La Confederación de la Producción y del Comercio -CPCsomos el gremio empresarial chileno que agrupa a los principales sectores productivos del país: comercio, agricultura, minería, industria, construcción y banca.
Nuestro propósito es colaborar con la construcción de buenas políticas públicas que favorezcan el bien común; promover una cultura de integridad en las empresas; y contribuir al proceso de crecimiento económico sostenido en Chile, a fin de que las personas mejoren su calidad de vida, por medio del fomento del empleo, de la mejora en las oportunidades, del impulso a la iniciativa individual y del respeto a la propiedad privada.
Defendemos y promovemos los siguientes principios sobre los cuales la empresa privada debe desarrollar su acción:
Perfección de la persona humana y el bien común
Libertad, derecho a la propiedad privada y responsabilidad
Libre competencia
Transparencia
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA · SNA
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO · CNC
FUNDADA EN 1838
FUNDADA EN 1858
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA · SONAMI
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL · SOFOFA
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN · CCHC
ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS · ABIF
FUNDADA EN 1883
FUNDADA EN 1883
FUNDADA EN 1951
FUNDADA EN 1994
Comisiones y Mesas de Trabajo
COMISIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD EMPRESARIAL
Ricardo Mewes · Presidente Comisión · Presidente CPC
Susana Jiménez · Vicepresidenta CPC
Antonio Walker · Presidente SNA
José Pakomio · Presidente CNC
Jorge Riesco · Presidente SONAMI
Rosario Navarro · Presidenta SOFOFA
Alfredo Echavarría · Presidente CCHC
José Manuel Mena · Presidente ABIF
Fernando Alvear · Gerente General CPC
COMISIÓN TRIBUTARIA
Christian Blanche · Presidente Comisión
Ricardo Mewes · CPC
Susana Jiménez · CPC
Fernando Alvear · CPC
Javier Irarrázaval · CPC
Jorge Lira · CPC
Luis Felipe Ocampo · SNA
Rodrigo Mujica · SOFOFA
Christian Aste · CNC
Camila Ramos · CCHC
Gonzalo Bustos · CCHC
Juan Esteban Laval · ABIF
José Tomás Morel · Consejo Minero
Loreto Pelegrí
Mario Silva
Luis Catrilef
Tomás Kovacevic
Carlos Boada
Damián Boada
Juan Pizarro
Patricio Arrau
Gabriela Clivio
COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Paulina Riquelme · Presidenta Comisión
Fernando Alvear · CPC
Javier Irarrázaval · CPC
Carlos Gajardo · SONAMI
Guillermo García · SONAMI
Jorge Cáceres · SOFOFA
Rodrigo Mujica · SOFOFA
María Beatriz Silva · CCHC
Camila Ramos · CCHC
Pilar Pantaleón · CCHC
Federico Errázuriz · SNA
Bernardita Calvo · CNC
Camilo Charme · Generadoras
Nelson Donoso · CPC Bío Bío
Andrés Meneses · Corma
Karla Lorenzo · Consejo Minero
Francisco Tapia · Consejo Minero
Alejandra Sepúlveda · Transmisoras
María Alicia Baltierra · Salmón Chile
Esteban Ramírez · Salmón Chile
Rodrigo Pinto · Consejo del Salmón
Monserrat Jamett · Asipes
Mónica Cortés
Paola Basaure · Transelec
Martín Benavides · Eelaw
Diego Bascuñán · Eelaw
Catalina Ramírez · Eelaw
Alejandra Acuña · Antofagasta Minerals
Daniela Álvarez · ChileCarne
Francisca Rojas · Salmonicultores de Magallanes
Juan Pablo Schaeffer · AngloAmerican
COMISIÓN LABORAL
Fernando Alvear · Presidente Comisión · CPC
Pablo Bobic · CPC
Manuel Ignacio Hertz · SNA
Sebastián Hurtado · CNC
María José Rojas · CNC
Álvaro González · SONAMI
Rodrigo Mujica · SOFOFA
Camila Simunovic · SOFOFA
Gonzalo Bustos · CCHC
Juan Esteban Laval · ABIF
Carlos Urenda · Consejo Minero
Marcelo Soto
Juan Esteban Dulcic
Ignacia López
Valentín Pimentel
Héctor Humeres
COMISIÓN EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Fernando Alvear · Presidente Comisión · CPC
Rodrigo Honorato · CPC-INACAP
José Manuel Fernández · CNC
Cristóbal Philippi · SOFOFA
Pablo Kusnir · SOFOFA
Rosana Sprovera · CCHC
Gonzalo Toledo · INACAP
Alejandro Weinstein · ASIMET
COMISIÓN DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Ricardo Mewes · Presidente Comisión · CPC
Susana Jiménez · CPC
Fernando Alvear · CPC
Sebastián Hurtado · CNC
Rodrigo Mujica · SOFOFA
Gonzalo Bustos · CCHC
Juan Esteban Laval · ABIF
Cristina Vio · CCS
Jaime Lorenzini
Claudio Ortiz · Retail Financiero
COMISIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
Matías Concha · Presidente Comisión · SOFOFA
Juan Pablo Matte · SNA
Alejandro Vásquez · SONAMI
Fernando Alvear · CPC
Claudio Cerda · CCHC
Cristian Vega · ABIF
Juan José Ugarte · CORMA
Francisco Gana · CCHC
María Paz Yugo · CPC
María José Rojas · CNC
COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Claudio Muñoz · Presidente Comisión · CPC
Susana Jiménez · CPC
Rosario Navarro · SOFOFA
Rodrigo Durán
Sandra Guazzotti
Andrés Valdivieso
Álvaro Castro
Loreto Bravo
Pelayo Covarrubias
Isabel Margarita Bravo
Exequiel Rauld
Ximena Corbo
Cristóbal Aninat
Francisca Cibié
Cuky Pérez
Fernando Alvear · CPC
Carolina Agüero · CPC
Javier Irarrázaval · CPC
Rodrigo Honorato · CPC
Jorge Lira · CPC
Pablo Bobic · CPC
MESA DE PENSIONES
Susana Jiménez · Presidenta Mesa · CPC
Ricardo Mewes · CPC
Fernando Alvear · CPC
Javier Irarrázaval · CPC
Camila Valenzuela · SOFOFA
Alejandro Ferreiro
Andrea Tokman
Bernardo Fontaine
David Bravo
Hernán Cheyre
Maria Cecilia Cifuentes
María Elisa Cabezón
María José Zaldívar
Patricio Arrau
Ingrid Jones
MESA DE FORMALIDAD LABORAL
Susana Jiménez · Presidenta Mesa · CPC
Jorge Welch · Presidente Mesa · Asech
Paulina Yazigi · Presidenta Mesa · AAFP
David Bravo
Fernando Arab
Carlos Boada
María Teresa Vial · CCS
Joseph Ramos
Fernando Barraza
Cecilia Cifuentes
Lucas Palacios · INACAP
Hugo Cifuentes
Bernardita Silva · CNC
Juan Pablo Swett · Multigremial Nacional
Manuel García-Huitrón
Participación de la CPC en Instancias Público y Privadas
Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Paulina Riquelme · SONAMI
Camila Ramos · CCHC
Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia del Medio Ambiente · SMA
Paulina Riquelme · SONAMI
Javier Irarrázaval · CPC
Comité Espejo · Punto Nacional de Contacto de Chile ante la OCDE · SUBREI
Pablo Bobic · titular · CPC
Javier Irarrázaval · suplente · CPC
Comité de Donaciones Culturales
Carolina Agüero · CPC
Rodrigo Honorato · CPC
Comisión Ergonómica Nacional
Juan Vélez · SONAMI
Directorio de la Agencia de Sostenibilidad Energética
Javier Irarrázaval · CPC
Nicolás León · CCHC
Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Javier Irarrázaval · titular · CPC
María Paz Yugo · suplente · CPC
Grupo Nacional Coordinador del RETC
Paulina Riquelme · SONAMI
Comisión Asesora Ministerial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
Pablo Bobic · titular · CPC
Gonzalo Bustos · suplente · CCHC
Comisión Nacional de Estadísticas · CNE
Javier Irarrázaval · CPC
Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Pablo Bobic · CPC
Talento
Digital
Rodrigo Honorato · CPC-INACAP
Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía
Pablo Bobic · CPC
Javier Irarrázaval · CPC
María José Zadívar
Consejo Nacional de Capacitación
Pablo Bobic · CPC Rodrigo Mujica · SOFOFA
Manuel Ureta · CCHC
Comisión Asesora Presidencial de Prospección Laboral
Pablo Bobic · CPC
Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente
Paulina Riquelme · SONAMI
Jorge Cáceres · SOFOFA
Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales · ChileValora
Jorge Riesco · SONAMI
Jaime Danus · CCHC
Héctor Sandoval · CONAPYME
Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Seguridad Social · SUSESO
Camila Simunovic · SOFOFA
Consejo de Modernización del Estado
Ricardo Mewes · titular · CPC
Javier Irarrázaval · suplente · CPC
Consejo Superior Laboral
Ricardo Mewes · CPC Fernando Alvear · CPC
Fundación World Skills Chile
Rodrigo Honorato · CPC-INACAP
Comité Consultivo Chile · Unión Europea · Ministerio de Relaciones Exteriores
Pablo Bobic · CPC
Consejo de Donaciones Sociales
Bernardita Fernández · SONAMI
Directorio MIM · Museo Interactivo Mirador
Miguel Luis Lagos · CCHC
Directorio de Acción de Empresas
Lorenzo Constans · CCHC
Instancias Internacionales
Business & Industry
Advisory Council · BIAC
Alberto Salas · Director
Fernando Alvear · Coordinador
Organización Internacional de Empleadores, OIE
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
Organización Internacional del Trabajo, OIT
Grupo “Declaración de Guadalajara”
Consejo de Empresarios Iberoamericanos
Comité Ejecutivo
ANTONIO WALKER
PRESIDENTE SNA
RICARDO MEWES
PRESIDENTE CPC
JOSÉ PAKOMINO
PRESIDENTE CNC
SUSANA JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTA CPC
JORGE RIESCO
PRESIDENTE SONAMI
RICHARD VON APPEN
PRESIDENTE SOFOFA hasta mayo 2023
JUAN ARMANDO VICUÑA
PRESIDENTE CCHC hasta agosto 2024
JOSÉ MANUEL MENA
PRESIDENTE ABIF
ROSARIO NAVARRO
PRESIDENTA SOFOFA desde mayo 2023
ALFREDO ECHAVARRÍA
PRESIDENTE CCHC desde septiembre 2024
Equipo de Trabajo
FERNANDO ALVEAR
Gerente General
Abogado Universidad Católica de Chile
CAROLINA AGÜERO
Gerente Corporativa Estrategia y Comunicaciones
Periodista Licenciada en Comunicación Social, Pontificia Universidad Católica de Chile
Master en Gestión de la Comunicación Estratégica, Universidad de Los Andes
PABLO BOBIC
Gerente Legal
Abogado Licenciado en Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela
Magister en Derecho de la Empresa,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Magister en Comunicación Estratégica, Universidad Adolfo Ibáñez
JAVIER IRARRÁZAVAL
Director de Políticas Públicas
Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Master en Economía Política, London School of Economics
RODRIGO HONORATO
Director ALIANZA CPC · INACAP
Arquitecto Universidad Finis Terrae
MBA ESE Business School Universidad de Los Andes
JORGE LIRA
Subdirector de Políticas Públicas
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Master en Análisis Económico, Universidad de Chile
Master in Business Administration, EAE Business School Barcelona
MARÍA PAZ YUGO
Coordinadora Ejecutiva Cientista Político, Universidad Alberto Hurtado
Diplomada en Comunicación y Políticas Públicas de la Universidad de Chile
Master en Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo
FERNANDO SALINAS
Contador
LUIS ALEXIS CAMPOS
Administrador Plataforma Informática
WILFREDO BALBOA
Asistente
ESTEBAN CANALES
Asistente
ANDRÉS VILLALOBOS
Asistente
MARISOL FUENTES
Asistente
Ex Presidentes de la CPC
Camilo Carrasco B.
Jaime Larraín G.
Máximo Valdés F.
Jorge Alessandri R.
Domingo Arteaga I.
Recaredo Ossa U.
Sergio Silva B.
Jorge Fontaine A.
Manuel Valdés V.
Domingo Arteaga G.
Jorge Fontaine A.
Manuel Feliú J.
José Antonio Guzmán M.
Walter Riesco S.
Ricardo Ariztía D.
Juan Claro G.
Hernán Somerville S.
Alfredo Ovalle R.
Rafael Guilisasti G.
Lorenzo Constans G.
Andrés Santa Cruz L.
Alberto Salas M.
Alfredo Moreno C.
Alfonso Swett O.
Juan Sutil S.
Elección de y Vicepresidenta
ENADE 2023
ENADE 2023
ENADE 2023
CUMBRE AGRÍCOLA DEL SUR
PRESIDENTE DE LA CPC RECIBE RECONOCIMIENTO DE CAJAS DE CHILE, POR SU DESTACADA LABOR EN LA PRESIDENCIA DE LA CPC
SEMINARIO ESE TELETÓN
SEMINARIO ESE TELETÓN
SEMINARIO ESE TELETÓN
CRCPV ENTREGA MEDALLA AL MÉRITO GREMIAL A SUSANA JIMÉNEZ
ENELA 2024
SEMINARIO ESE TELETÓN
ENELA 2024
AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC
AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC
AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC
AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC
LA ARMADA DE CHILE
CPC RINDE HOMENAJE A LA ARMADA DE CHILE
CPC RINDE HOMENAJE A LA ARMADA DE CHILE
REUNIÓN CON FORO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA FOCCO
CPC RINDE HOMENAJE A
CENA SONAMI
CENA SONAMI COMITÉ EJECUTIVO MAYO 2023
MENSAJE DEL PRESIDENTE
Grandes desafíos en materia social, económica y política han marcado el devenir de nuestro país en el último tiempo. Los años 2023 y 2024 en que me correspondió el honor y la responsabilidad de liderar la Confederación de la Producción y del Comercio, nos vimos enfrentados a un complejo escenario, marcado por las dificultades para retomar un crecimiento que responda a las demandas sociales crecientes en el tiempo, con las finanzas públicas bajo estrés, un sistema político fragmentado, un ambiente polarizado y una crisis de seguridad inédita para nuestros ciudadanos.
Durante este período y fieles a nuestro rol gremial, la CPC y todas las ramas mantuvimos una intensa agenda de trabajo, con el propósito de incidir en el diseño de buenas políticas públicas, con un enfoque colaborativo y propositivo, tendiendo puentes y generando confianzas, por el bien de Chile.
Así, trabajamos en varios temas país, buscando soluciones que respondieran a las principales preocupaciones y necesidades de los chilenos. Junto con asumir en diciembre de 2022, señalé que uno de los ejes en que nos debemos enfocar es la seguridad,
porque sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay creación de empleos. Condenamos con fuerza la violencia, la delincuencia, el narcotráfico y llamamos a poner todos los esfuerzos públicos y privados para volver a ser un país donde vivamos y trabajemos sin miedo. Garantizar la seguridad a todos los habitantes es el primer deber del Estado, pero hoy está al debe. Necesitamos leyes más eficientes, una coordinación policial más inteligente y una justicia más ágil y oportuna. Varias de nuestras ramas (SOFOFA y CNC, principalmente) construyeron contundentes propuestas para enfrentar lo que ha sido la primera preocupación de la ciudadanía los últimos años. Asimismo, en enero de 2023, visitamos la región de La Araucanía y nos pusimos a su disposición para trabajar en conjunto en soluciones efectivas que le permitan recuperar la paz, la seguridad y la dignidad a todos sus habitantes.
Otra materia muy importante en que nos enfocamos en este período se refiere a la necesidad de retomar el crecimiento alto y sostenido. El año 2023 estuvo marcado por la alta incertidumbre a causa del proceso constitucional y la seguidilla de reformas propuestas por el poder ejecutivo o legislativo, hechas sin una
debida mirada sistémica sobre sus implicancias para la inversión, la creación de nuevos empleos y el crecimiento. Todo ello repercutió en una creciente polarización política y la caída de indicadores económicos que afectan directamente la calidad de vida de los chilenos y chilenas. De hecho, Chile cerró el año pasado con un crecimiento decepcionante de solo 0,2%.
A pesar de que el año 2024 se inició con cifras algo más positivas, los indicadores de actividad siguen débiles. Las proyecciones del Banco Central dicen que este año vamos a crecer entre un 2,25% y un 2,75%; y que el crecimiento tendencial será de solo 1,8% los próximos diez años. Son cifras que no nos dejan para nada satisfechos. Y para recuperar el crecimiento de largo plazo, un requisito básico es aumentar los niveles de inversión, que hoy se encuentra prácticamente estancada. Para ello, se requiere de condiciones básicas, como son la seguridad, la competitividad tributaria y la certeza jurídica, que implica reglas claras y agilización de permisos, temas en los que hoy estamos en deuda.
Pero recuperar el crecimiento no es una opción, es un deber que no podemos soslayar habiendo tantos chilenos con necesidades no resueltas. Desde la CPC, por tanto, hemos procurado estos años seguir aportando con nuestra mirada y experiencia, porque no nos da lo mismo Chile.
En esta línea, presentamos en enero de 2024 la “Agenda pro crecimiento y de convergencia tributaria”, que tiene como principal objetivo generar el impulso que nuestra economía necesita con urgencia para crear
más empleos, aumentar las remuneraciones y mejorar la calidad de vida de las familias chilenas. Tenemos la convicción que un alza tributaria no es necesaria ni deseable y proponemos, en cambio, reducir el impuesto corporativo en línea con la OCDE, junto con avanzar hacia una convergencia tributaria que elimine la actual discriminación entre inversionistas extranjeros y nacionales, de manera de aumentar la competitividad de nuestro país.
También hemos estado participando activamente en la discusión de las reformas que se necesitan para llegar al desarrollo, como son una buena reforma previsional que realmente garantice mejores pensiones, una adecuada reforma al sistema de permisos ambientales y sectoriales que efectivamente facilite las inversiones, una agenda laboral que sea pro empleo, pro productividad y pro formalidad.
Cabe recordar que el crecimiento económico es la principal fuente de recaudación fiscal, pues al permitir más inversión, nuevos empleos formales, mejores remuneraciones y más utilidades, el Fisco recibe más impuestos por parte de los contribuyentes. Así, por cada punto adicional de crecimiento económico, el Estado obtiene 800 millones de dólares, lo que sitúa al crecimiento como la principal fuente para financiar las demandas sociales.
Por otra parte, debiéramos hacer crecer la base imponible, y en esto es clave reducir la informalidad, que a nivel laboral supera el 27%, mermando considerablemente la recaudación fiscal y afectando la productividad, el crecimiento, las pensiones y, en muchos casos, la seguridad de la ciudadanía. También en esta materia quisimos realizar
nuestro aporte como CPC y, junto a la Asociación de AFP y ASECH, conformamos la Mesa de Formalidad Laboral y presentamos al país un conjunto de 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en los chilenos, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral.
En otro ámbito, durante estos dos años en la presidencia de la CPC, nos propusimos junto a la vicepresidenta, Susana Jiménez, recorrer el país, acercándonos a las regiones. Tenemos la convicción del enorme aporte que realizan las regiones al desarrollo nacional y, por lo mismo, estamos conscientes de la importancia de ponerle la mayor atención al desafío de la descentralización. Por eso, en abril de 2023, lanzamos Gremios por Chile, con el propósito de estrechar los lazos y dar mayor visibilidad a la relación con las regiones formando una potente red de gremios con los que estamos levantando visiones y propuestas compartidas, aumentando así la incidencia del mundo empresarial.
Las oportunidades sobran en todos los lugares de Chile. Basta ver el mercado que se abre en el mundo de la mano de la transición energética y la transformación digital para la producción local de cobre e hidrógeno verde, la extracción de litio y tierras raras, la instalación de data centers, etc. Y junto con ello, se presentan grandes desafíos de capital humano, de la mano de la transformación digital y la inteligencia artificial, que están cambiando rápidamente la manera como nos relacionamos. Conscientes de este desafío, este año formamos una mesa de expertos y empresarios que propuso 22 medidas para enfrentar estos desafíos con foco en la productividad, la formación y la colaboración.
Juntos en los grandes
desafíos
Como CPC sabemos lo mucho que las empresas y los gremios podemos aportar a Chile. Somos agentes de cambio y actores protagónicos a la hora de encontrar soluciones que la sociedad demanda, impulsando transformaciones que generan progreso a las personas y desarrollo al país. Para ello, hemos trabajado coordinadamente con los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los innovadores, las empresas B, fortaleciendo así la voz y la acción del ecosistema empresarial.
Y justamente porque nos mueve el colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de las personas, hoy estamos todos embarcados en una nueva iniciativa que se llama Empresas por Chile, un proyecto colectivo de todo el mundo empresarial que busca sumar a miles de empresas de distintos tipos y tamaños para abordar algunos de los principales desafíos que tenemos como país y que afectan a millones de chilenas y chilenos.
En este proceso, es indispensable fortalecer la confianza en las personas, en nuestras instituciones y en los líderes. La confianza es la base de la colaboración, que implica trabajar en conjunto, participar de un proyecto común, apoyarnos unos a otros. Y todo esto requiere de personas dispuestas a dialogar, a escucharse y a priorizar el bien común por sobre los intereses particulares. Para ello, todos debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Nuestro desafío como empresarios es seguir haciéndonos cargo, comenzando por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación.
Como presidente de la CPC, para mí fue un honor tomar esta posta junto a la vicepresidenta Susana Jiménez, siguiendo el camino liderado por mis antecesores para representar al mundo empresarial y hacer oír nuestra voz en tiempos en que algunos han querido desvirtuar el aporte esencial de la actividad privada. Nuestro estilo ha sido el de un diálogo respetuoso y constructivo, donde siempre ha primado la disposición a escuchar y argumentar con evidencia, buscando lo mejor para Chile.
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo serio y comprometido del equipo humano que me acompañó durante estos dos años. Un profundo agradecimiento a Susana Jiménez, con quien formamos una dupla que nos supimos complementar y apoyar en todo momento, potenciando la fuerza e incidencia de la acción gremial. Ello también fue posible gracias al compromiso y apoyo de los líderes de las seis ramas que conformaron el Comité Ejecutivo de la CPC durante 2023 y 2024: el presidente de la SNA, Antonio Walker; el presidente de la CNC, José Pakomio; el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco; los presidentes de la SOFOFA, Richard Von Appen y Rosario Navarro; los presidentes de la CCHC, Juan Armando Vicuña y Alfredo Echavarría; y el presidente de la ABIF, José Manuel Mena. A través de ellos hago extensivo mi agradecimiento a todos los empresarios, trabajadores y colaboradores de cada uno de los gremios socios de la CPC, que confiaron y cooperaron con nuestro trabajo, haciendo posible contribuir a la búsqueda de lo mejor para Chile.
Un muy especial reconocimiento a Fernando Alvear, Gerente General de la CPC, quien luego de 14 exitosos años en el cargo, ha decidido emprender nuevos desafíos. Para la Confederación de la Producción y del Comercio ha sido un honor y un privilegio contar con una persona tan extraordinaria, cuyas virtudes humanas, trabajo de excelencia y generosa entrega, lo transformaron en un pilar del quehacer empresarial, reconocido transversalmente por todos quienes lo conocen. Mi profundo afecto y gratitud a Fernando Alvear.
