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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 5 al 11 de septiembre de 2016

Año 15 • Número 504 • $30


OPINIÓN EDITORIAL

DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx ECONOMÍA Marcos Chávez marcos@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Janett Alba janett@contralinea.com.mx REDACCIÓN Mauricio Romero mauricio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com Ariel Noyola noyolara@gmail.com Adrián Ramírez presidencia.limeddh@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9193 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF 4 4

5 de septiembre de 2016 8 de agosto de 2016

OPINIÓN EDITORIAL

NUEVA ETAPA MÁS INDEPENDENCIA Lector: “No pago para que me peguen” fue la conclusión del entonces presidente de la República José López Portillo ante la publicación, en el semanario Proceso, de hechos de corrupción de su gobierno. Era abril de 1982 cuando el jefe de Estado y de gobierno mexicanos ordenó a todas las dependencias públicas retirar a la revista de Julio Scherer García de toda campaña publicitaria. El objetivo, extinguirla por medio del uso faccioso de la publicidad. No fue el primer gobernante que utilizara discrecionalmente recursos públicos para castigar o premiar a medios de comunicación. Por supuesto, tampoco el último. A lo largo de todo el siglo XX se construyó, y se mantiene hasta hoy en día, una estructura que fomenta la complicidad entre el “periodismo” y el poder. Salvo muy escasas y honrosas excepciones, los medios de comunicación no investigan a los poderosos ni cuestionan sus decisiones. Por el contrario, una pléyade de medios y de “periodistas” compiten por ver quién justifica mejor tal o cual decisión gubernamental, quién destaca con letras más grandes o gritos más fuertes la declaración del poderoso, quién lo apuntala para gratificantes cargos públicos futuros. También compiten por ver quién oculta mejor la corrupción, quién censura primero a los que luchan por mejores condiciones de vida o quién desprestigia más contundentemente a quienes se oponen a las disposiciones de los poderosos. Esta estructura de medios de comunicación vigente hoy en día ha llevado a los grandes consorcios mediáticos a fundirse con el poder y acumular riquezas… y a perder toda credibilidad ante la sociedad. El año pasado, el gobierno federal destinó más de 6 mil 367 millones de pesos en propaganda, comerciales e “información” difundida a través de los medios. Entregó al duopolio televisivo más de 2 mil 226 millones de pesos. Otros grandes beneficiados con recursos públicos fueron la cadena Radio Fórmula y diarios como El Universal, Excélsior, Milenio y La Razón. Para corroborar la vigencia de aquella sentencia lopezportillista, sólo hace falta ver qué posición tienen estos medios premiados ante el gobierno y los poderosos. Por el contrario, quienes han buscado mantener una política editorial crítica siguen siendo castigados publicitariamente.

Desde su primer número, Contralínea buscó colocarse como un medio con agenda propia y apostó por el periodismo de investigación para cuestionar al poder, pedirle cuentas y denunciar públicamente hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. Se asumió como vigilante ante todo actor en posición de poder formal y de facto: servidores públicos, jueces, ministros, clérigos, legisladores, empresarios, banqueros, líderes sindicales charros… La respuesta de los poderosos han sido las amenazas, los allanamientos, las persecuciones, las demandas y los ataques directos. También, el castigo publicitario: que el grupo periodístico que hace Contralínea se diluya por falta de recursos. La decisión que este equipo de trabajo ha tomado es no ceder ante las amenazas, las lisonjas y la asfixia presupuestal. La decisión es romper la lógica de financiamiento de los medios de comunicación, donde la publicidad gubernamental es la única o más importante vía de ingreso de recursos. Es claro que la independencia total de este medio de comunicación sólo se alcanzará con la participación de los lectores. Aspiramos a ser un medio sostenido por quienes se informan a través de sus versiones impresa y web. Apostamos a que los lectores hagan suyo este medio y sólo a ellos rinda cuentas. En ese sentido, damos inicio a una campaña de suscripciones. Por sólo 1 mil pesos cada suscriptor recibirá en su domicilio 51 números de la revista impresa y podrá acceder de manera ilimitada a todos los contenidos web (información diaria, investigaciones y archivo histórico). Quienes sólo deseen acceder a las contenidos web podrán hacerlo por 500 pesos al año (los estudiantes sólo pagarán 250 pesos). El precio de la revista en kioskos y locales cerrados se mantendrá en 30 pesos. Esta revista es tuya. Renovamos el compromiso de investigar aquello que te afecte: malversación de fondos, nepotismo, desvío de recursos y todo tipo de corrupción que se comete con recursos públicos; violación de derechos humanos, y documentación de las luchas de emancipación de los pueblos. Estamos seguros que caminamos en la dirección correcta: fuera del sistema de complicidad, premios y castigos del actual periodismo mexicano.


NUESTROS LECTORES

OPINIÓN

JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES EN EL DESAMPARO Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 1 de septiembre de 2016. En el marco de la temporada alta de migración (septiembre 2016-enero 2017), el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña hizo pública su denuncia ante el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respecto del trato discriminatorio y la explotación laboral que padecen por parte de las empresas agrícolas del Norte del país. Expresaron que en México no existe un marco legal apropiado que proteja sus derechos, ni políticas públicas que reviertan las condiciones deshumanizantes en que viven. En las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI), miembros del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña constataron la desatención y la precariedad en que se encuentra el espacio donde regularmente llegan las familias indígenas a descansar y a preparar sus alimentos. Desde finales del mes de agosto, regularmente migran a 18 estados del país, principalmente a Sinaloa, Sonora y Guanajuato, con la ilusión de obtener algún ingreso económico trabajando largas jornadas en los surcos de las empresas extranjeras. Durante la temporada pasada, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

de la Montaña registró 6 mil 752 personas que salieron a los estados del Norte desde el mes de agosto de 2015 hasta enero de 2016. Con el apoyo de algunos jornaleros que realizan trabajo voluntario, hicieron un registro de las familias jornaleras que salieron del mes de febrero al mes de mayo, que ascendió a 495 personas de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Coapanatoyac y Atlamajalcingo del Monte. Desde hace 11 años, el Consejo ha establecido un acuerdo con las autoridades de Guerrero para dotar de insumos básicos para el funcionamiento del comedor comunitario. Lamentablemente este apoyo tiene que ser arrancado cada año a base de denuncias públicas y protestas, por la negligencia y desatención de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría del Migrante. En la actual administración ambas instituciones se han desentendido de la población más vulnerable del estado y han evadido su responsabilidad de atender sus demandas. En la administración pasada se logró conformar una comisión intersecretarial de atención y apoyo de los jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes. El objetivo fue crear una plataforma gubernamental que atendiera de manera prioritaria e integral la

problemática que enfrenta la población indígena, que para sobrevivir en su estado tiene que salir a trabajar en condiciones sumamente adversas. Actualmente tanto el gobierno federal, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social, así como el gobierno del estado con dos de sus secretarías han relegado e invisibilizado de manera deliberada a la población jornalera, al grado que no existen programas específicos que se avoquen a brindar atención pero, sobre todo, a proteger sus derechos como población sumamente vulnerable. El gobierno estatal, por la vía de los hechos, ha desechado la comisión intersecretarial y ha dejado a su suerte a miles de familias pobres que deambulan en el país en busca de trabajo. Contrario al desinterés y desprecio de las autoridades de Guerrero, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU, expresó el pasado 30 de agosto en la Ciudad de México su interés en esta problemática y asumió el compromiso de que tomará en cuenta los testimonios rendidos por las familias jornaleras, relacionados con las violaciones a sus derechos como trabajadores ante las empresas extranjeras.

Además, documentó el caso de la empresa agrícola Buen Año, de origen Chino, ubicada en el municipio de Costa Rica, Sinaloa, donde el mismo empresario chino los amenazó por atreverse a bloquear la entrada al campo y por parar labores durante 2 días. La protesta de más 5 mil trabajadores de diferentes estados se debió a que el empresario, de manera arbitraria, aumentó de 10 a 15 el número de cajas de vegetales chinos pagándoles el mismo sueldo de 65 pesos por tarea. Con amenazas y falsas promesas, los obligaron a regresar a los campos, sin que el empresario atendiera su justa demanda. Ninguna autoridad se interesó en intervenir y salir en defensa de los jornaleros migrantes. Ante tantas tropelías y abusos de los empresarios, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña emplazan al gobernador del estado, en este inicio de la temporada alta, para establecer un encuentro donde se retomen sus principales demandas y se genere una interlocución apropiada que brinde protección a sus derechos como jornaleros migrantes. Atentamente, Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña Centro de Derechos Humanos de la Montaña,Tlachinollan www.contralinea.com.mx

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CONTENIDO

PORTADA

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“TERRORISTAS”, LOS ENEMIGOS DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO México es escenario de un posible “atentado terrorista”, o de preparación de alguno con armas de destrucción masiva, señala la Agenda Nacional de Riesgos

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número 504, del 5 al 11 de septiembre de 2016– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 2 de septiembre de 2016. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 4 EDITORIAL 5 NUESTROS LECTORES 8 OFICIO DE PAPEL OFICIOSO, INAI DEFIENDE EL “DERECHO AL OLVIDO” Miguel Badillo 10 DEFENSOR DEL PERIODISTA OTRO PERIODISTA ASESINADO Y OTRA REPORTERA AGREDIDA Álvaro Cepeda Neri 12 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN EL ENCONO DEL GOBIERNO HACIA LA PRENSA Nancy Flores 14 ZONA CERO SON 11 LAS “OFICINAS” DEL CISEN EN EL EXTRANJERO Zósimo Camacho 16 IQ FINANCIERO EL NEGOCIO DEL “DERECHO AL OLVIDO” Claudia Villegas ARTÍCULOS 18 UNA TRAS OTRA Óscar Enrique Díaz Santos

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

20 BIENVENIDA LA CRÍTICA Jorge Meléndez Preciado 22 LOS PELIGROS QUE CORREN LOS PERIODISTAS AUTÓNOMOS Valentina Ieri/IPS 24 TPP, ¿PODER POLÍTICO O ECONÓMICO? Cira Rodríguez César/PL

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INVESTIGACIÓN 26

PORTADA “Terroristas”, los enemigos de Estados Unidos en México Mauricio Romero

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SOCIEDAD Acusan en tribunales a minera canadiense Excellon Érika Ramírez

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SOCIEDAD Favorece gobierno de BCS a empresa china José Réyez

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LÍNEA GLOBAL Conflictos y desastres naturales: África se lleva la peor parte Baher Kamal/IPS

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LÍNEA GLOBAL Potencias, acusadas de tomarse a la ligera la venta de armas Thalif Deen/IPS

ANÁLISIS 54

INTERNACIONAL Migrantes centroamericanos: excluidos entre los marginados Guillermo Castillo Ramírez

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INTERNACIONAL La hora de los pueblos indígenas en América Ollantay Itzamná/PL

MISCELÁNEO 62

EX LIBRIS Corazón, diario de un niño, el periodista Edmundo de Amicis: 1846-1908

Ilustración de portada: Cecilia Martínez y 123RF

Álvaro Cepeda Neri 64

SOCIEDAD BETA Facebook y WhatsApp: te quedan 30 días de privacidad Gonzalo Monterrosa

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PASO A DESNIVEL La misma moneda Miguel Galindo www.contralinea.com.mx

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

OFICIOSO, EL INAI DEFIENDE EL “DERECHO AL OLVIDO” MIGUEL BADILLO

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l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) va en contra de su origen y ahora busca un amparo en contra de la decisión del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito, mismo que rechazó la defensa de ese “órgano de transparencia” en favor del tergiversado “derecho al olvido”, mediante el cual se pretende obligar a medios de comunicación que retiren información de sus portales en internet a petición de particulares, bajo el argumento de la protección de datos personales. Para ello, el Inai promueve la aplicación de ese mecanismo de censura mal llamado “derecho al olvido”, que atenta en contra de los preceptos constitucionales de libertad de expresión y derecho a la información. El “derecho al olvido” es un término jurídico que se aplica en algunos países europeos pero con salvaguardas, mientras que en México el Inai se atribuye esa facultad –sin haberse legislado al respecto– y pretende ordenar el retiro de información que es incómoda para políticos, empresarios y delincuentes. Hace unos días, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, negocios y finanzas, representada legalmente por el equipo de jóvenes abogados que conforman la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en contra del Inai. Con esta decisión se anula la orden que giró ese Instituto a Google México para remover un enlace a una nota periodística que aborda actos de corrupción. Todo empezó hace unos 2 años, cuando en una sesión a puerta cerrada (en lo oscurito), el pleno del

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entonces llamado Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora Inai) resolvió por unanimidad una controversia presentada por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, accionista del grupo Estrella Blanca y contratista del gobierno federal, en contra de Google México para que eliminara de su buscador información periodística retomada de la revista Fortuna, negocios y finanzas. El argumento que utilizó R3D para que le concedieran el amparo fue que se había violado el derecho de audiencia de la revista y que la resolución constituía un caso de censura. El Tribunal concedió el amparo y la resolución del Inai quedó sin efecto; sin embargo, los abogados de ese Instituto promovieron un nuevo recurso la semana pasada y será un tribunal federal el que resolverá en definitiva la controversia. El delicado caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con la defensa de los consejeros del Inai sobre el tergiversado “derecho al olvido” se vulneran los Artículos 6 y 7 constitucionales, al pretender censurar el archivo histórico que representa la información de la prensa que circula con libertad por internet y que cualquier ciudadano puede consultar en el momento que lo decida. Cuando alguien considere que lo publicado en algún medio de información afecta su derecho a la privacidad o violenta su imagen, tiene el derecho de réplica o acudir a tribunales para resolver el diferendo, pero lo que no puede ni debe el Inai es pretender censurar la información que está en los portales de internet, porque ésta se ha convertido en un archivo histórico y pertenece a la sociedad. Una alternativa para aquellos particulares que se quejan de que alguna información que circula


OPINIÓN

INAI

OFICIO DE PAPEL

en redes sociales no corresponde a la verdad, es solicitar a los periodistas o al medio de comunicación una rectificación que esté sustentada en pruebas, porque en algunos casos los datos publicados corresponden sólo a un determinado momento del proceso y la conclusión puede modificar el resultado y éste es un deber publicarlo cuando se busca la verdad, pero no es mediante la censura y amenaza como el Inai y algunos privados resolverán esta controversia legal. El 28 de enero de 2015, el Inai informó que había iniciado un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido “ejercer su derecho constitucional de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.” El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien había solicitado a Google México que se retiraran diversos resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de los enlaces que Sánchez de la Peña buscaba eliminar correspondía a una nota periodística de la revista Fortuna, titulada “Fraude en Es-

trella Blanca alcanza a Vamos México”. En dicha nota el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción entre la empresa de transporte Estrella Blanca y la Fundación Vamos México, presidida por la entonces primera dama Marta Sahagún. Ante la negativa de Google México de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el Inai y éste resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces bajo el concepto “derecho al olvido”. Éste no es un “derecho” sino un mecanismo de censura que ha demostrado ser sumamente peligroso para la libre expresión en línea y para el derecho a la verdad, además de ser explotado comercialmente para retirar contenido “incómodo” para empresarios, políticos y funcionarios públicos, en detrimento del interés público. Esto hace que esta práctica sea incompatible con el derecho constitucional mexicano y con la aspiración de una sociedad y un internet libres y democráticos.

