Revista STAS Intersindical [+info]

[Revista de STAS Intersindical] [1]

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C O N INTERSINDICAL FEDERACIÓN

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Imprime: Confederación Intersindical.

Tirada: 35.000 ejemplares.

Coordinación: Mario Padilla.

Consejo de Redacción: Secretariado Confederal de la Confederación Intersindical.

Diseño y maquetación: Área de Publicaciones de la Confederación Intersindical.

Diseño de la portada: Mario Padilla.

Han colaborado en este número: Fermina Bardón Álvarez, Toni Carrasco, Manuel García Algarra, Miquel Gelabert, Fco. Javier Gómez, Juan Carlos Marín Ros, Azucena Peces León y Francesc M. Ramis Trujillo.

Edición y Distribución: Confederación Intersindical.

C/ Carretas, 14, 7º E y F, 28012 MADRID. Tel.: 91 532 22 64. Fax: 91 532 22 80.

Contacto: publicaciones@intersindical.es Web: www.intersindical.es La entidad editora de esta revista sólo se hace responsable de los artículos que aparecen sin firma. Se permite la copia y difusión de los artículos, citando la procedencia.

sumario

sumario

[2 Editorial.

[3 Dignidad y resistencia. Documento gráfico de las movilizaciones en defensa de lo público.

[4 Ataque a los servicios públicos.

[6 Retribuciones 2011. Trabajaremos más, pero cobraremos menos.

[8 El coste de la crisis pagado por el conjunto social.

[10 Salud Laboral. La salud laboral

en trabajadoras y trabajadores de las empresas y administraciones públicas.

[12 Mujeres, trabajo y políticas públicas.

[13 Medidas de agilización procesal:

¿Justicia sólo para ricos?

[14 ...y compromiso sociopolítico.

[15 Sentimientos.

Editorial T

ienes en tus manos la primera revista STAS-Intersindical, dedicada íntegramente al personal de las Administraciones y los Servicios Públicos de los sindicatos que conformamos la Confederación Intersindical. Sindicatos en creciente ascenso porque nuestro modelo sindical es ahora más necesario que nunca.

Estamos viviendo tiempos aciagos para el conjunto de la clase trabajadora y dentro de la misma, para el personal que trabaja en el sector público, que ha sufrido el mayor ataque a sus derechos laborales y salariales en la historia de la democracia.

Agresión que ahonda intencionadamente en el deterioro de los servicios públicos, sirviendo de excusa para su privatización.

El imperfecto y escaso Estado del Bienestar se derrumba y cede ante los poderes económicos. Buscando el beneficio privado se incrementa la pobreza y la desigualdad entre personas que no podrán optar a los servicios básicos necesarios para vivir, o sobrevivir.

El mensaje que se está transmitiendo al conjunto de la sociedad al lanzar estos ataques a los derechos consolidados del personal empleado público, supone la profundización errónea del desprestigio injusto y sobredimensionado del “sambenito” trasnochado y ajeno a la realidad que hoy se vive en las distintas administraciones públicas. La sociedad sabe que sin personal empleado público, no son posibles los servicios públicos, gratuitos, universales y de calidad.

Y por ello y para la defensa de nuestros servicios públicos, los sindicatos STAS (Sindicatos de Administraciones y Servicios Públicos de la Confederación Intersindical) son ahora más necesarios que nunca y crecen en las distintas administraciones públicas.

Cansados de modelos sindicales que han fomentado hasta el límite la delegación en las cúpulas ofreciendo pocas alternativas reales a los problemas, los trabajadores y las trabajadoras del sector público toman la iniciativa y se acercan a nuestros sindicatos demandando participación, movilización y activismo real. En nuestros sindicatos deciden las asambleas de trabajadores y trabajadoras, teniendo el protagonismo quienes participan.

Se unen a nuestras organizaciones porque son democráticas, integradas por trabajadores y trabajadoras que defienden y promocionan sus intereses profesionales, económicos y sociales relacionados con su actividad laboral, porque son autónomas económicamente, porque no responden ante ningún partido político o religioso, porque trabajan continuamente por la igualdad entre las personas y la progresiva disminución de las diferencias sociales y económicas. Porque son respetuosas con el medio ambiente, porque buscan la unidad de la clase trabajadora.

Ahora que los poderes económicos mandan y los gobiernos obedecen, las personas trabajadoras nos unimos con más fuerza que nunca en LA INTERSINDICAL, para reivindicar derechos iguales para todos y todas, porque somos conscientes de que ahora más que nunca se necesitan más servicios públicos de calidad, más personal empleado público ajeno al partido político que gobierne, más formación que aumente la calidad del trabajo, más recursos, más garantías, en definitiva, más compromiso y más solidaridad

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Cada día son más los servicios públicos que se privatizan, y que casualidad que siempre son los que generan o pueden generar riquezas como son Telefónica, Hidroeléctrica, RENFE, Sanidad, Educación, Transportes, autopistas y ahora lo próximo los aeropuertos y AENA, pero eso sí las infraestructuras necesarias para prestar estos servicios que sean a cargo del erario público. Y para que a la sociedad esto no les parezca mal, se encargan campañas desde todos los frentes, de desprestigio del personal empleado público, de esta forma tienen la excusa perfecta para liquidar el estado de bienestar publico y universal, y que sean las empresas las que se encarguen de manejar y prestar los servicios públicos, reduciendo su prestación y acceso.

Las OPEs

Las ofertas de empleo son los instrumentos necesarios para que las distintas administraciones públicas regulen, renueven, actualicen y amplíen los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

Estas deben ir encaminadas a cubrir varios aspectos para la mejora de la prestación de servicios.

Deben ofrecer puestos de trabajo de nuevo ingreso a la ciudadanía, consolidar el empleo precario y proporcionar oportunidades de promoción profesional al personal fijo. Además deben de aplicar la ley de igualdad procurando influir con medidas de discriminación positiva en aquellas categorías donde la desigualdad es más preocupante, no solo por aspectos de género, sino también por discapacidades. Pero esto es la teoría, la realidad es muy diferente, hace tiempo que comprobamos que o no existen las ofertas públicas o son tan escasas que lo que producen es desesperación en los opositores y recaudación por ingresos de tasas.

