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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016

Año 15 • Número 507 • $30


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OPINIÓN NUESTROS LECTORES

DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx ECONOMÍA Marcos Chávez marcos@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Janett Alba janett@contralinea.com.mx REDACCIÓN Mauricio Romero mauricio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com Ariel Noyola noyolara@gmail.com Adrián Ramírez presidencia.limeddh@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9193 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF 4

1 dedeagosto de 2016 26 septiembre de 2016

MÉXICO DEBE CUMPLIR

RECOMENDACIONES DE LA ONU El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. El Grupo de Trabajo conoció el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones. Los testimonios que escucharon Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, expertos del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente, entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros. Se presentaron 17 casos en total. Los asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las empresas y gobiernos; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada, como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron

el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, incluidas trasnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo conoció casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, mineros en Wirikuta y Zacualpan, y con las maquilas de la industria electrónica. En Hermosillo, Sonora, el Grupo visitó la comunidad de Ures para conocer las afectaciones del derrame de lixiviados por el Grupo México, ocurrido en 2014, en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Los afectados denunciaron negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo solicitó al

Grupo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista TolucaNaucalpan, y que se terminen las persecuciones y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas. Grupo Higa fue la única que no respondió a la invitación de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, el de Guerrero: las víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción y colusión de autoridades con el crimen organizado, que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. Los casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. Quienes integramos esa coalición consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Además lo exhortamos a informar cómo atenderán dicha recomentación. [Carta resumida] Coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos


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CONTENIDO

PORTADA

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TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCIAS, RIESGO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

La Agenda Nacional de Riesgos señala al tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras como la octava amenaza a la seguridad nacional

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número 507, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 23 de septiembre de 2016. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 4 NUESTROS LECTORES 8 OFICIO DE PAPEL LA IMPUNIDAD DE LOS DOS DUARTE Miguel Badillo 10 CONTRAPODER LA CARICATURA DE NERILICÓN, DONDE PEÑA PONE LA BANDERA COMO TAPETE A TRUMP Álvaro Cepeda Neri 12 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN AYOTZINAPA: LA MANO SUCIA DEL GOBIERNO FEDERAL Nancy Flores 14 ZONA CERO EL OTRO 68, EL DE LOS NORMALISTAS RURALES Zósimo Camacho 16 IQ FINANCIERO OTRA VERSIÓN DE LA CRISIS Claudia Villegas ARTÍCULOS 18 MINISTROS Y ALTA BUROCRACIA, INMUNES A LA AUSTERIDAD Martín Esparza Flores 20 EL ESTADO DELINCUENCIAL Guadalupe Espinoza Sauceda

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

22 ISRAEL: NO CONVIENE ANIQUILAR AL ESTADO ISLÁMICO Adrián Mac Liman/CCS 24 CENTROAMÉRICA: EL FRACASO DE NEOLIBERALISMO EN EL SIGLO XXI Andrés Mora Ramírez/PL

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CONTENIDO

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INVESTIGACIÓN 26

PORTADA Tráfico ilícito de mercancias, riesgo para la seguridad nacional Marcos Chávez

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MEDIOS La traición del Inai, impulsor de la censura Mauricio Romero

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SOCIEDAD Oceanografía: 2 mil trabajadores en el limbo José Réyez

ANÁLISIS 50

PETROLERO Subasta del campo petrolero Trión puede fallar Fabio Barbosa

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INTERNACIONAL Estado de emergencia cancela las libertades en Francia Jean-Claude Paye/ Red Voltaire

MISCELÁNEO 64

SOCIEDAD BETA The Washington Post traiciona al periodismo y a Edward Snowden Gonzalo Monterrosa

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Ilustración de portada: Miguel Minero y 123RF

EX LIBRIS Las ruinas de Palmira del kantiano Conde de Volney Álvaro Cepeda Neri

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

LA IMPUNIDAD DE LOS DOS DUARTE MIGUEL BADILLO

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os gobernadores de apellido Duarte, Javier en Veracruz y César en Chihuahua, acusados de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y desvíos de recursos públicos para beneficio propio y de parientes y amigos, vuelven a ocupar las primeras planas de la prensa por supuestas investigaciones penales que, ahora sí, dice la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutarán en su contra. Es sabido que ambos mandatarios priístas han sido protegidos desde Los Pinos para evitar que fueran destituidos por su pésima administración y sus malos manejos del presupuesto en esos estados. Por ello se impidió, por largo tiempo, que la PGR abriera averiguaciones en su contra por las varias denuncias penales que presentaron ciudadanos y organizaciones sociales. Todas las acusaciones que se habían presentado ante el Ministerio Público federal eran enviadas al archivo, y lo mismo sucedía con todos los señalamientos que hacía la Auditoría Superior de la Federación (órgano responsable del Congreso para auditar el dinero público) por malos manejos y desvíos del presupuesto en esos estados. Año con año se hacían públicos los señalamientos del órgano fiscalizador sin que las autoridades federales hicieran algo al respecto. La protección política y legal a Javier y César Duarte no ha sido sólo por su filiación priísta – pues si pisaran la cárcel sería otro golpe a la credibilidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeada duramente en los últimos años–, sino porque los dos gobernadores fueron importantes donantes a la campaña presidencial del PRI en 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República. Por eso las supuestas

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investigaciones que sigue la PGR en contra de esos mandatarios parece sólo una distracción mediática para quitarle presión social y política al presidente. Es previsible que al final de su gobierno ninguno de los Duarte sea encarcelado. Eso explicaría porque ambos gobernadores están tan tranquilos y sonrientes en sus estados, siguiendo sus agendas de trabajo, a grado tal que dan entrevistas periodísticas y hablan en actos públicos: cínicamente aseguran que no le temen a alguna acción de la justicia. Tienen la seguridad de que Peña Nieto no se atreverá a ordenar a la procuradora Arely Gómez que actúe en su contra y haga valer todas las evidencias del robo que han hecho del presupuesto público y de los abusos que han cometido en los estados que aún gobiernan y que les ha permitido enriquecerse ilícitamente. Ahora, los medios de comunicación vuelven a documentar las arbitrariedades y corruptelas de los Duarte y, con ello, aumentan la presión y “el malestar social”, como lo califica Peña Nieto. De estos ilícitos tiene pleno conocimiento la PGR: según el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina Romero, al gobernador de Veracruz se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Pero aunque los mexicanos esperamos por fin un acto de justicia en contra de estos burócratas saqueadores del país, las condiciones en que se encuentra el jefe de la nación, con nula credibilidad y desconfianza en su gobierno (miles de mexicanos desean y otros en las calles exigen su renuncia), se ve casi imposible que asuma su responsabilidad y ordene que sean juzgados.


OPINIÓN CONTRAPODER

LA CARICATURA DE NERILICÓN

DONDE PEÑA PONE LA BANDERA COMO TAPETE A TRUMP ÁLVARO CEPEDA NERI

E

l periodista Antonio Neri Licón (el mone- dicales intervencionismos, Trump quiere usar el ro que se hace llamar con el seudónimo poderío estadunidense para humillarnos; luego Nerilicón) nos reveló contundentemente la de que el peñismo le ha hecho el juego cómplice. El neoliberalismo económico de Trump y su postura del gobierno federal en la portada de la revista Proceso, del 4 de septiembre, del fatídico antiliberalismo político advierten un capitalismo cuarto año del peñismo; parteaguas de su mal de multimillonarios del neoconservadurismo angobierno anunciando, además, un final angus- tidemocrático. Y es que para los intereses publitiosamente económico y políticamente dramá- citados por Trump, nada como el colaboraciotico. En la caricatura de Nerilicón, Peña pone la nismo de Peña-Videgaray (quien era el favorito Bandera como tapete para ser pisoteada por del peñismo para imponerlo en la sucesión preDonald Trump. Éste con su cabellera de visera sidencial contra viento y marea, por lo que ambos y Peña con su copete erizado, en una certera in- se afiliaron con el republicano, pero les salió el terpretación de los hechos que ha llevado a cabo tiro por la culata). La impugnada invitación servil del mexiquense. Un dibujo político satírico. “Lo de Peña nos mostró que tenemos una caricatura que cabría llamar editorial en viñeta, que pro- de Santa Anna, cojeando por la derecha para poner al país inconporciona una especie dicionalmente a esos de enfoque… preBelicosamente, Trump amenaza a intereses y que es la sentando la gravedad del asunto” (Ernest H nuestro país con construir un muro en la renovada ideología suGombrich, “El arsenal frontera Norte, expulsar a los mexicanos reña yanqui. Estamos frente a una crisis de del caricaturista”, en entreguismo. Meditaciones sobre un ca- y cancelar los tratados bilaterales Y el periodista de ballo de juguete, editorial la caricatura –riamos Seix Barral). Es un acto que hace responsable a Peña de un o no, como dice Gombrich– nos regala “una juicio político, encuadrando la causa grave para caricatura magistral”, del paso sobre nuestra llevarlo a cabo, en la exposición de la soberanía Bandera del elefante Trump; que nos hace comnacional a los pies del estadunidense; quien be- prender que está a punto de precipitarse sobre licosamente amenaza a nuestro país insistiendo los mexicanos, una nueva representación del en que la cumplirá apenas llegue a la Presiden- cesarismo, vociferando contra el mundo, empecia de Estados Unidos de América, empezando zando por México con el que quiere iniciar su por construir un muro a lo largo de la frontera experimento devastador. Para esto, Peña-VideNorte, expulsar a los mexicanos que trabajan garay le abrieron paso conscientemente, con la allá y cancelar los mutuos tratados. Ahora con finalidad de que Trump se apoderara de la presipalabras, mañana con hechos si se apodera de dencia estadunidense, para que favoreciera aquí la Presidencia por la que va para implantar ra- la postulación de Videgaray.

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OPINIÓN

DAVID MANRIQUE

CONTRAPODER

Ha sido, pues, una caricatura del arsenal del periodismo más combativo que ha tenido la Nación, para ejercer la crítica que rescata su función democrática directa contra la democracia representativa o indirecta cuando ésta traiciona sus fines. Una caricatura en la tradición de los “artistas que pusieron su obra al servicio de causas políticas” (Humberto Musacchio, El taller de gráfica popular, FCE). Y que puso en alto relieve lo que la opinión pública manifestó sobre la estupidez política de la invitación pe-

ñista al candidato Donald Trump; sintetizando en ella lo que pensamos y expresamos muchísimos mexicanos: que Peña se puso de puso de sirviente y usó la Bandera como tapete para darle la bienvenida a su candidato, ya que “en Estados Unidos piensan que Peña votó por el republicano” (Raymundo Riva-Palacio, en su columna Estrictamente personal, titulada “Peña engañó a Obama”, El Financiero, 6 de septiembre de 2016). Nerilicón, con su caricatura, acabó por abrirnos los ojos.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

AYOTZINAPA: LA MANO SUCIA DEL GOBIERNO FEDERAL NANCY FLORES

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2 años de uno de los peores crímenes consumados en el México actual, el conocido caso Ayotzinapa, los verdaderos perpetradores continúan impunes: han sido protegidos desde la más alta esfera del gobierno federal y desde ahí mismo se ha ocultado la verdad. De ello hay bastantes evidencias: dilación en las investigaciones, pruebas sembradas, falsos peritajes, manipulación de las escenas y las indagatorias, encubrimiento (de militares, policías federales y demás responsables del retraso y enturbiamiento de las investigaciones, entre ellos Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón), entorpecimiento de las diligencias de instancias internacionales, tortura a presuntos involucrados para inducir sus declaraciones y hasta el embuste de una “verdad histórica”. Como se recordará, el crimen sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ahí, seis civiles fueron asesinados, 43 estudiantes campesinos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa –que se movilizaban, como cada año, para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968 en autobuses de pasajeros tomados– fueron víctimas de desaparición forzada y 12 personas más –normalistas, menores de edad y ciudadanos– resultaron gravemente heridas. Hasta ahora se ha sostenido la versión de que esta injusticia fue ordenada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y perpetrada por policías municipales y federales y, en un segundo momento, por narcotraficantes ligados al grupo delictivo Guerreros Unidos. También se ha sabido que en estos hechos participaron –al menos por complicidad– otros agentes del Estado mexicano (autoridades de inteligencia

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civil y militares), situación clave para entender por qué la administración federal apostó por el ocultamiento de la verdad y no por atender su obligación de esclarecer los hechos y, sobre todo, castigar a los culpables. Por ello, pese a la presión social e internacional, el crimen permanece impune más allá del centenar de detenidos que cacarea el gobierno. Lo que es peor, aún se desconoce el paradero de los 43 jóvenes. Y afirmo que de los 43, porque la identificación de restos óseos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz –hecha por científicos de la Universidad de Innsbruck, Australia, hace 1 año– no esclareció el destino de los estudiantes. En esta gravísima e imperdonable violación a los derechos humanos, ocultar la verdad ha sido esencial para encubrir a los culpables. Cronológicamente, la primera prueba de ello es la reacción tardía del gobierno federal: la administración de Enrique Peña dejó pasar 11 días para atender el crimen. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso hasta el 6 de octubre y ese mismo día el presidente declaró por primera vez. El discurso de Peña Nieto, sin embargo, no fue acorde ni con su investidura ni con la relevancia del hecho: “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”. ¿Indignado? Sí, se dijo indignado como si no fuera el principal responsable de la conducción de este país y, por lo tanto, de todo aquello que está mal, incluidos los cientos de crímenes que a diario se cometen en todo México.


AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

Para ello obstaculizó la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, invitado a la indagatoria por solicitud de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Algo que se repitió con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue prácticamente corrido del país luego de desprestigiar públicamente a sus integrantes con una campaña mediática. Científicamente se ha demostrado que es imposible incinerar –hasta desaparecer– 43 cuerpos humanos en las condiciones que prevalecieron la

DAVID MANRIQUE

El hecho es que ni su investidura ni su “indignación” alcanzaron para que su gobierno reaccionara a la altura de las circunstancias, pese a que fue consciente de la gravedad del hecho desde que éste ocurrió: contaba con reportes de inteligencia civil y militar pormenorizados. Incluso 3 días antes de que la PGR atrajera el caso, la Organización de las Naciones Unidas condenó la desaparición masiva de normalistas y los asesinatos. Son “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”, señaló el organismo. Así que esa lentitud sólo puede entenderse como algo intencional. El gobierno federal no asumió su responsabilidad por motu proprio: fueron las movilización sociales en México y el extranjero las que lo obligaron. Los 11 días de inacción fueron el inicio de la larga lista de omisiones y atropellos. Muy pronto, la “indignación” del presidente desapareció. El 4 de diciembre de 2014, Peña Nieto “convocó a la sociedad guerrerense a que con su capacidad y su compromiso con el estado y con su comunidad, así como con sus propias familias, haga un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante ‘y podamos realmente superar este momento de dolor’ por la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”, refiere el boletín de prensa que la Presidencia de la República publicó ese día. Al gobierno le urgía que olvidáramos, para que la imagen internacional de su gobierno se limpiara. Así que, de la mano del entonces procurador Murillo Karam, empezó a inventar su “verdad histórica”. La farsa estuvo lista 4 meses después de la tragedia. El 27 de enero de 2015, Murillo resolvió cerrar el expediente: citó peritajes, evidencias y declaraciones de detenidos antes de asegurar que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Ésta, dijo, es la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala.

OPINIÓN

madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula, Guerrero. Otra prueba de la intencional impunidad es la protección al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Iguala. Según testimonios difundidos por la prensa, los militares persiguieron e intimidaron a los sobrevivientes. También documentaron las escenas del crimen, generaron seguimiento fotográfico y reportes detallados, pero no actuaron para frenar la masacre. Por todo ello, el caso Ayotzinapa es imperdonable un crimen de Estado. Y así debe ser juzgado.