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

OTRO PERIODISTA ASESINADO Y OTRA REPORTERA AGREDIDA ÁLVARO CEPEDA NERI

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uis Vdegaray y su gabinete, que incluye a Enrique Peña Nieto, que tienen de parapeto a Miguel Ángel Osorio Chong para no resolver la sangrienta inseguridad que siembra de cadáveres todo el territorio (sin querer arrasar con el narcotráfico que impera en Guerrero-Michoacán, como los centros de gravedad de los cárteles: Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Morelos y la Ciudad de México), no quieren parar la matriz geopolítica de la criminalidad que genera recursos que mueven en los bancos y con la compra-venta de inmuebles, por lo cual la nación se hunde, cada vez más, en una multiplicación de las delincuencias que secuestran para tener mano de obra, servicios sexuales y cometer toda clase de delitos que tienen a la población atrapada en homicidios y agresiones que generan terror. En ese contexto se siguen dando las embestidas que llegan a la privación de la vida de los periodistas que informan sobre esos hechos perpetrados por la delincuencia y los narcotraficantes. Ya en Veracruz van 19 reporteros asesinados, porque en esa entidad la corrupción administrativa de Javier Duarte y las complacencias de que ha gozado durante sus ya casi 6 años en la total ingobernabilidad y el saqueo del arario, pusieron las condiciones de máxima posibilidad para semejantes hechos criminales. Desde Coahuila, el exdesgobernador Humberto Moreira, para que no investigue una masacre de más de 300 mexicanos, ha demandado a Sergio Aguayo, nada más porque éste escribió lo que la mayoría de los mexicanos sabe: que el tipo ese “despide un tufillo a corrupción”. Con esa demanda quiere que el periodista le pague una suma millonaria porque, según el personaje de marras, ofendió su nombre. Un Moreira que todos los días está en la información de la nota roja y la corrupción, como caracteriza a todos los peñistas, que con la embestida a Carmen Ariste-

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gui y su noticiario por exhibir los sobornos reflejados en la “casa blanca”, han coronado de excremento su paso por el poder gubernamental. Pues bien, en ese caldo de cultivo del peñismo es que la inseguridad en general ha prosperado; en particular, los asesinatos y las agresiones contra periodistas, para tratar de amedrentar a quienes ejercen las libertades de expresión en la pluralidad de los derechos humanos que fundamentan las libertades de prensa. Al estar cubriendo los conflictos de los maestros, en Chiapas (donde el desgobernador Manuel Velasco permite la acción de paramilitares), la reportera de El Universal Dolores Rodríguez fue amenazada, pistola en mano, y despojada de sus materiales de trabajo por un funcionario municipal, militante del partido Verde Ecologista, de San Juan Chamula. Y en Tierra Blanca, Veracruz, donde el grupo-cártel de Duarte hace y deshace a su antojo, fue asesinado el periodista Pedro Tamayo Rosas “horas después de que Roberto Campa Cifrián (el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación), encabezó una reunión para dar seguimiento a la Alerta del Mecanismo de Protección a Periodistas”, informó Eirinet Gómez (La Jornada, 22 de julio de 2016). Y es que el desgobernador Duarte ya sólo está ocupado en preparar su huida, al amparo de la impunidad, y ya dejó que en Veracruz imperen las delincuencias. Por ello diario hay homicidios y delitos al por mayor. También en Chiapas existe algo semejante. La brutal agresión a la reportera Dolores Rodríguez y el asesinato del periodista Tamayo son dos hechos de la escandalosa impunidad y el desgobierno que impera en esas entidades, así como en todo el país. Y es que para administrar la ingobernabilidad, los desgobernadores han entregado a Veracruz y Chiapas a funcionarios y delincuentes que matan y agreden por igual, a quienes sólo cumplen con su trabajo de mantener informada a la opinión pública.


OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

EL ENCONO DEL GOBIERNO HACIA LA PRENSA NANCY FLORES

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os hechos ocurridos en días recientes cretaria de Estado, puedan tener o tienen hacia la evidencian el grave encono del poder prensa. Dichas frases son muestra de la irritación que político hacia la prensa. Se trata de la campaña mediática a propósito del Cuarto informe se acrecienta en el ámbito político hacia la labor de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de periodística que, lejos de reportar la versión que la desafortunada, pero reveladora, declaración ese sector quiere, retrata la cruda y terrible realidad de nuestro país. Una realidad que incluye de la secretaria de Estado Rosario Robles. En el primer caso, el propio mandatario mexi- miles de ejecutados y desaparecidos vinculados a la cano es quien expresa –en cada uno de los 30 spots violencia del propio gobierno y del crimen orgaque hacen referencia a su informe, y que se trans- nizado; crisis económica; pobreza generalizada, e miten por radio, televisión e internet–: “las cosas incremento en la conflictividad social por los miles buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho”. de despojos –de todo tipo– que acontecen en total La alusión al trabajo periodístico que no hace impunidad a lo largo del país. Ese resentimiento hacia los periodistas que se eco de la versión y la visión de la administración que encabeza resulta obvia. También lo es el hecho extiende entre quienes nos gobiernan –en los tres de que en el gobierno federal se extiende la idea de niveles y, para desgracia, en los tres Poderes de la Unión– trae como conque la prensa y los pesecuencia que México riodistas debemos resEl resentimiento de los políticos hacia se ubique entre los paíponder a los intereses del poder político, algo los periodistas trae como consecuencia ses más peligrosos para que resulta totalmente que México se ubique entre los países más ejercer el periodismo. También está relacontrario al deber ser peligrosos para ejercer la profesión cionada con la impude esta profesión. nidad en torno a las En el segundo caso, el pasado 25 de agosto Robles declaró que los pe- agresiones contra quienes ejercemos esta proferiódicos sólo sirven para matar moscas y limpiar sión. Por ello, los asesinatos de periodistas no se vidrios, justo cuando se reunía con el gobernador resuelven ni se castigan, como tampoco sucede de Chihuahua, César Duarte, investigado por el con el resto de los ataques que padece el gremio propio gobierno federal por denuncias que lo im- a diario. Entre las consecuencias igualmente terribles se plicarían en actos de corrupción. Aunque más tarde la secretaria ofreció disculpas, quedó clara su encuentra el hecho de que sean los propios servidores públicos quienes agredan en forma directa postura respecto del periodismo crítico. El problema con estas frases –que parecen ais- a los comunicadores y trabajadores de los medios, ladas pero no lo son, pues forman parte del pen- tal como lo ha denunciado el capítulo México de samiento de la clase política mexicana– es que la organización Artículo 19. Además, que se desprecie, se ningunee y se reflejan algo más que la animadversión personal que ambos, el presidente de la República y la se- impida el ejercicio del periodismo libre e inde-

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

OPINIÓN

Ocultar la información, objetivo gubernamental

DAVID MANRIQUE

Quizá el origen del odio que tienen algunos políticos y representantes del gobierno hacia los periodistas tienen su origen en falsos conceptos respecto del ejercicio del poder, de la democracia misma y del propio papel que ejerce la prensa. En primer lugar, olvidan que estar en una posición de poder no es para su beneficio personal, sino para beneficio del pueblo de México; en ese sentido, es su obligación presentar resultados favorables, de tal suerte que “las cosas buenas que casi no se cuentan” deberían ser la norma para los gobernantes, y no la excepción. En segundo lugar, parece que desconocen que en un régimen democrático la fiscalización del pueblo es fundamental, y parte de ésta se realiza en la prensa. En último lugar, ignoran que la función del buen periodismo es revelar aquellas informaciones que son de interés para la sociedad y que actores en posición de poder pretenden mantener ocultas, por así convenirle a sus intereses. Por ello, es urgente que nuestros gobernantes entiendan que los periodistas no somos y nunca seremos sus voceros. Esa función la cubren los servidores públicos adscritos a las áreas de comunicación social y relaciones públicas, así como aquellos corruptos del gremio que se venden al mejor postor; pero no el resto de la prensa. También resulta fundamental que entiendan que el país sólo podrá estar mejor cuando lejos de manipular la realidad, ésta cambie para bien de las mayorías. Y que es obligación de la prensa revelar aquello que está mal para que se corrija. No se trata de algo personal, sino de algo profesional.

pendiente. Es por ello que aún prevalece la idea gubernamental del “no pago para que me pegues”; es decir, el castigo a los medios críticos por la vía de la publicidad oficial. Ejemplo de ello es el gasto ejercido por el gobierno federal en este rubro, que en 2015 ascendió a 6 mil 367 millones 917 mil 243 pesos. Los beneficiados de estos recursos públicos fueron el duopolio televisivo –que se agenció 34.9 por ciento de esa bolsa: 2 mil 226 millones 581 mil 641 pesos–, las cadenas radiofónicas –especialmente a Radio Fórmula– y algunos diarios, como El Universal, Excélsior, Milenio y La Razón. En lo individual, el emporio mediático que más ganó fue Televisa, ligado al propio presidente Enrique Peña. De acuerdo con dos reportes elaborados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), este grupo obtuvo 21.49 por ciento de los 6.3 mil millones de pesos, pues facturó 1 mil 368 millones 775 mil 607 pesos en total, por difundir las “cosas buenas” del gobierno (Unión de periodistas, número 2, julio de 2015).

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OPINIÓN ZONA CERO

SON 11 LAS “OFICINAS” DEL CISEN

EN EL EXTRANJERO ZÓSIMO CAMACHO

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os mexicanos hemos gastado en los últimos funcionarios del Cisen no están en el extranjero 5 años alrededor de 34 millones y medio por motivos académicos, de capacitación o de de pesos en las andanzas de nuestros mu- cualquier otra índole: van con la clara misión de chachos del servicio de inteligencia civil que nos hacer las labores propias de “protección” de los protegen desde 11 lugares del mundo fuera del intereses del Estado mexicano, a saber, principalmente, recopilación y análisis de información territorio nacional. A la cifra habría que agregar lo que los mexi- (¿sólo de fuentes abiertas o también realizan espiocanos también pagamos por el arrendamiento naje e infiltración?, ¿realizan o participan en opede las casas de seguridad que nuestros arrojados rativos en aquellos países?). Por cierto, ¿alguien agentes ocupan en varios países y que asciende sabe cuáles son los “intereses” nacionales que a más de 32 millones de pesos, como lo informa- supuestamente tenemos los mexicanos y que con mos ya en una entrega anterior (Contralínea 483, tanto denuedo protegen nuestros agentes en México vínculo electrónico: http://www.contralinea.com. y el extranjero? El oficio, firmado por la titular de la Unidad mx/archivo-revista/index.php/2016/04/10/la-ciaa-la-mexicana-el-cisen-en-misiones-en-el-extranjero/). de Enlace del propio Cisen, Carla Alejandra Carrillo Hervert, desglosa Por supuesto, faltaría los montos por año: 5 considerar, además, los Entre 2011 y 2015, las represenmillones 624 mil 74.64 sueldos que devengan pesos para 2011; 6 miestos servidores públi- taciones en el extranjero del Cisen erogaron 34 millones 473 mil pesos llones 759 mil 178.37 cos. pesos para 2012; en Gracias al docu- para cumplir con sus funciones 2013 se alcanzó la cifra mento que el órgano de 7 millones 435 mil de inteligencia civil del Estado mexicano me entregó la semana pasada, 505.56 pesos; en 2014 se erogaron 7 millones 236 hoy sabemos que, entre 2011 y 2015, las “repre- mil 719.62 pesos, y el año pasado se gastaron 7 sentaciones” en el extranjero del Centro de Inves- millones 418 mil 55.43 pesos. El documento también informa que el Cisen tigación y Seguridad Nacional (Cisen) –órgano desconcentrado de la Secretaría de Goberna- cuenta con 11 “oficinas” en el extranjero en las ción– erogaron un total de 34 millones 473 mil que laboran 11 de sus integrantes. Es decir, una 534 pesos con 62 centavos “para cumplir con sus persona por casa de seguridad. La información fue entregada luego de un funciones”. ¿Cuáles son estas funciones? “Producir inteli- largo proceso de medio año que inició con la gencia estratégica para la toma de decisiones, a fin solicitud de información presentada por medio de preservar la seguridad nacional, la gobernabi- de la Ley General de Transparencia y Acceso a lidad y el estado de derecho”, reza la “misión” a la Información Pública el 29 de febrero pasado. la que remite la institución cuando se le pregunta A cuentagotas e incompleta, el Cisen se ha visto qué hacen sus agentes fuera del país. Es decir, los obligado a entregar la información luego de la

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ZONA CERO

sus labores de inteligencia). También es una muestra de la visión de la “seguridad nacional” que sigue permeando en una institución: la de la época de la Guerra Fría. La intervención del Inai (mediante el recurso de revisión que interpuse y al que se le asignó el folio RDA 1898/16) permitió que se diera a conocer el número de oficinas del Cisen fuera del territorio nacional y el monto que nos cuesta su funcionamiento. Es información valiosa, pero insuficiente. Tal parece que los consejeros de la instancia responsable de garantizar la transparencia

CECILIA MARTÍNEZ

intervención (vacilante, desde mi punto de vista) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Apenas recibió la solicitud de información, la reacción inmediata del Cisen fue cerrar todo acceso a los datos e, incluso, negar que contara con una parte de ellos. De la solicitud (0410000005016) que ingresé por medio del entonces sistema Infomex, el Centro sólo respondió una pregunta. El objetivo de que los mexicanos mantengamos inmuebles y personal en el extranjero del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano es “preservar la seguridad nacional” como anotamos líneas arriba. Pero negó informar de todo lo demás: número de oficinas en el extranjero; países en las que se encuentran; número de servidores públicos que laboran en ellas, y monto erogado por estas oficinas para cumplir sus funciones. De este último requerimiento dijo no contar con la información a tal nivel de detalle (“a ese nivel de desglose”, apuntó el Centro textualmente). De los demás, reservó la información por supuestos daños presentes, probables y específicos a la seguridad nacional y por posibles daños personales a los servidores públicos. Lo peor es que sus negativas fueron apoyadas en supuestos de información que nunca solicité: “actividades operativas y logísticas encaminadas a la preservación de la seguridad interior de la Federación”, “organización interna”, “capacidad de reacción” y, entre varias otras, “métodos y procedimientos con los que cuenta el Centro para el desarrollo de tareas de inteligencia y contrainteligencia”. La sobrerreacción del Cisen ante un mínimo ejercicio de rendición de cuentas es una muestra de la poca disponibilidad de la institución para transparentar sus actividades (sin menoscabo de

OPINIÓN

se sorprenden fácilmente cuando escuchan la frase mágica: “seguridad nacional”. Luego de saber del secretismo con que se maneja la existencia de las “oficinas” de seguridad nacional mexicana en el extranjero, cabe preguntarse: ¿estamos enviando efectivos de seguridad nacional con la complacencia de los gobiernos de los países en que se encuentran o, acaso, ya mandamos agentes ultrasecretos que violan las leyes locales, como hace la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés)?

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OPINIÓN IQ FINANCIERO

EL NEGOCIO DEL “DERECHO AL OLVIDO” CLAUDIA VILLEGAS

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ue hace unos días, en el marco de un foro internacional para analizar el llamado “derecho al olvido”, cuando comisionados y funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), defendieron la eliminación de datos personales en el marco de la tutela integral de la privacidad. Muy bien y no me imagino alguien que esté en contra de ese objetivo. Para el Inai, el derecho al olvido –mediante el cual una persona puede solicitar se borren datos personales publicados en internet que atenten contra su integridad personal– es una “precavida sugerencia para hacer ajustes sobre un determinado contenido informativo, de carácter personal, con carácter de confidencialidad”. Así lo definió al menos el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Pero, en el mismo foro, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar, reconoció que en México no se conoce el estatus del derecho al olvido. “No sabemos el nombre de los derechos que lo conforman, si es que es un conjunto de derechos, no sabemos cuál es la ruta, pero lo cierto es que estamos aquí, señalando algo que queremos tener”, recalcó. Así el contexto. Sin embargo, 18 meses después de que los consejeros del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información votaran por unanimidad ordenar a Google desvincular información de sus motores de búsqueda que afectaba a un empresario de nombre Carlos Sánchez de la Peña –accionista de Estrella Blanca y vinculado con la familia Fox Sahagún– (bajo la defensa del llamado derecho al olvido), un tribunal colegiado concedió un amparo para dejar sin efecto esa resolución que obligaba a Google a eliminar de su motor de búsquedas el enlace de una nota de la revista Fortuna que incomodaba a ese socio

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de Estrella Blanca con aspiraciones políticas. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) brindó apoyo jurídico a la publicación. Se trata de una organización no gubernamental de jóvenes abogados dispuestos a defender nuestra memoria en internet. Hace unos días se obtuvo esta resolución histórica que tiene que ver con el llamado derecho al olvido que en Europa ha puesto en jaque a varios medios que sí padecieron esta censura con cargo a las supuestas responsabilidades que enfrenta el gigante Google. Por eso es relevante esta suspensión. En México, con esta resolución, no será así (al menos no se ha sentado un precedente negativo) y muchos políticos tendrían que pensar dos veces el contratar a empresas que ofrecen “borrar el pasado” aunque éste tenga que ver con fraudes o corrupción. “Necesitamos memoria”, escribió en Twitter el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Trejo Delarbre. ¿Quién si tiene derecho al olvido? Las víctimas de un crimen; aquellos que en defensa de sus derechos humanos piden que se retiren fotografías, datos o hechos que afectan su integridad. Que no se confunda. El derecho al olvido no es un negocio. Ya dimos un paso. Gracias a R3D, jóvenes y entusiastas abogados educados en el aprendizaje de la defensa de los derechos humanos ante las nuevas tendencias tecnológicas. Por pequeña y humilde que sea una publicación hoy tiene derecho a engarzarse en el gigante Google para hacer llegar su información y la relevancia la marca el hecho. La empresa española Eliminalia, por cierto, llegó a México con la esperanza de usar las resoluciones del Inai como una palanca para generar un nuevo mercado: el de la promesa de borrar todos aquellos


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datos incómodos sin mediar el respeto a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. En línea con los códigos periodísticos, la ruta más ética sería la de solicitar a los medios que resguardan sus archivos y la información para sus audiencias una nueva cobertura o actualización del caso, si es de interés del personaje hacer saber que está libre de cargos o que la situación del conflicto ha cambiado. De otra forma, borrar contenidos o esconder trabajos periodísticos representa un acto de censura bajo cualquier ángulo.

OPINIÓN

termediarios no pueden cambiar la ley a voluntad ni inducir a que los trabajadores se afilien o que los patrones afilien a sus trabajadores. Por ahora, el desafío es convencer a los trabajadores mexicanos que aporten más y mejor.