Por otro lado, y cada día son más los procesos selectivos que se ven salpicados por denuncias que demuestran que las plazas ofertadas ya están dadas, y si a esto le añadimos, que cuando se trata de un proceso de concurso-oposición, algunos de los aspirantes que llevan años como interinos, en su día entraron por enchufe y sin proceso objetivo de selección, todo esto desacredita al personal que accede correctamente. Al final al personal empleado público se nos mira de mala manera, se nos pone la etiqueta de privilegiados y se piensa que nos han regalado el puesto de trabajo, cuando muy al contrario, la inmensa mayoría ha accedido correctamente y nadie le ha regalado nada, habiendo empleado en muchos casos, muchos años de su vida para prepararse las oposiciones.

Nosotros desde la representación sindical y la negociación, debemos influir para cambiar esta

tónica, y conseguir que las ofertas públicas respeten los principios constitucionales y sirvan con eficacia para cumplir los fines que se persiguen, que no son otros que procurar ofrecer empleo a la ciudadanía, reducir la precariedad y proporcionar la promoción profesional, y todo esto con el máximo de rigor y objetividad posible en sus convocatorias. Debemos denunciar todo abuso que signifique la ruptura de estos principios, empezando por nosotros mismos.

La privatización 1.-¿En qué consiste la privatización en el sector público?.

La Administración Pública, transfiere la gestión del servicio pero conserva la titularidad del mismo y esto lo realiza a través de múltiples vías: Externalización de actividades y servicios de la Administración Pública a una empresa privada para la prestación o gestión por parte de ésta, mediante contratos de gestión, consultorías y asistencias técnicas y contratos de servicio: alimentación, asistencia sanitaria, limpieza, etc.

La concesión, mecanismo contractual específico por el cual las empresas privadas se hacen cargo de la gestión de servicios públicos esenciales a largo plazo (30, 50 o 75 años) y en régimen de monopolio: agua, transporte, etc.

El concierto, por el cual la Administración Pública conviene con empresas para que estas se hagan cargo de una parte de los servicios que la Administración está obligada a prestar: conciertos con clínicas privadas en materia sanitaria o con colegios privados en materia educativa.

Sistema de gestión mixto: Es una variable de la externalización donde la Administración mantiene la titularidad del servicio con 2 0 3

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puestos de personal funcionario para la Dirección y tareas administrativas, externalizando el resto de servicios.

Los Convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (ONGs, fundaciones, asociaciones).

2.-Consecuencia de la Privatización de servicios públicos.

La política de privatización y externalización de los servicios públicos va en detrimento de la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano, además de suponer una destrucción del empleo público al que por mandato constitucional está obligada la Administración.

De esta manera, se lleva a cabo la división de los trabajadores en dos colectivos distintos que realizando el mismo trabajo en el mismo centro, poseen derechos y retribuciones totalmente diferentes. Con un coste para la administración muy superior del que supondría su gestión directa.

Además de la finalidad diferente entre una administración, que sería la prestación del servicio público universal y sin preferencias, al de una empresa privada que busca el mayor beneficio a costa de reducir la universalidad y haciendo preferencias.

Pero las distintas administraciones no se limitan a privatizar los servicios de nueva creación sino que intentan amortizar plazas en los centros de trabajo para encargar a una empresa privada la cobertura de ese servicio, aprovechando que esas plazas están ocupadas por personal interino. Es decir, despiden a trabajadores temporales y los sustituyen por personal de una empresa privada.

UN EJEMPLO DE VICTORIA SOBRE LA PRIVATIZACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE TODO NO ESTA PERDIDO. Han sido más de 6 meses de dura lucha, los que se han necesitado para conseguir que la Consejería de Salud y Bienestar diera marcha atrás en su intención de privatizar los servicios del Hospitalito del Rey. Residencia de Mayores que, tras 5 largos años de obras, abrirá sus puertas con todo el personal público.

Un triunfo sobre el perverso Sistema de Gestión Mixta, que ha instaurado el Gobierno Regional en todos los servicios públicos.

Sistema Mixto por el cual se mantiene la titularidad de la Junta con cuatro puestos de funcionarios (todos técnicos) más la Dirección, a cambio de precarizar las condiciones laborales del resto de puestos, los que ocupamos, los mileuristas ¿Por qué no empiezan por el ejército de Asesores?

Ahora los trabajadores contaremos con las herramientas necesarias para garantizar que sean la imparcialidad y no el clientelismo, y la calidad de la prestación y no los beneficios económicos, los que se instalen en los Servicios Sociales Públicos.

Una Gran Victoria, que ha tenido dos elementos determinantes. Por un lado la determinación en la defensa de lo público, del Personal Laboral de B. Social, que no dudaron en coger la cacerola y salir a la calle a protestar contra las política de privatizaciones de la Junta.

Y por el otro, la recogida de más de 3.000 firmas de apoyo entre EL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO del resto de Consejerías de la JCCM.

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Retribuciones 2011

trabajaremos más, pero cobraremos menos.

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a ley de presupuestos generales del Estado de cada año es la concreción de la acción política del gobierno. Y la de 2011 define claramente sus intenciones respecto al personal empleado público. En el artículo 22 del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2011 se establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010. Esto significa que el gobierno mantiene los salarios con el recorte del 5% por término medio aplicado desde junio de 2010.

Es decir, tal y como ya se había anunciado, congela el importe de nuestros salarios. No obstante, hay una disminución más que sumar al conjunto de retribuciones, puesto que la rebaja del 5%, que en 2010 afectó a siete mensualidades y una paga extra, ahora afectará a las doce mensualidades y las dos pagas extras.

Si bien la rebaja de sueldo y trienios desde el mes de junio ha sido prácticamente invisible sobre

todo en los niveles más altos, es en este mes de diciembre y concretamente con la paga extra cuando muchas personas serán conscientes del impacto de la rebaja de salarios. El personal que pertenezca al subgrupo A1 tendrá una reducción de al menos 600 euros respecto a la paga extra de junio, aparte de las reducciones de los complementos. ¡Después de los años que ha costado que las pagas extras fueran completas! Poco nos ha durado la alegría. En estas fechas de regalos de Reyes Magos o Papá Noel o el niño Jesús, que nos lanzamos con cierta despreocupación a gastar, a mejorar las cuentas de resultados de los grandes almacenes y tiendas de todo tipo, deberemos reducir nuestros gastos ya que nuestro presupuesto será menor, y la cuesta de enero de 2011 puede ser una auténtica tortura. Tal vez a partir de ahora cambiemos nuestras costumbres en el consumo y lo reduzcamos, con lo que posiblemente la crisis se agrave aún más si cabe, es la pescadilla que se muerde la cola.

