RePro 82 - Octubre 2014

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES Y SU CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL | DICIEMBRE DE 2014 | AÑO 15 Nº 82

suena bien producción de instrumentos musicales

Beneficios de Acción Social Nuevas funcionalidades de autogestión en CPBA On-Line 50 años en la matrícula Premio por buen cumplimiento del pago de préstamos

INFORME DE COYUNTURA

Regulación de las relaciones de producción y consumo

Del escritorio del Presidente

Tiempo de repaso Consejo Profesional de Ciencias EconÓmicas de la Provincia de Buenos Aires

AUTORIDADES Presidente Dr. Alfredo D. Avellaneda Vice Presidente 1º Dr. Julio D. Carson Vice Presidente 2º Dr. Roberto C. de Lucía Secretario General Dr. Luis A. Calatroni Secretario de Hacienda Dr. Raúl J. Puhl Sec. de Seguridad Social Dr. Ricardo Arzoz Sec. Relaciones Institucionales Dr. Luis E. Bacigaluppe Secretario de Presupuesto Dr. Roberto L. Nobo Sec. de Acción Social Dra. Lucía S. Barcia Consejeros Provinciales Titulares Dr. Alejandro I. Sagarna Dra. Laura E. Sarafoglu Dr. Alberto D. Villafañe Consejeros Regionales Titulares Dr. Jorge R. Domenech Dr. Mario L. Isa Dr. Mario E. Ruiz Dr. José L. Cueli Dr. Domingo F. L. Elías Dr. Carlos E. C. Müller Dr. Luis M. Rementería Dr. Edgardo A. Pereira Consejeros Provinciales Suplentes Dr. Andrés H. Maiocchi Dra. Marina D. Gómez Scavino Dr. Hugo C. Albano Dr. Gabriel Giannelli Dr. Luis I. Tous Dr. Marcelo A. Sallenave Dra. Susana M. Costa Dr. Gabriel Trípano Consejeros Regionales Suplentes Dr. Juan C. Mazzaschi Dr. Oscar M. Azara Dra. Cristina I. Pittaluga Dr. Carlos A. Yacovino Dr. Jorge P. Zoppolo Dr. Fernando H. González Guerra Dr. Raúl A. Klag Dr. Eduardo E. Kirschenheuter Dr. Carlos M. Gonçalves Dr. Carlos A. Rocamán

Nos aproximamos a la expiración del año 2014.

Cuando RePro esté llegando a manos de los lectores nos encontraremos próximos a la celebración de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Como tantos otros, ha sido un período de plena actividad institucional, desplegada en cada uno de los campos que ocupan nuestro quehacer.

La capacitación permanente, la Acción Social, la defensa de la Profesión, la inserción comunitaria, la interacción con los poderes públicos, la prestación de servicios a los matriculados, entre muchos otros, han sido temas que de manera cotidiana formaron parte de nuestra agenda, del mismo modo que continuarán haciéndolo en los días, meses y años venideros.

Queremos destacar asimismo, dos aspectos que consideramos relevantes: en primer término, la recertificación de IRAM a nuestro proceso de gestión de matrícula profesional, que marca claramente el compromiso de la alta dirección y del personal -tanto de Sede Provincial como de las Delegaciones- con la búsqueda de la mejora continua como herramienta para un adecuado desenvolvimiento que satisfaga las necesidades que en ese campo requieren los colegas.

Evaluaremos en su momento, extender el alcance a otros procesos que involucran la gestión institucional. En segundo lugar, se prosiguió en el avance sin pausas tras la meta de brindar a los matriculados, la infraestructura edilicia requerida para una óptima realización de las distintas actividades. Así, cabe resaltar lo avanzado con las obras de Morón, Tres Arroyos, General Pueyrredon y Sede Provincial, asunto sobre el que volveremos en próximos contactos a través de esta columna editorial.

Finalmente, hago llegar a todos los colegas y sus familias, los mejores deseos de felicidad para el año que en pocos días habrá de comenzar.

Caja de Seguridad Social para LOS Profesionales en Ciencias Económicas de la Prov. de Buenos Aires

Consejo de Administración Presidente Dr. Ricardo Arzoz Vice Presidente 1º Dra. Lucía S. Barcia Vice Presidente 2º Dra. Laura G. Accifonte Director de Finanzas e Inversiones Dr. Julio C. Giannini Director Contable Dr. Ramiro J. Hernández Vocal Dra. Fusako Oka Vocal Dr. Luis Ortis Vocal Dr. Mauro Gandoy Vocal Dra. Mariel L. Olivera Córdoba Vocal Dr. Enrique Moure Vocal Dra. Yolanda Gaglione

Dr. Alfredo D. Avellaneda

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Suena bien PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

RePro | Realidad profesional Revista del Consejo Profesional de Ciencias EconÓmicas de la Provincia de Buenos Aires Y SU CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL Staff

Director Responsable Dr. Alfredo D. Avellaneda Director Ejecutivo Mario Sarlangue Consejo de Dirección Dra. Lucía S. Barcia y Dr. Julio D. Carson Redacción Lic. Agustina Valsecchi Lic. Pablo Marco Lic. Virginia Nash Diseño gráfico Rosendo Abalo Realidad Profesional es una publicación propiedad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As. y su Caja de Seguridad Social.

Calle 10 Nº 720 (B1900TJA) La Plata, Bs. As. Argentina.

Tel./fax 0221.4225278

Publicidad: 0221.4225278 int. 22 prensa@cpba.com.ar www.cpba.com.ar Tirada 22.000 ejemplares Todos los derechos reservados.

Propiedad intelectual N° 5154244 Se permite la reproducción total o parcial del material de esta publicación citando la fuente.

Los textos que se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento de sus editores.

Imprime Artes Graficas Nesdan S.R.L. Virrey Cevallos 1973, CABA Con esta edición Boletín Informativo N°81 e Informe de coyuntura N°148: 81

www.cpba.com.ar 2 | RePro

Cuerdas, guitarras y baterías concentran su producción en territorio bonaerense. PyMes y luthieres se reparten la mayor producción de instrumentos a nivel nacional

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12 Somos parte de un Consejo Solidario

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Nuevas funcionalidades de autogestión en CPBA ON-LINE

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La responsabilidad social cooperativa y universitaria

16 Detrás de la farmacia

20 Un incentivo para estar al día

Abrazo profesional

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24 Billetes por tamaño

Suena bien

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30 El costo del sedentarismo y la obesidad

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El Idioma de los Negocios Administración Business en castellano

Nuevos Lineamientos del Sistema de Control Público Provincial

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Los caminos de la producción

34 Olimpíadas interprofesionales

38 IPIT

41 Universo Consejo: Los únicos

Regulación de las relaciones de producción y consumo

ADEMÁS | 4 Buen Consejo | 6 Caja de Noticias | 8 Delenoticias

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Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

UN BUEN CONSEJO Sesión de Consejo Directivo en Sede Provincial Consejeros de toda la Provincia dijeron presente en la ciudad de La Plata el 7 de noviembre para asistir a una nueva sesión de Consejo Directivo.

El Presidente del Consejo Profesional, Dr. Alfredo D. Avellaneda, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y dar por iniciado el encuentro llevado a cabo en el salón de actos de Sede Provincial. Lo acompañaron los Dres. Julio D. Carson, Vicepresidente 1°; Roberto de Lucía, Vicepresidente 2°; Luis A. Calatroni, Secretario General; Raúl J. Puhl, Secretario de Hacienda; Ricardo Arzoz, Secretario de Seguridad Social; Luis E. Bacigaluppe, Secretario de Relaciones Institucionales; Roberto L. Nobo, Secretario de Presupuesto y la Dra. Lucía S. Barcia, Secretaria de Seguridad Social.

Entre los presentes se encontraban: la Dra. Laura E. Sarafoglu (Dlg. La Plata), los Dres.

Alberto D. Villafañe (Dlg. San Isidro), Alejandro I.

Sagarna (Dlg. Azul), Domingo F. L. Elías (Dlg. Tres Arroyos), José L. Cueli (Dlg. Trenque Lauquen), Mario E. Ruiz (Dlg. Lincoln), Mario L. Isa (Dlg. San Nicolás), Edgardo A. Pereira (Dlg. Olavarría) y Luis M. Rementería (Dlg. Mercedes).

Además asistieron las Dras. Marina D. Gómez Scavino (Dlg. La Plata) y Susana M. Costa (Dlg. Lomas de Zamora), y los Dres. Hugo C. Albano (Dlg. Bahía Blanca), Gabriel Giannelli (Dlg. Chacabuco), Luis I. Tous (Dlg. La Plata), Marcelo A. Sallenave (Dlg. Chascomús), Gabriel Trípano (Dlg. Necochea), Jorge P. Zóppolo (Dlg. Bahía Blanca), Carlos A. Yacovino (Dlg. Bragado), Oscar M. Azara (Dlg. San Nicolás), Raúl A. Klag (Dlg. Avellaneda) y Carlos M. Goncalves (Dlg. Gral. Pueyrredon).

Impuesto a las Ganancias: las rentas de los profesionales son de cuarta categoría La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió acerca de las ganancias provenientes de la prestación de servicios profesionales de un colega profesional en Ciencias Económicas. En relación a

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este caso, el Dr. Oscar Fernández, miembro de la Comisión Provincial de Estudios Tributarios analizó el fallo y en nuestra web (www.cpba.com.ar) compartimos su trabajo con la matrícula.

Un nuevo integrante de la galería de ex Presidentes del Honorable Tribunal de Ética

En un sencillo pero emotivo acto, el 16 de octubre se descubrió la foto del Dr. Martín A. Garobbio, quien se desempeñó en el cargo de Presidente del H. Tribunal de Ética durante el período 2011-2013.

El evento contó con la participación del Secretario General del Consejo Profesional, Dr. Luis A. Calatroni, la actual presidente del Honorable Tribunal de Ética, Dra. Mabel E. Forte y el Delegado Presidente de la Delegación Avellaneda, Dr. Carlos García Vázquez. Además, estuvieron presentes miembros del H. Tribunal de Ética, su ex presidente, Dr. Hugo A. Gallo, ex compañeros del cuerpo y su familia.

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diario de gestión Nuevamente el Consejo Profesional alcanzó la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad según la norma IRAM-ISO 9001:2008

Mesa Directiva en Gral. Pueyrredon y San Isidro

La Delegación Gral. Pueyrredon fue anfitriona del encuentro semanal llevado a cabo el 17 de octubre y del que, además de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo, participaron también representantes de la Delegación.

Luego, las autoridades del Consejo encabeLa Gestión de Matrícula Profesional del Consejo obtuvo esta certificación -que entrega el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)- por primera vez en 2005 y la sostiene desde entonces tanto en la Sede Provincial como en todas las Delegaciones del Consejo.

zadas por el Dr. Alfredo Avellaneda, Presidente de la institución, se reunieron el 31 de octubre en San Isidro junto a representantes de la Delegación local, miembros de las delegaciones vecinas, invitados especiales y matriculados de la región.

Reunión de Delegados Presidentes

ARBA - Solicitud del Consejo relativa al Domicilio Fiscal Electrónico Ante la imposibilidad de acceder al domicilio fiscal electrónico por parte de responsables del impuesto sobre los Ingresos Brutos comprendidos en el inciso 2) del artículo 21 del Código Fiscal, el Consejo solicitó al Director Ejecutivo Dr. Iván Budassi la habilitación en el sitio Web de la Agencia de un procedimiento directo que les facilite la obtención del CIT y con ello la consulta de su DFE personal.

Concordante con ello se solicita se deje en suspenso el plazo establecido en el segundo párrafo del actual artículo 13 de la Resolución Normativa N° 007/14, o se arbitren otras medidas en tal sentido.

El Salón “El Caduceo” de la Delegación Gral.

Pueyrredon se vio colmado en la tarde del 16 de octubre por la presencia de los representantes de todas las Delegaciones del Consejo Profesional que participaron de la reunión de Delegados Presidentes.

Luego de la bienvenida por parte del Dr. Marcelo Gómez, Delegado Presidente local, se desarrolló un extenso temario que permitió el intercambio y las consultas con las autoridades institucionales.

Formaron parte del encuentro los Dres. Alfredo Avellaneda, Presidente del Consejo Profesional; Julio Carson y Roberto de Lucía, Vicepresidentes 1° y 2° respectivamente; Luis Calatroni, Secretario General; Raúl Puhl, Secretario de Hacienda; Ricardo Arzoz, Secretario de Seguridad Social; Luis Bacigaluppe, Secretario de Relaciones Institucionales, Roberto Nobo, Secretario de Presupuesto, y Lucía Barcia, Secretaria de Acción Social.

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Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

CAJA DE NOTICIAS Comisión Consultiva: una oportunidad para el encuentro

En el marco de las actividades que se llevaron a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Mar del Plata, se realizó una nueva sesión de la Comisión Consultiva de la Caja de Seguridad Social.

La apertura del evento estuvo encabezada por el Dr. Alfredo Avellaneda, Presidente del Consejo Profesional, acompañado por las autoridades de la Caja de Seguridad Social: el Dr. Ricardo Arzoz, Presidente de la institución; las Dras. Lucía Barcia y Laura Accifonte, Vicepresidente 1° y 2° respectivamente; el Dr. Julio Giannini, Director de Finanzas e Inversiones; el Dr. Ramiro Hernández, Director Contable y el Dr. Alberto Sala, Secretario de la Comisión Consultiva.

En el discurso de bienvenida, el Dr. Alfredo Avellaneda mencionó la importancia de compartir este tipo de encuentros con la presencia de representantes de los distintos niveles de conducción institucional, destacando muy especialmente la presencia de los Jóvenes Graduados.

Al respecto enfatizó que “es uno de los soportes donde descansa la conducción de estas instituciones que solo así pueden perdurar en el tiempo: sabiendo que hay detrás una importante transversalidad generacional que es la que garantiza la continuidad en la acción”. Asimismo remarcó que “todos los días tenemos posibilidades de aprender algo nuevo y este es el

ámbito para que esos jóvenes que hoy están presentes puedan aprender e incorporar nuevos conocimientos, porque es la única forma que se van a poder integrar a la conducción de los cuerpos institucionales”.

A continuación, el Dr. Arzoz tomó la palabra para dar la bienvenida a los presentes y agradeció en la persona de la Dra. Lucía Barcia, a la Delegación Gral. Pueyrredon y a todos los que trabajaron para que estas reuniones se llevaran a cabo.

Posteriormente comenzó el desarrollo del temario previsto y se llevó a cabo una conferencia sobre la actualidad económica nacional y el contexto internacional a cargo del Dr. Enrique Szewach.

Sesión del Consejo de Administración en La Plata El jueves 30 de de octubre las autoridades de la Caja de Seguridad Social se volvieron a reunir para llevar a cabo otra sesión del Consejo de Administración.

El encuentro estuvo encabezado por el Dr. Ricardo Arzoz, Presidente de la institución, quien dio comienzo a la sesión para luego dar lugar al tratamiento del orden del día. Junto al Dr. Arzoz se encontraba la Dra. Lucía S. Barcia, Vicepresidente 1°; el Dr. Julio Giannini, Director de 6 | RePro

Finanzas e Inversiones y el Dr. Ramiro Hernández, Director contable.

Participaron también de esta sesión los directores vocales: Dres. Fusako Oka, Mauro Gandoy, Luis E. Ortis, Enrique Moure y Mariel Olivera Córdoba.

Asimismo se hicieron presente miembros de la Comisión Fiscalizadora: Dras. María R. Antonini, María E. Villafañe, Vilma Vaello y el Dr. Alberto Sala, Secretario de la Comisión Consultiva

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información a diario Distinción para la Vicepresidente de nuestra Caja

La Dra. Laura G. Accifonte, Vicepresidente 2° de la Caja de Seguridad Social, fue reconocida con la distinción “Gobernador Enrique Tomás Testo”, por su aporte al Desarrollo Económico Integrado de América Latina, como “Líderes para el Desarrollo” por la trascendencia regional de su labor y su aporte al bienestar de la sociedad latinoamericana.

El reconocimiento es instituido por la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y el Club Shalom, y se confiere a aquellos representantes de los gobiernos locales, funcionarios y profesionales en el marco del Programa de Apoyo a las Iniciativas de los Gobiernos Locales- Relacionar.

Emotivo reconocimiento

Reunión de Mesa Directiva en el interior

La Delegación General Pueyrredon fue sede de la Reunión de Mesa Directiva del Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social.

En la Sala Gasparini se dieron cita el Dr. Ricardo Arzoz, Presidente de la institución, las Dras. Lucía Barcia y Laura Accifonte, Vicepresidente 1° y 2° respectivamente, los Dres. Julio Giannini, Director de Finanzas e Inversiones y Ramiro Hernández, Director Contable.

Asimismo participaron del encuentro los Dres. María R. Antonini, Juan Giacalone y María E. Villafañe, miembros de la Comisión Fiscalizadora; los Directores Vocales Dres. Luis Ortis y Mariel Olivera Córdoba y el Secretario de la Comisión Consultiva, Dr. Alberto Sala.

Cumplió y ganó En el marco de la última Sesión del Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social, las autoridades dieron lugar al reconocimiento de dos empleados que cumplieron 25 años de trabajo dentro de la institución.

En esta oportunidad, los homenajeados fueron la Sra. María Marta Escudero, de la Gerencia de Delegaciones y el Sr. Daniel Suriano de la Gerencia de Finanzas.

El Dr. Arzoz brindó unas cálidas palabras de agradecimiento e hizo entrega de la tradicional medalla de reconocimiento por los años de servicio y dedicación.

Las autoridades de la Caja de Seguridad Social hicieron entrega de un nuevo Beneficio por Buen Cumplimiento de Aportes, el tercero en lo que va del año.

