11 DE OCTUBRE DE 2010
ECOS DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL CRIMINALÍSTICA La legisladora Mercedes Cabanillas Bustamante (PAP) realizó una visita inopinada de trabajo a las instalaciones de la Dirección Nacional de Criminalística (Dinincri), de la Policía Nacional, en cumplimiento de su función de representación, para tomar conocimiento del trabajo y acciones que realiza la policía en contra del crimen organizado en nuestro país. La congresista Cabanillas fue recibida por el general PNP César Guardia Vásquez, director de la Dirincri, acompañado de un grupo de oficiales. Informaron que esa división policial tiene como objetivo investigar, identificar, ubicar, capturar y denunciar a las personas involucradas en la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo humano y la salud.
JULIACA La congresista Margarita Sucari Cari (NoA) realizó una inspección al Hospital III Essalud de Juliaca, donde fue recibida por Factor Espinoza, director del Hospital José Nuñez, presidente del Cuerpo Médico, así como personal asistencial y administrativo. En un recorrido por sus instalaciones comprobó la deficiente infraestructura con que cuenta ese nosocomio, las estructuras colapsadas, el alto índice de hacinamiento de pacientes debido a los reducidos espacios de diferentes servicios, lo cual no permite una adecuada atención a nuestros asegurados. “Hemos podido verificar que tanto en Puno como en Juliaca los problemas de los hospitales de Essalud son similares. Por ello, la operatividad deficiente debido a los problemas antes descritos no permite cubrir la demanda de atención de nuestros 120 mil asegurados”, manifestó la parlamentaria. Asimismo, indicó que ha comprobado la falta de personal médico de diversas especialidades para atender la demanda de atención de parte de los pacientes.
CARRETERA Moquegua (CR).- En ceremonia por el 68º aniversario del distrito de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, los legisladores Hilda Guevara Gómez (PAP) y Washington Zeballos Gámez (BPCD) coincidieron en solicitar a las autoridades regionales el uso de recursos del canon para la construcción de la carretera Cruz de Flores - Omate - Pampa Izuña.
DELITOS ADUANEROS El Grupo de Trabajo de lucha contra los delitos aduaneros, rotulado y piratería, que preside el congresista David Waisman Rjavinsthi (AP), tras su instalación, acordó invitar a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a fin de que informen sobre las medidas que adoptan para el cumplimiento de la Ley de los
Durante la ceremonia de aniversario, el congresista Zeballos Gámez recordó que el Congreso había aprobado la Ley Nº 239063, por la que se declara de interés y necesidad pública la ejecución de esa importante carretera y se señala la responsabilidad del Gobierno Regional de Moquegua. “Nunca como ahora esta región tiene recursos del canon. Es lamentable que no se tenga la capacidad para ejecutar las obras que el pueblo y distritos como La Capilla demanda”, afirmó el legislador. La congresista Guevara Gómez llamó a todas las autoridades a deponer las diferencias políticas y buscar juntos el bienestar de los pobladores. Consideró que la prioridad del municipio y del Gobierno Regional debería ser iniciar los trabajos de construcción de esa vía.
JUNÍN Continuando con sus actividades de fiscalización y representación en la Región Junín, la congresista Martha Acosta Zárate (GPN) inspeccionó las instalaciones de los penales de Tarma y Jauja y verificó la situación carcelaria de sus internos. En esas visitas estuvo acompañada por autoridades carcelarias y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Visitó las áreas de trabajo de los pabellones de varones, talleres de carpintería y otros ambientes, donde los internos le expresaron su malestar, como en el caso de Tarma, por temas como la exigencia de pagar el total de las reparaciones civiles para poder gestionar los pedidos de beneficios penitenciarios. pues ellos no pueden generar ingresos necesarios para tal fin estando en el penal. Los internos informaron que los abogados de oficio con que cuentan actualmente no son suficientes para atender todos los casos de manera adecuada y sobre todo oportuna.