Las restricciones para 2011 no son sólo de índole retributiva. También se limita de manera brutal el acceso de personal de nuevo ingreso a las distintas administraciones públicas, limitándola al 10% de la tasa de reposición de efectivos y la imposibilidad de contratación de personal temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales o para colocar a los enchufados y sobre todo la incorporación de ETTs y empresas de colo-

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Frente a estas medidas económicas del gobierno, impuestas por los especuladores, mercados financieros y por las órdenes directas de la Unión Europea, los sindicatos que formamos parte de la Confederación Intersindical tenemos una idea clara de qué hacer. La reducción de las retribuciones del personal no va a sacar a la economía española de la recesión, sino que la va a ahondar. cación que tienen que hacer negocio en la administración. En la mayoría de los servicios públicos las plantillas ya están muy ajustadas y la baja de cualquier persona, ya sea definitiva o provisional, va a generar graves problemas en relación con la calidad del servicio público y con las condiciones del personal. Necesitamos ofertas públicas de ocupación amplias para que esto no ocurra y disponer de personal objetivo y que accede con los requisitos legales. Lamentablemente, hay alguna administración, como el caso de la valenciana, que se ufana de una oferta de ¡59 plazas! para todas las categorías, o la murciana que ya ha anunciado que no habrá OEP en 2011, como no la ha habido desde 2007. Para todas las categorías.

No es más que una burla y un medio espurio para sacar dinero al personal opositor, en un momento en el que el trabajo escasea, o simplemente efectos mediáticos que ahondan en el desprestigio del personal empleado público puesto que nada se ahorrará.

Frente a estas medidas económicas del gobierno, impuestas por los especuladores, mercados financieros y por las órdenes directas de la Unión Europea, los sindicatos que formamos parte de la Confederación Intersindical tenemos una idea clara de qué hacer. La reducción de las retribuciones del personal no va a sacar a la economía española de la recesión, sino que la va a ahondar.

Las compras serán menores, y el ahorro, si existe, se guardará para años peores, que es posible que vengan. Ya llevamos muchos años solicitando, y ahora con más razón, la cláusula de revisión salarial y la recuperación del poder adquisitivo perdido, como medidas mínimas imprescindibles para evitar un mayor deterioro de nuestra condición socio-económica. En muchas administraciones, la aplicación del complemento de carrera profesional, como consta en el EBEP, se ha asumido como una cierta recuperación de las pérdidas sufridas en los últimos veinte años, pero no es así. Lamentablemente, esas administraciones han aprovechado las medidas del gobierno para no cumplir con la Ley, amparándose en otra Ley. Y desde luego, rechazamos de forma rotunda la limitación del acceso de nuevo personal, ya que pensamos que

no es una manera correcta de rebajar el alto porcentaje de precariedad y servilismo político en los servicios públicos. Todo lo contrario, se necesita personal que no dependa del partido en el gobierno, que ejecute sus funciones con independencia y profesionalidad, con una mayor formación y conocimiento de las nuevas tecnologías para que nuestras administraciones públicas mejoren la calidad, la eficacia y la eficiencia del servicio público que ofrecen.

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El coste de la crisis pagado por el conjunto social.

Obedeciendo a las presiones de los organismos internacionales, el gobierno en el mes de mayo impuso el llamado “zapaterazo”: medidas de recorte y ajuste del déficit público que supusieron un ataque sin precedentes a pensionistas, dependientes, madres y personal empleado público, dando un giro radical a los avances conseguidos en las políticas públicas y sociales practicadas en los últimos años y consolidando una ruptura injustificable del principio de buena fe en la negociación colectiva en el ámbito de la función pública.

Lejos de ser una medida aislada, esta “reforma” en el sector público se vislumbró como la primera de una secuencia de medidas que siguió en junio presentando como decreto-ley la Reforma Laboral, que entró en vigor el 18 de junio, tramitada posteriormente como proyecto de ley y aprobada definitivamente el 9 de septiembre, modificando de esta manera los acuerdos firmados en el 2006 entre el gobierno y los agentes sociales, y creando una ruptura de acuerdos en cadena en las diferentes autonomías.

Y ahora la reforma de las pensiones.

Por un lado aumentan el número de años para el cálculo de las pensiones, lo que provoca una disminución de sus cuantías; por otro, alargan la vida laboral hasta los 67 años, con un mínimo de 37,5 años de cotización. Los menores de 30 años en general, y las mujeres en particular, no podrán jubilarse a esa edad al no poder alcanzar el tiempo mínimo de cotización para la prestación total.

Dentro de la secuencia de medidas, también está las rebajas en las prestaciones por desempleo, la desaparición del subsidio de los 426 euros o el posible copago de la sanidad pública.

Estamos pues ante una secuencia de ajustes imparable que incrementa cada vez más el ya injusto diferencial entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, destruyendo el ya precario Estado del Bienestar, alimentando y ahondando en el fallido modelo político y económico que nos ha llevado a esta crisis y justificando, a modo de ejemplo, el imparable retroceso social y laboral que se está aplicando, además, en las distintas Comunidades Autónomas.

Hacemos un repaso de las medidas de la Reforma laboral.

La reforma laboral, lejos de prevenir el paro y la precariedad laboral, ha demostrado que favorece los despidos y generaliza la inestabilidad. No pone límite al uso escandaloso de la contratación temporal y permite el lucro privado con las situaciones de necesidad. Ayuda con dinero público al empresariado, que aumenta su poder sobre los trabajadores y trabajadoras.