ICA, quiere recuperar mercado

La constructora ICA espera, por supuesto, los resultados de las licitaciones para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Se trata de la Mexicanos ahorran 50 constructora con mayor experiencia en este sector porque ha construido gran parte de las pistas más por ciento de lo que importantes de aeropuertos en el país. ICA, sin emnecesitan para su retiro bargo, enfrenta una gran competencia por parte de empresas extrajeras que van por los jugosos conMientras Petróleos Mexicanos busca, por todos tratos que se otorgarán directamente. ICA también revisa minuciosamenlos medios, convencer a los trabajadores de esa Borrar contenidos o esconder trabajos te sus obras y posibles contractos en ciudades empresa productiva a individualizar sus pen- periodísticos representa un acto de cen- de Veracruz en donde siones para ingresar al sura, incluso cuando se alega el llamado se prevé un resurgimiento de los contratos sistema de aportaciones derecho al olvido vinculados con el sector y no de reparto, el sistepetrolero. ma de administradoras de fondos para el retiro (Afores) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (ConAudi y su apuesta sar) sigue con la mira en el ahorro directo para impedir que fracase este modelo. En la actualidad, por Puebla el monto que están ahorrando los mexicanos para sus pensiones, el 6.5 por ciento, es sólo el 50 por El presidente para México de Audi, Walter Haciento de lo que se recomienda a nivel internacio- nek, está a punto de dar el banderazo de salida para la nal. Con las aportaciones obligatorias patronales, operación de la planta de esta empresa en Puebla. la aportación de un trabajador a su Afore puede Para Hanek, el episodio de un supuesto fraude por llegar al 11.5 por ciento. El problema es que el 10 millones de pesos que involucrarían acuerdos sinahorro promedio es de 7.2 por ciento mientras la dicales no tiene importancia mientras se resuelvan recomendación internacional es estar básicamente satisfactoriamente para no afectar el inicio de la proal doble, entre el 12 y 15 por ciento. ducción de los autos que se venderán y exportarán En el sistema mexicano de pensiones, la cober- desde el mercado mexicano. Audi tiene en México, tura es el otro reto: más de la mitad de la población según Hanek, la operación más importante para en México sigue laborando sin estar afiliados a los América Latina y, definitivamente, se apoyarán en institutos de seguridad social, es decir, sin contar la experiencia de Volkswagen en esa ciudad. A difecon la cobertura de ley en materia de salud, pen- rencia de KIA, la relación de los ejecutivos alemanes siones y vivienda. El sistema de pensiones tiene ese de Audi con el gobierno de Puebla si bien, no ha reto. Estas dos variables están más allá de la com- estado libre de problemas, ha caminado de una mapetencia también de las Afores, es decir, estos in- nera más ordenada y productiva.

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OPINIÓN ARTÍCULO

UNA TRAS OTRA ÓSCAR ENRIQUE DÍAZ SANTOS, DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNAM Y ESPECIALISTA EN GASTO PÚBLICO Y PRESUPUESTO

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ausa risa lo que le pasa al presidente Enrique Peña. Pero más risa causa como se empeña en justificar todo lo que sucede en la actual administración gubernamental sin el menor argumento que convenza a la sociedad. Sería muy complicado hacer una evaluación total de los eventos, pero sí es factible analizar algunos de ellos que son importantes. En los meses de julio y agosto se han suscitado situaciones que pueden ser graves; por ejemplo, el anuncio del recorte al gasto público por 30 mil millones de pesos, y se le echó la culpa al llamado Brexit. Cono lo expresé en el artículo “Bendito Brexit”, no ha pasado nada. También se anunciaron incrementos a la gasolina y a le energía eléctrica, cuando habían sostenido que se presentarían disminuciones en las tarifas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía trató de borrar de un plumazo a 11 millones de pobres, con el pretexto de que instrumentaría una nueva metodología. Se informó que en el segundo trimestre el producto interno bruto (PIB), registró una tasa de crecimiento negativa. El 23 de agosto se anunció una reducción de las expectativas del crecimiento del PIB, de 2.6 a 3.6 por ciento fijados al inicio del año, a 2.2-2.6 por ciento. Como ha sido su costumbre, le echan la culpa a los factores externos. En el mismo mes se dio a conocer la encuesta que mide la credibilidad de la sociedad en su presidente. El resultado no puede ser más que fatal, al registrar que sólo el 29 por ciento de los mexicanos lo aprueba. En agosto también lo acusaron de haber incurrido en plagio cuando presentó su tesis de li-

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cenciatura. El secretario de Educación Pública y el vocero de la Presidencia salieron ha desmentir esa información. Académicamente es un delito grave que amerita quitarle el título, pero como es el presidente no creo que la Universidad en la que presentó la tesis [la Panamericana] se atreva a hacerlo, aun cuando tenga todas las pruebas habidas y por haber. Cuando fuimos alumnos no nos permitían plagiar un solo párrafo. Ahora, como docente, es una obligación revisar párrafo por párrafo para que eso no suceda. Ahondando un poco más en el tema económico, a finales de 2013 –cuando logró, con la complicidad del Congreso de la Unión, que se aprobaran las reformas estructurales– el presidente se ufanó y señaló en varios discursos, es decir cacareó el huevo, que ahora sí México estaba listo para lograr un desarrollo económico que permitiera a la población incrementar su nivel de vida. Ello porque se tendrían salarios competitivos. Además pronosticaba una disminución de costos de los combustibles y de la energía eléctrica. Dos años y medio después, los salarios competitivos se igualaron al salario mínimo y los combustibles tuvieron un incremento en sus tarifas. Las reformas no han funcionado. A raíz de las reformas estructurales, el 5 de febrero de 2014 en su discurso en Querétaro, Peña se ufanó de que la calificadora Moody’s aumentara la calificación de la deuda soberana. Por tal motivo escribí en esta prestigiada revista un artículo titulado “Aplaudiendo a Moody’s”, y en ese entonces argumenté que era muy arriesgado que una calificadora se atreviera a subir la calificación, considerando que las reformas serían un éxito. También argumenté que las otras dos calificadoras –Fitch y Estandar & Poors– no habían hecho


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DAVID MANRIQUE

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lo mismo. El tiempo me dio la razón, pues el 23 de agosto de 2016, Moody’s redujo su calificación de la deuda de positiva a negativa, a lo cual se sumó Estandar & Poors. A finales de 2014, se suscitó el escándalo de la llamada casa blanca. El presidente expresó en uno de sus discursos que la corrupción estaba domada por el Sistema Anticorrupción. Entonces escribí el artículo “¿La corrupción está domada?”, en el cual argumenté que prácticamente era un show montado por el mismo presidente para que el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, lo exculpara en agosto de 2015, es más 1 día antes la Función Pública publicó el Código de Ética. Para ello el presidente públicamente en un nuevo discurso pidió disculpas. Pedir disculpas es que algo hizo más y quiere que le quiten las culpas. Insistió en las disculpas cuando Joaquín López Dóriga le hizo una entrevista en agosto pasado. En 2015, el presidente realizó una visita de Estado al Reino Unido. Son importantes las visitas de Estado porque se abren y consolidan las relaciones diplomáticas y todo presidente tiene que cumplir con esta facultad. Sin embargo, el problema no fue que cumpliera con esta visita, sino que el problema fue que fletara un avión con 200 invitados, incluyendo a sus familiares y a familiares y amigos de su esposa. Como el presidente ha puesto la muestra, también sus colaboradores han hecho lo mismo. Fi-

nalmente, para muestra basta un botón. Junto con el escándalo de la casa blanca también se abrió el caso de la casa de Malinalco que adquirió Luis Videgaray al Grupo Higa, y como su jefe lo hizo, también él fue exonerado de toda culpa por Virgilio Andrade. A principios de 2016 se filtró un video donde polícias federales y miembros del Ejército Mexicano torturaban a una presunta delincuente. Ni tardos ni perezosos, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; el comisionado Nacional de Seguridad Sales Heredia, y el secretario de Gobernación, en sendos actos pidieron disculpas. Nada raro su jefe también había pedido disculpas antes, aunque no por el mismo motivo. En el mes de agosto se celebraron los juegos olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. El titular de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física, Alfredo Castillo, cometió la “imprudencia” –así lo expresó él con Carlos Loret de Mola– de haber acreditado a su pareja sentimental y a otros invitados. Claro que aunque él dijo que había puesto la renuncia en la mesa, aunque aclaró que lo hizo cuando tomó posición del cargo y no ahora, es obvio que no lo van a renunciar. El presidente lo hizo peor en su viaje al Reino Unido. Bueno, insisto que estamos ante un gobierno incapaz de dar resultados, un gobierno mentiroso y lo peor de todo ante un gobierno corrupto, empezando por el presidente Enrique Peña Nieto.

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BIENVENIDA LA CRÍTICA JORGE MELÉNDEZ PRECIADO

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ice el vocero presidencial Eduardo Sán- sal, 23 de agosto), Carmen les ganó la partida chez, quien trabajó en MVS, que en la en redes sociales a todos. Y no debemos olviPresidencia de la República es bienve- dar que los cambios en las televisoras, incluida nida la crítica. Declaración alentadora no obs- TV UNAM, ahora buscan como prioridad las tante que en los cambios televisivos vemos que repercusiones en ese nuevo instrumento que si esa forma de plantear los asuntos del país conti- bien no tiene la penetración que debiera, ya que núa ausente en los nuevos servicios informativos el 50 por ciento de la población no cuenta con y hasta de entretenimiento. ¿Será que los due- acceso a internet, la clase media -con un potenños de los medios no oyen a los funcionarios de cial económico y político importante- la utiliza ampliamente. alto nivel? Lo dudamos. La mayoría de los periódicos ignoró el menCarmen Aristegui alertó en su portal, antes del domingo 21 de agosto, que daría una noticia saje de Carmen –Carlos Loret en su Despierta se muy importante, la cual, obviamente, conmo- refirió al asunto y únicamente dio voz a Aurelio cionaría el mundo político. A las 10 de la noche Nuño y sólo reprodujo el de Eduardo Sánchez-, pero sus repercusiones de ese séptimo día, fueron evidentes y en supimos que el entonUno de los autores plagiados en la tela prensa internacioces estudiante de la Universidad Paname- sis de licenciatura del presidente, el doctor nal innegables. Así ricana, Enrique Peña López Villafañe, puso en duda la excelen- pues, quien ganó la partida, de todas toNieto (25 años), había cia de la Universidad Panamericana das, fue Carmen. Sólo presentado su tesis de algunos descalificaron licenciatura, titulada: El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, la cual su investigación (Marco Levario, entre otros). consta de 200 páginas y 682 párrafos. Empe- Incluso Gil Gamés que motejó como “oráculo” ro, el 30 por ciento de lo expuesto es un plagio, a la periodista, señaló que con este nuevo asunya que se citan diez autores sin darles crédito, to se pone en duda la credibilidad presidencial entrecomillar sus aportaciones ni nombrarlos a (Milenio, 23 de agosto). Para Enrique Krauze –uno de los incluidos pie de página. Algunos esperaban algo más espectacular. en la lista de 10 reproducidos sin crédito–, el Aunque la noticia trajo, entre otros, dos resulta- trabajo académico de Peña Nieto fue “irrespondos: hizo que el inicio a clases tan esperado por sable” y los párrafos no citados debidamente el conflicto con la CNTE (Coordinadora Na- son algo “considerable e inadmisible”, no como cional de Trabajadores de la Educación) pasara pretenden sus voceros “errores de estilo”. Recordemos, por ejemplo, que a varios doca un lugar secundario, y otro, los reformados tores en universidades del mundo se les ha quinoticiarios de Televisa. Dice bien Elisa Alanís (Televisión El Univer- tado el grado por el engaño. También que hace

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Y es que el 22 de agosto, al inaugurar los cursos en una escuela del estado de México -como siempre-, Peña Nieto dijo que no habrá diálogo con la CNTE y que la reforma educativa no se modificará, no obstante las críticas que se han realizado, incluso por parte del INEE. Los caricaturistas se dieron vuelo al respecto. Rocha presentó en bermudas y con una maleta en la mano a Alfredo Castillo, y un ciudadano le preguntaba a Nuño: “Y a este cuate no lo piensan evaluar” (La Jornada, 23 de agosto). El Fisgón señalaba otro plagio: la reforma educativa que dictaron el “BID” y demás organismos internacionales, (ídem). Rapé (Milenio 23 de agosto) sentenció: “Esto es México, güey”. Rictus (Reforma, 23 de agosto) ironizaba que Peña Nieto iba a hacer Copy Paste en su cuarto informe de gobierno, respecto a lo que se le debía enterar a la nación. En síntesis, luego de la Casa Blanca, el nombramiento del famoso Virgilio Andrade, el pago del predial en Miami a favor de Angélica Rivera, llega otra tormenta peor que Earl y Javier al pequeño e inaccesible mundo de Los Pinos. Algunos como Álvaro Cueva (Milenio, Surtido Rico, 23 de agosto) llaman “venganza” a lo de Carmen Aristegui. Aunque estamos ante una información veraz que descubre, nuevamente, las transas y los secretos del que antaño fuera “El Señor del Gran Poder”, y hoy es uno de los grillos peor evaluados en el mundo. Paradojas de la vida. O parajodas, como dicen hace tiempo. Por cierto, el alumno de la Universidad Panamericana, Guillermo Luna, lanzó una iniciativa en Change Org., pidiendo que se le quite el título a Peña Nieto. Han firmado hasta el momento 75 mil ciudadanos. MIGUEL GALINDO

tiempo la Universidad Panamericana invitó al Ejecutivo y luego difirió su presencia sin dar explicaciones. Hace poco fue Rosario Robles a esa institución sin mayor aviso. Uno de los autores fusilados, el doctor Víctor López Villafañe, puso en duda la excelencia de la Universidad Panamericana, ligada al Opus Dei. Fue categórico: Yo creo que Peña Nieto no leyó los 10 libros que son parte de la controversia y aventuró que la tesis alguien se la hizo. Ello rememorando que en la famosa FIL de Guadalajara únicamente el presidente recordó

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entre autores y libros, la Biblia (Aristegui Noticias, 23 de agosto). Para el especialista en educación y maestro del Colegio de México, Manuel Gil Antón, se le debe retirar el título a EPN y la SEP debe intervenir en el asunto, algo que no conmovió en lo más mínimo a Aurelio Nuño. Incluso Manuel dijo que no se trataba de un error de estilo y no había “robo más infame” que el académico. Agregó Gil Antón: después de esto Peña Nieto no tiene calidad moral para impulsar la Reforma Educativa (Aristegui Noticias, ídem).