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OPINIÓN ZONA CERO

EL OTRO 68 EL DE LOS NORMALISTAS RURALES ZÓSIMO CAMACHO

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ste 2 de octubre se conmemoran 48 años por contingentes de normalistas rurales. Otras mode la matanza ocurrida en la Plaza de las vilizaciones que se realizaron en la capital del país Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de tuvieron réplicas en los estados de la república, orMéxico. Con la represión, el gobierno del entonces ganizadas y encabezadas por los estudiantes campresidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, pesinos. La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco cortó acabó con el movimiento social que aglutinaba a estudiantes de instituciones públicas y privadas de de tajo las protestas y la organización. Pero no fue el único ni el último golpe ejecutado contra los estueducación media superior y superior del país. Primero por la cerrazón informativa y luego por diantes. Todavía no se lavaba la sangre de la plaza el centralismo que priva incluso entre los activistas, y las calles aledañas, cuando Díaz Ordaz ya había hoy se recuerda al movimiento estudiantil de 1968 lanzado a los militares y a la Dirección Federal de como un asunto casi exclusivo de los alumnos de Seguridad (DFS) contra los normalistas rurales. Poco se ha dicho de lo que vino después de ese la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 2 de octubre: en lo que restó de 1968 y a lo largo de 1969 las tropas se enPor supuesto que los frentaron con los estucontingentes de estas Para octubre 1968, 31 instituciones diantes que se negaban dos instituciones fueron los más numerosos y los estaban organizadas bajo las siglas de la a desalojar sus escuelas. que, por ello, decidían FECSM: 29 normales rurales y dos nor- Los operativos estuvieron a cargo de la Secreel rumbo que tomaba males regionales. Díaz Ordaz cerró 16 taría de Gobernación, la emergente organiencabezada por Luis zación de estudiantes. Pero en las protestas participaron muchas otras Echeverría; la Secretaría de la Defensa Nacional, escuelas y universidades. Y no nos referimos a las a cargo de Marcelino García Barragán, y la DFS, públicas (como las de Bellas Artes) y privadas (como cuyo mando era el capitán Fernando Gutiérrez Bala Iberoamericana) del centro del país, que también rrios. Para octubre 1968, 31 instituciones estaban orlucharon. Nos referimos a las escuelas normales rurales ganizadas bajo las siglas de la FECSM: 29 escuelas que, desde las regiones donde se encontraban, se normales rurales y dos centros normales regionales. movilizaron y pusieron en jaque al gobierno federal. El Diazordacismo cerró 16. Literalmente, a sangre De hecho, a través de su Federación de Estudiantes y fuego. Si poco se sabe de la matanza de la Plaza Campesinos Socialistas de México (FECSM), los de las Tres Culturas, menos de las que ocurrieron normalistas rurales eran los únicos que podían dar- para contener a estudiantes insumisos como los le un carácter realmente nacional al movimiento. normalistas rurales en regiones apartadas de la amVarias de las marchas que entonces se realizaron plia geografía de la República Mexicana. En la Galería 1 del Archivo General de la Naen la Ciudad de México fueron nutridas también

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ZONA CERO

que, armadas, “disolvieran” las peleas y ocuparan las instalaciones. No hay registros, en los archivos del AGN, de cuántos estudiantes murieron, cuántos fueron detenidos y qué proceso llevaron ni si hubo desaparecidos. La estructura de la FECSM tuvo que pasar totalmente a la clandestinidad. En 1972 regresó a la semiclandestinidad, condición que mantiene hasta el día de hoy. Desafortunadamente la agresión del 26 de septiembre de 2014 contra normalistas rurales en Iguala no fue la primera ni será la última. El Estado ha decidido desaparecer ese modelo educativo. No ha podido, gracias a la defensa que realizan los estudiantes y a la solidaridad de las comunidades

ARCHIVO CONTRALÍNEA

ción (AGN) se integró, a petición nuestra, una versión pública de todo lo que los agentes del régimen espiaron de los estudiantes de la FECSM entre 1962 y 1987. Se compone de más de 10 mil fojas apiladas en 31 legajos. Y más allá del lenguaje rupestre e ideologizado de los policías, se puede leer cuáles escuelas y centros regionales cerró el régimen: La Huerta, Michoacán; Galeana, Nuevo León; Champusco, Puebla; Palmira, Morelos; Santa Teresa, Coahuila; Huichapan, Hidalgo; Reyes Mantecón, Oaxaca; Salaices, Chihuahua; San Diego Tekax, Yucatán; Tamatán, Tamaulipas; Xocoyucan, Tlaxcala; Zaragoza, Puebla; Jalisco, Nayarit, y Perote, Veracruz; y Ciudad Guzmán, Jalisco, e Iguala, Guerrero. Se puede saber, asimismo, que la intención del régimen era cerrar todas las escuelas. Sólo desapareció las que pudo en ese momento y dejó para después la supresión de las demás. En las fichas también se advierte la estrategia que llevaron a cabo las autoridades ante escuelas de suyo insumisas. Buscaron minar la relación de ayuda mutua entre los planteles y las poblaciones aledañas. La priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) sirvió para condicionar apoyos a pobladores que se opusieran al cierre de las escuelas y para gestionar premios a favor de quienes ignoraran el llamado de los estudiantes. En los reportes de los agentes se consignan cuántos poblados podrían acudir en auxilio de los estudiantes, cuántos hombres y mujeres se esperarían, qué capacidades de resistencia podrían aglutinar, con qué herramientas de trabajo cuentan y qué cantidad de alimentos podrían disponer. Cuando Díaz Ordaz y Luis Echeverría tuvieron la lista de la situación de cada normal, echaron a andar los operativos. Formaron grupos de policías y soldados a los que disfrazaron de “campesinos de la CNC” y los trasladaron a las afueras de los planteles. Ahí iniciaban las luchas campales por la disputa de las escuelas. Las tropas aguardaban para

OPINIÓN

campesinas que los respaldan. Los normalistas rurales saben que el vínculo escuela-comunidad es vital para la sobrevivencia de las escuelas. Fortalecerlo, es una de las tareas que no pueden relegar. En esta misma semana se conmemoran dos de las innumerables agresiones contra los normalistas rurales: la de hace 2 años (por la que exigimos la presentación con vida de los 43 y el castigo a los perpetradores intelectuales y materiales) y la de hace 48 años, que concluyó con el cierre de 16 planteles y un número indeterminado de víctimas. En 1968 los militares también se ensañaron con los estudiantes campesinos. No olvidamos. No olvidemos.

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OPINIÓN IQ FINANCIERO

OTRA VERSIÓN DE LA CRISIS CLAUDIA VILLEGAS

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n Los Pinos domina un ambiente de incertidumbre. La salida de Luis Videgaray alborotó los demonios y no es gratuita la información sobre la manipulación de recursos que ya comienza a filtrarse. La nota publicada por The Huffington Post sobre las supuestas transferencias por más de 240 mil millones de pesos desde Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para compensar la crisis de las finanzas públicas sería parte del entretelón en el que se desarrollaron los más graves enfrentamientos entre Videgaray y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se preciaba de ser amigo del presidente Enrique Peña. Los reporteros del portal The Huffington Post presentan documentos y evidencias de las transferencias. Videgaray, sin embargo, incrementó su influencia ante Peña Nieto al grado, dicen sus excolaboradores más cercanos, recibía indicaciones del presidente aunque no siempre las acataba y, por supuesto, se manifestaba en contra de muchas consideraciones del mandatario. En otras palabras, Videgaray terminaba por imponerse. No fue un secreto que Lozoya Austin renunció a Pemex después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió retrasar los pagos a proveedores mientras la gasolina subía de precio. Lozoya Austin, quien ya había pedido paciencia a los contratistas de Pemex durante más de 1 año, decidió que su capital político y su credibilidad frente a gobiernos estatales y empresarios vinculados con el sector de la energía prácticamente se había agotado. Decidió dejar Pemex a Videgaray y al peso de sus decisiones. Ahora entendemos que Lozoya Austin sabía de esas transferencias de recursos y que no se justificaba el enorme retraso de los pagos a proveedores. En otras palabras, la SHCP se fortaleció no sólo con la influencia política de Videragay en el gabinete de Peña Nieto sino que concentró todos los

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recursos posibles. Poder y dinero hicieron de Videgaray el hombre más influyente en el gobierno peñista.

¿Un nuevo Pemexgate? El gobierno de Felipe Calderón también solicitó recursos a Pemex y CFE y, según el reportero Miguel Hernández Borbolla, habría sido el subsecretario Miguel Messmacher, quien firmó las peticiones de transferencias. A través del concepto de “aprovechamientos”, la SHCP pidió a la CFE y a Pemex que realizaran transferencias que no se ubican claramente en las cuentas del gobierno federal. Este episodio recuerda al Pemexgate: la dirección de la petrolera autorizó recursos dque fueron depositados en las cuentas del sindicato petrolero. Ese dinero se usó para financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa. Pero Vicente Fox ganó las elecciones y el escándalo envolvió a los priístas. En esta ocasión, la SHCP tendrá que demostrar en qué se gastó el dinero de Pemex y CFE. Esta operación provocó diferencias entre Lozoya y Videgaray. Messmacher es un técnico hacendario con gran prestigio y, después de la salida de Fernando Aportela, es el único que tiene esta historia completa.

El desaire de Hillary En Los Pinos, les comentábamos, también se menciona otro entre telón de la visita de Trump a México. Resulta que el Presidente Enrique Peña Nieto no contó que la candidata Hillary Clinton ya había confirmado su visita a México; no sólo eso, la agenda de su encuentro en México habría sido apuntalada por la intervención del presidente Barack Obama. Hillary Clinton decidió, sin embargo, no venir a México cuando se enteró que la invitación también involucraba a Donald Trump.


OPINIÓN ARTÍCULO

MINISTROS Y ALTA BUROCRACIA INMUNES A LA AUSTERIDAD MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

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l nuevo recorte presupuestal por 239 mil 700 millones de pesos que mantendrá intocables los privilegios de los altos funcionarios en los tres poderes públicos, pone de nuevo al descubierto la cada vez más acentuada e inequitativa distribución de la riqueza en el país. Mientras un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 ganará 6 millones 766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y compensaciones, un trabajador con salario mínimo de 73 pesos diarios tendría que laborar 300 años para juntar tal cantidad. La selecta casta de toga y birrete gana mensualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuando millones de mexicanos apenas y subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes; esto es, los ministros ganan 257 veces más que el grueso de la población, como sucede también con el resto de los miles de funcionarios, gobernadores, senadores y diputados, quienes se resisten a ser solidarios con los que menos tienen y se niegan a bajarse el sueldo a la mitad ahora que el país debe apretarse nuevamente el cinturón, pues como dicen allá en el rancho: “que se haga la voluntad de Dios –y la austeridad— en los bueyes de mi compadre”. Podrá entenderse el porqué a la clase política en el poder la unen millonarios intereses personales, que la han vuelto inmune a la situación de crisis que golpea desde hace años a las clases menos favorecidas. Si no, ¿cómo entender que muchas de las resoluciones emitidas por los miembros de la Corte han dejado en la indefensión a millones de mexicanos que ahora están a merced

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lo mismo de empresarios que de reformas emitidas por el Congreso? ¿Por qué entonces tiene que pagar una expoliada población con su hambre y miseria los privilegios de quienes se han convertido en sus verdugos? El México color de rosa de que disfrutan los ministros como muchos otros miembros de los poderes públicos que ocupan cargos de alto nivel, no corresponde a la terrible realidad que enfrentan en el día a día la inmensa mayoría de personas a las que se les intenta engañar con la aplicación de recortes que terminarán por afectarlos en su educación, en su salud y en su desarrollo social. Desde hace tres años iniciaron los tijeretazos al presupuesto y la clase política nada ha dicho de aplicar la palabra austeridad en sus nóminas doradas; por el contrario, diputados y senadores en el Congreso han avalado la contratación de más deuda pública hasta llegar a la inmanejable cifra de más de 8 billones de pesos, en un perverso e irresponsable maridaje entre los tres poderes de la Unión. De lo que se trata no es de optimizar recursos, sino que éstos sigan permitiendo el holgado nivel de vida de una selecta casta de funcionarios y políticos enquistados en el poder, para quienes la suerte que corren millones de pobres con cada golpe de la crisis es lo que menos les importa. Resulta absurdo e increíble que para el año entrante se contemple destinar recursos por 568 mil 197 millones de pesos para afrontar el costo financiero de la deuda, mientras que para atender áreas prioritarias como educación, salud,


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desarrollo social y universidades públicas se des- medio, sus titulares ganan anualmente más de 2 millones de pesos. tinen sólo 556 mil 41 millones. Y mientras de acuerdo con los criterios presuNuestros genios neoliberales han diseñado una política económica que no ha detonado el puestales áreas como educación y salud enfrendesarrollo del país a través de sus reformas, pero tarán para 2017 reducciones de hasta un 10 por sí ha terminado por doblegarlo ante los organis- ciento en relación con los recursos asignados este mos financieros internacionales por la vía del en- año, el INE obtendrá un presupuesto de 15 mil 371 millones de pesos para atender elecciones deudamiento. En lo que va del sexenio se ha pagado ya por en tres entidades: Coahuila, Nayarit y Estado de los intereses del servicio de la deuda un billón México. De un mismo trato de excepción gozan 334 mil 505 millones de pesos; cantidad que de los diputados y senadores, quienes obtendrán un haberse canalizado a la construcción de hospita- aumento en sus recursos por 986 millones de peles, mejores salarios a maestros y una política de sos. Cada uno de los senadores se llevará el año verdaderos apoyos al desarrollo del campo –no con políticas asistencialistas que son paliativos entrante un sueldo de 1 millón 312 mil pesos, a la marginación de las zonas rurales--, hubie- amén del pago de otros gastos y compensaciones, ra representado auténticos beneficios sociales a lo mismo que los diputados que en promedio se millones de personas. Tan sólo por día, la deuda llevarán a su cartera 1 millón 942 mil pesos. Enpública le cuesta al país un desembolso de mil vidiables ingresos como pago por aprobar leyes que tienen al país y millones de sus habitantes en 161 millones de pesos diarios. la ruina absoluta y en De los funcionarios una galopante margique tampoco tendrán Los ministros ganan 563 mil 869 pesos nación. que preocuparse porAsí, mientras al que el país se siga en- al mes, en promedio, cuando millones de mexicanos apenas subsisten con el magro país se le deja sin redeudando mientras a cursos para educación ellos les va muy bien, ingreso de 2 mil 190 pesos mensuales y salud, se insiste en se encuentran los masolapar la evasión fisgistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cal de los poderosos consorcios convertidos en al igual que los ministros de la Corte, se llevarán amenazantes grupos fácticos que anualmente el próximo año un sueldo anual de 6 millones evaden impuestos por 488 mil millones de pesos, 766 mil pesos, como también los miembros del como también en devolverles a otros consentidos Consejo de la Judicatura Federal que ganarán de del Estado impuestos por 288 mil millones de manera acumulada, con sueldo y prestaciones, 8 pesos. De tal manera que bastaría con aplicar puntualmente una auténtica política fiscal de remillones 938 mil 234 pesos. A este grupo de privilegiados también hay caudación para compensar los recortes anunciaque sumar a los consejeros del Instituto Nacio- dos para el 2017. Claro que para que esto sucediera debería nal Electoral (INE), con Lorenzo Córdova a la cabeza; al presidente de la Comisión Nacional existir un Poder Judicial autónomo y honesto, de Derechos Humanos, Luis Raúl González alejado de insultantes prerrogativas como las que Plascencia, cuyas escasas recomendaciones na- gozan los miembros de la Corte, quienes por die toma en cuenta, así como a otros titulares cierto aprovecharon las fiestas patrias para irse de organismos como el Inegi, el INAI, el Ifetel, de puente desde el pasado martes 13 y retornar a la Comisión Federal de Competencia y un sinfín sus actividades hasta el lunes 19. Mientras tanto, de aparatos burocráticos que en los hechos no será el pueblo quien pague los costos de esta pohan demostrado tener un beneficio concreto a la lítica neoliberal que ha convertido en una brecha población, pero que en su mayoría representan abismal la riqueza de unos cuantos contra la poun altísimo costo a los recursos públicos. En pro- breza de millones.