En esta ocasión, el colega matriculado que

Luego de la bienvenida formal a la ciudad y a la Delegación por parte del Delegado Presidente Dr. Marcelo Gómez, se comenzó la jornada de trabajo de la cual también participaron en su calidad de representantes locales, los Dres. Lucas Sobrado, Delegado Vicepresidente; Pablo Montegriffo, Delegado Secretario de Seguridad Social; María Alejandra Clemente, Delegada Pro Secretaria de Hacienda; Franco Chiquette, Delegado Pro Secretario de Seguridad Social y en representación de la Delegación Avellaneda, su Delegado Secretario de Seguridad Social, el Dr. Juan Oliveto do Santos.

Por último, también participaron los Gerentes de diversas áreas de funcionamiento institucional.

resultó premiado por cumplir con sus obligaciones previsionales en tiempo y forma, fue el Dr. Aldo I. Rossi de la Delegación La Plata.

El Dr. Rossi se convirtió en adjudicatario de una notebook que fue entregada por la Dra. María E. Villafañe y el Dr. Juan Giacalone, ambos miembros de la Comisión Fiscalizadora, junto al Gerente de Servicios Administrativos de la institución, Dr. Claudio H. Massacesi.

Antes de proceder a la entrega del premio, el Dr. Rossi respondió correctamente tres preguntas de carácter institucional, requisito indispensable para acceder al beneficio.

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DeleNoticias DLG. Avellaneda

V Jornadas Bonaerenses de Sindicatura Concursal y III de Auxiliares de Justicia MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/avellaneda

Se desarrollaron los días 2 y 3 de octubre. Acompañó en el estrado al Dr. Alfredo Avellaneda, Presidente del Consejo Profesional, el Delegado Presidente de la Delegación anfitriona, Dr. Carlos García Vázquez.

DLG. gral. pueyrredon

Taller de Planificación comercial para empresas pymes

DLG. la plata

Noche cultural MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/laplata

En la Delegación La Plata se presentó el cantautor Néstor Vera con su “Recital Despedida”. De la velada participaron como artistas invitados Pino Ferro y Oscar Gratti.

DLG. lomas de zamora

Matrícula en crecimiento MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/lomasdezamora

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/gralpueyrredon

El 29 de octubre pasado, el Lic. Ricardo de Elorza brindó esta actividad en la sede de la Delegación ante un nutrido grupo de colegas.

DLG. junín

El viernes 24 de octubre se realizó en la sede de la Delegación Lomas de Zamora un nuevo Acto de Juramento en el que 23 colegas fueron habilitados para el ejercicio de la profesión en el ámbito provincial.

DLG. mercedes

Actualización a sala llena

Jornada de Actualización del RENATEA región Mercedes

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/junin

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/mercedes

La charla sobre Actualización Tributaria brindada por el Dr. Alberto Coto el lunes 27 de octubre en la Delegación Junín convocó a medio centenar de profesionales.

Matriculados de las localidades de San Antonio de Areco, Luján, Chivilcoy y Mercedes asistieron a la charla brindada por la Ing. Silvia Gils Carbó en el salón de actos de la Delegación el pasado 21 de octubre.

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DLG. olavarría

DLG. tandil

Quinteto “Vientos de Olavarría”

Nuevos matriculados

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/olavarria

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/tandil

Con la participación como invitado del Coro Polifónico Municipal de Las Flores, el quinteto se presentó en la Delegación como parte del ciclo de conciertos que desarrolla en la temporada 2014.

El viernes 3 de octubre se realizó en la sede de la Delegación Tandil un nuevo Acto de Juramento, en el que quince colegas se sumaron a nuestra matrícula.

DLG. pergamino

DLG. trenque lauquen

Actualizados

Gran interés en la RT 37

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/pergamino

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/trenquelauquen

Casi un centenar de profesionales asistieron en la Delegación Pergamino a nuevo curso de Actualización Impositiva, dictado por el Dr. Oscar Fernández

El martes 22 de octubre un gran número de colegas se dieron cita en las instalaciones de la Delegación para participar del Curso sobre Resolución Técnica Nº 37 de la FACPCE.

DLG. san martín

DLG. tres arroyos

Curso sobre “Ejecución de honorarios judiciales”

Gran convocatoria

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/sanmartin

MÁS INFORMACIÓN EN www.cpba.com.ar/tresarroyos

El jueves 6 de noviembre se realizó en el Salón de Actos “Dr. Gerardo Alejandro Cosentino” de la sede de la Delegación el curso a cargo del Dr. Arturo E. Giuffré orientado a profesionales que actúan en la justicia.

El lunes 3 de noviembre se realizó una concurrida actualización impositiva que contó con la participación de más de cuarenta profesionales de Tres Arroyos y Adolfo González Chaves.

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PUBLICACIÓN DE LA Secretaría de acción Social

Somos parte de un Consejo Solidario A lo largo de nuestras vidas transcurren momentos felices y otros que no lo son; en ambos casos es importante contar con una mano amiga con quien compartir.

En este sentido, el Consejo desde hace más de 30 años cuenta con un programa solidario de Acción Social, integrado por un conjunto de beneficios destinados a brindar contención tanto a los matriculados, como a su grupo familiar primario.

La vigencia de este programa encuentra sus fundamentos en la necesidad de considerarnos como semejantes, por encima de la profesión que en sus diferentes opciones compartimos; enfrentando a los paradigmas de la modernidad que propician la indiferencia por sobre la solidaridad.

El objetivo es brindar una ayuda económica ante determinados acontecimientos puntuales; de ninguna manera esto implica reemplazar las políticas activas con las que el Estado debe abastecer y sostener a los grupos vulnerables. Es un apoyo solidario entre pares, que pertenecen a una Institución Intermedia, que nuclea personas que ejercen o han ejercido una profesión universitaria.

El único requisito es estar al día con las obligaciones del Consejo y de la Caja de Seguridad Social. Como en todos los órdenes y en forma permanente, monitoreamos el comportamiento de la población de beneficiarios de acuerdo a los tres ejes estratégicos que sostienen el programa y que actualmente son: 1. Mantener la afectación presupuestaria dentro del tercio de los ingresos generados por la recaudación del Derecho de Ejercicio Profesional. Esta pauta, que es una decisión política aprobada en los estamentos correspondientes de nuestra entidad; se ha concebido a partir de una distribución equitativa de los recur10 | RePro

sos entre las diferentes actividades, las que de una forma u otra sostienen el ejercicio profesional.

2. Fortalecer la contención de los matriculados, que por circunstancias desfavorables que le sean propias o a su vínculo familiar directo, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para desarrollar este eje se ha estudiado minuciosamente el comportamiento de los casos que se han presentado, razón por la cual los beneficios tienen distintos montos y tiempos; intentando de esta forma reducir los niveles de incertidumbre ante situaciones traumáticas.

3. Garantizar su sustentabilidad en el tiempo. Este punto es quizás el más difícil. Sin lugar a dudas, en todo programa de Acción Social se camina por finos equilibrios entre los requerimientos y la limitación de los recursos. De ahí la necesidad imperiosa de establecer barreras de ingreso y permanencia para aquellos beneficios que son de tracto continuo y acompañan en toda su vida al beneficiario que los percibe.

Este programa, por razones de aprovechamiento de las estructuras y economicidad es gestionado por la Gerencia de Seguridad Social de nuestra Caja de Jubilaciones, esto no importa injerencia alguna en la toma de decisiones ni en el financiamiento; ya que todos los años, desde la Secretaría de Acción Social del Consejo y en función de la casuística observada y la población de matriculados, se determina el número probable de casos. Luego se realiza una matriz entre las variables mencionadas y el importe que representa el tercio del presupuesto de ingresos de nuestro Consejo Profesional en concepto de pago de matrícula (DEP) y se establecen los montos individuales de los subsidios, resolviendo el Consejo Directivo acerca de su viabilidad.

Requisitos Generales • Ser beneficiario al momento del hecho generador del subsidio.

Es decir, ser matriculado activo, o jubilado o pensionado adherido al programa de beneficios de Acción Social a través de las Resoluciones N° 835/88 y N° 188/90. Son beneficiarios, su grupo familiar a cargo, los hijos menores hasta los 21 años de edad, extendiéndose hasta los 25 años en caso de estar en condiciones de percibir la beca de estudio y los hijos incapacitados a cargo, sin límite de edad.

• No tener deuda vencida con nuestro Consejo Profesional ni con nuestra Caja de Seguridad Social a la fecha de solicitud del subsidio. Si el solicitante se encuentra abonando al día un plan de regularización de aportes mínimos, se encuentra habilitado para solicitar el subsidio.

• Presentar los subsidios dentro del plazo de un año, a contar a partir del hecho generador del subsidio: nacimiento, adopción y fallecimiento. O dentro de los plazos específicos que tienen los subsidios por incapacidad permanente y transitoria y los de tracto continuo, como los subsidios por hijo discapacitado e incapacitado a cargo y becas de estudio.

Condiciones Específicas • Subsidio por Nacimiento: Es un importe fijo por hijo. La cobertura subsiste en caso de mortinatos, cuando se trate de embarazos de más de 7 meses. El plazo de presentación es de un año, a contar desde el nacimiento. En los casos donde se acredite una discapacidad congénita, se duplica el importe del subsidio.

• Subsidio por Adopción: Es un importe fijo por hijo. El plazo de presentación es de un año, computándose desde la fecha de la sentencia de adopción plena.

• Subsidio por Incapacidad Total y Permanente: Es un importe fijo. Se otorga al afiliado que haya quedado incapacitado para ejercer la profesión y tendrá derecho a él cuando accede al beneficio de jubilación por invalidez otorgado por la Caja. El porcentaje mínimo de incapacidad total es del 66% de la capacidad laborativa del matriculado, objetivada según las normas del Baremo Nacional – Dto. 478/1998.

• Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria: Se abona por el tiempo que dure la incapacidad transitoria por la cual el matriculado no puede ejercer la profesión. El importe mensual del subsidio es de cuatro (4) veces el aporte mensual a la Caja, en función de los aportes realizados dentro de los 36 meses inmediatos anteriores al mes de inicio de la incapacidad. El importe resultante no puede superar los 200 caduceos mensuales. A dicho importe se le adiciona el aporte previsional y el Derecho de Ejercicio Profesional correspondiente al período de

incapacidad. La solicitud se debe presentar dentro de los 90 días contados a partir de la fecha de inicio de la incapacidad y se abona como lapso máximo durante un año.

• Subsidio por Fallecimiento: Es un importe fijo. Este subsidio se otorga por deceso del matriculado, jubilado o pensionado, beneficiario del programa, o por deceso de algún integrando del grupo familiar. El plazo de presentación es de un año, desde la fecha de deceso del causante. Los beneficiarios del subsidio, por orden de prelación excluyente son: a) Cónyuge o conviviente. b) Hijos del causante con derecho a pensión. c) En caso de que no hubiera, el beneficiario será aquel que se hizo cargo de los gastos de sepelio, debiendo presentar el original de la factura y el pago se hará hasta la concurrencia del gasto si este es menor al importe del subsidio.

• Subsidio por Hijo Discapacitado: Es de tracto continuo, es anual pero se abona en tres (3) cuotas, durante los meses de marzo, junio y septiembre. La discapacidad debe estar comprobada por Certificado de Discapacidad emitido por Ministerio de Salud y convalidada por nuestra Asesoría Médica. Su vigencia es hasta el 31 de diciembre del año en que el menor cumple los 18 años de edad. De encontrarse incapacitado se convertirá en un subsidio por hijo incapacitado a cargo.

• Subsidio por Hijo Incapacitado a Cargo: Es de tracto continuo, es anual pero se abona en tres (3) cuotas, durante los meses de marzo, junio y septiembre. Durante la vigencia del subsidio, todos los años, a partir del segundo año de percepción, se debe presentar certificado de supervivencia del hijo. Para otorgar este subsidio se deberá contar con el dictamen médico expedido por nuestra Asesoría Médica, donde se acredite que el hijo tiene una incapacidad laboral mínima del 66%, según las normas del Baremo Nacional Dec. 478/1998, y además a través de un informe ambiental, se determine si se encuentra a cargo del beneficiario.

• Becas de Estudio para Hijo de Profesional Fallecido: Es de tracto continuo. El importe es anual pero se abona también en tres (3) cuotas. Se abonan por los hijos a cargo del matriculado, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan los 25 años de edad, que estuvieren cursando regularmente estudios. No se incluyen los estudios terciarios. No hay renovación automática, debiendo presentar las solicitudes, más los certificados de alumno regular y analíticos. La no presentación implica el no pago de la cuota o su pago proporcional, de corresponder.

Los beneficios del programa de Acción Social del Consejo pueden ser solicitados en cualquier Delegación o Receptoría. Para más información visite la página www.cpba.com.ar RePro | 11

NOTA DE AUTOR Dr. Juan José Carrizo

Contador Público

La responsabilidad social cooperativa y universitaria Desde que la contabilidad debe dar cuenta y razón de las operaciones empresarias, nuestra disciplina tiene que ser un ejemplo de responsabilidad en aquello que registra y controla, y los profesionales a ella ligados hacen así culto de su compromiso ético, que alcanza por cierto a sus restantes incumbencias.

También las empresas que producen bienes o brindan servicios afrontan responsabilidades por la calidad, peso exacto y precio justo de aquello que ofrecen al mercado y las obligaciones fiscales y otras de distinto tipo a ellos conexas.

Pero actualmente las responsabilidades individuales del contador público o del empresario, se ven extendidas y alcanzan una dimensión social que trasciende el estrecho límite de lo particular, proyectándose al entorno, desde el que se demandan demostraciones ciertas de genuina preocupación por la comunidad.

La medición de esa responsabilidad social ya cuenta con instrumentos que se van perfeccionando, a los que nuestras profesiones de ciencias económicas se encuentran necesariamente involucradas, comprendiendo tanto el ámbito público como el privado, y dentro de este último figuran, entre otras, las empresas cooperativas.

El Balance Social culmina esas mediciones con su análisis y presentación que, en el caso de las cooperativas, no pueden dejar de reflejar la sujeción a los valores y principios doctrinarios que las fundamentan.

La Responsabilidad Social Cooperativa La sigla RSE (Responsabilidad Social Empresaria) ha alcanzado amplia difusión y que hablemos de RSC para una similar referencia a la empresa cooperativa, no debe interpretarse como si fuera el mero seguimiento a un tema de moda o a una exigencia reglamentaria.

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Tampoco lo que los especialistas denominan ahora “el salto de la RSE a la sustentabilidad”, es una novedad a la que las cooperativas tengan que adherirse tardíamente, cuando el cooperativismo está instalado en ella hace tiempo.

Al ser la cooperativa hija de la madre necesidad y del padre ideal de justicia, se somete a servir a la primera sin servirse de ella y con sujeción a valores y principios que reglan un particular acto no lucrativo que se produce en el interior de la organización, donde la responsabilidad está ínsita, implícita, incluida sin expresarlo, porque el compromiso es brindar un servicio a quienes experimenten la necesidad que dio origen al ente.

Sin perjuicio de ello, la responsabilidad se trasuntará tanto hacia el interior como hacia el exterior de la cooperativa.

Hacia el interior –entre otras razones- por vía del retorno al asociado, la participación asistencial y laboral del personal en el resultado y el acceso a la conducción y fiscalización para todos quienes resulten democráticamente electos, con sometimiento del aporte económico estable (capital) a la atención de la necesidad creadora, aún sin ninguna compensación, ni pretensión de acrecentamiento vía reservas en la disolución -ya que son irrepartibles- y habrá destino desinteresado del sobrante patrimonial, además de prescribirse la intransformabilidad cooperativa en otra forma jurídica.

Hacia el exterior, los Pioneros de Rochdale en 1844 concibieron en su estatuto al cooperativismo como sistema que, “en la medida de lo posible” se extenderá “a organizar las fuerzas de la producción, la distribución, la educación y el gobierno”.

La Alianza Cooperativa Internacional concibió el objeto del principio de integración de dicho estatuto para “servir mejor los

intereses de sus miembros y de la comunidad”.

No estamos ante meras declaraciones de buenos propósitos. Al fijarse como reglas de actuación aprobadas no sólo por la Alianza sino también por la ley argentina de cooperativas, los principios cooperativos son doblemente exigibles.

El principio doctrinario de “Preocupación por la comunidad” –redactado por la ACI- establece que las empresas cooperativas: “a las vez que atienden las necesidades de sus asociados, trabajan en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por aquellos”.

El más reciente mensaje de la ACI, compartido por las Naciones Unidas, se titula: “Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos”, afirmación en la que los especialistas en sustentabilidad coinciden pues comprende no sólo a los usuarios, sino también a los trabajadores, proveedores, comunidad en general y al medio ambiente. Fue emitido el 5 de julio de 2014 y además de afirmar que “la sostenibilidad forma parte de la naturaleza intrínseca del sector cooperativo”, dice: “preocuparse por la comunidad es uno de los valores fundacionales del movimiento cooperativo y, como tal, la necesidad de salvaguardar de manera sostenible unas condiciones de vida favorables para las comunidades constituye la base de las acciones y la visión de todas las cooperativas”.

Si tenemos en cuenta que “bien común es crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la persona humana”, las cooperativas se incluyen entre las entidades del tercer sector o sector de la economía social y solidaria que persiguen dicho bien común. Se ha dicho con acierto que “restaurar el fin social del hombre resguardando su medio como inherente a su conservación es el objetivo de la cooperación”.

Y ligado a dicho bien común, debemos poner de relieve otro elemento esencial y es la paz como valor del cooperativismo y sus empresas, recordando la Resolución del Comité Ejecutivo de la ACI (1912): “La paz entre los pueblos es uno de los principios fundamentales del cooperativismo”, como lo recordó y propuso el Congreso Argentino de la Cooperación 1989. Sin ella, la sustentabilidad es sólo aspiración; la paz se impone como condición de la democracia, la cooperación y la misma supervivencia humana.

