lobby”. “Podemos ver cómo más empresas han mejorado su estándar de divulgación de información”. “La cárcel no es la solución para todos los problemas” (acerca de los dichos de la Fiscalía Económica).
Índice de transparencia corporativa bbb Como ya se ha vuelto costumbre, este 2014 la Universidad del Desarrollo elaboró una nueva versión del Índice de Transparencia Corporativa. Entre sus principales conclusiones, está que el sector privado ha adquirido un liderazgo en transparencia corporativa, por sobre el sector público. De hecho, da cuenta de que respecto a la versión anterior, las empresas del sector estatal muestran un retroceso aparente en sus indicadores de transparencia, debido a la mayor exigencia de contenidos inda-
gados en la edición 2014 del reporte. Es más, sólo seis empresas estatales cumplen el estándar global de trasparencia corporativa. Éstas son: ENAP, Zofri, BancoEstado, Metro y Enami. En tanto, el mundo privado parece seguir dando pasos. De acuerdo al índice, las empresas abiertas con mejores resultados este año fueron Banco Santander, Bci, LAN, Masisa y Enersis, consiguiendo más de 80 puntos. En ese campo, el 78% mejoró sus índices de transparencia.
transparencia y probidad, o su posición es más bien por un tema de imagen? —Al menos si nos basamos en el último índice de transparencia corporativa, podemos ver cómo más empresas han mejorado su estándar de divulgación de información. Pero existe disparidad. Por eso es que de vez en cuando nos encontramos con casos de colusión, abusos o fraudes tributarios. La transparencia es una premisa de la honestidad, pero no la garantiza. Es fundamental que los actores económicos ajusten su comportamiento a las exigencias cada vez mayores de probidad, tanto en Chile como a nivel internacional. ¿Usted cree que la colusión debería incorporarse a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? —Sin duda. Este acotado catálogo de sólo tres figuras penales corresponde a las exigencias mínimas para ingresar a la OCDE. Pero claramente en los casos de colusión debiera existir una responsabilidad corporativa. ¿Qué piensa acerca de los dichos de la Fiscalía Nacional que hacían referencia a castigar las malas prácticas corporativas con cárcel? —La cárcel no es la solución para todos los problemas. Primero, debemos tener sanciones pecuniarias que logren resarcir el daño causado. Luego, pueden haber sanciones a la propia empresa, y la cárcel debe ser utilizada como la última medida del derecho frente a casos graves. Habría que revisar el Código Penal en esta materia para ponerlo al día con los nuevos desafíos delictuales, como por ejemplo, con el crimen organizado o los delitos informáticos.H
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El Congreso está a punto de “sacar del horno” el nuevo “Reglamento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intereses particulares del Senado”, que debería estar publicado y funcionando el próximo 29 de noviembre. Aquí algunos de sus alcances.
Ad portas de aprobarse nuevo reglamento para regular el lobby
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Punto de Vista
El fin de las externalidades
—por MATHIEU VALLART—
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Con la nueva normativa, los congresistas deberán registrar con más detalle sus actividades. FOTO : AGENCIAUNO Un reportaje de DANIEL FAJARDO CABELLO
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UANDO se habla de corrupción, se viene de inmediato a la mente una relación ilícita donde está involucrada la política. Y los congresistas son parte de esta crítica constantemente. A pesar de que Chile pose bajos índices de corrupción, el tema de las influencias y el lobby ha permeado en los últimos años al Congreso Nacional. Debido a esto, el Senado está a punto de “sacar del horno” el nuevo “Reglamento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intereses particulares del Senado”, que debería estar publicado y funcionando el próximo 29 de noviembre. De esta forma, este documento da aplicación a la Ley N° 20.730. El objetivo del reglamento, que ha sido discutido en comisión mixta, pero liderado por la Comisión de Ética y Transparencia del Senado (y mayormente por el senador UDI Hernán Larraín), es llevar un registro acabado de cada actividad de los congresistas y sus asesores, regulando su agenda pública y el registro de lobbistas y de gestores de intereses particulares. El senador Alejandro Guillier (Independiente), quien es parte de esta comisión, explica más en detalle los alcances del reglamento: “No sólo debe quedar registrado y consignado todo lo que haces. Además hay que darle publicidad. O sea, hay que difundirlo para que cualquier persona sepa cuáles son tus actividades de carácter público como congresista”. En la práctica, se creará una plataforma informática donde todas las actividades quedarán registradas, independiente que cada congresista quiera incluirlo en sus res-
pectivos sitios web. Por ejemplo, el registro de audiencias, reuniones, dónde se efectuaron, quienes participaron, a qué intereses o empresas representaban, etc., son parte de estas minutas. “Obviamente hay actividades personales o que no implican a un posible lobbista que están liberadas. Pero por ejemplo, alguien que quiera hablar con un congresista de manera formal, deberá siempre pedir una audiencia, cuya solicitud queda registrada. Incluso, si alguien me abordara en un avión para tratar un tema que representa ciertos intereses, yo debería rechazar la conversación y solicitarle que pida audiencia”, comenta Guillier. El senador agrega además: “Quizá puede parecer burocrático, pero prácticamente todos los integrantes de la comisión estamos de acuerdo que es una forma de generar mayor transparencia a nuestra actividad”. Según el reglamento, los parlamentarios podrán además informar voluntariamente de audiencias y reuniones programadas en el registro de agenda pública.
