Papás, primeros que maltratan a los niños: Regidora

su chequeo anual en los módulos PrevenIMSS o con la enfermera especialista, y cuando lo requieran y si presentan algún síntoma de enfermedad acudan para su revisión con su médico familiar y poder ser atendidos oportunamente. Así mismo, se invita a padres de familia que acudan con sus hijos a las jornadas de nacionales de salud pública en la que se otorga tratamiento antiparasitario, ministración de gotas de vitamina A para la prevención de enfermedades respiratorias agudas y diarreas.

Alumnos de Odontología prestarán servicio social en IMSS

Se trabaja constantemente para lograr mayor responsabilidad de los padres.

Es necesario que haya más responsabilidad de los padres en el tema del maltrato infantil, pues en muchos casos son los primeros que violentan a los niños, son los que les hacen daño, señaló la regidora Cinthya Hernández, al puntualizar que muchas veces las personas no están preparadas mental o psicológicamente para tener hijos.

La regidora y presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez y Grupos Vulnerables, manifestó que se trabaja constantemente para lograr que haya responsabilidad de los padres, “porque creo que hay que ser bien precisos, a veces los padres son los primeros que violentan a estos niños, son los que les hacen daño, los humillan, los dejan encerrados, como pudimos ver el pasado fin de semana, creo que es algo que necesitamos atacar inmediatamente”.

Agregó que la Comisión que preside está por sesionar en el transcurso de la semana entrante, lo cual se aprovechará para salir a las escuelas a dejar el directorio que elaboró la propia regidora, para que la gente sepa a dónde debe acudir, para que se enteren los abuelos, los tíos, que se den cuenta a veces de este tipo de violencia a veces de los padres, aun- que puntualizó que también hay algunos que educan muy bien a sus hijos y la violencia se tiene de otro lado, a veces escolar.

“Vimos un video muy fuerte de Chiapas, creo que es muy lamentable que estén sucediendo estas cosas, nosotros vamos a trabajar fuertemente para que esto se vaya erradicando, hay que trabajar desde la casa, desde los valores, creo que eso falta, creo que los padres de familia deben estar preparados para tener hijos, porque a veces no lo están mental ni sicológicamente, esa es la realidad”, aseveró la regidora.

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) a través del rector Rubén Solís Ríos, firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representado por Claudia Díaz Pérez, para garantizar los campos clínicos de trabajo para los estudiantes de la Facultad de Odontología.

El acuerdo permitirá a los estudiantes practicar y aprender en las unidades de salud que brindan el servicio odontológico, lo que ayuda a regular su estancia en las clínicas, comentó el rector.

Destacó la importancia de brindar certeza a los estudiantes en cuanto a sus prácticas profesionales y acercarlos al IMSS para que conozcan la atención que se ofrece a los derechohabientes. La titular de las oficinas de representación del IMSS en Du- rango, Claudia Díaz Pérez, subrayó por su parte que el convenio permitirá realizar acciones que complementen la instrucción académica de los estudiantes, cumpliendo con las especificaciones de los programas académicos, y acentuó la calidad y calidez que se imprime en la formación de los alumnos de la UJED, pues eso garantiza que se seguirá contando con recursos humanos de excelente preparación, en beneficio de la sociedad.

El director de la Facultad de Odontología, Gamaliel Ortiz Sarabia, resaltó que la intención es el beneficio mutuo, pues permite a los estudiantes abrir su panorama en todos los aspectos del quehacer diario y canalizar a los pacientes a otras áreas, si requieren atención.

México SA

Ley de minería: habemus dictamen Votación en el pleno, siguiente paso Lozoya entrega la cabeza de Peña Nieto

Carlos Fernández-Vega

Apesar de las presiones de los barones, de generosas ofertas de su ejército de cabilderos, de gritones cuan emberrinchados opositores y de legisladores morenistas enemigos de Morena, en el Senado de la República fue aprobado el dictamen de la Ley de minería (y tres más), que resultó ser una versión rasurada (por cortesía de la Cámara de Diputados) de la iniciativa de reforma que sobre la materia envió el presidente López Obrador un mes atrás. De cualquier forma, falta un trecho, porque ahora el balón está en la cancha del pleno senatorial (en sede alterna), pero todo apunta a que la mayoría le dará el visto bueno.