La Responsabilidad Social y Sustentabilidad Cooperativa surge en forma nítida y exigente para quienes asumen su funcionamiento y para quienes desempeñen sus auditorías profesionales, pues está en su naturaleza solidaria de empresa social.

No está de más recordar el diálogo de Peter Drucker e Isao Nakauchi, quienes recomendaban a las corporaciones “asemejarse cada vez más a las organizaciones sin fines de lucro, con el único objetivo de ser entidades sociales o colaboradores sociales”.

La Responsabilidad Social Universitaria Los Consejos Sociales de las Universidades Españolas sesionaron, en febrero de 2014, en las Primeras Jornadas Internacio-

nales de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), no sólo con miras a su acción externa sino también en torno a cambios en las curriculas y pedagogías, en procura de “una mayor implicación hacia las necesidades de la sociedad y la creación de una red de profesores universitarios en España, Europa y Latinoamérica, interesados y comprometidos” con dicha responsabilidad.

En nuestro país, el Ministerio de Educación de la Nación termina de suscribir -el 17 de junio- un Convenio de Colaboración con el INAES y la Confederación COOPERAR, que entre otros objetivos incluye la promoción de la formación profesional, la investigación científica y las actividades de extensión en las Universidades en materia de cooperativas y simultáneamente ha lanzado -a través de la Secretaría de Políticas Universitarias- un programa de proyectos y formación de redes cooperativas, que ponen en foco a este tipo de empresa.

Esto demuestra la vigencia del tema de la RSU, así como la necesidad que las cooperativas tienen de contar con servicios universitarios que las comprendan en su particular naturaleza y complejidad, resaltando naturalmente el contador público, que ha sido impuesto obligatoriamente para su auditoría.

La experiencia indica -según mi opinión- que, además de los ya existentes posgrados, licenciaturas y tecnicaturas sobre la economía social y sus empresas, deberían instrumentarse asignaturas en las carreras de grado de ciencias económicas y, para contadores crearse, además, especializaciones en auditoría cooperativa.

Los anuncios oficiales indican una mayor implicación de las Universidades en relación a las necesidades apuntadas y esa responsabilidad social asumida, debe ser interpretada con alcance hacia los profesionales en ellas formados y en formación, lo que –en cuanto a las cooperativas- hace recomendar la conveniencia de comprender en profundidad la lógica del bien común que naturalmente las nutre.

Consideramos que esto último debe hacerse notar –por los profesionales actuantes- del modo lo más didáctico posible a quienes conforman las cooperativas, en especial a sus consejeros y síndicos.

El tema cobra trascendencia como responsabilidad universitaria pues el graduado generalmente no tiene ante sí a empresarios natos sino simplemente a vecinos necesitados de un asesoramiento preconstitutivo que no cesa con ellos, sino que se mantiene para los nuevos asociados en la larga vida para la que se suelen proyectar los emprendimientos cooperativos, que -como la OIT destaca- operan en todos los sectores de la economía.

Estas reflexiones alcanzan a los contadores y demás graduados en ciencias económicas, que no sólo pueden ser auditores o asesores volcados con entusiasmo a servirlas, sino también funcionarios de organismos fiscalizadores, de promoción, tributarios, previsionales, o actuantes en otro tipo de entes públicos y privados, así como legisladores del orden nacional, provincial o municipal, frente a los cuales las cooperativas suelen manifestarse incomprendidas en lo que hace a su particular naturaleza distintiva.

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cpba on-line

CPBA ONLINE

Nuevas funcionalidades de autogestión

en CPBA ON-LINE Siempre buscando dar mayores y mejores servicios a nuestros matriculados, es que renovamos nuestra plataforma de autogestión. Ahora, además de las funcionalidades de siempre, contamos con nuevas alternativas para poder realizar sus consultas y generar boletas de pago con un simple click.

Desde hace ya tiempo, el sistema CPBA On Line permite a todos los matriculados realizar sus consultas a través de Internet. Esta plataforma ha ido sumando a lo largo de los años, nuevas funcionalidades y beneficios.

Solo contabilizando el ingreso al sistema de los primeros diez meses de 2014, vemos que más de 14 mil colegas han utilizado CPBA On Line, en su mayoría matriculados activos.

Si por el contrario, hacemos una observación por rango etario, vemos que el grupo que más utiliza las funcionalidades de es el que se ubica entre los 34 y los 43 años con el 33% de los ingresos al sistema; luego con similares porcentajes que rondan el 20% se encuentran los grupos que van de los 44 a 53 y de 54 a 63​años. Como vemos, el uso de esta herramienta es abarcativa de toda la matrícula y las funcionalidades disponibles responden a necesidades de profesionales en distintos momentos de su vida profesional.

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Asimismo esta herramienta se ha instalado como un espacio de servicio, donde encontrar rápida respuesta a cálculos de honorarios, proyecciones, generación de boletas de pago e incluso realizar capacitaciones desde la comodidad de su hogar a través de las conferencias que propone el IPIT Virtual.

Funcionalidades disponibles: • Generación de boletas para el pago de las obligaciones con la Caja y con el Consejo: • Anticipos del derecho de ejercicio profesional • Aportes mínimos • Aportes y Contribuciones sobre Honorarios (nueva) • Planes de financiación (nueva) • Préstamos (nueva) • Consulta de resúmenes de cuenta • Consulta de deuda

• Cálculo de honorarios profesionales • Informes de actuaciones • Consulta de montos prestables • Proyección de haber jubilatorio • Consulta de liquidaciones del beneficio previsional

• Acceso a las Conferencias Gratuitas del IPIT Virtual • Acceso al servicio de asesoramiento impositivo • Obtención del Certificado de Supervivencia. Entrando a “Beneficios Previsionales”, aparece una nueva opción “Certificado de Supervivencia”.

Por último, con el ánimo de estar más comunicados, disponemos de nuevas alternativas para obtener notificaciones y avisos de vencimiento, que ahora podrá recibirlas por correo electrónico.

Simplemente, debe mantener sus datos de contacto actualizados en el botón DATOS PERSONALES / EDITAR PERFIL, para que podamos acercarle el material de la forma que desee y responder sus inquietudes y consultas con mayor agilidad.

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AMPLIANDO HORIZONTES Nota 12

Dr. Fabián Mallo Contador Público

MUCHOS FRENTES POR ATENDER

Detrás de la farmacia Conocemos el aporte de los profesionales en Ciencias Económicas en el ámbito farmacéutico. Formación de precios, auditoría y aspectos impositivos son solo algunas aristas del gran aporte de los colegas en esta industria.

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El desempeño de la actividad de contador en el negocio de las farmacias, no es una tarea sencilla, ya que son el eslabón que une la cadena de negocios de la industria. La farmacia debe brindar asesoramiento, acompañar las políticas económicas y las directrices del Ministerio de Salud provincial y nacional. En dicho ámbito es que el contador debe prestarle suma atención al negocio en forma integral, pero particularmente en las liquidaciones de impuestos y las tasas municipales.

Las farmacias pueden ser un emprendimiento unipersonal o constituirse como sociedades en comandita simple con la participación del farmacéutico en su composición, en estos casos debemos integrar, a la habitual liquidación de impuestos, contabilidad.

El primer “lío” que tenemos es cuando recibimos los sub diarios. Los mismos nos entregan valores de ventas donde hay ventas exentas y ventas gravadas.

Bueno allí ponemos en práctica el prorrateo que nos indica la ley de IVA en cuanto a qué valor debemos imputar como crédito fiscal, a fin de determinar la posición mensual de nuestro cliente. Es aquí donde comenzamos a hacer docencia con el cliente, explicándole -y tratando que entienda- que las compras gravadas no se pueden utilizar al ciento por ciento del crédito fiscal porque existen ventas exentas. Una vez finalizado este pequeño inconveniente pasamos a la liquidación del impuesto propiamente dicha; armando nuestra planilla de trabajo para dicha liquidación.

Luego continuamos con la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (solo para este caso corresponde a la provincia de Buenos Aires), donde la autoridad de aplicación -ARBA- establece, que las declaraciones juradas se realizan mediante el uso del portal WEB ARBA. Dicho portal no siempre está disponible, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los tiempos y el vencimiento para presentación. Luego, debemos discriminar por tipo de venta, ya que la venta de medicamentos tiene una alícuota diferente a los otros productos que vende la farmacia. Mucha atención con esta discriminación ya que una errónea imputación nos traerá aparejado un costo impositivo excesivo y por ende una rentabilidad menor. También debemos verificar que las percepciones se encuentren declaradas por el proveedor, sino tendremos que trabajar luego el doble, rectificando las posiciones presentadas.

Y por último tenemos otro “frente” al que atender, las municipalidades y su tasa de Seguridad e Higiene. Las farmacias pueden funcionar con la habilitación del Ministerio de Salud y este permiso es suficiente, pero si además venden otros artículos que no se consideren para la salud humana, deberán solicitar la habilitación municipal por dicho rubro. Por último quiero detenerme en otro punto a tener en cuenta: un cartel publicitario que solo diga FARMACIA no tributa tasa de publicidad, pero en algunos municipios debe abonar la utilización del espacio aéreo.

Para finalizar, ser contador de una farmacia es un gran desafío, muchos frentes que atender, mucho a tener en cuenta.

Dr. Lic. Eduardo Tchouhadjian Contador Público y Licenciado en Administración Director Académico de Posgrados en la Universidad de Belgrano “Marketing y Gestión de negocios en la I. Farmacéutica” y “Gestión y Administración de la Nueva Farmacia”

FORMACIÓN DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS Para referirnos al tema de precios de los medicamentos es imprescindible comprender la cadena de valor de la industria farmacéutica. Quizás como ninguna otra tiene tres etapas bien definidas.

Producción: laboratorios Distribución Mayorista: droguerías Dispensación o nivel minorista: farmacias De todos estos jugadores el único que determina precios es el laboratorio. El resto de la cadena tiene precios definidos como consecuencia de márgenes prefijados.

Los medicamentos históricamente han tenido precios controlados por el Estado (Secretaría de Comercio), aunque en los años ‘90 fueron liberados y dejaron de tener control. No obstante, los márgenes de la cadena comercial se mantuvieron inalterables.

Es importante destacar que en la actualidad, si bien legalmente siguen siendo libres, desde hace cinco años son nuevamente controlados informalmente por la Secretaría de Comercio. Esto significa que los incrementos son autorizados por esa autoridad en forma individual para cada empresa, aunque el porcentaje de aumento es general para toda la industria.

Un elemento importante a destacar es que los productos farmacéuticos sólo están gravados por el IVA en su primera etapa de comercialización, es decir a la salida del laboratorio, o sea en el eslabón inicial de la cadena comercial. Este es un factor de distorsión muy importante ya que el resto de la cadena, al marginar con un porcentaje fijo, lo hace también sobre el monto de IVA. Veamos entonces cómo se conforma la cadena de precios: Precio salida Laboratorio (Droguería) 100

I.V.A.

Precio Droguería

Margen Droguería

Precio Farmacia

Margen Farmacia

Precio Público

21%

121

16,00%

140,36

25,00%

175,45

Estos precios son los que llamo habitualmente “Precios Publicados” porque son los que aparecen en la revistas de farmacias y es el que se toma como referencia para las ventas con coberturas de Obras Sociales y Prepagas.

En la tabla anterior observamos que existe un margen de 75,45% desde el precio de salida de fábrica hasta el precio al público (considerando el IVA), lo que aparece exagerado. Pero es importante indicar que aproximadamente sólo el 20-25% de la totalidad de los medicamentos que se venden en el país se facturan a este precio, ya que el resto tiene algún descuento.

Este descuento se produce por el aporte (rebaja) que hace la cadena comercial a la Seguridad Social, o bien por bonificaciones comerciales entre los integrantes de la cadena.

Estos ajustes, reducen el precio neto de facturación de la cadena comercial, son un factor muy importante en la gestión y tienen una influencia determinante en aquellos jugadores que no son formadores de precios (droguerías y farmacias).

Los distintos ajustes en la cadena transforman el Precio de Venta al Público de 175,45 en los “Precios Publicados” en el “Precio de Venta Real” en 143,87, lo que reduce significativamente el margen de toda la actividad.

Los aportes a la Seguridad Social y bonificaciones comerciales sobre el Precio

de Venta al Público de los distintos actores son: Laboratorios: Bonificaciones a la cadena: 35% |Aportes a la SS desde el 10 al 22% según los productos Droguerías: Bonificaciones a la Cadena 32% |Sin aportes a la Seguridad Social Farmacias: Aportes a la Seguridad Social 15% |Descuentos al público 5% En síntesis, toda la comercialización de medicamentos se mueve en un contexto de precios muy complejo que necesita de un permanente control de gestión por parte de los actores. Sin considerar el esquema financiero del negocio, ya que las operaciones de Seguridad Social se realizan con pagos a plazos prolongados y con reintegros en notas de créditos, el manejo del esquema de las distintas variables de precios define la rentabilidad de cada uno de los eslabones de la cadena.

Dr. Sergio Alejandro Rodríguez Contador Público Profesor Titular en posgrado de “Auditoría y Gestión Farmacéutica” Universidad ISALUD

LA RECETA NO ARCHIVADA DE UN CONTADOR En el año 2007, fui convocado por la Universidad ISALUD, para dictar dos módulos correspondientes al “Posgrado de Auditoría y Gestión Farmacéutica”. Esta oportunidad que se me presentaba, era una nueva muestra de la universalidad de nuestras incumbencias profesionales, aplicadas a diversas ramas de la actividad empresarial.

La actividad farmacéutica cuenta con características particulares, en especial, ciertas pautas en lo que hace al control de calidad. Sin lugar a dudas que este factor es esencial para el tipo de producto que se manufactura o comercializa.

Es así que en materia de calidad se ha dictado la Norma Internacional ISO 19011 que define a la auditoría “Como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”. Es así que los contadores, nos encontramos con un enorme caudal de “fortalezas” para trasmitir a la industria. Nuestra formación académica nos ha dado los elementos para asesorar en los procesos de implementación de los postulados de la Norma. Como ejemplo de nuestros aportes podríamos citar los siguientes temas: a) La habilidad para evaluar registros o información de las organizaciones (evidencias de auditoría) b) La objetividad en la mencionada evaluación (condiciones que debe reunir un auditor) c) La medición del cumplimiento de los objetivos y metas (criterios de auditoría) d) La generación de recomendaciones correctivas, preventivas y de mejora.

La Norma ISO 19011 contiene todos los conceptos que hemos incorporado a lo largo de nuestra carrera laboral y es aquí en donde junto a los profesionales de Farmacia y Bioquímica, podemos interactuar para generar programas de mejora continua: nosotros dando el marco para su desarrollo, y los profesionales farmacéuticos aportando su conocimiento específico en la materia.

Los programas de mejora de la calidad, mediante auditorías, tienen aplicación en el ámbito de la industria y también en las farmacias. Sus conceptos tienen una íntima vinculación con el logro de un uso eficiente de los recursos, con la finalidad de maximizar los resultados (tanto económicos como también en la mejora en los servicio que se prestan).

Para finalizar, me gustaría compartir una frase: “A veces no es necesario cambiar lo que existe, sino que debemos crear lo que no existe”. Este es nuestro desafío y a la vez, es una ocasión única de crecimiento personal y profesional.

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50 años en la matrícula

Abrazo profesional El Consejo distinguió con una medalla a los hombres y mujeres que con honor alcanzaron los 50 años de trayectoria

En el período comprendido entre el 16 de junio de 2013 y el 15 de junio de 2014 -fecha en que se conmemora el Día del Graduado en Ciencias Económicas-, colegas de siete Delegaciones del Consejo cumplieron medio siglo de vida profesional y en consecuencia la Institución los homenajeó con la entrega de una medalla distintiva.

Se trata de 18 profesionales de las Delegaciones Avellaneda, Bahía Blanca, Chacabuco, Gral. Pueyrredon, La Plata, Mercedes y Tandil, entre quienes se encuentra una sola mujer, la Dra. Nancy Brousson matriculada en la Delegación Mercedes.

“En la época en la que me recibí no había demasiadas opciones como las que hay hoy y no existía lo que se conoce como orientación vocacional. Por lo tanto uno seguía lo que era más afín a la enseñanza media que había hecho”, afirma el Dr. Elías Zajac y agrega: “Como yo cursé en una escuela comercial, decidí seguir por esa vía porque me pareció lo más indicado”.

El Dr. Zajac, matriculado en la Delegación Avellaneda, constituyó su estudio contable al poco tiempo de graduarse. “A partir de relaciones y amistades pude comenzar a ejercer la profesión de manera independiente”, recuerda.

Luego de 50 años de ejercicio, nuestros matriculados de oro son privilegiados testigos de los cambios que la profesión transitó junto al paso del tiempo. “Las cosas ahora son completamente diferentes respecto a cómo eran cuando obtuve el título; la parte im18 | RePro

positiva y laboral eran mucho más simples y estables, mientras que ahora son complejas y cambiantes”, reflexiona el colega.

“Además el avance de la tecnología ha posibilitado asesorar de manera más práctica. Antes la presencia física era ineludible y constante, mientras que ahora uno puede manejarse con los medios informáticos con rapidez”, relata el Dr. Elías Zajac y concluye: “A raíz de estos cambios también se nos exige estar siempre actualizados”.

Los profesionales con más de 50 años de presencia en los registros del Consejo Profesional representan el 0,5% del total de la matrícula, un selecto grupo de poco más de cien colegas que hacen honor a su labor.

“Para elegir la carrera me guié por el gusto que tenía por las materias relacionadas con matemáticas y contabilidad. Me pareció que lo más lógico era seguir la carrera de Contador Público”, rememora desde Mar del Plata el Dr. Norberto L. Ramírez.