Pretende acabar y desvirtuar los mecanismos de defensa colectivos, como los sindicatos y los convenios colectivos, que han permitido mejorar las condiciones de trabajo a lo largo del siglo XX y son la única garantía de defensa frente a las pretensiones, nunca satisfechas, de quienes poseen el poder económico. Así veremos disminuir los salarios o aumentar los horarios, sin posibilidad legal de respuesta, con la amenaza continua sobre nuestras cabezas de un despido más fácil y sin necesidad de justificación, y compartiendo las indemnizaciones con dinero público.

Facilita y abarata el despido.

Se generaliza el despido de 33 días por año trabajado (tope de 24 meses) frente al anterior de los 45 (tope de 42 mensualidades) para los despidos improcedentes.

Se amplían los motivos para el despido procedente, tanto colectivo como individual, con sólo 20 días por año trabajado (y un máximo de una anualidad). Las empresas podrán despedir por causas objetivas (con una indemnización de 20 días por año trabajado) si registran pérdidas o por una caída “persistente” de los ingresos que pueda afectar su viabilidad.

Además se subvencionan los despidos con fondos públicos, a través del FOGASA, haciéndolos aún más baratos para los empresarios.

Se establece un Fondo de Capitalización, en el que sean las personas trabajadoras quienes ahorren para pagar su propio despido, movilidad geográfica o jubilación.

Aumentan los contratos basura Abarata los contratos a jóvenes de hasta 24 años (con bonificaciones del 100% en Seguridad Social) y bajos salarios.

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Incrementa el poder de los empresarios Se posibilita el incumplimiento de los salarios fijados en convenio (descuelgue salarial).

Se permite, sin acuerdo, modificar las condiciones pactadas en convenio (horario, jornada, turnos, funciones, movilidad geográfica…).

Aumenta el derecho empresarial de suspender los contratos, introduciendo la suspensión e introduciendo la suspensión con reducción de jornada.

Privatiza los servicios públicos de empleo Fomenta las agencias privadas de empleo, con ánimo de lucro.

Permite la entrada de las ETTs a nuevos sectores, como las Administraciones Públicas o en profesiones consideradas peligrosas.

Culpabiliza a las personas paradas de su situación.

Se endurecen las condiciones para poder cobrar la prestación.

Hace falta otra política económica.

Tiene que haber una propuesta alternativa de organización social y económica que evite situaciones como la actual, de paro y pobreza, que no cargue sobre la espalda del conjunto social, que no ha provocado esta crisis y al que las medidas propuestas hasta ahora, desde los distintos gobiernos y con la complacencia de los grandes sindicatos, sólo han conseguido profundizar en la injusticia y la desigualdad. Estas son algunas de nuestras propuestas: Reforma del sistema financiero mundial Foros internacionales de decisión democráticos con participación de los países empobrecidos (ni G8 ni G20, mejor la ONU).

Control y grabación con impuestos al flujo internacional de capitales.

Desaparición de los paraísos fiscales.

Mecanismos de control independientes para bancos y entidades financieras.

Fin de la especulación sobre las materias primas, los alimentos y la energía.

Anulación de la deuda externa de los países empobrecidos.

Tasas globales para los flujos financieros, las actividades contaminantes y las grandes fortunas.

Reformas del sistema financiero y de los mercados.

Recuperación de la banca pública controlada por los parlamentos y gestionada por personal empleado público, con gestión directa de los créditos estatales.

Intervención y participación estatal permanente a cambio de las ayudas a las entidades financieras insolventes. La banca rescatada no puede volver a manos privadas, ni repartir dividendo o bonos.

Aumento del coeficiente de caja en los bancos. Que no den más préstamos que fondos tengan.

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Limitación y control a las entidades que tengan intereses en paraísos fiscales.

Freno a las inversiones y fondos especulativos en la bolsa.

Reformas productivas y sociales Parque suficiente de viviendas públicas con alquileres accesibles, que garanticen el derecho a la vivienda digna. Control público del precio del suelo urbano y la vivienda.

Aumento de la inversión pública en gastos de interés social y ambiental (sanidad, educación, atención a personas dependientes, cultura, espacios naturales, energías renovables…).

Gestión pública de los servicios básicos. Acabar con las privatizaciones.

Fiscalidad progresiva (que pague más quien más tiene) aumento del tope impositivo y recuperación del impuesto sobre el patrimonio (sobre todo los grandes patrimonios) con una mejora del control fiscal.

Ampliación de los servicios de inspección, tanto tributarios como del trabajo, coordinados para impedir la explotación de la mano de obra ilegal.

Limitación de ganancias a los directivos de las grandes empresas y de las administraciones.

Impedimento de los EREs y despidos masivos en empresas con beneficios.

Renta Social Básica.

Reparto del trabajo: reducción de la jornada laboral Reconversión de la industria y de la producción hacia sectores sostenibles social y ambientalmente.

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La salud laboral en trabajadoras y trabajadores de las empresas y administraciones públicas. ¿Por qué crees que es importante la vigilancia de la salud anualmente a través de las revisiones médicas voluntarias?.

Fundamentalmente porque es un conjunto de actuaciones sanitarias dirigidas a evaluar, controlar y hacer un seguimiento del estado de salud de cualquier trabajador. Es muy importante diferenciarlo de cualquier consulta normal en el sistema sanitario, ya que ponemos mucho interés en individualizar la evaluación en función del trabajo procurando ver a través de los servicios sanitarios especializados en medicina del trabajo, aquellas anomalías propias de la profesión que desempeñamos. Debemos realizar un seguimiento en el tiempo, de cada persona por sus características personales y procurar prevenir todo tipo de riesgos conocidos. ¿En mi trabajo tengo que desplazarme todos los días en coche y otros transportes con los riesgos y otras situaciones de estrés que conlleva, cómo se puede ver este problema desde la salud laboral?.

Nos preocupa enormemente el incremento de los accidentes “in itinere” como consecuencia de la actividad diaria de ir o volver a trabajar. Las empresas, la administración, los sindicatos, debemos proponer medidas prácticas para evitar esta lacra que mata a trabajadoras/es o los deja con graves secuelas para su vida futura. Muy importante es utilizar coches compartidos para disminuir el tiempo de conducción , contaminar menos y hacer más llevadera nuestra propia vida familiar.

Esta política se debería potenciar mediante unos bonos mensuales de ayuda por parte de empresas y administración pagables mensualmente y que repercutirían en mejor calidad de vida y mejor rendimiento en el trabajo.