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EL ESTADO DELINCUENCIAL GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA, ABOGADO Y MAESTRO EN DESARROLLO RURAL; INTEGRANTE DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A PUEBLOS INDÍGENAS, AC

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a situación política y social sigue muy descompuesta en mis terruños: Choix y El Fuerte, Sinaloa. ¿Y la gente, la ciudadanía? Atemorizada, como la del resto del país, adonde la violencia ha llegado también. Hoy día no hay lugar en México, donde no haya ejecutados, desaparecidos y una impunidad rampante. La población anda buscando cómo sobrevivir y paliar la crisis, tratando de que la violencia y la corrupción no los alcance. Hay quienes dicen que vivimos en un Estado delincuencial que en estos días se ha recrudecido; otros van más allá y hablan de un Estado fallido. El Estado delincuencial no es privativo de Sinaloa, es en todo el país; desde las altas cúpulas político-empresariales-militares, y de la política estatal, que en eso los de mi tierra tienen bastante experiencia, por ser pioneros en el negocio de las drogas. Hace algunos días, el periodista Rubén Martín publicó en la capital tapatía, Guadalajara, un artículo titulado: “La nueva soberanía política”, que me llamó la atención porque es cierto lo que afirma y sobre lo que yo he venido cavilando desde hace ya un tiempo. Dice: “Los negocios del crimen organizado no funcionan sin la complacencia del poder público”, refiriéndose al caso concreto que está viviendo en estos días Jalisco a raíz de la detención de Sergio Kurt Schmidt Sandoval. Arguye: “Las evidencias indican que todos están embarrados y comprometidos”. Y concluye: “Esto nos lleva a un asunto político fundamental: la noción de soberanía política definida por la teoría liberal no existe más en México; y en Jalisco es una ficción”. Y “los representantes elegidos supuestamente por el pueblo para hacerse cargo del poder público no responden únicamente al pueblo. La mayoría de ellos responden a los poderes fácticos y, entre ellos, uno de los más poderosos, por su capacidad económica y de ejercicio de la violencia, es el crimen organizado”. Por si fuera poco, el 8 de septiembre se publi-

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có una nota y un audio donde Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, con insultos regañaba y daba órdenes a un mando policiaco por el rumbo de Chapala, para que “relajara” las tropas a su mando. ¿Cómo es posible esto? Seguramente nuestras autoridades tendrán mucho que explicarnos; pero el grado de corrupción hasta ahora visto no se generó solo. Y, como opina Rubén Martín, en esto el Estado está implicado, pues el mundo del crimen no se desarrolla solo. Otros dicen que el mayor cártel que nos aqueja es el del gobierno. Por lo que veo, es cierto. Muchos dirán, pero si esto es de todos los días, así funciona el Estado mexicano y a lo mejor muchos otros Estados. Pero desde el punto de vista teórico, de los que creemos en el Estado, en el derecho y en las instituciones, esto que vivimos no debe ser; ni ética ni teleológicamente tiene razón de ser. Se supone que hay un orden, un sistema jurídico, hay derechos y obligaciones y penas a los que incumplen la norma. Para los que estudiamos en la escuela teoría del Estado, teoría general del derecho, donde se nos enseña qué es el Estado, la soberanía, el monopolio exclusivo de la violencia, la cual sólo es permitida en beneficio de la sociedad y no de poderes o grupos fácticos, esto es inaudito. ¿Tendremos que reformular una nueva teoría del Estado y del derecho? ¿Coexisten diversas soberanías? Es muy peligroso para la sociedad que el crimen organizado –¿al que llamar “otra soberanía”?– se apodere de la institucionalidad y actúe en su nombre y engañe a la sociedad. Es hora de que actuemos como sociedad. De no hacerlo, en un futuro no muy lejano estaremos viviendo bajo la ley de la selva. Muchos pueblos se van a tener que defender a sí mismos, tal como lo hicieron las autodefensas en Michoacán y recomponer y refundar el Estado. La realidad cuestiona los conceptos de soberanía y Estado.


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ISRAEL: NO CONVIENE

ANIQUILAR AL ESTADO ISLÁMICO ADRIÁN MAC LIMAN, ANALISTA POLÍTICO INTERNACIONAL/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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estacamentos del Estado Islámico lo- a los más de 6 millones de judíos que viven en calizados en el valle del Yarmuk, a po- Tierra Santa. En ese contexto, surgió el dubicos kilómetros de los Altos del Golán. tativo interrogante: ¿acabar con el Estado IsláLa noticia, difundida hace apenas unos días mico? ¿Para qué? Fue ésta una de las preguntas que se planpor la segunda cadena de televisión israelí, hizo saltar las alarmas. ¿El Estado Islámico? tearon recientemente los politólogos y los es¿Iba a convertirse la quimera que se había trategas de Tel Aviv, más preocupados por adueñado de la mitad del suelo sirio y el Norte la amenaza iraní o el peligro que supone la de Irak en un peligro real para el Estado judío? presencia de Hezbollah en la frontera con el Aparentemente, disponen de carros de comba- Líbano. De ahí el extraño mensaje lanzado te, artillería pesada y… ¡armas químicas!, ad- hace menos de 1 mes por el afamado estratega vierte la inteligencia militar hebrea, que vigila Efraim Imbar, director del Centro de Estudios desde hace meses a los simpatizantes sirios del Estratégicos Begin-Sadat (Besa), entidad que Estado Islámico. Todo deja presagiar un ata- realiza trabajos de consultoría tanto para el gobierno israelí como que relámpago conpara la Organización tra Israel. Para el gobierno de Israel, el principal del Tratado del AtlánLa amenaza no llegó a materializarse, adversario es el Irán de los ayatolás, que tico Norte (OTAN). pero la alerta subsis- ha inscrito en sus programas la des- No hay que acabar con el Estado Islámite, tornándose en una trucción total de la entidad sionista co; la agrupación poauténtica pesadilla dría convertirse en un para los pobladores de los asentamientos judíos de los Altos del arma eficaz en la lucha contra Irán, HezboGolán. Detalle interesante: hasta los prime- llah, Siria y Rusia, señala el minucioso informe ros días de septiembre, a la población israelí elaborado por Imbar. Como siempre, la percepción israelí dista no le inquietaba sobremanera la presencia del Estado Islámico en la región. Es cierto: las del paradigma estadunidense. Para el gobierno sanguinarias huestes de esta organización se de Tel Aviv, el principal adversario sigue sienhallaban en el país vecino. Los asesinatos y la do el Irán de los ayatolás, país que ha inscrito destrucción en nombre del Profeta formaban en sus programas de gobierno la destrucción parte del menú televisivo de los habitantes de total de la entidad sionista. Fue ésta una de las Tel Aviv, Haifa o Jerusalén. Pero Siria quedaba prioridades absolutas de la revolución jomeylejos, al menos, mentalmente. Lo que sucede nista, uno de los mantras de los sucesores del más allá de los confines de Israel nada tiene ayatolá. Ello explica la reticencia de Israel ante que ver con la seguridad armada que ampara el levantamiento de las sanciones económicas

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y tecnológicas impuestas al régimen de Teherán, su obsesión por llevar a cabo un ataque relámpago contra las instalaciones nucleares iraníes. Hezbollah, el brazo armado de Teherán en el Líbano, es otro contrincante que debería desaparecer. En 2006, el ejército israelí perdió la guerra contra el movimiento chiíta, armado y adiestrado por militares de élite persas. De ahí la necesidad de encargar esta tarea a… terceros. Y, ¿quién sino los wahabitas del Estado Islámico? El indiscutible poderío del ejército sirio fue, durante décadas, la mayor preocupación del Estado Mayor de Tel Aviv. Los dos ejércitos jamás chocaron; ambas partes temían las repercusiones de un posible enfrentamiento armado. En este caso concreto, los estrategas hebreos preferirían recurrir, una vez más, a un combate entre musulmanes. ¿Y Rusia? Obviamente, para los estrategas israelíes conviene mantener a los rosos alejados de la región. Su influencia podría contrariar los proyectos hebreos en la zona. Pero si los rusos tienen que afrontar el peligro islámi-

co en casa, es decir, en el vasto territorio asiático, su margen de maniobra en la región sería más limitado. De ahí el deseo de contar con los supervivientes del estado Islámico. De hecho, la estrategia de enfrentar a los enemigos surtió efecto durante el conflicto de Afganistán. ¿Acaso Estados Unidos no firmó la partida de nacimiento de Al Qaeda? De la misma manera, Israel patrocinó, hace 2 décadas, la creación de Hamas, agrupación religiosa conservadora que debía neutralizar a la laica Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Pero en este caso, el error de cálculo tuvo consecuencias desastrosas. Por muy disparatada que pueda parecer, la propuesta de Efraim Imbar no es nada novedosa. En 1957, el Presidente Eisenhower recomendó a la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) la creación en Oriente Medio de movimientos religiosos defensores de la guerra santa llamados a combatir a las incipientes corrientes izquierdistas. En resumidas cuentas, lo que se pretende es convertir al Estado Islámico en el… tonto útil de Occidente.

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CENTROAMÉRICA

EL FRACASO DE NEOLIBERALISMO EN EL SIGLO XXI ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR, ANALISTA Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/PRENSA LATINA

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ras 17 años de análisis científico de los por fracturas regionales en su desarrollo humano”, problemas económicos, políticos, sociales, producto de las persistentes brechas territoriales; educativos y ambientales, el informe Estado brechas entre grupos sociales; brechas en materia de la región, que se publica periódicamente en Costa de desempeño político, económico y jurídico; y la Rica, se ha convertido en la mejor antología del desarticulación física y cultural de la zona atlántica fracaso del neoliberalismo en Centroamérica y en centroamericana, así como por la vulnerabilidad prueba fehaciente de la inviabilidad de sus dogmas, social y ambiental –sin distinción– de las sociedaque en estas comarcas se aplican –todavía– como des regionales. En su edición de 2003, el segundo informe preartículos de fe por una clase política cuya crisis de sentó la imagen de una Centroamérica “expueslegitimidad es ya inocultable. Un repaso a las metáforas con que los inves- ta a múltiples tensiones internas y externas que tigadores del programa académico, encargado la vuelven más compleja y difícil de interpretar”, donde “los progresos en de elaborar el informe, el desarrollo humano, retratan el panorama En Centroamérica, tres de cada seis aunque esperanzadoy los desafíos centroamericanos permite hogares pobres cuentan con un nivel de res, no son suficientes identificar rápidamente ingresos inferior a la línea de pobreza y para vencer el rezago histórico de la región, imágenes que denunpues no siempre están cian, una y otra vez, la cinco presentan carencias de vivienda articulados en una didesigualdad creciente, námica orientada a la el desgarramiento y desarticulación de la región y el impacto de esos generación de oportunidades para amplios sectofenómenos en la vida de nuestros pueblos, especial- res de la población”. Cinco años más tarde, en 2008, el tercer informente en los sectores más pobres y vulnerables de me advertía sobre los desafíos de una Centroaméla población. Por ejemplo, en 2016, la pobreza crónica y es- rica desdibujada, que experimentaba acelerados tructural en Centroamérica se expresa en un dato cambios en distintos órdenes; y, sin embargo, seguía demoledor: “cinco de cada seis hogares pobres tie- atascada por su “falta de progreso”, de tal suerte nen necesidades básicas insatisfechas, relacionadas que “la suma de los cambios sociales, demográcon la vivienda y tres cuentan, además, con un ni- ficos, económicos y políticos no produce mejoras sensibles en el desarrollo humano, ni convierte al vel de ingresos inferior a la línea de pobreza”). En el primer informe Estado de la región, que Istmo en un polo dinámico de crecimiento econódata de 1999 –publicado en el contexto de las ne- mico y progreso social. Además, estos cambios han gociaciones de paz y el fin del conflicto armado–, ampliado las profundas brechas entre países y las se aseguraba que “Centroamérica está desgarrada aún mayores dentro de los países”.

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DAVID MANRIQUE

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En 2011, el cuarto informe daba cuenta de la persistente ampliación de esas brechas sociales y económicas, pese a un esbozo de optimismo en medio de la tormenta: en Centroamérica, señalaba el documento, “pese a los malos tiempos, se continuaron registrando avances, pero también preocupantes retrocesos que, en general, vinieron a aumentar las brechas en la región y en los países. Estas involuciones no fueron episodios aislados, sino que se inscriben en un contexto peligroso, que conjuga múltiples amenazas y vulnerabilidades. La dimensión del riesgo es tal que podría provocar fracturas regionales”. Finalmente, en 2016, la valoración general del quinto informe Estado de la región insiste en sus diagnósticos sobre los graves problemas en materia de desarrollo humano y los limitados alcances de un crecimiento económico desigual, que favorece sólo a los sectores más ricos, no responde a “desafíos medulares, históricamente no atendidos” y amplía “las brechas entre un sur del Istmo más di-

námico y desarrollado y un centro-norte con persistentes rezagos económicos, sociales y políticos. Estas diferencias se agudizan a lo interno de los países y para ciertos grupos de población”. Tan trágicas continuidades ensombrecen los horizontes de futuro de una Centroamérica en la que el debilitamiento de los contrapesos entre actores sociales y políticos respecto a los grupos de poder económico, así como el predominio de élites políticas de inobjetable orientación neoliberal y pro empresarial –desde la década de 1990–, han creado las condiciones necesarias para la imposición y reproducción del modelo de desarrollo neoliberal, en el que convergen los intereses del capital regional y las empresas transnacionales. Y donde, paradójicamente, ese Estado tan cuestionado por el fundamentalismo neoliberal, mantiene un papel central, ahora como gestor de la inversión extranjera y facilitador de los negocios privados. Así nos va –y se nos va– la vida en esta Centroamérica doliente del siglo XXI.

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INVESTIGACIÓN PORTADA

TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCÍAS

AMENAZA LA SEGURIDAD NACIONAL

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PORTADA INVESTIGACIÓN

La Agenda Nacional de Riesgos señala al tráfico ilícito de mercancías como la octava amenaza a la seguridad nacional. Delincuencia organizada y “actores no estatales”, responsables del creciente comercio ilegal de especies, bienes, armas y drogas MARCOS CHÁVEZ/VIII

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n “vacío de autoridad”, propiciado por la debilidad y la corrupción, hace florecer en México la “mercancía y la economía ilegal”. Los negocios son controlados por los grupos delictivos que han ocupado “algunas zonas del territorio nacional” y por “otros actores no estatales” (empresas fraudulentas). Las actividades detectadas en este rubro, según documentos oficiales públicos y confidenciales, tienen como objeto el tráfico de mercancías sin los permisos correspondientes o sin declararlas a la autoridad aduanera. Ello con diversos fines: evadir el pago de impuestos; manipular artificialmente los precios de las mercancías o de las materias primas con que fueron elaborados; trasegar productos ilícitos; falsificar documentos; evadir la presentación de autorizaciones; obtener beneficios aduaneros o tributarios. Por su gravedad, en 2014, el tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras aparece por primera vez entre los temas considerados como riesgos para la seguridad nacional. A partir de ese

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CHRISTIAN SERNA/CUARTOSCURO

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La porosidad de las fronteras de México incentiva las acciones criminales de las mafias organizadas y de otros actores no estatales

año ocupa el octavo lugar entre los 10 asuntos considerados como preponderantes en la Agenda Nacional de Riesgos, que define las prioridades del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal es la encargada de enfrentar este tipo de crímenes. Ésta ha centrado su atención en las industrias del alcohol (contrabando, bebidas falsificadas y adulteradas, evasión de impuestos de la producción, producción artesanal, sustitutos, incumplimiento de normas), tabaco (proveniente ilegalmente de países como China, India, Vietnam, Estados Unidos), automotriz (perjudicada por el ingreso de vehículos usados y partes provenientes sobre todo de Estados Unidos y los juicios de amparo), textil, vestido y calzado (sobre todo de origen asiático). 28

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Empero, el espectro del comercio ilegal es más amplio. Entre otros productos se pueden citar las sustancias químicas, medicamentos, industrias del metal, minerales, equipo agrícola, maquinaria textil, juguetería, aparatos eléctricos y electrónicos, productos informáticos, mercancías falsificadas, la piratería (reproducción, transmisión y distribución de copias de obras resguardadas por el derecho de autor), bienes culturales, especies protegidas y en peligro de extinción. En su más reciente informe Acciones para la prevención y combate a la economía ilegal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que en la primera mitad de 2015 se incautaron bienes ilegales por un valor de 16.4 millones de pesos. Algunos de esos productos: varios tipos de telas, maquinaria para las industrias del vestido, ropa, partes para automóviles y equipos para otras industrias.