Si bien se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Ramírez constituyó su familia y su vida profesional en la ciudad feliz, donde además desarrolló una extensa actividad como docente. “En simultáneo con el ejercicio de la tarea profesional hice un posgrado de docencia universitaria a partir del cual desarrollé toda una carrera docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata”, detalla el colega matriculado en la Delegación Gral. Pueyrredon de nuestro Consejo. “La vida académica

me completó, allí me sentí muy pleno”, sentencia Ramírez en alusión a esta actividad de la que se ha retirado recientemente luego de 46 años ininterrumpidos.

El Dr. Norberto Ramírez alcanzó la jubilación en 2001 pero decidió mantener la matrícula activa y continuar ejerciendo la actividad profesional de manera independiente, posibilidad con la que cumplió 50 años de matriculación. “Doy gracias a la vida por haberme permitido llegar a alcanzar esta distinción. Agradezco a mi familia, amigos y a la gente del Consejo que tiene este tipo de atenciones que son como un abrazo profesional, algo muy grato para nosotros”, expresó.

El Dr. Ramírez recibió su reconocimiento en el marco de los festejos por el Día del Graduado en Ciencias Económicas que la Delegación General Pueyrredon llevó a cabo en su sede, en junio de 2014.

Por su parte, la Delegación La Plata llevó a cabo el acto de entrega de medallas el 17 de junio, en las instalaciones del Jockey Club. Entre quienes recibieron la distinción allí, acompañado por su familia e importantes autoridades institucionales, se encontraba el Dr. Pascual Torga.

“Es una satisfacción poder llegar a los 50 años de matriculado”, afirma desde La Plata este Licenciado en Economía que tuvo el honor de haber inaugurado el registro de profesionales con ese título universitario en el Consejo Profesional. Su ficha de legajo indica: “Tomo 1, folio 1”.

Es que “al recibirme, no tuve dudas en matricularme”, recuerda el Dr. Torga, quien incluso antes de graduarse de la recientemente creada Facultad de Ciencias Económicas, se insertó laboralmente en la administración pública. Su rápida matriculación lo convierte a sus 71 años en el profesional más joven del grupo de colegas que alcanzaron medio siglo de presencia en las filas del Consejo.

El Dr. Pascual Torga fue además miembro de la Delegación La Plata e integrante de la comisión redactora de la Ley de Ejercicio Profesional que incluye a los graduados con el título de Licenciados en Economía. “Anteriormente, los profesionales que estaban ejerciendo en el sector público no eran reconocidos en el marco del ejercicio profesional por la legislación. Eso motivaba que muchos no se matricularan”, afirma el colega.

Con una amplia trayectoria, el Dr. Torga es un referente en materia de ejercicio de las ciencias económicas en el sector público. Recientemente llegado de su viaje a Salta donde asistió para disertar al respecto en el 20º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, el Dr. Torga afirma: “Cuando comenzamos a trabajar en el área del Sector Público en los congresos nacionales éramos un área insignificante y ahora estamos dentro de las principales áreas en cuanto número de asistentes y cantidad de trabajos presentados”.

Finalmente, el profesional matriculado en la Delegación La Plata, coincide con sus colegas en la necesidad de la actualización permanente. “Cuando nos recibimos, los posgrados no existían. Hoy es una necesidad, tanto los posgrados como las especializaciones”, señala Torga y, aunque se rehúsa a utilizar teléfono celular, asiente: “El mundo está cambiando permanentemente y el profesional tiene que actualizarse”.

Dlg. Avellaneda

Dlg. Avellaneda

Dlg. Bahía Blanca

Dr. Estanislao D´Amore †

Dr. Elías Zajac

Dr. Juan P. Rodríguez Uriarte

Dlg. Gral. Pueyrredon

Dr. Norberto Luis Ramírez, Dr. Mario Saúl Noejovich y Dr. José Manuel Martínez

Dlg. Gral. Pueyrredon

Dr. Héctor Edgardo Tiribelli

Dlg. Chacabuco

Dlg. Mercedes

Dlg. Mercedes

Dr. Juan I. Robinson

Dra. Nancy Brousson

Dr. Osvaldo Chudoba

Dlg. La Plata

Dr. Alberto Zuleta, Dr. Pascual A. Torga, Dr. Walter A. Telleriarte, Dr. Juan Carlos H. Chianelli y Dr. Néstor J. Bugallo

Dlg. La Plata

Dlg. Tandil

Dlg. Tandil

Dr. Enrique Placente

Dr. Carlos Casanovas

Dr. César Mauco

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Sistema de préstamos

Pagar en término

tiene su premio Nuestra Caja de Seguridad Social siempre está pensando en sus afiliados, por eso en esta oportunidad les contamos de qué se trata el “Premio por Buen Cumplimiento” en el sistema de préstamos, otro de los beneficios de ser parte de esta Institución.

La Caja además de brindar beneficios previsionales cuenta con otras prestaciones entre las que se encuentra una amplia línea de préstamos, activa desde hace más de veinte años. En este sentido, muchos son los afiliados que a la hora de solicitar un préstamo optan por nuestra Caja de Seguridad Social. El trámite para solicitarlos es sencillo y su aprobación y posterior desembolso se realiza de forma rápida.

El funcionamiento y la continuidad de este sistema no podría lograse sin el compromiso y cumplimiento por parte de los afiliados, que mantienen sus obligaciones al día asumiendo la responsabilidad que tomaron al solicitar un préstamo. Por este motivo es que la Caja, reconoce desde hace tiempo, a quienes pagan sus cuotas en término, incentivando a los afiliados para tal fin.

Desde la modificación del año 2004, el reglamento de préstamos de la Caja de Seguridad Social contiene la versión vigente del Premio por Buen Cumplimiento.

¿Qué es el Premio por Buen Cumplimiento?

A través de este beneficio, se bonifican los intereses de la cuota del mes de diciembre; siempre y cuando se verifique el pago en término de todas las cuotas del año calendario, incluso esta última. Del mismo modo, cuando un afiliado haya finalizado un préstamo, se prevé la bonificación de los intereses de la última cuota, bajo las mismas condiciones.

El estricto cumplimiento implica haber pagado todas las cuotas en fecha según indica la boleta de pago, hasta el día 12 de cada mes o hábil posterior.

Cabe destacar que los afiliados beneficiados con este premio son verificados de oficio por la Caja durante el mes de febrero de cada año, y el reintegro de los intereses que se le bonifican es 20 | RePro

restituido en la primera cuota, del grupo de cuotas trimestrales siguientes a la aprobación del premio. En el caso de la cuota final del préstamo, la bonificación es aplicada en la cuenta corriente de aportes del afiliado.

2.264 Préstamos obtuvieron el Premio por Buen Cumplimiento por el año 2013 A través del otorgamiento de este premio, la Caja de Seguridad Social pretende fomentar el buen cumplimiento en el pago de las cuotas para garantizar el correcto funcionamiento de sus prestaciones, asegurando así también la continuidad del sistema de préstamos que pone a disposición de los afiliados.

¿Cuantos afiliados lo lograron?

Los números indican que en el año 2013, un 63% de los afiliados que contaban con un préstamo vigente al 31 de diciembre, obtuvo el premio por buen cumplimiento. Todos ellos se vieron beneficiados a través de la reimputación de los intereses de la última cuota de ese año, reduciendo considerablemente el importe de una de las cuotas a vencer en 2014.

Del mismo modo, sobre los préstamos cancelados en 2013, un 76% recibió la bonificación, que fue aplicada sobre la cuenta corriente de aportes.

Consulte las líneas de préstamos y más información en www.cpba.com.ar.

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MONEDAS POCO CORRIENTES

BILLETES POR TAMAÑO Un billete puede ser muy atractivo desde el punto de vista del diseño, pero la mayor importancia se centra en el valor que representa. No obstante presentamos cuatro billetes que se han destacado como los más pequeños, grandes o raros del mundo.

El más pequeño En Marruecos existió desde 1944 un billete de curso legal que medía apenas 43 milímetros de ancho por 31 de largo. La creación de este papel tan pequeño tiene una directa relación con el período de la Segunda Guerra Mundial, durante el cual las monedas de metal escaseaban por la utilización de este material principalmente para construir armamento. De esta manera, el país africano emitió billetes que eran similares a estampillas y que tenían un valor de 50 céntimos, y que fueron emitidos junto a otros billetes sellos de 1 y 2 francos.

Billetes de emergencia El sistema financiero de Alemania se vio muy perjudicado hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo que desencadenó en la impresión de billetes con diferentes valores denominados Notgeld (dinero de emergencia). Algunos de estos papeles tenían un tamaño diferente, ya que eran cuadrados e ilustrados con colores oscuros. El diseño fue variando, pero persistieron las temáticas que reproducían los conflictos sociales que atravesaba el país europeo. En la imagen, se detalla un ejemplar de 100 pfennig que perduró como salida de emergencia ante la hiperinflación, al igual que ocurrió con todos los Notgeld hasta 1923, año en que devaluaría y se crearía una nueva moneda: el Retenmark.

El más grande de curso legal Filipinas imprimió un billete que tuvo un valor de 100.000 pisos, creado en 1998 y con unas dimensiones de 35 centímetros de ancho por 21 de largo. Esta medida no es casual, sino que su creación fue una iniciativa del gobierno para conmemorar el Centenario de la Independencia del dominio colonial español, por eso su amplio tamaño, incluso mayor al de una hoja A4 (21 por 27,9 cm.).

Actualmente se mantiene como papel de curso legal, a pesar de ser subastado un ejemplar recientemente por unos 180.000 pisos (3.200 euros) por el valor histórico que le atribuyen los coleccionistas.

La parte frontal muestra el “Grito de Pugadlawin”, en recuerdo a los 1.000 patriotas filipinos dirigidos por Andrés Bonifacio que se reunieron en Pugadlawin el 23 de agosto de 1896.

Poco usual En 1942 Fiji imprimió una moneda que valía 1 penique (1/240 libras de esa época), lo que lo convirtió en uno de los billetes de menor valor y más pequeños de la historia. Igualmente, la particularidad de este billete también se centraba en su forma, ya que a pesar de estar diseñado sobre un papel rectangular como ocurre habitualmente, poseía arabescos formados por ondulaciones de líneas, ornamentos y fondos multiformes con preponderancia circular. Estas líneas onduladas no solo respondían a criterios de diseño, sino que contribuía a lograr una mayor seguridad, que años más tarde serían reemplazadas por la utilización de nuevos materiales y tecnología avanzada.

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PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Suena bien Desde luthiers hasta exportadores, la provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad de las empresas dedicadas a la fabricación de instrumentos. Herencia familiar, pasión por la música y fidelidad a la industria nacional se mezclan en los acordes de una producción que da la nota.

Hace algún tiempo, pensar que el famoso y reconocido guitarrista Eric Clapton tuviese una guitarra fabricada en nuestra provincia, podía parecer un sueño. Hoy no es así, y es posible considerar no solo en el abastecimiento del mercado interno con productos de distintas calidades, sino también considerar la exportación a otras latitudes.

Según datos del Ministerio de Industria de la Nación, la producción de instrumentos musicales alcanza una facturación anual de 2.400 millones de pesos. El gran crecimiento del sector se dio en el año 2008 con la aplicación de las Licencias No Automáticas que impulsó a muchas empresas a sustituir materiales importados por insumos de fabricación nacional.

De acuerdo a datos de la Unidad de Estadísticas y Estudios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, existen en territorio bonaerense 15 empresas vinculadas al sector de Fabricación de Instrumentos de Música y accesorios. Si bien este dato puede no ser significativo, debe considerarse que representa el 57,7% del total nacional. Sin embargo, según los números de la recientemente creada Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales (CAFIM) la cantidad de empresas es muy superior, de hecho cuentan con más de 50 empresas en la entidad.

De acuerdo a las características y tamaño, la fabricación de instrumentos musicales en territorio bonaerense, es una industria con pocas grandes empresas, y muchos talleres artesanales y luthieres que fabrican instrumentos a pedido y en pequeña escala.

En promedio las empresas tienen 20 empleados, con algunas excepciones como por ejemplo Guitarras Gracia con alrededor de 60 trabajadores y una producción más importante. Su radicación no se vincula con la cercanía a la materia prima ni al descarte de residuos y generalmente, siguen el legado de la primera instalación de la empresa como emprendimiento familiar. Sin embargo, por cuestiones históricas, algunas zonas son más propensas a la radi-

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Wilde

Avellaneda

Lideran el mercado a nivel nacional en guitarras clásicas

Exporta cuerdas para todo tipo de instrumentos a más de 30 países

Villa Martelli

Avellaneda

Tiene es la única planta industrial de baterías de América Latina

Abastece de cables para instrumentos y amplificadores al mercado nacional

Guitarras Gracia

Tevelam

cación de empresas, como por ejemplo la ciudad de Avellaneda.

Según estimaciones de CAFIM (en base a datos aportados por sus socios), la fabricación de instrumentos musicales y accesorios genera 2000 empleos directos y llega a los 10 mil si se contabiliza todo el trabajo tercerizado.

A nivel nacional, el producto más vendido es la guitarra como instrumento musical, con un consumo promedio de entre 150 y 160 mil unidades, y las cuerdas para diversos instrumentos como accesorio de reposición constante. Pero también en Buenos Aires se fabrican baterías (acústicas y electrónicas), pedales, banquetas, cables para amplificadores, correas y soportes para diversos instrumentos y yendo al trabajo más artesanal de los luthiers, también podemos llegar a encontrar instrumentos de percusión africanos o instrumentos de viento realizados con madera de bambú.

La orquesta De las constituidas como empresas, la mayoría son Pymes que cuentan con la particularidad de ser emprendimientos familiares de oficios heredados. Como por ejemplo Rómulo García, empresa que elabora guitarras clásicas desde 1945, Zagert Hermanos S.A dentro de este mismo rubro desde hace más de 45 años o Magma Music S.A., dedicada a la fabricación de cuerdas como desprendimiento de la empresa familiar Medina Artigas que comenzó a producir en la década del ‘70.

Actualmente Lorena Medina, directora comercial de Magma Music, es también la Presidente de CAFIM. En su caso pertenece a la tercera generación vinculada a la fabricación de cuerdas. Su empresa surgió a raíz de la demanda de músicos de la talla de León Gieco, Javier Malossetti, Los Nocheros o Pedro Asnar, quienes continúan siendo fieles clientes de la firma. Con el tiempo, la empresa se especializó en la fabricación de cuerdas de distintos calibres y materiales para abastecer el mercado nacional y exportar a más de 30 países.

En el rubro de guitarras, Guitarras Gracia - ubicada en Wilde- es la fábrica más grande del país y una de las empresas líderes del sector. Produce alrededor de 4000 unidades mensuales que abarcan desde modelos para niños hasta profesionales, abasteciendo el 70% del mercado nacional.

Yendo al rubro de las baterías encontramos dos grandes ramas: acústicas y electrónicas, en ambos casos orientadas principalmente al

Magma Music

KWC

abastecimiento del mercado interno. En términos de volumen el mercado de baterías acústicas es más grande, pero en los últimos años, la necesidad de poder estudiar música y practicar en espacios reducidos se tradujo en un alza en las ventas de baterías electrónicas.

La empresa más grande en este rubro es Solidrums que desde Lanús produce baterías acústicas. Luego le siguen ZZ Percusión y Eva Drums también en el sur del Gran Buenos Aires especializada en baterías de acrílico. En cuanto a baterías electrónicas el mercado es liderado por DB Drums, una pyme de 7 empleados que produce cerca de 20 baterías mensuales en su fábrica del partido de San Martín. “Es un mercado fluctuante y cualquier crisis afecta a este tipo de bienes que producimos que no son de necesidad primaria”, explica Nikanor Gobi Aybar, fundador de la empresa junto al también ingeniero industrial, Julián Berestecher.

Solidrums es actualmente la empresa líder en el sector de fabricación de baterías acústicas de alta calidad orientadas a músicos profesionales. Es una de las pocas fábricas en Latinoamérica que producen baterías de alta calidad (la otra está en Brasil) y bandas como La Renga o Bersuit Vergarabat son fieles clientes de la marca, que encontró su nicho de mercado en los productos personalizados.

Su fábrica produce alrededor de 25 a 30 baterías por mes, con solo 4 empleados multitasking y diseño de maquinaria propia para ahorrar tiempo y obtener mejores terminaciones. “No soy un hippie, tengo una empresa”, afirma Walter Nuñez, titular de la marca, amante de la batería

En un alto en la filmación de un spot de difusión de KWC, Ignacio Chichizola está sentado en el centro de la escena entre Ricardo Mollo y Guillespi, clientes de la firma. De fondo Javier Malosetti, Diego Arnedo y Eduardo De La Puente.

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y sobre todo empresario nacional, y agrega: “Como estrategia de posicionamiento en el mercado ofrecemos instrumentos customizados de alta calidad y a precios más económicos que los importados en esas líneas tan altas”.

Actualmente en Capital, pero a punto de mudarse al partido de Tres de Febrero, ZZ Percusión, produce anualmente alrededor de 450 baterías. Con solo 3 empleados, la nueva planta estima duplicar la producción.

La historia de esta empresa está relacionada a un desprendimiento del trabajo de su dueño, Marcelo Azzali como técnico mecánico y su pasión por la batería. Como marca comenzó en 1992 y transitó un difícil camino durante sus primeros 10 años hasta poder establecerse dentro del segmento de baterías “calidad profesional al mejor valor”. Solo producen un modelo de instrumento, orientado al estudiante avanzado a profesional, para poder lograr un mejor valor de venta.

Por fuera de este grupo de empresas está Baterías Legend, una unidad de negocios que, como parte de la empresa importadora Tevelam, comenzó a fabricar baterías en la provincia de Buenos Aires a partir de 2012. Desde entonces, Baterías Legend produce alrededor de 1.600 baterías por mes de acuerdo a estándares internacionales, pero con maderas argentinas, siendo la única planta industrial de América Latina en su tipo. Su planta de 10 mil metros cuadrados está ubicada en Villa Martelli y da empleo a 35 operarios.