Termino estas palabras invitando a los empresarios pequeños, grandes y medianos, de todas las regiones de Chile, de cada uno de los sectores productivos y de servicios, a los innovadores y emprendedores, a enfrentar juntos las oportunidades que se nos presentan. Porque cuando un país vive desafíos tan importantes como los nuestros, sabemos que ningún avance ni resultado es posible si no los enfrentamos unidos, colaborando todos en torno a un mismo fin. Solo en unidad podremos diseñar buenas políticas públicas y solo con confianza podremos alcanzar acuerdos que impacten positivamente sobre todo a quienes más necesitan apoyo. Los chilenos no pueden ni deben seguir esperando. Volvamos a poner el sueño del desarrollo como una meta posible y trabajemos juntos por ella.
Presidente de la CPC
PANORAMA ECONÓMICO
2022 · 2024
Los años 2023-2024 marcaron la salida de la gran disrupción económica que se produjo como consecuencia de la pandemia asociada al Covid 19.
La recuperación del comercio global, la lucha contra la inflación generada por los estímulos fiscales y monetarios durante la crisis sanitaria, en un contexto de tensiones geopolíticas y alta volatilidad e incertidumbre, serán la marca de estos años pospandemia. Los esfuerzos coordinados que realizaron los países desarrollados por corregir progresivamente los enormes desbalances macroeconómicos, dan muestra de una mayor resiliencia de la economía internacional de lo que pudiera haberse anticipado durante la crisis sanitaria.
1
CONTEXTO INTERNACIONAL
La invasión rusa a Ucrania, en particular, impactó el mercado energético global, llevando los precios del gas y petróleo a niveles altos en términos históricos, y además, tuvo efectos significativos en los precios de cereales, como el trigo, dada la importancia de Ucrania como exportador. Las tensiones adicionales que se han sumado producto del conflicto en Medio Oriente han mantenido presión sobre los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.
Los estímulos económicos postpandemia, junto con los aumentos en los precios de alimentos y energía debido al conflicto en Ucrania, llevaron a tasas de inflación históricamente altas en muchos países. Los bancos centrales, como la FED y el Banco Central Europeo, respondieron con agresivos aumentos en las tasas de interés de referencia para contener una inflación que podía volverse persistente.
En los últimos meses de 2024, se han ajustado los precios de los commodities, en algunos casos alejándose de sus máximos históricos, aunque aún se mantienen en niveles elevados. Los ajustes monetarios también tuvieron efectos sobre la actividad global, sobre todo en las economías avanzadas, que en 2023 resintieron los efectos de las restricciones monetarias.
PRECIO DE LOS
(Índice 2014 · 2016 = 100, valores reales)
Fuente: FAO
ALIMENTOS
Economías Emergentes
Pese a los efectos que produjo en las economías emergentes la disrupción en las cadenas logísticas producto de la pandemia, el alza de los precios y las posteriores políticas de ajuste, en la mayoría de los casos la salida de la crisis ha sido rápida, aunque con tasas de crecimiento por debajo de los registros previos a 2019.
América Latina logró sacudirse en 2021 (+7,4%) la fuerte caída que tuvo en plena pandemia en 2020 (-6,9%), aunque en los últimos años su crecimiento fue desacelerándose y para el bienio 2023-24 alcanzó una expansión promedio de solo 2,1%. En Europa han logrado reponer sus niveles de crecimiento prepandemia y en los últimos dos años anotaron un crecimiento algo por sobre el 3%, muy similar al desempeño prepandemia. La zona que más ha reducido sus niveles de crecimiento es Asia emergente, que pese a crecer en 2023-24 en torno a 5,5%, estos niveles de expansión están por debajo de su desempeño previo al 2019, en especial por la desaceleración de China que crece a un promedio del 5%, en contraste con el sólido 6,5% previo a la crisis sanitaria.
Las tensiones geopolíticas y los problemas pospandemia han incentivado a las empresas a diversificar y regionalizar sus cadenas de valor. Se observa un énfasis en nearshoring y friendshoring, es decir, el comercio con foco en países cercanos o aliados. Esta fragmentación del comercio puede seguir profundizándose y podría tener implicancias significativas para zonas más rezagadas y lejos de los grandes centros de consumo como América Latina.
SITUACIÓN DE CHILE
2022 · 2024
PIB
La salida de la crisis social y luego sanitaria no fue tarea sencilla para Chile. Las presiones en el nivel de precios llevaron a la inflación a escalar hasta el 14,1% anual en agosto de 2022 como resultado de la enorme inyección de liquidez asociada a los retiros de los fondos de pensiones y las transferencias fiscales. Para revertir estos desbalances, fue necesario una rápida reacción de la política monetaria, elevando la tasa de política monetaria hasta 11,25% a comienzos de 2023.
Desde la política fiscal, también se hicieron esfuerzos por corregir el enorme déficit que produjo la crisis sanitaria, y en 2022, el gasto público se contrajo 23% en términos reales, revirtiendo en parte los incrementos de los años previos.
El necesario ajuste monetario y fiscal tuvo efectos visibles en los niveles de actividad de 2022 y 2023. El PIB se expandió 2,1% en 2022 y un débil 0,2% en 2023, este último arrastrado por una fuerte y esperada caída en el consumo privado (-5,2%) y en la formación bruta de capital fijo (-1,1%).
Más allá de las razones puntuales que explican los movimientos año a año, la economía chilena completó en 2024 una década creciendo a tasas en torno al 2%. El punto de inflexión de 2014 -luego de cambios estructurales en materia tributaria, laboral y en el sistema político- mantiene a la economía chilena con un crecimiento paupérrimo, el que además ha respondido a una creciente rigidez regulatoria, incerteza jurídica y excesiva burocracia y discrecionalidad en materia de permisos, y costos al alza. La inseguridad es otro factor que ha generado desincentivos a la inversión.
Es preocupante que, con las condiciones actuales, la economía chilena se aproxima a sufrir otra década prácticamente perdida en lo económico, de no introducir reformas estructurales que apuntalen el crecimiento y la generación de empleos. El Banco Central estima que el crecimiento tendencial para la próxima década (20252034) será de 1,8%.
IPC GENERAL E IPC SIN VOLÁTILES (Crecimiento real anual · %)
Banco Central de Chile.
(*) IPC sin volátiles excluye las subclases más volátiles en base a una función de pérdida que considera: volatilidad, persistencia, relación con la brecha producto, sesgo y poder predictivo. Posee 90 subclases del IPC General, y representa el 65,1% del IPC General. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Banco Central.
Barra azul clara corresponde a las estimaciones de crecimiento para 2024. Fuente:
Inversión
La inversión ha sido uno de los principales afectados por las malas políticas públicas que se han implementado en Chile en los últimos años, en particular desde 2014. La década previa a ese año, la inversión creció un vigoroso 9,7% promedio anual, con el avance de importantes proyectos en los sectores de minería y energía, entre otros.
Sin embargo, los cambios producidos en el esquema impositivo, luego de la profunda reforma tributaria de 2014, además de las mayores rigideces en el mercado
del trabajo, como resultado de regulaciones que han ido sumándose en este ámbito y encareciendo los costos laborales, entre otros factores, mantienen la inversión con una debilidad que asoma como estructural.
En el último bienio, esta fragilidad ha sido evidente. El año 2023 la formación bruta de capital fijo retrocedió 1,1% en relación al año previo y 2024 registraría otra caída adicional (1%).
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
(Crecimiento real anual · %)
Barra azul clara corresponde a las estimaciones de crecimiento para 2024. Fuente: Banco Central de Chile.
Empleo
Otro de los problemas que arrastra la economía chilena es falta de flexibilidad en el mercado laboral y el alza progresiva en los costos. Hacia fines de 2024, la tasa de desocupación se encontraba cerca del 9%, un nivel históricamente alto para Chile.
TASA DE OCUPACIÓN
(% de ocupados sobre población en edad de trabajar)
Otro indicador que refleja la debilidad en la generación de nuevos empleos es la tasa de ocupación. Previo a la pandemia se ubicaba en 58,6% y, a pesar de los puestos de trabajo creados en los últimos años, no se han podido recuperar los niveles antes de la crisis sanitaria. La tasa de ocupación se encontraba a fines de 2024 en 56,3%, por lo que se necesitaban unos 380 mil empleos adicionales para recién recuperar los niveles prepandemia.
Los altos niveles de informalidad también son preocupantes. El 27% de los trabajadores chilenos se desempeña en el mercado informal, cifra relativamente alta en el contexto internacional.
Fuente: INE
ÍNDICE MENSUAL DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS EMPRESARIOS · IMCE
(% de ocupados sobre población en edad de trabajar)
Fuente: ICARE y Universidad Adolfo Ibáñez
1 · Aporte a las Políticas Públicas AGENDA
1
DESARROLLO SOSTENIBLE
El desarrollo sostenible es un principio esencial para el crecimiento y progreso de nuestra sociedad. En la CPC entendemos que este concepto debe integrar de manera equilibrada el desarrollo económico, el bienestar social y la responsabilidad medioambiental. Nuestro compromiso es impulsar un crecimiento económico que sea dinámico, competitivo y que también responda a las expectativas de la sociedad, sin perder de vista la importancia de un uso eficiente de los recursos.
El desarrollo sostenible es uno de nuestros pilares, ya que creemos que es posible alcanzar un futuro en el que las empresas sigan siendo motores de progreso económico, a la vez que se promueven prácticas responsables y respetuosas con las personas y el entorno. Esta visión es la que orienta nuestras acciones y decisiones, buscando siempre el equilibrio entre los tres pilares del desarrollo: económico, social y ambiental.
Una de las prioridades de la CPC en este período ha sido enfrentar el creciente desafío que representa la permisología para el desarrollo de proyectos de inversión. Los plazos de aprobación han aumentado considerablemente, afectando la capacidad de materializar iniciativas clave para el crecimiento económico del país. Estamos convencidos de que es posible mejorar esta situación mediante una optimización de los procesos, sin comprometer los estándares de protección ambiental y social. El desafío no está en reducir las exigencias, sino en hacer más eficiente la forma en que se gestionan y aprueban los proyectos, de manera que el desarrollo sostenible sea un facilitador y no un obstáculo para el progreso económico de Chile.
Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Orgánica de la SMA1
El proyecto de ley, ingresado a tramitación en enero de 2024 y que se encuentra en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, busca fortalecer y mejorar la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Es positivo que el proyecto busque introducir figuras que pueden ayudar a fortalecer el cumplimiento ambiental, como son las vías alternativas de cumplimiento y el procedimiento sancionatorio simplificado, aun cuando existen aspectos que pueden ser perfectibles para un mayor aprovechamiento. Las vías alternativas de cumplimiento aplicarían para desviaciones normativas menores identificadas en un proceso sancionatorio y permitirían resolver un potencial problema ambiental, evitando infracciones y tener que iniciar un procedimiento sancionatorio. Por otra parte, el procedimiento simplificado propuesto aplicaría para el caso de sanciones leves en las que el regulado se allane a los cargos, con lo que el plazo máximo de resolución sería de 3 meses y se aplicaría un 25% de reducción en la multa.
No obstante, hay una serie de elementos que preocupan, como es la propuesta del nuevo esquema regulatorio para la responsabilidad por daño ambiental, en el que se traslada la determinación del daño ambiental desde la sede judicial a la sede administrativa y se establece la obligatoriedad de presentar planes de reparación ante daño ambiental sin dejar clara la instancia para controvertir la generación de un daño ambiental.
Por otra parte, la introducción del principio de adicionalidad en el marco de los programas de cumplimiento va en contra del espíritu correctivo del instrumento y trae aparejada una importante discrecionalidad administrativa en su aplicación. Tal como lo dice su nombre, un programa de cumplimiento tiene por objeto volver al estado de cumplimiento ambiental y no mejorar la situación ambiental, como se pretende al introducir este nuevo principio. Preocupa también la entrega de facultades excesivas a organismos subprogramados que no son expertos en la materia, en particular, que sean ministros de fe y que puedan solicitar al Tribunal Ambiental autorización para incautar objetos y documentos en una investigación.
Por último, nos parece particularmente complejo el aumento de las multas al doble en caso de existir beneficio económico2, pues, en menos del 1% de los procedimientos sancionatorios terminados en sanción, la SMA ha aplicado multas por el monto máximo permitido. Además, nunca se ha impuesto la multa máxima para una infracción gravísima.
Se comparte la necesidad de fortalecer las capacidades de la SMA. Sin embargo, una serie de elementos propuestos en el proyecto de ley implican retrocesos en las garantías del debido proceso y en las garantías del regulado, como es, por ejemplo, la reducción del estándar de fundamentación para la dictación, por parte de la SMA, de medidas urgentes y transitorias, y la eliminación de la revisión de los Tribunales Ambientales de las sanciones de clausura y revocación de RCA. Las modificaciones que se efectúen a la Ley Orgánica de la SMA en ningún caso deben ser a costa de reducir los estándares que todo procedimiento sancionador debe respetar.
Proyecto de ley Marco de Autorizaciones Sectoriales
En Chile, los proyectos de inversión deben cumplir con una serie de permisos sectoriales que regulan aspectos clave como el uso de agua, emisiones atmosféricas y ocupación de terrenos públicos. Actualmente, existen cerca de 400 permisos sectoriales otorgados por más de 35 servicios públicos y que pueden ser tramitados en paralelo o después del proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, estos permisos han enfrentado constantes retrasos en su obtención (hasta en un 800% por sobre los plazos establecidos legalmente), lo que ha generado incertidumbre y afecta la materialización de nuevas inversiones, complicando aún más el panorama en un contexto de bajos niveles de inversión y crecimiento económico del país.
En este marco, en enero de 2024 el ejecutivo presentó un proyecto de ley para simplificar y agilizar los procesos de obtención de permisos sectoriales para proyectos de inversión mediante el fortalecimiento de la plataforma SUPER para que funcione como ventanilla única para todos los permisos sectoriales; nuevos plazos máximos para los permisos según su clasificación (se crean 6 tipologías de permisos); introducción de declaraciones juradas y avisos en reemplazo de autorizaciones para ciertos permisos de baja complejidad; silencio positivo intermedio; entre otras.
Este proyecto de ley (Boletín 16.566), que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional, apunta en la dirección correcta y ha sido apoyado por la CPC y sus ramas. De acuerdo a lo señalado por la Confederación en su exposición en la Comisión de Economía del Senado en noviembre de 2024, “un proyecto de inversión para materializarse requiere ingresar al SEIA y obtener un universo de permisos (ambientales sectoriales y sectoriales). Además de los plazos, se ha aumentado considerablemente la complejidad y el costo de ingresar al SEIA y de obtener permisos sectoriales”. Por lo mismo, “es un paso importante para recuperar la inversión, el crecimiento y la capacidad de generar empleo”.
No obstante, uno de los elementos que sigue pendiente tiene que ver con la disposición que tendrá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión para convocar, al menos anualmente, a un concurso para que los proyectos puedan ser calificados como priorizados, reduciendo a la mitad sus tiempos de tramitación. Los criterios a ponderar para la priorización de los proyectos incluyen el monto de inversión, impacto en empleo y desarrollo económico, el cumplimiento de compromisos de descarbonización, entre otros. La CPC critica que los criterios son demasiado amplios y poco claros, lo que afecta la previsibilidad al priorizar diversos tipos de proyectos sin una ponderación adecuada. Además, es cuestionable el cómo se garantizará el cumplimiento de los plazos reducidos, pues priorizar algunos proyectos podría retrasar otros no priorizados, lo que debería evitarse a menos que se cumplan los plazos legales para todos los proyectos.
Creemos que este es un proyecto necesario y ayudará a dinamizar los procesos de inversión en Chile, sin embargo, reconocemos que representa una solución transitoria y limitada para impulsar los niveles de inversión y posicionar a Chile como una opción competitiva para el desarrollo de proyectos.
SEMINARIO CEPAL SOBRE ROL DEL SECTOR PRIVADO Y VISIÓN DE LAS POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE AMÉRICA LATINA
INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD WEF
REUNIÓN CON MINISTRO DE VIVIENDA CARLOS MONTES
Proyecto de Ley de Reforma a la Ley 19.300
El proyecto de ley para reformar la Ley N°19.300 (Boletín 16.552-12), en primer trámite legislativo en el Senado, fue presentado por el Gobierno en enero de 2024 con el objetivo de fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, aumentar la participación ciudadana, entregar mayores certezas y disminuir los plazos. Entre las principales modificaciones originalmente propuestas, se encontraban eliminar las Comisiones de Evaluación
Ambiental (COEVA) y el Comité de Ministros, ampliar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA) al eliminar el requisito de carga ambiental, extender el plazo del término anticipado, establecer legalmente el proceso de participación ciudadana temprana e introducir el concepto de la carga dinámica de la prueba en los procesos de determinación de responsabilidad por daño ambientales.
En su tramitación legislativa, el proyecto ha recibido indicaciones que apuntan en la dirección correcta, como por ejemplo, la eliminación de la extensión del plazo del término anticipado, la pretensión de eliminar los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) mixtos y la propuesta de un Servicio de Evaluación Ambiental colegiado que se haga cargo de la evaluación y reclamación. No obstante, la evaluación general de este proyecto de ley es que no logra satisfacer su objetivo de entregar mayores certezas y de reducir los plazos de evaluación, pues las medidas que apuntan a reducir plazos aplican solo en la etapa de reclamación y apuntan a una proporción muy menor de los proyectos sometidos a evaluación ambiental.
Proyectos de Ley de Contaminación Odorífica y de Olor como Agente Contaminante
En relación a los olores, en los últimos años se han tramitado dos proyectos de ley como moción parlamentaria, con distintos grados de avance: el proyecto de olor como agente contaminante (boletín 10268-12) y el de contaminación odorífica (boletines 15.326-12 y 15-749-12 refundidos).
El primero ingresó a tramitación en 2015 y está en segundo trámite constitucional en la Comisión Hacienda del Senado; el segundo ingresó en 2022 y también está en segundo trámite constitucional, pero en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Ambos proyectos han llamado la atención de diversos sectores productivos, que fueron coordinados por la CPC para monitorear su avance, pues presentan una serie de problemáticas para el desarrollo de las industrias alimenticias, pesqueras y forestales, entre otras.
Ambos proyectos comparten algunos problemas, siendo el principal el establecimiento de nuevas facultades para las Municipalidades, quienes podrán dictar ordenanzas para regular olores molestos, sin mayor presupuesto para ello y sujeto a una eventual multiplicidad de ordenanzas municipales que se pudieren dictar en temas odoríferos y sus efectos en incerteza y dispersión jurídica.
Además, el proyecto de contaminación odorífica contempla otros dos temas complejos. En primer lugar, que la contaminación por olor se defina a través de una Norma Primaria de Calidad Ambiental, lo que es particularmente complejo debido a la inexistencia de tecnologías y equipos de medición de olores superpuestos, que permitan determinar in situ la concentración de olores en el aire ambiente. Esta dificultad técnica, sumada al problema de la identificación de responsabilidades en las eventuales sinergias odoríficas, impediría poder determinar con exactitud y precisión en cualquier instante del año, la superación o no en el ambiente de los límites impuestos. En segundo lugar, la consideración de la contaminación odorífera -vía reglamento- para efectos de evaluar el riesgo en la salud de las personas y los efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables de un determinado proyecto, lo que eventualmente haría que muchos más proyectos ingresen vía Estudio de Impacto Ambiental al SEIA.
Proyecto de Ley de Lavado Verde de Imagen o Greenwashing
En mayo de 2022, ingresó a tramitación vía moción parlamentaria el proyecto de ley de greenwashing (Boletín 15.044-12), pasó a segundo trámite constitucional en enero 2024 y desde entonces está radicado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Dicha comisión está abocada principalmente al boletín 16.552-12, mencionado más arriba, por lo que no ha tenido mayor avance.
El proyecto pretende definir y prevenir el problema del ecolavado de imagen. Sin embargo, para ello propone una serie de disposiciones imprecisas o excesivas. Las principales se describen a continuación.
En primer lugar, no quedan claras las obligaciones para las empresas, puesto que el proyecto define conceptos como “publicidad de la sustentabilidad” de manera poco precisa, y establece obligaciones, como mantener actualizado el sitio web de la empresa en cuanto a sus prácticas ambientales, sin mayores lineamientos al respecto.
En segundo lugar, las sanciones son excesivas. Por un lado, las multas propuestas van desde las 4.500 hasta 9.000 Unidades Tributarias Mensuales, siendo que en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, las multas son de hasta 1.500 UTM. Por otro lado, se prohíbe -por hasta 5 años- a las empresas el hacer publicidad de la sustentabilidad en caso de haber sido condenada por daño ambiental o sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente con infracciones graves o gravísimas, lo que rompe con el principio non bis in idem, pues la multa de la infracción por parte de la SMA es un castigo suficiente.
En tercer lugar, el proyecto obliga a la empresa a abstenerse de emitir afirmaciones públicas sobre información sustentable relativas a proyectos que se encuentren en evaluación ambiental. Pero ello es contrario al Acuerdo de Escazú en cuanto al acceso a la participación ciudadana, pues es imposible tener participación sin información por parte de la ciudadanía.
Por último, la Corte Suprema emitió un informe en febrero de 2023 en el que critica que la problemática del greenwashing ya estaría contemplada en la figura de publicidad engañosa de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, y que en cualquier caso, la propuesta adolece de no distinguir procesalmente respecto del interés que se buscaría proteger, sea individual, colectivo, difuso o general, y que el estándar probatorio que se requiere no es propio de los Juzgados de Policía Local -donde se radicaría el conocimiento de las infracciones a la ley- sino de tribunales superiores o más especializados.
GREENWASHING
Modificación al Reglamento del SEIA
El Decreto Supremo N°30 de 2023 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en febrero de 2024, modifica el DS 40/2012, que Aprueba el Reglamento del SEIA, para hacerlo consistente con las obligaciones que impone la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú.
Durante la tramitación del decreto, en diciembre de 2023, la CPC solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República a propósito de la intención del Gobierno de incluir en la revisión extraordinaria de las Resoluciones de Calificación Ambiental a las Declaraciones de Impacto Ambiental, siendo que actualmente está limitada a los Estudios de Impacto Ambiental, según el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300. Dado que la ley precisa que dicha revisión será solo para los EIA, resultaría improcedente que se extiende a las DIA por vía reglamentaria. Aun así, la Contraloría tomó razón de la propuesta de reglamento y se publicó con dicho cambio.
Taxonomía Verde
En el contexto de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, de 2019, surgió la iniciativa de implementar una “taxonomía verde” en el país. Luego de establecer la Hoja de Ruta el 2021, el Ministerio de Hacienda publicó en 2023 la Estructura del Sistema de Clasificación o Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles para Chile. Durante 2024, han estado funcionando los comités revisores sectoriales de los nueve sectores económicos prioritarios para la taxonomía.
Una “taxonomía verde” es un sistema de clasificación que identifica actividades económicas que pueden considerarse “sostenibles ambientalmente”, bajo una serie de criterios estándares en base a umbrales para diversos objetivos medioambientales (mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, economía circular, bajo consumo hídrico, baja contaminación y protección de la biodiversidad). Si una actividad contribuye a uno de estos objetivos, no causa daño significativo a otro objetivo y cumple con ciertas salvaguardas mínimas sociales (principios rectores para empresas y derechos humanos), entonces sería considerada medioambientalmente sostenible.