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Me preocupa mucho en mi trabajo el empleo de productos químicos, productos biológicos, la utilización de máquinas con componentes peligrosos, ¿ cómo podremos trabajar más seguros y tranquilos?.

Es verdad lo que comentas, que existe una falta de formación-información de los trabajadores/ as en lo que concierne a utilización de máquinas, productos peligrosos, que se podía corregir con una buena política de formación concreta tal como marca la ley de Prevención de Seguridad y Salud Laboral del año 95 donde en posteriores reglamentos, reales decretos, se hace referencia a agentes químicos, agentes biológicos, manipulación de cargas, radiaciones, ruido, etcétera. Debemos todos, trabajadores y sindicatos , y el resto de agentes intervinientes, como empresas, mutuas, servicios de prevención, elaborar un programa que haga posible una formación –información en el propio centro se trabajo con estos temas cotidianas tan importantes para evitar todo tipo de consecuencias en la salud de los trabajadores.

Yo he oído hablar de los riesgos psicosociales en nuestros trabajos, ¿en qué consisten y cómo podemos evitarlos?.

Es uno de los caballos de batalla hoy en día con empresas y administraciones , porque es muy difícil llegar a definir lo que es la carga mental en los trabajos, los casos de acoso laboral, de reorganizar nuevos elementos del trabajo porque se ve que no funcionan. Lo más sencillo es ignorarlos pretendiendo esconder la cabeza debajo del ala y decir que no existen, pero realmente son tan duros y dramáticos que debemos abordar soluciones de planteamiento sindical con la exigencia de contemplar formación en torno a estos temas, proponer figuras como mediadores que intervengan en el comienzo de los conflictos, ayudas a través de equipos multiprofesionales que ayuden psicológica y legalmente a los afectados. Bueno, en resumen que hay que hacer camino y concienciar de este problema a todas las trabajadoras/es porque mañana puedes ser tú.

Decálogo de Prevención

1. Definición del concepto de salud según la OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

2. Uno de los principios rectores de los poderes públicos es el de velar por la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2 de la Constitución Española).

3. La ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) concreta las medidas mínimas a aplicar en todos los ámbitos laborales (empresas privadas, administraciones públicas, etc. –con las adaptaciones necesarias para los cuerpos de seguridad-).

4. Cuando la LPRL habla de trabajadores y empresarios, se entienden comprendidos el personal de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública donde prestan servicios.

5. Obligaciones del empresario: garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras y de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo e integrar la prevención en todos los niveles de la empresa. Deberá realizar: La evaluación de riesgos.

Información, consulta y participación y formación de los trabajadores y trabajadoras.

Actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente.

Vigilancia de la salud.

6. Obligaciones de las trabajadoras y trabajadores: velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, entre otros: Usar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, ...

Usar correctamente los medios y equipos de protección.

No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad.

Informar de inmediato (al superior jerárquico, a los trabajadores designados para tareas de protección y prevención o al servicio de prevención) cualquier situación que, a su juicio, conlleve un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

7. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud?: es el órgano paritario (con representación de la empresa y los representantes de los trabajadores y trabajadoras) destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en relación a la prevención de riesgos.

8. ¿Quiénes son las delegadas y delegados de prevención?: Son los representantes de los trabajadores y trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.

9. ¿Qué puede hacer un delegado o delegada de prevención?: Colaborar con el empresario en la mejora de la acción preventiva.

Promover y fomentar la cooperación del personal en la ejecución de la normativa sobre prevención.

Ser consultados por el empresario sobre: planificación y organización del trabajo en la empresa; introducción de nuevas tecnologías; organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud; designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia; procedimientos de información y documentación sobre las bajas laborales, los riesgos...; proyecto y organización de la formación en materia preventiva, ...

Ejercer una tarea de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

10. ¿Y si el empresario no aplica la normativa y no hace caso de las denuncias de los delegados de prevención?: Tenemos la vía de la Inspección de Trabajo.

Sin prevención no hay un buen trabajo.

Ponte en contacto con el sindicato ante de cualquier duda, estaremos encantados de poder ayudarte.

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Mujeres, trabajo y políticas públicas.

A lo largo de las últimas décadas, las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado de trabajo, no puede decirse lo mismo de la incorporación de los hombres al trabajo del ámbito privado y de cuidados. El modelo de hombre sustentador sigue vigente en nuestra sociedad y, socialmente, a las mujeres se nos sigue responsabilizando casi en exclusiva del trabajo de cuidados y reproductivo. Esto nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de acceder al empleo. El abandono, definitivo o temporal, del mercado laboral tras la maternidad sigue siendo habitual entre las madres trabajadoras en prácticamente todos los países de la Unión Europea.

España se encuentra entre los países que más refuerzan este doble rol de género tras la maternidad. Además, este modelo social de hombre sustentador, mujer cuidadora conduce a que el 52% de los 4,4 millones de mujeres pensionistas en España lo sean, no por derecho propio, sino por derechos derivados del marido o del padre.

Un modelo social más equitativo ha de pasar por valorar el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados a la infancia y a las personas dependientes. Valorar el trabajo de reproducción, que es fundamental para el sostenimiento de la vida, permitiría considerar la realidad en su conjunto y revisar las políticas públicas, que hoy colocan, explicita o tácitamente, a las mujeres en una situación de desventaja en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones y en la economía en general.

La crisis está poniendo de manifiesto, con toda su crudeza, la verdadera magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres que ya existía en la fase alcista del ciclo económico anterior a la crisis.

En enero de 2010 se produce un cambio en la orientación de las políticas públicas; el Gobierno del Estado impone un programa de medidas de ajuste y reformas para reducir el déficit público y salir de la crisis, estas medidas se han lanzado sin cumplir el artículo 19 de la Ley de Igualdad, que exige acompañar toda ley, reglamento o plan del gobierno de un Informe de Impacto de Género.

Las políticas públicas, y la reforma laboral impuesta, están suponiendo, entre otras cosas, un

descenso en las tasas de actividad laboral de las mujeres, mayores índices de temporalidad, mayores tasas de desempleo y mayor precariedad.