Pero también dentro del rubro de fabricación de instrumentos y accesorios hay un lugar muy importante que lo ocupa la empresa KWC, la única empresa nacional de fabricación de cables para micrófonos, instrumentos y amplificadores. Esta firma, radicada en Avellaneda, cuenta con una planta de más de 1.000 metros cuadrados y 20 empleados.

Si bien originalmente esta empresa surgió como un desprendimiento de la actividad principal que era el desarrollo de cables para electrodomésticos, actualmente produce 15 mil unidades anuales, entre cables en sus distintas aplicaciones. Músicos como Divididos, Andrés Calamaro, Fito Páez, Gustavo Cordera, entre otros, utilizan sus productos.

Sonido nacional La fabricación de instrumentos musicales es una industria que apuesta al crecimiento. Los vaivenes de la economía nacional no han

Destino de las exportaciones (todos los instrumentos y accesorios) Estados Unidos Brasil Francia Uruguay Chile México Italia Hong Kong Perú España Alemania Puerto Rico Ecuador Venezuela Turquía Resto

28% 17% 10% 9% 7% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 7%

Fuente: Unidad de Estadísticas y Estudios - Previsional Argentino | Ministerio de la Producción, Ciencia yTecnología de la Provincia de Buenos Aires en base al Sistema Integrado 26 | RePro

Nikanor Gonzalez Bienes Aybar y Julián Berenstecher, de DB Drums, en Tecnopolis.

hecho mella en el ánimo y voluntad en los empresarios del sector que siguen apostando a la expansión. “Este sector siguió siempre invirtiendo. Estimamos que desde 2008 a la fecha invirtió 10 millones de dólares en ampliación de galpones, compra de maquinaria y tecnología”, indica Lorena Medina desde CAFIM, lo que representa un crecimiento de alrededor del 30%. A esto agregaremos, por citar algunos ejemplos, que Magma Music, KWC y Guitarras Gracia están en proceso de ampliación de sus plantas productoras o prontas a adquirir nuevos predios.

En los últimos años, específicamente desde 2008, con el surgimiento de disposiciones regulatorias para fomentar la industria nacional, como las Licencias No Automáticas, comenzaron a resurgir algunas empresas que habían cerrado y otras se “reinventaron” para sustituir materiales importados por producción nacional.

DB Drums, fabrica con un 80% de materiales de origen nacional en su planta de San Martín. Lo mismo sucede con Solidrums que apuesta a la industria nacional y es acompañada en este convencimiento por sus clientes y músicos amigos. “Estamos defendiendo que se siga produciendo en Argentina, porque muchos rubros cerraron porque no es competitivo fabricar, pero si no son oficios que se pierden”, afirma Walter Nuñez.

La protección de esta industria además se reflejó en la contratación de personal. En los últimos diez años, se estima que las empresas bonaerenses de este rubro, duplicaron su cantidad de empleados.

En 2013 se levantaron las Licencias No automáticas y se permitió el ingreso al país de 96 mil guitarras que a precios muy inferiores a los de la producción nacional, determinaron que por ejemplo, empresas como Guitarras Gracia debiera postergar su traslado a una nueva planta en el Polo Maderero de Berazategui.

Algo similar sucede en ZZ Percusión, la empresa de baterías que tuvo su record de producción en 2012. “Actualmente no estamos con las mismas expectativas que cuando surgieron las Licencias no automáticas, pero más que nada porque cayó el poder adquisitivo de la gente y el aumento constante de las materias primas. Nosotros teníamos un valor de venta al público de entre 7.500 y 7.800 y ahora estamos casi en 11 mil pesos”, indica Marcelo Azzali, dueño de la empresa.

Por el otro lado, la situación de la restricción a las importaciones también se reflejó en el desarrollo de proyectos nacionales. Actualmente KWC solo importa insumos para la fabricación de cables de su línea económica; los componentes de sus líneas profesional y semi profesional fueron paulatinamente reconvirtiéndose hasta al-

canzar el 100% de producción nacional con calidad de exportación.

“Venimos trabajando en el último año y medio en el desarrollo de conectores. Antes importábamos el conector completo para nuestra línea económica y ahora solo la mitad. Son decisiones que quizás en otro momento no hubiéramos tomado, pero han sido correctas”, indica Ignacio Chichizola, encargado comercial de la empresa.

A otro ritmo Con una cadencia distinta existe también dentro del rubro de fabricantes de instrumentos, el artesanal mundo de los luthiers. Como característica principal diremos que este tipo de instrumentos son producidos a pedido o a pequeña escala y fabricados por especialistas.

Marcos Martín, es Vicepresidente de la Asociación Argentina de Luthiers, una entidad que reúne a 80 miembros (los más destacados y de mayor trayectoria) en su mayoría radicados en Gran Buenos Aires.

Dentro de esta Asociación, el mayor número de artesanos se dedican a los instrumentos de cuerda, en algunos casos con muchísima preparación profesional para la elaboración por ejemplo de violines y violas para poder lograr el sonido deseado.

Si bien estos instrumentos, hechos por luthieres tienen un costo más elevado, debido a la personalización y las horas de trabajo que demandan, tienen un mercado con pocos y grandes clientes.

“Lo que caracteriza al luthier es la artesanía. Esto se traduce en la elección de los materiales, que se seleccionan, estacionan y se hace un seguimiento. Ese es el valor agregado que tiene el trabajo”, indica Marcos Martín, dueño además de Bubakar, una fábrica de instrumentos de percusión africanos.

Desde su pequeña planta ubicada en San Antonio de Padua produce alrededor de 100 instrumentos al año entre tambores y xilófonos. Se especializa en la técnica del tronco ahuecado para hacer instrumentos de una sola pieza y es el luthier oficial y fabricante de los percusionistas de la Bomba de Tiempo.

Otro caso de marcado éxito es el de Guitarras Yacopi. Con una trayectoria que viene de la relación abuelo-padre-hijo y técnicas propias, sus guitarras son un artículo de lujo. Fernando Yacopi es quien actualmente dirige los dos talleres de la empresa desde la localidad de San Fernando. Allí también se realiza la venta y restauración, ya que el contacto para adquirir una Yacopi es con sus fabricantes, no se pueden adquirir en casas de música.

Su producción alcanza las 20 unidades mensuales para la línea económica y 3 o 4 pedidos para unidades de concierto. Lo cierto es que el valor del producto está determinado por la cantidad de horas hombre destinadas a la producción. “Mientras una guitarra económica tiene 60 horas de trabajo, una de concierto tiene 200”, ejemplifica Fernando, y agrega: “No somos industriales, somos artesanos. A mi me cuesta más vender una guitarra económica que una de concierto”.

Artistas de la talla de Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Cacho Tirao, Hugo del Carril, han optado en su momento por estas guitarras para lograr el sonido buscado.

Con la música a otra parte Si bien la exportación de instrumentos musicales es incipiente y la balanza comercial es ampliamente negativa, vale de destacar la iniciativa

de las empresas nacionales por colocar sus productos en el exterior. Solo en 2013, las exportaciones alcanzaron los $2.809.657 a nivel nacional. De ese total, el 49.7% corresponden a productos bonaerenses (el 80% de la exportación corresponde a cuerdas de diversos instrumentos).

La búsqueda de destinos y productos exportables es un desafío ante la primacía absoluta de China en el mercado. Es así que, además de guitarras, baterías y cuerdas, las empresas nacionales encontraron como alternativa el desarrollo de productos específicos de la cultura de cada país y la venta a particulares por internet.

“Vendemos a todos los países de Latinoamérica realizando el desarrollo de las cuerdas para el instrumento autóctono del país, como por ejemplo el cavaquinho brasilero, el cuatro venezolano, bouzouki, etc. Hacemos un trabajo en conjunto con nuestro distribuidor local y músicos profesionales”, explica Lorena Medina, titular de Magma Music, empresa nacional que además exporta el 35% de su producción de cuerdas para diversos instrumentos.

Otra de las alternativas para el posicionamiento internacional es la participación en ferias del sector. Desde hace ya más de una década nuestra provincia está presente en la Feria NAMN, la más importante a nivel mundial en el rubro de la música, que se desarrolla en Los Ángeles, EE.UU y en la feria de Frankfurt.

En el caso de otro tipo de instrumentos, las empresas no encuentran grandes posibilidades de exportar debido a su capacidad productiva y al costo de los envíos. Se han realizado algunas experiencias más cercanas al intercambio comercial, como por ejemplo DB Drums con sus pares de Inglaterra y Estados Unidos, o en el caso de KWC está dando sus primeros pasos en la exportación con un proyecto en España y en Uruguay y están intentando abrir mercado en Brasil.

La alternativa actual para lograr ventas al exterior (y muchas veces al interior del país) es internet. En el país, la venta de instrumentos on line está muy difundida.

Would you know my name?

Hace ya algunos años una mujer encargó una guitarra super para regalarle a su marido, quien debía viajar por trabajo a Estocolmo. Llevaron la guitarra al viaje y la señora cada día esperaba a su marido al regreso de la jornada tocando la guitarra en el lobby del hotel y tomando un café. Un día apareció un hombre y le pidió prestado el instrumento. Cuando comenzó a tocar le preguntó: “¿Yacopi? ¿Argentina?”

La señora le respondió que sí y le indicó donde la había comprado. Durante algunos días el mismo señor le pidió prestada la guitarra e insistiendo para tocar.

Finalmente le pidió comprársela. La guitarra salía en ese momento 2 mil dólares y la señora la vendió por 7 mil a “un hippie de pelo largo” como describió luego al músico. Finalmente dejó la guitarra al conserje de aquel hotel, sin saber hasta su regreso que la Yacopi ahora estaba en manos del famoso Eric Clapton.

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Cuestiones para no descuidar

El costo del sedentarismo y la obesidad Según una reciente encuesta sobre factores de riesgo del ministerio de Salud de la Nación los porcentajes de personas sedentarias y obesas va en aumento.

El intenso ritmo de trabajo y las comodidades de la vida moderna hacen que se dejen de lado cuidados que son imprescindibles para la salud física y mental. En medio de los balances, vencimientos, declaraciones juradas, los profesionales en Ciencias Económicas no escapan a esta realidad.

El resultado de una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, revela que el 53% de los argentinos padece sobrepeso u obesidad y el 55% de la población no realiza nunca o casi nunca actividad física; por lo tanto llevan un estilo de vida sedentario.

A partir de cifras que surgen del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada (Cenexa; dependiente del CONICET) se sabe que en 2010 hubo aproximadamente 14.776 defunciones por causas relacionadas a la obesidad y 4.378 exclusivamente por obesidad. Ante esta realidad, la obesidad y el sedentarismo se convierten en un tema ante el cual nadie debe descuidarse.

Más allá de los problemas de salud propiamente dichos, es necesario destacar que esta creciente tendencia a la obesidad implica también una pérdida económica. Por un lado, se realiza un consumo innecesario y por el otro aumenta el gasto a raíz de las enfermedades que genera. En el Congreso Argentino de Nutrición realizado a fines de 2013, especialistas revelaron que el sobrepeso y la obesidad le cuestan al país aproximadamente 190 millones de pesos al año.

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Asimismo, el sedentarismo se presenta como otro factor de riesgo que, independientemente de predisponer al sobrepeso, es disparador de gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. Según informa el ministerio de Salud de la Nación, uno de cada dos argentinos es sedentario. En este contexto, la problemática ya es considerada como una cuestión que atañe a la salud pública y en 2013 decidió abordarse a partir de la creación del Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo.

Este programa abarca una serie de estrategias tendientes a promover la actividad física a través de la creación de espacios y actividades que concienticen a la población acerca de su importancia pero que también la motiven a adoptar hábitos más saludables.

Según la OMS, para evitar el estilo de vida sedentario es necesario realizar actividad física de manera frecuente. Ahora bien la actividad física no debe ser confundida con el “ejercicio” o el “deporte”; estos últimos implican una planificación, un entrenamiento, la existencia de reglas, etc.

La actividad física en cambio, abarca todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exijan un gasto de energía. La OMS, sostiene que los adultos pueden concretarla con los desplazamientos y los movimientos que se desarrollan durante las actividades laborales, tareas domésticas y en situaciones de ocio o recreación; es decir que puede ser realizada en cualquier ámbito o momento.

Lo recomendable es realizar 150 minutos de actividad aeróbica moderada en una semana; de esta manera sería posible reducir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y también la obesidad.

La salud en la oficina Si bien hay diversos factores que pueden influir para que una persona tenga sobrepeso o sea sedentaria, en las últimas décadas se puede evidenciar una notable transformación en los estilos de vida e incluso en la rutina laboral.

En este sentido, según indica una investigación realizada en Estados Unidos, hace 50 años la mayor parte de los trabajos privados implicaban cierta actividad física. En la actualidad, esa ecuación se modificó, y ahora el mayor número de los trabajos son de oficina y solo un 20% de ellos requieren algún tipo de esfuerzo físico. Sumado a esta situación, el avance tecnológico también limita el movimiento implicando una disminución del gasto energético.

Los profesionales en Ciencias Económicas, al realizar labores principalmente de oficina, pueden ser especialmente afectados

por la vida sedentaria. Sin embargo, hay que destacar que existen formas de revertir esta situación y mejorar el estilo de vida.

Las empresas pueden presentarse como un lugar clave para combatir el sedentarismo y promover la adopción de hábitos saludables. En el marco del programa de Lucha contra el sedentarismo, el Ministerio de Salud de la Nación sugiere la realización de “pausas activas”. Se trata de la incorporación de ejercicios simples que pueden ser tan solo de estiramiento, respiración o posturales y por lo tanto se pueden llevar a cabo en cualquier ámbito. Recomiendan realizar estos movimientos durante 10 a 15 minutos cada 2 o 3 horas y afirman que además de mejorar la calidad de vida, fomentan el rendimiento intelectual.

Recomendaciones sencillas para el trabajo - Pararse cada una hora - Usar las escaleras - Movilizar la cabeza, tronco, hombros, brazos y piernas cuando permanecen sentados - Dar unos pasos o trasladarse para comunicarse con compañeros de trabajo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y se presenta como un factor de riesgo para numerosas enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

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Rutas Económicas

Los caminos de la producción Cinco de los ocho corredores viales más importantes del país están vinculados a la provincia de Buenos Aires, que además es la que genera la mayor parte de la producción agricolo-ganadera del país y sus exportaciones representan el 41% del total nacional.

Cuando se emprende un viaje, por negocios o esparcimiento, al norte, centro o sur del país, muchas veces se encuentran tramos de ruta cargadas de camiones dónde se hace difícil manejar. Es posible que en estos casos este transitando alguna de las rutas por donde circula la mayor parte de las mercancías de Argentina, las que en su mayoría atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Estas arterias comerciales, se caracterizan por comunicar los principales centros productivos con sus puntos de venta y por lo tanto poseen mayor circulación de camiones de carga, esas son las que denominaremos: rutas productivas.

Corredores productivos de la Provincia La provincia de Buenos Aires cuenta con rutas provinciales estratégicas para la distribución de mercancías que son consideradas corredores productivos. El trazado de estas rutas no es casual, todos los destinos tienen que ver con las diversas actividades de producción y comercialización de bienes.

Un ejemplo de ello es la ruta provincial N°6; es el cuarto anillo de circunvalación del Gran Buenos Aires; se trata de una vía de comunicación estratégica entre los principales parques indus30 | RePro

triales de la provincia; conecta la zona portuaria del partido de La Plata con la de Campana - Zárate. En la actualidad, este camino está siendo remodelado a fin de facilitar el paso del transporte de carga que se moviliza entre ambos polos.

Otro reconocido corredor productivo se encuentra en la ruta provincial N°8, denominada “la ruta del cereal”; se extiende a lo largo de 96 km. que conectan las localidades de Pehuajó, Daireaux, Guaminí y Trenque Lauquen. Es la vía de traslado de millones de toneladas de granos por año.

Asimismo, la ruta N° 51; que nace al norte de la provincia, en la ciudad de Ramallo, y finaliza en la ciudad de Bahía Blanca, se presenta como una ruta también fundamental para el traslado de cereales. Atraviesa toda la provincia, conecta con las principales rutas de algunos de los corredores productivos nacionales y se extiende hasta el puerto de Bahía Blanca. Por otro lado, se debe considerar que la zona de Ramallo, posee una terminal portuaria desde donde entran y salen insumos y productos siderúrgicos que son trasladados por esta ruta.

Por último, la ruta provincial N°74, conecta las localidades de Tandil y Ayacucho con la ruta nacional N° 3 y es el camino que atraviesan gran parte del transporte de carga que traslada cabezas de ganado.

Corredores productivos nacionales que atraviesan la provincia Existen 8 corredores viales nacionales que reúnen a las principales rutas económicas del país; 5 de ellos tiene como lugar de origen o destino a la provincia de Buenos Aires y son el medio de comunicación entre los principales centros productivos del país con los puertos ubicados en Buenos Aires, el puerto de Rosario y el de Santa Fe. A través de ellos circula el 75% del tránsito medio anual y el 90% de la producción agrícola y de las exportaciones Corredor 1: Abarca parte de las rutas nacionales N°3, 205, 226 y 252 y conecta las ciudades de Azul, Bahía Blanca, Cañuelas, Lobos, Mar del Plata y Olavarría. A través de este corredor se posibilita el acceso a los puertos de la zona de Bahía Blanca.

A lo largo de estas rutas predomina la circulación de trigo, soja, maíz y cebada.

Corredor 2: Comprende la ruta nacional N°188 y 5; conecta principalmente la provincia de Buenos Aires con La Pampa.

Corredor 3: La ruta principal que recorre esta vía es la ruta nacional N°7 y posibilita la interconexión entre Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza y Chile. Es el lugar de paso de la mayor parte de la producción industrial del país.

Corredor 5: Compuesto por las rutas nacionales N° 11 y 9, conecta la Provincia de Buenos Aires con Córdoba, Santa Fe y Chaco.

Corredor 8: Vincula a las provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Abarca la ruta nacional N°8.