Esta clasificación sería útil para los inversionistas, considerando que actualmente hay una serie de indicadores dispersos y poco comparables que dificultan la inversión sostenible ambientalmente. Actualmente se está implementando en la Unión Europea y en otros socios comerciales de Chile.
No obstante lo anterior, este proceso es muy ambicioso e implicará un cierto período de adaptación y mayores costos para las empresas y para el Estado.
Judicialización de proyectos de inversión
La ley N°20.600 de 2012 estableció la nueva institucionalidad de los tribunales ambientales y dispuso que éstos iniciaran sus actividades de manera diferida, proceso que se completó con el inicio de actividades del Primer Tribunal Ambiental de Valdivia en octubre de 20173. En ese contexto es que, desde el año 2018, la CPC realiza semestralmente un seguimiento de la judicialización de los proyectos de inversión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El análisis realizado considera las causas presentadas a los Tribunales Ambientales relacionadas con los numerales 5, 6 y/o 8 del artículo 17 de la Ley N°20.6004 y permite desglosar el número de proyectos judicializados y sus montos de inversión según una serie de variables como son el estado de la RCA (favorable o desfavorable) al momento de la reclamación, categoría de ingreso al SEIA (Estudio o Declaración de Impacto Ambiental), el sector económico, naturaleza de los reclamantes, entre otros.
A la fecha, se han publicado 12 informes, siendo el último el correspondiente al primer semestre de 2024. En dicho informe se destaca que la mayoría de los proyectos judicializados en el SEIA corresponden a proyectos con RCA aprobada, especialmente en los sectores minero y energético. El tiempo promedio de tramitación de las causas es de 415 días, extendiéndose a 388 adicionales si se recurre a la Corte Suprema. Un 64% de las sentencias ratifican la resolución administrativa, y el volumen de causas ingresadas ha crecido de 7,3 por semestre el 2019 a 16,8 por semestre el 2024. A la fecha de dicho informe 39 causas se encontraban a la espera de una sentencia, representando más de US$9.000 millones en inversión.
Proyecto que crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo
En mayo de 2024, el Gobierno ingresó a tramitación legislativa el proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo - Afide (Boletín 16.889-05). El proyecto pretende separar la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, y transformarlo en una nueva agencia que solucione algunos problemas de mercado del financiamiento tradicional para aquellos proyectos particularmente innovadores y cuyos riesgos no son fácilmente ponderables.
La creación de una agencia financiera especializada sigue recomendaciones internacionales del Banco Mundial y la OCDE, y ofrece mayor transparencia y control en los instrumentos financieros que hoy maneja Corfo y en los nuevos que se contemplan en el proyecto. Además, el Gobierno corporativo de la Afide es más especializado e independiente que el de Corfo, lo que daría más confianza al mercado dada la sensibilidad financiera de la agencia. Asimismo, la fiscalización de la CMF le otorgará mayor credibilidad, transparencia y control a la institución.
En relación a las actividades de la Afide, la CPC estima que las mayores garantías financieras, los créditos de segundo piso -cuando la agencia le presta a un banco que a su vez presta dinero al solicitante- y el fondo de fondos son actividades que pueden agregar valor. Adicionalmente, los servicios de asesoría de la Afide podrían tener valor agregado en cuanto a su evaluación tecnológica, asumiendo que con los años se generaría un cierto expertise. Respecto de la posibilidad de contraer préstamos y emitir deudas, es importante tener en consideración la sostenibilidad de la agencia y que hay que ser conservador en sus inicios. Por último, en relación a los créditos de primer piso -los créditos tradicionales-, no es evidente que la Afide cuente con una ventaja en su otorgamiento ni queda claro cuál es la falla de mercado que pretende abordar, pues el mercado de créditos directos normales es plenamente competitivo.
Proyecto de Ley SERNAC
Te Protege5
El proyecto de ley SERNAC (Boletín 16.271-03), ingresado en septiembre de 2023 y que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, propone otorgarle al Servicio una nueva facultad sancionatoria aplicable en los casos de reclamos individuales, además de proponer una serie de medidas generales y sectoriales que buscan fortalecer la protección del consumidor.
Respecto de la facultad sancionatoria, nos parece un enfoque incorrecto pues no es un mecanismo eficiente (tiene aparejados largos plazos y no resuelve el problema del consumidor) y no es una facultad pertinente para este Servicio (no es imparcial). Además, dada la naturaleza de esta institución, estamos convencidos de que esta nueva facultad es inconstitucional, a pesar de las medidas propuestas por el ejecutivo para sortear dicho problema como son la aplicación de las llamadas “murallas chinas” dentro de la institución y la aplicación de esta facultad exclusivamente en casos individuales.
Respecto de las demás medidas generales y sectoriales de protección al consumidor, creemos que se debiese separar y focalizar la discusión para un mejor debate. Por ejemplo, la eliminación del carácter oneroso en la definición de consumidores y la eliminación del requisito de vínculo contractual en acciones colectivas, desnaturalizan las relaciones de consumo y creemos que ampliarán los casos reclamables a un universo indeterminado. Por otra parte, los límites a los montos por gastos de cobranza nos parecen arbitrarios y podrían llegar a no ser suficientes para cubrir los gastos efectivamente incurridos por los proveedores.
A su vez, la propuesta de enfriamiento de créditos preaprobados (restricción para el retiro del dinero hasta en 24 horas posterior a la solicitud del crédito) nos parece que afecta directamente a los consumidores, además de que la gestión del riesgo de crédito ya está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y por la ley de protección del consumidor. Por último, con la extensión de la responsabilidad ante infracciones a la ley del consumidor a los intermediarios (por ejemplo, plataformas de e-commerce), se están estableciendo responsabilidades por hechos ajenos, apartándose de la tendencia internacional de establecer límites claros más que simplemente establecer una responsabilidad.
Estos son solo algunos ejemplos de los elementos que se buscan introducir con el proyecto de ley y creemos deben evaluarse con especial cuidado y, sobre todo, con la opinión de expertos en cada una de las diversas materias que se están abordando.
Mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor, y establece otras modificaciones que indica.
Conglomerados Financieros
En septiembre de 2023, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declaró admisible la recomendación hecha por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) de proponer al Gobierno la dictación de una ley que regule a los grupos empresariales en Chile. Frente a ello, la CPC decidió hacerse parte del procedimiento realizando una presentación ante el TDLC, en abril de 2024.
La postura de la CPC se resume en los siguientes puntos:
1. Chile requiere convocar a todos los emprendedores y empresarios, pequeños y grandes, chilenos y extranjeros, a que inviertan, creen empleo, innoven y, en definitiva, aporten al crecimiento del país.
2. La presentación de Conadecus va en el sentido contrario, pues ahuyenta la inversión, pone un freno a las empresas para incursionar en nuevos mercados y fomenta licitaciones públicas menos competitivas. Su objetivo es limitar el tamaño de los grupos económicos y su libertad para emprender en diversas áreas de la economía.
3. Todo empresario, por pequeño que sea, aspira a crecer, innovar, consolidarse, diversificar riesgos, explorar nuevos mercados y líneas de negocios. Ese es el origen de los conglomerados económicos, que crean empleos de calidad, oportunidades, crecimiento económico y progreso.
4. Hoy vivimos en un mundo globalizado con mercados abiertos e interconectados, donde tanto las empresas como los conglomerados se enfrentan a altos niveles de competencia. Los empresarios chilenos no solo compiten entre ellos, sino también con numerosas empresas extranjeras, cuyo tamaño las supera ampliamente, y también en algunos casos con empresas estatales, como es el caso del mercado financiero, donde participa BancoEstado. Esta competencia entre empresas o entre conglomerados beneficia a los consumidores en cuanto pueden acceder a más y mejores productos y servicios.
5. En caso de prosperar la recomendación de Conadecus, se verían limitadas las oportunidades de que las empresas crezcan, generen nuevos puestos de trabajo, compitan a nivel interno e internacional, perjudicando finalmente la calidad de vida de las personas.
6. Los supuestos riesgos que levanta Conadecus en relación al funcionamiento de los conglomerados no son tales, y en todo caso, existe abundante legislación que los regula, sin que sea necesario que el TDLC emita una recomendación normativa al respecto.
7. Además, nuestro país cuenta con organismos especializados mejor posicionados para fiscalizar y sugerir regulaciones, como la Fiscalía Nacional Económica -que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa en libre competencia-, a la que se suman la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, las superintendencias sectoriales y otra serie de entes fiscalizadores. También los propios accionistas, en particular los minoritarios, regulan el actuar de los conglomerados.
AGENDA TRIBUTARIA 2
Los impuestos financian alrededor del 80% del gasto fiscal y, por tanto, son esenciales para la entrega de prestaciones por parte del Estado. A su vez, para tener un gasto fiscal sostenible y en el contexto de mayores demandas sociales, es necesario que el sistema tributario potencie el crecimiento económico como base de una mayor recaudación fiscal. Una reforma tributaria debe siempre respetar los derechos de los contribuyentes, incluyendo la certeza jurídica, y debe tener en consideración que nuestro país compite por la atracción de capital, razón por la cual es importante que mantenga tasas competitivas a nivel internacional, acompañadas de un sistema tributario lo más simple y claro posible.
En julio de 2022, el Gobierno presentó el proyecto de ley de Reforma Tributaria: Hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social (boletín 15.170-05). Basado en el diagnóstico de que Chile tenía una amplia brecha en recaudación tributaria con los países de la OCDE (en relación al PIB), dicho proyecto de ley presentaba una serie de profundos cambios al sistema tributario chileno.
Por un lado, el proyecto modificaba el impuesto a la renta con medidas como la desintegración tributaria entre impuestos corporativos y finales, la creación de nuevos impuestos como el impuesto al patrimonio, el impuesto al diferimiento de utilidades no retiradas, el impuesto a las rentas del capital y el impuesto al desarrollo (“tasa de desarrollo”), el alza de tasas marginales para los impuestos personales y la creación de un nuevo régimen tributario para pymes.
Por otro lado, modificaba el código tributario y los derechos de los contribuyentes en materias como la calificación de la elusión, la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, la creación de la figura del denunciante anónimo y las mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en materia de tasaciones.
Por último, creaba un registro de beneficiarios finales, reformaba la Ordenanza de Aduanas, la Ley de Herencia y la Ley I+D, eliminaba o reducía exenciones en varias materias, contenía una serie de otras disposiciones que afectaban la inversión, como la limitación del uso de las pérdidas de arrastre, la rigidización del IVA exportador y el fin de algunas de las características tributarias especiales de los Fondos de Inversión.
Era un proyecto extremadamente ambicioso y refundacional en materia tributaria. La CPC y otros actores centraron sus críticas en aquellas materias que, a su juicio, afectaban los derechos de los contribuyentes y desincentivaban la inversión en el país. En marzo de 2023, el proyecto fue rechazado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Ante el rechazo, el Gobierno convocó durante abril de 2023 a una instancia de discusión llamada “Diálogos tributarios”, reuniendo a actores como la academia, funcionarios del SII, representantes de ONG, la CUT y la CPC, que participó en todas las sesiones. La discusión se centró primeramente en la supuesta brecha tributaria con la OCDE y los ajustes necesarios que la reducían importantemente, y luego, en las medidas que podían afectar la inversión y los derechos de los contribuyentes.
Como resultado de los diálogos, se terminaron desechando ideas como el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas. Además, el Gobierno decidió separar el proyecto original en al menos tres proyectos de ley distintos:
· Beneficiarios finales (boletín 16.475-05)
· Cumplimiento tributario (boletín 16.621-05)
· Reforma a la Ley de la Renta, que aún no se envía al Congreso
Proyecto de Ley que crea un Registro
Nacional de Personas
Beneficiarias Finales
Se empezó a tramitar en diciembre de 2023 y está en primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Pretende crear un Registro de Beneficiarios Finales -iniciativa que la CPC comparte y ha promovido públicamente-.
Si bien tiene varias oportunidades de mejora, lo más preocupante del proyecto es que se establece que la información del registro será pública respecto de los obligados a informar que reciban transferencias o contraten con el Estado bajo cualquier modalidad, o reciban donaciones que den origen a beneficios tributarios para el donante. A juicio de la CPC, dicha propuesta no se condice con la recomendación 24 de GAFI/ONU -documento sobre el que el PL supuestamente se inspiró-, que dice que la publicidad de la información debe ser solo para la “autoridad competente”, y no necesariamente abierto a la ciudadanía.
Proyecto de Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias
Inició su tramitación en enero de 2024 y en septiembre fue aprobado. Durante su tramitación, la CPC y otros actores sugirieron mejoras al proyecto, varias de las cuales fueron acogidas por el Ejecutivo y los parlamentarios, hecho que fue valorado por el empresariado. A modo de ejemplo, originalmente se propuso la calificación de la elusión en sede administrativa, pero finalmente se mantuvo en sede judicial, aunque con modificaciones. Así también, el levantamiento del secreto bancario se mantuvo con control judicial, pero separando entre el proceso general (con la venia del contribuyente) y uno excepcional (en que no se consulta al contribuyente).
Otras disposiciones como la figura del denunciante anónimo, cambios en el IVA exportador, cambios en la Ordenanza de Aduanas y cambios en las tasaciones y reorganizaciones empresariales, fueron moderadas para no afectar innecesariamente la inversión y la certeza jurídica. Además, se crea un Consejo Tributario que tendrá que aprobar las circulares del SII y los planes anuales de fiscalización tributaria, y se aprobaron medidas para combatir la informalidad y fortalecer el rol de la Defensoría del Contribuyente.
REUNIÓN CON MINISTERIO DE HACIENDA
Agenda Pro Crecimiento y de Convergencia Tributaria
En diciembre de 2023 el Gobierno presentó el “Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, que incluye -entre otros- los anuncios de los tres proyectos recién descritos.
Luego de analizar técnicamente esta propuesta, los gremios empresariales elaboraron un contundente informe que publicaron y entregaron al Ministro de Hacienda el 2 de enero de 2024. El documento contiene la mirada empresarial sobre los cuatro ejes de lo presentado por el Gobierno: propuesta tributaria, eficiencia del gasto público, mejor cumplimiento tributario y crecimiento económico.
En su informe, los gremios señalan que valoran que la autoridad recoja en su discurso la importancia del crecimiento y afirman que las propuestas de impulso económico van en general en la dirección correcta, aunque no son suficientes para el nivel y velocidad de reactivación que hoy se requiere.
Como alternativa a la propuesta gubernamental, los gremios empresariales presentaron una Agenda Pro Crecimiento y de Convergencia Tributaria, que permitiría a nuestro país ser competitivo en esta materia con países vecinos y de la OCDE y, de esta forma, atraer nuevas inversiones.
Chile tiene una importante brecha tributaria con la OCDE en la tasa del impuesto corporativo, un 27% versus el 23,5% promedio de esos países. Además, los inversionistas nacionales enfrentan un impuesto total al capital que alcanza un 44,45%, generando una enorme disparidad con un inversionista extranjero que, dependiendo de su domicilio tributario, paga un 35%. Así, la propuesta apunta a:
· Reducir el impuesto de primera categoría de 27% al 23% (prácticamente el promedio de la tasa de impuesto corporativo en los países OCDE).
· Avanzar en la reducción del impuesto total que paga el capital, de manera que converja desde el tope actual de 44,45% a 35%, que es la tasa que enfrentan inversionistas extranjeros en nuestro país, cifra bastante más alineada con el mundo desarrollado.
Se reconoce que su aplicación implicaba un costo fiscal relevante (alrededor de un 0,3% del PIB adicional a la propuesta del Gobierno), que sería principalmente compensado por mayor inversión y crecimiento económico, además de considerar como medida de mitigación el gravar los dividendos o retiros de utilidades, generando que todos estos pagos sean 100% crédito para efectos del máximo de 35%.
En materia de ahorro y reasignación de gasto público, de acuerdo con el informe solicitado a la OCDE, que arroja un total de solamente 0,11% a 0,13% del PIB como factible de ser ahorrado o redestinado, los gremios empresariales califican este objetivo de insuficiente y piden un mayor esfuerzo en ese sentido. En cuanto al pilar de cumplimiento tributario, los gremios relevan la importancia de reducir la informalidad y atacar con fuerza la evasión, ya que afectan fuertemente la recaudación tributaria y, con ello, los recursos fiscales para la provisión de derechos sociales y otras prestaciones del Estado. El documento
señala que la evasión se combate con medidas como la simplificación de trámites y reducción de costos de formalización, el aumento de la fiscalización, la promoción de los beneficios de la formalidad, el impulso a la educación y capacitación, la bancarización de las transacciones comerciales, y una mayor fiscalización y control.
REUNIÓN CON MINISTERIO DE HACIENDA
AGENDA PRO-CRECIMIENTO Y CONVERGENCIA TRIBUTARIA
Adicionalmente, los gremios empresariales propusieron un conjunto de 30 medidas sectoriales, que no implican grandes alzas de gasto público, son en su mayoría administrativas o de fácil despacho legal, y constituyen un incentivo a la inversión, el empleo y la productividad.
REUNIÓN CON MINISTRO DE HACIENDA
REUNIÓN CON MINISTRO DE HACIENDA
30 medidas sectoriales pro-crecimiento
1 Reducir los tiempos de tramitación de proyectos para la obtención de una RCA identificando causas de suspensión de la evaluación, aplicación gradual de guías, instructivos y criterios (sin retroactividad), generar indicadores de desempeño y de cumplimiento, ordenar las competencias del SEA, etc.
2 Limitar el alcance de materias objeto de la evaluación ambiental, robusteciendo el rol del SEA y emitiendo un instructivo de limitación de pronunciamientos de las direcciones regionales y los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
3 Incorporar mayor proporcionalidad, mesura y costo-efectividad en la evaluación ambiental ajustando los estándares de información en función de la envergadura y monto de inversión del proyecto.
4 Agilizar la elaboración de líneas base, particularmente en la obtención de permisos asociados al levantamiento de información.
5 Asegurar un mejor proceso de elaboración de los Informes Consolidados de Evaluación para evitar interpretaciones.
6 Evitar contradicciones entre direcciones nacionales y regionales en reclamaciones administrativas en el SEIA vía instructivo.
7 Implementar recomendaciones de consultores ambientales.
8 Incorporar el concepto de flexibilidad en la interpretación de la vida útil de los proyectos.
9 Evitar iteraciones innecesarias que extienden plazos de evaluación, anticipando preocupaciones, contratando profesionales externos para reducir stock de permisos pendientes, establecer criterios de evaluación unificados, etc.
10 Ampliar la definición de empresa mediana a 1.000.000 UF de venta anual efectiva para construir un nuevo destinatario de políticas públicas de fomento productivo.
11 Establecer un fondo de financiamiento tripartito para las pymes y eximir del impuesto a la renta a las ganancias por intereses y venta de los derechos en el fondo por parte del inversionista.
12 Activar concesiones y obras públicas mediante acuerdos complementarios y otras medidas.
13 Reducir la informalidad financiera, considerando, entre otros, revisar la metodología de la Tasa Máxima Convencional.
14 Facilitar la evaluación de proyectos que aumenten la disponibilidad de agua, ampliando el límite de 50.000 m3 para que los embalses para riego y agua potable no requieran pasar por el SEIA.
15 Incluir proyectos vinculados a la transición energética como necesidades públicas impostergables, para que así reduzcan su tiempo de tramitación.
30 medidas sectoriales pro-crecimiento
16 Fomentar las exportaciones y la imagen país, además de impulsar la atracción de turistas extranjeros.
17 Fortalecer el ingreso reglado de inmigración extranjera y ampliar el porcentaje máximo de extranjeros que pueden trabajar en una empresa.
18 Redefinir la pequeña minería en el SEIA, homogeneizando el umbral de ingreso al SEIA con definición utilizada en ley de Royalty.
19 Incentivar la exploración para la pequeña minería, particularmente en su fase de mayor riesgo, que es la exploración.
20 Crear fondos para el fomento de la pequeña minería adecuada al universo actual de actores en el rubro.
21 Mejorar el uso de propiedad minera de ENAMI vía opciones de compra, arriendos y joint ventures.
22 Simplificar procedimientos para proyectos mineros que extienden su vida útil, evitando o simplificando el reingreso al sistema de evaluación ambiental.
23 Destrabar pagos a empresas contratistas a través de la constitución de mesas de trabajo público privadas sectoriales y regionales.
24 Prorrogar la vigencia de permisos de edificación que vencerán en 2024.
25 Agilizar el procedimiento de recepción definitiva ante la DOM, permitiendo llevar adelante procesos en paralelo.
26 Incentivar el Registro Voluntario de Contratos Agrícolas.
27 Acortar los tiempos para la acreditación y pago de los proyectos de riego.
28 Establecer como criterio para compensaciones ambientales, soluciones técnicamente idóneas, en ciclos productivos distintos, y considerando el equilibrio económico del proyecto.
29 Mantener para las concesiones de acuicultura existentes en áreas protegidas las actuales condiciones de operación y tramitación, en tanto no se verifique la implementación total y definitiva de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
30 Resolver administrativamente aspectos que pueden impulsar un crecimiento sostenible de la industria de la salmonicultura.
Proyecto de ley de impuesto a la renta
Aún no empieza su tramitación, pero ya en febrero y marzo de 2024 el Gobierno esbozó los lineamientos de la iniciativa. Las principales medidas serían la creación de una tasa de desarrollo de 1% (que podría ser descontada bajo ciertas causales), la limitación de exenciones, el alza del impuesto a las ganancias de capital (de 10% a 22%), el alza de impuestos personales para los tramos superiores de ingresos, beneficios para la clase media en cuidado, arriendo y educación, un nuevo régimen tributario para pymes y un nuevo régimen tributario general.
Esta última medida, es particularmente compleja porque cambia radicalmente la tributación para todos los grandes contribuyentes, tanto personas jurídicas como naturales. Por un lado, se reduciría la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC) de 27% a 25%, lo que es positivo para la inversión, pero por otro lado, se insistiría en la desintegración del sistema (los impuestos corporativos no servirían como crédito contra los impuestos personales finales), con el consecuente quiebre de la equidad horizontal, pues las rentas del capital pagarían tasas muchísimo más altas que las rentas del trabajo, sobre todo para los tramos inferiores (40% versus 0%). Lo anterior se complica aún más con la propuesta de la creación de un nuevo impuesto a los dividendos y de un impuesto a las rentas del capital.
REFORMA DE PENSIONES 3
El año 2008 hubo una importante reforma al sistema de pensiones, que creó el Pilar Solidario, que en 2022 se consolidó con la Pensión Garantizada Universal (PGU) y que ha ayudado fuertemente a subir las pensiones de las personas más vulnerables. No obstante, hace años que está pendiente una reforma más integral y que aumente el pilar individual, considerando las menores rentabilidades de las inversiones, la mayor esperanza de vida y las “lagunas” previsionales de muchos cotizantes. Para la CPC, el objetivo de un sistema de pensiones debe ser superar pobreza en la vejez, apuntar a mantener el nivel de ingresos que el cotizante tenía antes de pensionarse, y avanzar en equidad entre hombres y mujeres; además, se debe promover la libertad de elección y más competencia en los administradores de los fondos de pensión.