De lo perdido, lo que aparezca, fue el criterio de la mayoría en las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República a la hora de dictaminar las reformas y adiciones, y determinar qué quedaba fuera, de diversas disposiciones de cuatro leyes involucradas en este proceso: la Minera, la de Aguas Nacionales, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.

Dado que dichas comisiones se declararon en sesión permanente, a propuesta impulsada por los opositores participantes en ellas, sólo hasta el jueves por la tarde sus integrantes volvieron a reunirse y sacaron adelante el dictamen, con la novedad de que aquellos proponentes brillaron por su ausencia. Valiente oposición.

A Ricardo Monreal, presunto coordinador de la bancada de Morena en el Senado, de nueva cuenta se le apestó (con todo y santo niño de Atocha) su perverso plan de retrasar, retrasar y retrasar las modificaciones a la Ley de minería (y a las otras tres) en su intentona de dar carpetazo a dicha iniciativa y una vez más beneficiar a los barones, toda vez que en una reunión a puerta cerrada del grupo parlamentario guinda, la mayoría acordó impulsar esa minuta ( La Jornada, Andrea Becerril y Georgina Saldierna).

La Jornada lo reseñó así: “el dictamen fue aprobado por los senadores de Morena, PT y PVEM durante la reunión de las comisiones … En el encuentro, el senador Napoleón Gómez Urrutia reclamó que fueron integrantes de su propia bancada –entre ellos Rafael Espino– los que junto con la oposición impidieron que esa minuta, prioritaria para el presidente López Obrador, se votara el martes pasado, al declararse las comisiones dictaminadoras en sesión permanente. El dirigente nacional del Sindicato Minero recalcó que, de no aprobarse la reforma en este periodo de sesiones, que concluye el domingo, se quedará hasta septiembre, cuando será más complicado que pase, ya que habrá más presiones de los empresarios y además todos estarán inmersos en las contiendas electorales. Tan sólo hace dos días, expuso, hubo un accidente en Zacatecas, donde fallecieron dos trabajadores y en los últimos 10 años los decesos suman 3 mil”. El mismo legislador subrayó que aprobar esta reforma es un avance histórico en la larga lucha para transformar la industria de la minería, ya que desde hace 31 años no se había modificado la legislación en la materia, lo cual la hacía totalmente insostenible y obsoleta. Si bien, la Cámara de Diputados aprobó dicha reforma con cambios importantes, como la duración de las concesiones en un máximo de 80 años. En el Senado de la República, se discutió y se aprobó sin modificaciones. Debemos recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos de la nación.

A lo largo de tres décadas, cuando menos, la legislación vigente en materia minera sólo ha respondido a los intereses de los corporativos, que por años han explotado los recursos y la mano de obra de mis hermanos mineros. Pese a las presiones de la oposición y de las artimañas de las empresas, es de gran importancia aprobar los cambios para lograr una mejor regulación de los recursos mineros, erradicar la explotación de las y los trabajadores y preservar el medio ambiente.

Fisgón

El no hay, no hay.

Falta camino por recorrer, pero lo trascendente es que comenzó la marcha.

¿Y la oposición? Feliz en su pijamada. Las rebanadas del pastel

Finalmente, Emilio Lozoya ofrece la cabeza de Enrique Peña Nieto, más unos cuantos millones de dólares, a cambio de que lo saquen del Reclusorio Norte.

Dijo su abogado que su cliente ha aportado suficientes pruebas que señalan al ex presidente de ser responsable de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Bien, pero, aunque lo liberen, ni de lejos dejará de ser delincuente.

Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com

Capitalismo, fascismo, marxismo INE: acatar la ley

Maciek Wisniewski

Frente a dos interpretaciones economicistas dominantes que históricamente desde el marxismo trataban de explicar el auge del fascismo a través del subdesarrollo o la sobremaduración capitalista (véase: bit.ly/3AFJw7O), hay también una tercera posición y explicación política, la de Antonio Gramsci. Los escritos de Gramsci han sido muy distintivos en medio de los debates marxistas sobre el tema en la época de entreguerras. Mientras las explicaciones dominantes vinculaban su auge con alguna fase específica en el desarrollo del capitalismo, Gramsci sugirió que éste fue el resultado de una crisis política particular producida por la debilidad hegemónica del bloque de poder en el contexto del desarrollo rápido de la sociedad civil. Al vincular el auge del fascismo con la hegemonía y la sociedad civil en vez de las etapas del desarrollo capitalista, liberó del economicismo el análisis marxista del fascismo.

Al mismo tiempo lo liberó del marco revolución/reacción, comprendiendo que para Italia y Alemania el fascismo representaba una versión tardía y terriblemente distorsionada de la Revolución Francesa, en la que el elemento modernizador fue fusionado con el imperialismo y el anticomunismo.

Esta teoría política gramsciana del fascismo es la columna vertebral del enfoque de Dylan Riley en su The Civic Foundations of Fascism in Europe: Italy, Spain and Romania 1870-1945 (2019). Allí, el hecho de leer a de Tocqueville –y su tesis sobre la importancia del desarrollo de la sociedad civil para la democracia– a través de Gramsci le permite notar que los resultados del desarrollo de la sociedad civil, más que ser directos como insisten sus romantizadores, dependen de la presencia o ausencia de la política hegemónica.

Para Gramsci, la sociedad civil y la hegemonía pueden desarro- llarse en conjunto, pero también puede ser que no. Así, la sociedad civil puede florecer en un contexto de falta de hegemonía de las élites, como precisamente ocurrió en los años 20 y 30, provocando una crisis orgánica en la que la rápidamente desarrollada sociedad civil rebasó a las élites y sus partidos tradicionales. Fue esta crisis política de representación y de la hegemonía en las democracias liberales la que abrió el camino al fascismo (mientras, al mismo tiempo, el movimiento contrahegemónico –la izquierda socialista– fracasó).

Como subraya Riley, el fascismo que venía cuestionando la propia noción de la política era particularmente equipado para explotar una crisis así. Su solución a la debilidad hegemónica era la creación de las democracias autoritarias (sic) que alegaban representar al pueblo, pero ya sin las instituciones democráticas y establecer el Estado representativo, pero ya sin política. Así, desde la perspectiva gramsciana, el fascismo, más que resultado de una fase particular en el desarrollo del capitalismo, es resultado de una crisis política provocada por el desarrollo desigual y combinado de la sociedad civil y la hegemonía (Riley, 2019, p. 12-18).

¿Qué significa esto para nuestro entendimiento de la extrema derecha contemporánea? Testearla a través del modelo gramsciano –tal como hace el propio Riley respecto del trumpismo (p. xxiixxxii)– permite ver que no toda derecha autoritaria tiene que ser necesariamente fascista, mismo punto al que llegó, por ejemplo, en su propio análisis Nicos Poulantzas hace unas décadas.

Para Poulantzas, quien igual que Gramsci desarrolló una original, aunque no sin puntos ciegos, interpretación política del fascismo, éste era sólo una de las coyunturas posibles de la etapa imperialista del capitalismo. Buscando distinguir el fascismo de otras formas del estado de excepción (para él ni la brutal dictadura griega ni las dictaduras latinoamericanas eran fascistas), rechazó tanto el enfoque liberal que lo presenta como una anomalía, como el determinismo económico marxista, que lo ve, por ejemplo, como una necesidad constante del gran capital en tiempos de crisis.