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LOS PELIGROS QUE CORREN

LOS PERIODISTAS AUTÓNOMOS VALENTINA IERI, INTER PRESS SERVICE

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ueva York, Estados Unidos. Los medios de comunicación recurren cada vez más a periodistas autónomos por lo que tienen la responsabilidad de garantizarles un entorno de trabajo seguro, sobre todo cuando reportan desde zonas azotadas por la guerra. Desde la ola de levantamientos populares en Medio Oriente y el Norte de África conocida como primavera árabe (2010-2013) y el estallido de la guerra civil de Siria (2011), las y los periodistas corren un riesgo cada vez mayor de secuestro, encarcelamiento y, en última instancia, asesinato. Esta situación afecta no sólo a los trabajadores en lo individual, sino al periodismo en términos más generales. En febrero de 2015 varias organizaciones, como Freelance Frontline Register (FFR) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), junto con importantes organizaciones y redes de noticias, presentaron la Alianza ACOS (Una cultura de seguridad) con el fin de incorporar prácticas de seguridad en el sector noticiero y brindar acceso a las herramientas que las y los periodistas autónomos requieren para informar de manera segura. “Nos dimos cuenta de que la situación actual no era sostenible y que no era buena… para nadie”, expresa Emma Beals, periodista independiente y miembro de la dirección de FFR. “Cuando somos autónomos todo siempre se reduce al dinero. Se pagan 10 dólares por fotografías de zonas en guerra. Hay que molestar durante semanas y meses para que te paguen, o que las empresas de noticias se nieguen a pagarte el seguro”, comenta Beals en diálogo con IPS. El pago a los periodistas independientes y locales es importante, ya que también afecta a su segu-

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ridad, según Courtney Radsch, del CPJ. “Hay un sinfín de historias de trabajadores independientes que deben negociar para conseguir equipos de seguridad, un buen traductor o un vehículo blindado… Así que las empresas de noticias tienen la responsabilidad moral de tratarlos de la misma manera que tratarían a su propio personal”, afirma Radsch. “Una remuneración justa debería tener en cuenta los costos adicionales cuando trabajas en el exterior, como la seguridad, la formación especial y los equipos. Pero si tu cliente no te paga rápidamente, entonces tienes que financiarte los gastos de antemano por tu cuenta. Esto significa que tendrás menos dinero para gastar en tu próxima nota, lo que te hace menos segura”, explica Beals. Otros aspectos que deben considerarse son los riesgos para acceder a la información y la asistencia jurídica y de otro tipo que se brindará cuando las cosas se complican, añade. En contraste con el personal fijo, que es enviado por su propio redactor, los trabajadores independientes no reciben la misma asistencia. “Esos casos se resuelven a menudo mucho más rápido y de una manera menos estricta. Mientras que en el caso de los trabajadores independientes son la familia y los amigos que tienen que resolver qué hacer a continuación, mientras las cosas se complican rápidamente”, destaca Beals. Más de 85 organizaciones se sumaron a la Alianza ACOS y dieron su apoyo a 14 principios de seguridad de los periodistas independientes. “Las prácticas de seguridad son responsabilidad de todas las partes involucradas. Es importante asegurarse de que las personas puedan aplicarlas, porque para algunas empresas de noticias se trata de una nueva forma de trabajar. Esto ayudará a todos


con quienes trabajan, no solo a los trabajadores independientes “, subraya Beals. En respuesta, algunos medios de noticias decidieron dejar de aceptar contenidos independientes de lugares peligrosos y que no fueran solicitados por las empresas. “Dado que los peligros del periodismo parecen ser superiores a los beneficios del uso del contenido independiente, muchas organizaciones de noticias, como AFP, comienzan a dejar de aceptar el material con contenido no solicitado”, según Radsch. El objetivo de la Alianza ACOS es la creación gradual de una red de seguridad para las y los periodistas y empresas de noticias de todo el mundo, pero sobre todo en los países de gran peligro, como Afganistán, Irak, Pakistán y Siria. “Va a tomar tiempo y requiere un cambio cultural en el sector de los medios. Pero si se puede conseguir esas organizaciones que comenzaron a hacer esto con sus propios empleados, entonces se las puede utilizar para defender esta idea entre sus colegas”, observa Beals. El sector de las noticias experimentó grandes cambios en los últimos 20 años. “No se trata sólo de que las compañías de medios tradicionales, que solían tratar bien a su personal, ahora ya no lo hagan. Desde el conflicto civil de Siria las guerras son más sombrías y difíciles de cubrir, con fuertes repercusiones para la seguridad de los autónomos”, dice Beals. “Antes había menos periódicos, canales de televisión y revistas, y había más dinero. Ahora hay tantos medios, que quizás no tengan el mismo nivel de financiamiento. Por lo tanto, se puede producir una gran cantidad de material periodístico, pero no a todos se nos paga bien por él”, se queja. Antes “las guerras eran menos accesibles y sólo

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CECILIA MARTÍNEZ Y 123RF

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los periodistas asignados y sumamente acreditados tenían la posibilidad de cruzar las líneas de combate. Pero la primavera árabe cambió todo eso, lo que hace que las cosas sean más accesibles”, afirma. Además, los cambios tecnológicos han reconfigurado las relaciones de poder tradicionales entre los periodistas y las élites políticas y económicas, asegura Radsch. Los periodistas ya no ocupan un lugar de privilegio dado que los poderosos pueden dirigir su mensaje directamente al público. Asimismo, hay más personas capaces de realizar actos de periodismo, a menudo sin la experiencia o la formación que alguien que trabaja para un medio de comunicación puede tener, añade. (Traducido por Álvaro Queiruga).

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TPP,

¿PODER POLÍTICO O ECONÓMICO? CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR, PRENSA LATINA

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a Habana, Cuba. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por su sigla en inglés), firmado entre 12 países de la Cuenca del Pacífico, excepto China, tiene ante sí un muro de oposición política en el Congreso de Estados Unidos. Hasta hace poco parecía tener la aprobación garantizada en el legislativo estadunidense, pero recientemente el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó que el recinto no someterá este año a votación el TPP. Sobre el tema respondió en una entrevista radial que “ni siquiera tenemos los votos para hacerlo. No veo cómo habría de hacerse, porque el presidente Barack Obama tendría que cambiar el TPP en forma sustancial y no veo que eso vaya a suceder”. El tratado fue impulsado por Obama, pero hoy su futuro es incierto después de que tanto Donald Trump como Hillary Clinton, candidatos a la Presidencia, están ahora en una línea contraria a ese tipo de pactos de libre comercio. Los líderes parlamentarios reiteraron que no emitirían voto sobre el tratado hasta que pasen las elecciones de noviembre, pero las declaraciones de Ryan parecen descartar incluso esa posibilidad. Para Obama se trata de no tirar la toalla mientras valora las ventajas de un sistema multilateral de acuerdos inventado por Estados Unidos después de la II Guerra Mundial, por lo que prometió un último intento para ratificar el TPP en el periodo de sesiones del Congreso que acaba con su salida de la Presidencia (el 20 de enero de 2017). “Somos parte de una economía global. No vamos a ir hacia atrás en eso”, dijo Obama, quien

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tiene al TPP en la primera línea de su lista de tareas, con unos 30 actos planificados en el país para persuadir a los legisladores indecisos. El experto en comercio en el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, Edward Alden, asegura que muchos ven este trance como parte de la “teoría de la bicicleta” de acuerdos comerciales: el tren tiene que seguir hacia adelante o todo se vendrá abajo. Sin embargo, señala que se trata más bien del reto alternativo planteado por China, que busca su propio acuerdo con los participantes del TPP si Estados Unidos no puede cumplir su promesa. Alden plantea que “a China le gustaría ver un conjunto de regulaciones comerciales muy diferentes. Si el TPP falla, el resto de países en Asia no tendrán más remedio que ir en la dirección en la que China se mueva. La ironía de todo esto es que oponerse al TPP probablemente favorezca más a China”. De ahí que para la Casa Blanca, ésta es la mayor razón de mantener la batalla a favor del TPP, para impedir que Pekín asuma el control del comercio en Asia, y por consiguiente el dominio político y de seguridad de la región, y con ello desplazar a Estados Unidos. El fracaso, según los expertos, podría deteriorar la credibilidad del país en todos los frentes, desde el comercio hasta su compromiso con una zona cuya seguridad ha sido apuntalada por Washington desde mediados del siglo pasado. “Por la sencilla razón de que Estados Unidos ha invertido tanto en él, el acuerdo adquiere una especie de valor totalizador que va mucho más allá de sus méritos económicos”, dice Euan Graham, exfuncionario de cancillería del Reino Unido que estudia la seguridad regional en el Instituto Lowy


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consumo, según los especialistas. Actualmente el TPP es objeto de polémicas y protestas, además de no conferirle justeza al considerarse una consolidación del poder y un peligro para la economía global. Si bien ya es calificado como el mayor tratado comercial del mundo en los últimos 20 años, varios grupos se oponen al acuerdo, entre ellos los sindicatos de algunos países pactantes y asociaciones medioambientales por el secretismo en que se concretaron sus cláusulas, y por la fragmentación de algunos aspectos y beneficios como los referentes a los monopolios en la industrias farmacéutica y automotriz. Sin embargo, durante las negociaciones los países firmantes trataron de eliminar las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos. Frente a este escenario, China, que no forma parte del acuerdo, negocia un tratado por separado en Asia, mediante el cual podría otorgarse más préstamos regionales a través de un nuevo banco y un fondo de 40 mil millones de dólares para la llamada Ruta de la Seda. Sobre esa base, algunos especialistas afirman que Washington exagera al presentar al TPP como una cuestión de vida o muerte para saber cuál de las dos potencias será la que establezca las reglas del comercio mundial. Al respecto, argumentan que la propuesta china no crea nuevos marcos comerciales y propicia un ejercicio convencional de reducción de aranceles, y es menos ambicioso y hegemónico que el TPP, por lo que advierten que no son mutuamente excluyentes pues las naciones asiáticas siempre tuvieron la intención de unirse a las dos variantes. Pero la realidad de hoy es que dicho tratado está en terreno movedizo porque en su diseño prevalecen los elementos políticos por encima de los económicos, lo cual es considerado por muchos como una apuesta geopolítica del presidente Obama. DAVID MANRIQUE

de Política Internacional, en Sídney. Este analista está convencido que dejar a los socios asiáticos en el aire sería desastroso para el liderazgo estadunidense en la región, pero dicho argumento no está ayudando a ganar el voto del Congreso, donde la mayoría de los demócratas se opone al acuerdo y los legisladores republicanos que por años lo defendieron dejaron de hacerlo. Tras casi 7 años de conversaciones, el TPP concentrará a 12 economías (Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam) y es considerado una señal de la importancia de la

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zona Asia-Pacífico, que cubre el 40 por ciento de la economía mundial. El nuevo bloque comercial abarca 800 millones de personas y sus impulsores estiman que el acuerdo puede aumentar la actividad económica mundial en 200 mil millones de dólares anuales. Dicha alianza establece un área de comercio que reducirá las trabas en los flujos económicos al liberar más de 18 mil impuestos con los que diversos países gravan los productos estadunidenses y representa el mayor acuerdo comercial de la historia cuya materialización podría remodelar las industrias e influir el precio de los alimentos de

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INVESTIGACIÓN PORTADA

“TERRORISTAS”

LOS ENEMIGOS DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO 26

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PORTADA INVESTIGACIÓN

México podría ser escenario de un “atentado terrorista”, o de preparación de alguno con armas de destrucción masiva, señala la Agenda Nacional de Riesgos. Con ello, el Cisen justifica el seguimiento a musulmanes, vascos y militantes de izquierda MAURICIO ROMERO,

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CECILIA MARTÍNEZ

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n lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, una de las principales preocupaciones de los entes encargados de la “seguridad nacional” ha sido la probable presencia en territorio mexicano de grupos considerados como “terroristas” por Estados Unidos y sus aliados, revela la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por las instancias del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno federal y a la cual Contralínea tuvo acceso. En un contexto de “dimensión internacional de terrorismo”, México ocupa un punto estratégico dada la estrecha relación (económica, política y territorial) con Estados Unidos. El capítulo bicéfalo, nombrado en la versión 2013 del documento “Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva” y después, en las versiones de 2014 y 2015, “Terrorismo y Armas No Convencionales”, revela que este tema fue la mayor inquietud en materia de “seguridad nacional” del gobierno priísta en su primer año en Los Pinos. Entonces lo ubicó como primera prioridad y lo clasificó con el número 4, correspondiente al nivel

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“Atentado terrorista contra Estados Unidos o algún socio comercial, utilizando a México como plataforma logística u operativa (incluido financiamiento)”, una de las alarmas contenidas en la Agenda

de riesgo “alto”. Para 2014 bajó al décimo puesto, pero en 2015 regresó a los principales, en el cuarto lugar. En general, el Estado mexicano se preocupa de cinco cosas en materia de “terrorismo” y “armas de destrucción masiva”, consigna la Agenda Nacional de Riesgos: -“Uso del territorio nacional para [el] tránsito de terroristas en activo”. -“Financiamiento y logística en el diseño o ejecución de algún atentado terrorista desde México, o incluso en México”. -“Refugio de personas vinculadas al terrorismo”. -“Reclutamiento de personas para colaborar directa o indirectamente en la realización de un acto terrorista”. -“Adquisición o uso en territorio nacional, de sustancias y/o materiales por personas vinculadas al terrorismo, para la elaboración de artefactos explosivos y armas de destrucción masiva” (sic). 28

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Como las mayores vulnerabilidades –también consideradas de alto riesgo, número 4–, en la Agenda Nacional de Riesgos se anotan la “vecindad de México con Estados Unidos, [y la] extensa frontera marítima y terrestre”, la “porosidad de las fronteras que facilita la internación y tránsito tanto de personas como de materiales”, y la “dificultad en la coordinación nacional para la prevención, detección y respuesta ante el terrorismo, considerando a las armas de destrucción masiva y materiales de uso dual”. Asimismo, el propio gobierno federal reconoce a la “corrupción de las autoridades” como vulnerabilidad (con un nivel de riesgo medio, número 3), porque “permite la proliferación de redes de tráfico de personas y delitos conexos”. Por último, como consecuencia de todo lo anterior, pinta cuatro escenarios: -“Atentado terrorista en México contra intereses de Estados Unidos, propios o de blancos extranjeros”. -“Atentado terrorista contra Estados Unidos o algún socio comercial, utilizando a México como plataforma logística u operativa (incluido financiamiento)”. -“Atentado terrorista contra Estados Unidos o algún socio comercial, en el que participe directamente algún mexicano”. -“Cooptación de integrantes de la delincuencia organizada por terroristas” (sic).

Enemigos de Estados Unidos, perseguidos por México Si Estados Unidos dice que un grupo es “terrorista”, México lo considera y cataloga como tal. Si Estados Unidos marca a algún país como benefactor de esos grupos, México pone atención en el “flujo de migrantes irregulares de nacionalidades de interés”. “No tenemos una lista de grupos terroristas, pero compartimos la lista de terroristas que son buscados por Interpol”, dice en entrevista Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de terrorismo y seguridad nacional en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.


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Específicamente, el gobierno sigue el paso de las personas provenientes de “Afganistán, Bangladesh, Eritrea, India, Irak, Paquistán, Somalia, Irán, Nigeria, Nepal y Ghana”. “Cuando un extranjero busca ingresar a territorio mexicano y se encuentra en alguna de estas listas de terroristas, se activan los protocolos de cooperación internacional. Se activan las políticas migratorias del Estado mexicano. Esas personas son detenidas, son reenviadas a algún país que las pueda acoger”, añade Rodríguez, también investigador de la Universidad de las Américas Puebla. No obstante el seguimiento permanente de las Fuerzas mexicanas y estadunidenses, “continúa la intención de inmigrantes de nacionalidades de interés por ingresar de manera irregular a México con destino a Estados Unidos; lo que representa el riesgo de ingreso o tránsito por territorio nacional de alguna persona vinculada con el terrorismo internacional”, apunta el documento, cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Tomando como fuente al extinto “grupo Candado”, el documento oficial presenta cifras correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (hasta abril) de las estaciones migratorias de Tapachula y el entonces Distrito Federal. El “grupo Candado” fue un mecanismo de Contacto de Alto Nivel para la Atención a la Delincuencia Organizada (Candado) que funcionó desde 2009 y hasta el fin del sexenio de Felipe Calderón, integrado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Cisen y Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República. En esos 3 años y 4 meses, 3 mil 347 personas fueron detenidas y catalogadas como “inmigrantes irregulares”, siendo 2010 el año que presentó el índice más alto, con 1 mil 581 detenciones.

Aun sin contar con órdenes judiciales o siquiera con elementos que relacionen a las personas con grupos llamados extremistas, la Agenda Nacional de Riesgos deja claro que la administración federal vigila a partir del origen o la religión. Entonces, trata como un asunto de seguridad nacional la “expansión de la población musulmana” en el país que, en su opinión, “aumenta el riesgo de adopción de expresiones de corte radical y fundamentalista”. La minucia llega a tal que grado que se registra que de 2000 a 2010 “la población musulmana no árabe” pasó de 1 mil 500 personas a 3 mil 760. La distinción de “no árabe” obedece a que Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos y, por ende, de México también. “Se incrementó más del doble”, alerta, y detalla que el 89 por ciento son hombres, además de marcar en mapa la ubicación de la única mezquita y los 14 centros de oración (musallah) asentados en el país.