Los corredores viales nacionales comprenden las rutas más transitadas por el transporte carretero de carga en Argentina, tienen una extensión aproximada de 7583 km.

Sumado a estas características, se debe tener en cuenta que Buenos Aires es el punto de confluencia de los puertos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Quequén, La Plata, San Pedro, Dock Sud, San Nicolás, Coronel Rosales, Olivos; y los privados en Ramallo, Lima, Zárate y Campana. Estos puertos, junto con el de Rosario y Santa Fe, son los principales puntos de importación y exportación de Argentina.

Es posible observar que todos los corredores viales mencionados se comunican con algún puerto. Según el tipo de carga que comercializa cada uno es posible dar cuenta de las principales mercancías que se trasladan a lo largo de cada corredor vial. Así, los puertos de Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca son principalmente puntos de comercialización de cereales y oleaginosas, mientras que los del gran Buenos Aires manejan manufacturas y containers. A modo de ejemplo, en 2013 ingresaron al puerto de Buenos Aires, 5885,2 toneladas de manufacturas 1838,2 toneladas de combustibles y 776,6 toneladas de carne y cuero.

Red vial y transporte de carga

Argentina cuenta con aproximadamente 2.780.400 km² de superficie. Esta extensión ha hecho necesaria la implementación de distintas formas de comunicación y transporte que permitan la integración de las diversas partes del país. Esta situación también se vio forzada por cuestiones económicas, la lejanía entre los numerosos centros productivos, en relación a los puntos de comercialización, requiere indefectiblemente de una vía de interconexión para asegurar el abastecimiento interno y para poder destinar productos a las exportaciones.

En este sentido, se han implementado diversos mecanismos de traslado de mercancías que se han ido modificando a lo largo de la historia.

A principios del siglo XX el traslado de materias primas o productos manufacturados así como el de pasajeros se realizaba principalmente a través del trasporte ferroviario, sin embargo, a mediados del mismo siglo, comenzó a tener mayor relevancia el transporte carretero.

En lo que refiere al transporte de carga específicamente, se estima que de 400 millones de toneladas; 376 millones son trasladados por camiones mientras que, tan solo, 24 millones son distribuidos mediante trenes de carga.

En la actualidad, el transporte carretero moviliza el 80% de las cargas y el 90% de los pasajeros.

En este contexto, Argentina ha ido ampliando su red vial hasta alcanzar aproximadamente 230.137 kilómetros de rutas, de este total sólo un 31% se encuentra pavimentado, en tanto que un 21% corresponde a ripio y el 48% restante a tierra.

Estas mejoras son las que posibilitan la mayor parte del traslado de mercancías a lo largo y ancho de país.

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EL IDIOMA DE LOS NEGOCIOS NOTA 1

Administración Business en castellano

En un mundo cada vez más globalizado, el inglés se ha convertido en el lenguaje internacional, necesario para la vida profesional, por eso inauguramos una nueva sección para conocer el significado de términos y frases de uso frecuente, asociados a la labor de los profesionales en ciencias económicas.

Quienes desempeñan su profesión en el ámbito de la administración de empresas no escapan al uso de anglicismos. Por eso, les acercamos la traducción de las palabras más comunes utilizadas para hablar de los negocios.

Balanced Scorecard: Modelo de gestión de empresas que permite medir sus actividades en función de su misión y estrategia.

Bootstrapping: Refiere al inicio de un proyecto sin inversión.

Dumping: Competencia desleal que consiste en vender a precios inferiores al costo para controlar el mercado.

Goodwill: Activo intangible, valor de la empresa que puede influir en la situación en el mercado de la misma ya sea de forma positiva como negativa.

Benchmarking: Proceso donde se analizan y comparan aspectos de una empresa con los líderes del mercado.

Coworking: Forma de trabajo donde distintas empresas comparten un mismo espacio físico de trabajo y en consecuencia cooperan entre ellas aumentando la productividad.

Empowerment: Distribución de funciones.

Joint venture: Contrato entre dos o más empresas para la consecución de un mismo objetivo.

Management: Gestión empresarial

Know how: “Saber cómo o saber hacer”. Refiere a las habilidades y experiencia de una empresa en relación a una tarea específica.

Royalty: Pagos que se realizan al creador de algo.

Cantidad a pagar por el uso de una patente.

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Off shore: Con ventajas fiscales.

Outsourcing: Proceso a través del cual una empresa externaliza parte de su actividad. Refiere a la contratación de un tercero para la gestión de una parte de la compañía.

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OLIMPIADAS INTERPROFESIONALES

Espíritu olímpico Los profesionales en Ciencias Económicas obtuvieron el récord de medallas en su historial de participación en las Olimpíadas Interprofesionales de la Provincia de Buenos Aires. Un logro deportivo con legado humano.

Las ciudades de Villa Gesell y Pinamar fueron sede de la décima edición de las Olimpíadas Interprofesionales, evento del que el Consejo Profesional participa desde sus inicios. En esta ocasión nuestros colegas nos representaron en diez de las quince disciplinas competitivas y obtuvieron 31 medallas, el mayor número de preseas en la historia de su participación en la Competición.

De las medallas obtenidas, 16 corresponden a primeros puestos con lo que se logró la mejor performance histórica en la tabla general de puntuación del evento auspiciado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA) y del que participan 19 colegios profesionales.

En las pistas de atletismo de Pinamar se lució el Dr. Diego Dardans alzándose con el oro en los 100 y 400 metros libres. “Me anoté en la categoría de 40 a 45 años, primero hicimos una entrada en calor y luego a correr”, repasa el colega matriculado en la Dlg. Mercedes.

Miembro del Comité de Acción Deportiva del Consejo Profesional, el Dr. Dardans comenta en diálogo con RePro que practica deportes tres días a la semana. “El deporte es mi cable a tierra. Le dedico tiempo porque después de estar tantas horas trabajando y pensando, es necesario hacer deporte y relajarme”, afirma Dardans y agrega que “más allá del desempeño deportivo, es importante que nos desarrollemos en otras actividades”.

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Por su parte, el Dr. Norberto Pacheco alcanzó el primer puesto en bochas, individual y también en pareja con Jorge Díaz. “Siempre he realizado actividades deportivas y he participado en las olimpiadas nacionales, las provinciales y las interprofesionales jugando al fútbol, al básquet, al vóley, entre otras disciplinas”, repasa el Dr. Pacheco y aclara: “Actualmente solo practico bochas debido a un problema en la rodilla y juego al truco”.

Con sus 78 años, es un reconocido participante de estos eventos. “Practicar deporte me ha ayudado mucho, esta es una actividad amateur muy beneficiosa”, reconoce el Dr. Pacheco de una extensa carrera profesional en el Ministerio de Economía, en la Dirección de Finanzas, en la Contaduría General de la Provincia, entre otros organismos públicos donde tuvo un desempeño destacado.

El Dr. Norberto Pacheco convenció al Dr. Oscar R. Hernando de participar de esta edición de las Olimpíadas Interprofesionales. El Dr. Hernando se destacó en la pileta del Club Español de Villa Gesell donde logró el oro en todas las competencias que disputó.

“Es la primera vez que participo, antes por distintos motivos no me había podido acercar y la experiencia fue positiva, se hizo un grupo muy ameno”, recalca el matriculado en la Delegación La Plata. “Fue muy bueno compartir, nunca había sentido esa experiencia entre profesionales colegas”, señala el Dr. Hernando, multicampeón en natación en diversos torneos y subraya: “La práctica de una acti-

vidad deportiva es indispensable, y más aún a partir de determinada edad es muy importante que los profesionales destinen parte de su tiempo al deporte, sin esperar a que sea un profesional médico el que nos lo recomiende”.

El Dr. Oscar R. Hernando practica natación desde los 5 años y acumula 42 años en el deporte. Llegó a participar en los primeros equipos de natación de Estudiantes de La Plata y fue preseleccionado para competencias internacionales. “Ahora, a partir del impulso que me dieron estas olimpiadas he retomado los entrenamientos, los he endurecido y he participado recientemente del Torneo Sudamericano de Natación Máster que se llevó a cabo en Mar del Plata”, comenta entusiasta el Dr. Hernando. “Estaba entrenando poco y después de participar de las Interprofesionales, logré un incentivo que me alentó a querer estar presente en este otro torneo”, concluye.

“Hay que decir que no es necesario haber practicado una actividad deportiva a nivel profesional para participar de una competencia como esta. El deporte es salud y cuanta más salud tengamos, podemos progresar más en lo social, en lo profesional, en lo familiar y en todo”, aclara el Dr. Hernando.

Por su parte, el Dr. Pacheco asiente: “Hay gente que no se anima a participar en competencias deportivas porque se cree que todos somos profesionales, pero no es así. La edad tampoco es un condicionante, yo tengo 78 años y no me limita para nada”.

Además, los doctores Hernando y Pacheco formaron pareja para jugar al truco y entre más de 30 equipos alcanzaron la medalla

de bronce. “Es muy importante poder participar con un colega que casi me duplica en edad, haber formado una pareja y logrado algo entre los dos. Algo que también se da en lo laboral, esa integración a veces es difícil poder llevarla”, reflexiona Hernando.

Incansable, el Dr. Pachecho se tomó un tiempo para enseñarle a jugar a las bochas a dos jóvenes colegas de Junín que se animaron a competir y obtuvieron la medalla de plata. Entre ellas se encuentra la Dra. Julia Goyena quien asistió acompañada de tres amigas colegas para participar por primera vez. “A mi me gusta hacer todo tipo de deporte. Caminata y bicicleta son ahora los que más practico; pero he hecho natación y vóley”, repasa la Dra. Goyena, quien además de sorprender con la obtención de la medalla de plata en bochas femenino, obtuvo tres medallas de oro en natación.

En sintonía con lo mencionado por los colegas entrevistados, la Dra. Goyena asegura que “la actividad deportiva te ayuda a despejar el estrés que te genera el trabajo luego de largas jornadas; el deporte ayuda a relajarse y a empezar renovado al día siguiente”.

Además de las citadas disciplinas, nuestros colegas participaron también en pelota paleta, ajedrez, maratón, salto en largo, lanzamiento de bala, vóley, tenis y pesca.

A raiz del notable desempeño alcanzado por los profesionales en ciencias económicas en las “X Olimpíadas Interprofesionales de la Provincia de Buenos Aires”, la Mesa Directiva del Consejo, luego de recibir el informe presentado por el Comité de Acción Deportiva, hace llegar sus felicitaciones a todos los colegas participantes en el evento.

Detalles de la participación y medallas obtenidas por los profesionales en ciencias económicas: Bochas individual Oro: Norberto Pacheco (La Plata) Plata: Jorge Díaz (La Plata) Bronce: Diego Dardans (Mercedes)

Pecho 50 Mts.

Lanzamiento de bala femenino

Espalda 50 Mts.

Oro: Evangelina Carrari (Junín) Plata: Julia Goyena (Junín) Bronce: María Salomón (Junín)

Bochas damas Plata: Julia Goyena (Junín) Bronce: Alejandra Carrari (Junín)

Espalda 50 Mts.

Oro: Julia Goyena (Junín) Plata: Alejandra Carrari (Junín) Oro: René Hernando (La Plata) Oro: Julia Goyena (Junín) Espalda 25 Mts.

Vóley 4º Puesto Tenis

Bochas por pareja Oro: Norberto Pacheco / Jorge Díaz (La Plata)

Oro: René Hernando (La Plata)

Pelota paleta Plata: Roberto Olhasso - Guillermo Badozza (La Plata) Bronce: Diego Dardans (Mercedes)

Pecho 25 Mts.

Individual Damas

Oro: René Hernando (La Plata)

4º Puesto – Cecilia Canestri (La Plata)

Maratón Bronce: Jorge Díaz (La Plata)

Pesca individual 7º Puesto - Jorge Abriata (San Martín)

Atletismo

TOTAL MEDALLAS: 31 ORO: 16 PLATA: 5 BRONCE: 10

Ajedrez Bronce: Jorge Díaz (La Plata)

Libre 50 Mts.

Oro: René Hernando (La Plata)

Truco Bronce: Norberto Pacheco / René Hernando (La Plata)

100 Mts.

Natación

400 Mts.

Libre 25 Mts.

Oro: René Hernando (La Plata) Libre 25 Mts.

Oro: Julia Goyena (Junín) Pecho 50 Mts.

Oro: René Hernando (La Plata) Bronce: Fernando Lugli (Junín)

Oro: Diego Dardans (Mercedes) Bronce: René Hernando (La Plata) Oro: Diego Dardans (Mercedes) Salto en largo

Bronce: Jorge Díaz (La Plata) Salto en largo

Oro: María Salomón (Junín) Lanzamiento de bala masculino

Individual Masculino

5º Puesto – Jorge Díaz (La Plata)

Tabla General 1º Ingenieros.

2º Veterinarios 3º Arquitectos.

4º Contadores

Oro: René Hernando (La Plata)

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NOTA DE AUTOR Dr. Germán Murdolo

Contador Público

Nuevos lineamientos del Sistema de Control Público Provincial La reforma en la administración financiera gubernamental en el Sector Público Argentino, llega a la Provincia de Buenos Aires, luego de la instalación en la Argentina a través de la Ley Nacional nº 24.156/1992, y de su réplica en la Ley Provincial nº 13.767/2007.

En dicha reforma se introdujeron los conceptos del “Enfoque Sistémico”, la “Centralización Normativa y Descentralización Operativa”, la “Gestión por Objetivos y Resultados”, el “Presupuesto por Programas”, pasando de una idea de “Hacienda Pública Erogativa” a la de “Hacienda Pública Productiva”, entre otros, y que aún hoy no se han implementado de forma completa.

En cuanto al Sistema de Control propiamente dicho, la reforma nacional significó la desaparición del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Sindicatura General de Empresas Públicas, creando a la Auditoría General de la Nación como encargada del Control Externo (dependiendo del Congreso de la Nación) y a la Sindicatura General de la Nación como encargada del Control Interno (dependiendo del Poder Ejecutivo Nacional), organismo éste último que también subsumió las funciones del control interno de la Contaduría General de la Nación.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la modificación al sistema de control provincial no significó la desaparición de los organismos que desarrollaban hasta entonces dicha labor, sino que dotó de nuevas atribuciones a la Contaduría General (encargada del Control Interno) y al Honorable Tribunal de Cuentas (encargado del Control Externo).

No obstante no haber cambiado quienes llevan adelante la tarea de controlar, se han marcado profundos cambios al Sistema de Control provincial, por cuanto se definen nuevos enfoques a realizar, en el marco de la nueva administración financiera y la modificación de la materia sujeta a control, lo que implica la necesidad de moder36 | RePro

nizar y agregar nuevas capacidades, donde la Ley de Administración Financiera provincial especifica que el control: “...estará a cargo de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia.” “...deberá ser integral e integrado, abarcar aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.”

La caracterización de quienes son los encargados del control, nos ratifica lo dicho sobre la continuidad institucional, y la configuración de cómo debe ser el mismo, nos abre un vasto universo, mucho del cual se encuentra experimentado desde hace mucho tiempo por estos organismos (aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales y normativos), pero otro tanto deberá explorarse y desarrollarse (aspectos de gestión, evaluación de programas, proyectos y operaciones, y criterios de economía, eficiencia y eficacia), lo que deberá realizarse de manera acompasada con la propia administración financiera.

La reforma tiene como objetivos, entre otros, los de garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos, y para ello la Ley de Administración Financiera provincial ordenó implementar y mantener un subsistema contable adecuado a las necesidades del registro e información, operando de manera conjunta con un eficiente y eficaz sistema de control previo y posterior, normativo, financiero, económico y de gestión, y con procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los

resultados de los programas, proyectos y operaciones.

Esto da pie a introducir la titánica tarea definida para la Contaduría General de la Provincia, en su doble e importantísimo rol de Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad y del Subsistema de Control Interno, con las implicancias del nuevo enfoque del control.

Así se definen competencias para dicho organismo, como: “Controlar, en materia de su competencia, el desenvolvimiento general de la Hacienda Pública”, “efectuar tareas de control preventivo, simultáneo o posterior en la Administración provincial, mediante los procedimientos usuales de auditoría e inspección” y “requerir la rendición de cuentas” verificándola.

En cuanto a la tarea que le compete al Tribunal de Cuentas, encargado del control externo, debe enfocarse en el nuevo modelo, y hacerlo de manera integral e integrada con los responsables de la administración financiera y con la Contaduría General de la Provincia.

Un lugar común en el que se encuentran integrados estos sistemas, es en la Rendición de Cuentas (abarcativa de todos los aspectos señalados y cuyo destinatario final es el ciudadano), y en particular en la nueva conformación de la Cuenta General del ejercicio, que a partir de la reforma, involucra además de la información presupuestaria-financiera-patrimonial tradicional, a la información presupuestaria sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos y el comportamiento de la ejecución en términos de economía, eficiencia y eficacia.

Es entonces necesario resumir la finalidad primera y última que tiene todo el sistema definido, tanto de administración financiera como el de control, y que no es ni más ni menos que el ciudadano, y hacia donde se pretenden volcar los beneficios de una eficaz, económica y eficiente administración y control de la Hacienda Pública.

Aspectos Normativos del Sistema de Control Tanto sea por las competencias de los organismos de control provincial (procedimientos usuales de auditoría e inspección), como por cuanto la mayoría de sus integrantes son profesionales en Ciencias Económicas, y por la utilización de normas inherentes a la profesión contable, es que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, participa del proceso, brindado lineamientos técnicos para el desarrollo de la labor de auditoría, obligatorias para el ejercicio de la profesión en el ámbito privado, y utilizadas en el sector público frecuentemente.

Aquí debemos definir que el control abarca mayores espacios a los definidos como auditoría, graficando tal situación podemos utilizar la frase de mi amiga salteña, Profesora Lea Cortés de Trejo quién dice que “el control es el género y la auditoría la especie”.