En noviembre de 2022, el Gobierno presentó el proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, y mejora la Pensión Garantizada Universal (boletín 15480-13). El proyecto pretende crear un sistema de pensiones mixto, en el sentido de agregar un cuarto pilar colectivo (además del pilar obligatorio personal, el pilar voluntario y el pilar público -Pensión Garantizada Universal-). Este pilar implicaría que parte de las cotizaciones personales (los seis puntos de cotización adicionales que considera el proyecto) se destine a un fondo común que financie un aumento de las pensiones de los jubilados, de manera similar a un sistema de reparto.
Hay dos grandes críticas para esta propuesta: en primer lugar, el diagnóstico del Gobierno -bajas pensiones y bajas tasas de reemplazo- debiera actualizarse por el efecto de la PGU. Durante 2023, tanto el Gobierno como la Universidad Católica publicaron estudios al respecto, dando cuenta que las tasas de reemplazo de los quintiles
de menores ingresos superan en forma importante las tasas de reemplazo de los quintiles más ricos. Así, a esos quintiles les convendría más puntos de cotización adicionales que un pilar colectivo. La postura del Gobierno ante este análisis es que su prioridad es subir las pensiones de los actuales jubilados.
Ello conduce a la segunda crítica, sobre la sostenibilidad de los sistemas de reparto. Las pensiones actuales han subido importantemente con la PGU, tanto en monto como en cobertura; subirlas más con el ahorro de los cotizantes actuales y futuros, dado el envejecimiento de la población, disminuiría las pensiones de las nuevas generaciones, y esa transferencia intergeneracional es considerada injusta y poco sostenible desde el punto de vista financiero.
En enero de 2024, el proyecto de ley pasó a segundo trámite y desde entonces ha estado radicado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. En su paso al Senado se rechazaron varios aspectos cruciales, como el 6% adicional de cotización, la garantía por años cotizados y parte de la nueva institucionalidad propuesta.
En agosto de 2024 se firmó un protocolo de acuerdo sobre la tramitación del proyecto entre los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno, acordando algunos temas mínimos que debieran ser tratados en una eventual reforma, y comprometiéndose a despachar el proyecto a sala en diciembre de 2024, concluyendo el segundo trámite en enero 2025.
A continuación, se señalan los acuerdos mínimos del protocolo, junto a un breve análisis de cada uno:
Desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro: Las medidas que buscan aumentar la tasa de cotización y prolongar la vida laboral activa son muy positivas. El aumento del tope imponible es una medida que parece innecesaria, pues encarece el mercado laboral sin hacerse cargo de un problema latente, considerando que los ocupados que enfrentan el tope imponible tienen en general otros mecanismos de ahorro.
Establecer parámetros objetivos para la determinación de la PGU: Es importante anclar la PGU para evitar alzas insostenibles en el futuro.
Modificar elementos de la organización industrial: La separación de la industria y la licitación del stock de afiliados no son medidas que garanticen economías de escala y ahorros del sistema. Además, suponen importantes riesgos. Por una parte, la licitación de stock de afiliados tiene el riesgo de afectar rentabilidades al requerir la inversión en activos más líquidos. La Comisión Técnica -formada por asesores de los senadores de la Comisión de Trabajo- solo la recomendó condicionada a un límite de participación de mercado, y sin acordar la conveniencia de la participación de un actor estatal en esta materia. Por lo demás, la licitación de stock adolece de varios otros problemas como la complejidad operativa de su aplicación, el riesgo de concentración del mercado en pocos actores, el empeoramiento de la rentabilidad de los fondos (por el foco en el precio), entre otros. Respecto de la separación de la industria, la Comisión Técnica acordó no avanzar en esa línea. Por último, ambas medidas implican serios riesgos de disminuir la rentabilidad de los fondos, que es una de las líneas rojas de lo acordado en este punto del Protocolo.
Elevar el retorno de los fondos de inversión: Incluiría medidas como reducir el encaje, flexibilizar los límites de inversión (por ejemplo, en activos alternativos), la introducción de un esquema de fondos generacionales y el cambio de un esquema de comisiones sobre flujo a uno sobre saldo.
Incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a jubilarse vía la generación de un fondo: Esto tendría al menos cuatro problemas. Se hace insostenible en el tiempo (por la inversión de la pirámide poblacional), desincentiva la formalidad (el incentivo a cotizar sería menor que si la cotización adicional fuera a capitalización individual), reduce la tasa de reemplazo futura de los actuales cotizantes, la rentabilidad asignada de 2-3% anual podría ser menor que la que se podría alcanzar con capitalización individual y para el cotizante se amplía la incertidumbre de la propiedad de los fondos.
Establecer un mecanismo permanente de solidaridad entre géneros: Esto es razonable en la medida en que se igualen las edades de jubilación, considerando que las mujeres viven más que los hombres y, por tanto, al menos debieran trabajar la misma cantidad de años.
Velar por el reconocimiento de los aportes de los cotizantes: La mejor forma de concretarlo es que los aportes sean capitalizados a nivel individual.
Fortalecer la institucionalidad previsional: Esto implica transformar la Superintendencia de Pensiones en un órgano colegiado y empoderar al Consejo Consultivo Previsional y a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, todo lo cual es pertinente.
LABORAL 4
La Confederación de la Producción y del Comercio analiza permanentemente con sus gremios asociados la evolución e impacto de la regulación laboral nacional e internacional y las políticas de empleo, contribuyendo con propuestas concretas a la modernización de las relaciones de trabajo y al incremento de la productividad laboral. Durante los años 2023 y 2024, la CPC tuvo como foco prioritario los siguientes temas:
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA MESA FORMALIDAD LABORAL
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA MESA FORMALIDAD LABORAL
Ley de reducción de jornada (40 horas)
En abril de 2023 fue publicada la ley N° 21.561 que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. Durante todo el período de tramitación de la ley, la CPC participó activamente de la discusión legislativa en el Congreso Nacional, así como del diálogo social al interior del Consejo Superior Laboral, proponiendo ajustes y mejoras que permitieran que las partes de la relación laboral pudieran acordar medidas de flexibilidad laboral acordes a la realidad de cada empresa, la gran mayoría de las medidas solicitadas fueron incorporadas en la ley.
En abril de 2024 se produjo la primera reducción gradual de la jornada laboral ordinaria, pasando a un máximo de 44 horas semanales, para luego reducirse a 42 horas semanales el 2026, y finalmente, a 40 horas semanales el 2028.
Dos meses antes de la primera reducción de la jornada laboral la Dirección del Trabajo emitió sus primeros dictámenes interpretativos de la ley N° 21.561. La CPC y sus ramas analizaron al interior de la Comisión Laboral los alcances de dichos dictámenes, destinados a aclarar los contenidos de la ley que reduce la jornada laboral. De inmediato, surgieron una serie de dudas prácticas planteadas por las empresas, que la CPC presentó a la Ministra y al Subsecretario del Trabajo, y luego, al Consejo Superior Laboral, instancia que acordó la conformación de una Subcomisión para analizar las dudas y disconformidades presentadas por el empresariado.
Días antes de la primera reducción de la jornada laboral, la Dirección del Trabajo emitió sus primeros
dictámenes interpretativos de la ley N° 21.561. La CPC y sus ramas analizaron al interior de la Comisión Laboral los alcances de dichos dictámenes, destinados a aclarar los contenidos de la ley que reduce la jornada laboral. De inmediato, surgieron una serie de dudas prácticas planteadas por las empresas, que la CPC presentó a la Ministra y al Subsecretario del Trabajo, sin obtener resultados positivos a sus inquietudes.
Posteriormente, la CPC y sus ramas concluyeron que existían dos caminos para obtener aclaraciones y nuevos criterios de parte de la autoridad que había emitidos los dictámenes: la vía judicial a través de los tribunales de justicia, o interponer recursos administrativos ante la misma Dirección del Trabajo, solicitando reconsiderar sus dictámenes. Se optó finalmente por esta última alternativa, presentando recursos de reconsideración sobre la interpretación de la norma contenida en el artículo 22 del Código del Trabajo, referida a las causales de exclusión de la jornada laboral ordinaria y los medios de control horario de los trabajadores.
También se solicitó reconsideración por parte de la Cámara Nacional de Comercio, y luego por parte de la CPC en conjunto con la SOFOFA, del Dictamen del 18 de abril de 2024 de la Dirección del Trabajo, referido a la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral ordinaria, y en particular, respecto a la reducción de la jornada laboral a 44 horas durante los primeros 2 años de vigencia de la ley, ya que se estableció que esta reducción solo se podría implementar en el caso de que la jornada laboral se encuentre distribuida en 5 días, disminuyendo la jornada laboral en una hora en alguno de los 5 días que forman parte de la jornada semanal.
A fines de noviembre de 2024, la DT respondió el primer recurso. Respecto del segundo, no se ha obtenido respuesta. Sin embargo, diversas empresas que fueron sancionadas por la Dirección del Trabajo por aplicar una reducción horaria diferente a la establecida en el Dictamen de la DT, han recurrido a los Tribunales de Trabajo, habiendo obtenido sentencias favorables en sus casos en primera instancia.
Formalidad Laboral
La informalidad laboral es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad, ya que involucra aproximadamente a un tercio de los ocupados en Chile -2,5 millones de personas- que trabaja sin ningún tipo de protección social y, por ende, en situación de alta vulnerabilidad.
Con ello en mente, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), conformaron en septiembre de 2023 la Mesa de Formalidad Laboral. Esta instancia estuvo integrada por 15 destacados especialistas, y dirigida por Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, Paulina Yazigi, presidenta de la AAFP, y Jorge Welch, presidente de la ASECH.
El informe final, presentado en marzo de 2024, propone 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en los chilenos, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral. Para ello se abordan distintas líneas de acción, relacionadas con el sistema de pensiones, mejoras en la fiscalización, revisión de los subsidios, fortalecimiento de la educación técnica, disminución de burocracia, temas de inmigración, entre otras.
Además, el informe destaca tres propuestas como las principales en las que las políticas públicas debieran comenzar a enfocarse. La primera es fomentar la formalidad laboral de los jóvenes, por la vía de realizar mejoras al Subsidio al Empleo Joven. La segunda busca abordar la informalidad laboral en los independientes o emprendedores, condicionando ciertos permisos para operar al cumplimiento de cotizaciones de seguridad social. La tercera propuesta destacada, apunta a analizar un rediseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Cada una de estas medidas, que podrían implementarse en un plazo breve, está respaldada por datos que confirman su relevancia: una alta informalidad en los jóvenes (36,7%), por sobre el promedio; el hecho que los trabajadores independientes constituyen aproximadamente el 25% de la fuerza laboral y que el 90,4% de ellos no cotiza (es decir, casi 2,2 millones de trabajadores); y la evidencia que muestra que la estructura actual de la PGU no genera incentivos a reducir las lagunas previsionales y con ello elevar la formalidad laboral.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA MESA FORMALIDAD LABORAL
MESA DE FORMALIDAD LABORAL
Propuestas de la Mesa de Formalidad Laboral
Grupo 1: Facilitar la contratación y fomentar el trabajo formal entre los jóvenes
Grupo 2: Hacer obligatoria la cotización entre los trabajadores independientes y emprendedores e impulsar su cumplimiento
1. Fomentar el trabajo formal de los jóvenes fortaleciendo el Subsidio al Empleo Joven.
2. Reforzar la inversión en capital humano y reconversión laboral para la formalidad.
3. Implementar cotizaciones obligatorias a la seguridad social para todos los trabajadores independientes con ingresos.
4. Condicionar permisos para trabajadores independientes, emprendedores y microempresas.
5. Simplificar los procesos asociados a la obtención de permisos de operación, licencias, y la inscripción de empleados en el sistema de seguridad social, a través de una Ventanilla Única Interinstitucional.
6. Poner en marcha un sistema de permisos provisorios y silencio administrativo positivo.
7. Requerir que los proveedores de dispositivos electrónicos exijan la iniciación de actividades, y que las transacciones asociadas sean informadas al Servicio de Impuestos Internos.
8. Eliminar gradualmente el Régimen de Renta Presunta.
Grupo 3: Compatibilizar la PGU y los subsidios sociales con la formalidad laboral
Grupo 4: Fortalecer la Fiscalización
Grupo 5: Otras propuestas
9. Ligar la PGU a incentivos a la cotización
10. Reforzar la inversión en capital humano y reconversión laboral para la formalidad.
11. Empoderar al SII a fiscalizar al oferente y sancionar al comprador de productos o servicios informales de trabajadores independientes.
12. Desarrollar un programa de beneficios fiscales directos para incentivar a que los consumidores exijan formalización.
13. Realizar un alza de cotizaciones por nivel de ingresos o por edad.
14. Garantizar el acceso a Sala Cuna Universal.
15. Efectuar una integración laboral formal de los inmigrantes.
Convenio 190 de la OIT y ley Karin
En octubre de 2023 fue promulgado el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso, tratado internacional que entró en vigor en junio de 2024. Es la primera norma internacional que aborda la violencia y acoso en el mundo del trabajo, sea público o privado. Entre otras materias, protege a los trabajadores asalariados, a los que buscan empleo y los postulantes a uno.
Dada la amplitud de los temas establecidos en el Convenio 190, el Consejo Superior Laboral acordó la conformación de una subcomisión tripartita, exclusivamente dedicada a monitorear la implementación de esta nueva normativa. Por parte de la CPC, participan representantes de la SOFOFA, la CCHC, la SNA y la CNC.
Por otra parte, en enero de 2024 fue publicada la “ley Karin” que sanciona el acoso laboral, sexual o la violencia en el trabajo (ley N° 21.643), y entró en vigencia el 1° de agosto de 2024. Es una norma que aborda temas similares a los establecidos en el Convenio 190, pero con un marco más acotado, que establece una regulación legal del acoso sexual, laboral y la violencia externa en el trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, y mantiene el concepto vigente de acoso sexual e incorpora el concepto de violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.
Asimismo, exige el establecimiento de un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y de la violencia en el trabajo en las empresas, y refuerza el rol de la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República en el procedimiento de investigación.
Dada la importancia de esta materia para todas las empresas y sus trabajadores, la Comisión Laboral de la CPC realizó dos sesiones temáticas para conversar con los titulares de los organismos reguladores del Estado. En la primera de ellas participó la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, y en la segunda participó el Director Nacional del Trabajo, Pablo Zenteno.
JUNTO AL DIRECTOR DEL TRABAJO PABLO ZENTENO
REUNIÓN CON DIRECTOR DEL TRABAJO PABLO ZENTENO
JUNTO A CENTRALES SINDICALES EN REUNIÓN EN LA OIT
Negociación Colectiva
Multinivel
En mayo de 2024, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la CUT firmaron un Acuerdo que incluye 10 iniciativas sociales y laborales, siendo la principal avanzar en la denominada “negociación multinivel”, con el fin de formular -por parte del Gobierno- una propuesta legislativa al respecto.
En este contexto, el Ministerio del Trabajo convocó a la CPC y a otros gremios empresariales a participar de lo que llamó “diálogos sociales tripartitos”, que servirían de insumo para elaborar dicho proyecto de ley.
Desde el primer momento, la CPC manifestó su negativa a sumarse a dicho proceso, pues considera que la negociación colectiva ramal es una mala política pública, que puede terminar perjudicando a los propios trabajadores, a las empresas y al desarrollo del país. El mundo del trabajo y de la empresa es totalmente heterogéneo, pero al desconocer las realidades diversas de los distintos tipos y tamaños de empresas, la negociación ramal impondría a las pymes exigencias que seguramente no podrán cumplir, lo que tendría consecuencias en un mayor desempleo e informalidad. Esto va justamente en el sentido contrario de lo que hoy necesita el mercado laboral y donde se debería poner el foco, que es aumentar la empleabilidad, mejorar la productividad y avanzar en mayor formalidad.
Así lo explicó el presidente de la CPC, Ricardo Mewes: “Creemos que lo que Chile necesita hoy no es una mesa para elaborar un proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel, sino una agenda laboral que aborde los complejos desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, marcado por la persistencia del alto desempleo, la prolongada baja en la productividad, los altos niveles de informalidad, la migración laboral irregular, las profundas transformaciones en la manera de trabajar que trae la irrupción de nuevas tecnologías y las exigencias que ello implica. En estos temas estamos trabajando y colaborando con propuestas desde los gremios empresariales”.
Actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
En marzo de 2023 la CPC participó en dos talleres tripartitos organizados por la OIT, destinados a presentar el Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitado por el Ministerio del Trabajo, con miras a iniciar la actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada en agosto de 2016, en cumplimiento del Convenio 187 de la OIT sobre el marco promocional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
A partir de abril de 2023, el Ministerio del Trabajo convocó a talleres tripartitos en 16 ciudades y la CPC recurrió a sus ramas para designar representantes que participaron encada uno de ellos. Posteriormente, el Ministerio del Trabajo presentó un borrador de propuesta de actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre el cual la CPC y sus ramas hicieron observaciones que hicieron llegar a la autoridad. Finalmente, en mayo de 2024 se aprobó la actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2024-2028. En este texto sólo algunas de las observaciones de la CPC y sus ramas fueron consideradas.
Finalmente, el Ministerio del Trabajo envió un borrador de Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se recogen los lineamientos aprobados en la Política Nacional, texto sobre el cual la CPC y sus ramas hicieron importantes observaciones, que fueron enviadas a las autoridades y ahora se espera conocer pronto el texto final de la misma, esperando que en esta ocasión las observaciones de la CPC sean debidamente consideradas.
Ley que protege maternidad, paternidad, vida familiar y regula teletrabajo
En diciembre de 2023, fue publicada la ley sobre protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, y que regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo (ley 21.645). En agosto de 2023, la CPC expuso sus observaciones y sugerencias en la Comisión de Trabajo del Senado.
Con el paso del tiempo, hemos podido observar cómo cada vez hay más personas trabajadoras y empresas que acuerdan distintos tipos de prácticas que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Pero estimamos que el proyecto no toma en cuenta este hecho. Más bien se trata de propuestas que tienden a rigidizar las relaciones laborales, en circunstancias que, para el fomento de estas actividades, se requieren normas de flexibilidad, donde la libertad de las partes para convenir sus beneficios, conociendo la realidad de sus empresas, es muy valioso y hasta el momento ha dado un excelente resultado, beneficiando a todos los trabajadores involucrados, sin distinguir, como lo hace el proyecto, si se trata de trabajadores sindicalizados o no.
Ley que crea el Sistema
Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo
La Confederación de la Producción y del Comercio participó activamente en la discusión de esta ley, exponiendo sus puntos de vista en enero de 2024 ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. En general, sus comentarios son favorables a la iniciativa, ya que entrega nuevas facultades para la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) en materia de formación continua y de homologación con otras entidades internacionales de las certificaciones de competencias laborales otorgadas. Asimismo, establece una norma de financiamiento permanente de ChileValora que facilita y agiliza el cumplimiento de sus distintas obligaciones, junto con otras materias de importancia.
CONSEJO SUPERIOR LABORAL
Foro de Trabajadores y Empleadores
El Foro de Trabajadores y Empleadores continuó reuniéndose para abordar los temas del empleo y el trabajo más relevantes para los trabajadores y las empresas. En agosto de 2023 se reunió con el objeto de escuchar al economista y académico del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, que expuso sobre: “Competencias, demanda por capacitación y búsqueda de empleo en un mercado laboral en recuperación”.
Posteriormente, se invitó al economista y académico Juan Bravo, quien presentó un estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales con propuestas para el fomento a la empleabilidad de las personas en el segmento de 55 a 64 años. Estas fueron aprobadas y entregadas formalmente a la Ministra del Trabajo y Previsión Social.
Ellas comprenden, entre otras materias, un subsidio a la contratación a estas personas mayores, sugiriendo diferenciar el monto del subsidio, premiando a aquellas que lleven más tiempo en cesantía y extendiéndolo también a aquellos que se desempeñen en jornada parcial. Por otra parte y teniendo en cuenta que uno de los activos más valiosos que tienen los trabajadores mayores es la experiencia, se propone aprovecharla para fomentar programas de “formación de formadores”, para que trabajadores mayores puedan enseñar basados en su experiencia laboral a trabajadores más jóvenes o estudiantes, especialmente en la enseñanza técnico profesional.
FORO TRABAJADORES-EMPLEADORES
FORO TRABAJADORES-EMPLEADORES
Conferencia Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo celebró la 111ª y la 112 ° Conferencias Anuales en Ginebra en los años 2023 y 2024. La delegación empleadora de Chile estuvo liderada por la CPC en su calidad de organización más representativa del sector empleador nacional y realizó relevantes intervenciones durante las respectivas sesiones plenarias.
Durante la 111° Conferencia Internacional del Trabajo se adoptaron varias decisiones, dentro de las cuales destacan:
- Recomendación N° 208 relativa a los aprendizajes de calidad.
- Convenio N° 191 sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental.
- Recomendación N° 207 sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental.
Asimismo, en la conferencia del 2023 la Ministra del Trabajo y Previsión Social entregó el instrumento de ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso, del que se da cuenta más atrás.
En la reunión del año 2024 destacan los siguientes temas:
- Derogación de los convenios internacionales del trabajo Nos. 45, 62, 63 y 85, sobre el trabajo subterráneo (mujeres), prescripciones de seguridad (edificación), estadísticas de salarios y horas de trabajo, y sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos).
- Resolución relativa a “Peligros biológicos en el entorno de trabajo”.
- Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
En esta ocasión Chile entregó el instrumento de ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. CONFERENCIA
Seguro de Cesantía
El seguro de desempleo tiene por objeto dar protección a los trabajadores que han perdido su empleo, otorgándoles prestaciones económicas, consistentes en pagos (giros) mensuales con cargo a su Cuenta Individual (CIC) y o al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), en general, por un determinado número de meses. En el caso de obtener prestaciones solidarias, el cesante accede a los mecanismos de intermediación laboral y/o capacitación ocupacional.
El seguro de cesantía contempla la existencia de la Comisión de Usuarios, que tiene por objetivo conocer los criterios y procedimientos empleados por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Dicha comisión está integrada por siete personas: un académico nombrado por el Presidente de la República,
seguro alcanzó un total de 5.036.550 en julio 2024, representando un 55% del total de ocupados. Ello implica una caída desde los casi 5.300.000 cotizantes de principios de 2022, lo que es preocupante, pues a pesar de que los ocupados crecen, los cotizantes han disminuido.
· En relación con la participación de las diferentes modalidades contractuales, se observa que el contrato indefinido es la modalidad predominante, superando el 75%.
· Ha aumentado la participación de trabajadores con rentas imponibles altas: todos los tramos sobre $500.000 incrementan su participación los últimos años, mientras que cotizantes con remuneraciones menores a $500.000 pasaron de un 43% a un 17%.
CAPITAL HUMANO 5
La hoja de ruta de la Agenda de Capital Humano de la CPC se inicia a partir del trabajo de la Comisión de Productividad de la Confederación en 2015 y de su mesa de Capital Humano, que tuvo como insumo un acucioso estudio de McKinsey sobre productividad. Desde entonces, se intensifica y estrecha con mayor fuerza el vínculo CPC-INACAP. Ambas instituciones comparten un profundo interés por una educación de calidad para incrementar el talento de los jóvenes en el país.
Debido a lo anterior, la CPC e INACAP han impulsado esta agenda y sus proyectos, con el fin de contribuir en la construcción de un ecosistema de formación de las personas para el trabajo, robusteciendo el rol de los sectores empleadores de modo más coordinado, para aumentar el impacto y eficiencia de su aporte al país, a las personas, a las familias y a los trabajadores.