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En el reporte de 2014 se indica que se emitieron 312 órdenes de embargo por subvaluación de precios de mercancías que afectaban a “sectores sensibles”, sobre todo a los sectores textil, calzado y vestido, por un monto de 53.3 millones de pesos. Ese año se aseguraron 6.6 millones de piezas relacionadas con la piratería (tabletas electrónicas, teléfonos celulares, aparatos electrónicos, calzado, entre otros). El valor de las mercancías aseguradas en las fronteras fue del orden de 5.7 millones de pesos, refiere el reporte oficial. El SAT añade que en 2014 se destruyeron 65.1 millones de cigarros ilegales provenientes de Asia y Estados Unidos; que en el caso de la industria textil se embargaron bienes por un valor de 135 millones de pesos; en la del calzado, por 6.2 millones de pesos, y en la del vestido, por 40.5 millones de pesos. Todo relacionado con la subvaluación del precio de las importaciones. Además se armaron 27 expedientes legales por daños al fisco por 376 millones de pesos. En 2011, el entonces subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Germán Rangel, dijo que, en 2008, de cada 10 productos que se vendían en México, cuatro, en promedio, eran ilícitos; en 2010 el número se elevó a seis. Son bienes de todo tipo, aunque el problema es grave en la venta de medicamentos falsos, bebidas alcohólicas adulteradas y fabricación de ropa pirata y contrabando de ropa usada, en gran parte provenientes de Asia y Estados Unidos (Excélsior, 23 de marzo de 2011). Sin embargo no existe un seguimiento estadístico, ni público ni empresarial, que mida confiablemente el valor y la evolución del comercio ilícito. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud se refiere a las dificultades específicas del mercado negro del tabaco. Señala en su informe Comercio ilícito, de mayo

2015: “por su naturaleza ilegal, resulta complejo medir el comercio ilícito de productos de tabaco. A la natural dificultad de acceder a datos directos de este fenómeno se suma el interés de la industria tabacalera por magnificar su importancia y atribuir su existencia a los impuestos al tabaco. Es un argumento recurrente de esta industria que mayores impuestos implican, casi automáticamente, mayor contrabando de productos de tabaco”. Agrega que la discusión sobre la magnitud del comercio ilícito de productos de tabaco ha estado dominada internacionalmente por el uso de datos de la consultora privada Euromonitor, ante la ausencia de otros datos y a pesar de las dudas que se tienen sobre la precisión de los mismos. Sus estimaciones incluyen los datos de la industria tabacalera. “En una reciente publicación de Tobacco Control se muestran las inconsistencias en sus cálculos del comercio ilícito para Sudáfrica y México (y sugieren lo mismo para Guatemala, entre otros). En el caso de México, por ejemplo, demuestran que de un año a otro (de 2011 a 2012) las estimaciones de Euromonitor de comercio ilícito históricas aumentaron en más del doble.”

No existe un seguimiento estadístico, ni público ni empresarial, que mida confiablemente el valor y la evolución del comercio ilícito

Crecimiento del flagelo

De las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se desprende que la invasión masiva de bienes ilegales empezó a crecer desde la década de 1980. En esa época se dio el auge de las importaciones, las cuales pasaron de 28 mil millones de dólares en 1988 a 79.3 mil millones de dólares en 1994 y 400 mil millones de dólares en 2014. Para 2015 cayeron a 395 mil millones de dólares. Ello coincide con la apertura externa indiscriminada (comercial y financiera) de la economía (reducción y eliminación de aranceles, en su número de fracciones, requisitos y gravámenes), su integración al mercado mundial, el Tratado de Libre

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Comercio de América del Norte y otros 11 más que involucran a 46 países, medidas que transformaron a México en uno de los países más abiertos del mundo. Dicha apertura coincidió con la desreglamentación interna, la menor intervención del estado en la economía y el debilitamiento de las instituciones, de sus tareas y su capacidad de supervisión, debido a las recurrentes políticas de ajuste en el gasto público. En esa matriz florece la corrupción y el comercio ilegal local y trasnacional, en México y en la economía mundial. Asimismo, su proliferación está asociada a otro elemento estructural: el estancamiento crónico de la economía en 1983-2016, la incapacidad de ésta para generar los empleos formales anualmente requeridos, la pérdida en la estabilidad de los generados, los bajos salarios reales y el deterioro de las prestaciones sociales que han obligado a un alto porcentaje de la población a vivir en la economía informal. En sus circuitos de ésta transita parte de la producción y de los bienes y servicios ilícitos. En su Actualización de la medición de la econo-

mía informal, de diciembre de 2015, el Inegi anota que la economía informal en 2014 equivalió a 23.7 por ciento del PIB (4.1 billones de pesos a precios corrientes) y ocupó al 57.8 por ciento (29 millones de 51 millones personas). En 20032014, el crecimiento económico medio anual fue de 2.6 por ciento y el de la economía informal de 1.7 por ciento. En su Enfoque: el tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice estar preocupada por graves abusos laborales registrados en la producción y distribución de mercancías ilícitas, actividades a menudo controlados por delincuentes organizados. Como estos empleos no están regulados, agrega, los trabajadores, que incluye a infantes, se encuentran en posiciones vulnerables, carecen de protección laboral y sus sueldos son bajos. De casi 35 millones de trabajadores asalariados subordinados contabilizados este año, el 64 por ciento gana menos de un salario mínimo hasta tres veces el mismo, el cual ha perdido el 75 por ciento de su capacidad de compra y que los

SALVAGUARDAR A EMPRESAS, OBJETIVO DE LA LUCHA AL TRÁFICO ILEGAL DE MERCANCÍAS El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos admiten que su preocupación por el intercambio ilegal de mercancías responde a los intereses de las empresas trasnacionales. Por ello, el combate que promueven busca salvaguardar las ganancias y la propiedad intelectual (derechos, patentes y marcas) de las empresas. Ello a pesar de que en las matrices y sus filiales sea “normal” la triangulación y subvaluación de precios de los bienes y servicios importados (las llamadas “cuentas entre compañías”) para manipular las cotizaciones finales, de carácter oligopólicas y evadir o reducir el pago de impuestos, operaciones a menudo blanqueadas en los paraísos fiscales.

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En el caso mexicano, ese combate se centra en los intereses principales de la industria. No obstante, cada gobierno decide cómo enfrentarlo, según su propia agenda, el orden de sus prioridades e intereses, sus compromisos internos y externos, su facundia y sus funcionarios. “El estilo personal de gobernar –como dijo el politólogo Daniel Cosío Villegas– ha implicado, ha convertido a tales políticas en una línea discontinua en el tiempo, perdidas en la ambigüedad conceptual de la zigzagueante seguridad pública, interna y nacional”, y cuyos resultados han sido un fracaso en un México inundado por los bienes irregulares, ya sea por parte del llamado “crimen organizado”, o por los empresarios legalmente establecidos, aceitados por corrupción gubernamental.


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Crimen organizado, el más beneficiado de la debilidad en la vigilancia de mares y fronteras

condena a vivir en la pobreza y la miseria extrema; el 28 por ciento son sobreexplotados (labora más de 48 horas semanales); el 37 por ciento no recibe prestaciones y el 45 por ciento carece de servicios de salud y de contrato de trabajo. Por tanto, más empleos formales dignos, estables y mejor pagados, desalentaría el comercio ilegal.

La estrategia de combate

De la Agenda Nacional de Riesgos se desprende que la elevación en su nivel de escala, de un problema de seguridad interna y pública a uno de riesgo para la seguridad nacional, se da por una “preocupación prioritaria”. “Siempre existieron indicios de presencia delictiva en zonas específicas del país, enfocadas al comercio ilegal y el robo”, situación agravada en

los “últimos lustros junto con los delitos de alto impacto”, y facilitada por “la falta de infraestructura en los puntos fronterizos y la ausencia de capacidades tecnológicas para el registro y control de mercancías”. Para enfrentar el problema, la Agenda plantea “realizar un eficaz combate a las prácticas comerciales desleales o ilegales”. De acuerdo con el Programa de Seguridad Nacional, el riesgo se da en el plano simultáneo de la seguridad pública, interna y nacional, y en el contexto de la apertura comercial (exportaciones e importaciones masivas de mercancías) y financiera (inversión extranjera directa y en cartera), la integración del país a los circuitos de la economía global, las migraciones transfronterizas del Sur al Norte del Continente, la posición geopolítica del país desde el Sur del Continente hacia Estados Unidos. Según el Programa, la rápida expansión de

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ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO

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La industria del tabaco, entre las que más presionan para frenar el flujo ilegal de productos

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esos flujos lícitos coincide con la no menos vertiginosa y diversificada transnacionalización de las actividades ilícitas, a menudo estrechamente relacionadas entre sí y con su demanda generada en el Norte del Continente, que cruzan sin grandes dificultades las porosas fronteras terrestres y marítimas, y que son controladas por la difusamente calificada “delincuencia organizada internacional” y “otros actores no estatales” que no se identifican en el documento. Algunos de esos ilícitos son la producción e intercambio de bienes y servicios ilegales, el tráfico de divisas y lavado de activos, incluyendo los financieros, el comercio de especies protegidas, de bienes culturales, de armas y de estupefacientes, los flujos migratorios y la trata de personas. En el Programa Nacional de Seguridad Pública, que define la estrategia y las líneas de acción pública en contra del comercio ilícito, se agrega un componente: la lucha contra la “mercancía y la economía ilegal” controlados por los grupos delictivos que han ocupado “algunas zonas del territorio nacional” debido a “un vació de autoridad” propiciado por la debilidad y la corrupción institucional. Dicho Programa indica que una “mercancía ilegal” es aquella que “viola las normas fiscales, de comercio exterior, de derechos de autor, de propiedad industrial, las sanitarias y de protección al medio ambiente”. Por la “economía ilegal impacta negativamente la creación de empleos, el crecimiento del país, el desarrollo de sectores productivos legales]; disminuye la participación de empresas formales en el mercado; [que compiten deslealmente con] las empresas que actúan con apego a la ley; inhiben la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios, pues desalientan la innovación y la creatividad”. Para enfrentar la “debilidad” y el “vacío institucional” se propone reforzar a las entidades federales, controlar los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para tratar de identificar y neutralizar el ingreso de los productos ilícitos al país, detectar y erradicar su producción, almacenamiento y distribución de esa clase de productos y de quienes los controlan, han sido una de las actividades que le han quitado a los neoliberales, desde el gobierno de Miguel de la Madrid.


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El florecimiento y expansión de esos bienes, su producción local y su proliferación por las calles de todas las ciudades del país, a través del ambulantaje, y en los negocios establecidos legalmente, testifican el éxito de esas políticas. El aeropuerto internacional de la capital, por ejemplo, es considerado como una de las principales puertas de entrada y salida de productos ilegales. Por esa zona pueden pasar manadas de elefantes que se vuelven invisibles ante la presencia de los empleados aduanales. Las acciones para combatir el tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras se concentran en promover las operaciones legales; erradicar las prácticas comerciales fraudulentas, tales como el contrabando abierto (importación y exportación ilegales de mercancías, sin los permisos correspondientes o sin declararlas a la autoridad aduanera de los lugares habilitados –puertos y aeropuertos–, o por los inhabilitados –playas, pasos fronterizos–, con el objeto de evadir el pago de los tributos correspondientes) o técnico (ingreso y salida fraudulenta de mercancías, a través de la subfacturación, sobrefacturación, la subvaluación –precios de las mercancías importadas artificialmente menores a los del mercado local o de las materias primas con que fueron elaborado, declarándose a un valor menor al realmente fue pagado externamente, a través de la triangulación de origen de las mercancías: su facturación en el exterior a un precio reducido y pagándose la diferencia a través de terceros; entre las empresas involucradas se señala oficialmente a las maquiladoras y a empresarios de los ramos textil, vestido y calzado, entre otras–, el incumplimiento de requisitos legales, la presentación de documentación falsa, la falta de autorizaciones, el cambio de renglón arancelario, la triangulación con certificados de origen para obtener beneficios aduaneros o tributarios, la corrupción oficial), para tratar de evadir o reducir el pago de impuestos o de aranceles; destruir las mercancías decomisa-

das; castigar a los infractores; desalentar el fraude fiscal y el lavado de dinero. Esas medidas son justificadas por el daño que representa la competencia desleal al fomentar la expansión de la economía informal y afectar a las actividades legales de los importadores, los exportadores, la inversión y la industria nacional, que tienen que cubrir esos y otros requisitos, el empleo formal, por los riesgos de toxicidad, la salud pública y fitosanitarios, y la recaudación de impuestos. Parte de la tarea también se ha enfocado en las aduanas. En julio de 2015, Ricardo Treviño, titular de la Administración General de Aduanas, señaló que entre enero de 2014 y hasta junio de 2015, se despidieron a 100 oficiales de comercio exterior (en total son alrededor de 1 mil 500) por incurrir en actos de corrupción. Agregó que en 2014 se recibieron cerca de 13 mil denuncias sobre presuntos actos de corrupción, 40 por ciento de los cuales apuntaban hacia los funcionarios de aduanas; de ellas sólo 2 mil 500 aportaron información para iniciar una investigación y finalmente se sancionó administrativamente a 160 servidores públicos y 20 de ellos tuvieron que enfrentar juicios penales. (El Universal, 28 de julio de 2015).

Las acciones para combatir el tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras se concentran en promover las operaciones legales

Los actores involucrados

La cantidad de instituciones públicas y de organismos empresariales participantes en la cruzada contra el tráfico ilegal de mercancías manifiesta cuantitativamente la magnitud de la preocupación. Parte de esa guerra, en su sentido práctico, es coordinada por el Servicio de Administración Tributaria, integrante de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal. En ésta también participa el comisionado Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación.

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MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

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Piratería, uno de los delitos que sí se persiguen vinculado a esta amenaza a la seguridad nacional

Otros actores son: las administraciones de Comercio Exterior, Fiscal federal y de Aduanas; las procuradurías General de la República (a través de la Subprocuraduría en Investigación de Delitos Federales y las unidades de Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual y de Delitos Fiscales y Financieros) y Federal del Consumidor; las secretarías de Economía (Subsecretaría de Industria y Comercio) y de Salud (por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris); el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); y un representante del Ejecutivo. El bloque se coordina con las instituciones estatales y municipales y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). El grupo de trabajo también está integrado por las confederaciones de las cámaras Indus34

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triales, de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y del Vestido, entre otros conglomerados empresariales. Dicha mesa está integrada por seis subgrupos con sus responsables: el comercio ilegal interno, el SAT; la subvaluación del comercio exterior, la Caaarem; la piratería, el IMPI; de estudios económicos, la Concamin; bebidas, medicamentos y tabaco, la Cofepris; y normas oficiales mexicanas, la Profeco. La lucha en contra del comercio ilegal es complementada con los acuerdos negociados o las propuestas adaptadas de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio o la Organización de Cooperación Económica, o con acuerdos específicos con Estados Unidos o China, por ejemplo.


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LA TRAICIÓN DEL INAI

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A pesar de no estar legislado y atentar contra preceptos constitucionales, el Inai insiste en implantar el “derecho al olvido”. La censura que promueve el Instituto transgrede el derecho a la información y la libertad de expresión. En riesgo inminente, archivos periodísticos e históricos MAURICIO ROMERO

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orrón por encargo. Historias trasquiladas a placer. Guiones en los que lo incómodo se elimina. Olvido como mercancía de lujo disfrazada de “derecho”. Bajo el halo de la “protección de datos personales”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) insiste en su interés de instaurar el denominado “derecho al olvido”, puerta para la censura de información y negocio de quienes prometen limpiar la reputación de quien sea, tarifa de por medio. No se trata de proteger el número de cuenta de un trabajador que su banco, “por error”, hizo pública; ni de la dirección de un periodista amenazado por el narcotráfico publicada, también “por error”, por el instituto electoral local; tampoco del teléfono personal que de algún modo terminó en las compañías de seguros, bancarias y hasta funerarias. Se trata de evitar la difusión –prohibiendo su publicación impresa o eliminándola de internet– de informaciones generadas, sobre todo, por periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en las que

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Aunque no está legislado, el Inai resolvió ya un caso de “derecho al olvido” en perjuicio del derecho a la información y la libertad de expresión. Solicitó a Google borrar tres enlaces de internet de la revista Fortuna, sobre información relativa a un conflicto de interés entre el dueño de Estrella Blanca y la fundación Vamos México, que preside Marta Sahagún

se documentan hechos de interés público: crímenes de Estado, corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, delitos de cuello blanco, lavado de dinero y demás “errores” cometidos por quienes, generalmente, ocupan una posición de poder y, transcurrido el tiempo, quieren ejercer su “derecho al olvido”. Así, el “derecho al olvido” –que el Inai defiende por encima del derecho a la información– garantizará borrar de la historia la participación de personas señaladas e incluso juzgadas por crímenes específicos, incluso aquellos que por su naturaleza no preescriben ante la ley, como los de lesa humanidad. Enganchado de los siete comisionados del Inai y del derecho de oposición y cancelación de datos personales, el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado, discurre sobre la importancia de que en México se instaure definitivamente el “derecho al olvido”: para propiciar “segundas oportunidades” para gente que ha cometido “errores” en el pasado (foro Derecho al olvido, tutela integral de la privacidad. Visión iberoamericana, 23 de agosto de 2016). En México, el primer caso resuelto bajo ese término fue sobre tres enlaces de internet de la revista