Registro de lobbistas
El reglamento va más lejos aún. Cada congresista debe hacer un registro de viajes y donativos. Indicando quien pagó el viaje o si se le hizo algún tipo de regalo. Por ejemplo, el borrador del reglamento dice que los donativos son: “los obsequios que reciban los sujetos pasivos de un lobbista o gestor de intereses particulares y los demás que reciban con ocasión del ejercicio de sus funciones, sean oficiales, protocolares o aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, cuyo valor estimado exceda de 1 UTM”.
BASE DE DATOS
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de Nov. se publicará el “Reglamento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intreses particulares”.
30 UTM es el monto de las multas que deberían pagar los congresistas que infrinjan el reglamento. Además de la publicación de lo sucedido. Incluso, una de las grandes novedades es el denominado “registro de lobbistas”. “Por ejemplo, si yo como senador, recibo a alguien que sin haberse declarado en el registro de lobbistas me pide una audiencia (pero en el fondo viene a realizar un lobby), tengo que indicarlo. De esta forma, queda automáticamente registrado como lobbista porque, efectivamente, hubo un lobby”, apunta el senador Guillier. Una vez que entre en funcionamiento, será la misma Comisión de Ética y Transparencia del Senado la que regulará y fiscalizará la actividad de los congresistas. Y las multas por no cumplimiento del reglamento pueden llegar incluso, hasta 30 UTM, además de publicar lo sucedido, de tal manera de transparentarlo a toda la ciudadanía.H
Z Existen dos tipos de regulación del lobby: regular al lobbista (EEUU), o regular la acción de lobby, asegurando su transparencia (tradición europea).
A NECESIDAD de entender, revisar, analizar las prácticas de gestión y el desempeño de todo tipos de organizaciones,sigue una tendencia creciente y evolutiva. Tanto a nivel internacional como en Chile. El gran desafío que enfrentan las organizaciones que se abren a la transparencia, es la elaboración de información y reportes accesibles que cumplan con las necesidades de información de sus grupos de interés. En esta línea, hoy en día las compañías operan bajo un paradigma que ha cambiado drásticamente, donde las exigencias son mayores, el escrutinio público profundo y se vuelve fundamental tener una visión y entendimiento acabado de los impactos, los riesgos y las oportunidades del negocio. Muchos de los factores históricamente considerados como externalidades (calificados así por justamente no estar integrados directamente en la gestión de las compañías), están hoy día muy presente en las discusiones de directorios, las matrices de riesgos, y los planes de acción estratégicos de las compañías.En este sentido, se observa un aumento en la demanda por parte de los stakeholders (partes interesadas) por transparentar más y dar mejor información. No solamente financiera. En los informes corporativos, y las organizaciones se enfrentan a esta realidad con diversas herramientas a su disposición. En un escenario de replanteamiento de la comunicación corporativa desde el cómo y para quién, en diciembre de 2013 se publicó la versión definitiva del Marco Internacional de Reporte Integrado (IR), iniciativa promulgada por el International IntegratedReporting Council (IIRC). Éste se enfoca en mostrar cómo la organización crea valor en el corto, mediano y largo plazo. Y aunque está destinado principalmente alas necesidades de información de los proveedores de capital, puede constituir la piedra angular de la transparencia corporativa, sintetizando el conjunto del actuar de la compañía en su gestión integral, presentado en un lenguaje de negocio para ser utilizado en la toma de decisión de inversión. Como nueva tendencia de reporting corporativo, resulta interesante su análisis y discusión. Especialmente para traer al campo de la gestión socioambiental la rigurosidad y estructura de la rendición de cuenta financiera. En esta línea, las compañías están desafiadas en transparentar la gestión de sus impactos positivos y negativos, y deja en evidencia muchas veces los esfuerzos necesarios para hacer madurar los sistemas de medición, monitoreo y de gestión de éstas. El moverse de una rendición de cuenta, y por ende una gestión, basada sobre los inputs-outputs hacía la integración del concepto Outcomes, Impactos y Monetización de Impactos, requiere grandes esfuerzos de consolidación y maduración de los sistemas de gestión de las compañías. Pero se perfila como innovación disruptiva de los estándares de transparencia pero también y principalmente de los modelos de gestión empresarial. H Socio – PwC Chile
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BASE DE DATOS
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es el puesto que ocupa Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción. Así consiguió la mejor posición de la región.
US$740 millones mueve en el mundo el lavado de activos del narcotráfico y de otras formas del crimen organizado, de acuerdo a la ONU.
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países en el mundo cuentan con legislación respecto al lobby, Chile es uno de ellos.
“Varias empresas hicieron un gran esfuerzo en el diseño e implementación el día cero de la normativa”. La adopción ha sido sencilla por las empresas con matrices en países desarrollados. En un primer acercamiento, cuando se habla de prevención de fraudes, las empresas son reticentes.
Con el tiempo, varias organizaciones han evolucionado a un modelo de “compliance”. FOTO : ALEJANDRA DE LUCCA V.
Nuestro país se mantiene como líder en la región respecto a percepción de la corrupción. Con un aparato regulador fuerte, las grandes empresas tienen un camino claro en la prevención del delito. Los mayores desafíos están asociados a las de menor tamaño. Sin embargo, con políticas como la de probidad y transparencia, se han dado pasos importantes.
Cómo las empresas chilenas atacan el problema de la corrupción Varias empresas han seguido modificando sus MPD con el fin de integrar más conductas.