Hoy el motor de la Agenda de Capital Humano de la CPC es la Alianza CPC-INACAP. Esta colaboración busca fortalecer el vínculo entre la educación Técnico-Profesional (TP), los sectores productivos y de servicios, y el sector público. Su propósito es comprender y responder a las necesidades de la industria, las personas y las comunidades, asegurando que jóvenes y adultos puedan desarrollar trayectorias formativolaborales alineadas con los desafíos actuales del mercado laboral.
El despliegue del trabajo que realizan la CPC e INACAP se ve potenciado por la presencia territorial de INACAP en todas las regiones del país, permitiendo coordinar actividades y mesas técnicas en cada zona, como el Consejo de Competencias de Mantenimiento 4.0, las redes regionales para la capacitación e intermediación de mantenedores 4.0, y el relacionamiento y convenios con empresas, que han generado, ampliado y mejorado las opciones para los alumnos y docentes. Esta vinculación y coordinación entre ambas instituciones es parte de un proceso de innovación integral que las compromete a ambas en el fortalecimiento de las competencias y oportunidades de formación en todo el país.
Cauce
En Chile existe una desconexión significativa entre la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) y el mundo empresarial, lo cual limita el desarrollo de competencias laborales efectivas en los estudiantes y su acceso a oportunidades de práctica real en entornos productivos. Esto impacta a empresas, que enfrentan escasez de personal capacitado, y a la comunidad educativa, afectando la preparación de estudiantes en competencias laborales reales.
Cauce es un programa liderado por la CPC e INACAP que busca fortalecer el aprendizaje pertinente de estudiantes de la EMTP entre la empresa, el liceo y la educación superior para lograr trayectorias formativas y laborales exitosas. Esto se logra apoyando la formación de estudiantes en las dependencias de la empresa a través de actividades de alternancia y práctica profesional, y fortaleciendo la implementación y pertinencia de las especialidades impartidas en liceos EMTP.
El programa Cauce se despliega en todas las sedes de INACAP, permitiendo un alcance a nivel nacional. El 2022 se trabajó con 6 empresas, 3 establecimientos educacionales y 55 estudiantes. El 2023, aumentó el alcance significativamente a 53 empresas, 54 liceos y 510 estudiantes. Este 2024 se proyecta trabajar con 100 empresas, 65 liceos y 1.200 estudiantes. Además, hasta la fecha, se ha apoyado el proceso de análisis de pertinencia de oferta formativa a 16 establecimientos.
FERIA LABORAL INACAP-CPC
CONSEJO PRODUCTIVO ANTOFAGASTA
CONSEJO PRODUCTIVO COQUIMBO CONSEJO
Consejos Productivos Regionales
CPC-INACAP
Estos consejos representan la consolidación de alianzas entre actores clave de cada región, dedicados a fortalecer la Formación Técnica Profesional (FTP) y los ecosistemas productivos locales. Su objetivo es vincular de manera efectiva la educación técnica con el mundo laboral, analizando las demandas del mercado de trabajo para asegurar que la oferta formativa responda a las necesidades de cada territorio. Además, promueven relaciones estables con empresas locales y amplían la participación de estudiantes y docentes en actividades productivas y de servicios.
Junto con asegurar esta conexión con el sector laboral, los Consejos Productivos Regionales buscan integrar los desafíos del sector productivo en los procesos formativos, impulsando la empleabilidad y el emprendimiento en sintonía con las particularidades de cada región. Estos consejos fomentan un compromiso regional hacia el desarrollo sostenible, identificando desafíos de innovación y fortaleciendo la colaboración con actores estratégicos en cada área. Actualmente, hay 18 Consejos Productivos Regionales activos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana (Norponiente y Suroriente), O’Higgins, Maule, Ñuble-Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Osorno, Puerto Montt, Aysén y Magallanes.
Durante el último año, los consejos han desarrollado iniciativas como pasantías docentes, charlas, seminarios, visitas técnicas, alternancias y prácticas para estudiantes, fortaleciendo así la relación entre la educación técnica y el sector productivo.
Feria Laboral INACAP - CPC
Esta es una iniciativa que se realiza hace 16 años con el propósito de entregar a jóvenes y adultos de todo Chile la oportunidad de encontrar un trabajo o de cambiarse a uno mejor, además de dar la opción de postular a prácticas profesionales.
En el marco de la Alianza CPC-INACAP y con el apoyo de gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos, la feria se organiza para fortalecer la formación técnicoprofesional en el país.
En su última edición, la feria fue abierta a todo tipo de público, no solo a estudiantes de INACAP, y contó con la participación de 1.100 empresas que publicaron más de 20.000 vacantes. Este evento se ha consolidado como una plataforma clave para la conexión entre el público general y el mundo laboral en todas las regiones del país.
INACAP CHILLÁN
FERIA LABORAL INACAP-CPC
FERIA LABORAL INACAP-CPC
FERIA LABORAL INACAP-CPC
PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS
Y AMBIENTALES
Las empresas y los gremios empresariales tenemos el compromiso de desarrollar nuestra labor con absoluto apego a la ley, la ética y los valores, fomentando una cultura de integridad que reconoce el rol social de la empresa y sitúa a la persona en el centro de las decisiones y acciones empresariales.
En consecuencia, desde la CPC condenamos tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública, y a la gran mayoría de los emprendedores que actúan en conformidad a la ley. Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Ley de Delitos Económicos
En agosto de 2023 fue publicada ley N° 21.595 de delitos económicos, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables.
Dentro de las principales modificaciones que introduce esta nueva ley, destacan:
· Amplía el catálogo de delitos económicos, clasificándolos en cuatro categorías, que abarcan desde delitos financieros hasta infracciones tributarias, laborales y medioambientales. Se hace responsable a las empresas -cualquiera sea su tamaño- de todos los delitos que se incluyen en las cuatro categorías, lo que se traduce en que la persona jurídica responderá por más de 250 nuevos delitos.
ABUSO
COLUSIÓN FRAUDE
· Establece un sistema de sanciones diferenciadas y criterios específicos para los delitos económicos.
· Amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye a sociedades, universidades estatales, empresas creadas por ley, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público.
· Se flexibilizan los presupuestos para imputar responsabilidad a la persona jurídica, lo que implica que no se exigirá que el delito se realice en interés o provecho de la persona jurídica. Es suficiente que sea cometido por alguien al interior de la empresa, o terceros que gestionen servicios para ella frente a terceros.
· El Modelo de Prevención de Delitos cobra mayor importancia, toda vez que un modelo efectivamente implementado permitiría eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal.
· Se incorpora la figura del “Supervisor”, que puede imponer el tribunal a la persona jurídica, ya sea como medida cautelar o como pena, cuando determine la falta o implementación insuficiente de un Modelo de Prevención de Delitos.
Modelo de Prevención de Delitos de la CPC
Así como las empresas deben responder por los delitos incluidos en la nueva ley, a los gremios empresariales también se les presentan sus propios riesgos de comisión de delitos económicos, dada la nueva legislación. Por ello, luego de la publicación de la Ley de Delitos Económicos, la CPC junto con la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Consejo Minero, la Asociación Chilena de Desalación (Acades) y la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) iniciaron un trabajo para identificar riesgos y prevenir delitos, el cual contó con la asesoría experta de los equipos de Law y Risk Consulting de EY. “Estamos trabajando coordinadamente para abordar en forma oportuna y adecuada los potenciales riesgos que deberán ser gestionados por una asociación gremial y evitar cualquier conducta contraria a ley”, explicó el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, mientras se desarrollaba la asesoría de EY.
El trabajo concluyó con el diseño del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de la CPC, que responde a su particular realidad y a las actividades que realiza. Su relevancia es que constituye un sistema de gestión y estrategia proactiva que busca anticipar, analizar y mitigar los riesgos de delitos de la Ley N°20.393 previo a su materialización. Establece diversas medidas preventivas e intervenciones estratégicas para proteger a la CPC en aquellas actividades, procesos y situaciones que se encuentran expuestas a la comisión de dichos delitos, mediante el fortalecimiento de las directrices de integridad y ética, y una adecuada gestión de riesgos.
La metodología de administración, operación y monitoreo del Modelo consiste en un enfoque continuo y dinámico que tiene por objetivo identificar, evaluar, responder y monitorear la exposición de los diversos riesgos en los procesos y actividades de la CPC. El alcance y programa del trabajo se encuentra establecido en la Matriz de Riesgos y Controles.
Dicha Matriz contiene la identificación de los procesos y sus riesgos de delitos, la cual se convierte en la herramienta clave del Modelo para asegurar una sólida gestión de riesgos:
· Identificación de riesgos
· Evaluación del nivel de riesgo de delito
· Medidas de mitigación y controles
· Monitoreo y reportes
· Gestión de Denuncias MPD
El Modelo de Prevención de Delitos de la CPC contempla también un Manual de Prevención de Delitos, que tiene como propósito la implementación, operación y supervisión del Modelo, en la tarea de detección, prevención y mitigación de los riesgos que pudieran llevar a la eventual responsabilidad penal de la institución.
En el Manual se detallan los 51 delitos sobre los cuales la CPC debe tener especial cuidado en prevenir su ocurrencia, los que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
8
Delitos relacionados a los mercados financieros
1
Delito relacionado a funcionarios públicos
39
Delitos tributarios, ambientales, laborales y propiedad intelectual
3
Delitos relacionados con la receptación, lavado y blanqueo de activos
El Manual de Prevención de Delitos se complementa con otro documento: la Guía de Comportamiento, que contiene en detalle las directrices orientadoras que los destinatarios del Manual deben considerar, a fin de resguardar los intereses de la CPC, así como de ellos mismos, de acuerdo con las categorías de delitos identificados como aplicables al gremio.
Para seguir avanzando en la implementación del Modelo de Prevención de Delitos, la CPC designó a una persona encargada de prevención de delitos. Su rol es difundir internamente los contenidos del modelo, capacitar y orientar en la aplicación de los procedimientos correspondientes, y actualizar los contenidos en caso de cambios en la legislación.
MODELO PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS
El trabajo realizado por la CPC en esta materia confirma su compromiso con el bien común y el correcto actuar del mundo empresarial. El mismo Modelo de Prevención de Delitos señala: “La CPC, en consonancia con sus estándares de integridad y ética, está comprometida a realizar todos los esfuerzos necesarios para prevenir la comisión de los delitos establecidos en la Ley N°20.393. Al mismo tiempo, en caso de que alguno de estos actos sea cometido por alguno de sus integrantes, se tomarán las medidas necesarias para velar por la responsabilidad del involucrado en un marco de respeto y legalidad”.
ARTIFICIAL 7
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL E INTELIGENCIA
La transformación digital y la inteligencia artificial (IA) están cambiando la forma en que nos relacionamos y trabajamos, generando oportunidades y desafiando a las empresas y al mundo del trabajo. Conscientes de las consecuencias que estos fenómenos están teniendo en el desarrollo económico y social de nuestro país, y de la importancia de actuar con sentido de urgencia, la CPC se propuso aportar a la reflexión y a la acción, mediante la creación de una Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial.
Integrada por un grupo de profesionales vinculados al mundo tecnológico, empresarial y académico, la Comisión trabajó en torno a un diagnóstico y el diseño de propuestas, para lo cual contó también con la participación de representantes de diversos sindicatos de trabajadores: Boris Garrido, Director Laboral de Caja de Compensación La Araucana; Andrés Santibáñez, Presidente de Federación de Sindicatos Tradicionales de Nestlé Chile; Iván Ibáñez, Presidente del Sindicato Nacional de BancoEstado; y Cristián Aburto, Tesorero del Sindicato Nacional de BancoEstado.
Basado en la experiencia de los participantes y la revisión de una vasta bibliografía, la Comisión plantea en su informe que la IA y otras innovaciones tecnológicas deben complementar y potenciar las habilidades
humanas, fomentando una fuerza laboral más ágil y resiliente frente a los cambios. “El objetivo es aprovechar el progreso tecnológico para mejorar la calidad del trabajo y la vida, creando un entorno donde la tecnología y las personas coexistan de manera armoniosa”. Agrega que la tecnología no implica una automatización total. Las herramientas digitales suelen complementar las labores humanas, actuando como apoyo para los trabajadores.
Entre sus conclusiones, el trabajo señala que “la Transformación Digital y la IA podrían constituir un aporte fundamental frente a la urgencia que enfrentamos como país de salir de una década de estancamiento de crecimiento y productividad. Más allá de las políticas públicas que es necesario empujar, las empresas juegan un rol clave en aprovechar esta oportunidad con acciones concretas que, de no ser tomadas de manera oportuna, van a significar que nuestra economía continúe rezagada”.
Las iniciativas propuestas, junto con otras medidas que puedan surgir del trabajo colaborativo entre la CPC y el ecosistema empresarial, buscan aportar a construir un mercado laboral y una economía más inclusiva, eficiente y productiva, asegurando que los avances tecnológicos beneficien a toda la sociedad.
Propuestas
Las 22 acciones sugeridas por la Comisión, se agrupan en tres ejes:
1 · Formación y Capacitación, ya que el desarrollo de habilidades es la primera condición para tomar las oportunidades que traen consigo las nuevas tecnologías.
1 Estudiar y dimensionar las brechas existentes en transformación digital e IA en empresas.
2 Promover la capacitación continua en herramientas digitales dentro del horario laboral.
3 Implementar programas de alfabetización en IA dentro de las empresas.
4 Sensibilizar y educar a directorios y ejecutivos sobre el valor estratégico de la transformación digital y la IA.
5 Gestionar el cambio cultural dentro de las organizaciones para reducir la resistencia a la adopción de la IA.
6 Implementar programas de alfabetización digital a nivel comunitario en alianza con municipios y organizaciones sociales para fomentar la inclusión digital de grupos vulnerables.
7 Desarrollar un sistema de certificación de competencias digitales e IA adaptado al mercado laboral chileno.
8 Focalizar los recursos de capacitación en prestadores que generen valor efectivo, alineando las necesidades del mercado con las habilidades de los trabajadores.
9 Fortalecer la vinculación entre empresas y academia con la empresa, asumiendo un rol de capacitación y entrega de herramientas a los docentes para el desarrollo de habilidades digitales.
10 Cambiar la lógica de capacitación, enfocándose en habilidades transversales a diversos trabajos en lugar de preparar para trabajos específicos.
11 Desarrollar programas de pasantías y prácticas profesionales en colaboración con universidades para facilitar la incorporación de talento joven y actualizado en las empresas.
12 Crear programas de formación en IA específicos para trabajadores de PYMEs.
Propuestas
Las 22 acciones sugeridas por la Comisión, se agrupan en tres ejes:
2 · Eficiencia y Productividad, por cuanto la tecnología debe ser entendida como un factor clave de competitividad en diversos sectores.
3 · Colaboración y Asociatividad, ya que para adaptarse a este cambio es vital que las empresas, gremios, sindicatos, academia, sociedad civil y comunidades trabajen juntos hacia objetivos compartidos en el panorama digital.
13 Comunicar la importancia de la IA para aumentar la productividad en Chile y su competitividad en los mercados.
14 Impulsar a las empresas a revisar su modelo de negocio e implementar una correcta gobernanza de datos para aprovechar la IA.
15 Avanzar en la creación de estándares éticos y protocolos de ciberseguridad.
16 Crear un “Sello de Excelencia Digital” para reconocer a las empresas líderes en IA.
17 Implementar un programa de “embajadores digitales” en empresas líderes.
18 Desarrollar un modelo de colaboración entre sindicatos y empleadores sobre IA para generar una agenda conjunta sobre el futuro del trabajo en el contexto del cambio tecnológico.
19 Fomentar la colaboración entre gremios, empresas, academia y comunidades para impulsar la transformación digital.
20 Documentar y difundir casos de éxito de aplicación de tecnologías e IA en diversas industrias, identificando barreras para la adopción digital.
21 Implementar programas de intercambio internacional para que las empresas puedan acceder a las mejores prácticas en IA.
22 Desarrollar una agenda de investigación y desarrollo en IA en colaboración con universidades, centros de investigación y empresas, alineada con las necesidades de la industria chilena.
COMISIÓN CPC DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Encuentro “Economía del Futuro: Una Conversación con Marcos Galperin”
Dado el trabajo realizado en materia de transformación digital e inteligencia artificial, la CPC lideró, junto a INACAP y Mercado Libre, la organización de un evento inédito en nuestro país. En el marco del 25° aniversario de Mercado Libre y de una década de presencia en Chile, el fundador y CEO de la empresa más valiosa de Latinoamérica, Marcos Galperin, fue el protagonista de un encuentro empresarial y de líderes de opinión, donde abordó las razones del éxito de su empresa, las oportunidades que se siguen abriendo con la digitalización y la inteligencia artificial, y lo que se puede hacer desde la tecnología para impulsar el emprendimiento.
La actividad consistió en una entrevista al empresario argentino, realizada conjuntamente por Alan Meyer, vicepresidente de la zona Andina de Latam de Mercado Libre y miembro de la Mesa de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la CPC; Sandra Guazzotti, destacada ejecutiva, directora de empresas, y también integrante de la Mesa de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la CPC; y Lucas Palacios, Rector de INACAP.
“Tenemos algo que tal vez es lo más exitoso para esta industria, que es la capacidad de aprender y de ejecutar, por lo tanto, sentimos que venga lo que venga vamos a aprenderlo y ejecutar. Es una capacidad que hemos desarrollado y que nos da mucha confianza para el futuro”, afirmó Marcos Galperin, en una distendida jornada que tuvo lugar en la sede central INACAP Vitacura.
Respecto de las potencialidades de la inteligencia artificial, el empresario afirmó que “no se le puede pedir a la tecnología que resuelva todos los problemas, como los sociales y de inclusión. Hay que dejar que se desarrolle, como hacen en Estados Unidos, y no tratar de regularla para que se haga cargo de asuntos que la trascienden, como hacen en la Unión Europea. Por algo las principales empresas de la IA están en Estados Unidos y no en Europa, pues tantas regulaciones restringen su desarrollo y su capacidad de generar valor. Hay que confiar en el mercado y en la capacidad de las personas de crear aplicaciones que generen valor, como hicimos nosotros”.
ENCUENTRO CON
MARCOS GALPERIN EN INACAP
PROCESO CONSTITUCIONAL
Tras la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019, se inició en Chile un proceso cuyo principal hito se suponía que sería la redacción de una nueva Constitución Política. Para que las voces de los diversos actores sociales fueran escuchadas, se diseñaron los mecanismos apropiados tanto en el primer ejercicio que culminó con el “rechazo” de la propuesta constitucional en septiembre de 2022, y el segundo proceso que concluyó con el triunfo de la opción “en contra” en diciembre de 2023.
Frente a la relevancia del momento histórico en que definiríamos el país que seremos en el futuro, el mundo empresarial no dudó en sumarse, asumiendo su responsabilidad de participar, dando a conocer su mirada en las instancias establecidas durante cada uno de los dos trabajos constitucionales.
Para dicho efecto, el año 2023 la CPC solicitó ser recibida en audiencia pública, lo que se concretó el 1 de julio de ese año, en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. En la oportunidad, la CPC entregó los 14 principios para una nueva Constitución que -a su juicio- garantizan derechos fundamentales, y posibilitan el desarrollo sostenible y el bienestar para todos. Estos son:
1. Derecho a la vida y la libertad: Toda persona debe tener garantizado su derecho a la vida y a la libertad en todos sus ámbitos, respetando la Constitución y las leyes.
2. Paz social y orden público: La paz social y el orden público general son la condición sine qua non para que tanto las personas como las empresas puedan desarrollarse. El orden público es la función primordial del Estado, es su primera razón de ser. Sin orden público no hay desarrollo posible. La Constitución debe consagrar la existencia de estados de excepción, con el fin de proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en situaciones de emergencia, así como garantizar el funcionamiento de las instituciones y servicios esenciales del Estado.
3. Fortaleza institucional: Los países con mayores niveles de desarrollo y que ofrecen mejor calidad de vida son aquellos que tienen reglas claras e instituciones sólidas, y un adecuado sistema de balances y contrapesos de poder, para que estas instituciones nunca puedan ser usadas en beneficio de grupos de interés en particular, sino del conjunto de la sociedad. Por ello, es importante la separación de los Poderes Públicos del Estado. También es necesaria la existencia de un órgano que garantice la supremacía de la Constitución, velando por que todas las leyes, políticas y decisiones de las instituciones del Estado estén en línea con los principios y valores establecidos constitucionalmente.
4. Certeza jurídica: Para que las personas y las empresas puedan desarrollarse en el largo plazo, es esencial contar con un marco jurídico con reglas claras y amplios consensos políticos, que ofrezca estabilidad y previsibilidad. La estabilidad no implica oposición a los cambios, sino una gradualidad y moderación en los mismos. La certeza jurídica exige respetar el régimen democrático, los derechos fundamentales, las sentencias judiciales y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes.
5. Estado unitario y descentralización: La República de Chile es un estado unitario donde conviven diversas culturas, que debe potenciar el desarrollo de todas ellas y de todas las regiones. Dado que, por un lado, la prioridad es estar al servicio de las personas -donde sea que vivan- y, por otro lado, los gastos deben ser eficientes, la función pública debe radicarse en aquel
nivel donde se ejerza mejor, según capacidades, especificidades y presupuesto, pero tratando de estar al servicio de todos. Esto implica que a veces se justifica tener las funciones a nivel central y a veces a nivel local.
6. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: La Constitución debe reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. El Estado debe garantizar el ejercicio de sus derechos, así como su inclusión y participación en la vida política, económica y social del país. Además, debe velar por la preservación de la cultura y tradiciones de cada uno de ellos, respetando su diversidad.
7. Sostenibilidad: El desarrollo sostenible abarca las dimensiones social, medioambiental y económica como eje central para el desarrollo integral de nuestra sociedad a largo plazo. Implica que la satisfacción de las necesidades de hoy no puede comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. También exige avanzar hacia una sociedad más inclusiva y diversa, con igualdad de oportunidades y equidad de género.
8. Libertad de emprendimiento y asociación: Para que las personas puedan desplegar al máximo sus capacidades, creatividad e innovación, se les debe garantizar el derecho a emprender con libertad cualquier actividad que cumpla con la legalidad vigente, en condiciones justas, sin discriminar entre empresas privadas y públicas. Estas últimas debieran crearse por ley. También se debe garantizar la libertad de asociación de las personas según sus propios intereses, pilar clave sobre el cual se sostiene una sociedad civil democrática y libre.
9. Derecho de propiedad privada: La propiedad es una de las bases esenciales de la democracia, del funcionamiento de los mercados y del sistema jurídico contractual. Su consagración constitucional, protección y reconocimiento como derecho humano fundamental, entrega certeza jurídica y reglas claras para desarrollar cualquier actividad económica, por lo tanto, es fundamental para el desarrollo integral de las personas y el crecimiento inclusivo en un país. La función social de la propiedad puede traducirse en expropiación, en tanto y cuanto ésta sea justa, con fundamento legal y con pago de indemnización a valor comercial y en forma anticipada.
10. Derecho al trabajo y su protección: Todas las personas tienen derecho a trabajar libremente, elegir su empleo y recibir una remuneración justa. El derecho al trabajo también implica la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva en la empresa, a la sindicalización y a la huelga, así como el acceso a la formación y
la capacitación laboral. Además, el Estado debe adoptar medidas efectivas para que el empleo sea formal, es decir, que cumpla con las leyes laborales y tributarias, garantizando el acceso a la seguridad social y la protección al trabajador.
11. Estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y autonomía del Banco Central: Para que el desarrollo sea sostenible en el tiempo, deben existir una serie de elementos que provean de una estabilidad macroeconómica: regla de responsabilidad fiscal con el balance estructural, iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto público para no diluir la responsabilidad del gasto público y autonomía del Banco Central de Chile para que éste no sucumba a las presiones del ciclo político.
12. Estabilidad tributaria: Con el fin de crear un ambiente de negocios estable y predecible, que permita fomentar la inversión y el crecimiento económico de largo plazo, es necesaria la certeza y previsibilidad de las normas fiscales y tributarias. Los impuestos deben ser establecidos por ley en proporción a las rentas, no pudiendo ser expropiatorios, ni estar afectos a un destino determinado. Su creación o modificación debe ser de iniciativa exclusiva presidencial.
13. Provisión mixta de bienes públicos y libertad de elección: La provisión de bienes públicos necesarios para garantizar derechos sociales, debe ser compartida entre el Estado y la empresa privada, en igualdad de condiciones. Esto no solo respeta la libertad de los titulares de derechos -los ciudadanos-, sino que además propicia una sana competencia que redunda en beneficios para la ciudadanía. Se trata de un sistema mixto basado en la libre elección.
14. Estado moderno al servicio de las personas: El Estado debe ofrecer bienes y servicios oportunos y de calidad para poder efectivamente cumplir los deberes y compromisos que adquiere con los ciudadanos. Es esencial avanzar hacia un Estado inspirado en la meritocracia y el profesionalismo, con transparencia de gastos y mecanismos de evaluación de sus programas y funcionarios
Por otra parte, la CPC realizó un profundo análisis del Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta (formada por 24 personas que hicieron una propuesta al Consejo Constitucional). Poniendo foco en las materias directamente relacionadas con el quehacer empresarial, expuso en la audiencia pública lo que consideró que debía ser revisado o enmendado por el Consejo Constitucional. Los principales puntos apuntaban a lo siguiente:
REUNIÓN CON LA DIRECTIVA DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL
1. Derecho al trabajo
· La CPC propone garantizar el “derecho al trabajo formal” (en reemplazo de la palabra “decente”), entendiendo que ello implica establecer la obligación social de promover empleos de calidad, desafío especialmente relevante en nuestro país, donde la informalidad laboral supera el 27%.
· La CPC propone establecer de forma explícita que “la negociación colectiva se desarrollará a nivel empresa”.
· La CPC propone que se acote el derecho a huelga de los trabajadores “dentro de la negociación colectiva”.
2. Provisión mixta en salud
· La CPC propone que el Estado garantice la libertad de elección, tanto respecto al aseguramiento de la salud como al acceso a prestadores, siendo estos públicos o privados. Se propone, además, que a través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud.
3. Provisión mixta y propiedad privada de los fondos de pensión
· La CPC propone señalar que el Estado deberá asegurar un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador. Las cotizaciones y los fondos generados por éstas tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia. Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente el ente encargado de administrar e invertir sus fondos, sean privados o públicos.
4. Propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas
· La CPC propone el reconocimiento explícito del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas.
5. Desarrollo Sostenible
· La CPC propone establecer en la Constitución que “es deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, entendiendo que las personas constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, el cual supone un equilibrio desde una perspectiva social, ambiental y económica. Asimismo, las personas deben contribuir a la protección del medio ambiente, y serán responsables del daño ambiental que causen con motivo de la infracción de las normas.”
PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y DESASTRES
El territorio chileno está expuesto a diversas amenazas de origen natural, debido a sus particulares características geográficas. En forma recurrente, distintas localidades de nuestro país enfrentan terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, marejadas, eventos hidrológicos extremos, inundaciones, aludes, entre otros fenómenos. A ellos se suman eventos causados por el ser humano, como los incendios forestales que provocan graves daños en las comunidades y el ecosistema.
De acuerdo con el ordenamiento nacional, es un deber legal de las empresas contar con un plan de gestión, reducción y respuesta de riesgos en caso de emergencias. Las pérdidas económicas por los desastres climáticos en los últimos veinte años han aumentado un 151%. La gestión de riesgos genera capacidades para abordar eficientemente estos desafíos. Asimismo, una adecuada gestión de los riesgos refuerza la confianza de la ciudadanía en las empresas. En cambio, una gestión de riesgos deficiente puede dañar la reputación de la empresa, afectando directamente su desempeño.
En este contexto, la Confederación de la Producción y del Comercio y sus ramas se han propuesto apoyar a las empresas, poniendo a su disposición información y material práctico para la elaboración de sus respectivos planes de gestión de riesgos. Junto con ello, se colabora con el Estado de Chile en su importante labor de estar permanentemente preparados como país para responder de manera eficiente y oportuna, reduciendo los impactos que las catástrofes tienen sobre las personas y el medioambiente.
Durante el segundo semestre de 2023, el Comité Ejecutivo de la CPC acordó la constitución de una Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres Naturales, encabezada por el consejero de SOFOFA, Matías Concha, e integrada por representantes de todas las ramas, a la que también se sumó la Asociación de Aseguradores de Chile.
La primera acción que esta Comisión emprendió fue reunirse con el Director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), entidad que reemplazó a la ONEMI, y a la que se le entregó la responsabilidad de prevenir riesgos de catástrofes en el país.
Se acordó efectuar un trabajo permanente entre ambas organizaciones, para lo cual se firmó un Convenio de Colaboración en diciembre del 2023. Su objetivo es diseñar acciones de preparación, mitigación y apoyo en la recuperación tras ocurrida una emergencia, contribuyendo con ello al desarrollo e integración de capacidades que permitan la reducción del riesgo de desastres en Chile.
“Los privados en forma permanente están aportando dentro de la respuesta a la emergencia. Ahora podrán integrarse en un plan de acción que nos permita un diseño en la etapa de preparación y mitigación al interior. Con este convenio buscamos trabajar en forma más integrada, ordenada, pudiendo hacer un despliegue territorial que abarque el máximo de población, de manera que las personas afectadas puedan quedar rehabilitadas lo antes posible”, manifestó Álvaro Hormazábal, director nacional de SENAPRED, al momento de suscribir el Convenio.
Desde entonces, se ha llevado a cabo un intenso trabajo entre ambas entidades. Cabe destacar la elaboración de un Protocolo de Emergencia CPC-SENAPRED que establece un marco general de coordinación para el traspaso de información y los procesos de activación entre ambas instituciones en casos de emergencia. Además, establece canales de comunicación y procedimientos que aseguren la adecuada canalización del flujo de información en situaciones de emergencia;
plantea orientaciones al sector empresarial, considerando roles y responsables. Presenta también el Ciclo del Riesgo de Desastres, el cual permite a las empresas identificar amenazas, minimizar daños y promover la continuidad operativa, al tiempo que cumplen con su obligación legal de proteger la vida y salud de los trabajadores.
La gestión del riesgo debe ser un esfuerzo permanente, no solo una respuesta frente a una emergencia. Por eso, como fruto de este trabajo, se recomienda que todas las empresas, acorde a sus territorios y tamaños, desarrollen mecanismos de prevención, respuesta y continuidad operacional en contextos de emergencias, que deben incluir un diagnóstico e identificación de riesgos y amenazas, además de contar con un procedimiento de continuidad operacional. Para ello, se requiere de un protocolo específico para estar preparado y conectado con una red de apoyo en caso de emergencias.
La coordinación público privada fue sometida a una primera prueba durante los incendios que azotaron a la región de Valparaíso en el verano de 2024 y que han permitido incorporar las experiencias recogidas en esta ocasión.
FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CPC-SENAPRED
REUNIÓN CPC-SENAPRED
REUNIÓN DE LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL CON LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
REUNIÓN CON LA MINSTRA DE DESARROLLO SOCIAL
COMISIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
REUNIÓN CON LA MINSTRA DE DESARROLLO SOCIAL
REUNIÓN CON LA MINSTRA DE DESARROLLO SOCIAL
MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO
Los países desarrollados se caracterizan por tener un Estado moderno, eficiente, ágil y profesional. Un Estado menos productor y más facilitador, que acompañe y permita al sector privado desplegar todo su potencial, sin minimizarlo, y menos, excluirlo. Un Estado probo, transparente y de buen trato, al servicio de los ciudadanos, que garantice la libertad de las personas e incentive el emprendimiento.
Con este norte, la CPC tiene la convicción que la modernización del Estado es un desafío pendiente que hoy por hoy constituye una condición habilitante para retomar el crecimiento que nuestro país requiere para volver a acercarnos a la meta de ser un país desarrollado.
La permanente búsqueda de un Estado ágil y moderno hoy desafía a las instituciones públicas de nuestro país, en un contexto regulatorio de creciente complejidad y con una ciudadanía que demanda un mejor trato y soluciones más rápidas y eficaces. En ese marco, en 2018 se creó el Consejo Asesor para la Modernización del Estado, y la administración del Presidente Gabriel Boric decidió mantener la instancia, a pesar de cambiar varios de sus integrantes.
La CPC fue invitada a ser parte de este Consejo en septiembre de 2022, y desde entonces, ha mantenido una participación activa. Durante esta administración, el trabajo del Consejo comenzó con una revisión general de 30 iniciativas de modernización del Estado, categorizadas en aquellas transversales (personas en el Estado, mejor gasto público, servicios ciudadanos y experiencia usuaria, descentralización y transformación digital, transparencia e integridad pública) y aquellas con foco intersectorial (relacionadas a temas como cuidados, seguridad, niñez o migrantes).
A juicio de la CPC los temas más urgentes son los relacionados a personas en el Estado y mejor gasto público. En relación a personas en el Estado, la CPC levantó la inquietud de que entre las medidas propuestas no hay una de reforma al Estatuto Administrativo, considerando que la complejidad contractual en el Estado -a honorarios, a contrata, de planta, según Código del Trabajo y algunos por Alta Dirección Públicaimpide una gestión eficiente de los recursos. Además, hay baja rotación laboral, judicialización de las desvinculaciones, sistemas de evaluación y desempeño ineficaces, pocas oportunidades de desarrollo de carrera, poca movilidad horizontal, y una cierta lógica de estancos por ministerio o servicio.
Ante este escenario, ya en 2020 los centros de estudio Libertad y Desarrollo, Centro de Estudios Públicos, Chile21 y Espacio Público publicaron en conjunto el libro “Gestión de personas en el Estado”, que incluía propuestas políticamente transversales y que fueron recogidas en un proyecto de ley de la administración anterior, presentado en marzo de 2022. Este proyecto incluía propuestas atractivas, como establecer un sistema de ingreso al empleo público más transparente y fundado en razones de mérito, crear la figura de los asesores de Gobierno (separándolos así de los funcionarios públicos), generar incentivos para la movilidad horizontal (manteniendo antigüedad ante cambios entre organismos públicos), establecer causales de cesación de funciones más amplios junto con algún mecanismo de protección ante la cesantía, avanzar en mayores garantías para los cargos de Alta Dirección Pública, entre otras. La opinión de la CPC es que debiera retomarse la tramitación de ese proyecto de ley, en diálogo con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
En relación a un mejor gasto público, una de las 30 medidas propuestas es la consolidación del sistema de evaluación y monitoreo de programas. Esto se logrará parcialmente con la nueva Agencia de Políticas Públicas, a la que nos referimos más abajo, pero la CPC estima que no es suficiente y habría que racionalizar fuertemente el gasto público en programas públicos, en al menos tres dimensiones:
Racionalización por mala evaluación
¿Qué ruta se sigue con aquellos programas que son mal evaluados por parte de la Dipres (ya sea por focalización, eficacia o eficiencia)? ¿No debieran tener un plazo para enmendar su evaluación y, de lo contrario, ser cancelados?
Racionalización por temas
Es necesario revisar el número de programas según temas y/o destinatarios. Por ejemplo, hay 70 programas de salud y vida sana, o casi 80 programas distintos para personas vulnerables. Claramente es un exceso y, por tanto, hay que revisar la matriz de interacción entre temas, destinatarios y ministerios responsables, para evitar duplicación o triplicación de programas.
Racionalización por bajo presupuesto
El 46% de los 689 programas públicos tiene presupuesto de menos de US$2 millones. Con los costos de diseño e implementación (costos fijos) de un nuevo programa, es difícil que programas con presupuesto tan bajo sean bien evaluados. Debiera avanzarse hacia la prohibición de implementar programas de menos de US$2 millones de presupuesto (o algún otro umbral a determinar), a menos que esté muy debidamente fundado. Esto lo propone en términos generales el OECD Economic Survey (de septiembre 2022), que concluye que el sistema de protección social en Chile (y para otros no sociales también aplica) tiene un diseño “fragmentado”. También sugiere que habría que explorar la unificación y racionalización de programas públicos y considerar un impuesto negativo al ingreso o ingreso mínimo garantizado.
Hacia fines de 2023, el Consejo realizó un informe de priorización de las 30 medidas, seleccionando aquellas relacionadas con transformación digital del Estado, descentralización, y productividad, servicios ciudadanos y experiencia usuaria. En relación al último punto, la CPC presionó especialmente por la simplificación de la tramitación de proyectos de inversión, destacando las iniciativas de ley relacionadas a permisos sectoriales, sistema de evaluación de impacto ambiental, concesiones marítimas y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Durante 2024, el Consejo mandó realizar al Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile el “Estudio de la Modernización del Estado en Chile desde el año 1990 hasta la actualidad”. Una de sus principales conclusiones es que, entre las brechas pendientes en modernización, se encuentran una reforma al Estatuto
Administrativo del empleo público, en la optimización de proceso para la obtención de permisos, ampliación de la cobertura y estabilidad de los funcionarios elegidos por Alta Dirección Pública, y la profundización de la descentralización fiscal y administrativa.
Por último, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas (boletín 16799-05), el Consejo realizó un informe en octubre de 2024 en el que recomienda una serie de ajustes en su Gobierno corporativo -mayor rol del Presidente y del Consejo, y mayores dietas-, en la necesidad de tener mayor énfasis en productividad -como hoy lo tiene la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que sería absorbida por esta nueva agencia- y en el requisito de mayor financiamiento para poder desempeñarse adecuadamente, entre otras recomendaciones.
2 · Gremios por Chile AGENDA CPC
La tarea de acercamiento a las regiones constituyó un aspecto prioritario de la agenda de la CPC durante 2023 y 2024. Y es que en la Confederación de la Producción y del Comercio y nuestras 6 ramas, tenemos la convicción del enorme aporte que realizan las regiones al desarrollo del país y, por lo mismo, de la importancia de ponerle la mayor atención al desafío de la descentralización, en el sentido de avanzar en el proceso de dar más autonomía y responsabilidades a instancias de poder y de trabajo locales o regionales.
De hecho, cuando se realizó la última reforma de estatutos de la CPC -en noviembre de 2021- se creó el cargo de la vicepresidencia a quien se le dio, entre otras, la responsabilidad de estrechar los lazos y dar mayor visibilidad a la relación con las regiones, escuchar sus dolores y trabajar propuestas conjuntas.
Así, en abril de 2023, nace Gremios x Chile, una iniciativa que se lanzó en un primer encuentro de dirigentes gremiales y empresarios en Antofagasta. A partir de entonces, los encuentros de gremios en regiones no pararon:
Objetivos de Gremios x Chile
Impulsar una musculatura gremial bidireccional, entre gremios regionales y la CPC y sus ramas, para levantar sus preocupaciones a nivel nacional, y a la vez, descentralizar nuestro accionar en materias transversales.
Antofagasta
Araucanía Los Lagos
Biobío
Magallanes
Valparaíso
Atacama
O’Higgins
Tarapacá Coquimbo Metropolitana
Generar una agenda de trabajo común tanto nacional como regional, diseñando planes de trabajo consensuados, distribuyendo los liderazgos y las vocerías de acuerdo a la particularidad de los desafíos.
Crear una red de trabajo colectivo permanente, que tenga una voz fuerte, unificada e incidente.
Apoyar liderazgos locales para que sus voces sean aún más incidentes.
Aunar posiciones frente a temas transversales/nacionales.
Visibilizar y amplificar temas regionales a nivel país.
A través de la realización de los encuentros regionales, consistentes en una mañana de trabajo con alrededor de 50-70 líderes gremiales y empresarios locales, se ha ido formando una potente red de gremios con los que estamos levantando visiones y propuestas compartidas, donde las regiones son las protagonistas. La CPC y las ramas han tenido la oportunidad de escuchar a los gremios locales, compartir agendas y unirse en los temas país transversales, aumentando así la incidencia del mundo empresarial.
A modo de síntesis, podemos señalar que las principales problemáticas comunes que enfrentan actualmente las regiones y que desafía la labor que lleva a cabo el sector privado en su aporte al desarrollo local y nacional, son las siguientes:
SEGURIDAD E INMIGRACIÓN ILEGAL
CERTEZA
JURÍDICA Y PERMISOLOGÍA
CAPITAL HUMANO
MEDIOAMBIENTE Y REGULACIÓN
INNOVACIÓN
Para materializar las actividades de Gremios x Chile, el aliado en las regiones es Inacap que facilita su sede en cada lugar de Chile. En terreno, hemos podido constatar el tremendo valor que significa para el desarrollo local esta institución que tanto aporta formando y entregando oportunidades a miles de jóvenes y adultos a lo largo de todo Chile.
Con el fin de mantener el contacto permanente entre la CPC y las ramas con los gremios regionales, y de todos ellos entre sí, Gremios por Chile cuenta con:
sitio web www.gremiosporchile.cl
linkedin linkedin.com
canal de youtube youtube.com/@GremiosPorChile
espacio creado para la transmisión en vivo de webinars temáticos y de interés para los participantes de la red de trabajo colaborativa regional.
Durante el año 2023 se inició el ciclo de conversatorios digitales dirigidos a los gremios regionales. La primera actividad denominada “Conversemos sobre la Constitución” contó con la exposición de Bettina Horst, integrante del Comité de Expertos, quien presentó los principales ejes de la propuesta final de nueva Constitución. Luego se llevó a cabo el conversatorio sobre el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, con Nicolás Marshall, jefe de la División Fomento, Inversión e Industria, del Ministerio de Economía. Durante el año 2024, se transmitieron tres nuevos conversatorios: el primero sobre los desafíos que enfrenta Chile en materia de seguridad, con el abogado Felipe Harboe; el segundo sobre informalidad laboral, con Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, y Jorge Welch, presidente de ASECH; y el tercero sobre los nuevos desafíos regulatorios para las empresas, con la abogada y directora de empresas, Carmen Román.
Cabe destacar que en cada región visitada, la iniciativa Gremios x Chile ha sido muy bien acogida por toda la comunidad de la región, lo que ha permitido no solo el éxito de los encuentros y la visita a empresas locales, sino también una amplia cobertura de prensa en los medios de cada región, alcanzando 170 publicaciones durante 2023 y 2024 en diversos medios.
Encuentro nacional de Gremios
x Chile Región Metropolitana
El 22 de noviembre de 2024, más de 200 líderes y representantes de los principales gremios empresariales de las distintas regiones del país, además de las asociaciones gremiales de carácter nacional, se reunieron en la sede central de INACAP, en el Encuentro Nacional de Gremios por Chile Región Metropolitana.
Los temas y mensajes centrales levantados por los expositores y asistentes fueron la necesidad de retomar el crecimiento alto, de combatir la crisis de seguridad, fortalecer la certeza jurídica y dar señales que incentiven la inversión.
El encuentro contó con la participación del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, como expositor principal. “El diálogo y la construcción de redes con las regiones es extremadamente valioso. Es muy importante que seamos conscientes que la economía no ocurre en un abstracto, ocurre en un territorio, donde se produce, se trabaja, se consume, se contrata; y, por lo tanto, si uno no tiene la capacidad de mirar la economía en ese territorio se pierde el objetivo al cual se está abocado”. Agregó que “no importa lo que ocurra en los procesos electorales, con ciertas decisiones de política, el desafío de hacer crecer a este país lo vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo”.
Además de las intervenciones del presidente y la vicepresidenta de la CPC, se presentó un video para dar a conocer los principales desafíos sociales y económicos que enfrenta cada región, a través de la voz de los propios líderes de gremios regionales, quienes se refirieron a temas de seguridad, permisología, certeza en las reglas, descentralización, informalidad, empleo, productividad, modernización del Estado e innovación. Luego se desarrolló un panel de conversación con la participación de los presidentes de las ramas de la CPC, para conocer la visión de cada sector productivo.
La voz de los Líderes Regionales
“Gremios por Chile permite la interconexión entre los gremios y potencia nuestras agendas. Trabajar de manera articulada nos da más fuerza y posibilidades de lograr resultados”.
Marko Razmilic
Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta - AIA
“Hay temas significativos que requieren ser resueltos en Chile, por lo que es razonable que conversemos. Los gremios son la caja de resonancia de las empresas socias. Nosotros representamos a más de 100 industrias del Biobío y es clave enfrentar unidos los desafíos”
Álvaro Ananías
Presidente de la CPC Biobío
“Que la CPC nacional junte a los diferentes gremios de variados sectores productivos es de la mayor relevancia, porque si bien los problemas que tenemos pueden ser diferentes, obedecen a causas transversales, y trabajando juntos, podemos encontrar mejores soluciones”.
Alejandro Casagrande
Presidente de Corma Biobío-Ñuble
“Es muy importante que los gremios estén unidos y que presionemos en pro del desarrollo de la región, sobre todo cuando vivimos un centralismo bastante exacerbado en el país. Tenemos una región con múltiples matrices productivas y es clave trabajar en conjunto. Por tanto, valoro que la CPC nos convoque en este encuentro empresarial de gremios”.
Bernardo Suazo
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción
“Creemos que promover una agenda de crecimiento es fundamental, impulsando incentivos para dinamizar actividades como la construcción, sector que ha sufrido su mayor caída en casi tres décadas en todo el país; así como también agilizar la tramitación de los permisos de aquellos proyectos de infraestructura de gran envergadura y que pueden significar una enorme inyección a la economía y a la empleabilidad regional, entre otros temas”.
Javier Torrejón
Presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso
“La colaboración entre los actores claves del ecosistema es muy necesaria para poder impulsar el desarrollo regional y superar las dificultades que enfrentamos. Trabajar en conjunto con diversos gremios regionales es una señal muy positiva de un esfuerzo colaborativo en marcha”.
Gerald Pugh
Presidente de la Asociación de Industriales de Valparaíso - ASIVA
“Gremios por Chile es una instancia que viene a complementar el trabajo gremial en cuanto a cómo abordar en forma de redes y colaborativa los problemas transversales de gran impacto y que afectan a cada gremio y sus asociados. Lo positivo, además, es que lo hace a partir de las regiones, validando con ello la vocería y representatividad regional. Un gran acierto que esperamos se consolide aún más este 2024”.
Héctor Henríquez
Presidente Multigremial de Los Lagos
“Valoramos la asociatividad de los privados, para alcanzar la mayor representatividad posible del sector empresarial y vincularnos con las autoridades y demás actores de la sociedad, para impulsar un desarrollo sostenible y más progreso para los habitantes de la región y el país. Por ello estamos muy entusiasmados de ser parte de esta reunión de los Gremios por Chile, porque aquí estamos representados todos los sectores de la actividad productiva y de servicios de la región”.