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Fortuna, negocios y finanzas –es decir, sobre información periodística y de interés público– que provocaron la ira de un empresario camionero beneficiado por su amistad con la familia Fox-Sahagún, cuando ésta se encontraba en la plenitud del poder. Un obituario en el que los esquilmados cargaron sobre su padre (Carlos Sánchez Alcántara, padrino del grupo empresarial) una lista en la que se le incluía como uno más de los rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y, sobre todo, un trabajo periodístico sobre sus negocios vitaminados por la magnificencia presidencial y más acusaciones de estafa en su contra (“Fraude en estrella Blanca alcanza a Vamos México”, Ana Lilia Pérez, febrero de 2007), fueron consideradas por él como una mancilla a su honor y el de su familia, además de un lastre para sus relaciones comerciales actuales. El Inai lo escuchó y decidió que merecía esa “segunda oportunidad”… Ordenando al buscador Google censurar dicha información de sus búsquedas (PPD.0094/14). En todo el proceso de análisis e incluso cuando dictó su resolución, al Instituto que supuestamente garantiza el derecho a la informa-


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ción de toda la población mexicana se le “olvidó” notificar a la revista Fortuna y a la periodista, principales afectadas. “Y ¿por qué el Inai tuvo interés en el tema?”, se preguntó el comisionado Joel Salas. “Sólo porque es la máxima autoridad administrativa en materia de protección de datos personales a nivel nacional y en un contexto de más de 50 millones de internautas la ‘nube’ se carga instantáneamente de malas referencias personales” (“Derecho al olvido. Falsos debates”. Excélsior, 28 de agosto de 2016). Año y medio después de la resolución, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México amparó a la revista Fortuna porque al Inai no se le ocurrió llamarla como tercera interesada. Por ese motivo, ordenó la reposición del proceso. Sin embargo, dicho revés no ha detenido al Instituto en su intención de instaurar el llamado “derecho al olvido”, término mercadológico nacido en los despachos de manejo de imagen, enfatiza en entrevista Carlos Brito, miembro de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El negocio de la limpia de reputaciones está en juego, y el Inai es uno de sus principales impulsores. “Está avanzando en el legislativo y en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México”, agrega. El Inai ha realizado foros, campañas en las que, como en el caso de Carlos Sánchez de la Peña (el empresario beneficiado por el sexenio foxista), por regla se desdeña el derecho que, paradójicamente, el mismo Instituto tiene como misión garantizar: el “libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, consagrado en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero para los comisionados del Inai un supuesto “derecho” particular –que ni siquiera ha sido legislado– está por encima de la Constitución misma. En entrevista con Contralínea, la comisionada Pa-

tricia Kurczyn deja claro hasta qué punto se desea proteger lo que en el Inai entienden como “datos personales de los particulares”: borrar información en la red o, en dado caso, prohibir su publicación en medios impresos. —¿Usted qué entiende por el llamado derecho al olvido? –se le pregunta a la comisionada del Inai Patricia Kurczyn. —La cancelación de la publicación de datos personales –responde sin titubear. Los datos personales son definidos en la ley como “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”. Entonces, según la comisionada, el relato sobre los actos de alguien puede ser considerado para su “cancelación”. “Yo me puedo oponer a que en algún momento determinado sepan si yo firmé un contrato de compra-venta de una casa. No en mi caso como servidora pública –acota–. Pero una persona en lo particular, no tiene por qué estar divulgando lo que hace. Nadie tiene derecho a exhibir sus actos personales. Porque entonces estaríamos invadiendo la esfera de la privacidad.” Nada que no trate de una sentencia o de un funcionario puede ser considerado como de interés público, aduce la doctora en derecho. “Nosotros no podemos saber si hay una situación firme (sic), que digamos esta persona ya está sentenciada. No podemos saber si el asunto fue resuelto por un juez.” —¿Para usted, pedir que se baje información no tiene relación con el derecho al acceso a la información consagrado en la Constitución? —En este caso es sobre un asunto particular. Un asunto entre particulares (Carlos Sánchez de la Peña y Google), porque finalmente era el asunto de un señor en particular con una asociación civil particular también (Vamos México, de la entonces primera dama Marta Sahagún). “Y no voy a calificar si hacían negocios o no hacían negocios porque ésa es un área que no nos

El derecho al olvido censura hechos de interés público: crímenes de Estado, corrupción, delincuencia organizada, delitos de cuello blanco...

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corresponde, mucho menos a mí en forma personal. Pero lo que sí le puedo decir que si el señor determina que su nombre está siendo utilizado y no quiere que aparezca como tal, tiene derecho a solicitar la cancelación de los mismos.” En la resolución favorable al empresario –hoy sin efectos por el amparo dado a la revista Fortuna– el Inai no discutió, ni siquiera revisó si la información que el quejoso deseaba eliminar era de interés público. A pesar de ello, la comisionada asegura que el mayor interés de ella y sus colegas es conseguir un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos, ya equiparado con el “derecho al olvido”. “No podemos sacrificar los derechos de una persona cuando no haya un interés público”, afirma. “Cuando una persona solicita la cancelación de sus datos personales, y si tiene la razón, lo podemos hacer. Podemos pedirle a la instancia que lo tiene publicado que los baje”. Se refiere a los medios de comunicación. “Cuando una persona concede una entrevista, si el día de mañana esa información toma un sesgo diferente, si esa información le puede causar algún daño, pues la persona está en su derecho de pedir que esa información sea retirada”, dice. “Pero no si es servidor público”, acota. —¿Y las personas que tienen un impacto social sin ser servidores públicos? —Aunque alguien sea muy adinerado, con grandes empresas y todo, eso no quiere decir que sea un servidor público. Por más que la persona tenga una importancia social o una importancia económica en el país sigue siendo una persona privada con todos los derechos que no se le pueden modificar. “Es su derecho”, reafirma. —¿Derecho de pedir que se elimine información? —Exacto. Si ya está impreso, ni modo que retiremos todas las revistas y todo. Lo que sí se podría hacer es que esa documentación pues ya no se podría volver a publicar. Si lo tiene en la red, sí se puede eliminar, se tienen que borrar. —¿Eso no atenta contra el derecho a la información, contra la Constitución, doctora? —Son datos personales. Y si la persona ya no quiere que aparezcan, pues tenemos que hacerle caso. Es la esfera de la privacía que está en el Artículo 16 de la Constitución.

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“La presión los está llevando al punto de decir cualquier cantidad de disparates bajo el amparo de estos intereses”, refuta Carlos Brito, que a la vez señala la contradicción entre la razón de ser original del Inai y la actuación actual: “Es una paradoja que cae en el ridículo. Es información de interés público, información pública que el Inai, en principio, nace para difundir, para hacer accesible a la gente. Que alguien publica la lista del Fobaproa y el Inai dice ‘generemos obstáculos para que esa información se sepa’, es ridículo, es francamente sicótico, es una traición a los principios que dieron luz a la reforma en materia de acceso a la información y al Instituto.”

Negocio, de la mano del Inai Borre lo que le moleste de su pasado. Deshágase de esos detalles incómodos. “En Eliminalia creemos que la mejor manera de garantizar el resultado es eliminando el contenido ‘desde la raíz’, es decir, borrar los datos que se almacenan en la propia página web o medio de comunicación dónde se ha publicado” (sic), anuncia la empresa catalana, gestora de reputados personajes como Humberto Moreira. “Su director, Dídac Sánchez, ha dicho que México tiene cuatro veces el potencial de mercado de España”, cuenta Carlos Brito. “Es tanta la corrupción y los problemas que hay en el país que la gente tiene la necesidad de hacer desaparecer esos asuntos”, dijo el empresario al reportero Juan Luis Ramos y, sin empacho, añadió: “Si un político ha cometido un crimen y no se le ha juzgado ése ya es un problema del país, no nos toca a nosotros” (“El derecho al olvido se lo merece todo mundo, defiende Eliminalia.com”. 24 Horas, 20 de abril de 2015). “¿Su nombre o marca ha sido publicado en algún medio de comunicación y quiere borrar todo rastro? Nos encargamos de ello, ya lo hemos conseguido en MUCHAS ocasiones, SIEMPRE lo CONSEGUIMOS” (sic), continúa la firma que abrió una sucursal en México tras la resolución a favor de Carlos Sánchez de la Peña. Siempre y cuando tenga el poder y el dinero, quien sea podría estar interesado en la goma que lim-


DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

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Con el derecho al olvido, el pleno del Inai (en la imagen) pretende censurar informaciones periodísticas e históricas en soportes impresos, electrónicos y digitales. En riesgo, los derechos constitucionales a la información y la libre expresión

pia el pasado; cualquiera de quienes colman los notociarios y las páginas de los medios con historias de muerte, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, explotación, fraude, soborno, despojo… “Se puede entonces explicar por qué ha habido tanta presión por llevar esto a la regulación por medio del Inai y la Ley [General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares]”, razona Carlos Brito. Se trata del siguiente paso en el negocio del manejo de la imagen pública: la reconstrucción de una reputación a partir de la eliminación de información adversa gracias a una herramienta disfrazada de “derecho”. “Está pensado para eso. Está manufacturado como estrategia de mercadotecnia. El hecho de llamarle ‘derecho-al-olvido’”, explica en entrevista el abogado de la R3D, que remarca la procedencia corporativa del término: ni legislativa ni jurídica, sino de firmas como la que ahora se encarga del honor del exgobernador Moreira. “El Tribunal de Justicia Europea jamás le llama así en la resolución que emite –y en la cual se apoyó

el Inai–. Si le llama así es porque cita a los despachos y nada más”. Para la comisionada Patricia Kurczyn no hay nada raro o nocivo en el negocio que de la mano del Inai está progresando. —Ahora se ofrece dicho olvido como una mercancía, doctora –se le comenta. —Es naturalmente el ejercicio libre de la profesión. Es una actividad completamente lícita que se puede desempeñar.

Choque de derechos El Instituto ha basado la discusión en el derecho de las personas a la protección de sus datos personales, manto con el que se le da un aire de legalidad al término mercadológico “derecho al olvido”. Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales se enfrentan y el Inai es el órgano encargado de ejercer como árbitro. “Cuando se produce un choque de derechos se da una situación trágica”, apunta el jurista Roberto Gargarella. “¿Por qué? –continúa– Porque nos en-

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En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Google-Fortuna, el derecho a la información perdió: el Inai “olvidó” llamar a la revista como tercera interesada, y tampoco ponderó entre el interés público de la información sobre el empresario foxista y su honor e intereses comerciales

contramos frente a dos derechos reclamando por el mismo espacio, peleando por el mismo lugar, y que solo uno de ellos puede preservar. Alguno de los derechos va a perder”. En tales casos de pugna, quien resuelva está obligado a justificar la ponderación entre uno y otro derecho, dice Gargarella. Y una fórmula para resolver la jerarquización inevitable, sugiere, es seguir la ruta “de que el último derecho a ser retirado, o sea, el que más hay que cuidar es el que está más cerca del nervio democrático de la Constitución […] hacer el máximo esfuerzo por preservar hasta el final aquellos derechos que estés más cerca del corazón de la Constitución”, el cual “tiene que ver con las reglas básicas del juego democrático”. Por tanto, derechos como la libre expresión o el acceso a la información “merecen ocupar un lugar muy especial dentro de nuestra escala de derechos”. Y el doctor en derecho por las universidades de Buenos Aires y Chicago va más allá: los derechos más cercanos al corazón de la Constitución “deben ser objeto de una protección especial. Y más todavía,

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dentro de los derechos vinculados con la libertad de expresión, encontramos subderechos que merecen una protección aún más especial”. Por ejemplo: el derecho de criticar a los hombres ejerciendo el poder, sea público o fáctico. Para el abogado y sociólogo argentino, el deber más importante de los juzgadores –entre los que se puede incluir a los comisionados del Inai aunque no sean parte del Poder Judicial– “es el de proteger al que habla, sobre todo si se trata de una voz que pretende presentar una crítica contra quienes ejercen el poder. Esta voz es la que más necesita ser protegida” (Carta abierta sobre la intolerancia, apuntes sobre derecho y protesta. Siglo XXI Editores, 2006). En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Google-Fortuna, el derecho a la información fue el que perdió, el sacrificado en una pugna en la que ni siquiera se le consideró, pues el Inai no ponderó entre el interés público de la información sobre el empresario foxista y su honor e intereses comerciales… y resolvió proteger su nombre sin reparar en las historias de relaciones de poder que de él y su familia se desprenden.


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OCEANOGRAFÍA

2 MIL TRABAJADORES EN EL LIMBO

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En medio del proceso de quiebra de Oceanografía, 2 mil trabajadores esperan el remate de activos de la naviera para que reciban su liquidación conforme a la ley, reconoce el Sae. Para los afectados, ésta es una maniobra dilatoria para obligarlos a negociar en condiciones desventajosas JOSÉ RÉYEZ

ILSE HUESCAS/CUARTOSCURO

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ientras el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) calcula el monto que obtendrá por el remate de los activos de Oceanografía, al menos 2 mil trabajadores de la empresa sobreviven con la esperanza de recibir su liquidación por años de labor en la naviera, la más beneficiada por Petróleos Mexicanos y declarada en quiebra apenas la primera semana de agosto. Y es que ante la exigencia de liquidación, la respuesta del Sae es tajante: “si los trabajadores solicitan el pago de todos sus derechos, llevaremos el proceso a juicio laboral, durará años, y cuando ganen el juicio ya no habrá propiedades para vender y se quedaran sin dinero”, fue la advertencia de Humberto Cavazos Chena y Pablo González, director de Oceanografía y director del Departamento Legal del Sae, respectivamente. Durante una reunión de trabajadores con ambos funcionarios, celebrada la primera semana de septiembre en las oficinas del Sae, los

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quejosos señalaron que Cavazos y González les informaron que sólo tienen derecho a liquidación 450 trabajadores actualmente en activo en la empresa y que “el personal que dejó de laborar de 2014 a 2016 no tiene derecho a liquidación, porque ya prescribió el tiempo de 60 días para que ejercieran su derecho a demandar por conducto de la Junta Laboral”.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes gasta 70 millones de pesos al mes para mantener la flotilla de Oceanografía Sin embargo, el coordinador de prensa del Sae, Roberto González Corona, reconoció que aún faltan por liquidar al menos unos 2 mil trabajadores de Oceanografía, y recordó que a principios de agosto el juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, declaró la quiebra de Oceanografía mientras el Sae operaba como administrador la empresa en virtud del aseguramiento y de ahí pasó al cargo de síndico para que, dentro de las formalidades del proceso y dentro de un periodo de 70 días, determine qué activos podrá disponer para llevar a cabo la liquidación de los mismos. Precisó que el Sae en Oceanografía enfrenta una doble situación, por una parte el aseguramiento derivado del proceso penal que está vigente, y por otro lado el concurso mercantil que derivó en la quiebra. Dijo que los pasivos de la naviera ascienden a 14 mil millones de pesos, de los cuales no se sabe cuánto recuperaría el Sae, ya que se tiene que levantar el inventario. “Hay algunos inmuebles por identificar; hay gravámenes que se tienen respecto a estos inmuebles que garantizaban créditos, y se tiene que hacer la validación en el periodo que establece la ley de 60 días, para poder hacer el levantamiento de inventario, manejar el balance 46

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y tener el dictamen contable respectivo, con lo cual se podrá saber de cuánto se dispone para afrontar los pasivos”, añadió. Actualmente hay 450 trabajadores activos; cuando el Sae se hizo cargo de Oceanografía ésta tenía 11 mil trabajadores contratados bajo un esquema de outsourcing. Primero se liquidaron los adeudos vencidos con un promedio de 3 meses de salario vencido y se regularizó la situación laboral de los trabajadores, a los que se dio de alta en el Seguro Social, ya que la gran mayoría, al estar en esa figura de outsourcing, no estaban dados de alta o lo estaban con un salario inferior, explicó el funcionario. El gran problema, dijo, es que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanografía para que tuviera la posibilidad de contratar con cualquier empresa del gobierno federal; y otro gran problema es que Pemex representaba el 90por ciento de la empresa y eso complicó mucho el flujo en esas circunstancias. Se le dio salida a los contratos vigentes y actualmente el Sae no tiene contratos ni tampoco hay ingresos, y tiene que pagar los salarios de la gente que todavía está trabajando y darle mantenimiento a las embarcaciones que continúan bajo la responsabilidad de la institución. Alejandro Donis Castro, abogado de un grupo de trabajadores que demandan su liquidación, expuso que a pesar de que la empresa estaba inhabilitada para licitar contratos, tenía 35 contratos activos. “Y todos los dejaron perder. Todo indica que el Sae desde que se le entregó la administración llegó con la intención de quebrar la empresa”, aduce. Por ejemplo, dice, los contratos 428222910, 428222911, 428222912, 428222913, 428222914, 428222915 y 428222916, por Servicio de Transporte de Personal, Materiales y Equipos Ligeros con Abastecedor Rápido (solo de flete), con un valor total de 117 millones 379 mil 369 dólares, firmados en 2012 para iniciarse en junio de 2014 y con duración de 8 años, los dejaron perder intencionalmente. El Sae tiene 45 embarcaciones todavía bajo custodia, la gran mayoría no es propiedad de Oceanografía sino de arrendamientos que ya tenía contratados la empresa. Sólo nueve embarca-


