INTERNACIONAL ANÁLISIS
“entorno” de la persona afectada por el registro, “cuando existen razones serias para pensar” que es “susceptible de proporcionar información”.
Garantías falsas La ley trata de ofrecer una apariencia de respeto de las normas del estado de derecho. El presidente Hollande incluso llegó a afirmar que “ese texto se ha completado con todo lo que puede acrecentar la eficacia, sin romper con el estado de derecho. El riesgo estaría en ceder en el campo de nuestras libertades sin ganar en materia de seguridad. Nunca, hasta el término de mi mandato, consideraré el estado de derecho como un obstáculo porque eso sería el fin del Estado”. En un esfuerzo por dar una apariencia democrática a medidas que precisamente destruyen la sociedad democrática, el artículo 5 estipula que “la copia de los datos o la confiscación de los sistemas informáticos o de los dispositivos terminales se realizan en presencia del oficial de la policía judicial. El agente responsable de la realización del registro levanta acta de la confiscación indicando los motivos y el inventario del material confiscado”. Pero se trata de una garantía puramente formal para la persona afectada por el registro, ya que los policías acaban de obtener el anonimato en lo tocante a la aplicación de las medidas estipuladas en el estado de emergencia. En un telegrama dado a conocer el 29 de julio, la Dirección General de la Policía Nacional anunció que “los agentes están autorizados a identificarse en todos los actos administrativos que tengan que realizar utilizando su número de RIO [referencia de identidad operativa] en vez de precisar su nombre y apellidos”. Esa autorización es válida únicamente “en el marco de la aplicación de las medidas del estado de emergencia y específicamente en materia de detenciones domiciliarias y registros por
orden administrativa”, precisa el telegrama dirigido a los jefes de los servicios centrales. En el marco de los registros autorizados mediante esta ley sobre el estado de emergencia, el texto precisa claramente que al menos uno de ellos debe estar presente durante un registro de carácter administrativo. El uso de la matrícula plantea entonces un problema cuando se trata de los miembros de la policía judicial si no es posible verificar su presencia ni identificarlos directamente mediante la simple lectura del acta policial.
Transformación de la norma penal Finalmente, la nueva ley, en la que se autoriza la prolongación del estado de emergencia, endurece el arsenal penal aplicable fuera del estado de emergencia. Entre las medidas aprobadas, esta ley prevé incluso una pena que puede ser de hasta 30 años de cárcel –antes eran 20 años– para los organizadores o dirigentes de todo grupo formado con vista a la preparación de un acto de terrorismo. Según esa misma ley, las personas condenadas a penas de cárcel por hechos vinculados con el terrorismo ya no podrán obtener reducciones de pena. Esa ley prevé además la prolongación de la detención temporal de los menores de 2 y 3 años en los casos de terrorismo así como la imposición automática de una prohibición de entrada al territorio francés. Sin embargo, los diputados rechazaron la aplicación del régimen de retención de seguridad y de vigilancia de seguridad a las personas condenadas por un crimen terrorista, medida que los senadores sí pretendían aplicar. Por su parte, los senadores renunciaron a la creación de un delito de estancia en un teatro de operaciones terroristas exteriores para favorecer un endurecimiento de la última ley de reforma del procedimiento penal correspondiente a junio de 2016. Esta
La nueva ley, que autoriza la prolongación del estado de emergencia, endurece el arsenal penal aplicable fuera de esa medida de excepción
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