Gabriel Benavente
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso
“Como gremios, tenemos la responsabilidad de impulsar cambios y adoptar buenas prácticas en nuestro quehacer diario, con el objetivo de contribuir de manera concreta y efectiva a la sociedad y al desarrollo de nuestro país. Esta tarea adquiere aún más relevancia en tiempos de crisis económica, donde la reactivación y la generación de empleo se vuelven imperativas. Por ello resulta fundamental reunir a las diversas industrias del país, tal como lo ha hecho Gremios x Chile, con el propósito de escuchar las problemáticas locales y destacar la importancia de las regiones en la inversión nacional”.
Claudio Sepúlveda, Pesidente de la Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt
“Quiero destacar la relevancia de este encuentro de gremios empresariales en Atacama, que, entre otras cosas, nos permite una mirada compartida y una conversación más amplia sobre los principales desafíos que hoy enfrentamos como región. Estamos entre las dos primeras regiones con mayor cartera de proyectos, pero si no se logra agilizar y destrabar el sistema de permisos, difícilmente vamos a lograr concretar inversiones en el corto plazo”.
Juan José Ronsecco Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama - CORPROA
VISITA A GARCÉS FRUIT · MOSTAZAL
VISITA A LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
VISITA A MINERA CANDELARIA · COPIAPÓ
“En línea con nuestro propósito de contribuir al desarrollo sostenible de la región, nos parece fundamental contar con espacios de diálogo para reflexionar acerca de los desafíos de O’Higgins, los cuales nos permitan encontrar soluciones y propuestas integrales para seguir impulsando el desarrollo de esta región”.
Rafael Prieto
Presidente de la Corporación Pro O’Higgins
“Desde la Asociación de Industriales de Iquique valoramos enormemente que la CPC y sus ramas vengan a las regiones a escuchar a las empresas locales y a tratar de levantar información sensible para elaborar estrategias de acción en conjunto, que se traduzcan luego en medidas concretas para mejorar el escenario actual para el empresariado local, fomentar la inversión privada y recuperar las tasas de crecimiento económico que hemos perdido durante los últimos años”.
Leopoldo Bailac Presidente de la Asociación de Industriales de Iquique - AII
“Esta una muy buena instancia para poder trabajar unidos. Coquimbo es una región minera, pero la minería se desarrolla en un contexto junto con todos los sectores productivos. La unión de los esfuerzos, buscar los dolores comunes y la manera de resolverlos unidos o en red, es una gran oportunidad, porque todos nos necesitamos para poder salir adelante”.
“Es una tremenda señal ver a todos los gremios trabajando unidos, pensando en el desarrollo y los problemas que tiene la región. Estamos todos convencidos que, mediante un crecimiento responsable y una mayor inversión, vamos a poder sacar al país adelante y mejorar la calidad de vida tanto de los habitantes de la región de Coquimbo como de Chile”.
Ignacio Pinto Gerente del Consejo Regional Minero de CoquimboCORMINCO
Felipe Páez Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
La Serena
3 · Compromiso con la Sociedad AGENDA CPC
EMPRESAS POR CHILE
En tiempos de grandes desafíos, las empresas pueden y deben ser un motor de esperanza para lograr un mejor país.
Son muchas las empresas en Chile comprometidas con la sociedad que se la juegan por aportar con oportunidades para sus trabajadores y sus entornos. Las necesidades de las personas son numerosas y, por lo mismo, son diversas las oportunidades de colaboración para encontrar entre todos los mejores caminos para resolverlas. Pero el sector empresarial está consciente que se podría hacer un cambio mucho mayor si se hace de forma conjunta entregando soluciones en temas de gran relevancia social, incluso yendo más allá de su propio giro.
Con esta convicción, empezó a gestarse en 2023 Empresas por Chile, una iniciativa que está marcando el comienzo de un movimiento empresarial que busca potenciar el vínculo de la empresa con la sociedad. A comienzos de 2024, a través de encuentros en el que participaron cientos de empresarios y ejecutivos, los gremios empresariales tomaron una definición, concretando así el propósito del proyecto: volcar la capacidad de gestión y colaboración de las empresas para crear impacto colectivo, conectando con acciones y programas que ya existen y que puedan escalarse, sumando también a la sociedad civil y el mundo público.
El 23 de agosto de 2024, en la sede central de INACAP, se lazó Empresas por Chile, con el impulso inicial de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus 6 ramas, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Icare, Empresas B y la Multigremial Nacional. Y con el paso de los meses han seguido sumándose gremios y empresas, las cuales ya suman 140.
“Empresas por Chile no es solo una iniciativa más. Es un llamado de muchos gremios a poner en valor lo que ya están haciendo las empresas chilenas por sus trabajadores, sus familias y sus comunidades. Sabemos que cuando el sector privado se moviliza con un propósito común, no hay límite para lo que podemos lograr”, explicó el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Durante sus primeros meses, el trabajo de Empresas por Chile ha estado enfocado en tres líneas de acción:
Mejorar la seguridad de los barrios donde están insertas las empresas. 1 2 3
Movilizar la prevención en salud con los trabajadores y sus familias, buscando alianzas con organizaciones de la sociedad civil y el Estado.
Coordinarse entre las empresas y los liceos técnicos de todo el país para que todos los jóvenes logren acceder a prácticas laborales.
Con el fin de sumar al Estado en este movimiento empresarial y tener así un mayor impacto, se han desarrollado reuniones con la ministra de Salud, Ximena Aguilera; la ministra de Interior, Carolina Tohá; y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quienes lideran cada una de las causas. Cada uno de ellos manifestó su entusiasmo y disposición a trabajar colaborativamente en un alianza pública-privada que permita llevar soluciones en salud, educación y seguridad a más personas.
Para avanzar en estos objetivos, Empresas por Chile opera en alianza con diversas instituciones de la sociedad civil, especializadas en cada una de estas materias. Con la idea de ir sumando cada día más aliados, en una primera etapa, en el caso de educación técnico profesional se apoyan en Cauce de INACAP y en la Red de Empresas por la Educación Técnico Profesional de SOFOFA. Para los temas de salud, se trabaja con Desafío Levantemos Chile, la Asociación Chilena de Seguridad, el Laboratorio de Innovación Pública y la Universidad Católica. En seguridad, en tanto, se han concretado alianzas con Paz Ciudadana, Fundación Pacto Social y el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La forma de vincularse a este movimiento es a través de www.empresasporchile.cl. Las empresas pueden inscribirse, seleccionar la causa a la que desean sumarse y enlazarse con las organizaciones expertas que los apoyarán a implementar soluciones.
ALIANZAS EDUCACIÓN
ALIANZAS SALUD
ALIANZAS SEGURIDAD
Chile por la Salud Preventiva
Hoy, siete de cada 10 personas mueren en Chile de una enfermedad crónica: diabetes, hipertensión, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer, entre otros. Si estas patologías se detectan tempranamente y se interviene a tiempo, el riesgo se reduce inmensamente. De allí la importancia de reimpulsar la estrategia sanitaria del Examen Medicina Preventiva (EMPA), que es parte de las garantías GES y que contempla que toda persona se efectúe un examen de salud preventivo en determinados momentos de su vida.
El sistema de salud ha hecho esfuerzos para propiciar que las personas se hagan exámenes preventivos, los que son gratuitos para afiliados a Fonasa e Isapres. Sin embargo, solo un 13% se los realiza. Cambiar esta realidad es un desafío que puede tener impacto en la salud de las personas, con una mejor calidad de vida, y en el propio sistema, reduciendo la carga de enfermedad.
Este escenario nos lleva a movilizarnos conjuntamente para un abordaje integral. Para lograrlo, la colaboración público-privada es clave, con el compromiso claro de acercar los exámenes y su seguimiento a los usuarios, reduciendo las barreras de acceso y aumentando la conciencia de prevenir. Fomentar con decisión una verdadera cultura de prevención en salud, es una tarea en la que todos podemos aportar.
En este contexto, el Ministerio de Salud, Empresas por Chile y Desafío Levantemos Chile estamos desarrollando -desde noviembre de 2024- “Chile x la Salud Preventiva”, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar este cambio. Para su lanzamiento se eligió la comuna de Renca, donde junto al Municipio, se llevó a cabo una jornada de exámenes preventivos en los lugares de trabajo, realizados gratuitamente a los trabajadores de 13 empresas de la comuna, por el centro de atención primaria local. Este es el punto de partida de un proyecto que se expandirá por 21 comunas de todo el país que cuentan con Atención Primaria Universal, donde todos pueden inscribirse y atenderse, independiente de si son de Fonasa, Isapre o FFAA, y a todas las otras comunas que tienen alianzas con Municipios y prestadores privados, como las mutuales.
La aspiración es que, mediante la colaboración entre el sector público y cientos de empresas de todo Chile, realicemos miles de exámenes preventivos adicionales antes de diciembre de 2025. Y que sea un punto de partida para que en el futuro próximo podamos tener a millones de personas realizando estos exámenes anualmente.
CONDUCTA EMPRESARIAL
Las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales sobre Conducta
Empresarial Responsable de la OCDE, entregan recomendaciones a las empresas para que su comportamiento no derive en impactos negativos sobre una diversidad de ámbitos sociales, laborales y medioambientales.
Por su parte, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas son un conjunto de directrices que orientan tanto a los Estados en su labor de protección a los derechos humanos, como a las empresas en su deber de respetarlos.
En tanto, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT,
brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo.
Estos tres instrumentos contienen los principales estándares internacionales en materia de Conducta Empresarial Responsable, los que han encontrado un elemento de convergencia en la debida diligencia, y la expectativa de que las empresas la implementen con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos generados por sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales.
La CPC participa activamente de distintas instancias nacionales e internacionales que tratan desde distintos frentes modificaciones de las políticas públicas sustentadas en la implementación de los estándares internacionales de Conducta Empresarial Responsable. A continuación se detallan las principales instancias en las que ha participado la CPC:
EN ROMA · LA EMPRESA DEL BIEN COMÚN
Revisión de las Salvaguardas
Mínimas Sociales propuestas para la implementación de la Taxonomía medioambientalmente sostenible en Chile
El Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Universidad Católica, está desarrollando un proceso de revisión de salvaguardias mínimas sociales (conjunto de condiciones o requisitos que deben cumplir las actividades económicas elegibles para que la taxonomía las considere o sean catalogadas como “medioambientalmente sostenibles”). A juicio del Ministerio de Hacienda, su implementación proporcionará un lenguaje común que facilitará la comparabilidad entre actividades y contribuirá a evitar entregar información inexacta sobre las características sostenibles de proyectos e inversiones a financiar.
Consultada sobre esta materia, la CPC considera que hay que ser cuidadosos al establecer taxonomías medioambientalmente sostenibles y salvaguardias mínimas sociales, porque compartiendo que es importante separar las empresas que efectivamente trabajan bien la sostenibilidad de quienes pueden instrumentalizarla para lavar su imagen, es delicado que se vuelva un filtro para acceder a financiamiento por parte del sector financiero, sobre todo si se considera la obligación de las empresas de demostrar que actúan con debida diligencia en materia de derechos humanos, por ejemplo, respecto de su cadena de suministro, o que sea el propio sector financiero quien deba verificar que las empresas cumplen con la debida diligencia.
Diálogos prelegislativos
de la ley sobre Debida Diligencia
El Programa de Gobierno del Presidente de la República contempla el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre debida diligencia en derechos humanos. Se trataría de pasar de un conjunto de estándares de naturaleza recomendatoria y promocional para las empresas, a otro jurídicamente vinculante, mediante la implementación de directivas, regulaciones o leyes.
En ese marco, en noviembre de 2023 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos invitó a la CPC y varias de sus ramas a participar de un primer diálogo prelegislativo para empresas privadas y fundaciones empresariales sobre una eventual ley de debida diligencia.
La CPC expuso su posición, que se resume en los siguientes argumentos:
1.- Antes de legislar hay que seguir socializando en qué consiste la debida diligencia y uniformar el lenguaje, porque muchas grandes empresas cuentan con sofisticadas herramientas en materia de mapeo de riesgos de sus accionar que no relacionan con la debida diligencia, principalmente porque el concepto es relativamente novedoso y es abordado con otras denominaciones en otros instrumentos internacionales.
2.- Se debe realizar un estudio de brechas legales y regulatorias, porque Chile ya cuenta con múltiples leyes y regulaciones que resguardan los derechos humanos que acciones involuntarias de las empresas pudieran afectar.
3.- Considerar que en Chile más del 90% de las empresas son pymes.
4.- Recordar que el país tiene una informalidad cercana al 30%.
5.- Relevar que, producto de la apertura comercial de Chile y de sus múltiples acuerdos de libre comercio, muchos de los bienes comercializados son importados, y muchos provienen de China, India y otros países con estándares normativos laborales, ambientales, de libre competencia, protección al consumidor y tributarios mucho menos rigurosos que los nacionales.
6.- Destacar que las grandes empresas ubicadas en Chile cuentan con muchas pymes nacionales y extranjeras dentro de su cadena de suministro, e incluso con grandes empresas provenientes de países muy importantes que son fundamentales para su actividad comercial, pero sobre las cuales existe nula o casi nula posibilidad de influir.
7.- Recordar que los países que avanzan en regulación legal de la debida diligencia son desarrollados y formales, con un alto estándar regulatorio y capacidad política para imponer sanciones comerciales.
8.- Expresar preocupación por el hecho de que elevar las exigencias para las grandes empresas más allá de sus capacidades reales pueda hacerlas objeto de sanciones comerciales impuestas por incumplimiento de cláusulas de los acuerdos comerciales, o ser usadas como barreras para- arancelarias.
9.- Exponer que hay que ser cuidadosos al generar expectativas desproporcionadas en la sociedad civil, que puede entender que las grandes empresas deben hacerse cargo de asumir responsabilidades que son propias del Estado. Esto puede ser especialmente delicado para las empresas que operan en territorios con presencia de pueblos indígenas.
10.- Recordar que, a diferencia de muchos de los países de Europa que están promoviendo leyes de debida diligencia, Chile es un pequeño país en vías de desarrollo que no puede cerrarse al comercio internacional, que junto a sus múltiples acuerdos de libre comercio ha ratificado una gran cantidad de compromisos internacionales en materias laborales (64 Convenios de la OIT) y ambientales (Acuerdo de Escazú) que le imponen un estándar igual o mayor al de países con mucho mayor grado de desarrollo.
11.- Destacar que recientemente Chile aprobó una ley de delitos económicos que aborda materias corporativas, ambientales, laborales y previsionales, que junto con exigir ampliar el mapeo de riesgos por parte de las empresas, incorpora sanciones penales para las personas naturales y jurídicas, incluidas penas de cárcel, estándar superior al del promedio de los países europeos.
12.- Recordar que la ley Karin y el Convenio 190 de la OIT obligan a todas las empresas a tomar medidas de debida diligencia a través de protocolos preventivos de situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia externa. Medidas que no existen otros países, incluidos los desarrollados con los que queremos compararnos.
Tercer Plan de Acción Nacional de
Derechos Humanos y Empresas
En agosto de 2024 la Subsecretaría de Derechos
Humanos invitó a la CPC junto a distintas organizaciones de la sociedad civil a participar de una sesión especial destinada al Diseño del Tercer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN3), que busca fortalecer las políticas públicas e incorporar medidas empresariales en torno a la Debida Diligencia en Derechos Humanos y la Conducta
Empresarial Responsable. La CPC presentó su visión alineada con los 12 puntos anteriores.
Tratado jurídicamente vinculante sobre actividades empresariales y los derechos humanos
La CPC fue invitada por la División de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores a participar de la mesa voluntaria de trabajo multisectorial que tiene por finalidad contribuir a la posición estatal en la discusión sobre el cuarto borrador del instrumento jurídicamente vinculante, que actualmente se discute en Ginebra, a partir del mandato establecido por el Consejo de Derechos Humanos.
En la oportunidad, la CPC expuso los principales argumentos por los que estima importante que el Estado de Chile no apoye la generación de un tratado jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos humanos, tomando como referencia los 12 argumentos expuestos, para señalar que tampoco se requiere de una ley de debida diligencia en Chile.
ENCUENTRO EMPRESARIAL · EMPRESAS Y DD.HH. ORGANIZADO POR OIE
Guía sobre Empresas y
Derechos Humanos
El año 2019 la CPC, junto a Pacto Global, Acción Empresas y ACT/EMP por la OIT, elaboró una Guía para empresas titulada: Empresas y Derechos Humanos, que fue muy bien recibida entre gremios y empresas nacionales y de América Latina. Con el fin de actualizar sus contenidos, hoy se le encargó a la Universidad Católica -con el apoyo ACT/EMP de la OITla elaboración de una segunda Guía para Empresas que esté focalizada en la Debida Diligencia como elemento esencial y punto de encuentro de los instrumentos internacionales más relevantes que abordan los estándares de Conducta Empresarial Responsable.
Empresas Sumando Valor
La plataforma digital www.sumandovalor.cl es una iniciativa inédita en cuanto a la colaboración de diversas organizaciones -CPC, Acción Empresas, SOFOFA y Pacto Global- por relevar anualmente, los aportes concretos de las empresas nacionales en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El portal web colaborativo alberga casos empresariales que impactan positivamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en base a las publicaciones de sus propios Reportes de Sostenibilidad.
Cuando una empresa reporta sus acciones en materia de sostenibilidad bajo el prisma ODS, las buenas prácticas comienzan a transformarse en acciones estratégicas que guían el trabajo de una empresa del siglo XXI, que no sólo permite que crezca su negocio, sino que lo hace en armonía con los recursos naturales y con la sociedad donde opera.
En 2023, se revisaron 191 Reportes de Sostenibilidad, encontrándose 110 empresas y 250 casos relacionados con los ODS (correspondiente al ejercicio 2022).
En 2024, se revisaron 272 Reportes de Sostenibilidad, encontrándose 94 empresas y 220 casos relacionados con los ODS (correspondiente al ejercicio 2023).
3xi es una corporación fundada por cinco organizaciones (CPC, ASECH, Sistema B, Comunidad de Organizaciones Solidarias y Centro de Innovación UC), reunidas en torno a la necesidad de diseñar, promover y realizar encuentros entre personas de distintos orígenes, sensibilidades y ámbitos de acción, pero unidas en torno al compromiso de mejorar la base de confianza mutua en nuestra sociedad.
Bajo el lema “Hacia una cultura del encuentro”, ha ido reuniendo a diversos grupos de personas de acción, convocadas en torno al ideal de aportar ideas y enriquecer la discusión que permita abordar los desafíos de un desarrollo integral y sustentable, como tarea de todos. El llamado de 3xi es a inspirarnos mutuamente y generar un clima propicio a la creatividad y al trabajo concertado; incluirnos, como señal de valoración de la diversidad de nuestros talentos e intereses; e innovarnos en lo personal y en lo colectivo, en la búsqueda de hacer de Chile un país de emprendedores y creadores de valor para un mundo en profundo proceso de cambio.
Desde marzo de 2017 a la fecha, se han realizado 51 encuentros 3xi, a los que se suman 26 encuentros en colaboración con otras organizaciones. En ellos han participado un total de 11.643 personas entre empresarios, emprendedores, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de pueblos originarios, empresas B, dirigentes gremiales, ejecutivos de empresas, líderes en innovación, artistas y comunicadores.
51
Encuentros
26
11.643
Encuentros en colaboración con otras organizaciones
Participantes
En el marco de 3xi, han nacido proyectos concebidos colaborativamente entre quienes reciben y quienes otorgan una prestación social, en un esquema de beneficio mutuo. Cada uno de ellos es una instancia de intercambio y de vinculación real a través del encuentro entre las personas que participan de él. Así, cada uno de los “proyectos Juntos” abordan realidades sociales complejas, van tejiendo relaciones de colaboración y de integración entre sus actores. La idea es alcanzar avances respecto de carencias concretas, construyendo alianzas entre entidades del mundo privado y de la sociedad civil organizada.
3XI MAIPÚ / EL ABRAZO DEL REENCUENTRO
Juntos por la Infancia
Su objetivo es acompañar integralmente a los niños y jóvenes de las residencias de la red del Sename a lo largo de todo Chile, a través de la creación de vínculos y trabajo colaborativo entre las empresas y las residencias. Estas alianzas buscan generar un plan de mejora continua que tenga realmente impacto en la vida de los niños. Para eso, se establece la situación actual de la residencia (línea base), el estado deseado (meta a alcanzar) y ruta de trabajo en conjunto. La idea es que las alianzas sean entre una empresa y un hogar que se encuentren ubicadas relativamente cerca, en la misma comuna o región, para que los colaboradores de esa empresa puedan acompañar directamente a los niños. Se busca ir mejorando la calidad de vida de los menores a través del involucramiento personal de los miembros de cada empresa, lo que también los enriquece a ellos.
El proyecto trabaja con 24 Organizaciones
Colaboradoras del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que administran 51 residencias de protección a nivel nacional. A la fecha, 45 residencias han formado alianzas con empresas que han decidido sumarse a esta cruzada solidaria por la infancia. Esto significa que cerca de 1.200 niños, niñas y jóvenes están siendo acompañados por una empresa, en un plan anual de mejoramiento continuo, con la participación de 1.420 voluntarios de empresas.
Juntos por la Infancia trabaja en 11 regiones del país, impactando positivamente el bienestar de un 25% de los niños y niñas que están en cuidados alternativos residencial.
24
Organizaciones involucradas
45 1.200 1.420
Residencias tienen alianza con empresas
25%
Niños/niñas y jóvenes
11
Voluntarios de empresas
Niños y Niñas que están en cuidados alternativos residencial Regiones del país
ENCUENTRO JUNTOS POR LA INFANCIA
Juntos en la Calle
Iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la CPC y la Corporación 3xi, que tiene como propósito solucionar la situación de calle a través de una red territorial articulada que cuente con el apoyo empresarial, dialogue con el sector público y se instala en el corazón de la sociedad civil, vinculando organizaciones privadas interesadas en potenciar los talentos, entregar herramientas y co-construir soluciones concretas para abordar el problema de quienes viven en situación de calle A la fecha, se encuentran trabajando activamente 10 organizaciones y hay 4 alianzas vigentes.
Hoy más de 20.000 personas en Chile viven en situación de calle, principalmente por causas estructurales, institucionales y personales. Para avanzar en superar esta situación, se necesita poner el foco en programas de habitabilidad, integración comunitaria, herramientas de sociabilización y desarrollo ocupacional.
El modelo de trabajo de este proyecto consiste en invitar a las empresas a encontrarse y vincularse con las personas que viven en la calle colaborando con las fundaciones que trabajan para la superación de este problema, permitiendo mejorar la efectividad y la sostenibilidad de sus acciones, en 5 ámbitos:
Juntos con los Mayores
Proyecto colaborativo que se ha sumado al desafío de impulsar un cambio cultural para resignificar la vejez, en un Chile que al 2050 tendrá al 32% de su población envejecida y donde el edadismo toca a una de cada dos personas. Lo que se busca es poner en el centro a las personas mayores y su integración con un enfoque intergeneracional y que comprenda a las personas mayores como sujetos de derecho, para un envejecimiento digno, autónomo y que potencie todas sus redes.
En un Chile que envejece a pasos de gigante es urgente convertirnos en un país más inclusivo. Por ello, el proyecto trabaja en la articulación de empresas con Clubes de Adulto Mayor, llevando capacitaciones de empoderamiento digital a lo largo de todo Chile.
