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10 - Domingo 23 de marzo de 2014

INFORMACION GENERAL

El proyecto tuvo ingreso en la última sesión ordinaria así como otro proyecto de similares características pero en zona sur

El concejal Zaffaroni propone colocar cámaras de vigilancia y radares de control de velocidad en Ducós

El concejal Luis Zaffaroni, del bloque del Frente para la Victoria (FpV), en la sesión ordinaria del jueves dio ingreso a dos proyectos de comunicación que fueron aprobados por unanimidad, los cuales trabajan el tema del tránsito en zonas conflictivas de la ciudad.

En la sesión ordinaria del día jueves, el concejal del bloque del FpV, Luis Zaffaroni, dio ingreso a dos proyectos de comunicación tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

De esta forma, en uno de los proyectos, conside-

rando la reciente inauguración de la obra vial que acompaña al centro comercial sobre Avenida Ducós y por su cercanía al complejo habitacional, Las Torres, así como al Hospital Regional y establecimientos escolares, plantea que se genera gran aglutinamiento de personas y vehículos por lo que los vecinos comenzaron a quejarse de la situación.

Asimismo, el proyecto expresa que existe un crecimiento poblacional y automotriz, lo que incrementa la circulación de vehículos en zonas céntricas de la ciudad, así como indica que deben implementarse medidas preventivas de tránsito para evitar males mayores y brindar seguridad a los vecinos y ciudadanos que circulan por la zona.

Es así que mediante este proyecto se promueve la instalación de cámaras de vigilancia y radar de control de velocidad en la zona de la Avenida Ducós,

para garantizar asegurar la normal circulación de vehículos y por ende, la seguridad de los vecinos que circulan por la zona.

Finalmente, el proyecto detalla que previamente deberán realizarse investigaciones sobre las condiciones de tránsito y características físicas de la zona, para determinar en qué intersecciones se justifica la instalación de estas herramientas así como se pretende que sean proporcionados los datos necesarios para el diseño y la operación apropiada de las mismas.

Medidas preventivas en inmediaciones de hipermercado Dentro del otro proyecto de comunicación se plantea una historia similar a la anteriormente mencionada pero en otra zona de la ciudad, de este modo, debido a numerosas quejas de vecinos y la gran cantidad de vehículos que transitan en la nueva zona comercial constituida en cercanías del hipermercado Wallmart, que confluyen en la rotonda conformada por las arterias comprendidas por Avenida Constituyentes; Avenida Roca, calle La Nación y calle Enrique Girolamo, desde el Concejo Deliberante se solicita que se realice un estudio de investigación de las condiciones de tránsito y características físicas de la zona para determinar qué tipo de medida preventiva es adecuada para garantizar la seguridad en el sector.

En este marco, pudo conocerse que la medida apunta a colocar semáforos e incluso cámaras de seguridad con el fin de reordenar el tránsito en la zona así como dar respuesta a los vecinos que habitan en cercanías del hipermercado.

piedra previsible postura crítica de los bloques opositores.

No sorprendió, incluso, que el propio vicegobernador Gustavo Mac Karthy recobrara un repentino protagonismo el jueves, cuando se ofreció como mediador ante la movilización y se comunicó con integrantes del gabinete para “dejar de lado el decreto y reabrir la discusión paritaria”, avisando de paso que él “se hubiera quedado a resolver el conflicto”, cuestionando la ausencia del gobernador Buzzi que ese día cumplía agenda partidaria en Buenos Aires. El vice había sido cruzado por el ministro Rubén Zárate, quien planteó que “si el vicegobernador tiene otros recursos diferentes a los que ya mostramos (desde el Gobierno), se hubiera preocupado cuando estuvo el presupuesto en la Legislatura”. Y lo desafió a “analizar en el medio de qué se pone. Si de un conflicto gremial o del lado de preservar el derecho de los chicos a educarse”. El vice chicaneó luego con el cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica que ocupó antes el actual ministro, “donde tal vez se puede divagar un poquito, pero acá hay que tomar decisiones”. Igualmente, el propio Zárate le había planteado antes un argumento que tal vez pasó desapercibido, pero que hace al fondo de la cuestión: “Me extraña porque él es abogado, debería saber que la paritaria se cae, porque la ley lo establece así, cuando hay medidas de fuerza de por medio”, había dicho el ministro.

El viernes fue el gobernador Buzzi quien aseguró que los dichos de su ex compañero de fórmula “tienen que ver con una clara especulación política”.