Hasta el presente año se utilizó generalizadamente en el Sector Público (por adopción masiva de los distintos órganos rectores del control), la derogada Resolución Técnica nº 7, que desde 1985 nos dio herramientas para realizar los procedimientos que permitieron

desempeñar la Auditoría en el Sector Público.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, a través de sus organismos técnicos y emisores de normas, y contando con la aprobación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, ha emitido nuevos pronunciamientos en materia de auditoría, alineando a Normas Internacionales de Auditoría de la Federación Internacional de Contadores, mediante las Resoluciones Técnicas nº 32, 33, 34, 35 y 37, según el caso de aplicación, y siendo ésta última la que derogara la anteriormente mencionada.

Estas normas refieren al proceso de Auditoría, con sus distintos alcances y con sus etapas siempre presentes de planificación, ejecución e informe, y que en nada chocan con la materia sujeta a control en el Sector Público, brindando mejores respuestas a la debida modernización del proceso, tal como se detalla en el presente trabajo.

Vale la pena mencionar, que el proceso de adopción o adaptación, de las Normas Internacionales de Auditoría, se viene implementando en la Argentina armónicamente, no sufriendo las vicisitudes que posee el proceso de adopción de Normas Internacionales de Contabilidad, que en el Sector Público presentan inconvenientes adicionales a los presentes en el ámbito privado de aplicación.

Para el Sector Público, y en particular para el caso de las Entidades de Fiscalización Superior, existe la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI), que emite estándares de alta calidad para dichos organismos, y que también se encuentran alineados a las Normas Internacionales de Auditoría.

Tipos de Auditoría definidos La auditoría es una sola, pero de acuerdo al enfoque con que se realice recibe distintas denominaciones, y para poder cumplir con el mandato legal asignado a los organismos de control provinciales, deben poder complementarse todas ellas, de acuerdo a la siguiente clasificación: La auditoría financiera: que se enfoca en determinar si la información financiera de un ente se presenta de conformidad con el marco de referencia de emisión de la misma.

La auditoría de cumplimiento: que se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones identificadas como criterios.

La auditoría de desempeño: que se enfoca en determinar si las intervenciones, programas y/o instituciones públicas se desempeñan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen áreas de mejora.

El introducir este último tipo de auditoría, es el desafío para los organismos de control provinciales, y hacerlo de forma integral e integrada con todos sus actores, y con lineamientos técnicos de alta calidad, permitirá cumplir con el fin de gestionar eficaz, económica y eficientemente, los recursos que sacrifican los ciudadanos, para la satisfacción de sus necesidades colectivas.

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Sobre los matriculados activos. Datos actualizados al 30 de septiembre de 2014 RePro | 39

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148 SUPLEMENTO

INFORME ECONÓMICO DE COYUNTURA Regulación de las relaciones de producción y consumo

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Regulación de las relaciones de producción y consumo Introducción El Congreso ha aprobado un “paquete” de leyes vinculado a la problemática de la defensa del consumidor, dando lugar a importantes debates. Intervino el gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales, entes de defensa del consumidor y medios de comunicación. El “paquete” consta de tres leyes: • Ley 26.991 de regulación de las relaciones de producción y consumo • Ley 26.992 de observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios • Ley 26.993 de resolución de conflictos en las relaciones de consumo Nos ocuparemos de la primera de ellas pues la consideramos más importante. No por casualidad ha generado la mayor controversia y una severa oposición de los entes empresarios, en particular aquellos que agrupan a grandes firmas. Las dos restantes son complementarias e incluso han obtenido votos adicionales de parte de la oposición en las instancias legislativas (votación en general), con objeciones puntuales al articulado.

Para una mejor ubicación del tema debemos revisar brevemente sus antecedentes nacionales e internacionales y sus principales características.

Antecedentes

Antecedentes en Argentina De una rápida mirada retrospectiva surgen legislaciones vinculadas al tema de regulaciones destinadas a poner límites a las decisiones empresarias en defensa del consumidor: • 1920: Ley 11.157 en Presidencia de Irigoyen. De emergencia de alquileres donde se congelaron sus precios por dos años • 1939: Ley 12.591 en Presidencia de Castillo. Sobre stock y precios en el marco de la conflagración mundial.

• 1946: Ley 12.830 en Presidencia del Gral. Perón. Sobre precios máximos.

• 1946: Ley 12.833 en Presidencia del Gral. Perón. Tribunal de policía administrativa y procedimiento.

• 1947: Ley 12.983 en Presidencia del Gral. Perón. Represión de la especulación, el agio y los precios abusivos.

• 1948: Ley 13.492 en Presidencia del Gral. Perón. Complementaria de la anterior.

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• 1950: Ley 13.906 en Presidencia del Gral. Perón. Ídem anterior • 1964: Ley 16.454 en Presidencia de Illia. Primera ley formal de abastecimiento.

• 1974: Ley 20.680 en Presidencia del Gral. Perón. Segunda ley formal de abastecimiento.

La inclusión de una ley casi centenaria como la de 1920, se justifica por ser la primera de esta serie, y haber dado lugar a una jurisprudencia trascendental en la historia de la Suprema Corte de Justicia (fallo Ercolano c/ Lanteri de 1922). Ese fallo reconoce como obligación primaria del Estado la protección para evitar el aprovechamiento de una situación excepcional. Para ello cita incluso, jurisprudencia estadounidense, por la cual una reglamentación puede restringir los derechos de propiedad de manera temporal cuando hubiese un interés público.

Sin embargo, para nuestro análisis, los antecedentes más importantes son los que corresponden a las leyes de 1964 y 1974.

En el caso de la ley Nº 16.454 sancionada bajo la Administración Illia, declara como objeto “promover el normal abastecimiento y distribución en condiciones de calidad y precio razonable, de todos los bienes y servicios económicos que afectan las condiciones de vida de la población, para la defensa del consumo y crecimiento efectivo de la producción”.

Para esto instrumenta la posibilidad de eliminar intermediarios, promover las cooperativas, la educación de los consumidores, y la creación de una red de mercados centrales. Lo fundamental radica en que preveía penas de 3 a 10 años de prisión para quienes provocaran un alza artificial de precios o escasez de mercaderías. También habilita sanciones que van desde multas hasta clausuras para comercios y empresas que transgredan la ley. Sin embargo, el régimen de sanciones era operativo, siempre y cuando fuese declarada la emergencia, y de manera previa por el Congreso Nacional.

En el caso de la ley 20.680/74, su importancia como antecedente es mayor aún. Existen varios motivos para ello: es el antecedente inmediato anterior de la actual Ley 26.991; aún se debate sobre su vigencia; y la actual ley está construida como una reforma de aquella, modificando uno a uno los artículos originales.

Esa ley de 1974, generalizaba la intervención del Estado en todo tipo de transacciones y establece penas de multa, clausura y cárcel

sin prever la declaración de emergencia previa. Aunque esto último constituye su principal falencia jurídica, debemos tener en cuenta atenuantes que surgen de un contexto ubicado hace cuatro décadas.

Esta ley se referenciaba en el marco de un “Acta de Compromiso Nacional” suscripto por el Poder Ejecutivo, trabajadores y empresarios. Un detalle sobresaliente era la representación de esos estratos sociales, que por aquellos años estaba unificada en cada uno de ellos. Por otra parte, fue aprobada en condiciones de un definido desabastecimiento en vastas categorías de productos. Los casos más sonados fueron el aceite comestible, hierro y cemento para la construcción, etc.

Este contexto hizo posible que actuaran como miembros informantes tanto del partido oficial (PJ) como de la principal oposición (UCR), y su aprobación fuese por unanimidad.

Antecedentes en el mundo En todos los países existe actualmente una combinación de leyes de defensa del consumidor y de la competencia con diferente graduación en las sanciones. Sin duda las más importantes son las vigentes en Estados Unidos y en la Unión Europea. En el primer caso son disposiciones que provienen de fines del siglo XIX e inicios del XX (Leyes Sherman, Clayton y otras). En el segundo caso, previstas en su tratado de creación, en particular, los artículos 101 y 102.

El elemento que enlaza a esta gran diversidad de legislaciones, es un sistema jurídico que intenta fijar “reglas de juego” permanentes a fin de bloquear las tendencias hacia la monopolización, y al usufructo de condiciones coyunturales que afectan al consumidor. Son tendencias siempre presentes en el funcionamiento de las economías capitalistas y por ello se regulan a fin de evitar las “fallas de mercado”.

Pero también puede llegar a existir condiciones que afecten de manera grave al conjunto de la población. Se trata de crisis económicas (propias e internacionales), guerras, cataclismos naturales, pandemias, y circunstancias equivalentes que hacen necesario la existencia de capacidades diferenciales para el Estado. Se trata, nada menos, que de reemplazar las decisiones empresarias.

En esos casos aparecen las leyes del tipo “abastecimiento”. Sus caracteres institucionales implican la posibilidad de una muy fuerte intervención estatal, y por ello ya no es tan frecuente. En la mayoría de los países prefieren esperar a que ese tipo de condiciones se evidencie y recién introducirlas para evitar falsos debates.

Es la presión del contexto lo que hará posible el apoyo legislativo a cambios drásticos en las reglas de juego. En el caso de una guerra por defensa legítima del territorio, nadie tendrá dudas acerca de que el Estado pueda ordenar a una empresa reemplazar su producción de automóviles por carros de asalto; en el caso de una pandemia, expropiar la fórmula de un medicamente y ordenar su producción

prioritaria a todos los laboratorios radicados en el país; en el caso de una hambruna, obligar a la agroindustria que produce comestibles sofisticados, a elaborar alimentos básicos; y ejemplos similares.

La práctica internacional indica que la mayoría de los países posee un sistema de leyes permanentes en defensa del consumidor y de la competencia y el tema del abastecimiento queda pendiente para cuando circunstancias extraordinarias obliguen a realizarlo. Así obvian debates innecesarios alrededor del grado de intervención del estado en la actividad privada.

Son contados los países que poseen de manera permanente estos dos tipos de leyes de manera simultánea. Las referencias existentes señalan, en el caso de América Latina, a Venezuela y Costa Rica.

Caracteres de la normativa actual Para conocer las características de la norma aprobada, debemos revisar la ley previa, su contexto, y su situación institucional. También las modificaciones a la Ley 20.680 que introduce el proyecto original del P.E. y las adecuaciones realizadas a partir de su debate en el Congreso.

El contenido original (Ley de Abastecimiento Nº 20.680/74), se orientaba a las materias típicas de lo que actualmente se conoce como leyes de defensa del consumidor y de la competencia que por aquellos años no existían en Argentina, al menos con carácter amplio y una tipificación definida, tal como luego fueron definidas.

Sin embargo, en el texto de la 20.680, estas atribuciones se mezclaban con instrumentos para actuar en situación de crisis extrema a fin de evitar el desabastecimiento provocado por maniobras especulativas, o bien garantizar o reorientar la producción de las empresas. No era la mera sanción de inconductas empresarias, sino el reemplazo liso y llano de sus decisiones.

La falencia principal de aquella ley fue la no diferenciación entre reglas de juego permanentes y situaciones de emergencia que requerirían una declaración previa, específica y por plazo determinado por parte del Congreso. Pero, en ese caso en particular, existieron atenuantes a considerar en su evaluación histórica: un agudo desabastecimiento y una fuerte concertación económica de los sectores sociales que demandaba leyes de ese tipo.

La estrategia legislativa de la ley actual, no fue la de confeccionar una ley enteramente nueva sino modificar uno a uno el articulado de la 20.680. En ese sentido el proyecto que el Poder Ejecutivo presenta al Congreso contiene importantes cambios respecto a la ley original de 1974. En sesiones de Comisión del Senado, los funcionarios la fundamentaron en la estrategia de excluir aquellos elementos que no constituyen el uso apropiado de la capacidad regulatoria del Estado.

Algunos de los más importantes son la eliminación de penas de arresto para infractores y reemplazo con sanciones pecuniarias muRePro | 43

cho más elevadas y bajo el principio “solve et repete” (primero pagar y después reclamar); exclusión de la intervención temporal de empresas; transferencia de jurisdicción desde la justicia penal al fuero contencioso administrativo; derogación de la facultad expropiatoria en caso de emergencia y otros de menor importancia.

También el proyecto original sufrió modificaciones en su paso legislativo. Entre las más destacadas se encuentran: excepción del régimen a empresas micro, pequeñas y medianas según la dimensión regulada por la ley 25.300 y limitada a aquellas que no detenten posición dominante; eliminación de ambigüedades precisando las conductas empresarias que justifican la actividad de la autoridad de aplicación (precios, stock, desabastecimiento, etc.); autorización judicial en caso de clausura temporal o inhabilitación especial; eliminación de la sanción de clausura definitiva; modificación de la autoridad de aplicación (Poder Ejecutivo reemplaza a secretaría de Comercio); compensación por obligación de abastecimiento a pérdida; confidencialidad de la información que surja de estas actividades; y otras de detalle.

Fueron cambios orientados a minimizar las arbitrariedades. Sin embargo, se mantuvo el criterio característico en las leyes del tipo “abastecimiento”, es decir, la facultad de reemplazar las determinaciones empresarias. Se trata del contenido de los artículos 1º y 2º de la ley: generalización temporal y sectorial de las actividades incluidas y la posibilidad de modificar las decisiones típicas de un empresario: establecer precios, márgenes de utilidad, continuidad de la actividad, asignación de metas, etc.

Algo similar al principal problema de la ley antecesora: la superposición de normas que son habituales en todos los países en defensa del consumidor y la competencia para castigar inconductas empresarias; con normas extraordinarias donde las decisiones empresarias quedan subrogadas al Estado.

A esto se agrega que la actual ley reemplaza, de hecho, a leyes existentes. Antes de la sanción de la actual, ya existían leyes del tipo defensa del consumidor y antimonopólica. Se trata de las leyes 24.240 (defensa del consumidor), 25.156 (defensa de la competencia, 22.802 (lealtad comercial) y otras de tipo específica tales como las que establecen los entes reguladores de servicios públicos, de ahorro previo para fines determinados, y similares. Estas cubrían, al menos de manera formal, los aspectos permanentes de eventuales deformaciones del mercado.

Y también subsistía, aunque con dudosa legitimidad jurídica, la propia Ley de Abastecimiento (Ley 20.680) que prevé la intervención del Estado en situaciones límite, pero suspendida (en 1991) hasta que una declaración específica de emergencia por parte del Congreso, la activara.

Debemos tener en cuenta que el sistema de leyes de defensa de la competencia y el consumidor, vigente en Argentina, ha resultado 44 | RePro

muy endeble para cumplir con su objetivo. Un claro ejemplo de ello resulta del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que crea la ley 25.156 del año 1999 y nunca puesto en funcionamiento.

Justamente, las autoridades, al fundamentar el proyecto plantearon la necesidad de una ley de abastecimiento que unifique todos los aspectos, permanentes y temporales, debido a la ineficacia de las actuales leyes de defensa del consumidor y de la competencia. En ese sentido, Augusto Costa, Secretario de Comercio, expresó en el Senado: “[. . . .] sino que es simplemente la respuesta sobre qué está dando el Estado a partir de las iniciativas del Poder Ejecutivo a las falencias que tiene el sistema actual para que el artículo 42 de la Constitución pueda ser plenamente ejercido por parte de los consumidores. No quiere decir que hoy no haya derechos. No quiere decir que hoy no existan, desde el punto de vista teórico o racional, los derechos de los consumidores, sino que por cómo está todo el sistema actual no siempre se puede ejercer plenamente”. (Senado de la Nación -Reunión de Comisiones del 20-08-14. Cf en: http://eventos.senado.gov. ar:88/14635.pdf -pág.15).

Es cierto que el sistema de leyes en defensa de la competencia y del consumidor fracasó, pero en ese caso deberíamos debatir acerca de cómo corregirlas para que resulten eficaces, tal como se ha demostrado en otras latitudes.

En lugar de esa corrección se ha puesto en vigencia una ley permanente que a los temas típicos de defensa del consumidor y de la competencia, ha incorporado la capacidad del Estado, no sólo para sancionar conductas sino para modificar las decisiones empresariales.

En esas condiciones, las situaciones permanentes y las extraordinarias están ubicadas en un mismo plano. Están fusionadas en un mismo texto y no es necesario, en ningún caso, una declaración específica del Congreso. Resulta lógico entonces que surjan dudas acerca de la posibilidad de aplicar de manera indiscriminada, algunos de esos instrumentos diseñados para coyunturas excepcionales.

El debate de la ley 26.991 Debemos bucear en el debate que produjo esta ley, previo a su aprobación, a través del análisis de sus aspectos institucionales y económicos. A su vez, fuertemente enlazados.

Aspectos institucionales El debate previo a su sanción fue confuso. Arrojaron un resultado que en lugar de esclarecer, provocaron una mayor desorientación del público respecto a los temas en disputa.

De manera ejemplificativa, nos concentraremos en lo que consideramos central: su eventual inconstitucionalidad. Fue planteada

por muy diversos motivos: afectar los derechos de propiedad privada protegida por la CN en su art 14; también la libertad para ejercer toda actividad lícita (art. 14) y la delegación de poderes en la figura del Secretario de Comercio.

Los planteos respecto al ataque a la propiedad privada y el ejercicio de actividades lícitas fueron realizados por partidos políticos y empresarios, en base a derechos que están reconocidos de manera explícita en el texto constitucional.

Los grupos empresarios, lo hacen en varias solicitadas firmadas por decenas de entidades (Cf. La Nación del 31-08-14) y ratificada por la exposición de una de ellas ante las comisiones legislativas. (Senado de la Nación - Reunión plenaria de Comisiones del 20-08-14 - Cf. en: http://eventos.senado.gov.ar:88/14635. pdf - págs. 31 a 33).