En cambio, el auge del fascismo, asegura, es resultado de una agudización de las contradicciones internas entre las clases dominantes y una crisis de hegemonía en la que ninguna clase es capaz de ejercerla sea a través del Estado democrático o por medio de la violencia. Así, el potencial para el fascismo existe en todos los estados capitalistas, pero su realización no es inevitable y depende de la luchas de clases (Fascism and Dictatorship: The Third International and the Problem of Fascism, 1979).

En este sentido, para Riley, quien escribió también una excelente Introducción a la nueva edición del estudio poulantziano (bit.ly/449YHE0), la caracterización de Trump y la demás extrema derecha como fascista es errónea, tanto analítica como políticamente (vbit.ly/3LcV9bm).

Los usos fáciles del fascismo oscurecen las verdaderas anatomías de estos movimientos (el bonapartismo y neopatrimonialismo son más adecuados), conduciendo a la política histérica del “mal menor (lesser Evilism), con tal de, como en caso de Estados Unidos, apoyar a quienquiera que emerja del Partido Demócrata (bit. ly/425DjxP).

El reciente anuncio de Joe Biden de querer relegirse (el mismo que habló en algún momento de semifascismo de Trump) significa la inminente reactivación del alarma F, sobre todo desde el centro liberal-conservador, pero también desde algunos sectores marxistas que siguen interpretando el fascismo no como fruto de una crisis política (Gramsci, Poulantzas, Riley), sino por ejemplo, como herramienta del capitalismo monopólico (bit.ly/41KV9Xi).

L a consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reiteró ayer que reducirá su sueldo para ganar menos que el Presidente de la República, tal como establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Asimismo, informó que renunciará al seguro privado de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada; pero tomará el automóvil oficial con chofer y usará el comedor de empleados. Taddei afirmó que su decisión no responde a ningún compromiso político, salvo con mi país y conmigo misma, sino a sus principios de servidora pública. La funcionaria que sustituyó a Lorenzo Córdova ya había anunciado la intención de ajustar su salario el día 5 de este mes, cuando declaró que le toca respetar la ley vigente por la convicción de estar apegada a las normas.

En la primera conferencia de prensa desde que encabeza el organismo, Taddei también reconoció que en el pasado sí hubo excesos en la solicitud presupuestal del organismo. Según explicó, estos excesos se deben a una práctica por la cual se pide más dinero del que realmente se necesita para que cuando se reduzca nos quede exactamente lo que requerimos. Señaló que esta manera de operar es cotidiana en el servicio público, pero la denunció como nociva para la República y se comprometió a evitarla.

Es muy pronto para evaluar la actuación de Taddei al frente de la autoridad electoral; sin embargo, estos primeros anuncios ya marcan un cambio de época respecto al vergonzoso papel de su antecesor. Debe recordarse que Córdova lideró la negativa de los altos funcionarios del organismo a acatar la Ley Federal de Remuneraciones y emprendió una campaña mediática para convencer a la ciudadanía de la necesidad de cobrar un cuarto de millón de pesos al mes, al que se añaden prestaciones injustificables dentro de la función pública de un país que enfrenta graves carencias. La presidencia de Córdova también se caracterizó por el derroche y la ostentación, así como por el rechazo a revisar los abusos en el gasto, incluso cuando así se lo sugería el órgano interno de control del propio INE.

Cabe esperar que en breve los demás consejeros sigan el ejemplo de la consejera presidenta, depongan la connivencia facciosa con el Poder Judicial que les permite burlar la ley gracias a amparos otorgados al por mayor y emprendan un ejercicio autocrítico en torno al descrédito que sufre el organismo por culpa de actitudes a todas luces contrarias a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, máxima publicidad, transparencia, control y rendición de cuentas a los que se encuentra legalmente sujeto el INE.

Corregir el rumbo es tanto un mandato legal como una exigencia popular y, en este sentido, una condición para que el instituto cuente con autoridad moral para fungir de garante de la democracia.