Facultad de Estudios Internacionales
Coyuntura & Análisis Boletín Semanal
Estados Unidos podría sancionar a funcionarios venezolanos Lunes, 26 de mayo de 2014
17° Edición
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Algunos congresistas estadounidenses han promovido un texto de ley que será discutido en la Cámara de Representantes, el cual busca imponer sanciones a algunos funcionarios del gobierno que lidera Nicolás Maduro en Venezuela por haber violado algunos de los Derechos Humanos durante las recientes protestas que a nivel nacional se presentan en el país (y que hoy persisten), protestas en contra de las políticas adoptadas e implementadas por el gobierno de Maduro. La decisión de promulgar una Ley que sancione a cerca de 25 funcionarios venezolanos lógicamente no ha tenido buena recepción en el gobierno venezolano, lo que ha llevado a Maduro a pronunciarse públicamente y ha resaltado que Estados Unidos no debe inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. El rechazo a la iniciativa no sólo proviene de Maduro y sus colaboradores, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tras una reunión llevada a cabo a finales de la semana anterior en Ecuador, emitió un comunicado oficial rechazando completamente las pretensiones de los legisladores norteamericanos, argumentando que ya el gobierno venezolano está actuando al respecto al sentarse a dialogar con la oposición. Pero surge una pregunta, ¿existe realmente un diálogo con la oposición en Venezuela? La realidad parece estar bastante lejos de esa situación. De hecho, en la primera reunión pública realizada entre la oposición y los oficialistas en el Palacio de Miraflores, Maduro y sus colaboradores emitieron un mensaje bastante claro acerca de su poca disposición para permitir algunos cambios en sus políticas, siendo esto comprensible porque un régimen (dictadura) como el que existe en Venezuela no se sienta a negociar con nadie, mucho menos con los sectores de oposición. Al respecto, líderes de la oposición han mencionado que actualmente las conversaciones con el oficialismo están interrumpidas porque el gobierno no ha acatado algunas de las exigencias planteadas por ellos para que las negociaciones puedan avanzar, exigencias que incluyen por ejemplo, la inmediata liberación de los líderes de la oposición que fueron encarcelados, así como de algunos estudiantes señalados también “injustamente”. Las sanciones, en el caso de aplicarse, implicarían cancelar las visas norteamericanas de dichos funcionarios (cuyos nombres aún permanecen en reserva), así como el congelamiento de sus bienes y activos en Estados Unidos. En sus pronunciamientos, Maduro ha pedido a los sectores de la oposición que se unan al clamor nacional para rechazar las pretensiones de Estados Unidos. Sin embargo, los recientes acontecimientos parecen mostrar que la división entre el oficialismo y la oposición es cada vez más marcada. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, sobre el cual se ciñe un gigantesco velo de duda acerca de su verdadera independencia y autonomía del gobierno, destituyó y encarceló en los primeros meses del 2014 a dos alcaldes miembros de la oposición por supuestamente haber actuado a favor de las protestas. Ante esa situación, sus esposas se postularon para la elección de alcaldes que los reemplazarían y ambas ganaron con una mayoría abrumadora, obteniendo el 87% de los votos en la ciudad de San Diego y el 73% en la ciudad de San Cristóbal. Con esto, se reafirma el inconformismo de una parte de la población venezolana que no está de acuerdo con la forma en que el actual gobierno ha manejado su agenda política. Adicionalmente, desde Estados Unidos ya empiezan a escucharse algunas voces que señalan que en Venezuela no existe libertad de prensa y que los venezolanos no están teniendo el derecho a ser informados de forma transparente. Por esa razón, es muy probable que pronto se empiecen a proponer proyectos liderados por funcionarios estadounidenses que buscarán eliminar las barreras que permitan que las noticias sobre lo que ocurre en Venezuela sean “precisas, objetivas y completas”.
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