Pendiente, interrupción legal del embarazo

Una de las principales demandas de los colectivos feministas sigue sin ser abordada por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, que es la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

De acuerdo con el presidente del Congreso, Eduardo Cas - sustancias corrosivas en agravio de otra persona, en especial si es mujer.

Por separado, tanto la diputada Aurora Sierra como el diputado Néstor Camarillo Medina han destacado los consensos y el diálogo que hay en la Legislatura en torno a esta iniciativa, ya que el único punto que sigue en análisis para que la propuesta sea ley es la sanción para tipificar como tentativa de feminicidio a dos años de prisión.

Los diputados proponentes de la Ley Ácida han manifestado su confianza de que, en cuestión de semanas, a más tardar el 8 de marzo, se logre la aprobación de la iniciativa por principio de con- tillo López, es un tema “muy delicado” que se tratará hasta que haya consenso entre los 41 diputados.

El coordinador de los diputados de Morena no descartó que analicen el tema en la Jugocopo, para que las representaciones de los partidos definan si retomarán las propuestas que hay, centración; es decir, integrar en una sola ley las tres propuestas.

La primera la presentó el diputado Néstor Camarillo el 2 de junio, en la que propuso castigar la violencia ácida con 7 a 13 años de prisión y multas que van de 28 mil 866 a 67 mil 354 pesos. Las sanciones incrementarían a 21 años en prisión cuando el agresor tenga una relación sentimental con la víctima.

El 22 de septiembre, la diputada Aurora Sierra presentó la segunda iniciativa para castigar en Puebla con 20 a 30 años de prisión a quien agreda a mujeres con sustancias corrosivas.

Propone la modificación del artículo 10 de la Ley para el Ac- como las presentadas por las exdiputadas Rocío García Olmedo (PRI) y Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena). ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una adición al artículo 356 ter al Código Penal del Estado de Puebla.

En la actual Legislatura, los diputados Carlos Evangelista, de Morena, y Mónica Silva, del Partido del Trabajo (PT), presentaron sus propuestas, pero ninguna ha sido dictaminada.

El 2 de octubre, la diputada Tonantzin Fernández presentó la tercera propuesta, que busca replicar el caso de Oaxaca, donde los ataques con sustancias corrosivas se castigan de forma autónoma; es decir, que el agresor, además de ser juzgado por esta agresión, también será castigado por otros delitos, entre ellos feminicidio y violencia familiar.

Propone un castigo de 20 a 30 años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación del daño material y moral, y que el caso tenga tratamiento en razón de género. Las penas aumentarían en dos tercios sobre la pena mínima y dos de la máxima cuando la agresión cause daño orgánico, pérdida parcial o total de una función anatómica o deformidad incorregible en el rostro.

Será agravante cuando el ataque sea por desprecio a la víctima, acoso o misoginia, y contempla como agravante cuando entre el agresor y la víctima haya existido relación de parentesco, convivencia, laboral, docente o sentimental, imponiendo de 30 a 40 años de prisión y multa de 500 a 1000 UMA.

Colectivos y víctimas de ataques con ácido piden que la pena sea de 40 años de prisión, y que se tipifique como intento de feminicidio, sumando dos años a la condena por este agravio.

LEY MONTSE

Fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Nora Merino Escamilla, presidente de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso, quien dijo recientemente que impulsará la aprobación de la iniciativa, una vez que sea aprobada la Ley Monzón.

La Ley Montse fue presentada en 2022 y busca evitar que familiares, amigos o conocidos ayuden a esconder a feminicidas o los instrumentos utilizados para cometer el crimen.

Esta ley responde al caso ocurrido en Veracruz, donde Montserrat Bendimes Roldán, de 20 años de edad, fue asesinada por su pareja, quien evadió la justicia con ayuda de sus familiares.

En este caso, se busca establecer una pena de 4 a 10 años de prisión y multa de mil a 2 mil UMA contra quien obstaculice la investigación, encubriendo al presunto responsable.

Felipe Flores Núñez