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ciones son propiedad de la empresa y desafortunadamente están en condiciones más precarias, admitió González Corona. Señaló que se llevará a cabo el inventario nuevamente para identificar los bienes susceptibles de venta y poder pagarle a los acreedores. En ese sentido, los trabajadores o los que había al momento que se terminaban los trabajos, ya se les van a entregar las cantidades correspondientes para terminar su relación laboral. Dijo que hay adeudos que se manejan todavía dentro del concurso mercantil; hay un caso que se maneja como uno de los acreedores, tanto el SAT, IMSS como Pemex, en donde sólo falta el reconocimiento de que un juez concursal pueda dar con el adeudo que se tiene con esta empresa. Los dueños tienen que acreditar la propiedad de los bienes para que la Procuraduría General de la República pueda levantar el aseguramiento y se devuelvan. Es el caso del Titán, el barco que encalló, la PGR ya determinó que no es de Oceanografía, sin embargo el propietario no se lo quiere llevar, ya que el reflotamiento requiere de una cantidad importante de recursos con los que el Sae no cuenta. La ley del Sae dispone que cuando se asegura una empresa se obliga a su conservación,

mantenimiento y los seguros de los bienes. El Sae tiene que gestionar recursos para pagar estos conceptos. Inclusive, enfatiza González Corona, la tripulación de las embarcaciones que se encarga de dar mantenimiento se considera como parte de los gastos que el Sae tiene que cubrir. Se paga la nómina de una parte de los 450 trabajadores activos, a la tripulación y de gente que trabaja fundamentalmente en los patios, que lleva comida a los barcos, etcétera, ya que la particularidad de las embarcaciones es que deben de estar prendidas siempre, no se pueden apagar porque si no se hunden. Todo ello tiene un costo de 70 millones de pesos mensuales. El Sae no recupera nada de la venta de los activos ya que es para los acreedores reconocidos en el proceso, no alcanza, dice el funcionario. Se identifica cuál es el pasivo reconocido y en función del recurso que se tiene la cantidad se divide entre los acreedores, dando prioridad a los trabajadores. Pemex es acreedor gubernamental como el IMSS, el SAT y hay otro tipo de acreedores financieros también. De los 8 millones de pesos del fideicomiso creado para pagar las indemnizaciones de los trabajadores, González Corona dijo que el Sae

El Sae tiene 45 embarcaciones todavía bajo custodia, de las cuales 36 no son propiedad de la empresa de Amado Yáñez

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La quiebra de Oceanografía se declaró porque no se supo administrar la empresa, asegura el abogado de los trabajadores, Donis Castro

hizo un levantamiento de gente que concluyó con su trabajo y la enlistó para que en cuanto haya recursos se le pagara. “Lo que el juez ordenó es que se les diera el reconocimiento a aquellos trabajadores que presentaron una denuncia para que les fueran pagados los recursos necesarios para terminar con su relación laboral”, adujo. Se trata del fideicomiso 1345, creado en agosto de 2013 por Oceanografía en Banco Invex, por 8 millones 835 mil 658 pesos, que fueron etiquetados por Pemex Exploración y Producción, y entregados por el juez Consuelo Soto al Sae para el pago de liquidación de los trabajadores; sin embargo, Alfonso Maza los destinó para el pago de despachos jurídicos, préstamos a personal a su cargo, pago a trabajadores allegados a la administración del Sae y a un sindicato cetemista, de acuerdo con la denuncia de los inconformes. Al respecto, González Corona asegura que “con los 8 millones de pesos alcanzaba el pago 48

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de más o menos 130 personas, de los cuales ya cobraron 115 y otros no quisieron cobrar, había un error en el cálculo de su pago y se corrigió y su pago está disponible y no lo han querido cobrar, el juez ya tiene conocimiento”, detalló. Se declaró la quiebra de Oceanografía porque no se supo administrar la empresa, asegura el abogado de los trabajadores Donis Castro. “La Ley de Concurso Mercantil señala como condición obligatoria que el administrador debe tener por lo menos 5 años de experiencia en una empresa similar a la que pretenda administrar, con conocimiento del giro de la misma, de la cual carece Alfonso Maza Urueta”, añadió. Explicó que a los trabajadores los hicieron firmar un convenio de retiro voluntario, o sea que renunciaban a sus derechos laborales, engañándolos y presionándolos, porque si no lo hacían así no cobraban. Es el caso del ingeniero Elías Marín Moguel, quien aun en desacuerdo con la cantidad


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que le pagaron, tuvo que tomarla. Le pagaron el día 8 de agosto con un cheque independiente, por la cantidad que correspondía para pago de pensión alimenticia para su familia, pero no se lo entregaron, ni le dejaron tomar fotos, aduciendo que ellos lo entregarían, pero hasta el día de hoy (12 de septiembre) no se lo han dado a su familia. Adicionalmente, para entregar este pago los representantes del Sae condicionaron a los trabajadores a firmar su afiliación al sindicato, ya que si no lo hacían les retenían esa liquidación. El sindicato le quitó a muchos trabajadores hasta el 30 por ciento de la liquidación que les entregaba, incluso mediante cohecho y bajo amenazas, con conocimiento del personal administrativo del Sae presente en la firma de recibido de estos pagos. Argumentaron que no había dinero para pagar a los trabajadores, pero según un reporte del despacho Rafael Lores Rodríguez y Cía., con fecha 2 de junio de 2015, señala que al 25 de mayo de ese año Pemex había pagado a Oceanografía 599 millones 463 mil 430 pesos; 22 millones 118 mil 184 dólares y 497 mil 460 euros. Además, la empresa tiene registrado que entre enero de 2014 y octubre de 2015, Pemex le pagó a Oceanografía una factura por 2 millones 265 mil 283 pesos, así como varias facturas en dólares americanos por 2 millones 637 mil 741 pesos. ¿En qué gastaron este dinero, sumando los 25 millones de dólares de la venta del equipo Gallos Blancos de Querétaro? El Sae no puede pagar del dinero de los contribuyentes los gastos de una empresa privada. ¿Por qué no la declaran en quiebra desde el momento en que no hay dinero?, pregunta Donis Castro. “No debieron pagar millones de pesos a los despachos jurídicos ni al sindicato en cuotas que nunca descontaron a los trabajadores y de otros que nunca fueron sindicalizados, sino pagarle a los trabajadores”. Dijo que el sindicato, en contubernio con el personal del Sae, actualmente realiza una campaña para que el personal de Oceanografía que nunca estuvo afiliado al sindicato firme una carta poder otorgándole sus derechos laborales, para

A la naviera también se le aseguraron diversos predios que podrían estar sujetos al remate

que puedan negociar las liquidaciones de los trabajadores y aceptar lo que en su momento acuerden el sindicato y el Sae. “Los trabajadores solicitaron de múltiples formas que se les reconociera su derecho de estar en el concurso mercantil para hacer valer la preferencia que hasta ahora no han tenido, vigilar el proceso y participar de él. Quizá por esto último es que no los quisieron reconocer, ya que el concurso mercantil en su esencia protege a los trabajadores como acreedores preferentes ante cualquier otro”. Por esta razón, el presidente de la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vásquez, a petición de los quejosos ha participado en las reuniones con funcionarios del Sae y con el juez a cargo de la quiebra, Felipe Consuelo Soto, para investigar sobre las posibles violaciones a la Ley de Trasparencia y actos de corrupción en los que pudieron haber incurrido.

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SUBASTA DEL CAMPO PETROLERO TRIÓN PUEDE FALLAR Previsible, el fracaso de las primeras subastas de campos petroleros en aguas profundas del Golfo de México. En duda, el verdadero potencial de los yacimientos y la tecnología para explotarlos. El caso Trión, ejemplo de la falta de veracidad en las cifras que proporciona el gobierno federal FABIO BARBOSA, ECONOMISTA Y MAESTRO EN HISTORIA DE MÉXICO; ESPECIALISTA EN INDUSTRIA ENERGÉTICA; INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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l próximo 5 de diciembre se llevarán a cabo las primeras subastas de las aguas profundas del Golfo de México, llamada la joya de la corona. Por ello, este análisis tiene el objetivo de ampliar la información sobre ella con datos conocidos sólo en algunos círculos petroleros. Estoy convencido de que sólo con datos veraces podemos intentar una comprensión de este momento tan peculiar de la reforma energética. Percibimos diferencias en los tres grupos de bloques que se ofrecen en estas dos subastas: El primer grupo lo constituyen cuatro bloques para exploración al Norte del Golfo de México, casi adyacentes a la frontera con Estados Unidos. Conjeturamos que todos serán licitados, aunque quizá el bloque dos podría tener un menor número de ofertas porque se adentra en partes de la llamada Planicie Abisal, en tirantes de agua que alcanzan entre 3 mil-3 mil 500 metros. A la fecha, el pozo más profundo en Estados Unidos ha avanzado a 3 mil 50 metros; por ello, licitar más allá exhibe la desesperación de quienes diseñan los bloques, esperando que la tecnología, eventualmente se desarrolle para alcanzar esos “abismos”. El segundo grupo de la misma licitación lo integran seis bloques en la Cuenca Salina del Istmo. Éste recibirá ofertas, aunque no es tan atractivo como el área fronteriza. Su examen lo dejaremos para otro artículo. El mismo día, el 5 de diciembre, el gobierno realizará otra subasta totalmente distinta y algo rara: las empresas participantes competirán para participar como socias de Petróleos Mexicanos (Pemex) para desarrollar el campo Trión, que cuenta con dos pozos (ambos con petróleo descubierto que Pemex estima en la elevada y cuestionable cifra de 482 millones de barriles de crudo equivalente, como reserva “posible”; repito: cifra que consideramos un “maquillaje” de la información). En estos dos eventos no participarán las mismas empresas y pueden tener resultados distintos.

Breve reseña histórica En el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se supo que las grande petroleras ya estaban perfo-

rando cerca de la frontera marina, se realizaron las primeras inversiones en busca de una localización del lado mexicano; pero en esos años era virtualmente imposible iniciar actividades en la zona más profunda y más hostil. Los primeros pozos en aguas profundas se iniciaron durante el gobierno de Vicente Fox, en aguas más someras, frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Hasta el sexenio de Felipe Calderón al fin se pudo contar con las primeras plataformas capaces de trabajar en aguas ultra profundas, como la Bicentenario y la West Pegasus. Pero cuando la primera estaba casi lista para comenzar en la localización Maximino-1, ocurrió el accidente en el Macondo, que creó un ambiente de pánico en el mundo petrolero. La Bicentenario fue virtualmente entretenida con dos pozos muy al Sur y finalmente, en mayo de 2012, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) –después de un taller en el que se examinaron los programas de perforación y especialmente las medidas de seguridad industrial– aprobó la perforación, que inició en junio, a cargo de la mencionada Bicentenario. Así que Trión era un pozo largamente esperado: se habían creado grandes expectativas, se creía que en la zona del Cinturón Plegado Perdido existían unos 20 mil millones de barriles de aceite, evaluación formulada por Geological Survey de Estados Unidos. Por ello, su plan era muy ambicioso: pretendía evaluar toda la columna geológica de Perdido en la parte de México. Los investigadores petroleros también ansiábamos conocer qué potencial existía realmente. Decíamos en la década de 1990: “Así como los mexicanos tenemos que conocer los ríos, las montañas y todos los recursos en nuestro país, tenemos que conocer qué tenemos en el subsuelo marino”. Casi 15 años más tarde, Trión-1 ofrecería algunas respuestas. El pozo Trión-1 tenía como objetivo probar tres formaciones: las arenas Wilcox, las Whopper y, algo muy importante, responder a la pregunta: ¿hay petróleo en el Cretácico de Perdido? Recordemos que esas han sido las más generosas en la parte mexicana del Golfo de México. Por todo eso los objetivos de

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Trión-1 eran perforar hasta los 7 mil 529 metros y disparar en esos tres intervalos (el cuadro 1, examinado en el taller de la CNH, lo muestra). Al presidente Felipe Calderón lo consumía la impaciencia: se le reportaban constantemente los avances. Cuando se aproximaba su último informe de gobierno y el pozo llevaba unos 90 días, se realizó una primera “mini prueba”: se aisló un tramo del agujero, colocando tapones arriba y abajo del estrato y se recogieron unos pocos barriles, quizá litros, que se enviaron a tierra para su análisis. Era crudo ligero. Calderón convocó a una conferencia de prensa en Los Pinos y anunció el descubrimiento de 350 millones de petróleo crudo equivalente, cifra que el lector puede corroborar en

el boletín 54 de Pemex, fechado el 29 de agosto de 2012 (cuya copia se reproduce aquí). Asimismo adelantó que produciría 10 mil barriles diarios y que, el potencial petrolero de la sección mexicana en Perdido se elevaba a 10 mil millones de barriles. Era propaganda, expresiones de frivolidad y un atropello a los ingenieros: el Trión-1 ni siquiera había concluido (el boletín 54 afirma que la perforación continuaba). Estos problemas fueron conocidos por la opinión pública oportunamente. Con sólo el aceite en los frasquitos lo único que se demuestra es la existencia de petróleo, pero no hay ningún dato que permita estimar sus volúmenes y menos si son comerciales. Véase la nota de Israel Rodriguez, en La Jornada del 30 de agosto de 2012, en la que diversos analistas, como el ingeniero Francisco Garaicochea, la doctora Miriam Grunstein y el suscrito examinamos estos temas.

La verdad es que Trión-1 falló Aunque el boletín 54 asegura que Trión-1 continuaría hacia mayores profundidades –entre las que, por cierto, ya no aparece el Cretácico, situación que revela como los políticos se atreven a tomar decisiones técnicas–, la verdad es que la perforación ya no pudo continuar. Se realizaron estudios para ampliar las pruebas de producción, pero el 20 de noviembre de

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2012 se decidió el taponamiento definitivo. Estábamos en la terminal de Cobos, en la desembocadura del Río Tuxpan, desde donde se manejaba toda la logística, cuando llegó la noticia de que se habían presentado problemas de arenamiento y no se consideró conveniente tomar el riesgo de sufrir un empeoramiento de la situación. Schlumberger ha explicado en sus revistas que el arenamiento del pozo ocurre cuando grandes volúmenes de este material se desprenden y movilizan ante ciertas condiciones, como caídas de la presión: las arenas son arrastradas por la velocidad y viscosidad del fluido y, una vez producidas en el interior del pozo, pueden provocar estragos, erosionando tubulares, dañando equipos y obstaculizando la producción en cualquier punto de la línea de flujo. Trión no es el único caso de formaciones poco consolidadas –como también se denomina al arenamiento– en el área del Cinturón Plegado Perdido. También se ha presentado en Trident, perforado en el lado estadunidense, a unos 50 kilómetros de distancia de Trión-1. Los casos más conspicuos han sido el de los pozos del campo Jack, cuyo descubrimiento fue en 2003 y 2004 y que, por estas dificultades, sólo pudo iniciar su explotación 10 años más tarde. Algunos instrumentos requirieron metales especiales: sólo la búsqueda de un diseño especial de las llamadas pistolas que se disparan en las pruebas de producción se prolongó 9 meses. Perdido es una de las zonas más difíciles del planeta, sus pozos figuran entre los más profundos del mundo a lo que se suman los problemas de la sal, las ultra temperaturas y ultra presiones.

Nuevos maquillajes de las cifras Como dijimos, en los círculos petroleros esperábamos con impaciencia nuevos reportes que rectificaran la información o siquiera añadieran las cifras de la producción inicial de Trión-1. Por fin, el 14 de marzo de 2013 se publicó el documento Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2013, en el que, en su página 19, se publicó otro atentado al derecho a la información: las reservas que supuestamente descubrió Trión-1 fueron aumentadas de los 350 mi-

El expresidente Calderón dio a conocer el supuesto potencial de Trión, mismo que hasta la fecha no se ha comprobado

llones anunciadas por Calderón en el boletín 54, a 482 millones de barriles de crudo equivalente. ¿Qué había pasado?, el sexenio de Calderón había concluido y es obvio que los nuevos funcionarios del gobierno de Enrique Peña simplemente, desde sus escritorios, agregaron más de 100 millones de barriles en la documentación; es decir, en los papeles. En realidad no pasó nada: Trión-1 sigue enarenado, taponado y abandonado. Los políticos peñistas sólo hicieron un cambio de papel. Pero vendrían nuevos maquillajes, aunque más chiquitos. También en el nuevo gobierno de Peña se publicó otro documento informando de las actividades del año anterior: el Informe anual de 2012, que repite las supuestas reservas de Trión-1 y, quizá pretendiendo un alarde de exactitud, anota que son 482 millones 400 mil barriles. Nótese que para entonces aún no se perforaba Trión 1 DL y, a la fecha, en 2016, las reservas de ese campo que se pretende desarrollar en un acuerdo de explotación conjunta, continúan sien-

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do de 482 millones; eso implica que el Trión 1 DL no agregó nada. Examinaremos el tema a continuación.