Un reportaje de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ
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A TRANSPARENCIA y probidad se han convertido en un activo dentro de las compañías y a nivel país. Chile actualmente ostenta ser la nación de Latinoamérica con el índice más bajo de percepción de corrupción, de acuerdo al ranking anual de Transparency International, donde se ubica en el puesto 22. Pero velar por que las empresas y el mundo público operen de forma correcta es una preocupación transversal. Una de las obligaciones que suscribió Chile para ser parte de los países OCDE tenía relación con establecer modelos de prevención de delitos como el cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante ello, a finales de 2009 se puso en marcha la ley 20.393, uno de los reglamentos que da lineamientos de comportamiento a nivel corporativo y que otorga un peso penal a las organizaciones que no previenen o capacitan a sus funcionarios al respecto. Emerson Bastian, director de ERS en Deloitte cuenta que “varias empresas hicieron un gran esfuerzo en el diseño e implementación el día cero de la normativa. El tema es cómo se mantiene en el tiempo, luego de cinco años. Es decir cómo se implementa y cómo opera en la práctica y no pierde peso”. El experto señala que “ése es el desafío ac-
P b ¿Qué ha pasado? A fines de 2009 entró en vigencia la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal en personas jurídicas. b ¿Por qué ha pasado? Para que Chile se integrara a la OCDE, el prevenir delitos como el cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo era requisito. b ¿Qué consecuencias tiene? Ha generado que las empresas tengan planes activos para contrarrestar este tipo de delitos, además de crear una cultura de prevención. b ¿Cómo me puede afectar? cada vez más, las compañías poseen políticas de funcionamiento y mayores exigencias, especialmente en la relación con entidades públicas.
tual, cómo este tema que partió muy bien, se mantiene vigente dentro de las empresas”. Ejemplo de ello es lo que ha sucedido con Collahuasi. “Nosotros empezamos hace bastante tiempo con la designación de una persona a cargo. Antes de que se pusiera en marcha la ley, hicimos un levantamiento y ahí comenzó la implementación del plan. Aparte de eso, se repartió a todo trabajador un folleto que se suma a la capacitación acerca de esta temática”, cuenta Bernardita Fernández, gerente de asuntos corporativos en Collahuasi.
go o qué nivel dentro de la escala organizacional debe tener esta responsabilidad. La normativa dice que el indicado debe tener un reporte periódico al directorio”.
Cómo lo están haciendo las empresas
En el principio, entre 2009 y 2010, muchos de los diseños e implementación de modelos tendían a hacer específicamente a lo que decía la ley, detallando un modelo de prevención. Pero a medida que se ha madurado el tema, varias organizaciones han ido ampliando el alcance hacia un modelo de cumplimiento integral o de “compliance”. Es decir, partieron con esos tres delitos y los han ido aumentando. Alain Rosolino, gerente de auditoría del Grupo Enersis, comenta que cuentan con distintos elementos que permiten evitar hechos de corrupción, entre ellos: modelo de prevención de delitos contemplado en la ley 20.393; código ético; plan de tolerancia cero contra la corrupción (PTCC); canal de denuncias (donde cualquier stakeholder del grupo puede ingresar denuncias), y alianza con Chile Transparente. “Todo, con el fin de mantener las prácticas locales del grupo alineadas a las mejores prácticas”. Además, Bastian establece que la adopción ha sido más sencilla por aquellas empresas que cuentan con matrices en países desarrollados. “Muchas tenían esta realidad de modelos de cumplimiento, implementado desde sus casas matrices fuera de Chile y se convirtió en un curso natural. Se sumaron requerimientos a plataformas existentes , donde lo que hicieron fue refrescar su modelo de cumplimiento con este de tipo más local. Siemens es una de las compañías con un plan que promueve la integridad desde hace siete años. “Se basa en un Programa de Compliance que tiene tres objetivos: ‘prevenir, detectar y responder’ sobre acciones que conlleven el riesgo de penalidades o pérdida de reputación para la compañía. Con esta iniciativa y un mensaje “Tone From the Top”, hemos logrado un significativo progreso en relación a promover negocios sostenibles, trabajar con socios confiables y conducir iniciativas de Acción Colectiva a fin de equilibrar el campo de juego para negocios limpios en colaboración con distintos actores de la industria”, cuenta Mariano Gojman, regional compliance officer de Siemens Chile.
Certificación
Dentro de la compañía
Bastian señala que cuando mencionan estos temas hay una reacción escéptica. “Cuando visito una empresa y digo ‘vamos a hablar de fraude’, la primera reacción es negación. Algunos mandos dicen ‘no necesito implementar un modelo de prevención del delito, porque nuestros colaboradores nunca se van a ver involucrados en eso’. Creen que si hablan esos temas se está desconfiando de las personas, lo que es erróneo”. El primer paso, según el especialista, es generar la conciencia acerca de la necesidad y valor de la prevención al interior del organismo. Otro componente es crear la estructura, los recursos y las capacidades. Entre ello, el asignar a un profesional que esté pendiente de la prevención. “En la misma línea, uno de los desafíos es qué car-
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La SVS es la encargada de regular las entidades certificadoras.
De acuerdo a la normativa el encargado debe reportar como mínimo semestralmente.