Hoy se han materializado 225 vínculos territoriales con Clubes de Adulto Mayor, y existen 8 alianzas entre empresas y clubes, logrando que 75 personas mayores ya tengan habilidades digitales instaladas.
Juntos por la Reinserción
Tiene como fin consolidar una red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros actores que promuevan la disminución de la reincidencia delictual de personas con antecedentes penales. Para ello, busca la reinserción laboral de personas privadas de libertad, donde se suman los esfuerzos de 3xi con la alianza público privada que lidera el Ministerio de Justicia, para lograr la adecuada y duradera inserción en el mundo del trabajo, mediante la capacitación laboral, acompañamiento y oportunidades de trabajo remunerado, con foco en aquellos que, mediante un análisis multifactorial, cuenten con menor riesgo de reincidencia y estén cercanos a cumplir su condena.
Hoy se trabaja con 16 alianzas para la reinserción, 110 cupos laborales y 91 personas capacitadas virtualmente.
16
Alianzas para la reinserción
110
Cupos laborales
91
Personas capacitadas virtualmente
AGENDA MUJER 4
La inclusión de más mujeres al mercado laboral trae evidentes beneficios para los países, en materia de reducción de la pobreza; para las empresas, en términos de eficacia y rentabilidad; y para la sociedad en su conjunto. Pero a pesar de los consensos en torno a los beneficios que aporta más mujeres en las empresas, subsisten en nuestro país trancas culturales y rigideces en el mercado laboral.
Necesitamos contar con políticas públicas que faciliten su incorporación al permitirles compatibilizar las labores en la empresa con sus compromisos familiares y personales. Por otra parte, tenemos que dar pasos decididos hacia un cambio cultural que, de manera voluntaria, fomente la incorporación de mujeres en los distintos ámbitos de toma de decisiones de las empresas y otras instituciones.
El sector privado tiene un rol esencial en esto y la CPC lleva varios años promoviendo cambios que favorezcan el aumento de la participación de las mujeres en el trabajo, porque tanto los estudios como la experiencia empírica nacional, señalan que la participación laboral femenina contribuye de manera significativa a aumentar la productividad de las empresas. Con esta convicción, la CPC contribuye a través de distintas iniciativas a generar las condiciones para una mayor y mejor participación de las mujeres en el trabajo y en el espacio público, en alianza con distintas instituciones como Mujeres Empresarias, Chile Mujeres, Organización Internacional del Trabajo, Foro Trabajadores Empleadores, Chile Unido, Comunidad Mujeres, Iniciativa Paridad de Género, universidades varias.
Promociona
Promociona es un programa integral de formación de ejecutivas que amplía sus capacidades y habilidades directivas para ocupar cargos de alta responsabilidad en las empresas, fomentando el liderazgo compartido, indispensable para el desarrollo de organizaciones y una sociedad más diversa y humana. Nace en España, liderado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En Chile, es desarrollado por la CPC en conjunto con Icare, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Economía, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Consultora Adapsys y el BID.
Desde el año 2017, Promociona ha realizado en nuestro país 11 versiones de este programa. A la fecha, han participado 360 ejecutivas y 285 mentores provenientes de 102 empresas, logrando que un 33,3% de mujeres sean promocionadas en sus empresas a cargos de mayor responsabilidad.
Durante 2023 y 2024, se llevaron a cabo dos grandes encuentros de la Red de Mujeres Promociona. El primero en enero de 2023 y el segundo en abril de 2024, ambos con una destacada participación de más de 100 mujeres en 2023 y más de 120 en 2024. Estos eventos contaron con la presencia de los principales representantes de las organizaciones que respaldan el programa, fortaleciendo los vínculos entre las mujeres líderes y sus instituciones. Otra actividad destacable que se realiza en el marco de Promociona, es el programa de mentorías para emprendedoras, desarrollado en colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg). En 2024, se inició la séptima versión de este programa, en la que las mujeres de Promociona mentorean a emprendedoras de todo Chile, desde Arica hasta Magallanes.
Proyecto de Ley para aumentar la
participación de Mujeres en Directorios
En noviembre de 2022, el Gobierno presentó el proyecto de ley que busca aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (Boletín N°15516-34). En julio de 2023, la CPC presentó sus comentarios ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que se resumen así:
Chile es el tercer país de la OCDE que más ha crecido en la proporción de mujeres en directorios
Compartimos plenamente el objetivo de incorporar más mujeres en los directorios. Para lograrlo exitosamente, se requiere de un proceso profundo y gradual, que involucre a las empresas con libertad, convicción y proactividad. Creemos que solo así se logrará un verdadero cambio cultural que hará que la participación de más mujeres en los directorios sea sostenible en el tiempo, con todos los beneficios que ello trae para la mujer, la empresa y la sociedad en su conjunto.
La CPC propone que las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales reguladas por la CMF avancen hacia una cuota recomendada (“cumpla o explique”), en un porcentaje similar al promedio que han logrado los países de la OCDE (30%) luego de muchos años y teniendo una mayor participación laboral que la nuestra.
Esta meta debiera alcanzarse en un plazo acotado de años. Siguiendo la propuesta del proyecto de ley del Gobierno, proponemos una cuota recomendada de un 20% de mujeres en directorios durante los tres primeros años, para luego llegar a un 30% al sexto año y en adelante, siempre bajo el modelo “cumpla o explique”.
Los antecedentes son prometedores, puesto que, según el OECD Corporate Governance Factbook 2023, Chile es el tercer país de la OCDE que más ha crecido en la proporción de mujeres en directorios de empresas listadas en los últimos años, llegando a un 17,1% en 2022 sin necesidad de cuotas. Con el sistema de cuota recomendada se potenciaría este avance, sin tener que reducir la libertad de las personas de asociarse, organizarse y emprender una actividad económica de la manera en que estimen conveniente.
No nos parece adecuado a nuestras características culturales ni a la realidad de las empresas chilenas el establecimiento de una cuota obligatoria por ley, que choca con el derecho de los accionistas de la empresa a elegir libremente quiénes la dirigen y administran. No parece apropiado que el Estado, para lograr un objetivo loable, prive a un grupo de personas de su derecho a organizarse libremente, atentando contra el derecho de asociación.
Por otra parte, intentar avanzar de manera forzada hacia cuotas obligatorias mayores al promedio actual de la OCDE, no nos parece razonable. No es realista exigir pasar de la actual tasa de participación en directorios a una de 40% en seis años.
Cuando se promueven cambios estructurales, es fundamental avanzar con gradualidad no sólo en cuanto a plazos, sino también en relación a los métodos sugeridos, para posteriormente evaluar los impactos y considerar nuevas propuestas y mejoras.
Para generar un cambio real, lo que se necesita es que las empresas tengan una política de diversidad, de inclusión o de género, donde se gestione el talento femenino, para facilitar la llegada de más mujeres a la alta dirección.
Promover un modelo de “cumpla o explique” permitirá un mayor compromiso de los accionistas de las empresas reguladas por la CMF. También involucrará más activamente a todos los integrantes de la empresa que podrían verse afectados positiva o negativamente cuando la empresa que no ha logrado cumplir la cuota da sus explicaciones al mercado y a la sociedad.
Nuestra invitación es a seguir avanzando de manera decidida y voluntaria hacia una mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral en todos los cargos y también en directorios.
En diciembre de 2023, el Gobierno presentó un nuevo diseño del PDL Más Mujeres en Directorios, incorporando algunos cambios, frente a los cuales la CPC manifestó también algunas dudas.
En septiembre de 2024, la Cámara de Diputado aprobó el proyecto Más Mujeres en Directorios, que plantea una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas. Cada cuatro años, desde el sexto año de vigencia de la ley, la CMF evaluará con indicadores objetivos la adopción de la política. Estos indicadores son que al menos un 80% de las empresas hayan adoptado la cuota sugerida y que exista menos de un 5% de “empresas cero”.
Si alguno de estos indicadores no se cumple, las empresas que no hayan adoptado la sugerencia pasarán a un período transitorio de cuota requerida, por cuatro años, hasta el próximo período de evaluación. Precisamente aquí es donde la CPC ve el riesgo de imponer a la empresa una cuota obligatoria dada la alta dificultad de cumplir con cada una de las dos condiciones, según se explica a continuación:
Al menos un 80% del total de las empresas afectadas por el Proyecto cumple con la cuota sugerida.
Según el V Reporte de Indicadores de Género en Empresas, solo el 41,8% de las empresas cumple la cuota del 20% (155 de 378 que reportaron NCG 386 y 461), y solo el 14,3% cumple con la cuota de 40%. Por ende, sería prácticamente imposible cumplir con esta condición.
Existe menos de un 5% de las empresas cuyo directorio está integrado completamente por personas de un mismo sexo (100%).
El 39,1% de las empresas no tiene mujeres en su directorio (V Reporte de Indicadores de Género en Empresas). Por tanto, sería prácticamente imposible bajarlo rápidamente al 5% y cumplir así con la condición 2.
ENCUENTRO 2023 DE MUJERES LIDERANDO GREMIOS EMPRESARIALES
La CPC también observa otras dificultades en el proyecto de ley relacionadas con el número de directores y la cuota sugerida. En la práctica, muchas empresas tienen 7 o incluso 9 y más directores. Para un grupo importante de empresas que tienen 7 directores, la cuota del “20%” se cumple con 2 directores del género minoritario (28% del directorio), y la de 40% en realidad se cumple con un 42%. Hoy este proyecto de ley está en discusión en el Senado.
Desde la CPC, valoramos que el Gobierno avance a un modelo más dinámico y flexible en que se aplique la cuota sugerida. Por las razones explicadas, creemos mejor mantenerse en este modelo y no cambiar hacia la cuota requerida dependiendo de los resultados de la revisión de la CMF.
DESAYUNO DE LA VICE PRESIDENTA DE LA CPC CON 100 MUJERES LÍDERES
ENCUENTRO 2023 DE MUJERES LIDERANDO GREMIOS EMPRESARIALES
PREMIACIÓN A SUSANA JIMÉNEZ COMO MUJER DESTACADA POR CHILEVALORA
ENCUENTRO 2024 DE MUJERES LIDERANDO GREMIOS EMPRESARIALES
AGENDA CPC
INTERNACIONALES 1
GIRAS Y ENCUENTROS
En febrero de 2023, el presidente de la CPC participó en la mayor gira tecnológica nacional a España, organizada por Fundación País Digital. Su objetivo fue impulsar la colaboración para, a través de alianzas público-privadas, seguir avanzando y aportando al desafío de acortar brechas tecnológicas y posicionar a Chile como un hub digital para América Latina. Los 40 representantes del mundo público, de la empresa y la academia, participaron de importantes reuniones para discutir políticas públicas en materia digital, además de suscribir convenios con autoridades y representantes de empresas de diferentes países.
XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano
En marzo de 2023, en Santo Domingo (República Dominicana), el presidente de la CPC participó en el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, la reunión empresarial más importante de la región que constituye un espacio único de debate para analizar los principales desafíos, retos y oportunidades para el bienestar y crecimiento de Iberoamérica. El encuentro se desarrolló en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y tuvo como principales temas de discusión la sostenibilidad y acción climática como factores clave para la recuperación; los nuevos modelos de financiación para el desarrollo de negocios sostenibles; las perspectivas económicas de Iberoamérica; la igualdad de género como motor transformador de las nuevas transiciones; la conectividad e infraestructuras en el espacio iberoamericano; la energía y transición ecológica; y la transformación digital como base para una innovación productiva y sostenible
Gira Presidencial Francia, España y Suiza
En julio de 2023, la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, formó parte de la comitiva de empresarias que acompañó al presidente Gabriel Boric a la gira oficial a Francia, España y Suiza. Entre las actividades realizadas, destacan la visita en Ginebra al Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN); la reunión en la OMC (Suiza) con embajadores y representantes de otros organismos multilaterales; la visita a la planta de tratamiento de residuos domiciliares e industriales de Séché en las afueras de París; y la participación en el encuentro empresarial organizado por MEDEF, la principal red de empresarios de Francia, donde la vicepresidenta de la CPC pronunció el discurso inaugural.
Encuentro Empresarial
Chile-España
El 8 de marzo de 2024, en Santiago de Chile, se realizó el Encuentro Empresarial Chile-España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Sociedad de Fomenta Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ICEX España Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio de España. Contó con la participación de más de 450 empresarios chilenos y españoles, y se desarrolló en el marco de la visita a Chile del Presidente de ese país, Pedro Sánchez.
Desayuno
con
líderes de organizaciones gremiales de Chile y España
Al día siguiente del Encuentro Empresarial Chile-España, los líderes de las organizaciones gremiales de Chile y España, compartieron un desayuno de trabajo en la sede de la CPC, donde destacaron la importancia de apoyar y fortalecer la cooperación económica y empresarial entre ambos países. Participaron de la reunión el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la CPC, Ricardo Mewes; la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez; la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro; el presidente de la CCHC, Juan Armando Vicuña; el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco; la vicepresidenta de la SNA, Carolina Cruz; el director de la CNC, Ricardo Schliebener; el gerente de Operaciones de ABIF, Cristián Vega; el gerente general de la CPC, Fernando Alvear; el Director Internacional de la CEOE, Narciso Casado; y el presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chile-España, Andrés Montero.
El encuentro de trabajo culminó con la suscripción de un Convenio de Colaboración entre la CPC, la SOFOFA y CEOE, que se configura como una herramienta importante para la creación de una red empresarial más robusta e integrada entre Chile y España. En ese contexto, el convenio no solo abre las puertas a nuevas oportunidades de inversión y comercio bilateral, sino que también sienta las bases para una colaboración en innovación y desarrollo tecnológico, elementos críticos para el desarrollo empresarial de ambos países.
También busca fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible, alineándose con los objetivos más amplios de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible que muchas empresas modernas persiguen. Al promover la colaboración en áreas como la sostenibilidad, la transformación digital y el desarrollo del capital humano, las empresas implicadas estarán contribuyendo al crecimiento económico de Chile y España, y al bienestar de sus comunidades.
Por otra parte, los tres gremios se comprometen a colaborar en el marco de la implementación del nuevo Acuerdo Marco Avanzado (AMA) Chile - Unión Europea, el cual es de vital importancia estratégica, ya que marca un compromiso conjunto hacia el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que surgen de este Acuerdo.
Gira Presidencial a Emiratos Árabes
En julio de 2024, el presidente de la CPC formó parte de la gira presidencial a Emiratos Árabes
Unidos. Entre las principales actividades, la comitiva empresarial acompañó al presidente Gabriel Boric en un encuentro con el Presidente de los Emiratos Árabes
Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, donde ambos mandatarios firmaron un Acuerdo que busca potenciar el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios en áreas como el transporte, agricultura, energías limpias, ciencia, infraestructura comercial, entre otras.
Latin America Day 2024
En octubre de 2024, la vicepresidenta de la CPC fue invitada a Viena (Austria) para participar como principal expositora en el evento “Latin America Day 2024”, organizado por la Cámara Federal de Economía de Austria (WKÖ). En su conferencia “Una nueva era para América Latina”, abordó las oportunidades que el cambio climático presenta para la región, enfatizando el potencial en energías renovables y minerales críticos. Posteriormente, Susana Jiménez formó parte del panel “Energía y Sostenibilidad”, en el que profundizó respecto de las oportunidades de inversión en Chile y los desafíos para su implementación junto a destacados líderes del sector.
ACUERDO MARCO
AVANZADO CHILE · UE 2
El 13 de diciembre de 2023, Chile y la Unión Europea (UE) firmaron en Bruselas, el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) que moderniza el actual Acuerdo de Asociación, vigente desde 2003. Para facilitar su entrada en vigencia, se convino suscribir, además, un Acuerdo Comercial Interino (ACI) que recoge sus disposiciones comerciales y de inversiones. La fórmula funcionó y el 29 de febrero de 2024, los miembros del Parlamento Europeo aprobaron dicho Acuerdo, con lo que sólo falta la aprobación del Congreso chileno para su entrada en vigor. Para estos efectos, en mayo de 2024, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que aprueba este tratado (Boletín 16.862). A mediados de noviembre de 2024, finalizó su trámite legislativo, tras ser aprobado por el Senado. Para la entrada en vigencia en plenitud del nuevo tratado se debe esperar que sea ratificado por los 27 estados miembros de la Unión Europea, tiempo que según Cancillería se estima entre 12 y 18 meses.
Entre muchos beneficios, el AMA incrementa el número de productos chilenos sujetos a rebaja arancelaria en Europa, otorga mayor acceso a prestadores de servicios chilenos en países europeos y moderniza una serie de aspectos del tratado original.
En octubre de 2024, el Secretario General de la SOFOFA, Rodrigo Yáñez, expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la mirada del mundo empresarial respecto de este Acuerdo, representando así también la opinión de la CPC.
A continuación, un resumen de las principales características del AMA presentadas por SOFOFA, que lo transforman en uno de los acuerdos más significativos y estratégicos para Chile
Expande el porcentaje de productos cubiertos por alguna rebaja arancelaria por parte de la Unión Europea, desde un 94,7% a un 99,6% de las líneas arancelarias, que representan casi el total de las exportaciones chilenas a la UE.
Incluye varias mejoras en comparación con el acuerdo original, especialmente en lo que respecta al comercio de servicios (servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, servicios profesionales y digitales).
Incluye nuevas disciplinas orientadas a facilitar el reconocimiento regulatorio entre ambas partes, enfocado en cumplir con el elevado estándar regulatorio para facilitar el ingreso de productos al mercado europeo.
El capítulo de inversiones crea un marco único para normar inversiones entre Chile y los 27 miembros de la UE.
Incorpora un capítulo sobre energías y materias primas, introduciendo disposiciones importantes diseñadas para fomentar la sostenibilidad y la cooperación en sectores críticos. Asegura un suministro estable y sostenible de materias primas críticas, como el litio y el cobre, esenciales para la fabricación de baterías y otras tecnologías de energía renovable. Este acceso es crucial para la UE, que busca reducir su dependencia de proveedores no sostenibles y geopolíticamente inestables. En ese contexto, generaría en Chile las condiciones necesarias para atraer mayor inversión europea en estos sectores.
En definitiva, el Acuerdo tiene un carácter estratégico crucial para Chile, fortaleciendo su rol en el comercio global y consolidando su relación con uno de los bloques económicos más importantes del mundo. Su aprobación permitirá reforzar el compromiso de Chile con el desarrollo sostenible y la transición energética, fortalecer la competitividad de las exportaciones chilenas, promover la inversión, facilitar el comercio, impulsar la economía verde y digital, y avanzar hacia un crecimiento sostenible y responsable.
EMBAJADORA DE JAPÓN , ITO TAKAKO, VISITA LA CPC
EMBAJADORA DE EEUU, BERNADETTE MEEHAN, VISITA LA CPC
PRIMERA VICEMINISTRA DE ECONOMÍA DE UCRANIA, YULIIA SVYRDENKO, EN CPC
REUNIÓN DEL CONSEJO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 2023
REUNIÓN DEL CONSEJO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 2023
DESPEDIDA DE ALFONSO SWETT OPAZO
EX PRESIDENTE DE LA CPC
El 24 de noviembre de 2024, Chile lamentó la partida de Alfonso Swett Opazo, a los 57 años. Gremios, empresarios y autoridades realzaron su legado de innovación, liderazgo y compromiso con el desarrollo económico y social de nuestro país.
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CPC, RICARDO MEWES, EN
FUNERAL DE ALFONSO SWETT · 25 DE NOVIEMBRE 2024
En nombre del mundo empresarial chileno, inicio estas breves palabras con nuestras más sentidas condolencias a quienes fueron las personas más cercanas y queridas de Alfonso: Ximena, su señora; sus hijas Francisca, Margarita, Josefina e Isabelita; sus padres, don Alfonso y señora María Isabel; y a toda su familia y amigos.
Nos deja una gran persona y amigo muy querido. Un dirigente gremial con una profunda vocación de servicio público, un empresario innovador, economista riguroso y profesor apasionado. Pero por sobre todo, Alfonso fue un hombre de una calidad humana extraordinaria. Me atrevo a decir que nadie que lo conoció quedaba indiferente a su manera de ser, tan acogedor, alegre, conectado con las personas, cercano y lleno de cariño hacia quienes estábamos a su alrededor. Vivió la vida con intensidad y pasión, aprovechando cada minuto para buscar hacer el bien tanto en lo público como en lo privado, donde su familia fue siempre su prioridad absoluta. Con profunda admiración hacia él, puedo decir que fue un ejemplo de bondad y vida virtuosa, donde la fe, la generosidad, la fortaleza, la tolerancia, la compasión, la perseverancia, fueron puntales en su día a día. Cada vez que hablábamos durante su enfermedad, sus palabras eran: “Acá estoy, querido Ricardo, dando la batalla con mucha alegría en el alma, fe, esperanza, fuerza y ánimo.”
En abril de 2018, Alfonso fue elegido presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Y como todo lo que hacía en su vida, sus dos años a la cabeza de la CPC fueron de trabajo imparable, ideas creativas y compromiso absoluto con los valores de la libertad, el emprendimiento, la democracia y la justicia. Destacó por sus firmes convicciones, pero eso no le impidió estar siempre dispuesto a escuchar, a dialogar, a tender puentes e incluso dejarse convencer si eso no implicaba transar principios. Su mirada siempre estuvo puesta en el bienestar de las personas, y eso se notaba en todo lo que Alfonso decía y hacía. Hay una frase que le escuché muchas veces, que refleja este compromiso suyo con el bien común: “La empresa empieza en la venta, pero no termina en la utilidad, sino en la sociedad”.
De hecho, durante su gestión promovió la creación de mesas de diálogo entre empresarios, pymes y centrales sindicales, con el objetivo de alcanzar consensos en temas laborales y sociales. En este marco, Alfonso fue el gran gestor del Foro Trabajadores-Empleadores, instancia que sigue funcionando hasta hoy con el foco puesto en los desafíos del mundo del trabajo.
En 2019, como presidente de la CPC, tuvo que enfrentar el complejo momento del estallido social, y supo hacerlo con empatía, mesura, liderando importantes reflexiones que fueron un gran aporte.
Alfonso nos deja un gran ejemplo de cómo trabajar y vivir la vida, marcando una huella imborrable en la historia de la CPC y el desarrollo de Chile. Su legado perdurará en todas las organizaciones y personas que tuvimos el privilegio de compartir con él, y que lo vemos como una gran inspiración. Descansa en paz querido Alfonso.
Trayectoria de Alfonso Swett
· Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA en la Universidad de Duke (USA), Inventor (con patente en USA) - EP Singularity University.
· Fue presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio - CPC desde abril de 2018 hasta marzo de 2020.
· Director de Forus S.A., director de Olivos del Sur S.A., director de Inmobiliaria Costanera S.A., director de Elecmetal S.A.
· Presidente del Consejo Asesor Externo Nacional (CLAPES UC), director de ACN Chile (Ayuda a la Iglesia que Sufre), director del Instituto de Directores de Chile y asesor de Aguas Andinas.
· Ex miembro del directorio del Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE (Business and Industry Advisory Council, BIAC), ex presidente de Chile Valora, ex vicepresidente de USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos), ex miembro del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), ex profesor de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex vicepresidente de la SOFOFA, ex miembro de la Comisión de Salario Mínimo (20102013), ex miembro de la Comisión Salarial (20142015); ex director de ICARE, ex asesor económico del Senador Sebastián Piñera (1991-1993), ex presidente del centro de alumnos de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