Otro misterio: el Trión 1 DL Ante el problema del arenamiento, casi 1 año más tarde, el 3 de septiembre de 2013, en otro bloque adyacente al Norte se inició la perforación de Trión 1 DL (ya dijimos que es un pozo delimitador y omitiremos detalles como que éste es menos ambicioso: Pemex renunció a profundizarlo hasta el Cretácico, es decir el delimitador fue un pozo más somero). Según el reporte de la actividad exploratoria de la CNH, la perforación –incluyendo la termi-

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nación, es decir, sus pruebas de producción– concluyó el 28 de marzo de 2014, prácticamente en 7 meses. Según el reporte mencionado, fue “descubridor comercial”, pero el intervalo productor reportado es muy delgado: se sitúa entre los 4 mil 241 y los 4 mil 221 metros, es decir, un espesor impregnado de apenas 20 metros, 16 veces más pequeño del Trión-1. Seguramente por eso no ofreció ninguna cifra de producción inicial en las pruebas, como se hace en todos los descubrimientos. Otra vez iniciamos una larga espera de los datos y hasta la fecha no se ha publicado nada. Pasó todo 2014 y esperamos en 2015, cuando se difundió la convocatoria de la licitación de Trión, repitiendo que el volumen a explotar son los 482 millones, cifra que quedó como “la verdad oficial” establecida por el gobierno de Peña. Confirmamos que el pozo delimitador no agregó reservas. Nuestra hipótesis es que tampoco pudo probarse por la complejidad geológica de Perdido. En la etapa más reciente se ha logrado un conocimiento más preciso del Cinturón Plegado Perdido y de esa gran área se ha separado la llamada subcuenca Cinturón Subsalino (la ilustración 3 muestra la ubicación de Trión-1 y la proximidad de los cuerpos de sal hacia el Norte, donde se localiza el Trión 1 DL). La complejidad geológica se constata también del lado de Estados Unidos. La ilustración 4 muestra varios pozos al Norte de la línea de la frontera. El único exitoso es Great White; los dos pozos Baha fracasaron, el primero fue suspendido por un accidente mecánico, el Baha dos sólo encontró indicios; el Hammerhead-1 fracasó totalmente, y los tres pozos Trident descubrieron volúmenes no comerciales. Este último campo lo tuvo Chevron y lo devolvió al gobierno (sobre este tema hemos escrito varios artículos en Contralínea). Desde luego no debemos omitir que Great White es un campo gigante: en 2013 alcanzó (como complejo con otros dos, Silvertip y Tobago) un pico de producción de 115 mil barriles diarios, lo que lo define como gigante y, lo que es muy importante, muestra que la exploración en formaciones sub sal puede tener grandes éxitos; pero eso sólo lo demuestra la barrena del perforador, no las fantasías de los políticos.


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Situación actual: desaires y remilgos de las petroleras Ahora el gobierno de Peña se ha enfrentado con la gran sorpresa de que las grandes petroleras amenazan con dejarle desierta la subasta de Trión. El pasado agosto, a sólo 2 días del cierre del plazo para que las petroleras puedan participar únicamente había dos empresas inscritas; entonces la CNH –que se ha extraviado al confundir su papel de regulador con el de promotor de la inversión, como ha examinado Fluvio Ruiz– amplió varias fechas del calendario de la licitación. Las grandes petroleras conocen, seguramente mejor que nosotros, los detalles que aquí hemos narrado sobre Trión, pero no pueden revelarlos y negociar algún cambio en los términos y condiciones de los contratos sobre esas situaciones. ¿Entonces qué aducen? Como es un proceso en curso y cada día pueden ocurrir cambios sólo mencionaremos dos de sus alegatos. Algunas dicen que es excesivo el costo que el gobierno quiere recuperar por las inversiones ya realizadas en la exploración y descubrimiento en las dos asignaciones donde se ubican los pozos Trión. Aluden a 480 millones de dólares que los pretendidos socios irán invirtiendo en las actividades iniciales del acuerdo de desarrollo conjunto. Otras empresas o consultorías que las asesoran, critican que Pemex, sin compartir el riesgo, mantiene mucho control en las operaciones a desarrollar. En otra perspectiva de análisis, el doctor George Baker, gran conocedor del petróleo mexicano, ha puesto en la mesa el tema

de la participación de los socios en el caso de accidentes industriales. La visión más pesimista sobre la subasta de Trión la expresa Steven Otillar, de una consultoría. Sostiene que muchas empresas esperarán hasta que las regulaciones de la industria petrolera de México ofrezcan garantías adicionales antes de comprometerse a una asociación como la del contrato Trión. La agencia de noticias Bloomberg resume la situación en un artículo que titula “Pemex slow to lure oil majors to join its big Gulf venture”, que yo traduzco como “lento para seducir a las grandes petroleras” y que me convence de que la licitación de Trión puede ser considerada la evaluación de las grandes empresas. Si, a pesar de lo que aquí hemos dicho sobre los problemas geológicos de los pozos Trión, deciden entrar al acuerdo de operación conjunta es que lo evalúan con un potencial importante. Mi conclusión es la misma recomendación que formulo a mis alumnos: debemos estar atentos, debemos monitorear cotidianamente esa licitación. Su desenlace nos ofrecerá muchas lecciones.

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ESTADO DE EMERGENCIA CANCELA LAS LIBERTADES EN FRANCIA Aunque bajo el estado de emergencia la policía francesa evitó varios atentados, no fue gracias a las disposiciones adoptadas en ese marco de excepción. Demostrado, que esas disposiciones son completamente inútiles para la lucha antiterrorista. Lo único que hacen es reducir, poco a poco, las libertades

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JEAN-CLAUDE PAYE/SOCIÓLOGO/RED VOLTAIRE

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ruselas, Bélgica. Las autoridades francesas siguen prorrogando el estado de emergencia después de una serie de atentados. El nuevo estado de excepción –justificado por una masacre anterior– resulta incapaz de enfrentar nuevas matanzas, aunque su supuesta eficacia sigue justificando cada prolongación de este último y, cada vez que algo sucede, la adopción de nuevas medidas violatorias de las libertades. El hecho es que las disposiciones liberticidas no llegan después de las masacres sino que las preceden ampliamente. Las primeras modificaciones del código y de los procedimientos penales –que ahora permiten aplicar a los franceses disposiciones concebidas para el mundo del contraespionaje, es decir medidas que anteriormente se aplicaban únicamente a los enemigos del país– fueron adoptadas a principios de la década de 2000.

Compulsión repetitiva La Ley de Orientación y Programación de la Seguridad Interior (LOPSI 1), adoptada en 2002, ya abría a la policía el acceso, a distancia, de los datos conservados por los operadores y proveedores de acceso a internet, y anulaba además el control judicial [sobre esa acción policial]. Vendría después un conjunto de legislaciones que refuerzan las medidas ya adoptadas anteriormente y que van cada vez más lejos en la posibilidad de tratar a los ciudadanos franceses como enemigos. Tanto la LOPSI 2 de 2011 como la Ley de Inteligencia de 2015 son demostraciones de ese proceso que consiste en repetir incansablemente a los franceses que ya no son dueños de sí mismos y que sus atribuciones personales en realidad están a la disposición del Estado. Se instaura así una nueva manera de gobernar en la que se hace saber a los ciudadanos que las prerrogativas del po-

der tienen ahora carácter absoluto y que el estado de derecho se ha convertido en algo obsoleto. Las leyes de prolongación del estado de emergencia transforman el derecho penal: en la práctica legalizan dispositivos de espionaje que ya estaban siendo utilizados y que ahora encuentran como justificación el supuesto objetivo de evitar la realización de atentados. Estos últimos no son lo que motiva la mutación de la forma del Estado sino aparecen más bien como su resultante. Las acciones terroristas agregan el miedo como medio de romper todo vínculo social y de organizar así la omnipotencia del poder. Lo que se pide a los ciudadanos ya no es solamente que renuncien a sus libertades y a los atributos propios del control sobre uno mismo –como los datos personales–, sino que abandonen también su propia vida, cediendo su Hábeas Corpus (derecho mismo a disponer de su propio cuerpo). Cada nuevo atentado y sus consecuencias, una nueva prolongación del estado de emergencia, funciona como una compulsión repetitiva, como “el eterno regreso” de los atentados anteriores y la reproducción de los significantes asociados a esos actos: islamismo, yihad, guerra de civilizaciones. Como ningún aspecto de los anteriores atentados ha sido confrontado de manera colectiva, hay algo que se repite a través de cada nueva matanza. Lo que ha sido excluido del lenguaje y de la razón reaparece en lo real como elemento de una compulsión repetitiva. El objetivo es evitar que la población olvide la violencia y el significado asociados a la guerra de civilizaciones. Lo que destruye el vínculo social no debe ser rechazado sino repetido hasta el infinito para colonizar nuestra vida. En su alocución del 14 de julio pasado, el presidente de Francia había anunciado que el estado de emergencia terminaría el 26 de julio de 2016. Y concluía afirmando: “No se puede prologar el estado de emer-

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Aunque el estado de emergencia no logró impedir la masacre del 14 de julio pasado, la medida se prolongó nuevamente por 6 meses

gencia eternamente, no tendría sentido hacerlo. Eso quiere decir que ya no seríamos una República con un derecho aplicable bajo cualquier circunstancia”. Sin embargo, como consecuencia de la masacre perpetrada en Niza el 14 de julio de 2016, el presidente Francois Hollande volvió a prorrogar por 6 meses el estado de emergencia. Recordemos que un primer estado de emergencia, de 12 días, había sido proclamado al siguiente día de los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015 y que ya había sido prolongado por 3 meses mediante la ley 2016-162, del 19 de febrero de 2016. Esa medida expiraba el 26 de mayo pero fue prolongada por 2 meses más, mediante la adopción de la ley 2016629, del 20 de mayo de 2016. A pesar de la evidente ineficacia de dicha medida, que no logró impedir la masacre del 14 de julio, ahora acaba de ser prolongada nuevamente por 6 meses, mediante la ley 2016-987, del 21 de julio pasado.

El estado de emergencia y el código penal El gobierno se instala así en el estado de emergencia permanente, a pesar de la adopción de una legislación presentada como vía para salir de esa situación de excepción: la ley de reforma penal “que refuerza la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, promulgada el 3 de junio de 2016. Esta ley permite el funcionamiento de diferentes medidas vinculadas al estado de emergencia, sin tener que llegar a declararlo. Dos de las cuatro leyes que prolongan el estado de emergencia son especialmente importantes: la ley del 20 de noviembre de 2015 y la del 21 de julio pasado. La primera de esas dos leyes modifica profundamente varias disposiciones de la ley de 1955, en lo tocante a las condiciones de la detención domiciliaria y las modalida-

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des de los registros, otorgando a la policía y a la fiscalía un margen de interpretación casi ilimitado: permite el inicio de acciones legales basándose únicamente en intenciones. La segunda aporta nuevamente varias modificaciones en lo tocante a los registros; también hace más duro el arsenal penal, pues varias de sus disposiciones en cuanto a alargar las penas pueden aplicarse incluso sin que se haya proclamado el estado de emergencia; y, más importante aún, instaura una vigilancia numérica masiva. Oficialmente, el texto del 21 de julio lleva como título “Ley que prorroga la aplicación de la ley 55-385 del 3 de abril de 1955 sobre el estado de emergencia e incluye medidas que refuerzan la lucha contra el antiterrorismo”. De manera muy clásica, la ley prevé, bajo el estado de emergencia, la posibilidad de prohibir los cortejos, desfiles y concentraciones de personas en la vía pública. También aporta precisiones e instaura nuevas disposiciones en materia de registros. Como se indica en su título, esta ley no se limitó a prorrogar el estado de emergencia sino que se convirtió en una nueva ley antiterrorista, cuyo objetivo es modificar el código penal y el código de procedimiento penal. Esta ley aporta numerosas disposiciones que se agregan, de manera permanente, al arsenal penal y administrativo antiterrorista, fuera del estado de emergencia.

Regreso a los registros informáticos administrativos Ese texto autoriza nuevamente la posibilidad de registrar los dispositivos informáticos por orden administrativa y permite el uso de los datos hallados en cualquier sistema informático o de comunicación durante la realización de un registro. Esta medida, que ya aparecía en la ley de prolongación


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del estado de emergencia adoptada el 20 de noviembre de 2015, permitía a la policía copiar todos los datos de cualquier dispositivo informático –ordenador, servidor o teléfono móvil– durante la realización de un registro, sin tener que confiscar el dispositivo ni obtener el consentimiento de la persona en cuyo domicilio se realiza el registro y sin tener que comprobar previamente si se ha cometido una infracción. Pero esa disposición había sido suspendida como resultado de una decisión del Consejo Constitucional en febrero pasado. El Consejo Constitucional había llegado a la conclusión de que esa disposición constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada y expresaba inquietud ante el hecho de que la copia de datos pudiese incluir información que no tuviera relación directa con la persona investigada, dado el hecho que la copia incluiría los intercambios entre la persona investigada y

sus contactos y que la ley incluye también la posibilidad de confiscar los datos accesibles desde el dispositivo registrado. El Consejo estimaba que ese tipo de disposición puede aplicarse únicamente en el marco legal de una confiscación, no durante un simple registro. Gracias a la ley del 21 de julio ahora será posible reanudar los registros en los dispositivos informáticos. La disposición en cuestión estipula que “si el registro revela la existencia de elementos, sobre todo informáticos, sobre la amenaza que constituye (…) el comportamiento de la persona investigada, los datos contenidos en todo sistema informático o equipo terminal hallado en el lugar del registro pueden ser confiscados, ya sea copiándolos o mediante la confiscación del soporte”. Este artículo extiende considerablemente el campo de los registros incluyendo en él a las personas vinculadas al sospechoso

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así como a sus simples contactos, ya que el motivo –“tener contacto con una amenaza”– autoriza la realización de registros prácticamente por cualquier cosa. La extensión incontrolada de este tipo de búsqueda se acentúa aún más con la posibilidad de realizar registros seriados. El artículo 5, que modifica el artículo 11 de la ley de 1955 sobre el estado de emergencia, prevé que si un registro revela la existencia de otro lugar adonde va frecuentemente la persona investigada, un derecho de seguimiento permite registrar también ese lugar inmediatamente. “Cuando un registro revela que otro lugar responde a las condiciones fijadas en el primer acápite del presente artículo, la autoridad administrativa puede autorizar la realización de otro registro en ese nuevo lugar. Esa autorización se regulariza formalmente en el más corto plazo posible.” Pero no sólo se amplía el campo de los registros numéricos, a tal punto que éstos se

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convierten en intrusiones incontrolables y masivas. La ley permite también la captura de los datos personales por motivos imprecisos, incluso una simple casualidad. El artículo 15 de la ley, que establece el artículo L. 851-2 del código penal, autoriza a capturar en tiempo real, en las redes de los operadores o de las personas, informaciones y documentos “sobre una persona previamente identificada como susceptible de estar relacionada con una amenaza” terrorista. Hasta ahora, esta forma de vigilancia solamente afectaba a las personas “identificada[s] como una amenaza”. Con esta ley, el código de la seguridad interna ahora estipula que, para que los servicios de inteligencia se den a la tarea de analizar en tiempo real los datos de conexión durante 4 meses de los franceses basta con que se les considere una persona “susceptible de estar vinculada con una amenaza” o simplemente que sea parte del


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“entorno” de la persona afectada por el registro, “cuando existen razones serias para pensar” que es “susceptible de proporcionar información”.