Actualmente hay alrededor de 20 organismos certificadores de “modelos de prevención de delitos”, de acuerdo a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Según señala Kreuza Alarcón del estudio García Magliona y Cía. Abogados, un aspecto relevante es la regulación de la SVS respecto de los requisitos que deben cumplir las empresas que están autorizadas para certificar un MPD y de los reportes que realizan regularmente respecto de la cantidad de empresas que certificaron sus MPD y por cuánto tiempo. “Con esta información es posible apreciar que aún cuando el diseño e implementación de un MPD es facultativo para la persona jurídica, en la práctica, se ha extendido como un mecanismo diferenciador de calidad y de valor agregado de las compañías chilenas”, afirma Alarcón.H
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Punto de Vista
Reclutamiento especializado: otra medida anticorrupción
—por JUAN IGNACIO SILVA—
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ADA cierto tiempo, la dinámica informativa genera discusión pública, y también privada, acerca de cómo las empresas están enfrentando el latente peligro de la corrupción y cuál es la verdadera efectividad e impacto de las medidas que toman tanto los entes reguladores como las propias compañías en el marco de su organización interna. Más allá de casos puntuales conocidos por la opinión pública, los que incluso han llegado a la justicia y, en no menos ocasiones, han generado drásticos cambios en la legislación, Chile es reconocido internacionalmente por la estrictez de su normativa, por la seriedad tanto de las autoridades como del sector privado e, incluso, por la rigurosidad de otros actores del mercado, como los profesionales involucrados e incluso los consumidores de bienes y servicios. Tanto por iniciativa de los diferentes gobiernos e incluso debido a las exigencias que imponen los tratados y acuerdos internacionales a los que ha suscrito Chile en las últimas décadas, el país cuenta con una legislación que para algunos es perfectible, pero que indudablemente es cada vez más moderna y responde con mayor solidez a los estándares internacionales, como las normas que regulan la libre competencia o la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y cohecho, entre otras. Cada vez es más frecuente en las empresas la implementación de medidas preventivas y de control, como las auditorías SOX, la transparencia en la relación con los proveedores, el manejo y difusión de la información hacia inversionistas y accionistas. Incluso, el solo hecho de poder cotizar en la Bolsa, sea ésta la chilena o aquellas internacionales, añade exigencias adicionales a las compañías. Siempre se puede hacer más, por cierto, pero hay una voluntad expresa y un camino marcado en este sentido. Así, desde la perspectiva del reclutamiento, que recoge de primera mano qué requieren hoy las empresas para ajustarse a esas medidas preventivas, es posible constatar que la fuerte raigambre cultural de los chilenos hacia el cumplimiento de la norma, también reconocida internacionalmente, es un atributo adicional en el proceso de búsqueda, en el cual la exigencia es cada vez mayor. No solo para los postulantes, sino también para las empresas de reclutamiento especializado. Y es que esta modalidad, seleccionar a la alta dirección, ejecutivos directivos y otros colaboradores a través de empresas de reclutamiento especializado que buscan en un universo de postulantes cada vez más amplio, es una maciza medida de seguridad adicional para las compañías, pues entregar la búsqueda a una entidad que garantiza transparencia, seriedad y apego a la regulación, neutralizando cualquier riesgo de una recomendación interesada o no fundamentada exclusivamente en atributos personales y profesionales, también es una forma de prevenir no solo la corrupción, sino cualquier otro tipo de irregularidad. H Executive Manager de PageGroup
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En Chile existen más de 800.000 pequeñas y medianas empresas. FOTO : ALEJANDRA DE LUCCA V.
Si bien en la pequeña y mediana empresa no se dan grandes escándalos de corrupción, este segmento no está ajeno al tema. Especialmente en su relación como proveedores de empresas de mayor tamaño. Tanto la Conapyme como la Conupia opinan que de venir una mayor exigencia de parte de sus mandantes, habrá que solucionar otros problemas de fondo antes de pensar en políticas anti corrupción.
La opinión y rol de la pyme en el ecosistema contra la corrupción Un reportaje de DANIEL FAJARDO CABELLO
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UANDO se habla de políticas y mecanismos para combatir la corrupción en el sector privado, en la mayoría de los casos se hace referencia a las grandes empresas, ya sea de origen chileno o multinacionales con operaciones en nuestro país. Pero ¿qué sucede con la pequeña y mediana empresa (pyme) al respecto? A primera vista, el problema de la corrupción en este segmento no pareciera ser muy grande, debido principalmente a que sus operaciones son bastante más bajas en términos de movimiento de capital que las grandes firmas. Por lo tanto, el aliciente para generar delitos de lavado de dinero, cohecho o financiamiento al terrorismo (que se indica en la Ley 20.939) es mucho menor. Para hacerse una idea, en Chile se considera pyme a las empresas que venden hasta UF100.00 anuales (ver re-
P b ¿Qué ha pasado? La pyme también está siendo influenciada por los mecanismos anti corrupción de las grandes compañías. b ¿Por qué ha pasado? Es en su relación como proveedor de las firmas de mayor tamaño, donde la pyme está viéndose afectada. b ¿Qué consecuencias tiene? De a poco, las compañías comenzarán a exigir políticas de prevención de delitos a sus proveedores, los cuales en muchos casos son pyme. b ¿Cómo afecta a la pyme? Tendrán que adaptarse a los cambios. Pero opinan que existen varios problemas pendientes aún en la relación proveedor-mandante, antes de seguir avanzando en políticas anti corrupción.
cuadro). O sea, alrededor de $2.300 millones ($191 millones mensuales). Tema no menor si se considera que, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), hay alrededor de 808.000 pymes en el país. Quizá uno de los puntos delicados a nivel pyme y donde están más expuestos a generar delitos de este tipo, es en su relación con las Municipalidades. Para ello, se han creado una serie de mecanismos que tiene como base al sistema de contrataciones públicas Chile Compra, además de la labor de la Contraloría General de la República, en los municipios chilenos. “Todas las empresas en general deben estar preparadas para enfrentar situaciones de corrupción, ya que , en definitiva, están conformadas por seres humanos. El tema debe preocupar no sólo a las grandes empresas, sino que también a las pequeñas, que también a su nivel, están expuestas a riesgos de esta naturaleza. El mundo
moderno exige ciertos estándares que se hace necesario considerar y respetar”, explica Marcos Veragua, coordinador general de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme). Veragua agrega además que la organización que representa, “es ferviente partidaria de que las empresas actúen con absoluta transparencia y con la ética para mantenerse en el mercado que hoy es altamente competitivo en todos los sectores”.