Si Estados Unidos indica que un país es benefactor de terroristas, México pone atención en el flujo de migrantes irregulares de esa nacionalidad

Movimientos de liberación extranjeros, en la mira No sólo los enemigos de Estados Unidos son vigilados y cazados por las corporaciones locales: lo mismo ocurre con los adversarios de Estados aliados como España y Colombia, específicamente los integrantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Los gobiernos mexicanos cooperan con estos países para detener a estas personas. Cuando la persona está identificada por los servicios de inteligencia [extranjeros] son detenidos y regresados”, apunta Gerardo Rodríguez. Según los entes de seguridad, “existen 39 objetivos de interés que registran posibles vínculos

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con integrantes de la organización terrorista ETA, asentados en 15 estados de la República”. Las entidades señaladas son Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, y “tienen contacto con 23 mexicanos, insertos en ONG’s [organizaciones no gubernamentales] y la izquierda mexicana” (sic), agrega la Agenda. Las tareas de espionaje en contra de individuos, colectivos y recintos han quedado registradas por lo menos en informes elaborados por el Cisen y publicados en este semanario. Personajes como Yon de Luisa, expresidente del club de futbol América, o el Centro Vasco han sido sujetos de la seguimiento (Rogelio Velázquez, “Cisen persigue en México a la comunidad vasca”, 18 de diciembre de 2011). En mancuerna con los servicios extranjeros, México acecha, atrapa y expulsa a combatientes

catalogados como terroristas por los gobiernos aliados. “La policía española siempre ha trabajado en México”, dice a Contralínea Luis Miguel Ipiña Doña, exmiembro de ETA radicado en el país desde hace casi 4 décadas. Cuenta que ha conocido más de una treintena de casos de detenciones arbitrarias, incluso de naturalizados, en acciones conjuntas entre las autoridades mexicanas y españolas que terminan en la extradición de facto y cárcel europea. ―¿Sin proceso alguno? ―Nada, nada. Nos agarran, nos llevan al aeropuerto... y pa’ España. Es la policía española la que señala. “La Guardia Civil dice a los mexicanos: ‘hay que detener a fulanito porque ha sido así y así’. Lo detienen. Y en la prensa sale que han sido vecinos los que han denunciao que la persona era extranjero y estaba ilegal [mente].” Aunque no con el mismo esmero con el que

POSIBLES OBJETIVOS

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demás de la embajada, ubicada en la Ciudad de México, Estados Unidos tiene nueve consulados dispersos en el país: Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo y Nogales, Sonora; Matamoros, y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California. También hay formalmente otras cinco oficinas de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por su sigla en inglés), asentadas en las ciudades de Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán (Sinaloa), Mérida y Monterrey. Otro punto de interés es la Oficina Binacional de Inteligencia, abierta durante el mandato de Felipe Calderón y situada en Paseo de la Reforma 265, en la Ciudad de México. Desde ese lugar, los agentes estadunidenses –no sólo de la DEA– trabajan sin “ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado” (Jesús Esquivel, Proceso, 27 de julio de 2011). Por supuesto, los intereses de Estados Unidos en México rebasan el tinglado gubernamental. Las empresas y asociaciones con capital estadunidense están presentes en

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cada entidad y región del país. Símbolos comerciales como Coca-Cola, Ford o McDonald’s tapizan las calles mexicanas y sus puntos de venta y distribución se cuentan por cientos en el país. Pero más allá de las franquicias, el territorio está invadido por los emporios más grandes de capital estadunidense: Berkshire Hathaway; JPMorgan Chase (Commercial Bank, Investment Bank, Banca Corporativa Internacional, Private Bank, Investor Services y Treasury Services); Apple; ExxonMobil; Bank of America; AT&T; Citygroup (Banamex); Verizon Communications; Wal-Mart; Microsoft; Chevron; Johnson & Johnson; Comcast. Las primeras 15 firmas colocadas en la lista de las empresas más grandes de Estados Unidos en 2016, elaborada por Steve Schaesfer (Forbes, junio de 2016), están presentes en el país con oficinas, edificios y “objetivos de interés”, como advierte la Agenda Nacional de Riesgos. A ellas deben sumarse las 46 mineras que explotan los yacimientos mexicanos. Y cada una podría ser objeto de un atentado.


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La probabilidad real de que se elabore un artefacto con sello mexicano se debe a la “dificultad en la coordinación nacional para la prevención, detección y respuesta ante el terrorismo, considerando a las armas de destrucción masiva y materiales de uso dual”, admite la Agenda Nacional de Riesgos

se menciona al movimiento vasco, las guerrillas latinoamericanas también son consideradas en la Agenda Nacional de Riesgos. “Continúan los apoyos de colectivos mexicanos a las causas de las FARC y Sendero Luminoso”. El documento, sin prueba alguna, señala al Partido Comunista Mexicano como “apoyo” de las primeras y al Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista, del segundo.

Armas de destrucción masiva, made in México El Consejo de Seguridad Nacional es consciente de que en México es posible la “adquisición o uso en territorio nacional de sustancias o materiales por personas vinculadas al terrorismo para la elaboración de artefactos explosivos y armas de destrucción masiva”. Y como la Agenda es de consumo reservado, los miembros de la administración federal no tie-

nen empacho en admitir por escrito que el nivel de riesgo, la probabilidad real de que se elabore un artefacto con sello mexicano, se debe a la “dificultad en la coordinación nacional para la prevención, detección y respuesta ante el terrorismo, considerando a las armas de destrucción masiva y materiales de uso dual”. Existen tantos tipos de armas no convencionales como la imaginación y el conocimiento permitan a sus fabricantes. Hay desde apoyadas en extintores hasta químicas. Y se podrían fabricar en el país. “Algunas armas químicas, obviamente no todas, pero sí algunas, se pueden elaborar con materias primas que son de uso común. Por ejemplo, un gas mostaza se puede hacer con materias primas que se pueden comprar en una tlapalería”, asienta el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Benjamín Ruiz Loyola. El académico, miembro de la Organización para

la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), ente perteneciente a la Organización de las Naciones Uni-

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“Con todo y el control de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, en la industria mexicana sí se elaboran algunas de esas sustancias prohibidas”

das (ONU), explica que la regulación internacional en la materia divide en tres a los químicos susceptibles de ser utilizados como un instrumento destructivo: -Sustancias que se emplean como armas quí-

micas directamente. -Precursores directos que prácticamente su único uso es para la preparación de armas químicas. -Productos químicos que tienen un uso dual. Los primeros dos, oficialmente no se consiguen en México. El problema de los últimos es que “pueden servir para cosas buenas o para cosas malas”. Por ejemplo, insiste el profesor de la Facultad de Química de la UNAM, el etilenglicol, aparte de hacerse gas mostaza con él, “tiene un uso muy extendido como anticongelante para motores, además de que es un disolvente de uso industrial muy extenso”. Al ser precursores industrializados, su control se vuelve mucho más complicado, a pesar de que las empresas que los utilicen tienen la obligación 32

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de enterar a la Secretaría de Gobernación, para que ésta a su vez lo declare ante la OPAQ. Sin embargo toda esta información se maneja con el carácter de confidencial, dada la legislación en materia de derechos de autor y secreto industrial. “Con todo y el control de la Convención [sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción], en la industria mexicana sí se elaboran algunas de estas sustancias”, asegura el especialista. Y ello preocupa al gobierno federal, no obstante de ser primer encargado de controlar el comercio interno de precursores químicos de este tipo. También “existen reservas de entre 15 mil 571 y 22 mil 700 toneladas de uranio equivalentes, de las cuales sólo son sujetas a producción entre 8 mil 889 y 11 mil 491 toneladas”, escribe Iván Campos basándose en un estudio del Centro de Geociencias de la UNAM (“México, con potencial nuclear”, Excélsior, 25 de septiembre de 2012). Los yacimientos reconocidos por la Secretaría de Economía –responsable de la energía nuclear– se encuentran en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Durango, Oaxaca y Baja California Sur, entidades con gran presencia del crimen organizado. México también cuenta con torio, elemento con el cual se puede producir uranio 2-333, material que supuestamente sirve para fabricar armas nucleares. Durante el periodo de Felipe Calderón se anunció la intervención de Estados Unidos y Canadá en la Planta Nuclear de Laguna Verde (Veracruz), para que dejara de utilizar uranio altamente enriquecido y sólo trabajara con uranio de bajo enriquecimiento. El motivo dado por la administración panista, en boca del propio Calderón Hinojosa, fue que de esa forma se reducirían “definitivamente los riesgos asociados al tráfico ilícito de materiales nucleares”. Cuatro años después del anuncio, la Coordinación Nacional de Protección Civil –ya bajo la rienda priísta– emitió una alerta importante: una fuente radiactiva había sido robada en Querétaro. Y aunque el equipo robado en San Juan del Río era utilizado para radiografía industrial, las alarmas federales se prendieron, y ahora remiten al temor asentado en la Agenda Nacional de Riesgos.


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Política de “ojos tapados” Afuera de las paredes gubernamentales, México no reconoce la presencia en el país de miembros de los grupos extranjeros denominados como terroristas, mucho menos nacionales, remarca el investigador Gerardo Rodríguez. Y se debe al temor por el impacto que ello podría ocasionar en las calificaciones de riesgo en materia financiera, así como la afectación a la imagen internacional sobre la estabilidad política local, asevera. “Entonces, México tiene una doctrina no escrita de no reconocimiento. Otros países como Francia han tenido esta política que han catalogado como de ojos cerrados, ojos tapados, en la que no se quiere reconocer que estos fenómenos existen.” La violencia generalizada en el país y actos como la colocación de cabezas humanas en espacios públicos o las detonaciones ocurridas en Michoacán en 2008, han sido enmarcados oficialmente dentro de los hechos relacionados a la disputa por el control del narcotráfico y delitos derivados. Nada más. “Si bien se han registrado algunos actos aislados que han sido considerados como ‘actos de terrorismo’, realizados por integrantes de la delincuencia organizada, todavía no se ve afectado [el país] por la actuación de terroristas sistemáticos [sic] o por organización [sic] extremistas o radicales”, enfatiza en su presentación la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR). Lo más que reconoce públicamente el gobierno federal es el “esfuerzo coparticipativo de diversas áreas gubernamentales encargadas de la seguridad” y la formación de “un grupo interinstitucional, conformado con representantes de diversas dependencias, que sesiona y analiza periódicamente la información con que se cuenta respecto de grupos que pudieran realizar este tipo de actos”.

Sin embargo, interna y confidencialmente, el gobierno de Peña Nieto teme que se den alianzas entre los cárteles y las asociaciones internacionales; ve como riesgos reales la “cooptación de integrantes de la delincuencia organizada por terroristas” (sic) y el “reclutamiento de personas para colaborar directa o indirectamente en la realización de un acto terrorista”. “Los países que deciden reconocer que en su territorio hay grupos terroristas –continúa Rodríguez Sánchez Lara–, lo hacen para poder acceder a financiamiento internacional. Por ejemplo, a Colombia le convenía para que el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos pudieran liberar recursos financieros para la ayuda contra los movimientos guerrilleros.” En este caso, México, por un lado, ha pedido-recibido ayuda al extranjero para “combatir el narcotráfico”, como lo demuestra el Plan Mérida; y por el otro, colabora con el mayor silencio posible con los gobiernos aliados, sobre todo Estados Unidos. “Las agencias gubernamentales mexicanas colaboran bien con las fuerzas de justicia estadunidenses en cuanto a acciones legales contra personas vinculadas al terrorismo. El gobierno mexicano está abierto al entrenamiento en materia de contraterrorismo y la donación de instrumentos”, asienta la administración de Barack Obama en su último informe anual sobre el terrorismo, presentado en junio de 2016. “La cooperación entre los gobiernos estadunidense y mexicano en materia de contraterrorismo se fortalecieron en 2015”, asegura. Y más después de los atentados de París. El informe da cuenta de que en 2015 la Policía Federal, la Procuraduría General y agentes de inmigración, “y otras autoridades”, fueron “entrenados” por el Departamento de Estado. También informa del alza en detenciones en la frontera entre México y Guatemala.

México no reconoce la presencia de terroristas, por temor al impacto en las calificaciones de riesgo y la afectación a la imagen internacional

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“Uso del territorio nacional para [el] tránsito de terroristas en activo”, entre las preocupaciones de los aparatos de inteligencia de México

La estrecha relación entre ambos países es precisamente uno de los factores que ponen en riesgo al país. En 2015, en un video el Estado Islámico incluyó a México entre un cúmulo de naciones consideradas como parte de la coalición internacional enemiga del grupo terrorista. Aunque ello fue un error, anota Gerardo Rodríguez, pues el país sólo recibió la invitación –la cual declinó– a asistir a una conferencia en contra del grupo también denominado como Isis o Daesh. Sin embargo, tales “amenazas son consideradas como serias”, dada la cooperación y que “México históricamente ha importado una parte importante de la agenda de seguridad internacional de Estados Unidos”. Aunque no lo haga público. En el actual sexenio, la única vez que en que la administración priísta se ha encargado de hacer público –de publicitar profusamente, incluso– su interés de combatir al “terrorismo” se dio en 2014, 34

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cuando el Legislativo y la propia Presidencia impulsaron la reforma del Código Penal Federal. En un contexto de aplicación de las reformas estructurales, de la expansión de los capitales nacionales y extranjeros, de alta tensión social y de movilizaciones magisteriales, la discusión para modificar el artículo 139 y elevar el mínimo de pena de prisión de 5 a 15 años, dejando el máximo de 40, se basó en la “importancia de luchar contra el terror”. La reforma fue señalada por algunos legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos como arma para la criminalización de la protesta, pues no sólo se enfocó en quienes utilicen materiales radiactivos, sino que agregó dicho castigo de hasta 4 décadas para quien emplee “cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella”.


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ACUSAN EN TRIBUNALES

A MINERA CANADIENSE EXCELLON 36

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Pruebas ofrecidas ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, con sede en Torreón, Coahuila, evidencian incumplimientos de contrato pactado por la minera canadiense Excellon Resources con habitantes del ejido La Sierrita de Galeana, ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango ÉRIKA RAMÍREZ,

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4 años de haber iniciado un juicio mercantil contra la minera Excellon Resources, los habitantes del ejido La Sierrita de Galeana, ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango, denuncian que las tierras siguen explotadas por la empresa canadiense, sin que sus propietarios reciban beneficio alguno y sin que las autoridades dicten sentencia. A las pruebas aportadas por los ejidatarios, se suman estudios realizados por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los que se documenta la existencia de contaminantes de alta toxicidad (arsénico y plomo) en el agua que arroja la mina, concepto por el que se había establecido en el contrato la instalación de una planta tratadora de agua. Las pruebas del caso están en poder de la magistrada Marcela Gerardina Ramírez, y la defensa de los ejidatarios es representada por la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (Prodesc), a través de los abogados Alejandra Ancheita Pagaza, Valeria Scorza

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Rueda, Dante López Santiago, Quetzalli Ramos Campos y Juan Antonio López Cruz. López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc, niega que la empresa haya cumplido con todas las cláusulas del contrato. En respuesta a Contralínea, los directivos de la minera indicaron que la empresa demandó inicialmente la rescisión del Contrato de Ocupación Temporal “debido al bloqueo realizado por integrantes del ejido La Sierrita, que se llevó a cabo del 9 de julio de 2012 al 31 de agosto del mismo año, pero La Platosa pudo reanudar sus operaciones hasta el 16 de octubre del 2012. “El bloqueo realizado por los ejidatarios de la Sierrita no sólo dejó sin operaciones a La Platosa, sino que además puso en riesgo la seguridad de los mineros que se encontraban en las instalaciones de la mina, porque no se permitió el acceso de los trabajadores encargados de vigilar la seguridad de los mineros, lo anterior quedó debidamente probado en el juicio a través de las diversas pruebas periciales ofrecidas por las partes” (edición 497). Aseguró que Minera Excellon de México ha dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas derivadas del Contrato de Ocupación Temporal.

de los recursos agua-suelo. El documento, con copia en poder de Contralínea, indica que “una vez determinada la superficie arrendada a la empresa, se localizó un área de exploración con un barreno fuera del área arrendada con las siguientes coordenadas: X632327000 Y2871700000”. El Acta Circunstanciada de Inspección Judicial, bajo el expediente 683/2012, que identifica a Rocío Ramírez Talamantes como actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 6, indica: “nos encontramos fuera de las 1 mil 100 hectáreas, se localiza en el terreno un tubo de PVC, color blanco, de aproximadamente diez centímetros de diámetro, clavado en el piso o en la tierra…”. En este dictamen, coincidió el perito Rodolfo Hernández Vélez, que documentó la referencia geográfica del tubo de PVC, “en terrenos del uso común del Ejido”. En respuesta al Punto Nacional de Contacto, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la Secretaría de Economía, el entonces representante de la minera, Pablo Fabián Gurrola Quezada niega que haya arbitrariedades y responde: “La realización de actividades de exploración minera no autorizada en tierras ejidales”… “este punto es falso, Minera Excellon, a través de su representante legal solicitó a la Asamblea Ejidal el permiso correspondiente para llevar a cabo un barreno en tierras ejidales. En su momento dicho permiso le fue otorgado a Minera Excellon de manera verbal por medio de un representante del Comisariado Ejidal (Daniel Pacheco). Por el desconocimiento a preceptos básicos de derecho y en aras de mantener una buena relación con el Ejido, Minera Excellon no exigió una respuesta por escrito, confiando en la palabra del representante Ejidal”. Y aunque el representante de la empresa asegura que le fue asignado el permiso, un documento de la Asamblea General de Ejidatarios señala que la resolución al oficio enviado por Pablo Gurrola,

La minera también incumplió la cláusula que la obligaba a adquirir e instalar una planta para tratar el agua que deja la mina

La defensa ejidal

Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc, expone que Excellon había incumplido con las cláusulas antes de la solicitud de recisión, al llevar a cabo exploración fuera de las 1 mil 100 hectáreas arrendadas. Tampoco cumplieron con las cláusulas, como la instalación de la planta tratadora de agua y la concesión del acarreo de mineral a los ejidatarios. Uno de los documentos presentados para documentar la exploración de Excellon fuera de las tierras arrendadas, es el expediente 683/12, firmado por Esteban Ezquibel Alonso, perito en topografía con estudios en ingeniería y administración 38

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(entonces) gerente general de la mina La Platosa, Excellon Resources, está sujeto a que “la autorización del permiso de este ejido para exploración depende de: a) Nos indique el área total de exploración b) Cuántos barrenos harán en dicha área c) Cuál será el beneficio que a cambio recibirá el ejido d) Durante cuánto tiempo estarán trabajando en el área requerida El oficio fue emitido el 5 de abril de 2011, sin que se obtuviera respuesta. Esta es la prueba, dice el abogado de los ejidatarios, de que los habitantes sí solicitaron que se precisara dichos datos sobre la perforación que pretendía realizarse fuera del área arrendada, pero la minera no respondió, sólo hizo el barreno.