Muchos creyeron ver en la conducta del vicegobernador un paso asimilable a la Resolución 125 y el momento en que Julio Cobos expresó su “voto no positivo”, propinando al gobierno nacional una derrota impensada frente al campo, que supo compensarlo bautizando con el nombre de Cleto (por el segundo nombre del entonces vice, Anacleto) al toro campeón que se paseaba esos días de 2009 por la Expo de Palermo. Salvando las distancias, la postura de “Kukyto” pareció reflejar aquel momento histórico. Queda una certeza, al menos, a juzgar por los dichos de Mac Karthy padre, a poco de iniciar el actual gobierno: “Gustavo no va a ser

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del sector Limpieza en reclamo por falta de insumos.

Las dietas de los diputados

el Cosentino de Buzzi”, dijo el entonces director del Banco Chubut. Por entonces, estaban todos del mismo lado.

Una diferencia de 99 pesos En ese contexto, llamó la atención la afirmación de Carlos Magno, quien admitió que la diferencia entre el 27% ofrecido por el gobierno a través del decreto y el 30% reclamado por los docentes, representa actualmente $99,60 por cargo, para graficar su posición de que “la provincia está en condiciones de hacer frente a esto”.

De un lado y de otro, la distancia no parecería imposible de recorrer. Por 99 pesos, no parece racional que el sindicato siga prolongado el paro, aún con el riesgo de que la medida se diluya por cansancio de los propios protagonistas, que además enfrentan la posibilidad concreta de descuentos de los días no trabajados. Por 99 pesos, no parece racional que el gobierno siga apostando al desgaste, con el riesgo de que la medida se fortalezca y se eleve el número de aulas y escuelas alcanzadas por la protesta. Sin embargo, cada parte se mantiene en su sitio.

El gobierno exigió que para sentarse nuevamente, aceptando que el decreto podría ser perfectible y ampliarse si se acordara una forma de llegar a los 3 puntos de diferencia, el gremio levante la medida de fuerza. Y el sindicato exige que antes se le presente la nueva propuesta, para evaluar entonces si levanta el paro.

En el medio, quedan los números para un análisis que necesariamente debe seguir profundizándose: según el ministro de Educación, el presupuesto educativo aumentó 148% entre diciembre de 2011 y marzo de 2014, al pasar de 75 a 240 millones de pesos mensuales. Es un salto importante, pero debe ponerse en contexto: en la actualidad, el presupuesto educativo representa algo más del 23 por ciento del presupuesto total de la provincia, apenas 2 puntos por encima de la incidencia que representaba en el año 2011, cuando Chubut se encontraba entre las provincias que menor cantidad de recursos asignaba a áreas como Educación, Salud y Seguridad. Es posible que haya que hacer todavía una salvedad: al presupuesto total de la provincia habría que descontar los 1.500 millones

Mediador. No sorprendió que el propio vicegobernador Gustavo Mac Karthy recobrara un repentino protagonismo el jueves, cuando se ofreció como mediador ante la movilización y se comunicó con integrantes del gabinete para “dejar de lado el decreto y reabrir la discusión paritaria”.

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Polémica. Miguel Montoya, sumó una opinión para la polémica, al justificar la necesidad de que haya buenos salarios para los legisladores provinciales, al rechazar también la posibilidad de que esto represente una señal negativa para el resto de la sociedad: “los diputados representan a todos los ciudadanos, tienen una duración de cuatro años y una tarea fundamental” dijo. de pesos ingresados por vía de un préstamo (el bono Bodic, garantizado por regalías petroleras) para considerar la incidencia de Educación sobre los recursos corrientes, ya que el endeudamiento no puede aplicarse al pago de sueldos y otras obligaciones corrientes del Estado. En ese caso, la incidencia destinada a Educación crecería al 25,6 por ciento (“es el 43 % de la masa salarial total de la provincia”, aseguran desde el gobierno). Como sea, la conclusión es obvia: se ha recorrido una parte del camino, pero la reconstrucción del sistema educativo demanda aún una gran cantidad de recursos para volver a crear una estructura sólida, que sea capaz de plantear objetivos de calidad educativa, además de salarios y necesidades edilicias básicas.

“Nosotros queremos dar esa discusión –reconocen desde el Ministerio ante este planteo-, por eso estamos dispuestos a debatir sobre el convenio colectivo de trabajo, en el que es necesario incorporar cargos que hoy no están contemplados en la estructura docente, como los capacitadores para el uso de las netbooks. Pero no podemos hacerlo si del otro lado se cierra la puerta”. La explicación puede ser atendible, pero no es suficiente: es el poder político, en fin, el que debe hallar la llave necesaria para volver a abrirla.