Actualmente, el 80% del trabajo temporal se concentra en la población femenina y en ramas muy concretas del sector servicios como el trabajo doméstico, el comercio, la hostelería y la educación, y en puestos elementales o poco cualificados. España es uno de los países europeos con mayor tasa de empleo parcial. El trabajo a tiempo parcial y las excedencias son una mala política de conciliación porque menoscaban la vida profesional y los derechos económicos y de protección social de las mujeres, como también lo es la conversión de la paga a la cuidadora familiar (artículo 18 de la Ley de Dependencia) en la prestación mayoritaria. Cuidar ocho o diez horas al día es incompatible con el empleo, la salud y la vida personal.

La verdadera conciliación de la vida laboral y familiar requiere la reducción general de la jornada de hombres y de mujeres, los permisos iguales e intransferibles para ambos y los servicios profesionales y públicos de atención a la infancia y a las personas mayores dependientes.

La crisis y las políticas que se adoptan para hacerle frente no pueden suponer un recorte ni un retroceso en derechos conquistados por la clase trabajadora y por la lucha del movimiento de mujeres. Uno de los sectores más feminizados es el de la Administración Pública; sin duda, en ello tiene mucho que ver la forma de acceso, público y objetivo. Las mujeres empleadas en los servicios públicos van a ser de las primeras en sufrir en carne propia las consecuencias de las medidas de ajuste. La disminución de ingresos, la congelación salarial, los recortes en las ayudas a los programas sociales o la privatización de los mismos, perjudicará doblemente a las mujeres porque se verán obligadas a asumir más trabajo reproductivo y de cuidados al recortarse los servicios sociales y de dependencia de los que antes hacían uso.

Construir un modelo social y económico equitativo desde el punto de vista de género requiere, entre otras cosas, políticas claras y decididas para que los hombres asuman el 50% del trabajo doméstico y de cuidados, permisos de maternidad y de paternidad iguales e intransferibles, políticas educativas igualitarias, universalización de la educación infantil de calidad desde los cero años, jornadas de trabajo menos absorbentes para todas y todos.

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¿Supondrán las medidas de agilización procesal propuestas por el Gobierno una

JUSTICIA SÓLO PARA RICOS? de dicho proyecto de Ley, A la luz solo cabe concluir que, al contrario de lo que se afirma por el gobierno central en los distintos medios de comunicación, tal proyecto legal es una merma de los derechos de los ciudadanos.

Para resolver el problema de la Justicia en vez de invertir en dicho servicio público, con normas procesales modernas y ágiles, y crear el número de dotaciones judiciales necesarias y adecuadas, a un nivel asimilable a los países de nuestro entorno, se sigue el camino fácil, que no es otro que NEGAR el derecho del ciudadano al acceso a la justicia que pretende. No se modernizan las normas procesales (la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX), ni se realiza un estudio profundo de las normas vigentes para dotarlas de mayor eficacia. No se invierte en justicia, ni serán necesarios tantos órganos judiciales, ni funcionarios empleados.

La crítica la centramos en cuatro aspectos fundamentales de dicha Ley de Agilización Procesal, que son el verdadero meollo de la pretendida reforma procesal: 1º) Recurso de apelación en materia civil.

NO SE PODRÁ APELAR en aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de los 6.000 euros.

En este tipo de asuntos el ciudadano sólo tendrá derecho a una primera instancia, que se resolverá sin posible ulterior recurso, de tal manera que en muchos casos sentencias defectuosas o erráticas serán irrevocables, aún cuando su contenido merezca reproche jurídico.

En la actualidad casi el 25 % de las sentencias que se dictan en 1ª Instancia son revocadas en apelación por el Tribunal Superior, gran parte de las mismas proceden de procedimientos de cuantía inferior a 6.000 euros y que, aún cuando no fueran ajustadas a derecho, quedarán firmes con la regulación que se pretende.

2º) Recurso de casación en materia civil. Por razón de la cuantía queda fijado en 800.000 euros. Se incrementa un 530% la cifra actualmente fijada y deja fuera de este recurso al 90% de la población. Añadir que, además, se fijan normas más restrictivas para acceder al recurso de casación, lo que hace prácticamente imposible acceder al Tribunal Supremo, ni siquiera para unificar doctrina.

El Tribunal Supremo con esta reforma quedará, en pocos años, para cuatro cosas de enorme cuantía y poco más. Desde luego su función de unificar la doctrina, por imposibilidad de ejercitarse, quedará “casi” vacía de contenido.

3ª) Recurso de apelación en materia contenciosa. No será posible para aquellos asun-

tos cuya cuantía no supere los 50.000 euros (actualmente esta fijada en 18.000).No se le puede escapar a nadie que con tal límite económico un buen número de asuntos solo tendrán una única instancia, sin posibilidad de una segunda apelación.

4º) Recurso de casación en materia contenciosa. No será posible para aquellos asuntos cuya cuantía no rebase los 800.000 euros.

Nos remitimos al análisis expresado respecto del recurso de casación en materia civil.

5º) Fijación del criterio del vencimiento objetivo en materia de costas para la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el Gabinete Jurídico del STAS Intersindical, con la regulación actual, si se aplicara debidamente, sería más que suficiente para resolver situaciones injustas, tales como procesos contenciosos que cuesta más el procedimiento judicial que el interés del mismo, imponiendo las costas en estos casos al vencido (Artº 139 de la Ley de la Jurisdicción).

En la Jurisdicción contenciosa tenemos la siguiente situación: por un lado un ciudadano de recursos económicos limitados para litigar y por otro lado una Administración Pública, con recursos económicos “infinitos” para litigar, si a ello añadimos que la pena de perder el juicio conllevará para el ciudadano el pago de las costas desde la 1ª instancia, el ciudadano se pensará si reclamar o no sus derechos frente a la Administración. Para ésta, por el contrario, si pierde paga con los impuestos de los ciudadanos (de hecho ya lo hace), agotan todas las posibilidades de recurso, aún cuando saben que no les asiste la razón, sin importarles el tener que pagar o no pagar costas procesales. A veces la Administración obliga al ciudadano a agotar hasta la última instancia, por litigios que han perdido reiteradamente en el mismo Tribunal, perdiendo tiempo y dinero para ambos, ya que les resulta absolutamente igual el que se le impongan o no las costas.