Proveedores
Pero en la práctica, donde el tema de los mecanismos anti corrupción toca en alguna medida a la pyme es cuando éstas, son proveedores de grandes empresas, como retailers o fabricantes de productos que poseen un complejo ecosistema de proveedores. A medida que las corporaciones privadas aumentan sus exigencias de sustentabilidad y mecanismos de ética y buenas prácticas, han tenido que exigirles a sus proveedores que también se suban a este carro. Por ejemplo, muchos exportadores, necesitan que su producto tenga una trazabilidad absolutamente sustentable. Según Veragua, a nivel de las pequeñas empresas, sólo se pide lo estrictamente necesario y el tratamiento es normal de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. “Lo hemos planteado reiteradamente a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo: si se quiere efectivamente apoyar al sector de empresas de menor tamaño, éstas deben tener un tratamiento especial acorde a su condición. No deben ser tratadas en la misma forma que a las grandes, ya que viven una realidad muy distinta”, dice el coordinador de la Conapyme. Roberto Rojas, presidente de Conupia comenta por su parte, que el tema de la corrupción no es algo que afecte mayormente a la pyme,
Clasificación de la micro, pequeña y mediana empresa bbb Según la última clasificación de la pyme ratificada por el Ministerio de Economía en abril de 2014, las micro, pequeña y mediana empresa, poseen las siguientes características. b Micro: Empresa cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, no hayan superado las UF2.400 en el último año calendario. b Pequeña: Empresa cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, sean superiores a UF2.400, pero inferiores a UF25.000 en el último año calendario. b Mediana: Empresa cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, sean superiores a UF25.000, pero inferiores a UF100.000 en el último año calendario. debido a que poseen un mercado mucho más restringido que las compañías de mayor tamaño. Sin embargo, es enfático al respecto de la posición de este gremio. “No hemos notado muchas exigencias de políticas de anti corrupción por parte de nuestros mandantes. Pero creo que si se comienzan a aplicar, sería un contrasentido. Si realmente dicen ser éticos, deberían mejorar sus sistema de pago, para que no se extendieran a 90 o 120 días. Creo que eso sería realmente un compromiso ético con sus proveedores”, concluye Roberto Rojas. H
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ENTREVISTA CON MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA SOFOFA
FOTO: AGENCIAUNO
Manuel José Vial “Todas las compañías, indistintamente de su tamaño, deben contar con normas éticas”
—Para el consejero de la Sofofa, la preocupación por una mayor transparencia desde las empresas chilenas, ha aumentado. —Exigir que los proveedores también cumplan con normas éticas a nivel de negocios, lo considera algo clave.
Una entrevista de FRANCESCA GEROLDI A.
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ASOS como la colusión de las farmacias, el escándalo de La Polar, la problemática del lucro de las universidades y el reciente “Pentagate”, han marcado hitos en el historial ético de las empresas en Chile. Sin embargo, esto ha dado pie para que varias compañías locales pongan sus esfuerzos en mejorar estrategias anti-corrupción y pro-transparencia. Así lo indica Manuel José Vial, consejero de la Sofofa y miembro de la Comisión de Ética del gremio. Tras haber asesorado al directorio de La Polar durante todo el proceso del controvertido caso en 2011, el abogado y socio del Grupo Vial Abogados, ve con principal urgencia el que las empresas cuenten con sus propias normas de comportamiento. En esta línea, menciona los trabajos que como gremio están realizando para difundir buenas conductas empresariales apegados a su código de ética creado en 1957 en la Sofofa. Destaca la expulsión como
sanción máxima en aquellos socios que no cumplan estos requisitos, y habla sobre los impactos de la Ley 20.393. ¿Desafío?: exigir a los proveedores un buen comportamiento, tanto en los negocios como hacia sus trabajadores. ¿Cómo están manejando hoy la transparencia las empresas chilenas? —Ha habido un gran desarrollo en este tema. Hoy, el nivel de transparencia es un objetivo que todas las compañías quieren lograr y mejorar. Para la mayoría de las administraciones locales, la entrega de información está siendo clave, llegando a niveles de desarrollo bastante altos comparados con los del año pasado. ¿Cómo ha influido la Ley 20.393 (que penaliza a las empresas en caso de corrupción) tras su puesta en marcha en 2009? —Esta ley ha sido muy importante, ya que claramente ha impulsado el manejo de buenas conductas en las empresas chilenas. Es la primera norma legal que asigna responsabilidad penal a una persona
jurídica y la única en establecer pena de muerte en la legislación chilena, equivalente a la disolución de las firmas que han incurrido en los delitos estipulados. Ello ha motivado a las firmas locales a certificarse de acuerdo a esta ley, haciendo todos sus procesos respectivos y fiscalizando que las normas se cumplan. ¿Qué conducta sugiere para seguir al pie de la letra esta ley? —El hecho de que todas las compañías, indistintamente de su tamaño, cuenten con sus propias normas éticas. Si bien, es algo que cada vez sucede más en el mundo corporativo local, son las compañías extranjeras las que debutan estos marcos en Chile, seguidas por las más grandes del país, y luego, las medianas y pequeñas. Al mismo tiempo, todo el personal de las organizaciones debe estar al tanto de estas normas, comprometido en cumplirlas y respetarlas. Después debe fiscalizarse este cumplimiento. Entre los ejercicios penalizados en esta ley, como el lavado de activos, financiamiento al te-