El aumento se empieza a pagar, ¿qué pasa si Legislatura no aprueba el decreto?

La discusión sobre el decreto de necesidad y urgencia, que podría perder ese carácter perentorio y dar una discusión con más prolongación en el tiempo, abre el interrogante acerca de qué pasará si eventualmente no es avalado.

Es que el aumento del 27% comenzará a pagarse con la liquidación de marzo, que se paga a principios de abril. ¿Si el decreto no es aprobado, los docentes tendrían que devolver el dinero del aumento? Es una pregunta sólo teórica, que desde el punto de vista del derecho tendrá otras respuestas posibles. “Puede pasar que la Legislatura le quite el tratamiento de urgencia y avance con un proyecto de ley, en el que introduzca algunos cambios -evalúan desde Fontana 50-. Incluso Rubén (Zárate) ha dicho que el decreto puede ser ampliable, siempre que hubiera diálogo sin paros de por medio”.

Para los diputados que intenten pensar más allá de la chicana fácil (la posición más obvia es decir que sí a los dirigentes docentes, rechazar el decreto y exigir paritarias),

se plantearía una encrucijada.

Si rechazan el decreto sin más, podrían dejar en un limbo jurídico al aumento salarial otorgado a los docentes, por lo que vuelve a cobrar sentido la pregunta anterior. En todo caso, sería una buena oportunidad para que el recinto legislativo se aboque al tratamiento del tema sobre la base de propuestas concretas: en ese debate podrían surgir ideas sobre a qué partidas recortar recursos, para agrandar la masa salarial docente y poder cumplir con el aumento en los términos reclamados.

Tarifas de servicios y otras paritarias No todas las negociaciones paritarias han sido negativas para el gobierno, ya que pudo avanzar en el cierre con otros sectores, ya que a los auxiliadores docentes pudo sumar lo inherente a Luz y Fuerza, acordando con este gremio -que representa a los trabajadores que se desempeñan en las cooperativas del interior y que dependen del Estado provincial- en un 22%. La referencia es importante porque proyecta la discusión que ese mismo sector planteará con las demás cooperativas, en un tema de alta sensibilidad debido a que aquellas trasladan directamente los aumentos de costo salarial a las tarifas que pagan los usuarios. En ese marco, el sindicato se expresó esta semana en contra del “pacto tarifario” que impulsa el gobierno nacional con las provincias y que apunta a congelar las tarifas por 180 días y apuntan a retrotraer el valor vigente al 31 de diciembre último. “Si al atraso tarifario que actualmente padecen nuestras cooperativas y su pésima situación financiera se le agrega un congelamiento de tarifas, la inflación y el permanente aumento de los costos operativos las pondrá al borde de la extinción”, señaló Héctor González, anticipando otro de los debates que se vienen en el mes de abril.

En el plano de la negociación paritaria, queda por ver la negociación en el ámbito de salud, donde el gobierno ofreció el viernes un 16 por ciento en dos partes, que fue rechazado por los gremios de salud. La nueva propuesta significó una evolución en la primera propuesta del 8 por ciento, pero está aún lejos del 35 por ciento reclamado por los gremios, aunque éstos confiaron en seguir negociando antes de lanzar una medida de fuerza para los hospitales de toda la provincia, más allá del conflicto puntual que se desató el jueves último en el hospital Regional, con un paro

En medio de una semana especialmente compleja, surgió la posibilidad de que haya un incremento en las dietas de los diputados provinciales. En realidad lo planteó el gremio de empleados legislativos, que reclama un 30 por ciento de aumento y que, por el sistema de enganche vigente, los diputados provinciales también se beneficiarían en la misma proporción. Sobre dietas del orden de los 30.000 pesos mensuales y gastos de bloque por otros 17.000, la proporción del aumento así aplicado sería de al menos 9.000 pesos (el 30% sobre los 30.000), pero el diputado Gustavo Reyes salió a aclarar que no hay posibilidad de que los empleados legislativos reciban un aumento de esa magnitud, fijando el límite en alrededor del 22%. Otro legislador del FpV, Anselmo Montes, salió a rechazar la posibilidad de recibir un incremento salarial, al asegurar que “con lo que gano me alcanza y me sobra”, mientras que desde el radicalismo José Luis Lizurume negó públicamente que haya habido tratamiento del tema.