En materia de personal la injusticia será notoria, pues mientras que para un trabajador que reclame sus derechos laborales el litigio es sin costas en la jurisdicción social, el funcionario, al tener que litigar en la jurisdicción contenciosa, sabrá que si pierde el juicio deberá pagar las costas del mismo.

En definitiva, lo que se pretende con esta medida es que el ciudadano se lo piense dos veces antes de entablar el litigio en esta jurisdicción. Sin duda redundará en una disminución de los procesos.

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...y compromiso sociopolítico.

Una

de las características del modelo sindical de STAS Intersindical es nuestro carácter sociopolítico, es decir, que además de reivindicar la mejora de las condiciones laborales asumimos la defensa de las cuestiones políticosociales que afectan a la clase trabajadora, ya que formamos parte de una sociedad.

La defensa de los trabajadores no puede hacerse al margen de la política.

Los sindicatos gremialistas, aquellos que sólo se ocupan de los intereses inmediatos de sus afiliados, nos acusan a los sindicatos que formamos la Confederación Intersindical de estar politizados.

Y es verdad, porque nadie, ni persona ni agente social, se puede desentender de la política. Pero no en un sentido partidista, porque nos debamos a las directrices de partidos políticos, sino porque entendemos que estar politizado es querer participar e influir en la toma de decisiones y en la gestión de lo público, lo que pertenece a toda la ciudadanía, tanto en los territorios donde actuamos como en el ámbito estatal y europeo. Nuestra independencia de cualquier partido político es la garantía de que nuestra labor reivindicativa jamás estará condicionada.

Nuestro sindicalismo sociopolítico tiene que estar vertebrado a los movimientos sociales de nuestros respectivos territorios. Las mejoras de nuestro entorno social afectaran de manera positiva a nuestro entorno laboral. Lo que nuestras organizaciones pueden ofrecer a los movimientos sociales son, principalmente, dos cosas: la globalidad y la difusión.

En cuanto a la globalidad, a diferencia del resto de movimientos sociales que surgen como modos de organización de colectivos que luchan dentro de un campo político más o menos concretos (feminismo, ecologismo, pacifismo...), nuestro ca-

rácter sociopolítico hace que seamos sensibles a todas aquellas cuestiones sociales que afectan a la clase trabajadora. Este es el motivo que hace que nos preocupe y trabajemos en la solución de problemas generales como el hambre, la enfermedad, la ignorancia, el paro, la violación de los derechos humanos, de la infancia, de la mujer, la discriminación por género, etnia o condición, la explotación del individuo y de los pueblos, la guerra, el medioambiente...

El segundo aspecto que podemos ofrecer al conjunto de los movimientos sociales es nuestro modelo sindical asambleario y de proximidad para la difusión y la pedagogía entre la clase trabajadora de las luchas de los distintos movimientos sociales. Una de nuestras características es la incorporación de estos temas en nuestra acción sindical cuando visitamos los centros de trabajo.

Para optimizar recursos y esfuerzos es imprescindible trabajar conjuntamente con los movimientos sociales. Por eso es importante crear plataformas unitarias y poder trabajar en red. A modo de ejemplo, en Mallorca funciona desde hace unos años l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca. Esta plataforma unitaria nació de la necesidad de entidades, organizaciones, colectivos y entidades sociales organizadoras del Fòrum Social de Mallorca con la intención de crear un espacio común de participación y colaboración. Uno de sus principales objetivos es recoger las luchas, estrategias, acciones y movilizaciones de los movimientos sociales con la intención de mejorar la comunicación, articulación y favorecer el trabajo en red.

Otra de nuestras señas de identidad es nuestro carácter confederal, lo que hace que nuestros sindicatos estén profundamente enraizados en nuestras respectivas naciones o regiones. Esto hace orientarnos a una mayor participación en aquellas luchas o campañas de nuestros respectivos territorios pero, también, estamos siempre presentes en todas aquellas reivindicaciones que se producen fuera de nuestro territorio: en la defensa de los derechos de los pueblos oprimidos (Sáhara, Palestina...), por la paz, contra la pobreza y el hambre, contra el cambio climático, etc.

Lo que pretendemos, en definitiva, es que, como miembros de una sociedad globalizada, seamos personas conscientes y reflexivas de la realidad social para que, consecuentes con ello, actuemos para hacer realidad que “Un mundo mejor es posible”. Para ello, cabe pensar globalmente y actuar localmente.

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Sentimientos asumidos y asimilados por el personal empleado público, que hacen que no se muevan por nada ni por nadie:

1.- A pesar de que en la administración (cualquiera, local, autonómica, nacional) existe un alto porcentaje de empleo precario entre un 20 y un 25% (personal interino y laboral temporal) y que por tanto por miedo a represalias no se mueven, existe un 75-80% de personal fijo, y por tanto con un puesto de trabajo fijo.

2.- En la reivindicación de nuestros derechos no sufrimos la presión que se sufre en la empresa privada, como por ejemplo en la petición de permisos (traslado de domicilio, enfermedad de pariente, días de asuntos propios y otros que no relaciono), las bajas laborales, la formación dentro del horario laboral, la disposición de TIC, teléfono y otras prebendas que se tienen en algunos casos (fumar, almuerzo más largo, gestiones bancarias y otras) y que disfrutamos sin presiones en la mayoría de los casos, por estar reconocidas en las normas (algunas no, pero no vamos a entrar).

3.- Cobramos nuestros sueldos puntualmente sin retrasos y siempre antes de final de mes, aunque sea un día, frente a los retrasos que se sufren en el ámbito laboral privado e incluso donde se llega a no cobrar durante meses.

4.- La continua presión mediática que sufrimos, desde los medios de comunicación, la política, la sociedad, amigos y familiares, donde nos hacen ver que tenemos suerte de trabajar en la administración, de la que a ellos también les gustaría disfrutar, aunque esto solo se produce en épocas de crisis, ya que en la época de bonanza, no recibíamos estos ataques.

Todo esto hace que nos creamos que somos unos privilegiados y lo más grave es que lo tiene asumido en una gran parte del personal.