Otro de los elementos que ha evidenciado el incumplimiento de cláusulas, es el relacionado con la obligación adquirida por la minera para instalar una planta para tratar el agua que deja la mina. La cláusula G del contrato dice a la letra: “la minera se obliga a construir una planta tratadora de agua extraída por el laboreo de la mina para el núcleo agrario de la Sierrita…”. La minera se obliga, dice el abogado de Prodesc, a construir una planta tratadora de agua para que el ejido agrario de La Sierrita pueda utilizarlo con fines agrícolas, porque el agua está contaminada. Y la cláusula más importante para el ejido fue la dotación de agua para uso agrícola. “Ellos están sacando alrededor de 10 a 12 mil galones de agua por minuto, estaba firmado que nos daría el agua para uso agrícola, para nosotros eso era oro, pero nunca ocurrió, incumplieron”, expuso Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal La Sierrita (Contralínea 497). La urgencia de que se cumpliera con ese compromiso respondía a la falta de agua en la región y que la que existe tiene residuos contaminantes, resultado de la actividad minera. El estudio que llevó a cabo la Facultad de Química de la UNAM, a través de la Secretaría de Extensión Académica, indica que se detectó arsénic

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Agua con arsénico y plomo

Según los afectados, la minera consume de 10 mil a 12 mil galones de agua por minuto

en el límite para aguas residuales y diez veces más alto para agua de consumo humano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el arsénico es una de las 10 sustancias químicas que este organismo considera más preocupantes para la salud pública. “Es muy tóxico en su forma inorgánica. Su mayor amenaza para la

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salud pública reside en la utilización de agua contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios. Además, la “exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes”. El análisis de la UNAM también detectó plomo, e indica que “se cumple la norma para aguas residuales, pero hay siete veces más cantidad de iones de plomo para aguas para consumo humano”. Al respecto de este elemento, la OMS indica que es una “sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. “La exposición al plomo se cobra cada año un total estimado de 143 mil vidas, registrándose las tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro”, indica el organismo internacional.

“En todo ese periodo sufrimos represión psicológica y física. El 29 de agosto de 2012 llegó el ejército, la policía federal, la estatal y la municipal a querernos retirar de nuestro campamento (de unos 80 ejidatarios, aparte de familia). Nos amenazaron, nos pusieron las puntas de sus armas en el estómago, sólo que nosotros no opusimos resistencia, ni nos violentamos, simplemente aguantamos y dijimos: ¡pues ya!, pase lo que pase. “Como resultado de todas esas acciones, después, en 2013 entraba la policía estatal a nuestra comunidad y recogía a 5 o 6 personas, se las llevaban, golpeaban a una o dos y a las demás las traían paseando un buen rato. Luego, iban y las tiraban a la comunidad, otra vez, sin justificación alguna, sin orden de aprehensión, sin nada. A nosotros como dirigentes del ejido nos hacían llamadas, amenazándonos”. Y aunque la minera alega que sufrió pérdidas millonarias por el bloqueo, poniendo en riesgo la misma seguridad de los mineros e impidiendo el acceso de los trabajadores encargados de vigilar la seguridad en la mina, los ejidatarios y su defensa comentan que no hubo violación alguna. El abogado de Prodesc comenta que los ejidatarios se plantaron en dos áreas: en tierras del ejido distintas a las arrendadas y en terrenos de particulares, por lo cual solicitaron el permiso correspondiente para no caer en alguna irregularidad. Prueba de ello es el permiso otorgado por Olivia Hernández de los Santos, que permitió que los demandantes utilizaran sus tierras “para iniciar una acción de presión hacia la empresa minera Excellon… teniendo en cuenta que existe un total apoyo de mi parte hacia su lucha en defensa de sus derechos”. Por tal motivo, los ministerios públicos que fueron a amenazarlos y que supuestamente tenían la denuncia, jamás los pudieron detener, porque no había una violación o ilegalidad, dice López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc.

Un estudio de la UNAM detectó presencia de plomo en el agua: siete veces más cantidad de iones que los permitidos para consumo humano

La inconformidad

Uno de los capítulos más crudos que han vivido los ejidatarios de esta comunidad es la manifestación que llevaron a cabo a las afueras de la empresa, pues derivó en amenazas y actos de intimidación. En entrevista, Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal La Sierrita, relata: “sin permiso, salieron a explorar. Nosotros nos pasamos casi todo el 2011 diciéndoles que debíamos sentarnos a revisar el contrato. Las cláusulas que no habían cumplido y resarcir el daño de las que habían violado. Nunca aceptaron, nos pasamos así desde el 2009 a 2012. Decidimos emprender acciones, una de ellas fue la manifestación afuera de la minera que duró del 8 de julio al 24 de octubre. 40

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FAVORECE GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR A EMPRESA CHINA

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El gobierno de Baja California Sur habría beneficiado a la empresa china Cangan Riwong Craft, Ltd, productora de placas vehiculares, mediante un proceso que contraviene la Norma Oficial Mexicana y pese a que no cuenta con una planta en México. Esta práctica también la habría realizado en otros estados JOSÉ RÉYEZ,

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l proceso de adjudicación de 250 mil juegos de placas y engomados para vehículos automotores en Baja California Sur (BCS) fue suspendido luego de inconformidades que presentaron varias empresas del ramo, que cuestionaron la participación de la empresa china Cangan Riwong Craft Logo, Ltd, a la que acusan de no contar con una planta de producción en México, requisito obligatorio establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por la sospecha de favoritismo a la compañía china por parte del gobierno sudcaliforniano, los empresarios cuestionaron la licitación púbica nacional SFABCS-LPES-E23-39-2016, publicada el 10 de junio pasado. Acusaron que el proceso de adjudicación a la empresa china está plagado de irregularidades desde la junta de aclaraciones del 17 de junio, la cual se difirió para el 24 y finalmente tuvo que cancelarse. Sin embargo, la adjudicación directa del contrato por 85 millones de pesos fue otorgada a la empresa china Cangan Riwong Craft, la cual ha sido

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cuestionada por otras empresas que participaron en el concurso de placas vehiculares en los estados de Veracruz, Tabasco y Sinaloa, las cuales señalaron que la compañía asiática se ha visto involucrada en procesos irregulares. Los empresarios de BCS protestaron también por la insistencia de la empresa china en la fabricación de láminas para automóviles mediante el uso de la técnica de grabado en láser para la aplicación del código bidimensional “QR” (Quick Response, un código de acceso rápido de información), el cual no está especificada en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.   En los considerandos de la norma se específica que para “(…) evitar la fabricación de placas sin el control de calidad y con los números de serie aprobados por la SCT, es necesario que ésta autorice las instalaciones de los fabricantes de placas metálicas y calcomanías, para que todos los vehículos cuenten con las placas fabricadas por empresas debidamente autorizadas y que las mismas hayan sido expedidas por autoridad competente”. También que “con el objeto de garantizar la actualización y control de los padrones vehiculares de las entidades federativas (…) es indispensable contar con información confiable que coadyuve a mejorar la vigilancia e identificación de las placas metálicas y calcomanías que se utilicen en vehículos involucrados en delitos como robos, secuestros, narcotráfico y accidentes que provoquen pérdida de vidas humanas”. Asimismo, señala que “de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (…) los documentos oficiales de identificación vehicular (placas metálicas, calcomanías, hologramas, tarjetas de circulación, licencias de conductor, certificados de identificación vehicular) no podrán ser importados, ni subcontratados a través de terceros”. La Secretaría de Finanzas del gobierno de Baja California Sur, a cargo de Isidro Jordán Mayrón, se comprometió a que en junio de este año estarían a disposición de los contribuyentes y propietarios de vehículos un nuevo modelo y diseño de placas para todo el estado, pero no cumplió por la prórroga de la nueva convocatoria, por lo que las nuevas bases (SFABCS-LPES-E28-044-2016) se publicaron el 15 de julio y el fallo se dará el 29 de agosto. Cangan Riwong Craft fue cuestionada por un contrato adjudicado de manera directa por 185 mi44

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Empresas inconformes señalan que la empresa china Cangan Riwong Craft carece de una planta d Comunicaciones y Transportes para quienes producen placas

llones de pesos, para la producción de 1 millón 300 mil juegos de placas vehiculares por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Esto forma parte de los múltiples señalamientos de corrupción en ese estado.   La misma empresa china fabricó las placas de circulación vehicular para 440 mil automotores de Tabasco, por un monto de 95 millones de dólares, en medio de acusaciones de haber violentado la Ley de Adquisiciones tanto federal como del estado, que refieren que por razones de seguridad, las matrículas de los vehículos deben ser manufacturadas en México. En Sinaloa se adjudicó de manera directa la producción de 1 millón 500 mil juegos de placas a la empresa china Cangnan Riwong, mediante un contrato por 331 millones 583 mil pesos, que incluyeron el código QR e incumplimiento de contrato por más de tres meses, que derivó en desabasto de láminas. Armando González Moreno, director general de Riwong Canagnan Craft Logo, Ltd, reconoció ante medios de comunicación locales que la fabricación de las placas vehiculares se hace en una división in-


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SOCIEDAD INVESTIGACIÓN

de una planta de producción en México, requisito obligatorio establecido por la Secretaría de

dustrial que se encuentra en China. Pero el troquelado, aseguró el empresario, se hace en México con trabajadores mexicanos.   En el Acuerdo 2002 –decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2002- se autoriza a que empresas extranjeras obtengan su registro y autorización para fabricar placas vehiculares, lo que no contempla es que se manufacturen fuera del país, agregó. El problema del gobierno de BCS de otorgar el contrato a la empresa asiática no es menor, dice uno de los empresarios entrevistados que pidió la reserva de su identidad, ya que estaría en uno de los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Nacional, relativo a las amenazas a la seguridad nacional, ‘aquellos actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada,’ como es el caso de la fabricación de placas y calcomanías en otro país sin control de su manufactura por parte de las autoridades mexicanas. Abundó que las placas y calcomanías de identificación vehicular, así como su manufactura, se defi-

nen claramente como temas de interés de seguridad, de tal forma que permiten detectar con facilidad la circulación de vehículos ilegales, con reporte de robo o con placas falsificadas. El gobierno de BCS estableció como requisito de fabricación la inclusión del código bidimensional “QR” en las láminas, autorizado por la SCT, para obtener de inmediato, a través de una aplicación al teléfono Smartphone, el despliegue de la base de datos del gobierno del estado y verificar marca, modelo, color, número de serie o en su caso falta de registro de los vehículos. Los códigos “QR” no garantizan seguridad vehicular, sino que simplifican información, aclaró el experto en Informática de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Castro Benítez. “Su propósito es simplificar información, hacerla más compacta y fácil de leer porque es visual. No es para seguridad. El nombre lo dice: ‘quick response’. Es un código de acceso rápido de información, no hay transformación de datos, todos están vistos de manera visual dentro del código en 128 caracteres y sólo puede leerse cuando la imagen se encuentra fija”, sostuvo.  En su portal, Cangnan Riwong Craft Logo Co., Ltd. señala que cuenta con más de 10 años de experiencia en la producción de insignias, placas de automóviles, adornos, monedas conmemorativas y bandejas de aleación. Exporta a América del Norte, América del Sur, Europa y Rusia. La oficina de prensa de la SCT informó que la empresa china cuenta con registro ante la Subsecretaría del Transporte, por lo que puede participar en los concursos que convoquen los gobiernos de las entidades federativas, y que es facultad de los gobiernos estatales determinar a qué empresas se les otorga los contratos, siempre que cumplan con la ley. Mientras tanto, el proceso de adjudicación del contrato para la fabricación de placas vehiculares en Baja California Sur se aplazó para el próximo 29 de agosto, cuando el gobierno defina qué empresa fabricará las láminas. Finalmente, ante la presión que ejercieron las empresas que se inconformaron por el favoritismo hacia la empresa asiática, la Secretaría de Finanzas del estado informó que en breve publicaría una nueva convocatoria para la adjudicación del contrato para la producción de las placas vehiculares.

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INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL

CONFLICTOS Y DESASTRES NATURALES

ÁFRICA SE LLEVA LA PEOR PARTE

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Aumentan los desplazamientos forzosos en África por conflictos armados y cambio climático. El Continente concentra casi la mitad de los 40 conflictos armados y es la región más golpeada por el calentamiento global BAHER KAMAL, INTER PRESS SERVICE

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oma, Italia. “Nadie puede negar el terrible parecido entre quienes huyen de la violencia armada y quienes escapan de la desertificación, la escasez de agua, las inundaciones y los huracanes”, sintetizó Konrad Osterwalder, exrector de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Japón. Es difícil describir en una simple oración el drama humano que representan las millones de víctimas que escapan de las guerras, la violencia armada, la pobreza y los desastres naturales y que, básicamente, sigue siendo ignorado. La violencia generalizada y las catástrofes climáticas son comunes en todos los continentes y los países, pero África es la que se lleva la peor parte, coinciden numerosos expertos y organizaciones especializadas internacionales y científicas. África –el segundo mayor continente después de Asia en extensión y en población– concentra casi la mitad de los 40 conflictos armados que hay en la actualidad. Además, con 54 países donde viven 1 mil 200 millones de personas, es la región más golpeada por

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los diversos impactos del cambio climático, un fenómeno del que prácticamente no es responsable.

Hechos clave

La relación causa efecto entre las variaciones del clima y los movimientos de población ya es un hecho indiscutible, coinciden numerosas organizaciones humanitarias y agencias de la Organización de las Naciones Unidas. 1. Las sequías, sumadas al crecimiento de población, a la falta de gestión sostenible del agua y de la tierra, a los desastres naturales, a los conflictos políticos y a las tensiones, entre otros factores, causaron movimientos masivos de población en toda África, puntualizó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los desplazamientos forzados en África pueden atribuirse a varias causas, como luchas de poder, violencia entre comunidades, disputas por tierras, inundaciones, tormentas y otros problemas naturales, añade. Más de la mitad de los Estados frágiles del mundo están en África subsahariana, algunos de los 48

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cuales tienen el mayor número de personas desplazadas. “África tiene más países afectados por el desplazamiento que cualquier otro continente o región, y en 2015 concentró más de 15 millones de personas desplazadas”, indicó el PNUMA. “La relación entre ambiente y personas desplazadas quedó bien demostrada en África”, coincidió Saidou Hamani, coordinador regional para desastres y conflictos de la oficina del PNUMA para África. “La gente abandona zonas donde la degradación ambiental avanza lentamente, como sequías y desertificación, y huyen de situaciones de emergencia inmediata, como tormentas tropicales e inundaciones repentinas”, precisó. 2. Según el informe sobre desplazamientos internos de 2016, hubo 27.8 millones de nuevas personas desplazadas en 127 países el año anterior, más o menos las poblaciones de Nueva York, Londres, París y El Cairo sumadas. De esos, 8.6 millones corresponden a conflictos y violencia armada en 28 países, mientras 19.2 millones, a desastres naturales en 113 naciones. La creciente intensidad de los desastres derivados del cambio climático, sumada a las consecuencias de la degradación ambiental, probablemente sigan incidiendo en los desplazamientos humanos. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pronosticó que habrán 200 millones de personas desplazadas por motivos ambientales en 2050, lo que tendrá grandes consecuencias tanto para los países de origen, como de tránsito y de recepción. Las personas y las comunidades desplazadas por desastres naturales o por el cambio climático padecen privaciones y experiencias similares a las desplazadas por conflictos, y tienen necesidades de protección del mismo orden. En África, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental se relacionan con las inundaciones y otros factores, como la reducción de las pasturas, así como la escasez de leña y otros recursos naturales, observó la OIM. Esos factores contribuyen a los movimientos de población, lo que motiva una mayor competencia por los escasos recursos y deriva en conflictos armados, en especial entre las comunidades de pastores