LA LIBERTAD El congresista Luis Alva Castro (PAP), junto al presidente de la Empresa Nacional de Puertos, Mario Arbulú y la congresista Olga Cribilleros Shigihara (PAP), entre otros, explicaron en audiencia pública realizada en Trujillo un proyecto que permitirá dragar la zona de operaciones en el terminal marítimo de Salaverry y, a través de ductos, trasladar cuatro millones de metros cúbicos de arena y sedimentos marinos hacia las playas de Las Delicias y Víctor Larco. El congresista liberteño explicó que el objetivo de trasladar arena hacia las referidas zonas es hacer un repoblamiento de playas, a fin de convertirlas en zonas de esparcimiento para los habitantes de los distritos hoy afectados por la erosión del mar. “Este es un esfuerzo del gobierno nacional, los congresistas y el gobierno regional para dar tranquilidad a los habitantes de estas zonas costeras y darles una solución integral, así como mantener la operatividad del puerto de Salaverry, mediante un dragado que garantice a la región el flujo de mercaderías de exportación así como de importación”, explicó.
Delitos Aduaneros. También se invitará a dirigentes de los gremios empresariales. El presidente del Grupo de Trabajo dijo que se quiere terminar con el informe final sobre esa problemática, lo cual se inició en la legislatura pasada. La congresista Lourdes Mendoza del Solar (PAP) destacó los importantes avances logrados por ese grupo legislativo para combatir el contrabando y la piratería.
Por: Mercedes Cabanillas Bustamante Congresista de la República (PAP)
JUSTICIA PENDIENTE PARA POLICIAS Y MILITARES La derogatoria del Decreto Legislativo 1097 se llevó de paso a dos ministros: Defensa, Rafael Rey; y Justicia, Víctor García Toma. Adelantando la aplicación del Código Procesal Penal que se aplica ya en 16 jurisdicciones judiciales, esa norma buscaba, también, garantizar que se cumpla el debido proceso en los interminables juicios, varios de ellos injustos, a militares y policías que se enfrentaron al terrorismo criminal de Sendero Luminoso y el MRTA, en defensa de la sociedad y el ordenamiento constitucional. Un ejemplo de lo que afirmo es la indiscriminada carcelería que sufre el personal de tropa procedente del Servicio Militar Obligatorio, porque los jefes de la patrulla fueron encausados por supuesta violación de los derechos humanos en el curso del combate antisubversivo. Sin embargo, quienes han hecho de la acusación una práctica pecuniaria, pues sus ONGs reciben fabulosos financiamientos del exterior, no reparan en que nuestros soldados salieron a la batalla porque la Constitución dispone que, ante cualquier amenaza que ponga en peligro la seguridad de la nación y el Estado de Derecho, los institutos armados y la PNP cumplan su rol respectivo y función. Así lo hicieron, sin más protección que la Carta Magna y sus leyes fundamentales. A ellos les debemos gratitud, porque en el campo militar-policial derrotaron a la subversión. Pero en el campo político e ideológico los hechos demuestran que aún no la hemos extirpado y todavía nos damos el lujo de dejarnos llevar por la grita destemplada de aquellos que ahora callan ante la excarcelación de la emerretista Nancy Gilbonio, peligroso mando por “mérito propio” y no por ser viuda de Néstor Cerpa Cartolini, quien abandona la cárcel con beneficios penitenciarios, a los dos tercios de cumplir su sentencia, como ya antes lo hizo Lori Berenson, en tanto que otros 34 están en lista de espera, contando con la complacencia de los defensores de los derechos humanos para los terroristas. Los congresistas tenemos muy claro que había sustento para la modificación, en lo pertinente, al Decreto Legislativo 1097 con el fin de evitar cualquier infiltración nociva de aquellos, con nombre y apellido, que cometieron delito y deben cumplir su sentencia. Sin embargo, se debe solucionar la situación de otras personas, civiles, militares o policías que, a pesar de sufrir carcelaría en exceso, aún se encuentran en la etapa de Instrucción y sin acusación fiscal por falta de pruebas. A ellos debemos hacerles justicia, aplicando las normas del debido proceso que se encuentran reguladas en el nuevo Código Procesal Penal, que no es Inconstitucional y se viene aplicando en varios distritos judiciales del país.
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