ENVENENADAS sin que el Estado las protegiera

Expertos en derechos humanos afirman que el ataque deliberado de las estudiantes de 91 escuelas es una prueba más de la violencia sistemática contra mujeres y niñas en ese país. Muchos padres han sacado a sus hijas de la escuela por temor a esas agresiones.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos denunció este jueves la incapacidad del Estado iraní para proteger a más de 1200 colegialas que fueron envenenadas en escuelas de las principales ciudades del país.

Tras expresar gran indignación por el atropello, los expertos señalaron que las autoridades iraníes tampoco han tomado medidas para investigar esos ataque o para prevenir nuevas agresiones.

De acuerdo con las informaciones, el primer envenenamiento ocurrió el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Qom. Desde entonces, se han producido ataques químicos en 91 escuelas de niñas ubicadas en 20 provincias de Irán.

“Estamos profundamente preocupados por el bienestar físico y mental de estas estudiantes y de sus padres”, apuntaron los especialistas en un comunicado conjunto en el que también abogaron por el disfrute del derecho fundamental a la educación de las niñas iraníes.

Las autoridades del país anunciaron recientemente varios arrestos relacionados con los ataques; sin embargo, los relatores especiales mostraron inquietud debido a que durante varios meses negaron esas embestidas en repetidas ocasiones sin investigar lo que había pasado pese a que cientos de niñas debieron ser hospitalizadas debido a los envenenamientos.

Los medios de comunicación estatales reprodujeron ese argumento y más aún, llegaron a decir que las niñas fingían los síntomas para no presentar sus exámenes.

Plan B entre abril y octubre

En abril iniciará el rediseño de la estructura y otros cambios, con la renovación de tres consejerías y la presidencia.

Será entre abril y octubre del presente año cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) modifique su estructura orgánica, así como adecuar su normativa conforme dicta el Plan B, según lo establecido en el proyecto del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023.

Plan de trabajo, con dos líneas generales de acción lamentaron los expertos.

A fin de implementar estas modificaciones, se emitirán lineamientos para revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto.

El Comité también debe proponer la reestructura conforme a los lineamientos emitidos, considerando las funciones de las unidades administrativas, desconcentradas y centrales del INE, así como la compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.

Además, se prevé la toma de opinión y conclusión del diseño, así como los criterios de evaluación y designación de los vocales operativos.

El Plan B prevé la disminución de las juntas distritales, a fin de que sólo quede un vocal operativo de los cinco vocales que actualmente operan, por lo que se deberá determinar quién se queda a cargo.

También se realizará el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales del personal, así como identificación de las medidas, adecuaciones administrativas y costo que implicará la reestructura orgánica del Instituto, tanto su ejecución como conclusión.

Está contemplada la validación del redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica; determinación relacionada con la instalación de órganos locales y oficinas auxiliares y cambios de adscripción de bienes.

La segunda parte del plan de trabajo prevé la adecuación normativa que implicará la elaboración del inventario de la normativa del Instituto; remisión del inventario de las unidades responsables de la normativa que aplica en el ámbito de su competencia, así como el análisis de la normativa para la elaboración del impacto de las modificaciones.

Además, se realizará la revisión y análisis de la identificación normativa prioritaria de carácter administrativo que incluya las adecuaciones enviadas por las unidades responsables.

El Comité Técnico tendrá dos sesiones ordinarias en mayo y agosto, así como las sesiones extraordinarias necesarias.