Sin embargo, cuando el principal grupo empresario formado por las seis más grandes organizaciones, plantea de manera formal, su decisión de recurrir a la Justicia, limitó la inconstitucionalidad a la problemática de la delegación de poderes del Legislativo en el Ejecutivo: “Sin embargo, uno de los tres proyectos enviados al Congreso Nacional (Relaciones de la Producción y el Consumo, conocida como ley de Abastecimiento), no cumple esos objetivos sino que establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención.

Estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución Nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76 de la misma.” (La Nación 03-09-14).

La importancia de ese texto radica en que descarta los anteriores criterios desarrollados en comunicados y declaraciones a los medios, donde, tanto el reclamo por la protección de la propiedad privada como del ejercicio de toda actividad lícita, supone la existencia de derechos absolutos sin limitaciones de ningún tipo.

Y es muy importante esclarecer el porqué de esta rectificación que honra a esas instituciones, ya que tiende a corregir la confusión en la opinión pública respecto a las verdaderas causas de una eventual declaración de inconstitucionalidad de esta ley.

Aunque la propiedad privada goza de protección constitucional, (art. 14 C.N.) y el Código Civil considera al derecho de propiedad como absoluto, exclusivo y perpetuo, todos los niveles de la legislación argentina prevén importantes limitaciones que jugaron por primera vez en la jurisprudencia argentina en el caso Ercolano de 1922, ya mencionado.

Estas limitaciones tienen en cuenta intereses privados y públicos. Las primeras se refieren a las interferencias con otros propie-

tarios. Pero nos incumben las de interés público. Son limitaciones que incluyen hasta la expropiación. Incluso esta última tiene carácter constitucional (Art. 17 de la C.N.).

Están regidas por el art. 1970 en la actual versión reformada del Código Civil y Comercial (t.o. 2014) y que fuera art. 2611 en la versión anterior del Código Civil. Su redacción es: ARTICULO 1970.- Normas administrativas. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Debe advertirse que tanto el texto constitucional como el Código Civil, ambos en sus versiones originales coinciden en el fundamento: “causa de utilidad pública” para expropiar, en el primero, e “interés público” en el segundo. Estamos hablando de restricciones a la propiedad en pleno siglo XIX. Es la temática de los efectos sociales de la propiedad privada, que recién aparece de manera generalizada en las legislaciones del siglo XX. Aunque la limitación frente al caso extremo (expropiación) estaba ya prevista en el texto original de la Constitución (1853), la restricción a la propiedad por interés público fue ampliada por aquel art. 2611 del Código Civil original. Un dato relevante de su significado es que a la fecha de aprobación de la versión primitiva del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield (1870), no existía un artículo equivalente en ningún código civil del mundo, debido al predominio de una visión absoluta de la propiedad privada.

De hecho, cualquier limitación es posible, siempre que cumpla dos aspectos: ley previa de derecho administrativo y fundamento específico para esa intervención. Como ese fundamento es una situación de emergencia corresponde que en cada caso la declare el Congreso de manera explícita y de allí surgen otras condiciones.

Aquí es donde entra a jugar la problemática de la delegación de poderes. De acuerdo a la Constitución Nacional: Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

Como se trata de una limitación vinculada a derechos protegidos, la interpretación debe ser restrictiva. Debe explicitarse la justificación del interés público que sólo puede declararla el Congreso con prohibición expresa de delegarla excepto por causas y plazos determinados.

La actual ley 26.991, mezcla en un mismo texto situaciones permanentes y de emergencia, colocándolas en un mismo plano. Por ende, estaría faltando la justificación del interés público, la declaración previa de emergencia específica por el Congreso y su plazo de vigencia para que resulte válida la delegación de poderes, que de RePro | 45

hecho, produce el texto de la ley.

Es por esto que será posible plantear la inconstitucionalidad por incompatibilidad de la ley con el art. 76 de la CN. Y no es como se dijo, un problema derivado de delegar el poder al Secretario de Comercio. Aunque esto se eliminó del texto, y ahora la autoridad de aplicación radica en el Poder Ejecutivo, a posteriori, siempre podría transferir por decreto esa delegación a cualquier funcionario.

El problema de fondo radica en la ausencia de una delegación específica de poderes del Congreso al Poder Ejecutivo basada en una declaración de emergencia y con un plazo determinado.

Más aún, la ley anterior Nº 20.680 (Ley de Abastecimiento) estaba rigiendo bajo estas reglas constitucionales ya que por decreto 2284/91 (ratificado por ley Nº 24.307/93) resolvía su falencia de origen: suspendía sus efectos hasta tanto existiera una declaración de emergencia específica por el Congreso. También exceptuaba de esa suspensión sólo al inciso c) del art. 2º que autorizaba al Poder Ejecutivo a dictar normas de producción y comercialización.

Pero la vigencia de la ley anterior representa una problemática aún más compleja. Algunos tratadistas consideran que la Ley 20.680 está derogada en función de la Cláusula Transitoria octava de la Constitución Nacional que expresa: Octava. La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.

Justamente, debido a ello, en 1999 el Poder Ejecutivo emitió el decreto 722 declarando la “emergencia del abastecimiento” a fin de mantener en vigencia aquella ley. Sin embargo, no cumplía con el requisito de su aprobación por el Congreso. Por otro lado, surgen defensores de su vigencia basados en el reconocimiento que realiza el digesto jurídico.

En resumen, por un lado la ley 20.680 figura como vigente en el nuevo digesto. Por el otro, existe un decreto suspensivo (ratificado por ley) también vigente en ese digesto. Es un conflicto normativo que la Justicia deberá dirimir, lo que sumado al resto de factores analizados, convierten a la presente ley, en sumamente endeble desde el punto de vista judicial ya que su aplicación da lugar a la posibilidad de ser sometida a un permanente jaqueo.

Todo esto, al menos, contribuye a enervar la norma actual, ya que su arquitectura no corresponde a una ley enteramente nueva, sino que surge como reforma de la Ley 20.680 que por sus avatares, ha sido sometida y lo seguirá siendo, a fuertes embestidas judiciales por los afectados en su aplicación.

Aspectos económicos Cuando actuamos en política económica debemos tener presente los aspectos específicos de la economía a la que aplicaremos 46 | RePro

los instrumentos diseñados. Y uno de esos elementos centrales es el carácter institucional del caso en cuestión. Se enlazan así ambos aspectos.

Sin embargo, lo más habitual es que ese factor no sea tenido en cuenta. Existen varias causas para que esa ausencia se produzca.

Una de ellas proviene de la metodología utilizada en la economía académica. Pone el foco en las relaciones funcionales cuantitativas y no otorga entidad a los aspectos institucionales que son de tipo cualitativo. De esa manera, sobredimensiona el análisis de las variables y desecha las limitaciones que imponen las relaciones jurídicas entre los agentes económicos.

Debido a ello, los movimientos a lo largo de las curvas (oferta, demanda y otras de las distintas variables) tienden al infinito. No tienen “piso” ni “techo” alguno. Sin embargo, los movimientos reales de una curva de transformación, o de un salario, se desplazan sólo en determinados tramos de esa curva teórica debido a límites institucionales.

Otra causa que tiende a eliminar los factores institucionales del análisis proviene de una radical transformación de esas instituciones en todo el mundo. A partir de finales del siglo XX, sobre todo del episodio conocido como “la caída del muro de Berlín” en 1989, comenzó una tendencia hacia la igualación de las condiciones institucionales en todos los países. Estas comenzaron a girar alrededor del sistema capitalista en todo el planeta. En estas condiciones, evalúan que tener en cuenta el funcionamiento institucional del sistema sería casi una obviedad, y por ende un factor secundario, tanto en el diagnóstico como en el diseño de la política económica.

Y el aspecto fundamental de esas raíces institucionales de la economía es el modelo capitalista de una economía. Ignorarlo se convierte en una fuente potencial de graves errores resultante de no considerar la materia prima con la que se trabaja ya que posee reglas de funcionamiento muy definidas y de trastocarlas, se corre el serio riesgo de perturbar la actividad económica.

Y a este error lo cometen tanto los intervencionistas como los que se ubican en la vereda opuesta: los antiintervencionistas o neoliberales, tal como se los conoce en Argentina.

Ambos, al ignorar las bases institucionales del modelo toman el sistema económico como una “plastilina” que puede moldearse a voluntad. Los intervencionistas creen que por vía del mero reemplazo de las decisiones de empresarios y consumidores por el Estado pueden llegar a “socializar” la economía y por ende modificar sus raíces. Sus oponentes, están convencidos que por vía del versus de esto, la desregulación, el sistema económico en cualquier circunstancia, siempre tenderá a funcionar mejor.

El sistema capitalista se mueve alrededor de dos fases: acumulación de capital y distribución del ingreso y en ambas existen a su vez dos niveles: macroeconómico (relaciones entre flujos globales) y

microeconómico (decisiones de empresarios y consumidores).

Las interrelaciones entre esas fases y niveles generan una alta especificidad en su funcionamiento. No tenerlo en cuenta al aplicar medidas de política económica, en lugar de mejorar su funcionamiento, puede producir interrupciones en los mecanismos básicos ya que significa manipular “contra natura” su sistema de relaciones y decisiones.

Los neoliberales intervienen en el nivel macroeconómico con manipulaciones que deforman el tipo de cambio (en convertibilidad y en el euro), el desarrollo sobredimensionado del flujo financiero respecto al flujo real (financierismo), y la apertura indiscriminada de la economía. En el nivel microeconómico, tienden a eliminar todo tipo de regulaciones, cuando algunas de ellas son imprescindibles debido a la existencia de las denominadas “fallas” de mercado.

La mayoría de las corrientes académicas coinciden en que esas “fallas” radican en áreas del funcionamiento de la economía donde los mercados no tienen, de manera objetiva, posibilidad alguna de generar competencia (es el caso de los monopolios naturales, bienes públicos, externalidades, e información imperfecta), ni de evitar la polarización del ingreso.

Los intervencionistas, también producen, en su accionar, interrupciones de los mecanismos básicos del capitalismo al interferir en los flujos globales (retraso cambiario que modifica los precios relativos, desnivelación entre flujos financieros y reales, y dentro de cada uno de ellos y similares). Además, se produce similar efecto cuando intentan reemplazar las decisiones de tipo microeconómico que realiza el empresario y el consumidor por decisiones de funcionarios.

En este último caso, las lógicas resistencias que surgen, conducen a intentar profundizarlas vía su imposición por la fuerza pública.

En esas circunstancias estamos en presencia de una suerte de “militarización” de la economía, que termina siendo incompatible con las formas democráticas.

La aplicación de instrumentos de política económica bajo cualquiera de estos criterios, lo único que consigue es paralizar los mecanismos básicos del sistema capitalista, provocando profundas crisis económicas.

Para evitarlo, las interferencias de la política económica deben orientarse a resultar compatibles con el sistema institucional.

En el plano macro, intentar llevar las relaciones entre flujos a los niveles prevalecientes en periodos históricos de bonanza, y mejorar de manera sistemática, la distribución del ingreso. En el plano microeconómico, las interferencias en las decisiones de empresarios y consumidores, deben realizarse, no por vía de su reemplazo por decisiones de funcionarios, sino por la creación de incentivos (y desincentivos) para orientarlas.

Y esta ley de abastecimiento se orienta a interferir en las decisiones microeconómicas. En ese sentido juega un papel fundamen-

tal las condiciones coyunturales prevalecientes.

En situaciones relativamente normales, en la mayoría de los países, este tipo de legislación se maneja a través de una combinatoria de leyes en defensa del consumidor y antimonopólicas que están dentro de los criterios básicos del funcionamiento del capitalismo, porque intentan corregir algunas de sus falencias estructurales. Por un lado, evitar los excesos de los productores que afectan al consumidor y limitar la adopción de posiciones monopólicas que restringen la existencia de mercados competitivos. Por el otro, introduce mecanismos legales que garantizan el derecho de defensa de quienes podrían ser afectados por las sanciones. En síntesis, se orientan a corregir los mercados con “fallas”.

Pero en situaciones de una definida anormalidad, como por ejemplo una fuerte crisis por causas internas o internacionales, guerras, cataclismos naturales generalizados, pandemias, y casos similares; resulta válida la interferencia directa del estado en las decisiones empresarias. Tiene por finalidad garantizar que de manera inmediata se reorientarán sus decisiones para adaptarlas a las urgencias de la sociedad en su conjunto: prohibición absoluta de actitudes especulativas, sacrificio de la rentabilidad, modificar los procesos productivos (volumen, stock, tipo de producto, etc.), racionar el consumo de productos críticos, etc.

Nada menos que EEUU, durante su participación en la segunda guerra mundial (1941-45), puso en marcha legislaciones de este tipo y su desempeño exitoso fue una de las claves que hicieron posible el triunfo de ese país y sus aliados contra el “Eje” formado por Alemania, Japón e Italia.

Esto nos dice que ese tipo de legislación, aunque inconveniente en periodos de cierta normalidad, resulta imprescindible en condiciones de una emergencia muy definida.

Y frente a esta doble necesidad de acuerdo a la coyuntura, los países adoptan estrategias diferenciales. En la mayoría de los casos, y en situaciones relativamente normales que se extienden por largos periodos existe la combinatoria ya vista de leyes de defensa del consumidor y de la competencia con todas las garantías constitucionales. La diferencia estriba en la estrategia que se adopta para la legislación de una eventual emergencia.

Lo más habitual es que aun considerando esencial una ley del tipo abastecimiento para situaciones de crisis, se prefiere no disponerla de manera permanente a fin de evitar debates innecesarios: grado de probabilidad de su presentación, dureza de disposiciones que corresponden a eventos poco probables, y sobre los que quizás ni siquiera exista memoria histórica de situaciones equivalentes.

Dependerá del grado de comprensión y experiencia previa que esa sociedad tenga respecto a atravesar situaciones límites, de la fortaleza política de los gobiernos, y del grado de confianza de la sociedad en que esa ley no será utilizada de manera indiscriminada RePro | 47

mientras no aparezcan situaciones graves. Existen sólo contados casos donde concurren ambos tipos de legislaciones.

Evaluación global El profesor Aldo Ferrer, a quien se le reconoce el liderazgo en Argentina de la orientación heterodoxa en economía, piensa que una ley del tipo “abastecimiento” resulta innecesaria en las actuales condiciones. En una reciente entrevista realizada por el diario “Tiempo Argentino” (14-09-14) y refiriéndose al debate suscitado alrededor de esta ley dijo al respecto: “Creo que se armó un frente de discusión en un escenario con problemas mucho más importantes: cómo frenar la inflación, cómo incentivar la inversión, cómo resolver la falta de dólares. El Estado cuenta con instrumentos para defender al consumidor y promover la competencia. Siempre se puede hacer una mejora, pero pensar que una nueva ley va a resolver las cuestiones de fondo es una ilusión. Eso pasa por la realidad de la macroeconomía y del buen uso de las herramientas que tiene el Estado. Cuando un Estado necesita muchos controles, es un síntoma de debilidad. Es porque no ha tenido la capacidad de usar los instrumentos de una economía democrática para orientar al mercado sin necesidad de entrar en el detallismo. El detallismo es difícil de administrar. [. . . . .].

Siempre hay pescadores de río revuelto. El tema es por qué especulan los actores. Lo que busca el empresario es maximizar, pero eso no se puede pensar como un problema político, como un ataque. Si los productores guardan el stock, lo que hay que pensar es: ¿cuáles son las circunstancias que el Estado tiene que crear para que el productor venda?”

Sin embargo, resulta lícito que un gobierno quiera disponer de ambos instrumentos de manera simultánea, siempre que se encuentre claramente diferenciada su aplicación de acuerdo a las condiciones coyunturales.

Pero en el actual caso argentino, la cuestión se complica porque coinciden en una misma ley ambas situaciones sin diferenciar el uso de instrumentos según el contexto por el que se atraviesa.

Aquí aparecen, tal como demuestra su debate legislativo y social, los temores respecto a una aplicación indiscriminada de instrumentos típicos de una emergencia, en periodos de relativa normalidad. En este sentido, debe tenerse en cuenta que sus principales antecedentes (Leyes de Illia y Perón) fueron instrumentados a poco que iniciar el mandato de sus respectivos gobiernos. Un periodo donde los politólogos coinciden, radica el “pico” de credibilidad de los gobiernos.

En el caso actual se está instrumentando al final de un largo periodo que hace posible la exacerbación de las dudas.

De la experiencia histórica de Argentina y mundial extraemos como conclusión la necesidad de la existencia de ambos tipos de legislaciones, pero claramente diferenciadas según coyunturas de 48 | RePro

cierta normalidad, o bien de crisis muy definidas. Y aquí coinciden las exigencias institucionales de Argentina con las enseñanzas de la economía.

En nuestra legislación existe la posibilidad de la existencia simultánea de ambos tipos de legislación en la medida en que haya una diferenciación de leyes entre aquellas con instrumentos de aplicación permanente y aquellas ajustadas a situaciones de emergencia. Esta última podría estar disponible, pero bajo el requerimiento de una declaración específica del Congreso para ponerla en vigencia y así evitar el principal núcleo de controversia: su inconstitucionalidad por una delegación permanente de atribuciones del Congreso en el Poder Ejecutivo según lo prevé el art. 76 de la Constitución Nacional.

Incluso, antes de declarar una emergencia para habilitar leyes de tipo abastecimiento, debería intentarse aplicar acuerdos de concertación en las cadenas de valor donde se ubica los problemas específicos. En caso de no poder acordar precios, producción, etc., con los agentes económicos, recién ahí resultará imprescindible una declaración del Congreso para que el Estado ponga en marcha medidas correctivas frente a una grave coyuntura.

De la experiencia de la economía mundial surge la necesidad de diferenciar ambas legislaciones para no generar falsos debates alrededor de los derechos constitucionales y evitar así deformaciones innecesarias en los flujos reales y financieros y en el sistema de decisiones que pueden llegar a afectar de manera severa los mecanismos básicos del funcionamiento económico.

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