consecuencia de la tortura y malos tratos durante su detención y encarcelamiento. Todas estas son demandas para las que el gobierno y la sociedad costarricense no estaban preparadas, ni disponen de las condiciones para satisfacerlas en el cortísimo plazo en que se necesitan sin una abundante cooperación internacional. Nada de esto hubiese ocurrido, si el gobierno de Nicaragua no hubiera criminalizado la protesta cívica y desatado una ola de represión que ha puesto en peligro la vida de decenas de miles de personas que, para preservar su integridad, han tenido que optar al exilio individual o familiar.
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