rrorismo y cohecho, entre otros, ¿cuál es el más difícil de controlar? —Depende de las empresas. Por ejemplo, en el sector financiero el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos es clave. Esto contempla no sólo bancos, sino también compañías de seguros y corredores de bolsa, entre otros. Para las empresas, el tema del cohecho es muy importante. Por lo tanto, va a depender un poco del rubro de la organización y la importancia de estos delitos castigados en la ley. ¿Qué está haciendo la Sofofa para difundir los buenos comportamientos? —Hemos realizado dos seminarios en el último tiempo. Uno junto a la CPC llamado “Marco ético del empresariado chileno” y otro, cuyo nombre fue “Éticas, ¿un imperativo para el mundo de los negocios?” a fines de 2013. A esto, sumamos nuestra participación con la CPC en distintos estudios y en la elaboración de documentos al alcance de las empresas respecto a la ética, transparencia y corrupción. Además, hace años funciona en la Sofofa la Comisión de Relaciones Internas y Ética (de la que soy miembro), basada en un código creado en 1957. Aquí, todos los socios de la Sofofa deben cumplir tales normas, disponibles al público en nuestra página web. ¿Se han basado en estrategias gremiales internacionales? —Sí, siempre estamos preocupados de informarnos de las tendencias que suceden en otros países. Nuestro código de ética corresponde a normas generales de comportamiento que deben tener los miembros de la Sofofa. Nosotros como comisión, debemos vigilar su cumplimiento. ¿De qué forma? —La comisión se reúne periódicamente para estudiar informaciones públicas de distintos casos y de cada industria en específico. No exigimos que las empresas nos den un estado de cuenta, sino que cuando vemos algún caso, analizamos reunirnos con la firma en cuestión. Tras la Ley 20.393, ¿se debió cambiar el código de Sofofa? —No, se mantuvo inalterable, porque son normas de comportamiento atemporales. Al final, es el Consejo de la Sofofa el que toma reso-
lución de estas materias, previo estudio de la Comisión de Ética. Ella es consultiva, no decisoria. ¿Existe algún caso de ejemplo? —Hace muchos años hubo una sanción a un empresario en particular, pero últimamente no hemos impuesto ninguna. Esto se debe a que hay una supervigilancia en la materia. ¿Cuáles son sus efectos de cumplir las normas éticas? —Beneficios a largo plazo. Sus marcas son valoradas y eso implica fiTRANSPARENCIA
“Las empresas chilenas cada vez elaboran más mecanismos pro transparencia y anti corrupción” LEY 20.393
“Para cumplirla, todas las empresas deben contar con marcos éticos propios y difundirlos a su personal” PROVEEDORES
“Las empresas deben exigir a sus proveedores los mismos estándares éticos que rigen para ellas” delidad en los clientes, reconocimiento en el mercado, entre sus pares y otros. ¿Cuáles son los desafíos en esta materia? —Todos deben cumplir la ley, pero las empresas deben ir mucho más allá. Las administraciones de las compañías y los directorios tienen que mantenerse informados delos estándares éticos. A la vez, éstos deben ser comunicados a todo el personal de la compañía. Por otro lado, las diferentes empresas deben exigir a sus proveedores los mismos estándares éticos que rigen para ellos, informándose permanentemente, para que ellos ejerzan un buen comportamiento en los negocios y sus trabajadores. H
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ESPECIALES
Punto de Vista
Más especialistas en “compliance”, menos corrupción
—por MURILO ARRUDA—
H
ABLAR de los mecanismos anticorrupción en las empresas es algo relativamente nuevo. Más aún en Chile, donde la ley 20.393, que regula los delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y de cohecho que se cometan directamente en beneficio de una compañía, fue publicada recién a fines de 2009. Durante los últimos cinco años, la reacción de las organizaciones se ha caracterizado por aumentar su demanda de profesionales especialistas en “compliance”. Incluso, marcas que cotizan en la Bolsa o de Sociedades Anónimas, empezaron a crear sus áreas de compliance como departamentos de dedicación exclusiva para tratar hurtos o robos, pero también evitar que las personas y jefaturas se salten las normativas. Sin embargo, la “pata coja” de todo este desarrollo local, se debe nuevamente a la falta de profesionales chilenos especializados en la materia. Cuando una compañía sale a buscar un especialista, le resulta muy difícil encontrar a alguien de vasta formación y años de experiencia. Son más bien las Big Four (PwC, Deloitte, Ernest & Young y KPMG) las que ofrecen este tipo de servicio a empresas locales y las que también han pasado a tomar el rol de escuelas de formación de talentos para el mercado. Por otro lado, cuando una marca se ve enfrentada a un posible delito o evasión de algún procedimiento dentro de ella, y no cuenta con el profesional competente para poder abordarlo, lo que se suele hacer es contratar una auditoría externa (mediante alguna de las Big Four nombradas anteriormente) para que así trabajadores sin ningún tipo de conflicto de interés, puedan entrar y evaluar si algo raro pasa dentro de ella. Por esto, en la búsqueda de profesionales propios, la clave está en el proceso de contratación que, posteriormente, dará cabida a la creación de un departamento de buenas prácticas corporativas. Un período en el que se pueda llevar a cabo un proceso de reclutamiento donde la persona que va a entrar a la compañía entienda muy bien las políticas anticorrupción que se quieran crear en ésta, y de esa forma, también se permita rectificar que el candidato tenga real experiencia, y también la base técnica y teórica para seguir adelante en la postulación. Vale decir que muchos de estos expertos se han capacitado en el extranjero y que, normalmente, sus profesiones son Contador Auditor, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial. Un profesional anticorrupción debe saber de Compliance, contabilidad y de procesos de negocios, como mínimo. El desafío viene dado, entonces, por el hecho de que las compañías, antes de tener que contratar a agentes externos –y antes de que se enfrenten con alguna posibilidad de corrupción-, cuenten con los profesionales dentro de ellas para crear los controles necesarios y así evitar cualquier anormalidad en sus procesos. Independiente de la asesoría jurídica, los especialistas en Compliance son y serán cada vez más imprescindibles para las empresas de los diversos sectores que, antes que todo, quisieran no verse involucradas en casos mediáticos ni destructivos. H Managing director de DNA Human Capital
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A nivel internacional, varias han sido las compañías involucradas en asuntos de cohecho, coimas, sobornos o colusión. Sin embargo, existen otras que destacan por sus buenas prácticas, aplicadas a estrategias sociales y de negocios. Ejemplos que se enmarcan en países con diferentes legislaciones, que en su mayoría avanzan para combatir delitos de corrupción, principalmente a nivel regional.