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y las sedentarias. El problema es especialmente pronunciado en la región del Sahel, en Sudán, Sudán del Sur, Yibuti, Somalia, Etiopía y Kenia, todos con vastas poblaciones de pastores que migran en función de las variaciones de clima y de los patrones estacionales. Los pronósticos respecto del futuro número de migrantes ambientales varían entre 25 millones y 1 mil millones para 2050, ya sea que se queden dentro de sus países o se vayan al extranjero, siendo 200 millones el número más mencionado, el que coincide con las actuales estimaciones de los migrantes que hay ahora en todo el mundo. 3. “Los cambios de clima regionales tienen consecuencias en la disponibilidad de recursos naturales esenciales para la subsistencia, así como en la seguridad alimentaria. Eso, sumado a importantes factores sociales, económicos y políticos, puede incidir en las migraciones, en los conflictos o en una combinación de ambas”, coincide el informe Seguridad para la subsistencia. Cambio climático, migraciones y conflicto en el Sahel. 4. Es evidente que hay cambios ambientales graduales y repentinos que ya ocasionan movimientos sustanciales de población, señala la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “El número de tormentas, sequías e inundaciones se multiplicaron por tres en los últimos 30 años con efectos devastadores sobre las comunidades vulnerables, en particular en el mundo en desarrollo”, precisa. Añade que “el cambio climático y el ambiente tienen un gran impacto en la vida de millones de personas desarraigadas por la fuerza en todo el mundo”. Muchas de esas personas sobreviven con lo que pueden extraer de su entorno natural, en especial en casos de emergencia, como alimentos, refugio, energía, abrigo, medicamentos, agriculturas y actividades productivas, entre otras, indica la Acnur. “El uso no sostenible de los recursos naturales

puede llevar a la degradación ambiental, con efectos duraderos sobre los recursos naturales y el bienestar de las comunidades desplazadas y de acogida. Además, la competencia por esos escasos recursos naturales, como la leña, el agua y las tierras de pastoreo, pueden generar fricciones”, detalla. 5. Los cambios graduales en el ambiente suelen tener un impacto aún mayor en el movimiento de personas que los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, en los últimos 30 años, el doble de personas se vieron perjudicadas tanto por sequías como por tormentas, unas 1 mil 600 millones, comparadas con 718 millones, según la Base de Datos Internacional sobre Desastres. En 2008, 20 millones de personas fueron desplazadas por eventos climáticos extremos, muchas más que las 4.6 millones que lo hicieron por conflictos y violencia armada. 6. Desde 2009, se estima que una persona por segundo resultó desplazada por algún desastre natural, con 22.5 millones de personas en esa situación por eventos extremos u otros factores climáticos desde 2008, según un informe del Centro Internacional de Monitoreo de Desplazamientos. 7. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático pronostica un aumento del número de personas desplazadas a lo largo de este siglo. La mayoría de las personas que le preocupan a Acnur se concentran en las regiones más vulnerables del mundo. El cambio climático desplazará y empujará a más personas a la pobreza en los próximos años, lo que exacerbará los factores generadores de conflictos y complicará más las necesidades y la búsqueda de soluciones humanitarias. Para hacer frente a esos grandes desafíos, han tenido lugar dos acontecimientos clave, la Conferencia para la Sequía en África, que se realizó en Windhoek, Namibia, del 15 al 19 de agosto, y el Día Mundial Humanitario, que se celebró el día 19. (Traducido por Verónica Firme)

En los últimos 30 años, 1 mil 600 millones de personas se vieron perjudicadas tanto por sequías como por tormentas

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POTENCIAS

ACUSADAS DE TOMARSE A LA LIGERA LA VENTA DE ARMAS 50

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Estados Unidos, la Unión Europea, Bulgaria, República Checa, Francia e Italia, involucrados en la venta inescrupulosas de armas. Los suministros bélicos atizan conflictos en Irak, Libia, Afganistán, Siria, Yemen, Sudán del Sur y Ucrania THALIF DEEN, INTER PRESS SERVICE

DAVID MANRIQUE

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aciones Unidas. Los grandes proveedores de armamento violan el tratado que regula su comercio y que se propone frenar el flujo de armas pequeñas y ligeras hacia las zonas de guerra y los países con regímenes represivos, denuncian organizaciones de derechos humanos y analistas militares. Las guerras civiles y los conflictos actuales en Irak, Libia, Afganistán, Siria, Yemen, Sudán del Sur y Ucrania se agravan por los millones de dólares destinados al suministro de armas, la mayoría por parte de países que suscribieron o ratificaron el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor en diciembre de 2014. “El Tratado es increíblemente importante”, observa Natalie Goldring, consultora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Instituto Acrónimo para la Diplomacia del Desarme, en diálogo con IPS. “Para decirlo de forma sencilla, si se implementara en su totalidad, tiene el potencial de salvar vidas”, subraya Goldring, también integrante

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del Programa de Estudios de Seguridad de la estadounidense Universidad de Georgetown. Pero sin una buena instrumentación se corre el riesgo de que siga la inercia y continúen las violaciones al derecho humanitario internacional y a los derechos humanos, alerta. “Las últimas ventas de armas y las propuestas por los Estados parte y signatarios podrían llegar a socavar el TCA”, apunta Goldring, quien viene estudiando los 20 años de negociaciones del Tratado, adoptado por la Asamblea General de la ONU en abril de 2013. Las denuncias de violaciones coincidieron con las reuniones de la segunda Conferencia de los Estados Parte, que comenzaron el 22 de agosto en Ginebra y terminaron el viernes 26 de ese mismo mes. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Control de Armas, Forum on Arms Trade, entre otras, documentaron la continua transferencia de armas convencionales que podrían utilizarse para violar el derecho humanitario internacional y los derechos humanos. El director de control de armas y derechos humanos de Amnistía, Brian Wood, dijo que el TCA puede salvar millones de vidas y por ello genera alarma que los Estados que suscribieron y hasta ratificaron el Tratado crean que pueden seguir suministrando armas a fuerzas conocidas por cometer y facilitar crímenes de guerra, así como emiten permisos de exportación aun cuando hay enormes riesgos de que las armas participen en graves violaciones de derechos humanos. “Tiene que haber tolerancia cero para los Estados que creen que pueden suscribir el TCA de la boca para afuera”, subrayó Wood. Es obvia la necesidad de lograr una instrumentación efectiva: “de Yemen pasando por Siria hasta Sudán del Sur, todos los días mueren niños o quedan mutilados, hay civiles que sufren amenazas y son detenidos a punta de pistola y grupos armados que cometen abusos con armas fabricadas en países que están obligados por el Tratado”, observó.

Al suministrar una lista de “transferencias inescrupulosas de armas”, Amnistía señaló a Estados Unidos, que suscribió el TCA, a la Unión Europea, que lo ratificó, e incluyó a Bulgaria, República Checa, Francia e Italia por seguir suministrando armas pequeñas y ligeras, municiones, vehículos blindados y equipo policial a Egipto, “a pesar de la brutalidad con que reprime a la oposición y que llevó al asesinato de cientos de manifestantes, a miles de detenciones y a denuncias de torturas contra detenidos desde 2013”. En 2014, Francia otorgó una licencia de exportación que incluyó una vez más a los sofisticados vehículos blindados Sherpa, utilizados apenas 1 año antes por las fuerzas de seguridad egipcias para asesinar a cientos de manifestantes en la plaza Rabaa al-Adawiya, en El Cairo. Las armas suministradas por países signatarios del TCA siguieron avivando cruentas guerras civiles, denunció Amnistía, con sede en Londres, Inglaterra. Ese mismo año, Ucrania aprobó la exportación de 830 ametralladoras ligeras y 62 pesadas a Sudán del Sur, indicó. Seis meses después de suscribir el Tratado, las autoridades ucranianas emitieron el 19 de marzo de 2015 una licencia de exportación a Sudán del Sur con un número no revelado de helicópteros artillados y de ataque Mi-24 operativos. Tres de ellos los usan actualmente las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur, y al parecer esperan otra entrega. Además, en marzo de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta de equipos y apoyo logístico a Arabia Saudita por 24 mil millones de dólares, y entre esa fecha y junio de este año, Gran Bretaña hizo lo mismo por unas 3 mil 400 millones de libras (unos 4 mil 400 millones de dólares). “Las aprobaciones coincidieron con un momento en que la coalición encabezada por Arabia

Las últimas ventas de armas y las propuestas por los Estados parte y signatarios podrían llegar a socavar el Tratado sobre el Comercio de Armas

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Saudita en Yemen llevaba adelante ataques aéreos y terrestres indiscriminados y desproporcionados contra poblaciones civiles, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra”, reza un comunicado emitido por Amnistía el 22 de agosto pasado. Jeff Abramson, del Forum on the Arms Trade, comentó que las reuniones de Ginebra coinciden con la controversia generada por la transferencia y el uso responsables de las armas convencionales. Entre las cuestiones que pueden discutirse en Ginebra, ya sea de manera formal o informal, se destacan la promoción de la transparencia en el comercio de armas y en su suministro a Arabia Saudita a la luz de la catástrofe humanitaria causada en Yemen, incluidas las últimas notificaciones de Estados Unidos respecto de la posible venta de tanques a Riad, indicó. Por su parte, Goldring dice a IPS que hace poco Washington propuso venderle 153 tanques Abrams M1A2 a Arabia Saudita. “La respuesta del gobierno de Estados Unidos al presunto bombardeo de objetivos civiles por parte de los saudíes es venderles más armas?”, pregunta. “No tiene sentido. Eso forma parte del patrón de continua transferencia de armas a pesar de los riesgos de que sean utilizadas para violar derechos humanos y el derecho humanitario internacional”, subraya Goldring. Los países sin un fuerte sistema de control de sus exportaciones han declarado que llevará tiempo instrumentar totalmente el TCA, mientras otros como Estados Unidos tienen inconvenientes internos para ratificar el Tratado. Pero una de las fortalezas del texto, explica Goldring, son las especificaciones sobre las condiciones bajo las cuales hay que frenar la transferencia de armas. Los países no tienen por qué esperar la ratificación o su acceso al Tratado para comenzar a instrumentarlas. “El TCA es un Tratado nuevo, pero no podemos permitirnos adoptarlo despacio. Mientras lo discutimos, se pierden vidas en todo el mundo. Necesitamos ser estrictos en su implementación desde el principio”, subraya. Otro asunto importante, destaca Goldring, es que la venta de armas sea transparente para que la

DAVID MANRIQUE

LÍNEA GLOBAL INVESTIGACIÓN

“Los gobiernos no deberían transferir armas a menos que estén dispuestos a hacerse responsables de ellas”

ciudadanía comprenda los compromisos que sus gobiernos contraen en su nombre. “Los gobiernos no deberían transferir armas a menos que estén dispuestos a hacerse responsables de ellas. Su posición contra la apertura y la transparencia generan interrogantes sobre qué tratan de esconder”, añade. Pero en definitiva, si bien la transparencia es importante para la discusión de estos temas, el asunto central es si se controlan esas transferencias. Las últimas ventas generan dudas importantes al respecto, observa Goldring. “La Conferencia de los Estados Parte es una oportunidad fundamental para hacer frente a esas cuestiones”, remarca. “Para fortalecer el TCA, la conferencia debe concentrarse en esa preocupación clave y sustancial de los riesgos de mantener la inercia. Los Estados no deben distraerse de los procesos”, añade Goldring. (Traducido por Verónica Firme)

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ANÁLISIS SOCIAL

MIGRANTES CENTROAMERICANOS: EXCLUIDOS ENTRE LOS MARGINADOS Atendiendo las demandas de Estados Unidos, México ha agudizado la persecución de migrantes centroamericanos. El cierre de fronteras no resuelve el problema humanitario. Por el contrario, estas medidas sólo contribuyen a postergar una solución de fondo y coadyuvan a la invisibilización de los migrantes. Pobres entre los pobres, son tratados como criminales por las autoridades mexicanas

MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ, DOCTOR EN ANTROPOLOGÍA; AUTOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL CON LÍNEAS DE TRABAJO EN MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROCESOS DE MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROCESOS DE MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE GRUPOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS EN MÉXICO

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SOCIAL

La gente del gobierno dice que los derechos humanos sí se cumplen y que todos somos iguales, que nadie es más que otro. Pero, la verdad, no es así; nuestras vidas, las de los migrantes que salimos porque no hay de otra y todo está en contra nuestra, nuestras vidas valen menos, casi nada. Mire nada más cuantas muertes y agresiones aquí en la frontera, y no pasa nada. Nosotros no les interesamos, sólo nos ven como problemas y no como personas. Nos tratan como delincuentes sólo porque salimos a buscar una vida mejor Migrante centroamericano, diciembre, 2015

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la memoria de Manuel Antonio Ventura, salvadoreño muerto en Tapachula el 10 de mayo de 2016, y de los migrantes centroamericanos en tránsito por México que han perdido la vida en el arduo camino por buscar una vida digna La migración de centroamericanos en tránsito por México tiene varios lustros y desde hace más de 1 década tiene proporciones masivas y representa uno de los procesos regionales de exclusión y violencia contemporáneas más acentuados y graves en Latinoamérica. Es una migración que sobre todo concentra a hombres, mujeres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, y que tiene diferentes causas relacionadas a la desigualdad y la marginación, los cuales van desde contextos de acentuación de la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida relacionados a las reformas económicas estructurales aparejadas al neoliberalismo, hasta situaciones de violencia crónica ligada a grupos delictivos y pandillas –como los casos de Honduras y El Salvador–. Detrás de la migración se asoman Estados nacionales que no han podido garantizar derechos sociales a sus ciudadanos, así como la intervención política y económica del gobierno estadunidense y las multinacionales en la región desde finales del siglo XX a la fecha. Los migrantes, antes que individuos en la larga y peligrosa travesía a Estados Unidos, fueron

ANÁLISIS

y son campesinos depauperados, jóvenes sin empleo en la ciudad, personas amenazadas y agredidas por delincuentes y pandillas, niños y adolescentes cuyos padres trabajan en Estados Unidos. La migración, en estos drásticos escenarios de adversidad, representa, más que sólo personas sin papeles en movilidad geográfica a través de las fronteras internacionales, los rostros de aquellos que no tienen un lugar digno, ni la esperanza de una mejor vida en el sitio donde viven y nacieron; para ellos la ilusión de un futuro distinto está en otro sitio, lejos de la permanente precariedad y zozobra. Más que individuos en situación migratoria irregular, los centroamericanos en tránsito son excluidos y olvidados, tanto en sus países de origen, como en los Estados nacionales de tránsito y destino. En esta travesía por el sur de México repleta de adversidades y de agresores –grupos delictivos, pandillas, autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano–, decenas de miles de migrantes han padecido diversas agresiones, muchos sufrieron lesiones permanentes y graves derivadas de los agravios y no pocos han perdido la vida. Los delitos que han sufrido los migrantes comprenden un amplio espectro, donde, si bien el robo y la extorsión son dos de los más comunes, también ocurren el abuso de autoridad, amenazas, abuso sexual, violaciones sexuales, asalto, cohecho, homicidios, intimidación, lesiones, privación ilegal de la libertad, secuestro soborno y tráfico de personas [1].

Narraciones de la indiferencia y la impunidad Desde la entrada en vigor del Programa Frontera Sur por parte del gobierno mexica-

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ANÁLISIS SOCIAL

En 2015, cerca de 300 mil personas trataron de cruzar México para llegar a Estados Unidos

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no a mediados de 2014, el flujo migratorio no ha decrecido y, en contraparte y según datos de la Secretaría de Gobernación en México, se observa un incremento en 2015: cerca de 300 mil personas trataron de cruzar México para llegar a Estados Unidos y, de este total, las autoridades mexicanas detuvieron a casi 200 mil y de éstos deportaron alrededor de 140 mil [2]. De este modo, como lo han señalado diversas organizaciones no gubernamentales y albergues para migrantes de corte religioso –como La 72–, el número de detenciones, deportaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes ha crecido de manera vertiginosa [3]. Y dentro de los migrantes centroamericanos ya de por sí vulnerables –tanto por su situación socioeconómica y nivel de educación escolar como por su condición migratoria irregular y el desconocimiento de sus derechos humanos como personas en tránsito–, hay particularmente dos grupos sociales aún más susceptibles de sufrir delitos y padecer agresiones, se trata de las mujeres y los niños –especialmente los que van

solos–. Particularmente en lo referente a la migración de menores centroamericanos no acompañados –principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador– algunos medios de comunicación han señalado que ha habido un incremento del 330 por ciento en los últimos 2 años y, sólo el año pasado (2015), las autoridades de México deportaron a más 14 mil niños y adolescentes de esta región del continente [4].

Migración y violencia Las nuevas acciones gubernamentales en el extremo sur de México que enfatizan y apuntalan el control fronterizo y las políticas de seguridad no sólo no han dado una solución a las causas de la migración centroamericana, sino que de facto han acentuado la criminalización de los migrantes, contribuyendo, tanto al detrimento de los derechos humanos de los centroamericanos en tránsito, como a un aumento notorio de la vulnerabilidad físico-emocional y socioeconómica a la que ya estaban expuestos.