Garantías falsas La ley trata de ofrecer una apariencia de respeto de las normas del estado de derecho. El presidente Hollande incluso llegó a afirmar que “ese texto se ha completado con todo lo que puede acrecentar la eficacia, sin romper con el estado de derecho. El riesgo estaría en ceder en el campo de nuestras libertades sin ganar en materia de seguridad. Nunca, hasta el término de mi mandato, consideraré el estado de derecho como un obstáculo porque eso sería el fin del Estado”. En un esfuerzo por dar una apariencia democrática a medidas que precisamente destruyen la sociedad democrática, el artículo 5 estipula que “la copia de los datos o la confiscación de los sistemas informáticos o de los dispositivos terminales se realizan en presencia del oficial de la policía judicial. El agente responsable de la realización del registro levanta acta de la confiscación indicando los motivos y el inventario del material confiscado”. Pero se trata de una garantía puramente formal para la persona afectada por el registro, ya que los policías acaban de obtener el anonimato en lo tocante a la aplicación de las medidas estipuladas en el estado de emergencia. En un telegrama dado a conocer el 29 de julio, la Dirección General de la Policía Nacional anunció que “los agentes están autorizados a identificarse en todos los actos administrativos que tengan que realizar utilizando su número de RIO [referencia de identidad operativa] en vez de precisar su nombre y apellidos”. Esa autorización es válida únicamente “en el marco de la aplicación de las medidas del estado de emergencia y específicamente en materia de detenciones domiciliarias y registros por

orden administrativa”, precisa el telegrama dirigido a los jefes de los servicios centrales. En el marco de los registros autorizados mediante esta ley sobre el estado de emergencia, el texto precisa claramente que al menos uno de ellos debe estar presente durante un registro de carácter administrativo. El uso de la matrícula plantea entonces un problema cuando se trata de los miembros de la policía judicial si no es posible verificar su presencia ni identificarlos directamente mediante la simple lectura del acta policial.

Transformación de la norma penal Finalmente, la nueva ley, en la que se autoriza la prolongación del estado de emergencia, endurece el arsenal penal aplicable fuera del estado de emergencia. Entre las medidas aprobadas, esta ley prevé incluso una pena que puede ser de hasta 30 años de cárcel –antes eran 20 años– para los organizadores o dirigentes de todo grupo formado con vista a la preparación de un acto de terrorismo. Según esa misma ley, las personas condenadas a penas de cárcel por hechos vinculados con el terrorismo ya no podrán obtener reducciones de pena. Esa ley prevé además la prolongación de la detención temporal de los menores de 2 y 3 años en los casos de terrorismo así como la imposición automática de una prohibición de entrada al territorio francés. Sin embargo, los diputados rechazaron la aplicación del régimen de retención de seguridad y de vigilancia de seguridad a las personas condenadas por un crimen terrorista, medida que los senadores sí pretendían aplicar. Por su parte, los senadores renunciaron a la creación de un delito de estancia en un teatro de operaciones terroristas exteriores para favorecer un endurecimiento de la última ley de reforma del procedimiento penal correspondiente a junio de 2016. Esta

La nueva ley, que autoriza la prolongación del estado de emergencia, endurece el arsenal penal aplicable fuera de esa medida de excepción

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ley ya permite un control administrativo, con detención domiciliaria, para personas que regresen de Siria y de Irak, cuando no existan suficientes elementos para ponerlos de inmediato bajo investigación por terrorismo. Este control, hasta ahora limitado a un mes, podría ampliarse ahora a 3 meses.

Legalizar un sistema que ya existía

El nuevo marco normativo legaliza un sistema de escuchas que ya existía, basado en un programa que permitía recoger metadatos en tiempo real

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Para posibilitar la aplicación de la ampliación de las escuchas administrativas, la última ley de prolongación del estado de emergencia exige un sistema generalizado de sondas numéricas. Pero el hecho es que ese sistema ya existe gracias al programa de escuchas administrativas, clasificado como secreto de la defensa nacional y designado como IOL (intercepciones obligatorias legales). Ese programa de “sondas de escucha numéricas” fue concebido en 2005, el documento de especificaciones exigidas fue terminado en 2006 y el plan piloto se puso en marcha en 2007. Su generalización [extensión] a todos los grandes operadores fue en 2009 y al parecer está operando desde 2012, lo cual permite cubrir el 99 por ciento del tráfico ADSL residencial (es decir, el acceso a internet a través de cables telefónicos). Este programa ya permitía recoger los metadatos “en tiempo real”, una práctica no autorizada en aquel momento. Pero esta forma de “pesca de datos” en las instalaciones de los operadores no fue legalizada hasta 2013, mediante la Ley de Programación Militar, adoptada ese mismo año, y por un decreto publicado en diciembre de 2014. En el marco del IOL, se procedía a la instalación de “cajas negras” –dispositivos cuya existencia ni siquiera se conocía en aquel entonces, además de ser ilegales– en las redes de los operadores, sin que estos úl-

timos tuvieran acceso a esos dispositivos. Se trataba de escuchas administrativas, ordenadas por el primer ministro, que permitían escuchar a las personas conectadas a la red francesa de internet y cuyos resultados iban al GIC o Grupo Interministerial de Control, organismo dependiente del primer ministro y encargado de concretar las escuchas. El poder incluso ha reconocido parcialmente la existencia de ese sistema de escuchas. Según el diario Le Monde, como resultado de un Consejo Nacional de Inteligencia realizado en enero de 2016 en la sede de la Presidencia de la República Francesa, se decidió “poner bajo vigilancia el conjunto de datos de comunicación de las 11 mil 700 personas “fichadas S” por vínculos con el islamismo radical”. Dado el hecho de que se trataba de una práctica que ya se aplicaba, resulta evidente que el objetivo de la ley del 21 de julio de 2016 no es instaurar esa práctica sino legalizar lo que ya se hacía. El texto autoriza también una ampliación de un dispositivo que podría afectar no sólo a las 11 mil 700 personas ya “fichadas S”, sino que concierne potencialmente a varias decenas de miles –incluso cientos de miles– de personas. El texto legaliza un sistema que puede abarcar arbitrariamente amplias capas de la población francesa, a las que el Ejecutivo puede considerar como enemigos potenciales. La legalización de un sistema de escuchas que ya existía [ilegalmente] viene acompañada del reconocimiento del carácter ilegal, aunque “justificado”, de su anterior aplicación, a pesar de tratarse de un dispositivo que ha demostrado resultar inoperante en materia de atentados. Es decir, no sólo se afirma que existe una necesidad actual sino que se da por sentado el derecho del Estado a violar su propia legalidad. La afirmación de un poder sin límites prepara así una extensión incontrolable de las disposiciones que permitan espiar a la población francesa.


INCREMENTA LICONSA 30 POR CIENTO LECHERÍAS EN QUERÉTARO • Entrega el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, tarjetas de beneficiarios en Querétaro

P

edro Escobedo, Querétaro. En entrevista para medios locales y nacionales, el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, informó que Querétaro es una entidad en la que los puntos de venta de Liconsa se han incrementado en un 30 por ciento desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El funcionario federal –quien acompañó en gira por este municipio queretano

al gobernador Francisco Domínguez Servién y al secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava– puntualizó que, de enero a julio de 2016, el padrón de beneficiarios en el estado llegó a 85 mil 248 personas que ya toman leche fortificada de alta calidad Liconsa. Ramírez Puga Leyva destacó que la proyección para 2017 es crecer en 10 mil beneficiarios más en municipios como Pedro Escobedo, Jalpan de Serra, Es-

colásticas, Agua Azul, Mesa de Ramírez, entre otros, para cumplir con la meta por instrucciones del secretario Luis Miranda Nava. El director general finalizó asegurando que, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el litro de leche Liconsa seguirá manteniéndose en 5 pesos con 50 centavos durante 2016 y no se prevé ningún incremento, en apoyo de 6.4 millones de beneficiarios en el país.

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SOCIEDAD BETA

THE WASHINGTON POST TRAICIONA AL PERIODISMO Y A EDWARD SNOWDEN GONZALO MONTERROSA

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el mundo. Para Estados Unidos, desn estas fechas coinciden el espués del ataque a las Torres Gemelas, treno de la película de Oliver todos generan sospechas. Stone sobre Edward Snowden La paradoja es que The Washington y la campaña de las organizaciones Post es el único medio en contra de de derechos humanos con la que solique se otorgue el perdón. Dejó en citan al presidente de Estados Unidos claro su posición con un editorial puel indulto para Snowden, quien filtró blicado el 17 de septiembre pasado, información confidencial que es de en el que el periódico recomienda al interés público y, por ello, es requeripresidente Obama decir… No. do por la justicia estadunidense. Resulta aún más paradójica esta Las organizaciones son: Amnistía posición del diario cuando se recuerda Internacional, Human Rights Watch que ganó el premio Pullitzer en 2014 (HRW) y la Unión Estadunidense gracias a la información que Snowden para la Defensa de las Libertades entregó a un pequeño y reducido Civiles (ACLU, por su sigla en ingrupo de periódicos que glés). Solicitan al presidente realizaron reportajes con Barack Obama el perdón The Washington ella. En ese tiempo los para Edward Snowden, Post es el único medio reportajes de este peel excontratista de la en contra de que se otorgue el perdón riódico, así como los Agencia de Seguria Snowden. En su de los otros medios dad Nacional (NSA, editorial del 17 de que participaron en la por su sigla en inglés) septiembre recomendó investigación, revitalique filtró información al presidente Obama zaron el concepto de pesobre los programas decir no al indulto riodismo. Una vez más los secretos de vigilancia del lectores esperaban para saber gobierno de Estados Unidos, cuál sería la siguiente información, entre ellos el denominado PRISM, organizada, verificada y analizada de que no dejaba fuera a nadie: estaban forma periodística, distinto a los blogs incluidos políticos extranjeros de que se habían hecho de las visitas de países considerados aliados. Muchos las mayorías. críticos acusaron que la actividad de El continuo avance tecnológico la NSA violaba los derechos humaha logrado mejoras en el campo de la nos. Lo que está claro es que violaba medicina, la administración y, sobre la privacidad, incluso la de políticos todo, en el espionaje, sin embargo “amigos”. Tal revelación provocó dolores de cabeza a los diplomáticos de todo toda ventaja representa un riesgo. La

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miniaturización permitió que Snowden extrajera miles de documentos que hasta antes de la digitalización hubiera sido imposible. Su intención fue noble: dar a conocer a sus compatriotas y a los ciudadanos del mundo que eran observados; además, fuera de la ley. Sin embargo, el juicio se centró en él. Los Estados pueden violar la ley es el mensaje, pero una persona que viola la ley para beneficio de otros sigue siendo un criminal. Un hecho bueno que viola la ley no genera derechos de protección. Un tema legal aparte. Otra ley que se rompe es la de la confianza de las fuentes con respecto de los medios de comunicación. La protección a la fuente es un básico. Hay muchos ejemplos de periodistas dispuestos a ir a la cárcel por negarse a decir quién es su fuente. Esas personas que están dispuestas a dar información confidencial que es de interés público, pero que entregarla pone en riesgo su vida, lo pensarán dos veces al ver como The Washington Post le da la espalda a Edward Snowden. El reclamo de los reporteros a la directiva de este periódico también está presente: la decisión del medio se tomó sin consultar a la redacción, reclamó Margaret Sullivan, reportera del mismo periódico. Advierte que no es el tipo de legado que Obama que-


SOCIEDAD BETA

rrá dejar. Snowden es una fuente y un patriota. También Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadunidense para la Defensa de las Libertades Civiles, dijo que gracias a Snowden Estados Unidos tiene una mejor democracia. Edward Snowden se apoyó en quien confiaba, eligió los periódicos, evitó ser él quien decidiera lo que se daba a conocer al público en general, confiando la información secreta a un grupo de periodistas de varios medios para que ellos realizaran esa función de decidir qué información era la más importante y qué datos debían publicarse sin poner en riesgo la vida de otras personas. Quiso evitar que lo

enjuiciaran como a Julian Assange de Wikileaks, quien tiene otra visión a la hora de hacer pública la información, sin filtros y sin intermediarios. The Washington Post parece que quiere ser el traidor en la historia.

En contexto ¿Qué es PRISM? El programa inició en 2014 y analizaba los correos electrónicos, llamadas de voz, fotografías, videos, contraseñas, la actividad de los usuarios de las redes sociales, así como información que empresas brindaban cuando se les solicitaba. Entre los servicios estaban: Facebook; YouTube, de Google; Skype, de Microsoft; Yahoo,

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America On Line, y Apple. Incluía también la entrega puntual de información de llamadas, integrando metadatos (números telefónicos, número de serie del dispositivo, duración y hora de las llamadas). Hackeaban los principales routers o distribuidores en internet, con lo que podían espiar miles de computadoras al mismo tiempo y no preocuparse por realizar un procedimiento a cada una de ellas. Snowden exhibió que la “libertad” y la “democracia” de Estados Unidos se sustentan sobre las mismas acciones cuestionables que realizan los dictadores a los que tanto critican. Y vive en el exilio por ello.

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EX LIBRIS

LAS RUINAS DE PALMIRA DEL KANTIANO CONDE DE VOLNEY ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

felicidad, y cifraré la mía en la idea de Constantine Francois de Chashaber acelerado la época de la dicha seboeuf, Conde de Volney de los humanos”. (1757-1820), fue un lector-estuII. En Palmira encuentra “el más dioso de la obra de Immanuel Kant; pasmoso espectáculo de ruinas: innuse forma en la Ilustración y militó en merable muchedumbre de soberbias los albores de la Revolución de 1789, columnas en pie y había entre ellas como representante de los Estados vastos edificios, enteros unos, otros Generales. Viajero incansable, es cémedio caídos…. sembrada por todas lebre por su ensayo histórico-literario: Las ruinas de Palmira (ahora vigente por partes la tierra con esos destrozos, cornisas, capiteles, arquitrabes, zócalos la destrucción de sus templos, escultuy pilastras, todo de mármol blanco ras y testimonios de esa cultura orieny de labor exquisita”. Y el tal), dejando en sus Viajes más despotismo religioso como testimonios de su asombro corolario del conflicto ante el mundo que desAutor: Conde de Volney entre las creencias, que cubrió yendo a Egipto, Título: Las ruinas de aun a costa de la muSiria, Palestina y otros Palmira (traducción de tua destrucción quiere pueblos de aquella Armando Ruiz Gómez) imponer a un Dios y geopolítica oriental Editorial: Biblioteca a una religión como que fascinó a tantos esEdaf y Morales, única, sin que las demás critores y pensadores de SA cedan en su lucha irraciola época, para enriquecer a nal. Ahí escenifica el conflicto la cultura occidental, siendo el religioso, creyendo “que no había constructor de esos vasos comunicanen el mundo más que ocho o diez tes de la humanidad. Volney analiza sistemas de creencias, y no esperaba las irrupciones religiosas, virus de inreconciliación alguna entre ellas: ahotolerancia y polémicas por querer ser, ra veo mil sectas distintas, ¿qué espeuna de ellas, poseedora de la verdad ranza de concordia me quedará?”. E absoluta y así buscar guerras intermiinvoca al Tribunal de la Razón para nables. “¡Oh, ruinas! Yo tornaré a escuchar vuestras lecciones; tornaré a la resolver con la tolerancia, un problema que persiste en nuestros días y nos paz de vuestras soledades: y allí, lejos devuelve a este conmovedor ensayo. de la dolorosa escena de las pasiones, Autor de Cronología de Herodoto; El hebreo amaré a los hombres, recordándolos; simplificado, Nuevas investigaciones sobre meditaré en lo que puede hacer su

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historia antigua; El alfabeto europeo aplicado a las lenguas asiáticas, etc., en Las ruinas de Palmira propone hipótesis sobre la evolución de las sociedades, las religiones y sus interacciones con lo que éstas tienen de fanatismo y supersticiones, analizadas con las conquistas de la racionalidad embebida de ilustración y desde un punto de vista kantiano. III. Nacido en París, demostró estar del lado del pueblo, contribuyendo al final del antiguo régimen y el parto de Los derechos del Hombre en 1789, cuando la Revolución derrumbó las monarquías absolutistas. “No basta habernos librado de estafadores y tiranos… es menester impedir que se reproduzcan”. En este tiempo de intolerancias, sus 24 capítulos nos iluminan: “Si entre tantos cultos como seguís, uno sólo ha de ser el preferido… toda esa multitud de estandartes, pueblos y profetas, van a ser condenados a muerte eterna”. Hoy una secta religiosa-política ha devastado lo que quedaba de las ruinas de Palmira. “En la oscuridad de los santuarios, tras el velo de los altares, fingieron que obraban y hablaban los dioses, dictaron oráculos, aparentaron milagros, prescribieron sacrificios, impusieron ofrendas… y fueron atormentados los pueblos por las pasiones del sacerdocio, con títulos de religión y teocracia”.


ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016

Año 15 • Número 507 • $30


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