Casos simbólicos de corrupción y transparencia empresarial a nivel mundial
FOTO: REUTERS
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Un reportaje de FRANCESCA GEROLDI A.
L
A lucha contra la corrupción a favor de una mayor transparencia, es hoy una de las exigencias mundiales más importantes para el sector corporativo. Esta situación ha impulsado el trabajo legislativo de varios países, cuyas estrategias se han enfocado en prevenir, sancionar y penalizar dichas prácticas. Una de las primeras grandes iniciativas fue lanzada por EEUU tras la aprobación de la Ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en 1977, que previene sobornos de las compañías norteamericanas a funcionarios públicos extranjeros y que aún está vigente. Más tarde, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó la Convención contra el Soborno en 1988, ratificada posteriormente en 1997 por los países miembros. Sin embargo, varios son los casos que a nivel mundial han debido enfrentarse a los respectivos marcos regulatorios de los países en los que se instalan. Uno de ellos fue Walmart, cuando en 2010 habría cancelado US$24 millones en sobornos a funcionarios de México. Según lo denunciado en 2012 por el New York Times, dicha cadena de pagos incluía a alcaldes y concejales, planificadores, empleados públicos y a todo aquel que significaba un obstáculo en la expansión de su negocio. Así, presuntamente se destrababan trámites, se obtenían permisos de construcción o se reducían las tarifas de impacto ambiental por el levantamiento de inmuebles. Un claro ejemplo ocurrió en 2004, cuando la empresa estadounidense abrió una tienda cercana a las pirámides de
P b ¿Qué ha pasado? Distintos casos de corrupción y buen comportamiento, sobresalen en los comportamientos de las empresas a nivel mundial. b ¿Por qué ha pasado? Porque, la intención de enriquecerse de forma rápida o abaratar costos, atrae a ciertas organizaciones. Otras en tanto, saben lo que ello implica adoptando estrategias éticas de prevención. b ¿Qué consecuencias tiene? Distintos países han avanzado en legislaciones anti corrupción, penalizando y sancionando a las personas jurídicas que incurran en estas prácticas. b ¿Cómo me puede afectar? En 2009, Chile promulga la Ley 20.393, dirigida a prevenir tales conductas al interior de las empresas de nuestro país.
Durante ese año, México lideró los casos de corrupción corporativa a nivel mundial.
Teotihuacán, siendo ésta una zona protegida. Antropólogos y habitantes del lugar trataron de impedir esta edificación, pero donaciones superiores a los US$50 mil a representantes de organizaciones locales, y una gran oferta de puestos de trabajos para los lugareños, bastaron para acallar las protestas en la zona. Así lo informó el diario La Jornada, citando al entonces alcalde de Teotihuacán, Guillermo Rodríguez.
Empresas fantasma
Otro de similar envergadura fue el caso Skanska ocurrido en Argentina en 2005. Ese año, el Ministerio de Planificación que aún es dirigido por el secretario de Estado, Julio de Vido, inició un concurso privado de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país trasandino. El proyecto era liderado por la empresa Transportadora Gas del Norte, la cual le indicó al Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina que Skanska pagaba 152% en sobreprecios. Es decir, 17 millones de pesos argentinos. Durante la investigación de este caso, se probó además que Skanska había pagado años antes, 118 facturas falsas a más de 23 empresas fantasmas o irregulares. Una de esas firmas pantalla fue Calibán, denominada luego como Infiniti Group, cuyos operadores se encuentran procesados por asociación ilícita y otros delitos. El caso finalmente cerró el 1 de marzo de 2013, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico del país, condenó a prisión efectiva a los involucrados en el delito, a la pena de seis años. En tanto, la industria automotriz alemana también sufrió momentos difíciles la década pasada. En febrero de 1997, el consorcio suizo de
ingeniería eléctrica ABB AG, presentó una querella contra los ejecutivos de Volkswagen, acusando que funcionarios de la marca germana participaron en una red criminal para obtener dinero de los proveedores. Tiempo antes, en 1995, Opel fue acusada de recibir millonarios sobornos de proveedores para asegurar auspiciosos contratos. De los 174 delitos investigados en su proceso, sólo 13 resultaron en una multa y nueve en una acusación formal. Mientras que 81 fueron rechazados por falta de evidencia. Mismas conductas que este año fueron denunciadas en EEUU, por la petrolera Colombiana Ecopetrol. En enero, la empresa del país cafetero, junto a la división criminal del Departamento de Justicia de su nación, un fiscal de la Corte del Distrito de New Jersey y el FBI, imputó a tres ex funcionarios de la firma estadounidense PetroTiger Ltd, que hasta ese momento funcionaba como proveedor. A ellos, se les acusó de haber pagado un soborno cercano a los US$333.500 a un ex funcionario de Ecopetrol para beneficiarse de un contrato de servicios petroleros.