Fue el fiscal de Estado, Miguel Montoya, quien sumó una opinión para la polémica, al justificar la necesidad de que haya buenos salarios para los legisladores provinciales, al rechazar también la posibilidad de que esto represente una señal negativa para el resto de la sociedad: “los diputados representan a todos los ciudadanos, tienen una duración de cuatro años y una tarea fundamental -dijo-. Por lo que la investidura y el rol que tienen no puede ser puesta en comparación tan someramente, porque el presupuesto de la Legislatura representa el 1,5% del presupuesto provincial”.

Podría darse la paradoja, en suma, de que los diputados rechacen -con pocos días de diferencia- un aumento salarial por decreto (o “decretazo”, según el término usado por los dirigentes de la ATECH) para los docentes, mientras por otro lado acuerden un incremento con los empleados legislativos, que los favorezca directamente en la compensación por sus desempeños.

Alpesca y las derivaciones judiciales Esta semana se resolvió la apertura de investigación sobre Omar Segundo y Federico Otero, imputados por el fiscal Báez de Puerto Madryn por el presunto delito de estafa, al considerar que la operación de venta acordada entre ambos, en un acta de asamblea del 6 de enero último, pudo ser una maniobra para defraudar a acreedores. El abogado defensor del polémico empresario, Fabián Gabalachis, dijo que la operatoria de venta estaba en conocimiento del gobierno provincial, por lo que reiteró su convicción de que no existió tal maniobra, pero el juez dio lugar a la apertura de la compleja investigación.

Por otro lado, la mala noticia para el gobierno la aportó el juez Fabio Monti, quien dio la razón al fiscal que pretende investigar al gobernador Buzzi y a la ministra Dufour por el préstamo de 10 millones de pesos otorgado a la pesquera, a través de Corfo, haciendo lugar a una denuncia impulsada desde el dasnevismo. Los abogados del gobierno sostienen

que no hay irregularidad, en tanto el dinero fue transferido directamente a las cuentas de los trabajadores y el Estado “tiene la forma de recuperar el dinero, a través del cupo de pesca o de otros bienes de Segundo y de su hijo que ya han sido embargados. Creemos que una clara motivación política del fiscal”, dispararon desde Fontana 50, mientras que en la semana Báez había planteado su posición en el tema, al asegurar que “hubo una rápida respuesta a favor de un frustrado empresario de la pesca, o de un exitoso empresario de la droga”. Vale recordar que Segundo sigue procesado por tráfico de estupefacientes, a partir del hallazgo de 110 kilos de cocaína en la empresa Poseidón, en junio del año pasado. En la semana los legisladores podrían llegar a tratar el proyecto de expropiación de bienes productivos de la empresa pesquera, pero todo indica que si hubiera una definición sería en rechazo a la iniciativa que impulsa el gobierno, que perdería de ese modo parte de los bienes que le posibilitarían el recupero de los fondos que ha continuado aportando para el sostenimiento de subsidios de los trabajadores.

ALUAR, PAE y el juicio pendiente en el tribunal internacional El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, formuló un pedido a la Fiscalía de Estado para que interceda en el conflicto que mantienen las empresas ALUAR y PAE, a partir de diferencias en el precio de abastecimiento de gas que la petrolera entrega a la productora de aluminio.

Desde el organismo provincial no habría posibilidad de actuar, si bien el jefe comunal madrynense advirtió el dramatismo que podría implicar la situación, si es que se llegara al extremo del corte en la provisión de gas y se produjeran despidos. “No creemos que se llegue a ese extremo, pero el intendente parece que está mal asesorado porque en una relación entre privados y no puede intervenir el Estado”, dijeron desde ámbitos gubernamentales. “Más allá de las presiones, a la larga van a tener que llegar a un acuerdo”. Más preocupados se encuentran en esas esferas por la demanda que la misma operadora petrolera mantiene contra el Estado provincial, a partir de los cambios en la tasa del impuesto a los Ingresos Brutos y el pedido del gobierno para adecuar el contrato que la petrolera firmó en el año 2007.

El inicio de acciones para que se dirima la cuestión en un tribunal internacional, según quedó establecido en aquel contrato para resolver diferencias entre las partes, quedó en suspenso por un lapso de 60 días, cuando las partes parecieron encaminarse, semanas atrás, a la firma de dicha readecuación contractual. Sin embargo, al no haberse llegado finalmente a aquel acuerdo -cuando se rechazó desde el Estado provincial la cláusula vinculada a la “paz social”- la hipótesis hasta ahora es que la demanda de la compañía de los hermanos Bulgheroni se reactivará, de allí que en la Fiscalía de Estado trabajan para responder a aquel planteo, que pretendería un resarcimiento del orden de los 50 millones de dólares a favor de la petrolera y a pagar por la provincia.

(Por Felipe Marlow)