ANÁLISIS

MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

SOCIAL

El cierre de fronteras no resuelve el problema humanitario, ni atiende las razones y casusas por las cuales salen de sus lugares de origen. Por el contrario, estas medidas sólo contribuyen a postergar una solución de fondo y coadyuvan a la invisibilización de los migrantes. De este modo, estos centroamericanos, más que ser vistos y atendidos como sujetos que padecen situaciones de precariedad material y violencia estructural, son tratados como criminales por las autoridades mexicanas. A semejanza de lo que ocurre con otros grupos sociales excluidos en México, los centroamericanos en tránsito, en tanto no les son respetados sus derechos humanos en su país de origen ni en México, padecen en carne propia un ejercicio selectivo, parcial y discrecional de ley por parte del gobierno mexicano; en lugar de ser tratados como refugiados que en la búsqueda de otras opciones de vida huyen de múltiples y complejos contextos de adversidad –en donde está en juego su vida e integridad física y un proyecto de futuro digno–, son etiquetados como

infractores de la ley y delincuentes. A esto, además, habría que añadir que, en la medida en que el gobierno mexicano no hace valer la ley para que se castiguen los delitos contra los migrantes, propicia entornos de impunidad y violencia que permiten que el crimen organizado y ciertos funcionarios públicos lucren con los migrantes y se aprovechen de su indefensión; de facto, se posibilita y alienta la violación de los derechos humanos de estos centroamericanos.

Casi 200 mil migrantes fueron detenidos por las autoridades mexicanas en 2015, y de éstos, 140 mil fueron deportados

Notas [1] Migrantes invisibles, violencia tangible, Informe 2014, Redodem [2] “Cifra record de migrantes detenidos en México; casi 200 mil al cierre de 2015”, La Jornada, 27 de diciembre de 2015 [3] “El programa frontera sur dispara deportaciones y riesgos para migrantes”, La Jornada, 19 de octubre de 2015 [4] “En dos años aumentó 330 por ciento la migración de menores no acompañados”, La Jornada, 7 de abril de 2016

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

LA HORA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

EN AMÉRICA

La justicia social en el Continente Americano pasa por la vigencia de los derechos indígenas. Los Estados del siglo XXI deberán ser plurinacionales y garantizar para los pueblos originarios autonomía y la recuperación de territorios. Los pueblos indígenas, por su parte, deberán disputarle a la cultura dominante la hegemonía para superar el monoteísmo y antropocentrismo

CECILIA MARTÍNEZ

OLLANTAY ITZAMNÁ/INVESTIGADOR, ABOGADO Y ANTROPÓLOGO QUECHUA/PRENSA LATINA

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INTERNACIONAL ANÁLISIS

U

no de los legados involuntarios de la última globalización cultural occidental es la glocalización (despertar de las identidades particulares diferenciadas). El presente siglo, al contrario de los anteriores, es y será testigo de diferentes procesos de reconstitución indentitarias y territoriales de los pueblos indígenas, dentro y fuera de las fronteras de los Estados republicanos bicentenarios de la región. Desde diferentes puntos geográficos del Abya Yala (nombre aborígen de América), los pueblos despojados y subalternizados construimos caminos de emancipación con diferentes dinámicas, aprovechando los intersticios o descuidos que el sistema-mundo-occidental deja al paso en su intento de hegemonía cultural. Esos caminos tienen como fundamento los derechos colectivos de los pueblos indígenas contemplados en las normas del derecho internacional y en algunos ordenamientos jurídicos internos de los países. Específicamente el derecho a la consulta previa, libre e informada, es una herramienta jurídica de la que nos valemos para hacer prevalecer nuestros derechos en nuestros territorios, ante los intereses empresariales foráneos. Si bien los procesos de reconstrucción identitaria, tanto en lo individual como en lo colectivo, han tenido avances significativos en los últimos años, aún hay agendas pendientes que ayudarían, en buena medida, a un salto cualitativo de los derechos culturales al ejercicio de los derechos políticos de los pueblos. Entre estas agendas pendientes figuran: 1. Recuperación de territorios 1. Con la recuperación de tierras y territorios se busca hacer frente a la expansión del capitalismo de acumulación por despojo. En los últimos años, los Estados nacionales se han sometido al expansionismo global del capitalismo neoliberal. Ya no hay Estado que proteja y defienda la vida, la dignidad y la soberanía de los pueblos. Mucho menos, la preservación del sistema-tierra.

En esas circunstancias, la lucha por la restitución de los territorios indígenas no es únicamente un asunto económico, ni sólo para el ejercicio del poder indígena, sino sobre todo para proteger la vida en y desde los territorios. 2. Instaurar estados plurinacionales con autonomías indígenas En el contexto normativo vigente en los Estados-naciones mestizos no es posible la garantía ni el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los Estados nacionales son esencialmente monoculturales y centralistas; en ellos los pueblos indígenas subsistimos sin derechos e, incluso, en contra de su voluntad. De ahí la urgencia de transformar dichos Estados en otros plurinacionales, descentralizados, con plena autonomía de los territorios indígenas. Para que disfrutemos y ejerzamos nuestros derechos colectivos, nuestros territorios deben gozar de autonomía política, legislativa, jurídica, económica, cultural y administrativa, lo cual debe quedar expresamente estipulado en las constituciones políticas de los Estados plurinacionales. 3. Disputar la hegemonía de la modernidad desde la propuesta del Buen Vivir La racionalidad lineal simplificadora se ha impuesto en el planeta como el único modo de ver y explicar el mundo. De ahí la supremacía de la ciencia occidental como ciencia universal. Eso ocurre también con el método de construcción del conocimiento, con el conocimiento teórico. En la medida en que se ensancha como estilo de vida, la modernidad tecnológica ha acelerado los procesos devastadores contra nuestra Madre Tierra, que requiere tiempo, pausa, descanso, para restaurar sus condiciones vitales y reequilibrar una temperatura adecuada. Para ello debemos cambiar nuestros hábitos de consumo, dejar de soñar con ser ricos, vivir con austeridad e instaurar una convivencia equilibrada en la comunidad cósmica. Éste es el camino hacia el Buen Vivir.

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JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO

ANÁLISIS INTERNACIONAL

“Los indígenas tenemos el gran desafío de pensar, sentir y actuar con lógicas comunitarias”

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Los indígenas tenemos el gran desafío de pensar, sentir y actuar con lógicas comunitarias. Necesitamos ser más defensores que líderes, más cooperantes que competentes, más comunidad que individuos. La lógica y el modo de estar comunitario debe extenderse a nuestro modo de convivencia en y con la comunidad cósmica, donde ya no sólo los seres humanos seamos sujetos de derechos, sino también el resto de los seres materiales y espirituales. Debemos restaurar nuestra misión de cuidadores y puentes simbólicos en el tejido de la comunidad cósmica. 4. Superar el monoteísmo y antropocentrismo Los humanos (varones) nos creemos el centro (medida) de toda la casa cósmica porque nos creemos los predilectos (imagen y semejanza) del único Dios verdadero. De esta falsa conciencia antropocéntrica nace el individualismo liberal consumista, convenci-

do de que toda la natura está a su disposición para el saqueo. El antropocentrismo macho, blanco y rico, es la base de todos los intentos criminales de anulación sangrienta de la comunidad humana multicultural en el planeta. Restaurar y ampliar/profundizar nuestras eco-espiritualidades plurales y abiertas, y trascender hacia un modo de pensar, sentir y actuar cosmocéntrico es nuestra tarea urgente. 5. Superar los dispositivos coloniales aprehendidos Es fundamental avanzar desde los derechos culturales (muchas veces folclorizados) hacia el ejercicio de los derechos políticos. Tierra y territorio con autonomía, autodeterminación de los pueblos, consulta previa, etcétera, son caminos que necesariamente debemos recorrer como pueblos. Si lo expuesto hasta ahora ya son caminos empinados, los de transformación hacia adentro son igualmente difíciles, o más difíciles aún. Debemos exorcizar al colonizador racista, machista, monoteísta, clasista, antropocéntrico que habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer para que los indígenas, a mayor grado de educación académica y “ascenso” social, no sigamos reproduciendo males endémicos como el racismo, clasismo e individualismo instalados en y por el sistema? ¿Cómo hacer que, ante una mayor oportunidad de acceder a espacios de toma de decisiones, no seamos prepotentes, avaros e insensibles con los nuestros y los otros? ¿Cómo hacer que, en la medida en que los patrones nos permitan sentarnos a su mesa, no miremos con desprecio, o desdén a nuestros hermanos/as despreciados por los patrones? ¿Cómo estar en el sistema sin aprehender o reproducir (o defender) los vicios del sistema como virtudes idealizadas? Estos y otros constituyen desafíos casi existenciales para salir de la condición de colonialidad en que subsistimos.


MISCELÁNEO

EX LIBRIS

CORAZÓN, DIARIO DE UN NIÑO, EL PERIODISTA EDMUNDO DE AMICIS: 1846-1908 ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

Cuando menos de 1940 hasta finales del siglo XX, muchos mexicanos en edad escolar de cuarto a sexto año de primaria, aprendieron a leer, pensar y conmoverse (a veces hasta las lágrimas), escuchando de sus padres y maestros o cuando ya sabían “leer de corrido”, lo que el periodista, narrador, republicano, socialista y patriota italiano (agitador estudiantil) Edmundo de Amicis, con gran maestría pedagógica recrea de su vida escolar por medio de un diario de su curso de tercer año. Durante 9 meses del año escolar (de octubre a julio), el alumno Enrique redacta sus memorias. “El escolar iba anotando en su cuaderno, a su manera, lo que habla visto, oído, pensado en las aulas y fuera de ellas. Mientras que su padre, al fin del año, corrigió este diario procurando no alterar lo esencial de aquellas impresiones, en cuanto le fue posible. Cuatro años después, el estudiante, ya en el Gimnasio (equivalente al umbral de la preparatoria o bachillerato o secundaria, según el caso, en las escuelas europeas), leyó de nuevo el manuscrito, añadió o suprimió algo que a su juicio no era fiel trasunto del pasado”. II. Conmovedoramente romántico. Idealista. De un mensaje moral republicano de solidaridad y amistad.

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Un libro, como se dice, para los niños y conversando con todo tipo de personas”). y para el niño que todos llevamos III. Es así como Edmundo de dentro. La primera traducción fue de Amicis creó este admirable libro; Hermenegildo Giner de los Ríos en clásico infantil para todas las edades. 1884. Edmundo de Amicis fue, ante Su lectura contribuye a forjar el catodo, periodista. Autor de cuentos, rácter generoso, caritativo y amoroso muchos de ellos intercalados en: Code niñas y niños hacia la adolescenrazón, diario de un niño, como el cuento cia. Edición tras edición en español mensual. Sus narraciones en La vida se han venido sucediendo, porque militar. Sobre el tema de la amistad: existe la demanda del libro que, sirLos amigos. Y el libro: La romanza de un ve, asimismo, a los adultos (a las maestro. Buscó De Amicis informar madres de Miguel y Ramsés, y educar. “Su viejo oficio de dos niños a los que aman periodista le sirve para Balbina y Silvia María), enlazar admirablemente Autor: Edmundo porque Edmundo de ambos objetivos: resde Ámicis Amicis escribió esas cata con precisión los Título: Corazón, diario páginas inmortales de hechos fundamentales de un niño Editorial: Editores literatura. Donde uno de la realidad y explora Unidos Mexicanos abra el texto, encuentra con sencillez las causas una lección de civismo, y las consecuencias de nobleza, compañerismo, esos hechos”. Éste es el peamistad y amor filial; la comunión riodismo, ahora llamado de invesalumno-profesor… la carta-recado tigación, donde “los hechos mismos de su madre a Enrique, sobre los deben ser contrastados con todas las pobres, conmovedora. Así que es un pruebas disponibles” (Timothy Garlibro que no debe faltar en un hogar. ton Ash:, Los hechos son subversivos, en Hay que tenerlo a la mano para en cuya tarea “el reportero, considerado un momento de sosiego darle lectura. a veces como la forma más baja de la Son páginas hermosas y vibrantes vida periodística, me parece en reaque ejercitan las emociones. Y las lidad la más elevada. Es una insignia que luciría con orgullo… pues, buena hace vibrar con esa prosa rica en reflexiones sobre lo más sublime de parte del tiempo trabajo en gran melos seres humanos. dida como un reportero, observando


MISCELÁNEO

SOCIEDAD BETA

FACEBOOK Y WHATSAPP TE QUEDAN 30 DÍAS DE PRIVACIDAD GONZALO MONTERROSA

M

uchos se han esforzado por proteger su privacidad. Tienen su sitio de Facebook para mostrar vida social o laboral y, por otro lado, su teléfono con WhatsApp y el directorio telefónico aparte. Pero ahora ambas plataformas compartirán tus datos. Parece que no importa cómo te protejas, en algún momento se harán de tus datos privados. Mark Zukerberg, fundador de Facebook, al igual que Bill Gates en su época, pasa sus días entre la filantropía millonaria o comprando empresas que le pueden hacer competencia. La más reciente y llamativa fue la adquisición de WhatsApp en 2014. Sin embargo, hoy lo importante no son los miles de millones de dólares que pagó por ella… Lo importante es que se cumple la hipótesis de que unirían ambos servicios. Era el siguiente paso y ya lo han dado. WhatsApp rompió el silencio y anunció el jueves 25 de agosto de 2016 en su blog –mediante un post titulado “Un vistazo al futuro de WhatsApp” en el que se presumen las funciones recientemente agregadas como su cifrado de extremo a extremo–, el servicio de “Llamada WhatsApp” y la ca-

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lla de “Acepto”, está ya seleccionada pacidad para usar WhatsApp en un (algo que en Europa es ilegal), ¡cuinavegador de tu computadora. Los usuarios agradecieron que se haga lo dado! Con ello, cederás tus datos y privacidad con un clic. El plan mínimo para evitar que cualquiera requiere de nuestra cooperación, espíe las conversaciones tan fácilesperan que no lo leas y, sobre todo, mente. que no lo entiendas. IndepenLa nueva etapa, dice el diente de si los usuarios mensaje, incluirá la posibitienen maestría o no lidad –por ejemplo– de WhatsApp fueron a la escuela, no recibir mensajes de y Facebook nos podrán entender lo nuestro banco adviradvierten de lo que no harán con nuestros que aceptan. El plan tiéndonos de movidatos, pero lo más no discrimina. mientos fraudulentos importante es que nos La fusión entre las en nuestra cuenta digan lo que dos plataformas signio que la línea aérea sí harán fica que a Facebook se nos avise del retraso sumarán los datos de más de nuestro vuelo. Para de 1 mil millones de usuarios lograrlo, “únicamente” debeincluyendo los datos privados, como mos actualizar la versión de nuestro el número telefónico, la agenda de WhatsApp y, lo más importante, contactos y, ¡ojo!, dará seguimiento a aceptar los recientemente modificala rutina de uso. dos Términos de Servicio y Política Eso sí. El anuncio de WhatsApp de Privacidad. Aunque nos dejan de la nueva integración con Facecon una duda: ¿cómo se enterarán de que tenemos un boleto de avión o book nos dice muchas cosas que no se harán. Que a pesar de ese trabajo que tenemos una cuenta bancaria? conjunto, no se compartirán las De un momento a otro llegará conversaciones ni los números de un aviso con la invitación a la nueva teléfono con terceros, tampoco los actualización y con ella la tradicional pregunta de si se está de acuerdo venderán, compartirán o darán a o no, en aceptar los términos de uso, anunciantes (por el momento). No dicen nada de rastrear permanenesos textos larguísimos que siempre temente tu dispositivo con tu GPS, ignoras. Notarás, quizá, que la casi-


MISCELÁNEO

DAVID MANRIQUE

SOCIEDAD BETA

de obtener los datos que identifican al teléfono. Que no compartan tu número telefónico no significa que no lo usarán, tampoco dicen qué harán con el resto de teléfonos de tus contactos. Tampoco dice nada del seguimiento que hará del uso, con quién platicas más, por ejemplo. Mucha gente evitaba usar su nombre real en su página de Facebook porque no quiere mezclar su vida laboral con su vida social. Usaban apodos y Facebook poco a poco los obligó a usar sus nombres reales. Y es que a mucha gente no le gusta dar explicaciones a personas que no comparten sus gustos e intereses,

personas con las que quizá es necesario interactuar en su trabajo pero no en las noches después de su jornada laboral o sus fines de semana, gente que gusta de hacer performances, bailar o hacer modelaje, por ejemplo. Si ya muchos se incomodaban con que les aparecieran personas con las que alguna vez trataron por algún conocido y reciben una solicitud de amistad, ahora el algoritmo de Facebook sugerirá a sus contactos de trabajo o de negocios su página de perfil. Más solicitudes incómodas con preguntas incómodas, como: ¿eres tú la de la foto bailando? Con sus respectivas invitaciones a salir,

rompiendo la sana distancia laboral e iniciando la guerra de prejuicios. Aunque existe una opción para desactivar que WhatsApp comparta los datos, sólo te da 30 días para configurarla y no asegura realmente que dejen de rastrearte. Un problema banal para muchos, pero se podrían estar fijando las nuevas reglas de las redes sociales y la protección de datos. Se vienen muchos cambios. Es importante notar que WhatsApp y Facebook nos advierten de lo que no harán con nuestros datos, pero es más importante que nos digan lo que sí harán.

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OPINIÓN PASO A DESNIVEL

LA MISMA MONEDA

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MIGUEL GALINDO


ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 5 al 11 de septiembre de 2016

Año 15 • Número 504 • $30


Contralinea 504  
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