ción, aún es trabajada para desentenderse del conflicto. Pero, hay uno considerado el mayor escándalo empresarial cometido a nivel mundial. Se trata del caso Enron, que fuera en su momento la mayor empresa energética de EEUU (descartando las petroleras) con resultados superiores a los US$101 mil millones en ingresos anuales, previo al delito. En 2002, se descubrió que la mayor parte de sus beneficios eran falsos, tras la falsificación de sus libros de cuentas. Malas decisiones que sumado a la caída de los ingresos, llevaron a su colapso. El episodio culminó con una intervención judicial para averiguar qué había ocurrido exactamente, cuyo juicio condenó al propio CEO de la compañía Jeff Skilling, por fraude. Tal delito, se impone como una de las principales preocupaciones de las firmas a nivel mundial. Según el Informe Global sobre Fraude 2013, realizado por la consultora internacional, Economist Intelligence Unit, el 70% de las más de 900 compañías consultadas de todo el mundo, informó haber sufrido como mínimo un tipo de fraude el año pasado.
EEUU fue el primer país en avanzar a través de una ley, a fin de prevenir malas prácticas de privados.
Escándalos financieros
Buenas prácticas
Sin embargo, existen corporaciones que destacan por su buen manejo o cambios de estrategias frente a crisis reputacionales. Es el caso de la alemana Siemens, que en 2007 supo levantarse tras un daño mediático, causado por titulares negativos sobre su imagen. En este proceso, la firma concluyó que su cultura corporativa había fallado, lo que derivó en nombrar nuevos puestos clave a lo largo de ese año. Uno de ellos fue el del presidente y CEO Peter Loescher, quien al asumir dejó bien clara su opinión sobre este cambio radical: “Sólo los
Para los expertos, la transparencia más una apuesta por la innovación, mejora la reputación corporativa.
Casos de corrupción en los que ha incurrido también el sector financiero. Entre 2005 y 2009, el banco británico Barclays y su máximo responsable y CEO de ese entonces, Bob Diamond, estuvieron involucrados en el proceso de manipulación y fijación pactada de las tasas del Libor. Un delito que tras hacerse público, hizo insostenible el curso del propio banco y su Consejo de Administración, causando que Diamond renunciara a sus responsabilidades al frente de la institución. La imagen corporativa de la organiza-
La OCDE y la ONU, han realizado convenciones en esta materia, para combatir la corrupción en las empresas. El pago de sobornos hecho por Walmart a parte de sus empleados en México, fue penalizado. Reconvertir su imagen, fue lo que hizo Siemens, tras nombrar nuevos cargos directivos.
negocios limpios son negocios Siemens. Todos, en todas partes y en todo momento. Nuestra responsabilidad corporativa es nuestra máxima prioridad”. A todas sus jefaturas se les encomendó desplegar este mensaje a lo largo de la organización. Sobresale también la European Aeronautic Defence and Space (EADS), conocida actualmente como Airbus Group, una de las principales compañías de negocios de aviación de Europa. Todo empezó, cuando puso en marcha un programa de ética, considerado entre los más avanzados del Viejo Continente, llamado OpenLine. En él, todos los empleados pueden hasta hoy, plantear problemas de forma absolutamente confidencial por incomodidad, o mostrar insatisfacción por respuestas ante quejas relacionadas a temas de contabilidad, finanzas y prácticas corruptas. El uso de OpenLine está restringido a los empleados de todas las empresas controladas por el Grupo EADS, situadas en Francia, Alemania, España y Reino Unido. Otro a destacar es la reciente estrategia de Repsol pro transparencia. Hace unos tres años, la firma española elaboró el “Corporate Defense”, una iniciativa que comprende medidas y controles adecuados para la prevención y detección de delitos. Dispone de procedimientos de comunicación e información a directivos y empleados, respondiendo a las investigaciones realizadas en este ítem. Además, posee una normativa interna como marco regulador para evaluar y controlar los riesgos internos de corrupción supervisada por la Comisión de Ética y la Dirección de Auditoría y Control de Repsol.
Aquí, se revisan posibles conflictos de interés, protegiendo a sus activos del soborno y la corrupción.
Reputación
En esta línea, el informe 2014 del Reputation Institute destacó a Danone, Sony, Google, Apple, Michelin, Samsung y Bimbo entre otras, como las de mejor comportamiento a juicio de los consumidores en España. Según el estudio, todas ellas coincidieron en un poderoso relato corporativo, confianza de los stakeholders e integración de la reputación en su estrategia de negocio. No obstante, respecto a las multinacionales, los buenos comportamientos pueden diferir en el país en que estén. En este punto, Jorge Cachinero, director corporativo de Llorente & Cuenca, profesor del IE Business School y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, dice que “un comportamiento ético y responsable, un fuerte compromiso con la sociedad en la que operan, la transparencia, una cartera de productos y servicios de calidad y una apuesta por la innovación y el liderazgo, son principales para que una compañía alcance una óptima reputación”. Similar a lo comentado por el economista mexicano Jaime Cerdio (director de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública de México y ex asesor del Senado de su país), al enfatizar que tanto la transparencia corporativa, como la integridad empresarial —a través de mecanismos de sanción interna a funcionarios que incurran en malos hábitos—, serán la mejor herramienta para generar confianza en el mercado y en la relación entre las empresas.H