Por otra parte nos encontramos con la degradación que esta sufriendo constantemente la administración pública, desde todos los frentes: 1.- La privatización constante de una gran parte de los servicios públicos, que hace que la falta de prestaciones y servicios asociados a la prestación del servicio público correspondiente, de una mala imagen a la sociedad y sobre todo derivada de favoritismos a determinadas partes de la ciudadanía, y que la sociedad observa injustamente de forma generalizada en toda la administración , a la vez que el coste de estos servicios se encarece y en muchas ocasiones ya denunciadas y demostradas, se

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corrompe en todos los sentidos (prevaricación, cohecho, malversación, etc.), y que decir del acceso a los puestos de trabajo, donde no media ninguna de las garantías que se dan en la administración y sirven para compensar la labor de la afiliación de los partidos políticos y de los compromisos personales de los cargos políticos.

2.- Desprecio que muestran ciertos medios de comunicación (hoy en día son la mayoría) por el trabajo administrativo de la administración, donde nos acusan de no hacer nada, estar todo el día leyendo el periódico o navegando por Internet, y todo por que en algunos casos puntuales, se han descubierto estas actitudes en algunas funcionarias y funcionarios y, por supuesto, se han publicado y extendido a la totalidad del personal, y que por supuesto en todas las grandes empresas existen casos de personal que no realiza sus funciones y se dedica a otras cosas, pero no por ello se criminaliza a toda la plantilla.

3.- Los ataques que se reciben por parte de la ciudadanía. Ahora que estamos en crisis y ven que sus puestos de trabajo corren peligro y han visto reducidos sus ingresos, todo el mundo mira con recelo al funcionariado que tiene un puesto fijo, sin pensar que este ha pasado unas oposiciones, que en algunos casos le han costado años de preparación, y solo aparecen públicamente las denuncias que hacemos los sindicatos cuando descubrimos irregularidades en el acceso a la función pública, y dando la sensación que allí se entra sin más y que en todos los sitios se hacen las cosas igual.

Tampoco se paran a pensar en que la mayoría de los sueldos esta por debajo de los 1000€, y creen que se cobra muchísimo más y que no se trabaja.

4.- Los cambios constantes por parte de los poderes públicos en cuanto a organización de la administración, creando confusión en la ciudadanía que por supuesto nos achacan al personal funcionario, como son los cambios de Ministerios, Consejerías, etc., los cambios de adscripciones orgánicas de diferentes departamentos etc., cambios de ubicación de centros de atención.

5.- La falta de defensa de los servicios públicos por parte del poder político, que ve su interés en privatizar la gestión a través de empresas públicas donde sus salarios no están tasados demostrando que lo que quieren es cobrar más que el propio presidente del gobierno, y no pongo ejemplos porque sería alargar este escrito. Critican cuando negociamos mejoras salariales, como si eso fuera lo único que nos

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importa, haciendo hincapié en la falta de producción de la administración.

6.- Nos imponen la idea de que somos la clase media del país, y eso no es cierto. La media de los salarios en la administración no supera los 1500€ mensuales, por lo que por mucho que trabajemos en la administración inclusive la pareja, nuestras familias no tienen ingresos suficientes para considerarse clase media.

QUÉ HACER ANTE ESTOS PROBLEMAS 1.- Hay que realizar una defensa decidida de la administración pública y de los servicios públicos prestados por personal empleado público, frente a la privatización. Hay que defender la educación pública gratuita y universal, la sanidad pública gratuita y universal, la seguridad, etc. y sobre todo al personal que trabaja en la función pública, ya que es el garante de la igualdad de prestación de servicios públicos en general.

2.- Hay que defender la dignidad de l@s trabajador@s públicos en su conjunto, no solo los más visibles como pueden ser el personal sanitario, educador, de protección de incendios y seguridad, sino a todo el conjunto, ya que todos somos necesarios, todo el personal sin excepciones.

3.- Hay que formar y educar para fortalecer el sentimiento de creerse necesario en la sociedad, de la imposibilidad de sustitución me-

diante empresas privadas. Mostrar el caos que supondría no tener garantías en la prestación de servicios públicos, la imparcialidad que supone ser personal empleado público sin dependencia política y con la estabilidad laboral que hace perdurar los servicios públicos en el tiempo.

4.- Dignificar el trabajo desarrollado por todo el conjunto de la administración, así como el papel garante de los representantes sindicales frente al cumplimiento de los derechos del personal, a la vez que de las obligaciones de cumplir con la legalidad por parte de los poderes públicos en cuanto al acceso y provisión de puestos de trabajo, así como asignación de funciones y respeto.

CÓMO PODEMOS HACER ESTO 1.- Podemos incluir cursos de formación que incidan en todos estos temas, desde la perspectiva de la defensa y dignificación del trabajo público, cursos de autoestima, cursos de valoración de servicios públicos, cursos de organización, etc.

2.- Realizar campañas dirigidas a la defensa de lo público en los centros de trabajo, ensalzando la labor de las empleadas y empleados públicos, y extendiendo esta campaña a los usuarios de las administraciones públicas, hay que recordarles que el servicio que han recibido ha sido prestado por personal empleado público.

3.- Realizar campañas en los medios de comunicación, hay que dedicar parte de nuestros presupuestos a pagar si es necesario estas campañas, donde de manera sencilla se muestre la conveniencia de que los servicios públicos gratuitos y universales permanezcan prestados por personal empleado público.

4.- Obligar a los poderes públicos a realizar campañas semejantes desde todos los ámbitos, donde defiendan el trabajo y la dignidad del personal empleado público frente a los ataques que reciben. Hay que incluir en las mesas de negociación donde estemos presentes, puntos del orden del día donde se traten estos temas e intentar llegar a acuerdos en este sentido. Estamos cansados de ver como se hacen campañas públicas con publicidad en todos los medios de comunicación de aquellos temas que les interesa (AVE, infraestructuras, construcción de colegios y centros de salud, etc.) esto debe cambiar y nos deben incluir dentro de estas campañas.

5.- Hay que hacer nuevas formas de manifestación y reivindicación, utilizando las redes sociales, los correos, panfletos informativos, actos innovadores, performans, hay que intentar implicar a la sociedad en las reivindicaciones, haciéndoles ver que son más suyas que nuestras.